Category: Inmigracion

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendría presencia en algunos partidos de la Copa Mundial que se celebrarán este verano en el país, como parte del refuerzo de medidas de seguridad y de la agenda migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aseguró a The Hill, que los agentes trabajarán en coordinación con autoridades locales y federales durante el desarrollo del torneo.

ICE participará en operativos de seguridad durante el Mundial

El DHS indicó que la presencia de ICE en los partidos tiene como objetivo reforzar la seguridad de los eventos deportivos, donde se espera la llegada de millones de visitantes internacionales.

“Los visitantes internacionales que lleguen legalmente a Estados Unidos para el Mundial no tienen nada de qué preocuparse”, señaló un portavoz del departamento.

Añadió que las acciones de las autoridades migratorias se enfocarán únicamente en personas que se encuentren de manera irregular en el país.

Advertencias y llamados a preparación para viajeros

El Departamento de Seguridad Nacional también recomendó a los visitantes extranjeros planificar con anticipación sus documentos y viajes para evitar contratiempos durante su ingreso a Estados Unidos.

“Deben ser proactivos y comenzar a trabajar en sus planes de viaje y documentos con suficiente antelación para garantizar una experiencia sin contratiempos”, indicó el DHS.

Reportes previos y preocupaciones sobre el dispositivo de seguridad

De acuerdo con información publicada previamente por NBC News, fuentes del propio DHS señalaron que el ICE podría desplegar operaciones específicas durante los partidos del Mundial.

La expectativa de una gran afluencia de aficionados también ha generado advertencias por parte de organizaciones de derechos humanos.

Más de 100 grupos, incluyendo Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, alertaron que visitantes, periodistas y jugadores podrían enfrentar riesgos asociados a la política migratoria vigente.

Preparativos y tensiones en ciudades sede del Mundial

Se espera que ciudades como Atlanta, Seattle y Los Ángeles reciban a millones de personas durante el torneo, no solo para los partidos, sino también para eventos paralelos y actividades turísticas.

En este contexto, autoridades federales han pedido a gobiernos locales reforzar la seguridad y el transporte, mientras el DHS reconoce retos operativos en la etapa previa al torneo.

“No hemos podido ser tan proactivos como nos hubiera gustado”, señaló un funcionario del departamento, al referirse a limitaciones de financiamiento y preparación.

Debate por seguridad, migración y costos del evento

El anuncio ocurre en medio de críticas a la política migratoria de la administración Trump y de cuestionamientos sobre la organización del evento, incluidos los altos precios de entradas y servicios asociados al Mundial.

Mientras tanto, el DHS reiteró que el objetivo principal es garantizar la seguridad de todos los asistentes.

“Nuestra misión es sencilla: garantizar que todos los aficionados, tanto estadounidenses como visitantes, tengan una experiencia segura e inolvidable”, señaló la dependencia.

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Marie-Thérèse Ross, una viuda francesa de 85 años detenida durante 16 días por autoridades migratorias de Estados Unidos, aseguró que su paso por un centro de detención en Luisiana transformó su visión sobre el país y sus políticas migratorias.

Ross, quien ya regresó a Francia, relató que las noches dentro del centro estaban marcadas por el silencio interrumpido por el llanto de menores.

“Niños llorando, incluso bebés”, recordó sobre las noches en el centro donde permaneció bajo custodia federal tras ser arrestada el pasado 1 de abril en Alabama por supuestamente permanecer más tiempo del permitido por su visa, de acuerdo con la agencia AP.

Una detención que generó atención internacional

La mujer fue arrestada en su vivienda en Alabama luego de que varios hombres identificados como agentes migratorios golpearan puertas y ventanas de su casa temprano por la mañana.

Según contó, apenas tuvo tiempo de entender lo que ocurría antes de ser esposada y trasladada en pijama, bata y pantuflas.

Dos días después fue enviada a un centro de detención en Basile, Luisiana, donde compartió habitación con otras 58 mujeres, muchas de ellas madres separadas de sus hijos.

“Algunas no sabían dónde estaban sus hijos”, dijo Ross. “Me parece terrible que una mujer no sepa dónde están sus hijos”.

De una historia de amor a una disputa familiar

Marie-Thérèse Ross había llegado a Estados Unidos para comenzar una nueva vida junto a William B. Ross, un veterano retirado del ejército estadounidense a quien conoció décadas atrás cuando él estaba destinado en Francia y ella trabajaba como secretaria en la OTAN.

Aunque ambos siguieron caminos distintos durante años, retomaron el contacto después de enviudar y decidieron casarse en 2024.

Tras la muerte de William en enero por causas naturales, comenzó una disputa relacionada con la herencia familiar.

Documentos judiciales señalan que los hijos del fallecido desviaron correspondencia de la residencia en Alabama, situación que habría provocado que Ross faltara a una cita migratoria.

Un juez incluso pidió investigar si uno de los hijos, ex policía estatal y actual empleado federal, utilizó su posición para influir en la detención de su madrastra. El hombre negó cualquier participación.

“Los guardias no podían hablar sin gritar”

Ross describió el centro de detención como un lugar limpio pero marcado por un ambiente hostil y ruidoso.

“La prisión estaba limpia, la comida era aceptable, pero lo que nos molestaba era la forma en que nos hablaban”, declaró. “Los guardias no podían hablar sin gritar”.

Afirmó que el ruido era constante y que, cuando finalmente había silencio, podían escucharse los llantos de menores detenidos junto a sus madres.

“Hay bebés en esta cárcel”, dijo.

Pese a ello, recordó actos de solidaridad entre las mujeres detenidas. Contó que por las noches algunas internas le acomodaban la manta cuando se le caía mientras dormía.

“No sabía quién era, pero me mimaban porque era mayor que ellas”, relató.

Las detenidas la llamaban “Abuela”.

DHS defiende condiciones en centros de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Ross permaneció más tiempo del permitido por su visa de 90 días y defendió las condiciones de los centros administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia aseguró que las instalaciones son inspeccionadas regularmente y que los detenidos reciben alimentos, agua, atención médica y acceso para comunicarse con familiares y abogados.

La experiencia cambió su visión sobre Estados Unidos

Ross aseguró que antes veía a Estados Unidos como un país donde las personas eran tratadas con justicia y respeto.

Su esposo apoyaba políticamente a Donald Trump y ambos acostumbraban seguir noticias en Fox News, pero afirmó que la experiencia en detención modificó por completo su percepción.

Según dijo, muchas de las mujeres que conoció no merecían estar encarceladas.

“Su único error fue ser sudamericanas”, afirmó.

Actualmente, Ross permanece con su familia en un suburbio de Nantes y busca atención médica para tratar síntomas relacionados con estrés postraumático tras su detención.

Antes de salir del centro en Luisiana, aseguró que prometió hablar públicamente sobre las mujeres que conoció bajo custodia.

“Les dije que si alguna vez tenía la oportunidad de hablar de ellas, lo haría para ayudarlas”, señaló.

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Las deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador registraron un incremento significativo durante los primeros meses de 2026, en medio del fortalecimiento de la cooperación entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el gobierno de Donald Trump en materia migratoria.

Aumento cercano al 100% en deportaciones a El Salvador

De acuerdo con cifras oficiales de la autoridad migratoria salvadoreña obtenidas por Associated Press, Estados Unidos deportó a 5,033 salvadoreños entre enero y marzo de 2026.

En el mismo periodo de 2025, la cifra fue de 2,547 personas, lo que representa un aumento de casi el 98% en un año.

Este crecimiento ocurre mientras Washington ha incrementado los vuelos de deportación a nivel global, en el marco de una política migratoria más estricta.

Crecen las deportaciones globales desde Estados Unidos

Datos recopilados por la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES) y otras organizaciones señalan que los vuelos de deportación desde Estados Unidos aumentaron alrededor de 61% entre 2024 y 2025.

Sin embargo, la falta de publicación regular de estadísticas oficiales por parte del gobierno estadounidense ha llevado a expertos a depender de datos de países receptores, registros de vuelos y estimaciones independientes.

“Este aumento confirma un endurecimiento real del sistema migratorio estadounidense hacia la región”, afirmó César Ríos, representante de AAMES.

Bukele y Trump: cooperación migratoria en expansión

El incremento de deportaciones coincide con el acercamiento político entre Nayib Bukele y Donald Trump, en un momento en que Estados Unidos busca aliados en América Latina para ejecutar su estrategia migratoria.

Mientras países como México y otras naciones centroamericanas han recibido deportados de manera discreta, El Salvador ha asumido un papel más visible en la cooperación con Washington.

Acuerdos, cárceles y controversias por derechos humanos

En marzo de 2025, el gobierno salvadoreño recibió a 238 venezolanos deportados desde Estados Unidos, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Los detenidos fueron enviados a una megaprisión construida para pandilleros dentro de la estrategia de seguridad de Bukele, lo que generó denuncias de posibles violaciones a derechos humanos.

Posteriormente, se reveló un acuerdo entre ambos gobiernos para el traslado de presuntos criminales extranjeros a cárceles salvadoreñas, por el cual El Salvador recibiría 6 millones de dólares.

Caso de deportación errónea aumenta la tensión política

En abril de 2025, la administración Trump deportó por error a Kilmar Abrego García, un residente de Maryland con ciudadanía salvadoreña y estatus de protección en Estados Unidos.

El caso provocó una crisis diplomática y judicial, luego de que el gobierno de Bukele inicialmente se negara a su extradición, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban abusos y torturas en el sistema penitenciario salvadoreño.

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Una coalición de organizaciones de derechos civiles exigió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) rendir cuentas por una redada en Chicago en la que 18 personas, entre ellas familias enteras, habrían sido arrestadas “de manera ilegal” y maltratadas por agentes federales durante un operativo de estilo militar realizado el pasado otoño, en el marco de la denominada Operation Midway Blitz.

Las organizaciones presentaron este martes quejas administrativas bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés) en nombre de las 18 personas afectadas, a quienes acusan de haber sido detenidas sin órdenes judiciales, sometidas a uso excesivo de la fuerza y privadas de asistencia legal.

Las demandas van dirigidas contra el DHS y otras agencias federales que participaron en el operativo.

Las organizaciones firmantes —entre ellas el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), la University of Chicago Immigrants’ Rights Clinic, el MacArthur Justice Center y el National Immigrant Justice Center— sostienen que las acciones buscan no solo reparación individual, sino también establecer responsabilidades institucionales para evitar nuevos operativos de este tipo contra comunidades de indocumentados.

De acuerdo con los documentos citados por las organizaciones, el 30 de septiembre de 2025, agentes federales desplegaron un operativo nocturno en un complejo residencial del barrio South Shore de Chicago con helicópteros Black Hawk, vehículos sin identificar y camiones de mudanza rentados.

Alrededor de 300 agentes irrumpieron en el edificio, entraron apartamento por apartamento, derribaron puertas y sacaron a personas —incluidos menores— a punta de pistola.

Las denuncias señalan que los residentes fueron mantenidos bajo custodia armada, golpeados con rifles o agredidos físicamente, y obligados a salir en ropa de dormir o con escasa vestimenta. También afirman que no se les informó el motivo de la detención ni se les mostraron órdenes judiciales, y que se les impidió comunicarse con abogados.

Condiciones “inhumanas”

Durante el operativo, más de 30 personas fueron detenidas y trasladadas posteriormente al centro de detención de ICE en Broadview, donde, según las organizaciones, enfrentaron condiciones inhumanas de confinamiento.

“Esta redada es una de las acciones más aborrecibles de Operation Midway Blitz”, señaló Susana Sandoval Vargas, consejera regional de MALDEF en el Medio Oeste, al denunciar lo que describió como una campaña militarizada contra comunidades racializadas.

Por su parte, Samuel White, abogado de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Universidad de Chicago, afirmó que “personas desarmadas dormían en sus casas cuando fueron enfrentadas con un nivel de fuerza y crueldad impensable fuera de un campo de batalla”, subrayando que los afectados son “seres humanos con derechos legales”.

Desde el MacArthur Justice Center, Jonathan Manes calificó el operativo como “una pesadilla hecha realidad” y criticó que el gobierno utilice violaciones constitucionales “como propaganda”.

En tanto, Allena Martin, del National Immigrant Justice Center, señaló que el impacto del operativo continúa afectando a las víctimas: “El gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a infligir este nivel de angustia emocional y daño a la propiedad y luego simplemente alejarse”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este miércolesel funcionamiento del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” y aseguró que la instalación permitió deportar a unas 22,000 personas, en medio de versiones sobre un posible cierre por sus elevados costos operativos.

Durante una intervención en Titusville, el mandatario republicano afirmó que el sitio nunca fue concebido como una estructura permanente y señaló que Florida lo impulsó ante la falta de capacidad federal para retener a migrantes detenidos.

“Pudimos procesar y deportar a 22,000 que, de otra forma, habrían salido nuevamente a comunidades de Florida”, sostuvo DeSantis.

Reportes apuntan a cierre del centro

Las declaraciones se producen después de que The New York Times informara que el Departamento de Seguridad Nacional considera demasiado costoso mantener operativo el centro, ubicado en los Everglades, al oeste de Miami.

Según ese reporte, el traslado de detenidos comenzaría en junio y el desmantelamiento del complejo ocurriría semanas después. La publicación citó a un funcionario federal y a varias personas familiarizadas con las operaciones del lugar.

Aunque DeSantis dijo no haber recibido una notificación oficial sobre el cierre, tampoco negó directamente la información publicada.

“Sabíamos que iba a ser temporal”

El gobernador insistió en que el centro, inaugurado en julio de 2025 tras una visita de Donald Trump a los Everglades, fue diseñado desde el inicio como una solución provisional.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal”, declaró.

El republicano sugirió además que el Gobierno federal ahora cuenta con mayores recursos presupuestarios para procesar migrantes en otras instalaciones, algo que —según dijo— no ocurría cuando Florida puso en marcha el centro.

“Alligator Alcatraz” ha sido cuestionado desde su apertura por organizaciones ambientalistas y activistas proinmigrantes, que acusan al centro de afectar el ecosistema de los Everglades y de representar un símbolo de la política migratoria del segundo mandato de Trump.

Los críticos también han denunciado presuntos malos tratos contra migrantes detenidos en la instalación. Entretanto, la Administración Trump ha presentado a Florida como un modelo de cooperación estatal en materia migratoria.

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