Un juez federal de Estados Unidos permitió el martes revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos etíopes al desestimar una petición de la organización African Communities Together para paralizar la terminación de este programa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del TPS para Etiopía en diciembre del año pasado, una medida que tenía previsto entrar en vigor el 13 de febrero de 2026.
Sin embargo, en enero, el juez Brian Murphy, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, suspendió la decisión del DHS tras la impugnación de African Communities Together, lo que hasta ahora ha evitado que esta medida se aplique.
La organización alega que Etiopía sigue sumida en la crisis humanitaria que llevó a miles de sus ciudadanos a emigrar, debido a un conflicto armado que estalló a finales del 2020 y que se ha extendido a distintas regiones del país.
Murphy levantó la suspensión que él mismo emitió en enero, despejando así el camino para que miles de etíopes puedan ser deportados, y rechazó los argumentos de sus representantes legales, que alegan que el DHS actuó ilegalmente para poner fin a las protecciones, según CNN.
La defensa asegura que el fin del TPS va en contra de los derechos al debido proceso establecidos en la Constitución de EE.UU. y que la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar este programa, pues este papel recaía en realidad en el fiscal general.
El TPS, que tiene una duración de 18 meses, es un beneficio migratorio que EE.UU. concede a las personas de países que atraviesan situaciones extremas como guerras o las consecuencias de desastres naturales, y permite a sus beneficiarios vivir, viajar y trabajar en el país sin riesgo de ser deportados.
En octubre de 2022, la Administración del expresidente Joe Biden extendió el TPS a los ciudadanos de Etiopía en respuesta al conflicto armado que atravesaba el país.
El pasado junio la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde para que la Administración del presidente Donald Trump pusiera fin al TPS para los haitianos, y tras esa decisión también se han visto afectados otros bajo ese programa, como los de Siria, Somalia, Sudán del Sur o Birmania.
Las encuestas demuestran que la mayoría de la población estadounidense desaprueba la forma en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) está realizando su trabajo, e incluso está indignada por la ola de arrestos de inmigración llevados a cabo en el todo el país y los múltiples asesinatos cometidos por los agentes federales de inmigración.
En muchos sitios, la ciudadanía se opone a que sus funcionarios locales y estatales cooperen con las autoridades migratorias. Y muchos líderes policiales locales argumentan que, cuando la policía coopera en operaciones federales de control migratorio, se menoscaba la seguridad pública, porque se les quita recursos que deberían estar destinados a las prioridades locales y se erosiona la confianza de las comunidades en las autoridades policiales.
La administración Trump ha afirmado una y otra vez que los estados y las localidades tienen la obligación legal de cooperar con los esfuerzos federales de control migratorio. También ha advertido que las leyes locales y estatales que limitan la cooperación con ICE serán aplacadas con rigor.
Pero, en general, los estados y las localidades tienen la facultad de decidir si desean o no que sus funcionarios cooperen en el control migratorio federal y cómo hacerlo. En este informe, se explican las cuestiones legales en torno a estas decisiones.
¿Las leyes federales obligan a los estados y las localidades a cooperar con ICE?
No hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE. En realidad, son las leyes estatales las que suelen regir sobre la magnitud de su cooperación.
Pero, cuando las leyes federales no indican nada en concreto, son los funcionarios locales y estatales quienes tienen la libertad de gestionar sus propias operaciones policíacas para satisfacer las necesidades de sus comunidades. Ello significa que pueden decidir si desean recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas, cuánta información desean compartir con ICE, si es que quieren hacerlo, y si van a cumplir con los pedidos de ICE de mantener a las personas detenidas hasta que los agentes federales puedan trasladarlas a un centro de detención federal.
Toda jurisdicción que desee colaborar puede firmar un acuerdo mediante el cual autoriza a sus funcionarios y oficiales a llevar a cabo todo tipo de actividades de control migratorio.
¿Puede el gobierno federal obligar a los estados y las localidades a implementar políticas de cooperación en materia de inmigración?
No. En nuestro sistema federal, los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen sus propias fuentes independientes de autoridad y facultades para formular y hacer cumplir las leyes dentro de sus esferas de aplicación.
La Cláusula de Supremacía de la Constitución estipula que, si existe una ley federal válida, esta predomina sobre cualquier ley estatal que la contradiga. Pero las facultades del gobierno federal son limitadas: la Décima Enmienda confirma que son los estados (y el pueblo) quienes retienen todas las facultades que la Constitución no le concede explícitamente al gobierno federal. Esta retención de facultades se ha interpretado como una prohibición que le impide al gobierno federal “apoderarse” de la formulación de políticas estatales.
Dicho de otro modo, el gobierno federal “no puede decirles a los estados qué políticas implementar con respecto a un tema en particular”, explica Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown. “Tampoco puede obligar a las autoridades policiales locales o estatales a hacer cumplir una ley federal”.
Esto significa que, al igual que para todos, los gobiernos locales y estatales no pueden violar las leyes federales y que existen ciertas leyes federales generales que pueden aplicarse a nivel estatal y local en el contexto migratorio. Por ejemplo, las leyes federales prohíben obstruir el desarrollo de los procedimientos federales.
Hace poco, una jueza en Wisconsin fue condenada por obstrucción después de que le indicó a una persona buscada por ICE que saliera del tribunal por una salida de acceso restringido. Pero no hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE u otros agentes federales. Si la hubiera, es casi seguro que violaría la Décima Enmienda.
Hay una ley federal específicamente vinculada a las cuestiones migratorias que busca regir la formulación de las políticas locales y estatales: la Sección 1373 del Título 8 del Código de los Estados Unidos prohíbe a los estados y las localidades a promulgar leyes que les impidan a sus funcionarios compartir el estatus migratorio de una persona con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), del que depende ICE.
Pero el alcance de la Sección 1373 es muy limitado; la restricción sobre la promulgación de leyes que impidan el intercambio de un solo tipo de información no obliga a los estados o localidades a compartir información con las autoridades migratorias ni a cooperar con ellas de otras formas.
¿Cómo los tribunales se han pronunciado en las disputas sobre la cooperación local con las autoridades migratorias federales?
La Décima Enmienda, que desde siempre la han utilizado los conservadores para respaldar sus argumentos a favor de limitar el poder del gobierno federal, ha sido usada por la Corte Suprema de EE. UU. como base para revocar las leyes federales en materia del medioambiente y del control de armas de fuego. Pero la Corte Suprema aún no ha pronunciado una decisión definitiva sobre la forma en que la Décima Enmienda deba aplicarse con respecto a la cooperación local y estatal en el control migratorio federal.
Varios tribunales federales de primera instancia han dictado que la Sección 1373, la disposición legal que prohíbe promulgar leyes locales y estatales que limiten el intercambio de información con ICE con respecto al estatus migratorio de las personas, viola la Décima Enmienda. La Sección 1373 “regula a las entidades, funcionarios y oficiales de los gobiernos locales y estatales, lo cual invalida [su] constitucionalidad”, afirmó un juez federal en Pensilvania en 2018.
Si bien la constitucionalidad de la Sección 1373 no está totalmente resuelta, casi todos los tribunales federales de apelaciones están de acuerdo en un aspecto: el gobierno federal no puede exigir el cumplimiento de la Sección 1373 como condición para otorgar fondos federales. Una orden ejecutiva del presidente Trump durante su primer mandato intentó hacer justamente eso y fue anulada por cuatro de los cinco tribunales de circuito que la consideraron.
Según estos tribunales, la administración no tenía la autoridad conferida por la ley de imponer condiciones relacionadas con el control migratorio en la entrega de los subsidios en cuestión. Solo el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito interpretó que la ley de concesión de subsidios autorizaba ese condicionamiento.
Por otra parte, el gobierno federal ha presentado numerosas demandas en contra de las leyes locales y estatales que restringen la cooperación con las agencias federales de control migratorio. Estos casos siguen pendientes, pero la mayoría de los dictámenes preliminares les han dado la razón a los gobiernos locales y estatales que invocaron la Décima Enmienda para justificar sus políticas.
El mes pasado, un juez federal rechazó la demanda de la administración contra las políticas “santuario” de Minnesota y confirmó que el estado tiene el derecho de “negarse a ayudar” a ICE.
Los estados y las localidades también están presentando litigios de acción afirmativa conforme a la Décima Enmienda en contra de las medidas federales de control migratorio. Después de que agentes de ICE asesinaron a Renee Good y Alexander Pretti en Mineápolis y dejaron gravemente herido a Alberto Castañeda Mondragón, Minesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul presentaron una demanda en la que argumentaron que las redadas de inmigración de la administración fueron un intento de obligarlas a adoptar prioridades políticas federales con las que se habrían apoderado de los recursos de las fuerzas policiales locales y estatales.
Debido a la naturaleza sin precedentes de los argumentos presentados en el caso, una jueza federal se negó a bloquear temporalmente el despliegue de ICE, aunque sí recalcó que su orden no señalaba la victoria definitiva del gobierno federal en la demanda.
¿Cuánta información los estados y las localidades deben compartir con ICE?
Además de la limitada restricción de la Sección 1373, los estados y las localidades tienen una importante flexibilidad a la hora de formular sus propias políticas en torno a la cooperación de sus autoridades policiales con ICE, incluso en la recopilación y el intercambio de información. Algunas jurisdicciones, como Oregón e Illinois, han aprobado leyes que le impiden a la policía pedir o recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas.
Quienes apoyan estas leyes señalan que ayudan a fomentar la confianza de la comunidad, que resulta necesaria para propiciar la seguridad pública, y le permiten a la policía usar sus recursos para combatir los delitos violentos, en lugar de hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Los estados y las localidades también pueden decidir cuándo y si quieren compartir información con las agencias federales. Por lo general, la policía local suele compartir información básica con el gobierno federal cuando arresta a una persona, más allá de su condición de ciudadanía, aun cuando no está obligada a hacerlo por ley. Esta información está a disposición del DHS para efectos de control migratorio.
Esta práctica de intercambio de información comenzó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre a través del programa Comunidades Seguras, diseñado para priorizar la deportación de personas ya que se encuentran detenidas por la policía.
Si bien el programa ya no existe con ese nombre, la estructura básica continúa en pie: las agencias policiales estatales y locales, que no tienen bases de datos biométricos exhaustivos, envían las huellas dactilares al FBI, que las verifica en su completísimo sistema de Identificación de Próxima Generación para su identificación y la determinación de antecedentes penales.
En un proceso que no involucra a las localidades, el FBI le remite esas huellas dactilares y otros datos identificatorios al DHS. El sistema de comunicación entre el FBI y el DHS, denominado interoperabilidad, le brinda a ICE muchísima información sobre las personas inmigrantes —como fechas y lugares de nacimiento, fotografías y estatus migratorio—, incluso en las jurisdicciones llamadas santuario.
Hay otras estructuras de cooperación entre los estados y el gobierno federal, como los centros de fusión, que también le han proporcionado al DHS acceso a una enorme cantidad de datos recolectados por las autoridades policiales locales y estatales.
¿Los estados y las localidades tienen la obligación de cumplir con los pedidos de ICE con respecto a las personas que están bajo su custodia?
No. Los estados y las localidades tienen una amplia libertad de decidir si desean cumplir con los pedidos de ICE de notificarle a la agencia antes de poner en libertad a una persona detenida en instalaciones locales o estatales o mantenerla detenida hasta dos días más para que los agentes federales puedan encargarse de su detención. Estos pedidos se conocen con el nombre de solicitudes de detención de inmigración.
Históricamente, la mayoría de las personas detenidas por ICE han sido trasladadas directamente desde las cárceles locales, a menudo mediante el uso de las órdenes de detención migratorias. Pero los funcionarios penitenciarios o carcelarios que se niegan a cumplir con una solicitud de detención de inmigración no están violando las leyes federales.
Varios tribunales federales y estatales han dictaminado una y otra vez que las agencias policiales locales no tienen por qué cumplir con las solicitudes de detención cuando no existe una ley estatal que los obligue a hacerlo.
Por ejemplo, en el caso Galarza v. Szalczyk, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito dictaminó que “las solicitudes de detención de inmigración no obligan ni pueden obligar a una agencia policial estatal ni local a detener a personas presuntamente extranjeras sujetas a un proceso de deportación”.
Según el tribunal, esta conclusión se basó en aspectos “de derecho constitucional ya establecidos”, como los principios de la Décima Enmienda que prohíben el apoderamiento de recursos. “Básicamente, el gobierno federal no puede apoderarse de las agencias gubernamentales de los estados para encarcelar a personas de interés para los organismos federales”, explicó el tribunal.
Las solicitudes de detención de inmigración también hacen sonar ciertas alarmas en virtud de la Cuarta Enmienda, que garantiza “el derecho del pueblo de tener seguridad sobre su persona, su vivienda, sus papeles y sus efectos, contra todo registro e incautación no razonable”. Mantener a alguien bajo custodia más allá del plazo de su sentencia se considera una nueva incautación, que, por lo general, requiere una orden judicial basada en una causa probable y emitida por un actor judicial neutro.
En 2013, el ciudadano estadounidense Gerardo Gonzalez, en representación de una clase de personas que fueron objeto de solicitudes de detención de inmigración, demandó a ICE por violaciones a la Cuarta Enmienda después de que había sido detenido por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles a raíz de una solicitud de detención de inmigración emitida bajo la incorrecta premisa de que había entrado al país ilegalmente.
En 2024, el DHS firmó un acuerdo judicial mediante el cual se obligaba a realizar una revisión neutral de causa probable de todas las solicitudes de detención, por parte del personal federal “empleado por el DHS”, “con una fuerte preferencia” por revisores que tengan experiencia legal pertinente, “preferentemente como juez de inmigración, juez de apelación de inmigración o juez de derecho administrativo”.
Aun así, debido en parte a los interrogantes pendientes sobre la constitucionalidad de la práctica, algunos estados —como California, Colorado, Connecticut, Illinois y Oregón— han adoptado leyes que prohíben un cumplimiento incondicional de las solicitudes de detención de ICE.
Mientras tanto, algunos tribunales en Massachusetts y Nueva York les han prohibido a las autoridades policiales locales cumplir con estas solicitudes de detención, ya que interpretaron que la ley estatal prohíbe este tipo de cooperación. Muchas de estas clases de leyes incluyen excepciones para personas condenadas por delitos graves o violentos.
California, por ejemplo, prohíbe mantener detenida a una persona inmigrante pasado el plazo de su sentencia en el caso de una solicitud de detención civil de ICE, pero obliga a los centros correccionales a cooperar con el DHS para trasladar la custodia de personas inmigrantes indocumentadas condenadas por delitos mayores. De hecho, un reciente análisis del New York Times determinó que incluso los estados que prohíben cooperar con ICE suelen facilitar el traslado de las personas condenadas por delitos graves a la agencia migratoria.
Por otro lado, algunos estados —como Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Carolina del Norte, Tennessee y Texas— han promulgado leyes que obligan a las autoridades policiales locales a cumplir con las solicitudes de detención de ICE. En los casos en que las leyes estatales no indican el cumplimiento de manera explícita con las solicitudes de detención de inmigración, las jurisdicciones locales pueden decidir si desean cooperar o no.
¿Qué es un acuerdo 287(g)?
Los gobiernos locales y estatales pueden decidir firmar un acuerdo 287(g) —llamado así por la sección de la ley federal de inmigración que lo autoriza— para delegar distintos deberes de control migratorio a las autoridades locales y estatales. Sin embargo, la ley federal es clara cuando afirma que ninguna jurisdicción local ni estatal está obligada a firmar este tipo de acuerdos.
Algunos estados, como Georgia y Tennessee, han aprobado leyes que obligan a sus localidades a firmar estos acuerdos 287(g), mientras que otros estados, como Illinois y Nueva York, han promulgado leyes que se los prohíben. Cuando la ley estatal no dice nada al respecto, la decisión de firmar un acuerdo 287(g) recae sobre el gobierno local.
Hay tres tipos de acuerdos 287(g), categorizados según el nivel de apoyo que brinda la localidad. El modelo de notificación de una orden es el que proporciona el menor nivel de apoyo, ya que le da a la policía local solamente el poder de notificar y ejecutar órdenes administrativas contra las personas no ciudadanas aún detenidas en una cárcel local; y, de esta forma, se elimina la necesidad de que el DHS tenga que emitir una solitud de detención.
El modelo de encarcelamiento autoriza a la policía local y estatal a realizar toda la gama de acciones de control migratorio, como interrogar a la persona para determinar su estatus migratorio o facilitar su traslado a un centro de detención de ICE, pero solo mientras los agentes estén trabajando en sus cárceles locales.
Por último, casi el 60 por ciento de los acuerdos 287(g) sigue el modelo de un grupo de tareas, mediante el cual se le delega completamente a la policía local todos los deberes de los agentes federales de inmigración, tales como realizar arrestos, llevar a cabo registros sin órdenes judiciales en lugares públicos y emitir solicitudes de detención.
En 2025, el Congreso autorizóreembolsos sin precedentes a favor de las agencias policiales locales que firmaran acuerdos 287(g) bajo el modelo del grupo de tareas. Ahora, el gobierno federal no solo paga los salarios, las prestaciones y las horas extra de los oficiales locales y estatales de los acuerdos 287(g), sino que también promete “recompensas monetarias trimestrales por buen rendimiento” en el arresto de las personas inmigrantes indocumentadas, aunque no se especifica la base exacta para el cálculo de las bonificaciones. Por ejemplo, el año pasado, la patrulla de carreteras de Florida recibió $13.6 millones.
Hay datos empíricos que sugieren que estos incentivos se traducen en un mayor perfilamiento racial y en más violaciones de los derechos civiles. Hace poco, un informe publicado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) describió cientos de detenciones y arrestos de personas que la policía local creía que eran indocumentadas, aparentemente por su apariencia, y es muy probable que muchas de estas detenciones se hayan realizado para cumplir con las condiciones de sus acuerdos 287(g).
Por ejemplo, en mayo de 2025, agentes de la patrulla de carreteras de Florida y de la Patrulla Fronteriza detuvieron un automóvil que llevaba a personas de apariencia latina, y un video mostró cómo los agentes sacaron a un pasajero arrastrándolo del cuello, le dispararon con una pistola de descarga eléctrica Taser, arrestaron a un adolescente ciudadano y se rieron por un bonus de $30,000, supuestamente refiriéndose a los incentivos federales.
Los incentivos también han incrementado la cantidad de acuerdos 287(g) vigentes en todo el país: ahora, hay 2,315 acuerdos firmados, un fuerte aumento con respecto a los 45 que hubo en 2019 durante la primera presidencia de Trump. Cada acuerdo 287(g) le agrega personal a los aproximadamente 20,000 agentes de ICE, lo cual convierte a este programa en un importante multiplicador de fuerza de la agencia. Aun así, con más de 17,000 agencias policiales locales en todo el país, la gran mayoría de las jurisdicciones no ha firmado este tipo de acuerdo.
La reciente ola de operativos de control migratorio ha puesto de manifiesto las muchísimas maneras en que las facultades locales y estatales pueden entrar en conflicto con las prioridades del gobierno federal. Mientras estas batallas se desarrollan en todo el territorio estadounidense, el deber de los gobiernos locales y estatales de cooperar con ICE seguirá arraigado a las políticas locales y estatales.
(*) Kathrina Szymborski Wolfkot es la editora en jefe de la publicación State Court Report y abogada asesora sénior y líder en el Programa sobre el Poder Judicial del Brennan Center. Margy O’Herron es investigadora fellow sénior en el Programa sobre Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center. Samson Tu estudia en la Facultad de Derecho de NYU. Anteriormente participó en la Clínica de Promoción de Políticas Públicas del Brennan Center.
Nota: Este artículo se publica con la autorización del Brennan en Español, donde publicó la traducción original.
ICE cerró julio con un gasto cercano a $2,500 millones, su nivel mensual más alto del año, de acuerdo con el informe de adquisiciones de Project Salt Box. El análisis, elaborado a partir de registros de USAspending.gov y SAM.gov, muestra que buena parte del desembolso estuvo relacionada con la ampliación de la capacidad de detención de inmigrantes.
El movimiento que más peso tuvo en las cuentas fue la compra de dos instalaciones de CoreCivic en California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pagó poco más de $732 millones por California City Detention Facility, con capacidad para 2,560 personas, y $739.2 millones por Otay Mesa Detention Center, de 1,994 camas. En total, la operación llegó a $1,500 millones.
CoreCivic confirmó la venta en documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La operación se concretó el 2 de julio y la empresa señaló que continuaría administrando ambos centros bajo los acuerdos vigentes con ICE.
El gobierno federal busca más espacio para detención
La compra se suma a otros movimientos de ICE para aumentar su capacidad. La organización documentó en julio una solicitud de contratación que contempla un programa de construcción con un techo de hasta $10,000 millones para levantar nuevas unidades en terrenos federales.
El reporte mensual también identifica nuevos contratos con The GEO Group para instalaciones en Colorado y Carolina del Norte, con los que ICE incorporaría más de 2,500 camas a su red de detención.
La adquisición de los centros californianos también tiene una dimensión financiera relevante. De acuerdo con documentos de CoreCivic, la compañía esperaba recibir alrededor de $1,100 millones netos después de impuestos y gastos relacionados con la operación.
En cambio, la agencia dirigió recursos hacia tecnología de vigilancia. Entre las operaciones destacó un contrato de $60 millones con Anduril Industries para torres de vigilancia, además de compras relacionadas con radares y equipos móviles de rayos X.
El resultado deja un contraste claro: mientras ICE destinó recursos a ampliar y adquirir infraestructura de detención, CBP concentró parte de su gasto en tecnología para reforzar la vigilancia de la frontera.
No existe un censo formal sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero diversas organizaciones realizan análisis sobre datos oficiales que permiten dimensionar cuántas personas sin papeles viven en el país.
El reciente reporte del Migration Policy Institute estima que la cifra llegó a 15.8 millones, aunque otros reportes señalan menos personas.
Los aproximadamente 15.8 millones de inmigrantes indocumentados están estimados hasta 2024, es decir, no hay cifras sobre 2025 y 2026, pero es lo más actualizado en cuanto a datos y confirma que la cifra de 11 millones calculada desde 2010 quedó superada.
“Este aumento se debe principalmente a la cifra récord de llegadas de migrantes indocumentados a la frontera entre Estados Unidos y México y al amplio uso por parte de la administración [del presidente Joe] Biden de programas de libertad condicional humanitaria para reducir el caos en la frontera”, indica el reporte.
Destaca que los inmigrantes que llegaron bajo esos programas de ‘parole’ sean considerados indocumentados, ya que debieron enfrentar revisiones de seguridad similares a las de cualquier inmigrante que solicita una visa, aunque quedan confirmados como personas “sin papeles” una vez que el gobierno del presidente Donald Trump cancela algunos programas de protección.
“Como resultado de estas concesiones de libertad condicional [o ‘parole’] y otras medidas de la administración Biden, el MPI estima que, a mediados de 2024, hasta el 40% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contaban con un estatus migratorio provisional (o “liminal”) que les proporcionaba protección temporal contra la deportación, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la libertad condicional humanitaria o una solicitud de asilo pendiente”, agrega el reporte.
Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y uno de los autores del reporte, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles del aumento sobre indocumentados en EE.UU. en los últimos años.
>> ¿A quién se considera un inmigrante indocumentado? >> ¿Cómo se obtiene el estimado del número de indocumentados en EE.UU.? >> ¿De dónde son los inmigrantes que más han aumentado la población indocumentada en EE.UU.?
Linda Wolff, una mujer de 72 años que participa en labores de vigilancia comunitaria sobre operativos migratorios, emprendió acciones legales contra agentes de ICE después de afirmar que fue rociada con gas pimienta mientras grababa un operativo federal en Inwood, al norte de Manhattan.
El episodio ocurrió el 30 de julio, cuando Wolff acudió al vecindario tras enterarse de la presencia de agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el relato recogido por CBS New York, la mujer comenzó a grabar con su teléfono desde la vía pública.
Un video difundido por el medio citado muestra a un agente enmascarado acercándose a Wolff y rociando un irritante químico hacia su rostro. La mujer posteriormente afirma que el agente le dijo que retrocediera.
“Mis ojos están ardiendo y son muy sensibles a la luz”, declaró Wolff días después del incidente.
Following a pepper-spray attack during a July 30th enforcement action in Inwood, community observer Linda Wolff is bringing a civil assault lawsuit against federal agents. Undeterred by state violence, Wolff made it clear that being maced “will not stop her from filming” officers? pic.twitter.com/4giz3ep2IC
La propia Wolff sostiene que no estaba interfiriendo con el operativo y que únicamente documentaba lo ocurrido. “Esto no es violencia. No somos violentos”, dijo a NY1.
El caso llega en medio de una disputa por las nuevas leyes de NY
El abogado de derechos civiles John Burris representa a Wolff. Según información publicada por USA TODAY, Burris sostiene que su clienta no tuvo un enfrentamiento físico con los agentes y que estaba ejerciendo derechos protegidos por la Primera Enmienda.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defendió la actuación de los agentes. En declaraciones recogidas por CBS New York, la dependencia afirmó que un grupo de personas se volvió “combativo y verbalmente agresivo” y que los agentes utilizaron “medidas apropiadas”.
El caso adquiere relevancia por una nueva legislación impulsada por la gobernadora Kathy Hochul. Nueva York aprobó una medida que permite presentar acciones civiles contra agentes federales cuando se alegue una violación de derechos constitucionales. El propio gobierno estatal señaló que la legislación busca ampliar las vías de rendición de cuentas frente a funcionarios federales.
“Liberia tiene previsto acoger a hasta 1,200 personas que serán trasladadas desde EE.UU. en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia”, indicó el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.
El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será “digno, seguro y oportuno” y que los deportados incluyen “ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar”.
Primeras llegadas este jueves
Está previsto que un primer grupo de 20 personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos “con plena hospitalidad liberiana” y “serán libres de abandonar el país cuando lo deseen”, si bien también “se les dará la oportunidad de pedir asilo” en territorio liberiano.
“El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana”, indicó el comunicado.
“Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto”, añadió, al definir esta decisión como un gesto “enteramente humanitario”.
Así, las autoridades afirmaron que este acuerdo “no constituye una transacción basada en un ‘quid pro quo’”, ya que “Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio”, si bien el país sí que “recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración”.
El Ejecutivo no detalló las nacionalidades del primer grupo de deportados.
Se suma a una larga lista de países
Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.
A dos meses y medio de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el gobierno de Donald Trump intensifica sus mensajes para generar desconfianza en el sistema electoral y miedo entre los votantes al afirmar que hay una “invasión” de indocumentados. Todo está ligado a la inmigración: que los no ciudadanos votan de manera fraudulenta, y que la cifra de indocumentados entre nosotros sobrepasa los 25 millones, según el presidente.
Esto ocurre mientras su gobierno ataca la inmigración por todos los flancos.
La revista Forbes reportó que “la administración Trump está aplicando restricciones generalizadas a la inmigración legal, que afectan a ciudadanos estadounidenses que patrocinan a familiares, a empleadores y a diversas categorías de visados, como los de diversidad y los de refugiados”.
“Los analistas de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense prevén una reducción de entre el 33% y el 50% de la inmigración legal, lo que supone un total de entre 1.5 y 2.4 millones de personas, para el final del mandato de Trump. Se espera que esto perjudique a la economía, incluyendo una reducción de $1.9 billones de dólares en bienes y servicios”.
En el tema electoral, Trump y sus funcionarios insisten en que hay un problema generalizado de fraude electoral. Se especula que intente declarar una “emergencia” para intervenir en las elecciones de noviembre.
Sobre la cifra de indocumentados, en julio el Migration Policy Institute publicó un análisis que concluye que “a mediados de 2024, vivían en Estados Unidos aproximadamente 15.8 millones de inmigrantes indocumentados, tras haber oscilado en torno a los 11 millones a lo largo de la década que comenzó en 2010”.
Trump alega que hay más de 25 millones de indocumentados.
Con su maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump se está disparando en su propio pie. Los sondeos demuestran que Trump y los republicanos están en aprietos entre los electores por su mal manejo de la economía. Y sus políticas migratorias empeoran esa economía porque las detenciones y deportaciones reducen el tamaño de la fuerza laboral en industrias clave provocando que los precios de bienes y servicios suban. Es lo que America’s Voice llama “el impuesto de ICE”.
Aumenta el costo de los alimentos, de las casas, de servicios como mantenimiento del jardín o cuidado de niños, enfermos o personas mayores.
Para completar el cuadro, son los contribuyentes los que pagan por el costo de cada detención y deportación mientras pierden, al mismo tiempo, miles de millones de dólares de los impuestos sobre ingresos, ventas, propiedad, federales, estatales y locales que pagan los indocumentados y los inmigrantes autorizados que han perdido sus protecciones.
El Instituto de Política Económica calculó lo que paga cada estado y cada contribuyente por deportar trabajadores.
Por ejemplo, el condado de Miami-Dade en Florida, que votó por Trump en 2024, gastaría $3,700 millones de dólares en detenciones y deportaciones por lo que resta del gobierno de Trump. Son $4,023 dólares por contribuyente. Con ese mismo dinero podrían contratarse 15,816 maestros, 15,095 bomberos, 11,157 enfermeras, o podrían agregarse 266,702 personas a Medicaid y 121,385 niños a Head Start, según el Instituto.
Y el condado de Los Angeles, California, gastaría $9,245 millones de dólares en detenciones y deportaciones por lo que resta del gobierno de Trump. Eso representa $2,769 dólares por contribuyente. Con ese mismo dinero podrían contratarse 24,325 maestros, 24,079 bomberos, 16,633 enfermeras, o podrían agregarse 418,531 personas a Medicaid y 162,859 niños a Head Start.
David Bier, analista de política migratoria del Instituto Cato, escribió que Trump y su equipo exageran las cifras de indocumentados con fines politiqueros, pero al final, es en su propio perjuicio.
“Las cuentas son sencillas. Cuantos más inmigrantes indocumentados haya, más tendrían que pagar los estadounidenses para deportarlos. El Departamento de Seguridad Nacional estima que una sola deportación cuesta, de media, $18,245 dólares. Esto significa que, cuando Trump inventa la presencia de 10 millones de inmigrantes más, está sumando $182,400 millones de dólares teóricos al coste total”, dice Bier.
Y ni hablar de la pérdida de ingresos para el fisco. “La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que las recientes llegadas de inmigrantes indocumentados habrían reducido el déficit en casi un billón de dólares (1 trillion) en 10 años, y constató que la campaña de represión de Trump en 2025 ya había eliminado $500,000 millones de esos ahorros”, escribió Bier.
Porque deportar trabajadores va en detrimento de la economía.
El Gobierno de Honduras confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55,000 hondureños en EE.UU. y descartó de momento un retorno masivo inmediato o un golpe severo a las remesas, mientras gestiona ante Washington una “transición ordenada”.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, señaló que la terminación del TPS para el país centroamericano “es una realidad con efectos concretos”, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS) confirmara en septiembre de 2025 la cancelación del beneficio, decisión que fue posteriormente objeto de recursos y acciones judiciales.
Sin embargo, Agüero indicó que fallos de la Corte Suprema estadounidense emitidos en junio de 2026, relacionados con Haití y Siria, limitaron las posibilidades de revisión judicial de este tipo de decisiones, mientras que este martes se conoció también una resolución vinculada con Etiopía.
“Para quienes dependían exclusivamente de esta figura para su permanencia y autorización de empleo, (es) una pérdida de protección, lo que aumenta su exposición a procesos migratorios de deportación y reduce la probabilidad de mantenerse en el mercado laboral formal estadounidense”, subrayó la canciller en un video divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pese al escenario, Agüero afirmó que la cancelación del TPS no significa que todos los beneficiarios deban regresar inmediatamente al país, ya que el caso de cada migrante dependerá de su arraigo, tiempo de residencia, situación familiar, la posibilidad de regularización por vías alternativas y la existencia de procesos judiciales pendientes.
También descartó un impacto inmediato sobre las remesas, una de las principales fuentes de divisas de Honduras, al considerar que la pérdida del TPS no supone, en el corto plazo, el retorno de los migrantes al país.
“La pérdida del TPS no implica por sí misma un retorno inmediato”, enfatizó la canciller, quien resaltó el “endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense”.
Honduras pide una transición ordenada
Honduras asumió el desafío “con seriedad, sin generar alarma”, sostuvo Agüero, quien destacó las gestiones diplomáticas de alto nivel emprendidas ante la Administración estadounidense para reducir el impacto social y laboral de la medida.
En ese marco, detalló que el presidente hondureño, Nasry “Tito” Asfura, envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó un “periodo adicional, razonable y claramente delimitado, de transición ordenada”.
La petición incluye también la continuidad temporal de los permisos de empleo y la posibilidad de ampliar la concesión de visas laborales para los hondureños afectados por el fin del TPS, una medida otorgada a Honduras en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.
En Honduras, Agüero destacó el despliegue de una estrategia interinstitucional articulada mediante el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm) para garantizar una reintegración digna y protegida a quienes decidan regresar al país.
“Liberia tiene previsto acoger a hasta 1,200 personas que serán trasladadas desde EE.UU. en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia”, indicó el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.
El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será “digno, seguro y oportuno” y que los deportados incluyen “ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar”.
Primeras llegadas este jueves
Está previsto que un primer grupo de 20 personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos “con plena hospitalidad liberiana” y “serán libres de abandonar el país cuando lo deseen”, si bien también “se les dará la oportunidad de pedir asilo” en territorio liberiano.
“El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana”, indicó el comunicado.
“Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto”, añadió, al definir esta decisión como un gesto “enteramente humanitario”.
Así, las autoridades afirmaron que este acuerdo “no constituye una transacción basada en un ‘quid pro quo’”, ya que “Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio”, si bien el país sí que “recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración”.
El Ejecutivo no detalló las nacionalidades del primer grupo de deportados.
Se suma a una larga lista de países
Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.
Senadores demócratas exigieron este martes al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda las transferencias de información de Medicaid al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reconociera que compartió datos protegidos de beneficiarios en tres ocasiones, pese a restricciones establecidas por un tribunal federal.
Los senadores Ron Wyden y Jeff Merkley, ambos demócratas de Oregón, junto con Cory Booker, de Nueva Jersey; Chris Van Hollen, de Maryland, y Edward Markey, de Massachusetts, reclamaron explicaciones a HHS, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
Los legisladores sostienen que las transferencias involucraron información de ciudadanos estadounidenses y residentes legales y cuestionaron que las agencias hayan permitido que datos relacionados con la atención médica fueran utilizados en el contexto de las operaciones migratorias.
Una orden del juez federal Vince Chhabria, de California, estableció límites al intercambio de información de Medicaid con las autoridades migratorias. En agosto de 2025, el tribunal bloqueó el uso de datos de Medicaid obtenidos de los estados demandantes para fines de aplicación de las leyes migratorias y también prohibió a HHS compartir esos datos con DHS para esos propósitos.
Your healthcare data should be private ? not used to support Trump’s mass deportation campaign. HHS unlawfully handed ICE private Medicaid data not once, not twice, but three times.
I am demanding with my Senate colleagues that this stops now.
Senadores cuestionan transferencias de millones de registros
De acuerdo con documentos judiciales citados por los legisladores, el 7 de enero HHS entregó a ICE una hoja de cálculo que contenía información de Medicaid de millones de afiliados de estados involucrados en la demanda. El propio gobierno habría reconocido posteriormente que parte de esos datos no debió ser compartida y que la transferencia era incompatible con la orden judicial.
Otro episodio ocurrió el 19 de enero, cuando CMS envió a ICE información biográfica de casi 6,000 refugiados en Minnesota. La administración calificó la transferencia como involuntaria y sostuvo que ICE eliminó posteriormente el archivo de sus sistemas.
Los senadores, sin embargo, dijeron que necesitan conocer cómo ocurrieron las transferencias y quiénes fueron los responsables de autorizarlas o supervisarlas. En marzo, fiscales estatales que participan en el litigio ya habían solicitado al tribunal que hiciera cumplir la orden judicial después de conocer que HHS había entregado a ICE un conjunto de datos descrito como “grande y complejo”.
Los estados señalaron que la información de ciudadanos y residentes permanentes legales estaba fuera del alcance permitido por la corte.
A group of Democratic Senators accused the Trump administration of violating a court order and demanded officials immediately stop sharing Medicaid data that the Department of Homeland Security (DHS) and ICE use for deportation proceedings. https://t.co/ETg9ADG4j2pic.twitter.com/OWvS29EzgY
— WV Federation of Democratic Women (@WVFDW) August 18, 2026
Demócratas piden detener el intercambio y revelar responsables
Wyden y Merkley afirmaron que los beneficiarios de Medicaid deben poder confiar en que su información personal de salud será protegida y no utilizada para campañas de deportación. “El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la información personal de salud de las decenas de millones de personas que dependen de Medicaid esté protegida”, escribieron los senadores.
Los legisladores solicitaron que HHS y CMS identifiquen cuántos registros de ciudadanos o nacionales estadounidenses fueron entregados a ICE o DHS desde enero de 2025, así como todas las transferencias realizadas desde junio de 2025. También exigieron conocer los nombres de los funcionarios encargados de supervisar esos intercambios y las comunicaciones internas relacionadas con las advertencias sobre la posible entrega de información de ciudadanos estadounidenses.
Los senadores dieron a las agencias como fecha límite el 4 de septiembre de 2026 para responder.
La disputa se suma a un enfrentamiento más amplio entre legisladores demócratas, varios estados y la administración Trump sobre el uso de información gubernamental para reforzar las políticas migratorias. Wyden y Merkley también han cuestionado otras iniciativas relacionadas con Medicaid y las prácticas de vigilancia de ICE.
