Un juez federal de Luisiana declaró este miércoles en desacato a Vernon Liggins, antiguo director interino de la oficina de ICE en Baltimore, por ordenar el 28 de julio la detención de Ibrahim Mohammed, un ciudadano etíope de 44 años cuya liberación el tribunal había ordenado en dos ocasiones.
El juez John W. deGravelles, responsable del caso en el Distrito Medio de Luisiana, volvió a intervenir el mismo día del arresto. Durante una audiencia urgente, los abogados del Gobierno reconocieron que la nueva detención había violado las órdenes judiciales y el magistrado exigió su liberación inmediata.
La decisión contra Liggins pone un nuevo foco sobre un expediente migratorio marcado por sucesivos arrestos y por la imposibilidad de ejecutar la deportación de Mohammed a su país de origen.
Aunque un juez de inmigración ordenó su expulsión en 2023, también determinó que Estados Unidos no puede enviarlo a Etiopía porque podría ser torturado debido a su origen amhara y su participación en protestas políticas.
ICE no logró encontrar otro país para deportarlo
Mohammed había llegado legalmente a Estados Unidos en 2014, obtuvo asilo y consiguió la residencia permanente en 2016.
Un año después, fue condenado en Maryland a 21 años de prisión por abuso sexual de un menor. Debía cumplir 10 años, pero salió tras seis por buena conducta.
Después de la orden de deportación, ICE intentó encontrar un tercer país al que enviarlo, pero no lo consiguió. La agencia terminó liberándolo bajo supervisión en noviembre de 2024, tras mantenerlo 23 meses en detención migratoria.
Según las resoluciones del juez, la propia agencia había concluido entonces que Mohammed no era una persona violenta ni representaba un peligro para la sociedad.
El caso acumuló varias detenciones
ICE revocó esa libertad supervisada en julio de 2025 y trasladó a Mohammed a Camp 57, un módulo migratorio situado dentro de la penitenciaría estatal de Luisiana, la única prisión de máxima seguridad del estado.
DeGravelles ordenó su liberación el pasado febrero. Posteriormente, Mohammed volvió a ser arrestado y trasladado a una prisión en Maryland por incumplir su libertad vigilada.
También estuvo a punto de ser deportado a Esuatini, pero un juez bloqueó la expulsión al cuestionar la falta de transparencia de ICE sobre su caso.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al salvadoreño Manuel Ernesto Hernández Umana, de 46 años, señalado por las autoridades como el operador de la embarcación que se volcó el pasado 8 de agosto en el puerto de Nueva York, accidente en el que murieron una mujer de 27 años y su bebé de cinco meses. La detención ocurrió después de que una investigación de la Guardia Costera estableciera que Hernández Umana no contaba con estatus migratorio legal en Estados Unidos. El hombre, residente de Nueva Jersey, había quedado en libertad bajo fianza mientras enfrentaba el proceso penal por el accidente.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hernández Umana ingresó ilegalmente al país por Texas en 2007 y, según las autoridades, habría asegurado falsamente a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que era ciudadano estadounidense. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos relacionados con la operación de la embarcación y las muertes ocurridas durante el naufragio. La investigación sostiene que el barco estaba sobrecargado y que una de las pasajeras, la bebé, no llevaba chaleco salvavidas.
This illegal alien KILLED a 27-year-old MOTHER and her BABY.
Manuel Hernandez, from El Salvador, was illegally piloting a boat when he capsized the overloaded vessel in New York Harbor.
El accidente ocurrió en las inmediaciones de Liberty Island, cerca de la Estatua de la Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de cinco meses. Las autoridades también sostienen que Hernández Umana operaba la embarcación sin la licencia correspondiente y que habría puesto en riesgo a los pasajeros al transportar más personas de las permitidas.
“Una vez que comparezca ante la justicia por sus crímenes, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado. Por su parte, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica S. Tisch, afirmó que, según la denuncia, el acusado mostró un “total desprecio por la seguridad de sus pasajeros”.
El caso ocurre mientras las autoridades migratorias han incrementado sus acciones contra personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y enfrentan procesos penales. Hernández Umana permanecerá bajo custodia de ICE mientras continúa su proceso migratorio y penal. Las autoridades indicaron que cualquier eventual deportación se produciría después de que concluya el procedimiento judicial y, en su caso, cumpla una posible condena.
Los cargos son únicamente acusaciones. Hernández Umana se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
La historia de Blerim Skoro vuelve a poner sobre la mesa una pregunta difícil para la administración Trump: qué ocurre con un inmigrante que asegura haber trabajado durante años para agencias de inteligencia estadounidenses y que ahora permanece bajo custodia de ICE.
Skoro, de 55 años y nacido en Kosovo, fue arrestado el 3 de agosto cuando acudió a una oficina de inmigración en Elizabeth, Nueva Jersey, para renovar su documentación. Sus abogados buscan frenar su deportación mediante una petición de hábeas corpus presentada ante un tribunal federal.
De acuerdo con los documentos citados por CBS News, el hombre sostiene que colaboró con el FBI y la CIA después de cumplir una condena por tráfico de drogas.
De una prisión a las redes de Al Qaeda
Según el relato de Skoro, todo comenzó después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando agentes estadounidenses se acercaron a él mientras estaba preso. Los documentos del FBI lo identifican como informante confidencial y señalan que proporcionó información considerada “útil” y “confiable” en investigaciones relacionadas con terrorismo.
Skoro afirma que posteriormente fue enviado a los Balcanes y que entre 2007 y 2009 se infiltró en redes de Al Qaeda, además de operar en distintos países de Medio Oriente. Su versión también sostiene que ayudó a localizar a integrantes de organizaciones como Al Shabaab y Hezbolá.
Uno de los episodios mencionados en los documentos es la detención de Betim Kaziu, condenado a 27 años de prisión por intentar conseguir armas para Al Shabaab.
Sin embargo, la CIA no ha confirmado públicamente que Skoro haya trabajado como agente de la agencia. Tanto esa institución como el FBI no respondieron a las solicitudes de comentarios citadas por CBS.
Un juez ya frenó su expulsión a Kosovo
En 2022, un tribunal bloqueó su deportación a Kosovo bajo la protección de la Convención contra la Tortura, debido al riesgo de que pudiera ser torturado o asesinado si regresaba.
Ahora, sus abogados sostienen que ICE no puede simplemente detenerlo y avanzar con su expulsión sin autorización judicial.
“Jamás pensé que me traicionarían así”, dijo Skoro al medio citado desde el Centro de Detención de Elizabeth. “Por favor, si muero, que sea en este país para que mis hijos puedan enterrarme”.
Su abogado, Joshua Dratel, describió a su cliente como un hombre que durante la última década ha llevado una “vida productiva y completamente respetuosa de la ley” junto a su familia.
El juez federal Robert Kirsch ordenó al gobierno responder al caso. Mientras tanto, Skoro continúa detenido y su futuro migratorio permanece en manos de los tribunales.
La administración Trump busca deportar a Blerim Skoro, quien afirma haber infiltrado Al Qaeda para la CIA y el FBI. Sus abogados alegan que regresarlo a Kosovo podría poner su vida en riesgo. pic.twitter.com/dWdhaK8xVD
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Blerim Skoro, ciudadano nacido en Kosovo de 55 años que colaboró como espía en operaciones antiterroristas para agencias de inteligencia estadounidenses, con el fin de ejecutar su deportación.
Según la defensa, Skoro recibió garantías de residencia legal a cambio de sus servicios de inteligencia tras el 11 de septiembre de 2001. “Jamás pensé que me traicionarían así”, declaró Skoro en una entrevista telefónica al medio anteriormente citado desde el Centro de Detención de Elizabeth. “Por favor, si muero, que sea en este país para que mis hijos puedan enterrarme”.
“Lo traicionaron. Ya cumplió su condena. Casi pierde la vida y a nadie le importa un carajo. Merece un indulto”, afirmó Susan Skoro, esposa del detenido.
Antecedentes e historial de cooperación
Archivos del FBI obtenidos por CBS News confirman que la relación de Skoro con las autoridades comenzó en el año 2000 tras una condena por narcotráfico. Entre 2002 y 2009, recopiló datos sobre miembros de organizaciones como Al Qaeda, Al Shabaab y Hezbolá, participando en la captura de sospechosos vinculados a actividades terroristas.
En 2022, un juez federal detuvo temporalmente su deportación bajo la Convención contra la Tortura, al considerar el riesgo para su integridad física si regresaba a Kosovo.
¿Qué argumentó de la defensa?
El abogado de Skoro, Joshua Dratel, sostuvo que su cliente mantuvo una “vida productiva y completamente respetuosa de la ley junto a su familia, tras una experiencia traumática que vivió para los Estados Unidos con gran valentía y habilidad”.
Por su parte, Bhairavi Desai, ejecutiva del sindicato de taxistas al que pertenece el detenido, rechazó el procedimiento. “Me parece realmente cruel haberlo utilizado de esta manera y ahora desecharlo”, señaló a CBS News.
Entretanto, el juez de distrito Robert Kirsch solicitó una respuesta formal al gobierno estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos mantuvo un canal de coordinación con autoridades de Irán para organizar la deportación de inmigrantesiraníes, incluso en un periodo marcado por fuertes tensiones entre ambos países.
Cientos de correos electrónicos obtenidos por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense y difundidos esta semana muestran cómo funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intercambiaron mensajes relacionados con tres vuelos de deportación realizados entre septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.
De acuerdo con los documentos, a los que tuvo acceso AP, las autoridades iraníes no solo estaban al tanto de las operaciones: en algunos casos solicitaron modificaciones en las listas de pasajeros de inmigrantes iraníes.
Uno de los mensajes, enviado a finales de agosto de 2025 por un funcionario del ICE, señala: “A petición de la Embajada de Irán, añadí algunos casos”. Días después, otro funcionario escribió: “Irán me ha solicitado que modifique el manifiesto anterior y acelere el proceso de expulsión”.
Los documentos además detallan la coordinación detrás de los vuelos y el papel de funcionarios iraníes.
Cambios de última hora en vuelos de deportación
Uno de los episodios ocurrió el 26 de septiembre, apenas tres días antes de la salida de un vuelo. Un funcionario de ICE indicó que la Embajada de Irán seguía solicitando incorporar a tres inmigrantes más.
Los correos no permiten determinar con certeza quiénes fueron finalmente incluidos. Algunas de esas peticiones fueron rechazadas.
Los mensajes también muestran que la coordinación continuó mientras Irán enfrentaba el conflicto de 12 días con Estados Unidos e Israel ocurrido en junio de 2025. En ese contexto, el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, calificó la repatriación de inmigrantes iraníes como una “prioridad”.
Posteriormente, Marcos Charles, encargado de operaciones de expulsión, pidió preparar un plan para deportar a 58 iraníes que tenían órdenes finales de expulsión y permanecían bajo custodia de ICE.
“Necesitamos un plan de acción lo antes posible”, escribió Charles. Otro funcionario respondió que era necesario “encontrar una solución para esta prioridad de la Casa Blanca”.
Reuniones con funcionarios de Irán
Los correos también muestran que funcionarios de ICE organizaron encuentros entre representantes iraníes y personas detenidas por motivos migratorios. Una demanda presentada en julio señala que 11 solicitantes de asilo afirmaron haber sido obligados a reunirse con funcionarios iraníes durante su detención.
El caso ha generado preocupación porque las leyes estadounidenses protegen información relacionada con solicitudes de asilo. Los documentos no demuestran por sí mismos que todos los datos confidenciales hayan sido compartidos ilegalmente.
El DHS rechazó las acusaciones en julio. “Estas acusaciones de que el ICE compartió registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní son FALSAS”, afirmó el departamento en un comunicado.
Jamal Abdi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, cuestionó la política. “Esto demuestra que la máxima prioridad aquí era expulsar a la mayor cantidad de gente posible por cualquier medio necesario”, afirmó.
Los correos tampoco permiten establecer cuántos inmigrantes fueron seleccionados directamente por autoridades iraníes ni si todas las personas deportadas regresaron voluntariamente. Sí muestran, sin embargo, que existió comunicación entre funcionarios de ambos gobiernos durante la organización de las deportaciones.
Una investigación basada en más de 140 correos electrónicos internos reveló una estrecha coordinación entre funcionarios de probation del condado de Canyon, en Idaho, y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según documentos internos obtenidos por una investigación periodística, los empleados avisaban cuando determinadas personas bajo supervisión judicial llegaban a sus citas programadas. En la lista habían incluido 82 individuos nacidos fuera de Estados Unidos, aunque no habían verificado que todos estuvieran en el país de manera irregular.
La investigación, realizada por InvestigateWest y distribuida por The Associated Press, revisó más de 140 correos electrónicos intercambiados entre mayo y julio de 2026. Los documentos muestran no solo avisos sobre horarios y citas, sino también la elaboración de una denominada “foreign born list” ?lista de nacidos en el extranjero? para las autoridades migratorias.
Los intercambios ocurrieron en Canyon County, al oeste de Boise, y muestran cómo empleados del Departamento de Probation por delitos menores compartieron durante 2026 información con la oficina local de ICE.
El punto más controvertido es que los funcionarios del condado no habían comprobado de forma independiente que todas las personas incluidas estuvieran indocumentadas.
“Está aquí”: el mensaje enviado a agentes de ICE
Uno de los intercambios documentados ocurrió en mayo. Una funcionaria de probation informó a seis agentes de ICE que un hombre tenía previsto acudir a su control habitual a las 7:30 de la mañana del 14 de mayo.
Cuando la persona llegó unos minutos antes de la cita, la funcionaria volvió a escribir a los agentes para informarles que el hombre ya se encontraba allí y consultar si iban en camino. Los documentos publicados no permiten determinar si ICE finalmente arrestó al hombre durante aquella cita.
Los correos muestran que no fue un contacto aislado. Funcionarios del condado enviaban a agentes migratorios información sobre fechas y horarios en los que determinadas personas debían presentarse, y en algunos casos consultaban a ICE si alguien que había dejado de acudir a sus controles se encontraba bajo custodia federal.
Las personas involucradas estaban bajo probation, un régimen de supervisión en la comunidad vinculado a una condena y que puede exigir presentarse periódicamente ante un funcionario, entre otras condiciones.
La lista enviada a ICE contenía 82 personas
Los documentos también revelaron la creación de una lista para ICE. El 3 de junio, una funcionaria escribió que estaban trabajando en un procedimiento para mantener actualizada una “lista de nacidos en el extranjero” destinada a la agencia federal.
Dos días después, el director del Departamento de Probation por Delitos Menores de Canyon County pidió a sus empleados que revisaran sus expedientes e identificaran a personas que creyeran que podían encontrarse irregularmente en Estados Unidos para que ICE verificara posteriormente su situación.
Sin embargo, los mensajes muestran que al menos algunos empleados utilizaron como criterio el lugar de nacimiento, algo que por sí solo no determina el estatus migratorio de una persona.
Uno de los funcionarios explicó que había incluido a todos los individuos de sus archivos que habían declarado en el formulario de ingreso haber nacido fuera de Estados Unidos. Otro señaló a una persona porque durante una detención anterior únicamente había presentado una identificación mexicana.
La versión de la lista entregada a InvestigateWest contenía 82 personas.
Más de la mitad —el 54%— estaba bajo probation por conducir bajo los efectos del alcohol. Otras cinco tenían casos relacionados con drogas y, nueve, estaban bajo supervisión por alteración del orden público.
Solo siete de las 82 personas figuraban con un “ICE hold”, es decir, una alerta migratoria previa identificada en los registros revisados por el condado.
La investigación subraya un punto central para comprender el alcance del caso: una persona nacida en otro país puede ser ciudadano estadounidense naturalizado, residente permanente con Green Card, solicitante de asilo, beneficiario de otro estatus migratorio o encontrarse sin autorización migratoria. Por ello, el lugar de nacimiento por sí solo no permite determinar si alguien está legalmente autorizado para permanecer en Estados Unidos.
Jeff Breach, director del Departamento de Probation por Delitos Menores del condado, explicó a InvestigateWest que la lista incluía personas cuyo lugar de nacimiento era otro país y también podía contener individuos que ya hubieran sido señalados mediante una alerta migratoria.
Breach sostuvo que determinar la presencia legal o estatus migratorio corresponde a las autoridades federales, no al departamento del condado. También afirmó que ICE ha solicitado este tipo de información durante diferentes administraciones y que su oficina coopera con la agencia federal de manera similar a como lo hace con otras fuerzas del orden.
El funcionario declinó conceder una entrevista y respondió las preguntas de los periodistas por correo electrónico.
En estados vecinos, como Washington y Oregon, existen normas que restringen determinados tipos de cooperación entre organismos locales y autoridades migratorias federales.Crédito: Ryan Murphy – Archivo | AP
Idaho reforzó su cooperación con ICE
El caso ocurre en un estado que durante los últimos años ha aumentado formalmente su colaboración con las autoridades federales de inmigración. En febrero de 2025, el gobernador republicano Brad Little firmó una orden ejecutiva que instruyó a organismos estatales a revisar sus políticas para garantizar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración y ordenó a la Policía Estatal de Idaho continuar cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales.
Meses después, Idaho State Police firmó un acuerdo con ICE bajo el programa 287(g), que permite delegar determinadas funciones migratorias a agentes estatales y locales bajo supervisión federal.
En el caso de la policía estatal de Idaho, el gobernador indicó que las facultades se utilizarían para mantener bajo custodia y transportar desde cárceles locales hacia instalaciones de ICE a personas detenidas por otras agencias y sujetas a acciones migratorias.
La cooperación documentada entre el Departamento de Probation de Canyon County e ICE no debe confundirse automáticamente con ese acuerdo específico de la Policía Estatal: los correos revelados corresponden a la coordinación realizada por funcionarios del condado.
Canyon County tiene una importante comunidad latina
Canyon County es el segundo condado más poblado de Idaho y posee una importante actividad agrícola. Aproximadamente 27% de su población es latina, y el sector agrícola local depende en gran medida del trabajo de inmigrantes.
La región ya había quedado en el centro de la discusión migratoria después de un operativo realizado en octubre de 2025 en un hipódromo de Wilder, donde más de 100 personas fueron detenidas.
Ese procedimiento derivó posteriormente en una demanda de la ACLU de Idaho presentada por familias latinas que alegaron haber sido detenidas y perfiladas racialmente pese a que entre ellas había ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
Abogados advierten sobre el riesgo para personas con estatus legal
Abogados migratorios consultados por InvestigateWest cuestionaron especialmente el uso del nacimiento en otro país como criterio inicial para incluir personas en una lista destinada a ICE.
La preocupación es que una persona con estatus migratorio legal —e incluso un ciudadano naturalizado— pueda quedar inicialmente señalada para una revisión simplemente por haber nacido fuera del país.
Eso tampoco significa que todo residente legal sea inmune a procedimientos migratorios. Determinadas condenas pueden tener consecuencias migratorias incluso para algunas personas con Green Card, dependiendo del delito, la condena y las circunstancias individuales.
Si bien la investigación no determinó cuántas de las personas incluidas en la lista de Canyon County fueron finalmente contactadas, detenidas o puestas bajo custodia de ICE, el caso vuelve a poner sobre la mesa un delicado tema: la expansión de la cooperación migratoria entre Washington y los gobiernos locales y el tipo de información que las autoridades estatales y municipales comparten sobre los inmigrantes.
Proveedores de servicios legales y organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron este miércoles una demanda federal para proteger el debido proceso de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, al impugnar una nueva norma que, según alegan, limita estas garantías fundamentales.
La demanda busca bloquear una regla provisional que permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enviar directamente a la corte de inmigración a solicitantes de asilo sin realizar primero una entrevista para evaluar sus casos. La norma entró en vigor el 28 de julio de 2026 y se aplica tanto a solicitudes nuevas como a las que ya estaban pendientes.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el National Immigrant Justice Center (NIJC), el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) y Human Rights First, en representación de Immigration Equality, Oasis Legal Services, HIAS y Florence Immigrant & Refugee Rights Project.
Las organizaciones sostienen que la medida permite que los funcionarios de asilo remitan casos a procesos de deportación basándose únicamente en la solicitud escrita, sin hablar con la persona sobre la persecución o los peligros que la llevaron a solicitar protección.
Durante décadas, el proceso de asilo afirmativo permitió a los solicitantes explicar sus casos durante una entrevista no adversarial con un funcionario especializado de USCIS. Después de esa evaluación, el funcionario podía aprobar la solicitud o remitirla a una corte de inmigración, donde el solicitante debía defenderse de un proceso de deportación.
La nueva regla elimina esa entrevista como paso obligatorio y, de acuerdo con las organizaciones demandantes, podría afectar hasta 31% de los más de 1.4 millones de casos que forman parte del sistema de asilo afirmativo, según estimaciones del Gobierno.
Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal de programas para refugiados de Human Rights First, señaló que la entrevista permite que personas como niños, sobrevivientes de tortura y personas que hablan idiomas poco comunes expliquen directamente sus experiencias a funcionarios con capacitación especializada.
Más deportaciones
Los grupos advierten que la medida podría incrementar el número de personas enviadas a procesos de deportación y agravar el retraso existente en las cortes de inmigración.
También señalan que algunos solicitantes podrían terminar detenidos y deportados a países donde temen sufrir persecución o tortura sin haber tenido la oportunidad de presentar sus pruebas ante un funcionario encargado de evaluar inicialmente sus solicitudes.
“Este reglamento elimina el derecho a una entrevista, que es una parte fundamental del proceso de solicitud de asilo para millones de personas”, afirmó Mary Georgevich, abogada principal de litigios del NIJC.
A su juicio, las remisiones basadas en información incompleta aumentan el riesgo de que refugiados elegibles sean deportados.
Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, sostuvo que la administración Trump busca acelerar las deportaciones “a expensas del debido proceso”.
Las organizaciones también destacaron el impacto que la norma podría tener en grupos específicos. Aaron C. Morris, director ejecutivo de Immigration Equality, afirmó que la entrevista constituye una protección esencial para las personas LGBTQ que huyen de persecución.
La demanda solicita que el tribunal declare inválida la regla por razones de procedimiento y ordene su anulación completa.
Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y proveedores de servicios legales presentaron una demanda federal en la capital del país para frenar una nueva norma final provisional implementada por el gobierno federal, la cual permite enviar a los solicitantes de asilo directamente a un tribunal de inmigración sin concederles una entrevista afirmativa previa.
La acción judicial fue entablada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) y Human Rights First, en representación de grupos como Immigration Equality, Oasis Legal Services, HIAS y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Las entidades firmantes representan conjuntamente a miles de personas cuyos procesos se encuentran actualmente pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La medida impugnada, que entró en vigor el pasado 28 de julio de 2026 y aplica tanto a solicitudes nuevas como en trámite, faculta a los oficiales de asilo a remisionar expedientes a las cortes de inmigración para iniciar procesos de deportación fundamentándose exclusivamente en la solicitud escrita, sin entablar diálogo previo con los peticionarios sobre los actos de persecución o violencia de los que huyeron.
NEW: Immigrant rights groups rep’ing 1000s of asylum seekers sued the Trump admin over a recent interim final rule (91 Fed. Reg. 47101) allowing US Citizenship and Immigration Services to send asylum seekers to immigration court w/out assessing legal claims or an asylum interview pic.twitter.com/w9KzKz0J6f
Durante más de tres décadas, el procedimiento de asilo afirmativo ofreció a las personas la oportunidad de exponer sus casos ante un oficial capacitado en un ambiente no contencioso. Bajo el esquema tradicional, el oficial evaluaba si concedía el amparo o si remitía el expediente a la corte de inmigración. Sin embargo, la regulación actual autoriza a USCIS a eludir por completo dicha instancia inicial.
De acuerdo con estimaciones gubernamentales, la disposición podría afectar hasta al 31% de los más de 1.4 millones de casos que se encuentran acumulados en el sistema afirmativo. Activistas advierten que prescindir de la entrevista perjudica de manera desproporcionada a sobrevivientes de trauma, víctimas de violencia de género, menores de edad y personas con barreras lingüísticas, quienes dependen del diálogo directo para clarificar los detalles de sus solicitudes.
Advierten mayor colapso en las cortes migratorias
Representantes de las organizaciones demandantes sostienen que la norma priva a los solicitantes del debido proceso y amenaza con saturar aún más el sistema judicial migratorio, acelerando las ordenanzas de deportación hacia países donde las vidas de los peticionarios corren peligro. “Con esta norma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue menoscabando los derechos de los solicitantes de asilo”, declaró Mary Georgevich, abogada litigante sénior del NIJC.
“Esta norma elimina el derecho a una entrevista, que es una parte fundamental del proceso de solicitud de asilo para millones de personas. En cambio, basándose en información incompleta, el DHS remitirá los casos a los tribunales de inmigración, lo que aumenta la probabilidad de que a los refugiados que cumplen los requisitos se les niegue el asilo y sean deportados a lugares donde serán perseguidos o torturados”.
Por su parte, Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, enfatizó que la medida busca “acelerar las deportaciones a expensas del debido proceso” al encauzar expedientes a un sistema judicial saturado. Ante esto, la demanda exige formalmente al tribunal federal que declare la norma inválida desde el punto de vista procesal y ordene su anulación total.
La presencia de agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un bufete de abogados de inmigración de Sacramento provocó críticas del senador demócrata Adam Schiff, quien calificó como “inaceptable” el operativo realizado el pasado 14 de agosto. Los agentes federales llegaron durante la mañana a las instalaciones de Morris Law Group, un despacho que representa a más de 2,000 inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo y víctimas de delitos.
Según la abogada Raissa Morris, los oficiales buscaban a personas cuyos procesos migratorios estaban vinculados con la dirección del despacho. Morris relató que sus empleados informaron a los agentes que no podían ingresar al inmueble sin una orden judicial.
Sin embargo, de acuerdo con su versión, los oficiales dijeron que contaban con una lista enviada desde Washington, D.C., en la que aparecía la dirección del bufete como domicilio postal de algunos de los inmigrantes que pretendían arrestar.
Los agentes, que presuntamente llegaron en vehículos sin distintivos oficiales, algunos sin placas y con los vidrios polarizados, también habrían solicitado revisar el inmueble para determinar si los clientes tenían camas en el lugar.
This conduct by ICE is unconscionable.
ICE should know they cannot enter private property without a judicial warrant. Instead of complying with the law, ICE agents chose to threaten violence against a law firm because of whom they represent.
Senador Schiff cuestiona las tácticas utilizadas por ICE
“Esta conducta por parte de ICE es inaceptable”, escribió Schiff en X tras conocer el incidente. El senador por California sostuvo que los agentes migratorios deben respetar la ley y no pueden ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial. “En lugar de cumplir con la ley, los agentes de ICE optaron por amenazar con ejercer violencia contra un bufete de abogados debido a las personas a quienes representan”, agregó Schiff, quien dijo que su oficina investigará lo ocurrido.
Morris aseguró que uno de los agentes amenazó con regresar posteriormente y entrar por la fuerza si el despacho no permitía la inspección. La abogada consideró que el incidente podría tener como objetivo intimidar a los profesionales que representan a inmigrantes.
“Personalmente, es una táctica para asustarnos a los abogados de inmigración”, afirmó Morris. “Para que no aceptemos casos y para impedirnos hacer nuestro trabajo”.
Una empleada de un negocio cercano, Tanya Villa, dijo que observó a los agentes frente al despacho y reconoció que la situación le provocó temor, pese a ser ciudadana estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión distinta. En un comunicado citado por medios locales, señaló que los agentes se acercaron a una puerta sin identificar porque creían que correspondía a la dirección de los inmigrantes buscados Al descubrir que era un bufete de abogados, indicó el DHS, los agentes se retiraron. El caso ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica las operaciones migratorias en todo el país y busca aumentar los arrestos de inmigrantes con procesos de deportación.
México ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses a solo cuatro de las 20 denuncias que presentó para esclarecer la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras continúa a la espera de una reacción en los casos restantes, informó este miércoles el canciller Roberto Velasco.
De las respuestas recibidas, las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas) comunicaron que comenzarán a valorar posibles acciones en los casos correspondientes, mientras que una fiscalía de Florida descartó realizar una investigación adicional.
En este último caso, Velasco explicó que el fiscal comunicó que coincidía con la investigación del ICE, que concluyó que la persona se quitó la vida, “por lo que no harán una investigación adicional”.
México presentó un total de 20 denuncias por los 17 fallecimientos, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de detención en Estados Unidos.
“Es obviamente un tema muy doloroso para el Gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente es una prioridad de la cancillería atender”, afirmó Velasco durante la conferencia diaria presidencial.
El canciller adelantó que la Embajada mexicana y la red consular buscarán directamente a las fiscalías que todavía no han dado respuesta a las denuncias.
“En los demás casos (…) naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, señaló.
Además de las denuncias locales, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana solicitó en julio al Departamento de Justicia estadounidense que abriera una investigación por los fallecimientos.
El Gobierno mexicano también ha planteado sus preocupaciones directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE, mientras Velasco aseguró que él mismo ha conversado sobre el asunto en varias ocasiones con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
El canciller recalcó que México impulsa estas acciones “no con miras a generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos”, sino como parte de su obligación de proteger a sus ciudadanos.
La presión mexicana también ha llegado a Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respondió a una petición enviada por México en julio, expresó preocupación por la situación y trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos, según Velasco.
Además, llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.
México prevé continuar también los acercamientos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es una prioridad la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes de México”, concluyó Velasco.
