El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito desestimó una demanda contra la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por el gobierno del presidente Donald Trump, para la deportación de ciertos inmigrantes.
Sin embargo, en su determinación, los jueces del tribunal eludieron pronunciarse sobre el uso de la ley para asuntos migratorios, como lo hizo la administración Trump sobre la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas.
El argumento central de la decisión es que la administración Trump ya ha deportado a los tres demandantes mediante otras vías legales, además de mencionar una decisión de la Corte Suprema.
“La Corte Suprema declaró expresamente que el gobierno podía expulsar a los peticionarios y al grupo de demandantes en virtud de otras leyes. Y los peticionarios no señalan irregularidades en su expulsión”, escribió la jueza Jennifer Walker Elrod.
La decisión del panel de 17 jueces en la corte con sede en Nuevo Orleans deja, sin embargo, pendiente la pregunta legal central, aunque significa un fracaso para la administración Trump en su intento de utilizar la ley para deportaciones.
La demanda del caso W.M.M. versus Trump fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Texas, que impugnaban el uso por parte del presidente de esta ley, vigente desde hace siglos y retomada por la administración Trump.
“La Corte Suprema previamente impidió que la administración Trump utilizara la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos detenidos en el norte de Texas y ordenó al Quinto Circuito que acelerara la apelación, manteniendo la suspensión de la ejecución”, indicó ACLU.
Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo la batalla legal pidiendo una audiencia al pleno integral de la Corte de Apelaciones, luego de que un panel de tres jueces rechazara, en septiembre de 2025, la afirmación de que la invocación de la norma era vigente porque se había producido una ‘invasión o una incursión depredadora’ en referencia a los inmigrantes.
“La orden judicial de la Corte Suprema que prohíbe el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos se mantiene vigente, lo cual es fundamental, ya que aún existen personas en riesgo de ser deportadas injustamente bajo esta ley sin el debido proceso“, indicó Lee Gelernt, abogado de ACLU. “La decisión del Quinto Circuito tampoco cambia el hecho de que los tribunales han sostenido de manera abrumadora que el uso de esta autoridad propia de tiempos de guerra en tiempos de paz es ilegal”.
La violación al debido proceso
El debate central sobre la Ley de Enemigos Extranjeros es utilizarla como una forma de evadir el debido proceso, como lo advirtió el Brennan Center for Justice al criticar su implementación.
“El presidente está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar de deshacerse del debido proceso”, indicó el Brennan.
Agrega que aplicar la norma contra los presuntos pandilleros del Tren de Aragua era una forma de saltarse la obligación de presentar pruebas contra una persona.
“Quiere evadir cualquier necesidad de tener que presentar pruebas o convencer a un tribunal de que alguien es realmente miembro de una pandilla o banda delictiva antes de deportarlo”, señaló la organización. “La única razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes, no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio”.
ACLU recordó que todavía tiene varias demandas pendientes en otros tribunales sobre esta misma ley.
