El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) comenzó este lunes el año escolar 2026-2027, pero lo hizo con una drástica caída en su matrícula estudiantil, una situación que ocurre en otros distritos escolares de California.
La matrícula estudiantil del LAUSD alcanzó su punto máximo en el ciclo escolar 2002-2003, cuando se registraron 724,113 estudiantes.
Sin embargo, desde entonces, el número de estudiantes tiene un drástico descenso, hasta alcanzar una matrícula de 375,661 estudiantes para el ciclo escolar 2026-2027.
La caída en la matrícula se vio afectada también desde el pasado año, por el impacto en las comunidades inmigrantes que tuvieron las redadas de ICE en Los Ángeles y el sur de California, que se intensificaron desde junio de 2025.
El entonces superintendente del distrito escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, declaró que los campus eran espacios seguros para los estudiantes inmigrantes, un mensaje que tenía el propósito de que los padres tuvieran confianza de enviar para sus hijos a clases.
A pesar del llamado de los funcionarios escolares, la asistencia de los estudiantes no se recuperó, debido a la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los alrededores de los campus.
La caída en la matrícula comienza a preocupar a las familias que mantienen a sus hijos en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, por los problemas de financiamiento que también tienen las instituciones educativas.
Jovanna Mendoza Machad, quien tiene a sus dos hijos en la Corona Avenue Elementary School, en Bell, ha visto cómo los programas escolares se han visto afectados por la falta de estudiantes.
El año pasado, el programa de arte extraescolar de su hijo Asher fue cancelado después de una semana, mientras que en la antigua escuela de su hijo Diego, su clase de jardín de infantes se fusionó con un programa preescolar.
“Si tienes menos alumnos, tienes menos ingresos“, declaró la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Great Public Schools Now, Anna Ponce, en una entrevista con la cadena ABC.
Ponce consideró que California necesita hacer cambios en la forma en que financia sus escuelas públicas.
“Como sociedad, debemos determinar si vamos a comprometernos o no con la promesa de una educación de alta calidad“, añadió Ponce.
Actualmente, la entrega de recursos se basa en los datos de matrícula y asistencia de estudiantes. Ponce aseguró que esa fórmula perjudica a las escuelas que necesitan funcionar independientemente de si todos sus alumnos asisten a clases.
La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se alista para que oficiales utilicen guantes de electrochoque, conocidos como GLOVE, los cuales emiten una descarga eléctrica de aproximadamente 380 voltios, para someter a inmigrantes o personas que protesten durante operaciones migratorias.
Según información de Compliant Technologies, la empresa que produce tales guantes, el equipo es activado por un interruptor de muñeca y el choque eléctrico interrumpe la coordinación muscular e induce la sumisión por dolor de una persona, aunque supuestamente no perfora la piel.
La ropa sería lo único que podría detener el efecto del guante, a diferencia de los taser tradicionales, que pueden actuar a través de la ropa e incluso pueden romper la piel.
Para evitar mayores daños a una persona, los fabricantes sugieren que las aplicaciones de descargas no duren más de 15 segundos por uso.
Aunque no genere los daños de un taser, el dispositivo causa molestias temporales, y algunas personas con problemas crónicos pueden enfrentar efectos distintos.
El zar de la frontera, Tom Homan, afirmó que los agentes de ICE tendrán capacitación para el uso de estos dispositivos que ya desatan preocupaciones entre defensores de derechos civiles.
“Tenemos gas pimienta, tenemos pistolas Taser”, justificó en una entrevista en Fox News. “El guante es lo último que están considerando para ayudar en situaciones como las que se han visto en los videos del último año y medio, las peleas en la calle donde los agentes se ven superados. Esta sería una herramienta que podrían usar para lograr que alguien coopere”.
Homan insistió en que habrá capacitación, pero en los últimos meses el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, ha estado bajo críticas por la capacitación mínima de miles de nuevos agentes.
“Se requiere mucha capacitación”, justificó Homan. “La implementación de estos guantes en el campo llevará tiempo. Creo que son más útiles que en un centro de detención, donde los detenidos se descontrolan y se producen peleas. Ya veremos”.
CNN reportó que ICE pretende invertir más de $20 millones de dólares para adquirir los guantes que serían utilizados en operativos de inmigración.
El Gobierno de Estados Unidos prepara un contrato de hasta $20 millones de dólares para equipar a agentes de inmigración con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, una iniciativa que ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que pretende adquirir los guantes CTG-5 y que la compra podría completarse a finales de marzo de 2027. El equipo estaría destinado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los guantes incorporan electrodos conductores en la palma. Al entrar en contacto directo con la piel y ser activados, generan pulsos eléctricos diseñados para provocar dolor. El dispositivo no funciona cuando existe ropa entre los electrodos y la piel.
El DHS presenta los CTG-5 como una herramienta de “desescalada”, mientras que organizaciones civiles cuestionan que una tecnología de este tipo sea incorporada al arsenal utilizado durante las operaciones migratorias.
Organizaciones civiles cuestionan el uso de la fuerza
La Organización de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la Administración Trump de ampliar las posibilidades de uso de la fuerza contra trabajadores migrantes.
Jorge Torres, director de la organización, afirmó que el Gobierno tendría con estos equipos la “capacidad de torturar a la gente discretamente”.
“Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE”, sostuvo Torres.
El DHS defendió la adquisición al señalar que ICE revisa constantemente las necesidades de sus agentes para garantizar que dispongan de herramientas y equipos que les permitan realizar arrestos y deportaciones de forma segura.
La propuesta llega después de meses de cuestionamientos a las operaciones migratorias impulsadas por Trump, que han sido señaladas por organizaciones civiles por el uso agresivo de la fuerza.
Creciente controversia sobre ICE
La actuación de ICE también ha quedado bajo escrutinio después de varios episodios en los que migrantes murieron durante intervenciones de agentes.
Entre los casos recientes figuran las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, ambos fallecidos tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.
La controversia se suma a las protestas que comenzaron a principios de 2026 después de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.
Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal. Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.
El estado de Florida optó por devolverle al condado de Miami-Dade el terreno donde, por cerca de un año, operó el controversial centro de detención de inmigrantes nombrado Alligator Alcatraz.
En julio del año pasado, el presidente Donald Trump se encargó de inaugurar un complejo destinado para recluir a extranjeros carentes de estatus legal detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tanto se desarrollaba su proceso de deportación.
Montado muy cerca del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Miami Dade-Collier, donde se ubica el Parque Nacional de los Everglades —reserva ecológica habitada por caimanes, serpientes y enjambres de moscos, la cual está protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979—, Alligator Alcatraz se convirtió en un auténtico martirio para las personas que llegaron a permanecer allí.
De hecho, Ron DeSantis, gobernador de Florida, recientemente se jactó de mencionar que gracias al apoyo ofrecido por Alligator Alcatraz, las autoridades migratorias se lograron concretar cerca de 30,000 deportaciones.
Sin embargo, el cierre de las instalaciones se produjo ante el elevado costo que significó mantenerlo abierto, puesse llegó a manejar que requería de más de un millón de dólares diarios.
Durante casi un año, miles de inmigrantes permanecieron temporalmente por el Centro de detención Alligator Alcatraz. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)
Aunque siempre se dijo que el gobierno federal se haría cargo de una deuda acumulada cercana a $1,200 millones de dólares, al final la factura recaerá en los contribuyentes.
La demócrata Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, publicó un video en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde se mostró optimista por haber logrado recuperar una reserva donde nada que afecte al ecosistema debe construirse.
“Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras”, expresó.
Por el momento, las autoridades locales analizan la opción de vender o ceder las casi 10,000 hectáreas desocupadas al Servicio de Parques Nacionales o bien a otras entidades comprometidas a recuperar el humedal.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo oficial la creación de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Turismo de Nacimiento, que tiene como fin frenar el uso de visados de no inmigrante por parte de extranjeros que viajan a territorio estadounidense únicamente para dar a luz y dar la ciudadanía a sus hijos.
El nuevo equipo especial trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilando y analizando historiales de viaje. De acuerdo con el departamento, la investigación busca desmantelar a los intermediarios que convirtieron esta práctica en un negocio lucrativo.
Estos facilitadores operan bajo la fachada de parteras, “doulas” o asesores de bienestar, ofreciendo paquetes que incluyen preparación para entrevistas de visados, arreglos de hospitalización e incluso la falsificación de documentos médicos, precisó el organismo.
En sus promociones por internet, estas redes atraen a los clientes bajo la promesa de una “ciudadanía automática” y de garantizar “un futuro sin fronteras”, detalló el Departamento de Estado.
Casos detectados de fraude migratorio
Las evaluaciones de la Oficina de Asuntos Consulares en embajadas y consulados expusieron diversos patrones de engaño. Un caso documentado involucra a una pareja que utilizó conferencias de negocios y viajes de compras como fachada para dar a luz a dos niños en EE.UU., ocultando la existencia del primer hijo al tramitar su segundo visado.
Asimismo, el departamento señaló que una funcionaria de un gobierno extranjero, cuyo país no se dio a conocer, solicitó un visado oficial por una semana, pero permaneció tres meses en el país para tener a su bebé. En otro hecho registrado, una viajera declaró que iría de vacaciones a Orlando, pero se trasladó a Los Ángeles, donde dio a luz cinco días después de ingresar al país.
Consecuencias legales y sanciones permanentes
El Departamento de Estado advirtió que distorsionar intencionalmente el motivo de viaje causa la inelegibilidad permanente para obtener un visado o ingresar a Estados Unidos. Las autoridades reiteraron que continuarán ejerciendo sus facultades legales para cancelar visados en cualquier fase del proceso.
El estado de Florida devolvió esta semana al condado de Miami-Dade el terreno donde instaló el polémico ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención migratoria que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, quien lo inauguró en julio de 2025.
El centro enfrentó demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el “maltrato” a migrantes y el impacto ambiental de la instalación, ubicada en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.
Una inspección de ambas administraciones detectó daños en la pista de aterrizaje y en el entorno causados por la construcción y el funcionamiento del centro, informó la Alcaldía del condado Miami-Dade en un comunicado.
El condado señaló que espera que la administración estatal del gobernador, el republicano Ron DeSantis, repare los daños en el terreno.
“Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras”, declaró la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un video en X.
Las autoridades locales estudian vender o ceder las casi 10,000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a otras entidades que trabajan en la recuperación del humedal, para protegerlas de forma permanente.
Florida clausuró el centro a finales de junio, un año después de su inauguración, a la que acudió el presidente Trump.
El gobernador, Ron DeSantis, sostuvo en junio que el centro “cumplió su misión” al permitir casi 30,000 deportaciones adicionales y que su estado concentra más del 40 % de las detenciones migratorias del país.
La administración del estado tomó el aeropuerto, propiedad del condado, en junio de 2025 haciendo uso de poderes de emergencia, después de que las autoridades locales rechazaran una oferta de compra por 20 millones de dólares.
El funcionamiento del centro tuvo un costo estimado en más de un millón de dólares diarios.
Organizaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes denunciaron esposamiento rutinario, agresiones de los guardias, aislamiento prolongado, baños desbordados e infestaciones de insectos. Amnistía Internacional describió esas prácticas como “tortura”.
Las dificultades para que los detenidos hablaran con sus abogados llevaron además a un tribunal federal a ordenar que se garantizaran las comunicaciones confidenciales.
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, que habita la zona, impugnaron la construcción ante la justicia federal por haberse levantado en un ecosistema protegido y sin revisión ambiental.
En 1970, allí quedó a medio construir el que iba a ser el mayor aeropuerto del mundo, un proyecto que frenó la oposición de científicos y ecologistas.
La Administración del presidente Donald Trump estableció un nuevo procedimiento de regulación que busca evitar la explotación de inmigrantes o fraudes de los intermediarios de matrimonio internacionales, que cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación entre ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos y extranjeros.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó en el Registro Federal la norma que endurece los procedimientos de aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA), que protege a las parejas extranjeras (novios y cónyuges) de ciudadanos estadounidenses frente a posibles abusos o violencia doméstica.
La regla está dirigida a las empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales, conocidos en inglés como IMB, que no facilitan la información requerida a los extranjeros para servicios de intermediación matrimonial o que divulgan indebidamente información prohibida.
“(La norma) es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”, explicó el DOJ en la norma.
Una agencia matrimonial internacional (IMB) generalmente se refiere a una persona o empresa que cobra honorarios por proporcionar servicios de citas, matrimonio o búsqueda de pareja que conectan a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales con extranjeros.
La ley estadounidense establece que la agencia matrimonial internacional debe proporcionar información a los extranjeros sobre sus futuras parejas, como antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores.
Los datos deben ser entregados en el idioma natal del extranjero, además de informar sobre sus derechos legales y los recursos disponibles, y obtener su consentimiento por escrito.
La IMBRA también prohíbe a las agencias matrimoniales internacionales proporcionar información de contacto, fotografías o cierta información de antecedentes sobre cualquier persona menor de dieciocho años.
El principal cambio introducido por esta norma del DOJ es establecer un procedimiento formal para investigar, adjudicar y sancionar las presuntas violaciones de la IMBRA. También establece multas de $5,000 a $25,000 dólares a las empresas que cometan infracciones.
El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, jugador semiprofesional del Miami United, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, después de ser detenido cuando se dirigía con su equipo a disputar un partido.
El jugador, de 34 años, se encuentra desde la semana pasada en el centro de detención del condado de Glades, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del ICE.
La agencia no especificó inicialmente la fecha ni las razones de su arresto. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó posteriormente que la detención ocurrió el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y aseguró que el futbolista había permanecido en Estados Unidos más allá del periodo permitido por su visa.
¿Por qué fue detenido Matías Pourrain?
Según el DHS, Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos en noviembre de 2019, pero posteriormente excedió el periodo de seis meses que tenía autorizado para permanecer en el país.
“El 12 de noviembre de 2019, Pourrain ingresó legalmente al país en el Aeropuerto Intercontinental de Atlanta, con permiso para permanecer 6 meses. Decidió quedarse más allá del 11 de mayo de 2020, en violación de las leyes de nuestra nación”, dijo el vocero del DHS en declaraciones al Miami Herald.
El futbolista argentino permanece actualmente en un centro de detención mientras espera el proceso que podría llevar a su deportación.
Miami United brinda asistencia legal al futbolista
La detención ocurrió cuando el Miami United se preparaba para viajar a Los Ángeles para disputar las semifinales de la competición.
El club, que participa en la United Premier Soccer League (UPSL), lamentó profundamente la situación de su jugador y aseguró que está colaborando con las partes involucradas.
La institución también informó que proporcionó asistencia legal tanto a Pourrain como a su familia para intentar resolver el caso.
El equipo compite en la cuarta división del fútbol estadounidense y tenía previsto desplazarse a California para afrontar su compromiso de semifinales cuando ocurrió la detención.
Pourrain habría solicitado una extensión de su visa
El caso del futbolista argentino también está relacionado con un proceso migratorio que se habría complicado durante la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con el Club de Lyon, equipo en el que Pourrain militaba cuando decidió extender su permanencia en Estados Unidos, el jugador había solicitado una prórroga para prolongar legalmente su estancia.
Sin embargo, el procedimiento se extendió durante la pandemia y, mientras esperaba una resolución, el futbolista obtuvo un permiso de trabajo.
A pesar de ello, las autoridades migratorias estadounidenses sostienen que Pourrain permaneció en el país más allá del periodo autorizado originalmente por su visa.
El caso ocurre días después del arresto de Diego Serna
La detención de Matías Pourrain se produjo pocos días después de otro caso relacionado con un exfutbolista sudamericano en Florida.
El colombiano Diego Serna, antiguo jugador profesional, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y acusado de tráfico de drogas.
Los dos casos, sin embargo, corresponden a circunstancias diferentes. Mientras Pourrain enfrenta un proceso relacionado con su estatus migratorio, Serna fue detenido por una acusación de carácter penal.
Por ahora, Pourrain permanece bajo custodia del ICE mientras avanza el procedimiento migratorio que determinará su situación en Estados Unidos.
En una mañana de audiencias en Sacramento, la abogada Kamalpreet Chohan revisó una lista con 57 nombres. Todos debían presentarse ante un juez de inmigración y ninguno tenía representación. “Ninguna de estas personas está representada”, dijo, según The Associated Press.
La escena resume uno de los mayores obstáculos para quienes enfrentan un proceso de deportación en California: llegar a la corte sin abogado en un sistema complejo.
Un abogado puede marcar la diferencia
En los tribunales de inmigración no existe el derecho a un abogado pagado por el gobierno. Quien no puede pagar, uno debe buscar ayuda gratuita de organizaciones que suelen tener listas de espera.
De acuerdo con un análisis del Vera Institute of Justice citado por la agencia antes citada, alrededor de 3.2 millones de casos de deportación están pendientes y 52% de las personas involucradas no tiene abogado.
La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Congressional Research Service de 2024 encontró que 19% de quienes no tenían abogado consiguió asilo u otra vía para permanecer en Estados Unidos, frente a 47% de quienes sí tuvieron representación.
“Contar con un abogado es fundamental para poder desenvolverse con éxito dentro del sistema”, señaló Adriel Orozco, del American Immigration Council, citado por AP.
Un programa busca llenar el vacío
En Sacramento, Chohan coordina el programa Attorney of the Day, del California Immigration Project, que lleva abogados voluntarios a la corte para orientar a personas que llegan sin representación.
La ayuda no significa que cada inmigrante reciba un abogado para llevar todo su caso. Los voluntarios revisan documentos, explican los siguientes pasos y señalan errores que podrían complicar una solicitud de asilo.
El riesgo no es solamente jurídico. Chohan relató casos de personas que pagaron a supuestos abogados y terminaron estafadas. Uno de los hombres entrevistados por la agencia dijo haber pagado $4,500 a un abogado que, según su relato, no hizo nada por su caso.
El contexto añade presión; Chohan ha visto arrestos de ICE en los pasillos de la corte y el aumento de audiencias masivas para reducir el rezago. En febrero, autoridades estatales señalaron que más de 35 personas habían sido arrestadas en la corte de Sacramento durante el verano anterior.
Para quienes enfrentan una deportación, presentarse a las audiencias sigue siendo crucial, pero hacerlo sin abogado de inmigración puede dejar a una persona frente a un proceso difícil de entender.
El pasado 17 de julio Claudia Carolina Rodríguez Caglianone se encontraba, como tantas otras veces antes, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, para tomar un vuelo doméstico.
“Estaba en la puerta de embarque y, unos minutos antes de abordar, unos agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) me retuvieron y me pidieron la identificación”, cuenta esta venezolana de 28 años.
“Sin devolvérmela, me dijeron que tenían que hacerme unas preguntas por mi caso de inmigración”, le explica a BBC Mundo, refiriéndose al proceso que tiene abierto desde que solicitara asilo en 2017.
Rodríguez no se subió a ningún avión. A aquello le siguieron más de dos semanas bajo custodia de las autoridades migratorias, de la que recién salió bajo fianza hace unos días, en medio de la presión ciudadana y el apoyo público de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz.
Su caso ilustra lo que varias organizaciones y abogados de inmigración denuncian como un aumento de las detenciones en aeropuertos estadounidenses, incluidas las de personas con visas vencidas pero procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo y de residencias permanentes pendientes.
Getty Images: Organizaciones proinmigrantes y abogados de inmigración señalan un aumento de detenciones en aeropuertos, incluidos casos de personas con visas vencidas pero con procesos migratorios abiertos.
Los expertos lo atribuyen a un memorando de entendimiento firmado entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), vigente desde mayo de 2025 y que permite a ambas agencias compartir información.
“Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.”, contestó ICE al ser preguntado al respecto por BBC Mundo.
Caso de asilo pendiente
Rodríguez dejó atrás su país natal e ingresó a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa de estudiante. Antes de que esta venciera, cuenta, solicitó asilo.
“Ya todos sabemos el régimen que ha sido Venezuela desde la llegada (en 1998 a la presidencia) de Hugo Chávez, y yo, desde que nací, siempre viví en esa corrupción. Además, en el entorno que estaba no me sentía segura”, explica sobre las razones que la llevaron a emigrar.
“Vine aquí por las oportunidades que ofrece este país, que desde hace 11 años es ya el mío”, subraya.
Instalada en Florida, donde también vive parte de su familia, estudió en la St. Thomas University de Miami Gardens, donde se licenció y obtuvo una maestría en administración de empresas.
También formó parte del equipo femenino de fútbol del centro, del que llegó a ser capitana.
Cortesía de la familia de Claudia Rodríguez: Claudia Rodríguez llegó a ser capitana del equipo de fútbol femenino de su universidad.
En 2023 recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario creado por el Congreso en 1990 y que permite a ciudadanos de ciertos países vivir y trabajar legalmente en EE.UU., aunque no otorga residencia permanente ni ciudadanía.
Ampliado por el gobierno del demócrata Joe Biden, ha estado en la mira de la administración de Donald Trump desde que este arrancara su segundo mandato en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Aun así, al tener un procedimiento de asilo pendiente y no contar con antecedentes penales ni historial delictivo, la joven venezolana dice que jamás pensó que sería interceptada por agentes migratorios.
“Nunca imaginé que me pudiera pasar algo así”, reconoce. “Aunque lastimosamente hay otros muchos casos de personas que han sido injustamente arrestadas y están en una situación mucho peor que la mía”.
Tras pasar ocho días en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miramar, fue trasladada al Centro de Transición de Broward, en el sur de Florida, donde estuvo detenida durante otros nueve días antes de quedar libre.
“Ella entró a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa que le habría permitido permanecer en el país hasta el 24 de julio de 2017. Violando las leyes de nuestro país, se quedó más tiempo del permitido por su visa. La autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO [sic] otorgan estatus legal en Estados Unidos”, le dijo un portavoz de ICE a BBC Mundo sobre el caso de la joven venezolana.
“Un juez de inmigración ordenó la liberación bajo fianza de Rodríguez Coglianone y fue liberada de la custodia de ICE el 3 de agosto”, confirmó la agencia.
AFP vía Getty Images: El gobierno de Donald Trump ha puesto fin al TPS para una docena de países.
Cinco veces más
Casos de personas que han sido detenidas por agentes de inmigración en aeropuertos de EE.UU., tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, han inundado los medios y las redes sociales en las últimas semanas.
Uno de los más recientes es la detención del futbolista argentino Matías Pourrain, quien juega en un equipo local de Miami, cuando estaba a punto de abordar un vuelo en Fort Lauderdale el pasado jueves con dirección a Los Ángeles, donde debía disputar la final de la liga UPSL.
Según contó a los medios su abogada, Regina Moraes, Purrain llegó a EE.UU. en 2019 con visa de turista y tiene una solicitud migratoria en proceso, por lo que le habían concedido permiso de trabajo.
Su caso es similar al de la argentina Iliana Lick, quien ingresó en EE.UU. en marzo de 2023 con visa de turista y se instaló en Filadelfia. De acuerdo con el relato de su novio, Stephen Melchiorre, la joven, quien trabajaba de niñera, tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.
Lick fue interceptada por agentes migratorios en el aeropuerto internacional de esa ciudad el pasado 11 de julio, desde donde pretendía volar a Kansas City para ver jugar a su selección contra la de Suiza en el marco del Mundial.
Tras pasar por varios centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas, aguarda en unas instalaciones de ICE en Nuevo México la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.
Según un análisis llevado a cabo por la cadena NBC de cifras recopiladas por el Deportation Data Project, desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026, ICE realizó 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones; cinco veces más que en ese mismo periodo el año anterior, cuando se registraron 108.
El Deportation Data Project procesa datos del gobierno obtenidos mediante una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información. Publicó los más recientes a finales de marzo pasado y corresponden a arrestos registrados hasta el 10 de ese mes.
BBC Mundo solicitó información oficial a DHS, así como a ICE, para poder comparar y constatar así el potencial incremento de las detenciones, ya que ninguna de las dos agencias publica estadísticas desde hace ya varios meses.
“DHS revirtió la horrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros en nuestro país de manera ilegal viajar en avión por todo nuestro país”, dijo la agencia en su respuesta.
Getty Images: Un agente de ICE ayuda a los agentes de la TSA en el control de seguridad del Aeropuerto LaGuardia en Nueva York.
“Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto. Esta administración está trabajando diligentemente para asegurarse de que los extranjeros que están aquí de manera ilegal ya no puedan volar a menos que sea fuera del país, para autodeportarse”, prosigue la contestación recibida por correo electrónico y atribuida a un portavoz de DHS.
“Aquellos que están en este país ilegalmente tienen donde elegir: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice el mensaje.
Varias organizaciones proinmigrantes se han hecho eco del aumento de la actividad de ICE en los aeropuertos y han reportado incidentes en California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Virginia.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) “ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos durante vuelos nacionales”, dijo en un comunicado su directora de servicios legales, Yunuen Trujillo.
Ante ello, esta organización con sede en California ha instado a inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (green card) o de asilo consultar con abogados antes de planear viajes dentro del país.
Área gris
Cada año, cientos de miles de inmigrantes y visitantes se quedan en EE.UU. más tiempo del permitido por sus visas.
Los casos de muchos de ellos constituyen, según expertos legales, un área gris, al estar esperando extensiones de dichos visados, permisos de residencia o la aprobación de sus solicitudes de asilo, y cuentan con permisos de trabajo.
Bajo otros gobiernos, no eran la prioridad del sistema de deportación, a menos que tuvieran un historial delictivo, y rara vez eran detenidos mientras aguardaban la resolución de sus casos. Pero eso parece haber cambiado bajo el presidente Trump.
“A mí me agarraron en ese proceso, esperando mi corte (audiencia de su caso de asilo en un juzgado de inmigración), que es la que está operando desde que yo apliqué para mi asilo político”, le dice Rodríguez a BBC Mundo.
Cortesía de la familia de Claudia Rodríguez: “Vine aquí por las oportunidades que ofrece este país, que desde hace 11 años es ya el mío”, dice Claudia Rodríguez.
Acuerdo entre ICE y TSA
Abogados de inmigración y organizaciones del ramo consideran que estas operaciones en aeropuertos están siendo posibles gracias a la expansión de un acuerdo entre ICE y la TSA, ambas dependientes del DHS.
La TSA fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se encarga de la seguridad en los aeropuertos, revisando a todos los pasajeros de los vuelos comerciales que salen de EE.UU. y sus equipajes, mientras ICE se ocupa de hacer cumplir las leyes de inmigración y tiene entre sus responsabilidades la detención y deportación de indocumentados.
El memorando de entendimiento original entre ambas entidades, obtenido a través de la Ley de Libertad de Información por American Oversight, una organización que aboga por la transparencia gubernamental, y que BBC Mundo pudo revisar, tiene fecha de mayo de 2025.
“ICE compartirá información con TSA para identificar a individuos de interés para ICE en apoyo de su misión de cumplimiento de la ley”, se lee en el documento, que también señala que “ICE almacenará la información obtenida de la TSA en su base de datos”.
Asimismo, se especifica que “el alcance del acuerdo se limita al intercambio de datos acordados entre las partes para mejorar la seguridad nacional, la seguridad en el transporte, la aplicación de la ley y la gestión de inmigración y fronteras”.
Ni ICE ni DHS respondieron a la pregunta formulada por este medio sobre qué casos abarca exactamente el acuerdo. BBC Mundo tampoco recibió respuesta de TSA.
“Quiero ser la voz de otros”
Cortesía de la oficina de la congresista Debbie Wasserman Schultz: Tras salir en libertad bajo fianza, Claudia Rodríguez denunció en una rueda de prensa las condiciones de los centros de detención en los que estuvo.
En sus primeras declaraciones tras ser liberada, Rodríguez agradeció el respaldo recibido durante las semanas en las que permaneció detenida y expresó solidaridad con quienes continúan recluidos.
“Lo que me sacó de aquí fue el amor. Dejo mi corazón allá con todas las mujeres que están adentro injustamente”, les dijo a los medios que la captaron a la salida de Broward.
Al día siguiente, ofreció una rueda de prensa acompañada de la congresista Wasserman Schultz, demócrata por el distrito 25 de Florida.
Wasserman visitó las instalaciones en la que estuvo detenida la joven venezolana y, aunque no les permitieron un encuentro en persona, pudieron hablar por teléfono. “Historias como la de Claudia y tantas otras deben conducirnos a la acción”, declaró Wasserman tras aquella conversación.
El pasado martes, durante la comparecencia conjunta ante los medios, Rodríguez denunció los momentos en los que, estando bajo custodia, se sintió “como un animal”.
Al describir las condiciones en Miramar, habló de comida a veces vencida, falta de higiene en las instalaciones, la imposibilidad de ducharse, de cambiarse de ropa, de detenidas obligadas a dormir en el suelo. “Me sentí deshumanizada”, subrayó.
“Había personas con cáncer que recibieron la primera quimioterapia antes de ingresar y a las que no se les permitió recibir la segunda”, recordó. También aseguró haber conocido a dos mujeres que sufrieron abortos espontáneos, una afirmación que ICE ha tachado de “totalmente falsa”.
Al ser transferida a Broward, una instalación administrada por ICE en Pompano Beach, dijo que las condiciones mejoraron.
“Es una práctica de larga data brindar atención médica integral desde el momento en que un inmigrante entra bajo custodia de ICE”, le dijo a BBC Mundo un portavoz de ICE, en respuesta a estos señalamientos.
“Esta es la mejor atención médica que muchos inmigrantes han recibido en toda su vida. Y las comidas son certificadas por dietistas. Asegurar la seguridad, protección y bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad principal en ICE”.
Conversando con BBC Mundo, Rodríguez insiste en que “hay una gran falta de humanidad” en todo el proceso y sostiene que su misión ahora es visibilizar los casos de aquellos en una situación similar a la suya pero con menos recursos.
“Voy a seguir a mi corazón, y ahora mismo lo que me está dictando es que tengo que ser la voz de todas esas personas”.
BBC:
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