Category: Inmigracion

  • “Mi país es este”: futbolista venezolana relata su detención por ICE y las condiciones que enfrentó en Florida

    “Mi país es este”: futbolista venezolana relata su detención por ICE y las condiciones que enfrentó en Florida

    Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, recuperó su libertad bajo fianza después de permanecer más de dos semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida. En entrevista con CNN, contó cómo fue detenida en un aeropuerto, las dificultades para contactar a sus abogados y las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

    Contó que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. ICE señaló que el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a ese beneficio para los venezolanos el 20 de noviembre de 2025.

    La futbolista relató a CNN que su detención ocurrió cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Explicó que había completado con normalidad el proceso de la Administración de Seguridad en el Transporte y esperaba viajar sola para reunirse con amigos y asistir a un partido del Mundial.

    Apenas seis minutos antes de abordar, dos agentes se acercaron a ella. Rodríguez dijo que nunca imaginó que la presencia de los funcionarios estuviera relacionada con su situación migratoria.

    Los agentes le solicitaron una identificación. Ella presentó su licencia de conducir de Florida, pero no se la devolvieron. “Me dijeron que estaba detenida por ICE, así que iban a hacer unas preguntas y que más tarde hubiera regresado a casa”, recordó.

    “Mi país es este”

    La venezolana explicó que inicialmente no recibió información clara sobre las razones de su detención. Pasó la primera noche bajo custodia y escuchó a otras personas detenidas hablar sobre el tiempo que llevaban en las instalaciones, algo que incrementó su angustia.

    Cuando finalmente le plantearon si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela, Rodríguez aseguró que no dudó en su respuesta. “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó.

    La futbolista dijo que la reacción de los funcionarios fue distante y que, según su percepción, no mostraban ninguna emoción. Su familia comenzó entonces a reunir documentos y buscar representación legal y, como fue detenida un viernes por la noche, sus abogados no pudieron comenzar inmediatamente a trabajar en el caso.

    Ocho días en Miramar

    Claudia Carolina Rodríguez Caglianone permaneció ocho días en el centro de detención de Miramar antes de ser trasladada a otra instalación en Pompano. De acuerdo con su testimonio, ese traslado fue determinante para que pudiera avanzar con su defensa, ya que en Miramar sus abogados no tenían acceso directo a ella.

    Explicó que durante su permanencia en Miramar las comunicaciones con sus abogados estaban limitadas y que las llamadas podían durar apenas unos minutos. En Pompano, en cambio, pudo realizar videollamadas y comunicarse con mayor frecuencia tanto con sus abogados como con su familia.

    La venezolana indicó que actualmente tiene una solicitud de asilo pendiente y espera recibir próximamente una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración y continuar con su proceso.

    Su caso también recibió el respaldo de la congresista demócrata ,Debbie Wasserman Schultz a quien agradeció por haberse involucrado y por apoyar a su familia durante el proceso.

    “No somos animales”

    Uno de los aspectos que Rodríguez mencionó que más la impactó fueron las condiciones que encontró en Miramar y aseguró que durante los ocho días que permaneció allí prácticamente no tuvo acceso a una ducha.

    “En ocho días, no. Me pude bañar casi un día antes de irme”, relató.

    La futbolista afirmó que las duchas que pudo utilizar eran rápidas y que las condiciones generales de higiene eran deficientes. También señaló que las mujeres recibían artículos básicos como toallas sanitarias y papel higiénico, pero consideró que el entorno general de las instalaciones hacía difícil mantener condiciones adecuadas.

    Otro de los problemas que describió fue la falta de camas y cobijas suficientes, y relató que algunas mujeres tenían que acomodarse en el piso para intentar dormir, mientras el espacio permanecía muy frío.

    Rodríguez expresó que ella prácticamente no dormía durante la noche y que aprovechaba algunos momentos durante el día para descansar una o dos horas.

    La futbolista describió el impacto psicológico de la detención como uno de los aspectos más difíciles de enfrentar y aseguró que sintió que las detenidas eran sometidas a una presión destinada a hacerlas sentir como criminales.

    Cuestionó el trato recibido por mujeres de avanzada edad que, según observó, tenían problemas de salud. “Ahí es cuando yo dije: ‘Aquí hay una falta de humanidad bastante fuerte’”, afirmó.

    Rodríguez también manifestó que le sorprendió experimentar esas condiciones en Estados Unidos, país al que muchas de las personas detenidas llegaron buscando mejores oportunidades y un lugar donde desarrollar sus vidas.

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  • Futbolista venezolano lleva seis meses detenido por ICE y teme ser deportado: “Ha sido devastador”

    Futbolista venezolano lleva seis meses detenido por ICE y teme ser deportado: “Ha sido devastador”

    Homero Calderón, un futbolista profesional venezolano de 32 años, lleva seis meses detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia, mientras espera el avance de su proceso migratorio. Su próxima audiencia ante una corte de inmigración está prevista para el 18 de agosto, una fecha que podría ser determinante para su futuro en Estados Unidos.

    Calderón ha dedicado alrededor de 15 años al fútbol y ha desarrollado su carrera profesional en tres continentes, además de participar en torneos internacionales. Contó a Noticias Telemundo durante una breve videollamada desde el centro de detención que nunca antes había atravesado una situación similar.

    “Nunca había estado en esta situación. Para mi familia ha sido devastador”, dijo el futbolista.

    La comunicación fue interrumpida desde el interior del centro de detención poco después de que comenzara la conversación.

    De acuerdo con el reportaje de Noticias Telemundo, Calderón jugaba para un equipo en Italia cuando viajó a Florida en 2025 con una visa de turista para reunirse con su esposa, Daniela Molina. Poco después, la pareja tuvo una hija que nació con complicaciones médicas.

    La situación familiar llevó al futbolista a poner en pausa temporalmente su carrera deportiva para permanecer en Estados Unidos y ayudar a su esposa y a su hija. La familia afirma que Calderón mantenía vigente su documentación y había iniciado trámites relacionados con una visa de talento extraordinario y un cambio de estatus migratorio.

    Molina explicó que padece epilepsia y que ha sufrido múltiples convulsiones. Durante el embarazo y después del nacimiento de su hija, aseguró que fue considerada una paciente de alto riesgo, por lo que recibió indicaciones médicas que le impedían viajar.

    “Soy una persona epiléptica. Yo he convulsionado más de siete veces y al momento de irme con un bebé, hice mi consulta médica y me consideraron como una persona de alto riesgo y me prohibieron viajar”, relató la mujer a Noticias Telemundo.

    Una detención tras una infracción de tráfico

    La situación cambió el 27 de febrero, cuando Calderón fue detenido en Ocala, Florida, por una infracción de tráfico y posteriormente quedó bajo custodia de ICE.

    Su familia sostiene que el futbolista nunca ha tenido antecedentes criminales y que su permanencia en Estados Unidos estaba vinculada a trámites migratorios que se realizaron por las vías legales correspondientes.

    “Como él no tiene nada que lo lleve a la deportación. Hicimos todo de manera legal”, afirmó Molina, quien asegura llevar 17 años junto al futbolista y describió el sufrimiento que ha experimentado durante estos meses.

    “Jamás lo había escuchado llorar tanto”, contó.

    Su hijo también pregunta constantemente por su padre. Para evitar explicarle que está detenido, Molina contó que le dice que Homero se encuentra participando en un torneo de fútbol y que regresará con una medalla.

    “Estos seis meses han sido horribles. Horribles, horribles”, expresó.

    El caso de Calderón se produce en un contexto en el que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Noticias Telemundo reportó que más de 65,000 personas se encuentran detenidas en centros de ICE en todo el país, algunas mientras esperan que concluyan sus procesos migratorios y otras a la espera de una eventual deportación.

    Para la familia del futbolista, la incertidumbre aumenta a medida que se acerca su próxima audiencia. Molina ha iniciado una campaña para pedir la liberación de su esposo y teme que termine siendo deportado a Venezuela, lo que complicaría todavía más la situación de su familia y dejaría a su hija y a ella sin el apoyo de Calderón.

    “A mí me da pánico. Pánico”, afirmó.

    Otros futbolistas detenidos por ICE

    Al caso del futbolista venezolano Homero Calderón se suman los de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone y el mediocampista argentino Matías Pourrain, otros dos deportistas que han quedado bajo custodia de ICE en circunstancias vinculadas con viajes dentro de Estados Unidos.

    Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo. Tras permanecer más de dos semanas bajo custodia, recuperó su libertad bajo fianza y contó a CNN las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

    “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó cuando, según su relato, le preguntaron si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela.

    El argentino Matías Pourrain, de 34 años, también fue detenido por agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. El mediocampista se dirigía a Los Ángeles para disputar con el Club de Lyon FC las semifinales de un torneo cuando fue puesto bajo custodia y posteriormente trasladado, según reportes de El Clarín, al centro de detención de Krome, en el área de Miami.

    De acuerdo con su hermano, Juan Pourrain, el futbolista lleva siete años viviendo en Estados Unidos y tiene una solicitud de asilo en trámite, autorización de trabajo vigente e identificación del estado de Florida.

    Su club salió en su defensa y recalcó que Pourrain no intentaba abandonar ni ingresar al país, sino que realizaba un viaje doméstico entre dos ciudades estadounidenses.

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  • Demócratas estallan ante millonaria compra de guantes de descarga eléctrica para detener inmigrantes

    Demócratas estallan ante millonaria compra de guantes de descarga eléctrica para detener inmigrantes

    Después de que se hiciera pública la adquisición de guantes de descarga eléctrica para dotar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el objetivo de hacer más sencilla la detención de extranjeros carentes de estatus legal, los demócratas del Congreso levantaron sus voces expresando su indignación.

    Al inicio de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que planeaba destinar cerca de $20 millones de dólares en la adquisición de dispositivos denominados Glove (Emisor de Voltaje de Salida Bajo Generado), los cuales fabrica Compliant Technologies LLC, empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos de control no letales, la cual es propiedad de veteranos con sede en Lexington, Kentucky.

    De acuerdo con el fabricante, este tipo de guantes se han utilizado en entornos como las cárceles estadounidenses, donde ocasionalmente resulta necesario hacer que impere el orden para evitar confrontaciones entre prisioneros violentos o en contra de quienes los custodian día y noche.

    Aunque la empresa afirma que su artículo no es peligroso utilizándolo en contra de personas sanas, advierte no emplearlo en mujeres embarazadas o personas mayores, esto debido a posibles “afecciones médicas subyacentes que pueden o no ser fácilmente discernibles a simple vista”.

    Al respecto, mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes expresaron su rechazo hacia lo que consideran será un arma en manos del ICE.

    “Los agentes del ICE disparan a gente inocente. Les rocían gas pimienta a gente inocente. Y ahora la administración Trump quiere gastar $20 millones de dólares para darles guantes para usar pistolas Taser. Esto es una locura. El ICE no necesita otra arma”, indica el mensaje.

    Siguiendo la misma línea de pensamiento, Chris Murphy, senador por Connecticut, definió al gobierno como sádico por la nueva manera como pretende actuar en contra de los inmigrantes apoyándose en los controversiales guantes que descargan electricidad.

    “Este no es el gobierno que la gente quiere. Un gobierno tan sádico y cruel que se deleita en usar el dinero de sus impuestos, ganado con tanto esfuerzo, para comprar guantes que dan descargas eléctricas a las personas al contacto”, escribió en X.

    La indignación demócrata propició que, a través de otro mensaje en la misma plataforma, Frank Pallone, representante por Nueva Jersey, exhortará al Congreso a cerrarle la llave al financiamiento destinado a las agencias federales que atentan en contra de los inmigrantes.

    “Los agentes del ICE usarán guantes de electrochoque. Agentes enmascarados apuntando con un arma a un ciudadano estadounidense. No podemos seguir financiando agencias que fomentan este tipo de comportamiento entre sus filas”, enfatizó.

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  • Afganos que ayudaron a EE.UU. viven con miedo cinco años después de huir de su país

    Afganos que ayudaron a EE.UU. viven con miedo cinco años después de huir de su país

    Cinco años después de llegar a EE.UU. en busca de la seguridad prometida, Sultán teme perder su residencia permanente y cuestiona el creciente distanciamiento de la Casa Blanca hacia los refugiados afganos que, como él, arriesgaron sus vidas para apoyar la misión militar estadounidense, un sentimiento que se replica por todo el país entre estos refugiados.

    “El miedo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a sus incursiones y a su intromisión en la vida cotidiana nos ha afectado profundamente, creando una atmósfera de gran temor; es un miedo que casi se puede percibir en el aire”, cuenta a EFE el inmigrante, de 52 años, que prefiere no dar su apellido.

    Sultán, padre de cinco hijos, había encontrado en California, el estado que alberga mayor número de inmigrantes afganos, un lugar seguro donde comenzar una nueva vida junto a su familia, tras huir de su país en agosto de 2021 como parte de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, que puso fin a la llamada ‘guerra contra el terror’, la más larga en la historia de EE.UU.

    El programa ‘Bienvenida a los Aliados’ le permitió obtener su residencia permanente, gracias a que apoyó el trabajo EE.UU. como parte de los Equipos de Reconstrucción Provincial (PTR) y realizó una amplia labor en el servicio de aduanas.

    Pero la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, lo ha obligado a él y a sus compatriotas a mantenerse en alerta, incluso no salir de casa.

    “Temo perder mi ‘green card’ (residencia permanente) sin motivo aparente”, señala.

    Asegura que los agentes de ICE han llegado continuamente a su vecindario y han tocado su puertas y la de sus compatriotas desde el año pasado, a pesar de que llegaron a este país en aviones estadounidenses y con la promesa de que estarían seguros.

    Su temor crece debido al ritmo al que el gobierno estadounidense está cambiando sus políticas para los inmigrantes y para los afganos en particular.

    El año pasado, la Administración Trump impuso restricciones de ingreso para personas provenientes de Afganistán y suspendió la emisión de visas de inmigrante para sus ciudadanos, incluidos los solicitantes de SIV, que se otorga a aquellos extranjeros que ayudaron o trabajaron para el gobierno estadounidense.

    Mayores revisiones

    Organizaciones como el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA) han reportado que los afganos están en la mira de las autoridades migratorias de EE.UU.

    El Departamento de Estado ha estado revisando las aprobaciones emitidas previamente por medio del programa SIV y “ha retirado cientos, o incluso más” tanto para solicitantes cuyas visas aún no se han emitido como para beneficiarios que ya han llegado a los EE. UU. y ahora tienen residencia permanente legal o ciudadanía estadounidense, explicó a EFE Jennifer Patota, directora de servicios legales de IRAP.

    Aunque la organización no tiene conocimiento de que el gobierno esté tomando otras medidas, como someterlos a procedimientos de deportación o desnaturalización, advierte que “esto sigue siendo posible”.

    La Casa Blanca también eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Afganistán, que protegía a unos 8.000 inmigrantes, y ha limitado el procesamiento de refugiados para ese país; en el año fiscal 2026, tan solo tres afganos han logrado ingresar al país.

    Olvidados después de cinco años

    Ismail Alizai, un afgano de 36 años radicado en San Antonio (Texas), cree que parte del problema es que ahora ” no existe el mismo apoyo” para Afganistán, pese a que, a su juicio, las condiciones en su país han empeorado, en comparación con la situación de agosto de 2021, cuando las imágenes de personas desesperadas por abordar los últimos aviones militares estadounidenses dieron la vuelta al mundo, según dijo a EFE.

    Alizai, un periodista que colaboró con ‘Voice of America’, la emisora financiada por EE.UU., considera que el Ejecutivo debe cumplir la promesa que hizo a los afganos que colaboraron con Washington durante las dos décadas de presencia estadounidense en ese país.

    “Trabajaron y se sacrificaron, ellos y sus familias… Hicieron su trabajo con honestidad y dignidad, y ahora creo que es responsabilidad de Estados Unidos ayudarlos y cumplir lo prometido”, agregó.

    Un pensamiento con el que coincide Angélica Salas, directora de CHIRLA, organización que apoyó a Sultán: “Estas familias han forjado raíces en nuestras comunidades y por ningún motivo se debe permitir que vuelvan a revivir el miedo e incertidumbre que dejaron atrás”, puntualizó.

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  • DHS espió a grupos y protestas anti-ICE: 30 informes revelan una operación secreta

    DHS espió a grupos y protestas anti-ICE: 30 informes revelan una operación secreta

    Casi 30 informes internos del gobierno de Estados Unidos revelan el alcance de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra organizaciones progresistas y manifestantes anti-ICE en Minnesota y Nueva York.

    Los documentos, revisados por The New York Times, forman parte del expediente de una causa penal contra 15 manifestantes de Minneapolis acusados por el Departamento de Justicia de conspirar para obstaculizar las operaciones migratorias. Los registros describen una investigación que comenzó en enero bajo el nombre de “Operación Titiritero” y que buscaba identificar una supuesta red organizada contra ICE.

    La investigación incluyó agentes encubiertos en reuniones comunitarias, infiltración de chats de Signal y solicitudes de información financiera de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro. Entre las organizaciones mencionadas aparecen AFL-CIO, SEIU, Democratic Socialists of America y Sunrise Movement. Ninguna de ellas ha sido acusada de un delito.

    Agentes infiltrados en reuniones y protestas

    Uno de los reportes describe la presencia de un agente encubierto en un taller de “habilidades de resistencia” organizado por Sunrise Movement en una biblioteca pública de Minneapolis. El propio documento señaló que la organización estaba enfocada en protestas “pacíficas”.

    Los agentes también acudieron a reuniones en iglesias, parques, centros laborales y una reunión virtual en Nueva York. En algunos casos grabaron audio y recopilaron información sobre los asistentes. En un evento contra ICE, incluso registraron matrículas de vehículos, según los documentos.

    Kevin Riach, abogado de uno de los acusados, cuestionó la dimensión de la pesquisa. “Me impactó la magnitud del caso y la aparente falta de rigor en la investigación”, declaró.

    ¿Vigilancia contra delitos o contra la protesta?

    Los registros también muestran que el DHS obtuvo información financiera mediante citaciones administrativas, incluyendo movimientos vinculados con SEIU y datos relacionados con Communications Workers of America y Sunrise Movement.

    Para defensores de las libertades civiles, el caso plantea dudas sobre hasta dónde puede llegar el gobierno cuando investiga movimientos de protesta.

    Emilia González Ávalos, directora de Unidos MN, cuya organización aparece mencionada en los archivos, dijo que la vigilancia representa “un claro intento de intimidarnos, de castigarnos y reprimir políticamente el desacuerdo”.

    El DHS no respondió a las preguntas del medio antes citado y el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

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  • Arizona enfrenta regreso a clases entre calor extremo y temor a operativos de ICE

    Arizona enfrenta regreso a clases entre calor extremo y temor a operativos de ICE

    El regreso a clases en Arizona llega con una presión que va mucho más allá de las mochilas y los útiles. En Tucson, las familias latinas enfrentan temperaturas que pueden superar los 40 °C, facturas eléctricas elevadas y el temor a agentes de ICE cerca de las escuelas.

    Jennifer Cárdenas, psicóloga escolar y madre de gemelos de cuatro años, contó a El País que el calor cambió rutinas como caminar a visitar a familiares. Cuando el aire acondicionado falla, su familia debe salir de casa; mantener fresca una vivienda de tres habitaciones puede significar una factura de $450.

    Calor que también afecta a los estudiantes

    El problema no termina en casa. De acuerdo con el reporte de la temporada de calor de Pima County, Tucson registró 46 días por encima de 37.8 °C en 2025, incluidos 39 días sobre 40.6 °C. El condado contabilizó 117 muertes relacionadas con el calor y las visitas a urgencias aumentaron 13%, de 787 a 893.

    Los datos estatales son contundentes: entre 2013 y 2024, más de 4,300 personas murieron en Arizona por causas vinculadas al calor; cerca de 2,000 eran latinas, según datos citados por el diario.

    En las aulas, el calor extremo puede provocar fatiga, dolor de cabeza y problemas de concentración. Para hogares con menos recursos, mantener el aire acondicionado encendido puede ser una decisión difícil.

    El otro temor: ICE cerca de las escuelas

    A la preocupación por el calor en Arizona se suma el miedo a ICE. En enero de 2025, el gobierno de Donald Trump eliminó las directrices que restringían las acciones migratorias en lugares considerados sensibles, incluidas las escuelas. Reuters reportó que la medida devolvió a los agentes mayor margen de decisión para realizar operativos allí.

    En Tucson, el distrito escolar actualizó sus protocolos después de que ICE detuviera a dos personas afuera de una primaria en febrero de 2026, informó Tucson Spotlight.

    Así, el regreso a clases enfrenta dos incertidumbres: cómo proteger a los niños del calor extremo en Arizona y cómo garantizar que las familias puedan enviarlos a la escuela sin miedo. Agosto ya no significa únicamente el comienzo del ciclo escolar: también implica calcular cuánto cuesta mantener la casa fresca y qué riesgos puede traer cada trayecto.

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  • Arizona enfrenta regreso a clases con 4,300 muertes por calor y temor a operativos de ICE

    Arizona enfrenta regreso a clases con 4,300 muertes por calor y temor a operativos de ICE

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    Jennifer Cárdenas, psicóloga escolar y madre de gemelos de cuatro años, contó a El País que el calor cambió rutinas como caminar a visitar a familiares. Cuando el aire acondicionado falla, su familia debe salir de casa; mantener fresca una vivienda de tres habitaciones puede significar una factura de $450.

    Calor que también afecta a los estudiantes

    El problema no termina en casa. De acuerdo con el reporte de la temporada de calor de Pima County, Tucson registró 46 días por encima de 37.8 °C en 2025, incluidos 39 días sobre 40.6 °C. El condado contabilizó 117 muertes relacionadas con el calor y las visitas a urgencias aumentaron 13%, de 787 a 893.

    Los datos estatales son contundentes: entre 2013 y 2024, más de 4,300 personas murieron en Arizona por causas vinculadas al calor; cerca de 2,000 eran latinas, según datos citados por el diario.

    En las aulas, el calor extremo puede provocar fatiga, dolor de cabeza y problemas de concentración. Para hogares con menos recursos, mantener el aire acondicionado encendido puede ser una decisión difícil.

    El otro temor: ICE cerca de las escuelas

    A la preocupación por el calor en Arizona se suma el miedo a ICE. En enero de 2025, el gobierno de Donald Trump eliminó las directrices que restringían las acciones migratorias en lugares considerados sensibles, incluidas las escuelas. Reuters reportó que la medida devolvió a los agentes mayor margen de decisión para realizar operativos allí.

    En Tucson, el distrito escolar actualizó sus protocolos después de que ICE detuviera a dos personas afuera de una primaria en febrero de 2026, informó Tucson Spotlight.

    Así, el regreso a clases enfrenta dos incertidumbres: cómo proteger a los niños del calor extremo en Arizona y cómo garantizar que las familias puedan enviarlos a la escuela sin miedo. Agosto ya no significa únicamente el comienzo del ciclo escolar: también implica calcular cuánto cuesta mantener la casa fresca y qué riesgos puede traer cada trayecto.

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  • Maestros en Los Ángeles patrullan escuelas ante ICE: “No pueden llevarse a nuestros hijos”

    Maestros en Los Ángeles patrullan escuelas ante ICE: “No pueden llevarse a nuestros hijos”

    De acuerdo con un reportaje publicado este jueves por EL PAÍS, educadores como Ingrid Villeda y su colega Olga recorren antes del amanecer barrios del sur de la ciudad para detectar posibles vehículos de ICE y avisar a las familias. Su frase resume el propósito: “No pueden llevarse a ninguno de nuestros hijos”.

    Las llamadas “patrullas comunitarias” forman parte de una red integrada por maestros, trabajadores escolares, activistas y vecinos. El objetivo es observar, documentar y alertar sobre posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alrededor de planteles con alta población hispana.

    El fenómeno no es nuevo. Los Ángeles ya había organizado patrullas similares durante 2025. Los Angeles Times reportó entonces que Villeda participaba en recorridos antes del inicio de clases para que las familias conocieran sus derechos.

    Escuelas bajo alerta

    La preocupación llevó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) a reforzar sus protocolos. El distrito atiende a más de 370,000 estudiantes y ha insistido en que sus escuelas deben mantenerse como espacios seguros.

    Uno de los casos que elevó la tensión ocurrió en agosto de 2025, cuando agentes federales detuvieron a Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, estudiante de Reseda Charter High School, mientras paseaba a su perro en Van Nuys. El joven permaneció meses bajo custodia de ICE y fue liberado en noviembre, según informó ABC7 Los Ángeles.

    En otro episodio, un adolescente de 15 años con necesidades especiales fue detenido cerca de una preparatoria y posteriormente liberado, después de que las autoridades determinaran que había sido confundido con otra persona.

    Un código para reaccionar ante ICE

    En la primaria de la calle 93, donde trabaja Villeda, la prevención llega hasta el interior del plantel. Hay voluntarios en las calles, comunicación por radio y un código para alertar al personal ante una posible presencia de agentes migratorios.

    Se preparan mensajes para las familias y se ofrecen cursos sobre qué hacer durante una redada de ICE o una detención.

    Para Villeda, el tema tiene una dimensión personal: llegó de Guatemala a Los Ángeles cuando era niña y vivió durante años sin documentos. Hoy, su trabajo como educadora se mezcla con una tarea urgente: que el miedo a ICE no termine alejando a los estudiantes de las aulas.

    La escena descrita por el diario español muestra así: antes de enseñar, algunos profesores sienten que primero deben asegurarse de que sus alumnos puedan llegar a salvo a la escuela.

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  • Una jueza federal podría limitar las detenciones de ICE sin orden judicial

    Una jueza federal podría limitar las detenciones de ICE sin orden judicial

    Al concluir una audiencia en el Palacio de Justicia Federal en Los Ángeles, la jueza Maame Frimpong pareció que se inclinaría para restringir la capacidad de los agentes de inmigración para realizar detenciones de personas sin orden judicial al menos que se determine una posibilidad de fuga.  

    La magistrada federal de distrito señaló que estaba dispuesta a conceder una moción de la ACLU del Sur de California para una medida cautelar preliminar en el caso “Vásquez Perdomo vs. Markwayne Mullin”, un litigio de gran repercusión que cuestiona la legalidad de las redadas migratorias de la administración Trump en el sur de California.  

    Desde que el presidente Donald Trump lanzó masivas redadas, consideradas por defensores de los inmigrantes como “crueles y violentas”, los agentes federales han realizado habitualmente detenciones sin orden judicial y sin realizar previamente la evaluación del riesgo de fuga requerida, según la ACLU.  

    “Parece que la juez [Maame Frimpong] nos dará la razón, aunque con algunas restricciones”, declaró a La Opinión, Armando Gudiño, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, una de las organizaciones demandantes en el caso Vásquez Perdomo en contra de Markwayne Mulin.  

    Hasta ahora, se desconoce cuándo se pronunciará el dictamen de la magistrada.  

    “Tenemos la esperanza de que vamos a ganar, porque bajo la Constitución no importa quienes están en la Casa Blanca”, expresó la abogada Jeannette Zanipatin, directora de políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Tiene que seguir la ley como está escrita, y nosotros, como un país, merecemos y esperamos que el gobierno respete la ley”.  

    Las redadas causan temor en la comunidad latina.
    Crédito: Impremedia

    “Arrestos ilegales sin orden de arresto”  

    En rueda de prensa, añadió que una revisión de 113 registros de detención reveló que casi el 80% carecía de una evaluación del riesgo de fuga o se basaba en un lenguaje mayoritariamente estandarizado, lo que sugiere la ausencia de la necesaria determinación individualizada.  

    Gudiño y un grupo de abogados de la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU), de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y representantes de la Unión de Campesinos (UFW) presentaron en el Palacio de Justicia de los Estados Unidos “Felicitas y Gonzalo Méndez” sus argumentos en la sobre los arrestos ilegales de personas sin orden de arresto.  

    “Han usado los arrestos ilegales sin orden de arresto para atacar a nuestra comunidad”, dijo Caleb Soto, abogado de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).  “Han arrestado a mucha gente por el trabajo que están haciendo, por la raza, por el lenguaje que están hablando en las calles. Y esa es la razón porque están deteniendo personas y poniéndolos en la prisión en Adelanto o en California City y están deportando a estas personas sin una gota de información. Lo que hacen es ilegal bajo la constitución y los argumentos nuestros probarán que el gobierno ha violado la constitución y los derechos de las personas aquí en los Ángeles”.  

    Datos de NDLON muestran que aproximadamente 500 jornaleros han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), principalmente en los establecimientos de tiendas Home Depot y centros de lavado de automóviles, en el transcurso de un año y medio. Dos de ellos murieron: Jaime Alanís, de 57 años, durante una redada en Camarillo, en julio de 2025, al caer de un techo, y Roberto Carlos Montoya Valdez, de 52 años, quien falleció atropellado en la autopista 210, en agosto de 2025, en la ciudad de Monrovia, cuando era perseguido por agentes enmascarados de inmigración.  

    Sobre la demanda 

    La acusación contra el gobierno de Trump se basa en que las operaciones migratorias en el sur de California no solo son ilegales, sino que están diseñadas deliberadamente para atacar a las comunidades latinas.  

    Residentes, trabajadores y grupos de defensa de los derechos civiles y humanos presentaron la demanda contra el DHS en julio de 2025, alegando prácticas inconstitucionales de detención y registro por parte de agentes vinculados a cuotas arbitrarias de cumplimiento de la ley.  

    El 18 de junio de 2025, Pedro Vásquez Perdomo, Carlos Alexander Osorto e Isaac Villegas Molina se encontraban sentados en una parada de autobús frente a un establecimiento de Winchell’s Donuts en Pasadena, en la esquina de Orange Grove Boulevard y Los Robles Avenue.  Allí llegaron cuatro vehículos que se detuvieron de forma sorpresiva, y seis agentes federales armados y encapuchados rodearon a los hombres, a quienes detuvieron sin identificarse, según la demanda inicial.  

    A la demanda contra el DHS se agregaron los casos de Jorge Hernández Viramontes —de Baldwin Park, quien fue interrogado y detenido en su lugar de trabajo en un centro de lavado de autos del condado de Orange— y Jason Brian Gavidia —residente del este de Los Ángeles que fue interceptado e interrogado en un depósito de grúas del condado de Los Ángeles—.  

    A principios de 2026, la demanda fue enmendada. Se le añadieron nuevas acusaciones de violaciones de la garantía de igualdad de protección y del uso de tácticas injustificadas por parte de los agentes del DHS.  

    Ante ello, los abogados del gobierno solicitaron al tribunal que desestimara el caso de inmediato, argumentando que las acusaciones contenidas en la versión actualizada de la demanda no bastaban para sustentar las reclamaciones legales de los demandantes.  

    “El ICE está señalando a personas por el color de su piel, el idioma que hablan o el trabajo que realizan; y eso, señoras y señores, es inconstitucional”, criticó Teresa Romero, presidenta del UFW. “La Constitución nos ampara a todos, y por eso luchamos para proteger a quienes llevan los alimentos a nuestras mesas, a quienes trabajan en hoteles, en lavaderos de autos y en el campo. Es fundamental protegerlos y alzar la voz por ellos si tienen miedo de hablar”.  

    ¿Qué exige la ley?  

    Antes de efectuar una detención civil por motivos migratorios sin orden judicial, los agentes federales deben establecer dos puntos: en primer lugar, contar con causa probable de que la persona se encuentra en el país de manera ilegal; en segundo lugar, determinar que existe una probabilidad de que la persona huya antes de que los agentes puedan obtener una orden judicial.  

    “No se trata de una u otra opción, sino de ambas condiciones a la vez: deben acreditarse ambos extremos”, enfatizó Chandra Bhatnagar, abogado de la ACLU. “Sin embargo, el gobierno ha tratado estas garantías como si apenas existieran”.  

    Bhatnagar especificó que, entre los 113 registros de detención que han examinado, descubrieron que los agentes han detenido a personas sin formular preguntas básicas sobre sus empleos, sus familias, sus hogares o sus vínculos con la comunidad”.  

    “Esto es ilegal. No se trata de un caso en el que el gobierno desconozca lo que exige la ley. La administración ha optado reiteradamente por ignorar dichos requisitos, adoptando políticas que los eluden y defendiendo versiones de sus propias operaciones que son contradichas por sus propios registros”, dijo.  

    Añadió que no se trata de una incapacidad del gobierno para cumplir la ley.  

    Una jueza de California puede limitar las detenciones de ICE
    Crédito: Impremedia

    “Es una decisión deliberada de infringir la ley a sabiendas. Es también una decisión de engañar al público y al tribunal sobre esa conducta. ¿Quién paga el precio de este abuso? Nuestras comunidades; personas en toda la región han sido arrancadas de sus lugares de trabajo y de sus hogares, y familias enteras han sido separadas de sus hijos y mantenidas bajo detención durante días, semanas e incluso meses”.  

    El DHS insistió en que los agentes federales se dedican a proteger a los ciudadanos estadounidenses por encima de cualquier otra consideración.  

    “Nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en alimentar una indignación efectista”, según un comunicado del DHS. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias de las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados?”.  

    El mes pasado, los abogados de los demandantes presentaron documentos ante un tribunal federal de Los Ángeles que, al parecer, incluían mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales donde se veía a agentes utilizando insultos racistas para identificar a las personas que pretendían detener.   

    Según un escrito judicial, las pruebas demostraban que los agentes del DHS se centraban en “personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora”. Los argumentos se presentarán en la corte, en septiembre próximo.  

    Quieren evitar separación de familias  

    La demanda y la lucha de los abogados tiene como objetivo impedir que el gobierno separe a las familias.  

    “Nadie debería tener que vivir preguntándose si ellos o un ser querido podrían ser desaparecidos por el gobierno”, subrayó el abogado.  

    Justamente eso cuestionaba Mayra Morales, esposa de Vidal Vásquez, un trabajador de lavado de automóviles que logró ser liberado por abogados. Vasquez fue arrestado el 13 de enero de 2026 en el Empire Car Wash de Los Ángeles.  

    Mayra Morales, la esposa de un trabajador de lavado de automóviles que logró ser liberado por abogados.
    Crédito: Impremedia

    “Mi esposo fue discriminado injustamente solo por su oficio; él nunca ha tenido ningún problema con la justicia; siempre se ha dedicado a trabajar y a aportar a nuestro hogar. Esperamos que se haga justicia para todos los que han sido víctimas de esas detenciones injustas de Donald Trump”. 

  • Más de 271,000 inmigrantes mexicanos han sido deportados durante el segundo mandato de Donald Trump

    Más de 271,000 inmigrantes mexicanos han sido deportados durante el segundo mandato de Donald Trump

    El endurecimiento de la política migratoria implementada por el presidente Donald Trump a partir del 20 de enero del año pasado, cuando asumió la presidencia estadounidense por segunda ocasión y bajo la promesa de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia, se traduce en más de 271,000 mexicanos enviados de regresó a su nación.

    Durante una conferencia celebrada en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló que, entre el 20 de enero y el 13 de agosto, 271,193 mexicanos que permanecían en territorio estadounidense sin documentos para respaldar su estancia fueron deportados.

    De dicha cantidad, 171 mil 508 reingresaron a México por vía terrestre a través de los distintos puntos de repatriación instalados en la frontera.

    Asimismo, los 99 mil 685 restantes arribaron por vía aérea en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos del país.

    El funcionario indicó que, como parte del apoyo brindado por la actual administración federal, a todos los mexicanos repatriados por el gobierno estadounidense se les brinda un trato digno y se les reconocen todos sus derechos. 

    “El gobierno de México, a través de sus distintas instancias realiza las gestiones necesarias para salvaguardar su integridad a través de un dato diligente, respetuoso y digno, reconociendo cómo mexicanos libres con todos sus derechos en cuanto están en su territorio”, indicó.

    Antes de ser enviados de regreso a México, los inmigrantes detenidos por ICE son puestos en áreas tipo jaulas.s. (Crédito: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. vía AP)

    Trascendió que 95% de los repatriados son originarios de ocho estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

    De manera más precisa, 23,915 personas son originarias de Chiapas; 21,069 de Guanajuato; 20,115 de Guerrero; 18,003 de Veracruz; 17,810 de Oaxaca; 17,113 de Michoacán; 16,031 de Puebla; y 15,338 del Estado de México.

    Todas estas personas al retornar a suelo mexicano reciben una tarjeta Bienestar Paisano con el equivalente a $118 dólares como apoyo para aminorar sus gastos de traslado a las comunidades donde radicaban antes de emigrar a territorio estadounidense.

    Además, quienes lo requieran también reciben un acta de nacimiento, y su Clave Única de Registro de Población (CURP).

    Mediante el programa denominado “México te abraza”, el cual fue implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes fueron expulsados de Estados Unidos se les han brindado más de 453,000 raciones de alimentos calientes y más de 79,700 sesiones de atención médica y psicológica.

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