El fallo judicial mantendrá la medida cautelar que protege a las congregaciones afectadas mientras se desarrolla el procedimiento judicial, informó la organización Democracy Foward.
La medida cuestiona la eliminación de normativas históricas que limitaban el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios sensibles, y que ororgaba la discreción a los funcionarios migratorios basada en su “sentido común”. La situación llevó a las iglesias a modificar sus cultos e influyó en la asistencia de las comunidades ante eventuales procedimientos de agentes armados, sumado a reportes sobre vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional en templos.
La demanda fue interpuesta por Democracy Forward en representación de colectivos como la Reunión Anual de Filadelfia de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva Inglaterra de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Baltimore de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Adelphi de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Richmond de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva York de la Sociedad Religiosa de los Amigos, el Templo Sikh de Sacramento y la Confraternidad Bautista Cooperativa.
Evaluación jurídica y medida cautelar
El tribunal de distrito determinó inicialmente que existen probabilidades de éxito en los reclamos interpuestos por las organizaciones demandantes. En consecuencia, fijó la orden preliminar que limita las incursiones de los agentes en los recintos indicados y sus alrededores para resguardar los derechos de las instituciones mientras concluye el litigio.
A través de un comunicado conjunto, la coalición de organizaciones expresó su postura ante el dictamen emitido por la corte de apelaciones.
“Esta decisión reafirma una promesa fundamental de la libertad religiosa: toda persona debe poder reunirse, practicar su culto, orar y servir a su comunidad sin temor a que las autoridades migratorias perturben ilegalmente los espacios sagrados”, señaló la coalición de organizaciones ante el dictamen de la Corte de apelaciones.
El gobierno de Trump como amenaza a feligreses migrantes
Señalaron además que los lugares de culto han acogido a las personas que buscan guía espiritual y servicio comunitario. Aseguraron que el gobierno de Trump amenazó esta tradición al obligar a las congregaciones a elegir entre cumplir su misión religiosa y proteger a los miembros de sus comunidades.
“Agradecemos que el tribunal haya preservado estas protecciones mientras el caso avanza, y seguiremos luchando para garantizar que la libertad religiosa siga siendo significativa para cada congregación y cada persona que entre por nuestras puertas”, sentenció la coalición.
NUEVA YORK – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó las guías para establecer la probabilidad de que un migrante que solicite la residencia permanente pueda convertirse en una carga pública, lo que limitará las posibilidades de que más extranjeros consigan su “green card”.
En un comunicado este martes, USCIS informó sobre la emisión de una guía actualizada en el Manual de Políticas.
El cambio va de la mano con la regla final anunciada el 16 de julio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deroga las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022 bajo la Administración Biden. Esa regla se publicó formalmente en el Registro Federal cuatro días después, el 20 de julio, y entrará en vigor el 18 de septiembre próximo.
USCIS define carga pública como la persona que depende económicamente del Gobierno a través de programas y otros servicios.
De acuerdo con el comunicado, “la guía actualizada se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.
La guía actualizada explica qué categorías de extranjeros están sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías ha eximido el Congreso.
Bajo las nuevas directrices, todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.
Cinco factores para determinar inadmisibilidad por motivos de carga pública
El comunicado distingue que, aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define el concepto de “carga pública” ni el de “probabilidad de convertirse en carga pública en algún momento”, el Congreso ha especificado que los funcionarios del USCIS deben considerar cinco factores establecidos por ley al determinar la inadmisibilidad bajo esa causal.
Estos cinco factores son: la edad del extranjero, su estado de salud, su situación familiar, sus activos, recursos y situación financiera, y su educación y habilidades.
Para determinar la inadmisibilidad por motivos de carga pública, los funcionarios del USCIS deberán evaluar los cinco factores mencionados, así como cualquier otro relevante para determinar si el extranjero podría convertirse en carga pública en algún momento.
Categorías sujetas a la norma de carga pública
Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos Cónyuges, hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales (LPR) Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, así como sus cónyuges e hijos Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses Amerasiáticos (según la categoría de preferencia) nacidos a partir del 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982 Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses Trabajadores prioritarios Profesionales con títulos de posgrado o extranjeros con aptitudes excepcionales Trabajadores cualificados, profesionales y otros trabajadores Inversores Trabajadores religiosos Ciertos empleados o exempleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero Empleados de la Zona del Canal de Panamá Graduados de facultades de medicina extranjeras Empleados jubilados de organizaciones internacionales Personal de las fuerzas armadas de EE. UU. Radiodifusores internacionales Diplomáticos o funcionarios de alto rango que no pueden regresar a su país (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)
Categorías exentas a la norma de carga pública
Asilados y refugiados Inmigrantes amerasiáticos en el momento de su admisión Intérpretes afganos e iraquíes, o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el gobierno de los EE. UU. o que trabajen en su nombre Personas admitidas de Cuba y Haití que solicitan el ajuste de estatus bajo la Sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 Solicitantes que buscan el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal Haitianos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Haitianos de 1998 Personas admitidas bajo el programa “parole” Lautenberg Menores inmigrantes especiales Solicitantes de registro de residencia legal Solicitantes del Estatus de Protección Temporal Ciertos embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros con estatus de no inmigrante, así como sus familias Víctimas de trata de personas (no inmigrantes T) Víctimas de actividades delictivas que cumplen con los requisitos (no inmigrantes U) Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) Ciertos extranjeros víctimas de maltrato que califican como “extranjeros cualificados” bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 Solicitantes de ajuste de estatus que reúnen los requisitos para obtener beneficios como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas Indígenas americanos nacidos en Canadá que no son ciudadanos de los EE. UU. Ciertos miembros de la Banda de Texas de Indígenas Kickapoo, perteneciente a la Tribu Kickapoo de Oklahoma Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que presentan solicitudes bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2001 Personas admitidas bajo el programa parole para polacos y húngaros Ciertos ciudadanos sirios Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Liberianos
El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un tribunal federal de apelaciones que restablezca los cargos penales en contra de Kilmar Abrego García, un hombre proveniente de El Salvador deportado injustamente por el gobierno republicano del presidente Donald Trump en 2025, revocando una orden de un tribunal inferior que consideró que los mencionados cargos tienen un carácter vengativo.
En el mes de mayo, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación penal contra Abrego García, quien había sido acusado por fiscales federales de traficar inmigrantes de forma ilícita a EE.UU. El magistrado determinó que el DOJ procesó a Abrego García en represalia por sus esfuerzos para impugnar su injusta deportación a El Salvador el año en que llegó Trump a la Casa Blanca.
En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, el DOJ rechazó que la acusación fuese vengativa, alegando que tenía “múltiples fundamentos legítimos para procesar” a Abrego García.
“La decisión de solicitar una acusación formal contra Abrego García por tráfico de personas fue tomada por fiscales de carrera basándose en las pruebas, la ley y su firme convicción de que existen pruebas más allá de toda duda razonable de que Abrego García cometió los delitos imputados”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.
Asimismo, el DOJ alegó que la orden judicial de mayo “marca una expansión drástica del poder de los tribunales para desestimar cargos penales graves basándose en evaluaciones subjetivas de las motivaciones del fiscal”.
En comunicado, la defensa de Abrego García tildó el comunicado de prensa del DOJ de “completamente erróneo”, asegurando que “la acusación y el procesamiento de Abrego García fueron, de hecho, vengativos; las pruebas presentadas ante el tribunal de distrito lo demostraron; y la evidencia fue clara a pesar de la negativa del Departamento de Justicia a llamar a declarar bajo juramento a los verdaderos responsables de la toma de decisiones, incluido el fiscal general [Todd] Blanche”.
“Este caso se inició con ánimo de venganza y siguiendo instrucciones de la Casa Blanca después de que nuestro cliente ganara con éxito su caso ante la Corte Suprema”, agregaron los abogados.
Abrego García fue acusado el año pasado de dos cargos de tráfico de personas, derivados de una parada de tránsito en noviembre de 2022 en Tennessee, donde la Patrulla de Carreteras del estado lo detuvo y descubrió que había varias personas en su automóvil. Se declaró inocente.
Asimismo, el salvadoreño estuvo implicado en un caso judicial aparte en Maryland vinculado con los esfuerzos de Trump para deportarlo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró que busca deportarlo a Liberia, un país africano, pero un juez federal ha bloqueado esa medida por ahora.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puso en marcha una estrategia para recuperar multas de inmigración: pagar hasta $36 millones a cuatro empresas privadas encargadas de localizar a personas que ya fueron deportadas de Estados Unidos.
De acuerdo con documentos de contratación revisados por Project Salt Box, la CBP adjudicó cuatro contratos, con un límite de $9 millones cada uno, a Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group.
Empresas deberán localizar domicilios
Los contratistas tendrán que desplazarse a domicilios en México, Honduras y Guatemala para confirmar que una persona deportada vive allí y entregar una notificación relacionada con la deuda. Los documentos señalan que deberán obtener una fotografía como comprobante de la entrega.
Uno de los obstáculos reconocidos por la agencia es el pago. La CBP indicó que no había encontrado un mecanismo para que personas sin una cuenta bancaria en Estados Unidos pudieran liquidar las multas, por lo que dejó esa tarea a las compañías.
Contratistas ya trabajan con inmigración
La elección de las empresas también llama la atención por su historial. Global Recovery Group y Response AI Solutions ya han realizado trabajos de localización para operaciones de deportación deICE. Global Recovery Group tiene contratos de localización con un presupuesto aproximado de $8.5 millones, mientras Response AI Solutions tuvo un acuerdo anterior por $127,920.
Baptiste Group y otras firmas seleccionadas también han participado en controles de bienestar de menores inmigrantes no acompañados. En el caso de Baptiste, registros federales muestran un contrato de ICE vigente para estas verificaciones, con un límite de $291.7 millones hasta junio de 2027.
El historial de Baptiste incluye un episodio controvertido en Tennessee: el estado suspendió en 2021 la licencia de un albergue relacionado con la empresa tras reportes de abuso infantil y la fuga de un adolescente. Dos empleados fueron posteriormente acusados de agresión sexual. La compañía sostuvo que había sido discriminada por ser propiedad de una minoría y atender a menores centroamericanos; después retiró sus recursos legales y llegó a un acuerdo con el estado.
Por ahora, la CBP no ha explicado cuánto espera recuperar con este esquema ni cómo evaluó las propuestas ganadoras. Tampoco respondió a las solicitudes de comentarios del medio citado antes de la publicación.
Una orden emitida este martes por un tribunal federal de Maryland impide que los agentes de ICE realicen operativos de control migratorio dentro de los lugares de culto de las organizaciones que demandaron a la administración Trump.
La decisión, informó Democracy Forward, reafirma una promesa fundamental de la libertad religiosa: toda persona debe poder reunirse, practicar su culto, orar y servir a su comunidad sin temor a que las autoridades migratorias perturben ilegalmente los espacios sagrados.
“Atacar a personas en lugares de culto viola la libertad religiosa y perjudica a las comunidades”, afirmó Bradley Girard, abogado de la organización antes citada, a través de una declaración.
Ante el incremento de los operativos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en diversas ciudades y estados del país, incluido Nueva York, organizaciones de derechos civiles y activistas comunitarios han comenzado a movilizarse para instruir a la ciudadanía sobre cómo proteger y defender a las comunidades de los abusos.
En los últimos meses, este diario ha documentado el aumento de operativos de agentes migratorios en Brooklyn, Queens y El Bronx, aunque las técnicas han cambiado. Frente a una nueva movilidad de operativos migratorios, denominada “oleadaen las sombras” (“Shadow Surge”). La solución propuesta por defensores comunitarios se encuentra en el programa “ICE WATCH”, una práctica ciudadana orientada a observar, documentar y apoyar a la comunidad sin confrontar directamente a los agentes federales.
A diferencia de las redadas masivas y visibles de meses anteriores, la agencia ha comenzado a emplear tácticas bajo perfil para evitar el escrutinio público tras las denuncias de violencia — resultado de sus redadas — en todo el país. El cambio de estrategia responde al aumento de la presión política y del despliegue territorial prometido por la administración federal en regiones clave.
De acuerdo con Jill Garvey, directora ejecutiva de State at the Core, las operaciones actuales forman parte de un esfuerzo autoritario que “busca concentrar el poder y las ganancias”. Garvey explicó durante un entrenamiento de capacitación que el miedo es “el hilo conductor” que mueve todo: desde la influencia narrativa y los llamados a la acción, hasta la justificación de la vigilancia, la toma del poder, la violación de derechos y el despliegue de fuerzas de seguridad federales.
Este incremento de la actividad migratoria se ha registrado de manera constante en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, así como en Los Ángeles, Chicago y Memphis. La intensificación de la presencia federal coincide además con recientes medidas estatales como la de la gobernadora Kathy Hochul, quien firmó en ley la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes. Esto provocó que portavoces del gobierno federal, como Tom Homan, el zar de la frontera de la administración de Trump, prometieran: “mandarmás agentes de ICE de losque jamáshayas visto” a la ciudad de Nueva York.
Como parte de ese esfuerzo, la agencia se apoya tanto en detecciones tempranas de individuos como en los acuerdos 287(g), los cuales facultan a las policías locales para actuar en funciones de control migratorio.
Frente a esto, para ayudar de manera concreta y efectiva a la comunidad en medio de este panorama, la organización State at the Core surgió con pasos específicos centrados en la observación cautelosa conocida como “ICE WATCH”.
¿Qué significa “ICE WATCH” en la práctica?
Como explican los organizadores, “ICE WATCH” se enfoca en tres principales: observar, documentar y apoyar sin confrontaciones.
Al momento de detectar la actividad de ICE, los expertos sugieren:
1. Mantener al menos diez piesde distancia; es importante tener en mente que algunos estados exigen una distancia de al menos veinticinco pies para grabar legalmente.
2. Documentar con el celular es completamente legal, siempre desde una vía pública y sin interferir físicamente con los agentes, incluso si lo que ves resulta perturbador.
3. Para asegurar su seguridad, las manos de quienes documentan deben estar visibles y vacías y expresar se en un tono de voz calmado.
4. Si un agente pide que se aleje, basta con retroceder unos pasos mientras se afirma en voz alta que se está cooperando y ejerciendo el derecho legal a observar.
5. Al momento de registrar el operativo, resulta esencial prestar atención a cinco elementos clave: el número de agentes presentes, las acciones específicas que realizan, la ubicación exacta del hecho, el vestimento o la insignia que portan y las características de los vehículos utilizados.
Esta información, compartida de inmediato con las redes de apoyo locales, puede marcar la diferencia entre una familia que recibe apoyo a tiempo y una que desaparece sin que nadie se entere.
El apoyo entre observadores
Asimismo, la recomendación principal para quienes desean participar es no actuar de manera aislada. States at the Core aconseja formar grupos de tres o más, donde cada integrante asuma un rol definido: uno encargado de grabar y tomar notas, otro enfocado en dialogar o colaborar con los testigos en el lugar, y un tercero dedicado a monitorear la seguridad del entorno. No se necesita experiencia previa ni una gran organización detrás; se necesita, sobre todo, comunicación constante entre quienes participan.
Antes de salir a la calle, algunas precauciones simples marcan la diferencia. Esto incluye, pero no se limita a, avisar a alguien de confianza de dónde estás, llevar el teléfono cargado con suficiente espacio para grabar y desactivar el desbloqueo por huella o reconocimiento facial del dispositivo, dejando solo el código de acceso.
“[A los observadores] se les permite documentar a cualquier agencia del orden público porque todos son funcionarios públicos que desempeñan sus funciones públicas”, señaló. Agregó que no importa si solo sospechas la presencia de ICE u otra agencia federal, “se les permite grabar y hacer valer sus derechos — establecer sus derechos — para documentar lo que está sucediendo”, afirmó Garvey.
Pero la vigilancia no termina en la calle. Como enfatizó Zachary Mueller, estratega principal de la organización, la defensa más sólida contra las detenciones arbitrarias es la comunicación constante entre sus propios vecindarios.
“[Es esencial mantener la comunicación], no sólo para compartir historias entre nosotros, sino para realizar un trabajo de narrativa estratégica que arroje luz sobre la oscuridad y asegure que nuestros vecinos, amigos y familias vean lo que está sucediendo”, explicó.
De este modo, agrega Mueller, se puede fortalecer una red para protegerse a sí misma y a sus vecinos de ICE.
Para obtener más detalles sobre los talleres de capacitación o sumarse a una red de observación local, las personas interesadas pueden visitar el sitio web oficial de State at the Core.
Decenas de personas se reunieron el sábado para realizar una vigilia en memoria de Carlos Roberto Montoya Valdez, el jornalero que murió el año pasado mientras huía de agentes de inmigración durante una redada en Monrovia.
Según la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), que organizó la vigilia frente a la misma tienda Home Depot a la que solía acudir Montoya, el evento fue un recuerdo de lo sucedido y una exigencia pública de justicia.
“Quieren que nos volvamos insensibles ante el sufrimiento de nuestra gente”, dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON. “No podemos quedarnos callados; no podemos dejar que el miedo nos domine hasta el punto de que nos callemos. Eso es lo que quieren; demandamos justicia para Carlos”.
Montoya, de 52 años y padre de cuatro hijos, salió corriendo cuando agentes de ICE se presentaron en el estacionamiento del Home Depot en Monrovia el 14 de agosto de 2025. De acuerdo con testimonios, al ver a los hombres enmascarados y armados, el señor corrió hacia la avenida Evergreen y huyó hacia los carriles en dirección a la autopista 210 a la altura de la avenida Mountain, donde fue atropellado de forma trágica.
Un año después, la familia aún espera los resultados de la investigación de la Patrulla de Caminos de California sobre la muerte del jornalero. Este sábado, su sobrina Mariela Méndez estuvo presente, mientras que la hija de Montoya, Ana, se comunicaba con el público por teléfono y les transmitía un emotivo mensaje desde Guatemala. Gracias al apoyo de la comunidad, sus restos pudieron regresar a su pueblo, donde la familia pudo darles la despedida.
“En nombre de mi familia quiero agradecerles por estar presentes y ser la voz en esta lucha, ya que nosotros, estando en este país, no podemos”, dijo Ana. “Les agradecemos infinitamente el apoyo, ya que ustedes son quienes han ayudado a que nuestra tristeza sea más liviana. Porque han ayudado a que la memoria de mi padre no quede en vano ni se olvide.”
“¡Carlos Montoya!”, gritaba una de las organizadoras. “¡Presente!”, respondía el público en apoyo de la familia del jornalero. El llanto de su hija se podía oír a través de las bocinas.
La comunidad de Monrovia salió el sábado 15 de agosto a la tienda de Home Depot a honrar la vida de Carlos Roberto Montoya Valdez.Crédito: Janette VillafanaMariela Méndez, sobrina de Carlos Roberto Montoya, habla al público que asistió a la vigilia en memoria del jornalero afuera de la Home Depot de Monrovia. Crédito: Janette Villafana
“¡Digan su nombre!”
Durante la vigilia, se colocaron en el estacionamiento de la tienda cruces con los nombres y las fotos de las 78 personas que han muerto bajo custodia de ICE o durante operaciones de control migratorio. También había ataúdes de cartón que los organizadores cargaban durante una de las procesiones. Una de ellas tenía la foto de Montoya y un casco amarillo de construcción fue puesto encima del ataúd.
A un lado del escenario móvil de Los Jornaleros del Norte, un grupo musical que toca canciones de resistencia, estaba una obra de un artista salvadoreño llamado Renato, la cual muestra, como ilustración, a Montoya corriendo de dos agentes de ICE.
Laura Alfaro, quien forma parte del equipo de NDLON, era la encargada de pintar la ilustración; al hablar con La Opinión, se aseguró de mencionar la importancia de no olvidar a personas como Montoya.
“Estamos aquí no solo para honrar su nombre, sino también el de todas las personas que han perdido la vida a causa de la violencia que ICE está perpetrando en nuestras comunidades”, dijo Alfaro. “Hay familias y hay historias detrás de cada una de esas personas. No son solo nombres ni solo cifras”.
Por el momento, un pequeño altar con una cruz blanca en honor al jornalero de Monrovia ocupa un rincón del estacionamiento del Home Depot, pero los defensores buscan un monumento permanente a su memoria.
Uno de ellos dijo que la tienda ha intentado retirar los altares erigidos en memoria del jornalero, pero los organizadores siguen regresando para renovarlos.
“A ver quién se cansa primero, pero nosotros seguiremos cargando con la memoria del compañero Carlos y no dejaremos que esta corporación siga siendo cómplice de estas redadas”, advirtió Alvarado, el codirector ejecutivo de NDLON.
Illustracion creada por un artista salvadoreño llamado Renato, que muestra, a Montoya corriendo de dos agentes de ICE. Crédito: Janette VillafanaMiembros de la comunidad observan las cruces de todas las personas que han muerto a causa de ICE. Crédito: Janette VillafanaLos participantes colocan sus cruces en las puertas de la Home Depot en Monrovia. Crédito: Janette Villafana
Al terminar las pláticas, la comunidad empezó su marcha hacia la tienda; al llegar, se dieron cuenta de que ya habían cerrado las puertas. Había trabajadores que observaban desde el interior, sosteniendo las puertas mientras los manifestantes apoyaban las cruces contra las puertas de vidrio. El reverendo Francisco García colocó la cruz en honor de Montoya.
“¡Digan su nombre!”, exclamaba el público antes de retirarse. “¡Díganos qué pasó ese día!”.
De acuerdo con Alvarado, la tienda de Home Depot no solo cerró sus puertas aquel día de la redada, lo que forzó a muchas personas a correr a otras partes, sino que tampoco quiso mostrar sus cámaras de seguridad que apuntaban hacia donde estaba Montoya, algo que los organizadores dicen que ayudaría mucho a saber realmente qué pasó ese día, ya que hay rumores de que Montoya ya estaba esposado cuando corrió.
El único momento en que la tienda abrió sus puertas este sábado fue para dejar entrar a un policía, quien le dijo al público que se manifestaba pacíficamente que se retirara porque estaban interrumpiendo el negocio del establecimiento.
“Nosotros estamos aquí sin máscaras cubriendo nuestras caras, sin armas, solo fotos y nuestras voces, y aun así cierran las puertas, llaman a la policía; no estamos haciendo nada malo”, aseguró Alvarado, quien dio unas palabras antes de retirarse.
Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de NDLON habla con la comunidad.Crédito: Janette VillafanaDurante la vigilia uno de los organizadores les pidio al grupo que posaran como Montoya lo hiso en una foto que se tomo afuera de la Home Depot en donde cruzaba sus brazos. Crédito: Janette Villafana
El duelo de una familia
Al terminar la procesión, la última persona en hablar fue Méndez, la sobrina de Montoya, quien fue la única que estuvo presente con la comunidad días después de la muerte de su tío.
“El dolor de la pérdida de mi tío para mi familia ha sido muy grande. Ha pasado un año, pero para mi familia es como si fuera ayer. Todavía me acuerdo de cuando recibí la llamada sobre lo que pasó y, en cada momento, todo eso me recorre por la mente”, compartió Méndez. “Yo sé que para mi familia esto será una herida que no va a sanar fácilmente. Y más que sabemos que su vida terminó de manera injusta”.
“Ninguna familia debería pasar por lo que estamos pasando, porque nosotros, los inmigrantes, somos seres humanos; venimos a luchar por nuestras familias; somos padres, hijos, hermanos y tíos, y tenemos personas que dependen de nosotros”, agregó.
Ella dijo que aún no entiende cómo inmigración está tratando a su comunidad. Dijo que ella llegó a los Estados Unidos hace más de 20 años y que lo único que ha hecho es trabajar para su familia, algo que su tío también hacía.
“Yo soy inmigrante y trabajo como enfermera para personas mayores. Durante la pandemia, yo era considerada esencial. Trabajaba entre 20 y 48 horas y sacrificaba tiempo con mi propia familia para asegurarme de que sus seres queridos estuvieran bien”, recordó Méndez. “No soy una criminal y mi tío no lo era tampoco. Somos trabajadores y no merecemos este tratamiento tan injusto”.
Participantes que atendieron la vigilia sostenian pancartas con la ilustracion de Carlos Montoya.Crédito: Janette VillafanaLos Jornaleros del Norte tocan unas cumbias al terminar el evento. Crédito: Janette Villafana
El amor lo vence todo
Durante la vigilia, muchos de los presentes cruzaban la calle que Montoya había cruzado antes de su muerte el año pasado hasta llegar al lugar donde podían colocar sus flores y fotos de él. Unos decían algunas palabras entre sí, mientras otros se quedaban en silencio viendo el resto de las cruces que acompañaban a Montoya. Carros que pasaban por la calle pitaban en apoyo de los manifestantes.
Y aunque en la vigilia se sentía el dolor colectivo de la comunidad tras la muerte de su vecino y de muchos otros, el día no terminó en lágrimas; al contrario, terminó con sonrisas, cumbia y baile. El amor que cada uno aportaba a su comunidad se sentía.
“El amor es más grande que toda la retórica de este gobierno; hoy, el amor nos mueve, el amor es lo que nos va a mantener en marcha, y no nos detendremos hasta que cada persona que haya sufrido una injusticia obtenga justicia”, dijo Alvarado.
Defensores de los derechos de los inmigrantes se manifestaron a favor de apoyar un proyecto de ley de California que propone imponer un impuesto a los centros de detención con fines de lucro del 50% sobre sus ingresos generados.
En un mitin frente al Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los activistas exigieron una mayor rendición de cuentas por parte de las instalaciones en las que permanecen bajo custodia los inmigrantes detenidos por agentes federales.
El asambleísta Matt Haney, impulsor del Proyecto de Ley AB 1633, declaró que la iniciativa está dirigida a las instalaciones que continúan operando como centros de detención con fines de lucro.
“Si esta gente va a seguir operando y obteniendo beneficios a costa de nuestras familias y comunidades, y del sufrimiento humano y la separación familiar, van a pagar un precio“, expresó el asambleísta Haney.
El legislador consideró que los centros de detención se lucran gracias al arresto de personas por parte de las agencias federales de inmigración, y puso como referencia el crecimiento de la población en la instalación de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino.
“En 2023, solo hubo siete personas detenidas. Actualmente hay más de 1,500 y no aumentaron el personal de forma suficiente para atender a la población”, expresó Haney.
La inquietud a la que hizo referencia el asambleísta Matt Haney fue compartida por los defensores de los derechos de los inmigrantes presentes en la protesta frente al centro de detención de Adelanto.
“Las personas no son mercancías y su sufrimiento no debería ser una fuente de lucro“, declaró Javier Hernández, de la Coalición Interior por la Justicia para los Inmigrantes.
La asambleísta Celeste Rodríguez afirmó que hacen falta cambios más radicales en relación con las instalaciones federales en las que permanecen las personas detenidas durante los operativos de los agentes de inmigración.
“Este lugar no debería existir“, expresó Rodríguez, en referencia al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.
Celeste Rodríguez dijo que los defensores de los derechos humanos buscan reformas para incrementar la protección de las personas que permanecen en los centros de detención.
“Exigimos rendición de cuentas, condiciones humanas y dignidad para todas las personas bajo custodia”, afirmó Hernández.
El Proyecto de Ley AB 1633 ya fue aprobado por la Asamblea Estatal de California, y actualmente es revisado por el Senado.
De ser aprobada por los senadores, la propuesta legislativa será enviada al gobernador de California, Gavin Newsom, para que sea aprobada y firmada para convertirse en ley.
Alex Pereira-Alves, originario de Brasil, estaba por ser deportado por la agencia federal de inmigración a un país en el que nunca había estado anteriormente: Guyana.
Pereira-Alves, residente de West Hollywood, permanece bajo custodia de las autoridades federales en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, mientras un juez suspendió su extradición al país sudamericano, lo que ayuda a su abogado a tener más tiempo para impugnar su salida del país.
El gobierno del presidente Donald Trump tiene acuerdos para enviar a algunos deportados a países de los que no son originarios, como el riesgo de que Pereira-Alves termine en Guyana.
Aquella nación sudamericana tiene antecedentes de ejercer una severa discriminación contra miembros de la comunidad LGBTQ+ tras no reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que pondría en riesgo a Pereira-Alves, quien es gay.
La detención del sudamericano ocurrió durante un control de inmigración al que había sido convocado por la agencia federal.
“El lunes recibió una llamada de un agente de ICE que le dijo: ‘Tienes que presentarte el martes en el centro’. Fue algo inesperado y repentino“, declaró Jeff Markwadt, amigo de Pereira-Alves, en una entrevista con la cadena ABC.
Alex reside desde hace años en West Hollywood, donde trabaja como guardia de seguridad, además de ofrecer sus servicios como entrenador personal.
Un recurso de habeas corpus sería fundamental en el caso de Alex, debido a que solicita a un juez que determine si el gobierno lo está deteniendo de forma ilegal.
El tribunal tiene hasta la próxima semana para emitir una respuesta y determinar si la detención, por parte de los agentes federales, violó los derechos de Alex Pereira-Alves.
“Como no le permitieron realizar una entrevista para determinar si existía un temor fundado respecto a Guyana, el país al que supuestamente lo iban a enviar y donde se encontraba bajo supervisión, se le privó de su derecho al debido proceso“, expresó la abogada de Pereira-Alves, Jane Oak.
“Ese es el fundamento de nuestro recurso de habeas corpus, lo que significa que no tienen derecho a retenerlo sin el debido proceso“, añadió.
La abogada mencionó que el hombre originario de Brasil no puede ser trasladado del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto a ningún país en ningún momento mientras no concluyan las alegaciones de forma completa.
Jane Oak dijo que un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión en 2018. Sin embargo, le concedió protección para no ser enviado de vuelta a Brasil, donde también temía ser víctima de violencia y tener en riesgo su vida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que existe una orden de expulsión definitiva en contra de Alex Pereira-Alves.
“El 5 de julio de 2010, Pereira-Alves ingresó legalmente al país con autorización para permanecer seis meses. Permaneció ilegalmente más tiempo del permitido, en violación de las leyes de nuestra nación”, dijo la agencia federal.
“Literalmente me dijo: ‘Me van a matar’, porque, tal vez, se había enterado de cómo era Guyana y cuál era el plan para él. Nunca lo había oído en ese estado, y entonces le dije: ‘Alex, estamos trabajando en un recurso de habeas corpus’, y entonces rompió a llorar del susto”, expresó Markwardt.
La instrucción del juez no significa que Pereira-Alves ganó su caso. La orden de expulsión se mantiene vigente, y la situación actual es determinar si se violaron sus derechos durante su detención por ICE y, en caso de ser deportado, saber a dónde podría ser enviado.
Jane Oak dijo que, lo mejor para Alex, es no ser enviado del centro de detención a un país en el que su vida pueda estar en riesgo.
“Prefiere ser liberado de la detención y posteriormente marcharse por su propia cuenta con todo lo que necesita“, agregó la abogada.
Entre las preocupaciones que tienen en estos momentos los familiares y amigos de Pereira-Alves está su falta de acceso a sus medicamentos diarios, así como las condiciones que se tienen en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, por lo que se ha denunciado.
Un juez ordenó el mes pasado que se mejoren las condiciones en la instalación de Adelanto, con un mejor suministro de agua potable y la atención médica para los detenidos, tras una demanda interpuesta por la muerte de dos detenidos el año pasado.
Contó que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. ICE señaló que el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a ese beneficio para los venezolanos el 20 de noviembre de 2025.
La futbolista relató a CNN que su detención ocurrió cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Explicó que había completado con normalidad el proceso de la Administración de Seguridad en el Transporte y esperaba viajar sola para reunirse con amigos y asistir a un partido del Mundial.
Apenas seis minutos antes de abordar, dos agentes se acercaron a ella. Rodríguez dijo que nunca imaginó que la presencia de los funcionarios estuviera relacionada con su situación migratoria.
Los agentes le solicitaron una identificación. Ella presentó su licencia de conducir de Florida, pero no se la devolvieron. “Me dijeron que estaba detenida por ICE, así que iban a hacer unas preguntas y que más tarde hubiera regresado a casa”, recordó.
“Mi país es este”
La venezolana explicó que inicialmente no recibió información clara sobre las razones de su detención. Pasó la primera noche bajo custodia y escuchó a otras personas detenidas hablar sobre el tiempo que llevaban en las instalaciones, algo que incrementó su angustia.
Cuando finalmente le plantearon si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela, Rodríguez aseguró que no dudó en su respuesta. “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó.
La futbolista dijo que la reacción de los funcionarios fue distante y que, según su percepción, no mostraban ninguna emoción. Su familia comenzó entonces a reunir documentos y buscar representación legal y, como fue detenida un viernes por la noche, sus abogados no pudieron comenzar inmediatamente a trabajar en el caso.
Ocho días en Miramar
Claudia Carolina Rodríguez Caglianone permaneció ocho días en el centro de detención de Miramar antes de ser trasladada a otra instalación en Pompano. De acuerdo con su testimonio, ese traslado fue determinante para que pudiera avanzar con su defensa, ya que en Miramar sus abogados no tenían acceso directo a ella.
Explicó que durante su permanencia en Miramar las comunicaciones con sus abogados estaban limitadas y que las llamadas podían durar apenas unos minutos. En Pompano, en cambio, pudo realizar videollamadas y comunicarse con mayor frecuencia tanto con sus abogados como con su familia.
La venezolana indicó que actualmente tiene una solicitud de asilo pendiente y espera recibir próximamente una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración y continuar con su proceso.
Su caso también recibió el respaldo de la congresista demócrata ,Debbie Wasserman Schultz a quien agradeció por haberse involucrado y por apoyar a su familia durante el proceso.
“No somos animales”
Uno de los aspectos que Rodríguez mencionó que más la impactó fueron las condiciones que encontró en Miramar y aseguró que durante los ocho días que permaneció allí prácticamente no tuvo acceso a una ducha.
“En ocho días, no. Me pude bañar casi un día antes de irme”, relató.
La futbolista afirmó que las duchas que pudo utilizar eran rápidas y que las condiciones generales de higiene eran deficientes. También señaló que las mujeres recibían artículos básicos como toallas sanitarias y papel higiénico, pero consideró que el entorno general de las instalaciones hacía difícil mantener condiciones adecuadas.
Otro de los problemas que describió fue la falta de camas y cobijas suficientes, y relató que algunas mujeres tenían que acomodarse en el piso para intentar dormir, mientras el espacio permanecía muy frío.
Rodríguez expresó que ella prácticamente no dormía durante la noche y que aprovechaba algunos momentos durante el día para descansar una o dos horas.
La futbolista describió el impacto psicológico de la detención como uno de los aspectos más difíciles de enfrentar y aseguró que sintió que las detenidas eran sometidas a una presión destinada a hacerlas sentir como criminales.
Cuestionó el trato recibido por mujeres de avanzada edad que, según observó, tenían problemas de salud. “Ahí es cuando yo dije: ‘Aquí hay una falta de humanidad bastante fuerte’”, afirmó.
Rodríguez también manifestó que le sorprendió experimentar esas condiciones en Estados Unidos, país al que muchas de las personas detenidas llegaron buscando mejores oportunidades y un lugar donde desarrollar sus vidas.
