Category: Inmigracion

  • Urge justicia para los mexicanos muertos por ICE

    Urge justicia para los mexicanos muertos por ICE

    Nuevamente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ocupa los titulares noticiosos por sus abusos y exceso de violencia que a menudo causa muertes innecesarias. El pasado 8 de julio, un agente de esa institución abatió a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, un indocumentado mexicano que intentó escapar de un operativo en Houston, Texas. La propia agencia reconoció que se trató de un error craso, porque el fallecido, que estaba a punto de conseguir su permiso de trabajo en Estados Unidos, no era la persona a la que buscaban.  

    La muerte de Salgado ha generado múltiples llamados de funcionarios demócratas y grupos defensores de derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido. 

    Ante esta tragedia, la respuesta del gobierno mexicano ha tomado un giro drástico. La presidenta Claudia Sheinbaum rompió con la tradicional pasividad burocrática y anunció que su administración irá “más allá de las reclamaciones diplomáticas” ordinarias. Desde el Palacio Nacional, la mandataria instruyó el inicio de medidas jurídicas contundentes y denuncias penales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de EE. UU. por lo que abiertamente calificó como “homicidios”.  

    Además, se contemplan acciones civiles contra las empresas privadas que lucran con los centros de detención. La postura de Sheinbaum es firme:  

    “No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos… Estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Lo que no podemos es ser omisos”.  

    Si bien las enérgicas acciones legales anunciadas por la presidenta y su cancillería son necesarias y representan un cambio de marcha indispensable, es imposible ignorar la pregunta más amarga de esta crisis: ¿por qué se esperó tanto?

    Hoy se sabe que la cifra de mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o en operativos de ICE en este ciclo de endurecimiento migratorio asciende ya a 17 personas. Diecisiete familias destrozadas que, hasta ahora, solo habían recibido el consuelo estéril de 11 notas de protesta diplomática. 

    El gobierno mexicano debió haber golpeado la mesa de los tribunales internacionales y estadounidenses desde el primer deceso. Tratar las muertes sistémicas de connacionales como “incidentes aislados” merecedores de quejas de papel fue una omisión histórica. Dejar pasar 16 tragedias antes de instrumentar una ofensiva legal vigorosa es la dolorosa prueba de que la diplomacia de la “cabeza fría” a veces peca de congelar la urgencia humanitaria.

    Un error que cuesta una vida humana no es un error administrativo; es una negligencia criminal amparada por un sistema de persecución punitivo. Los migrantes mexicanos sostienen industrias enteras y enriquecen la economía del país del norte; su único “delito” es la falta de un documento. Es hora de que el peso del Estado mexicano defienda de verdad esa dignidad en los tribunales estadounidenses. Las demandas que hoy se anuncian son correctas y urgentes, pero llegan arrastrando el eco de 17 muertes que exigían justicia desde hace mucho tiempo.

  • Fiscalía de Harris investiga muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante operativo de ICE

    Fiscalía de Harris investiga muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante operativo de ICE

    Sean Teare, fiscal general del condado de Harris, confirmó este viernes que su oficina realiza una investigación paralela sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el martes tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

    Aseguró que el hecho de que los involucrados sean oficiales federales no impide la actuación de las autoridades locales.

    Durante una conferencia de prensa encabezada por la congresista demócrata Sylvia García, el fiscal explicó que su oficina enfrenta obstáculos para acceder a información del caso, incluido el acceso a la escena donde ocurrió el tiroteo.

    “Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, afirmó.

    Teare agregó que la Fiscalía acostumbra realizar investigaciones paralelas en coordinación con agencias federales, estatales y locales. Señaló que, en circunstancias normales, las distintas autoridades colaboran en este tipo de casos para determinar conjuntamente el curso de la investigación y, en la mayoría de las ocasiones, presentar el expediente ante un gran jurado.

    Aseguró, sin embargo, que en esta ocasión su oficina no fue convocada al lugar de los hechos.

    “No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”, manifestó.

    Fiscalía de Harris investiga muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante operativo de ICE
    El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare. Foto: Annie Mulligan / AP

    El gobierno del presidente Donald Trump informó previamente que el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional también investigan la muerte de Salgado. Pero sus familiares y organizaciones que los representan han insistido en la necesidad de una investigación independiente, porque consideran que las autoridades federales no deberían ser las únicas encargadas de esclarecer lo ocurrido.

    El congresista demócrata Al Green, representante del Distrito 9 de Texas, respaldó la decisión de la Fiscalía de Harris de desarrollar una investigación propia y rechazó la idea de que las autoridades federales puedan impedir esa actuación.

    “Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, expresó.

    Green afirmó que Salgado gozaba de las mismas garantías constitucionales que cualquier otra persona en Estados Unidos.

    “El señor Salgado Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes”, declaró.

    Durante la conferencia, la congresista Sylvia García criticó la actuación del agente de ICE que disparó contra el mexicano. Señaló que, si realmente consideró que el vehículo representaba una amenaza para su vida, debió intentar detenerlo disparando contra las llantas y no contra el conductor.

    “Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE. Hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, ICE no ha aprendido nada”, afirmó.

    La legisladora añadió que “si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no al conductor”.

    Posible perfilamiento racial

    García también dijo que las operaciones de ICE afectan de manera desproporcionada a personas hispanas y utilizó su propia apariencia física para ilustrar lo que considera un trato diferenciado.

    Vigila en honor de Lorenzo Salgado Araujo en Texas. Foto: Mark Felix / AP

    “Ya sabe que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, dijo mientras señalaba a quienes la acompañaban en la conferencia, entre ellos el abogado Hugo Balderas.

    Asimismo, aseguró que los agentes migratorios que intentaron inspeccionar la camioneta en la que viajaba Salgado junto con su hermano Víctor y los trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja no contaban con una orden judicial firmada por un juez, sino únicamente con una orden administrativa emitida por un supervisor de ICE.

    Temen deportación de testigos

    Hugo Balderas, abogado de José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, quienes permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de Montgomery y enfrentan procesos de deportación, pidió su liberación al considerar que ambos podrían aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.

    El abogado advirtió que existe el riesgo de que sus clientes sean presionados para aceptar una salida voluntaria del país antes de que concluya la investigación.

    “Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria”, afirmó. Añadió que una deportación anticipada sería perjudicial para las investigaciones y para preservar la evidencia.

    Balderas también respaldó las críticas sobre la actuación de ICE y aseguró que las detenciones responden a prácticas discriminatorias. “Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, manifestó.

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  • Fiscalía de Harris investiga muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE, a pesar de obstrucción federal

    Fiscalía de Harris investiga muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE, a pesar de obstrucción federal

    El fiscal general del condado de Harris, Sean Teare, confirmó que su oficina investiga la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin importar que se trate de oficiales federales.

    Teare expuso que ha habido dificultades para acceder a la información esencial del caso, incluido un bloqueo en acceso a la escena del crimen.

    “Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, indicó Teare. “Llevamos a cabo una investigación paralela donde colaboramos con las fuerzas del orden, ya sean agencias federales o nuestras agencias estatales y locales”.

    En una conferencia de prensa liderada por la congresista Sylvia García (Texas), el fiscal agregó que, idealmente, tanto autoridades locales como federales colaboran en un incidente en el condado de Harris, como ha ocurrido en otros casos.

    “Todos colaboramos y decidimos cuál es el resultado apropiado. Casi universalmente, es que presentamos el caso a un gran jurado y dejamos que ellos decidan”, dijo. “No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”.

    El gobierno del presidente Donald Trump confirmó que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigan la muerte de Salgado Araujo, pero su familia y las organizaciones que los asesoran exigen una investigación independiente y justa, no del mismo gobierno federal.

    El congresista demócrata Al Green, del Distrito 09 de Texas, celebró que la Fiscalía de Harris hiciera una investigación paralela de la muerte de Salgado Araujo.

    “Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, dijo Green. “El señor [Salgado] Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes. Nos pertenece. Está bajo nuestra jurisdicción”.

    Debieron disparar a las llantas, “no al conductor”

    La representante demócrata García criticó la actuación del agente de ICE que disparó a Salazar Araujo, ya que si consideró que su vida estuvo en peligro por el auto, entonces debió disparar a las llantas, no al conductor.

    García recordó las violentas operaciones de agentes migratorios en Chicago, Illinois, y Minneapolis, Minnesota, criticando que ICE pareció no aprender nada de tales acciones.

    “Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE, lo siento. Así que hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, el ICE no ha aprendido nada“, expuso. “Si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, quiero decir, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no dispares al conductor”.

    Acusan acciones raciales de ICE

    La representante del Distrito 29 en Texas dijo que ella era “güera”, al referirse a sí misma como blanca, por lo que agentes de ICE no la detendrían, a diferencia de algunos de los colegas que la acompañaban en la conferencia de prensa, incluido Hugo Balderas, abogado de dos de los hombres detenidos el día del incidente.

    Podría pasarnos a cualquiera de nosotros, especialmente si tenemos, ya saben que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, expresó señalando a sus acompañantes. “Ya saben, se trata de asegurar que los derechos civiles estén protegidos, que los derechos humanos estén protegidos, que los derechos constitucionales estén protegidos en este país”.

    García agregó que los agentes de ICE que intentaron revisar la camioneta de Lorenzo –quien iba con su hermano Víctor y sus dos trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Patoja, los tres detenidos por ICE– no llevaban una orden de arresto firmada por un juez, sino una orden administrativa, la cual usualmente firma un supervisor de la agencia migratoria.

    Hugo Balderas, abogado Trinidad Rojas y Tirado Pantoja –a quienes ICE busca deportar lo antes posible– exigió la liberación de sus clientes, quienes están en el Centro de Procesamiento de Montgomery.

    “Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria“, lamentó Balderas. “Creo que esto sería devastador no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Y creo que es extremadamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”.

    Balderas coincidió con la congresista García, sobre la detención de hispanos por parte de ICE.

    “Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, expresó.

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  • Hechos de la semana en inmigración: ICE cobra otra vida, esta vez un inmigrante trabajador con 3 hijos ciudadanos

    Hechos de la semana en inmigración: ICE cobra otra vida, esta vez un inmigrante trabajador con 3 hijos ciudadanos

    Esta semana quedó demostrado que la estrategia de ICE de operativos “silenciosos” y “bajo el radar” era momentánea porque la violencia de los agentes enmascarados cobró otra víctima, esta vez un padre de familia, Lorenzo Salgado Araujo, con 35 años trabajando incansablemente en Estados Unidos, 3 hijos ciudadanos, un negocio propio y quien, según su familia, estaba a punto de obtener un permiso de trabajo.

    La muerte a tiros de Salgado Araujo en Houston, Texas, a manos de un agente de ICE evidenció que la maquinaria de deportaciones de Trump sigue apostando al terror y a la violencia del mismo modo que lo hizo en Minneapolis cobrando las vidas de Renée Good y Alex Pretti, y como lo ha hecho en Los Ángeles y en otras ciudades del país.

    Salgado Araujo manejaba su camioneta en ruta a recoger a tres de sus empleados de construcción cuando fueron rodeados por los agentes que alegan, como en casos anteriores, que el inmigrante “usó su vehículo como arma” y trató de atropellar a un agente que abrió fuego, presuntamente en defensa propia. Hasta el momento no se ha presentado evidencia que pruebe lo que alegan los agentes y el gobierno. Pero en los casos de Good y Pretti, también afirmaron que actuaron en defensa propia aunque las víctimas no suponían un peligro inminente.

    Según un análisis de The Guardian, “la muerte de Salgado supone el décimo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en todo el país desde que la segunda administración Trump asumió el cargo”. “Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han sido los responsables de los tiroteos mortales”, agrega el artículo.

    Los hijos de Salgado Araujo, junto a legisladores y activistas de Texas, demandaron una investigación a fondo.

    “No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador”, dijo Ronaldo Salgado, uno de los hijos de Lorenzo, según reportó EFE vía La Opinión. “Temía por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo”, agregó el joven.

    The Bulwark reportó que, como muchos inmigrantes, Lorenzo y su esposa valoraban la importancia de la educación. Su hijo mayor, Ronaldo, se graduó de la Universidad de Houston, el segundo de la Universidad Tufts, y el menor es todavía estudiante universitario.

    “Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Este era mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que estuviera pidiendo ayuda a gritos en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”, reportó La Opinión.

    El diario también informó que, de acuerdo a la organización LULAC, a los tres inmigrantes que acompañaban a Salgado Araujo, que eran sus trabajadores y que fueron detenidos por ICE, se les estaría presionando para que firmen órdenes de autodeportación.

    “Nos preocupa enormemente que se esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio”, dijo LULAC en una carta citada por La Opinión.

    La maquinaria de detenciones y deportaciones cuenta con un presupuesto de $240 mil millones de dólares garantizados por el resto de la presidencia de Trump. Como se han impuesto cuotas de hasta 2,000 detenciones diarias, poco importa dónde y cómo se conduzcan los arrestos. Y la violencia ha sido constante en los operativos migratorios. Como también lo han sido la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

    La Opinión informó que la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece la verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

    LULAC activó una petición para que se conduzca una investigación independiente sobre la muerte de Salgado Araujo y hasta el momento han recabado más de 142 mil firmas.

    Trump aumenta detenciones y acelera deportaciones

    La Opinión informó que el gobierno de Trump “prepara la apertura de una nueva instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alexandria, Luisiana, que busca agilizar la deportación de familias migrantes y menores no acompañados mediante un centro ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Alexandria”.

    “Aunque el gobierno insiste en que el complejo funcionará como una “zona de preparación” y no como un centro de detención, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que el proyecto podría ampliar significativamente la capacidad de deportación y aumentar el tiempo que niños y familias permanezcan bajo custodia federal, informó AP”, agregó el diario.

    DACA se debilita

    De otra parte, además de la cancelación del TPS para deslegalizar inmigrantes que pueden estar sujetos a detención y deportación, otro programa, DACA, enfrenta serias dificultades con retrasos en la renovación de los permisos de trabajo de los beneficiarios, indicó La Opinión.

    “A la disminución en el número de renovaciones procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se suma una batalla legal en Texas que podría afectar los permisos de trabajo de miles de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers”, explicó el artículo.

    “De acuerdo con un análisis publicado por Forum Together, el USCIS completó 35,648 renovaciones de DACA durante el primer trimestre del año fiscal 2026, una caída de casi 50% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando procesó cerca de 70,000 solicitudes”, escribió el diario.

    “Según Forum Together, aunque algunos beneficiarios han logrado obtener la residencia por otras vías, como matrimonio con ciudadanos estadounidenses o visas de trabajo, gran parte de la disminución responde a los crecientes retrasos administrativos. Los tiempos de procesamiento, que en el año fiscal 2025 rondaban los 15 días, ahora pueden extenderse entre 70 días y hasta seis meses, dejando a miles de personas sin posibilidad de trabajar legalmente durante ese periodo”.

    Cita de la semana

    “No merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular de “Un mexicano baleado por ICE”. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y alguien que daba trabajo a decenas de personas que también aspiraban al Sueño Americano…Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue baleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”, señaló Ronaldo, el mayor de los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo, padre de familia y trabajador que murió a manos de un agente de ICE en Houston, Texas esta semana.

  • Dos guatemaltecos se declaran culpables en Texas de tráfico de personas ligado a tragedia en Chiapas

    Dos guatemaltecos se declaran culpables en Texas de tráfico de personas ligado a tragedia en Chiapas

    Dos guatemaltecos se declararon culpables ante una corte federal de Texas de participar en una red de tráfico de personas relacionada con un accidente migratorio más mortal registrado en México en los últimos años, ocurrido en diciembre de 2021 en el estado sureño de Chiapas, donde murieron 55 migrantes.

    El Departamento de Justicia nformó que Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26, se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 de cargos federales por tráfico de personas. Ambos podrían recibir una condena máxima de cadena perpetua y conocerán su sentencia el próximo 6 de octubre de 2026.

    La investigación de las autoridades estadounidenses relaciona a los acusados con una organización que reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba grandes cantidades de dinero por trasladarlos hacia Estados Unidos y utilizaba rutas y métodos de transporte de alto riesgo a través de México.

    La tragedia del tráiler en Chiapas que expuso la red

    El caso está vinculado al accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba al menos 166 migrantes volcó y se impactó contra un puente cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

    El saldo del accidente fue de 55 personas muertas y más de 100 heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba una adolescente guatemalteca de 16 años. La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Guatemala, aunque entre los sobrevivientes y lesionados también había personas originarias de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador.

    Testigos del accidente relataron que los migrantes viajaban en condiciones extremas dentro del remolque, donde permanecían prácticamente de pie debido al reducido espacio. Tras el choque, imágenes del lugar mostraron la magnitud de la tragedia, con cuerpos esparcidos en la zona del impacto.

    Red de tráfico trasladaba migrantes en vehículos peligrosos

    Durante el proceso judicial, los acusados admitieron que la organización operaba como una estructura dedicada al traslado ilegal de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.

    La red utilizaba diferentes medios de transporte, incluidos recorridos a pie, microbuses, camiones utilizados para transportar ganado y tráileres, según la información presentada ante el tribunal.

    Uno de los aspectos más graves de la investigación fue la utilización de menores migrantes no acompañados dentro del esquema. Los responsables les proporcionaban instrucciones y respuestas preparadas para que pudieran contestar preguntas de autoridades migratorias estadounidenses en caso de ser detenidos durante el trayecto.

    El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, comparó el funcionamiento de la organización con una cadena de suministro, al señalar que los traficantes reclutaban personas en Guatemala, recibían pagos y posteriormente las trasladaban en vehículos sin importar las condiciones de seguridad.

    “Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló el funcionario.

    Detenciones y otros integrantes de la organización

    Jorge Agapito Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

    Por su parte, Oswaldo Manuel Zavala Quino fue uno de los cinco acusados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos ante la justicia federal estadounidense.

    Antes de las declaraciones de culpabilidad de julio de 2026, otros tres integrantes de la presunta red ya habían aceptado su participación en los hechos.

    Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026, mientras que Daniel Zavala Ramos, de 41 años, hizo lo mismo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.

    Un sexto acusado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, mantiene cargos pendientes ante la justicia estadounidense.

    Las sentencias para Quino Canil De Zavala y Chitic fueron programadas para el 9 de septiembre de 2026. Ambos enfrentan también una posible pena de cadena perpetua y multas de hasta 250 mil dólares.

    Autoridades estadounidenses califican el caso como explotación de migrantes

    El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los integrantes de la red aprovecharon la vulnerabilidad de los migrantes al violar las leyes migratorias estadounidenses y poner en riesgo sus vidas.

    El funcionario señaló que los responsables buscaban aumentar sus ganancias al transportar a más de 100 hombres, mujeres y niños dentro de un tráiler, una práctica que terminó provocando consecuencias mortales.

    El director en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, indicó que el caso demuestra que los traficantes de personas priorizan sus beneficios económicos sobre la seguridad de quienes trasladan.

    Condon destacó que los migrantes enfrentan riesgos como temperaturas extremas, falta de ventilación y condiciones peligrosas durante los trayectos organizados por estas redes criminales.

    Investigación internacional contra tráfico humano

    La investigación fue desarrollada por HSI con apoyo de autoridades de México y Guatemala, como parte de la Joint Task Force Alpha, una iniciativa conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para combatir organizaciones dedicadas al tráfico de personas en América.

    El caso también forma parte de la Operation Take Back America, un programa impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir redes criminales y reforzar acciones contra delitos relacionados con migración irregular.

    Las autoridades estadounidenses señalaron que el proceso judicial contra los integrantes restantes de la organización continuará mientras avanzan las investigaciones sobre una de las redes de tráfico humano vinculadas a una de las mayores tragedias migratorias ocurridas en México.

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  • Departamento de Justicia demanda a Maryland por sus políticas de santuario para inmigrantes

    Departamento de Justicia demanda a Maryland por sus políticas de santuario para inmigrantes

    Maryland se convirtió en el nuevo objetivo de una disputa legal del gobierno federal por sus políticas migratorias, ya que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado al acusarlo de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración y de interferir con la aplicación de las leyes federales.

    La acción judicial es la número 21 que el DOJ presenta contra normas consideradas de “santuario”, debido a que, según el gobierno, estas medidas impiden el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y agentes federales de inmigración.

    La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.

    Frenan custodia federal

    El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.

    “Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.

    El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.

    La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.

     La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ  contra políticas santuario,  incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.

    Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.

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  • Embajada de México exige transparencia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

    Embajada de México exige transparencia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

    El gobierno de México intensificó sus gestiones diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió luego de recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

    Y es que la Embajada de México en Estados Unidos informó que dará seguimiento al caso y buscará que los hechos sean investigados con total transparencia.

    El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, confirmó que la representación diplomática mantiene contacto con la esposa e hijos de Salgado Araujo y les brinda acompañamiento consular en este proceso.

    Cancillería anuncia acciones ante autoridades de Estados Unidos

    A través de un mensaje publicado en la red social X, Lazzeri explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores actuará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el objetivo de impulsar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

    El diplomático señaló que la Embajada de México en Washington y el Consulado de México en Houston utilizarán todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento al caso.

    “Como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”, expresó.

    Habrá reuniones con el Departamento de Estado, DHS e ICE

    Como parte de las acciones diplomáticas, Lazzeri informó que sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses para solicitar información y una revisión de los hechos.

    Los encuentros incluirán representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE y legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

    El objetivo, explicó, será solicitar una investigación transparente del operativo y promover protocolos más claros para futuras intervenciones de las autoridades migratorias.

    México pide respeto a la vida y los derechos humanos

    El embajador subrayó que la postura del gobierno mexicano no busca cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes migratorias, sino insistir en que las acciones de las autoridades se desarrollen con pleno respeto a la vida y a la dignidad de las personas.

    “Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, escribió Lazzeri.

    Caso se suma a otras muertes de mexicanos relacionadas con el ICE

    Roberto Lazzeri señaló que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo representa un nuevo caso que preocupa al gobierno mexicano.

    De acuerdo con el embajador, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido en incidentes relacionados con agentes del ICE o mientras permanecían bajo detención migratoria, una cifra que mantiene la atención de las autoridades consulares mexicanas.

    El caso de Salgado Araujo continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras su familia y organizaciones civiles también han solicitado una revisión independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el operativo en Houston.

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  • Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, ha intensificado las exigencias de organizaciones civiles, legisladores y autoridades mexicanas para fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.

    El caso, ocurrido el 7 de julio en un vecindario predominantemente latino de Houston, ha trascendido la discusión sobre el uso de la fuerza para convertirse en un llamado a revisar los mecanismos de control sobre los operativos de ICE, particularmente cuando éstos terminan con la muerte de una persona.

    En un posicionamiento difundido este jueves, la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

    El documento toma como punto de partida la movilización impulsada por la organización LULAC (League of United Latin American Citizens), que promovió una petición pública para exigir una investigación “completa, independiente y transparente”, así como la preservación y publicación de toda la evidencia disponible, incluidos videos, comunicaciones y testimonios. También destaca la creación de un fondo de apoyo para la familia del fallecido.

    Las demandas coinciden con las de la familia de Salgado Araujo, que rechaza la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras ICE sostiene que el agente disparó en defensa propia después de que el conductor presuntamente embistiera un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente, los familiares aseguran que Lorenzo creyó estar siendo víctima de un asalto debido a que los vehículos involucrados no estaban claramente identificados y exigen que se divulgue toda la evidencia disponible.

    Uno de los elementos que ha alimentado las dudas es que el operativo no contaba con grabaciones de cámaras corporales, circunstancia reconocida por las autoridades y que ha complicado la reconstrucción independiente de los hechos. Asimismo, ICE no ha precisado públicamente si Salgado era el objetivo original del operativo.

    Propuestas para fortalecer la supervisión

    Fuerza Migrante planteó cuatro medidas para evitar que casos similares queden limitados a investigaciones internas: activar obligatoriamente una revisión técnica e independiente cada vez que una persona muera durante un operativo migratorio; establecer un seguimiento bilateral entre México y Estados Unidos en casos de alto impacto; incorporar observadores externos cuando existan versiones contradictorias o posibles excesos en el uso de la fuerza; y publicar recomendaciones institucionales al concluir cada investigación para corregir fallas en los protocolos.

    “La justicia no puede depender de la presión mediática ni de la capacidad de una familia para exigir respuestas. La vida de una persona debe estar protegida por reglas claras, controles efectivos y autoridades obligadas a rendir cuentas”, señala el documento.

    Gobierno de México anuncia acciones legales

    La presión también ha escalado al plano diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia de ICE, al considerar que los canales diplomáticos utilizados hasta ahora no han producido resultados suficientes.

    De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 17 connacionales han perdido la vida en los últimos meses: 14 mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres durante operativos de detención. Reuters informó que el caso de Lorenzo Salgado elevó a por lo menos seis el número de personas fallecidas durante acciones de aplicación de la política migratoria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

    El documento de Fuerza Migrante retoma esas cifras para advertir que “cuando los hechos se repiten, la respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer responsabilidades caso por caso. También debe revisar si los protocolos, controles internos y mecanismos de supervisión están siendo suficientes para proteger la vida y prevenir abusos”.

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    Entrenador de fútbol mexicano recibe 30 años de cárcel por explotar sexualmente a menores

    Un entrenador de fútbol de origen mexicano fue condenado a 30 años de prisión federal por explotar sexualmente a menores, grabar los abusos y poseer documentos migratorios y de identidad fraudulentos en Tennessee.

    Camilo Campos-Hurtado, de 66 años y residente de Franklin, recibió la sentencia el 2 de julio de 2026. Una vez cumplida la pena, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee.

    Campos-Hurtado se había declarado culpable el 17 de junio de 2025 de cuatro cargos de explotación sexual de menores, uno por recibir material de abuso sexual infantil, otro por utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y uno más por tener un documento de identidad robado o producido sin autorización legal.

    La Fiscalía había solicitado una condena de 50 años debido a la gravedad de los delitos, la extensión temporal de los abusos y el riesgo que representaba el acusado. El juez federal estableció finalmente una pena de 360 meses, equivalentes a 30 años de cárcel.

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    Un teléfono olvidado permitió descubrir los abusos

    La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona encontró un teléfono celular que Campos-Hurtado había olvidado en un establecimiento comercial de Franklin.

    Al revisar el dispositivo, encontró videos sexualmente explícitos y alertó de inmediato al Departamento de Policía de Franklin. La denuncia dio lugar a una investigación que permitió descubrir varios años de explotación sexual infantil.

    Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, y policías locales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda y el vehículo del acusado. Allí recuperaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y numerosos documentos migratorios y de identidad falsificados.

    Drogaba o emborrachaba a las víctimas

    Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado utilizaba drogas o alcohol para incapacitar a menores antes de abusar sexualmente de ellos y grabar las agresiones.

    Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo durante el cual trabajaba como entrenador de fútbol. Sin embargo, el análisis forense de sus dispositivos reveló que producía material de abuso sexual infantil al menos desde enero de 2013.

    Las autoridades señalaron que aprovechaba su posición como entrenador para acercarse a los menores y ganarse su confianza.

    La investigación estuvo a cargo de HSI, el Departamento de Policía de Franklin y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El caso fue procesado por las fiscales federales adjuntas Monica R. Morrison y Kathryn D. Risinger.

    Podría ser expulsado de Estados Unidos

    La Fiscalía indicó que Campos-Hurtado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Después de cumplir su condena federal y cualquier pena estatal que aún tuviera pendiente, se espera que sea sometido a un procedimiento migratorio para su expulsión a México.

    El gobierno estadounidense no precisó en qué fecha ni por qué lugar ingresó al país.

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  • ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    Organizadores del grupo Centro CSO de Los Ángeles y del condado de Orange se reunieron este miércoles afuera del edificio federal Ronald Reagan en Santa Ana para apoyar a Nadia Topete, una activista que insiste en que está siendo investigada por las autoridades por su participación en protestas contra  las redadas de ICE el año pasado.  

    “Nadia no hizo nada malo. Protestar contra ICE no es un delito, defender los derechos de los inmigrantes no es un delito”, dijo Verita Topete, hermana de la activista. “Esto es un intento de la administración de Trump de acosar y desmantelar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. El hecho de que se haya señalado a Nadia forma parte de un sistema de represión política del gobierno federal”. 

    De acuerdo con Verita, el 1 de julio, las autoridades de Los Ángeles se presentaron en el domicilio de la activista por los derechos de los inmigrantes para entregarle una segunda citación en la que se le ordenaba comparecer ante un gran jurado el 8 de julio. Topete ya había sido citada para testificar en mayo, pero no asistió a la audiencia. 

    Los grupos activistas que apoyan a Nadia creen que la citación está relacionado con la participación de la joven en las protestas contra los operativos migratorios el verano pasado y recuerdan como miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del encarcelamiento masivo de miembros de su comunidad, tras una serie de detenciones violentas de ICE en el sur de California. 

    Creen que se trata de un intento de reexaminar el caso de Alejandro Orellana, otro activista por los derechos de los inmigrantes que participó en las protestas contra ICE el año pasado. Orellana fue acusado de conspirar para provocar disturbios civiles. Al final, se retiraron los cargos contra el activista del este de Los Ángeles, quien fue detenido por repartir protectores faciales durante una protesta contra las redadas federales de inmigración. 

    “¡Hoy es un buen día porque nuestra compañera entró a la corte y pudo salir libre!”, dijo Gabe de Centro CSO. 

    Nadia saliendo del edicificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Nadia saliendo del edificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Crédito: Janette Villafana | Impremedia
    Dos mujeres sostienen un cartel con las palabras "Stand With Nadia".
    Dos mujeres sostienen un cartel con la frase “Stand With Nadia”.
    Crédito: Janette Villafana
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Crédito: Janette Villafana

    El miércoles, Nadia asistió a la corte a la que la habían llamado para dar su testimonio sobre las múltiples manifestaciones de 2025, pero aunque asistió a su audiencia decidió no prestar testimonio, ya que piensa que podrían usar cualquier cosa que diga en su contra y en contra de sus compañeros. 

    “Nadia es una chicana de primera generación que se enorgullece de serlo y se dedicó a la defensa de los derechos humanos después de que nuestro papá fue secuestrado y detenido en el campo de concentración de Adelanto, donde pasó tres años sufriendo todo tipo de abusos y negligencia médica”, comentó su hermana. “Ella nunca ha salido a la calle para causar daño; solo estaba defendiendo los derechos de nuestros vecinos, como todos aquí lo hemos hecho desde que comenzó esta pesadilla”.

    Topete no se tomó a la ligera la noticia de que la habían citado a comparecer, ya que no es la primera activista a la que las autoridades han requerido para prestar alguna declaración. Este año, unos manifestantes contra ICE fueron condenados a décadas de prisión tras una protesta frente a un centro de detención en Texas.

    Carlos Montes, del Centro CSO, dijo que Nadia ha sido parte de su organización por mucho tiempo y, durante ese tiempo ha apoyado a su comunidad al proporcionar tarjetas de “conoce tus derechos”, vigilando la comunidad e incluso pintando las caras de niños en muchos de los eventos comunitarios que suelen realizar.

    Nadia a lado de su hermana, agradeciendole a la comunidad por apoyarla.
    Nadia a lado de su hermana, agradeciéndole a la comunidad por apoyarla.
    Crédito: Janette Villafana
    Crédito: Janette Villafana

    “Ella nunca ha hecho nada malo; solo está defendiendo a personas que no pueden defenderse”, dijo Montes, quien lleva años organizando en Los Ángeles.  

    Aunque Nadia no pudo dar ninguna entrevista, ya que su caso sigue abierto y puede que la vuelvan a llamar, sí se tomó un momento para agradecer a las más de 30 personas que asistieron a apoyarla. Al final, se tomó un momento para hacerse una foto con el grupo.  

    “Dependiendo de lo que pase, estamos listos para actuar, listos para estar ahí y apoyar a Nadia hasta el final”, dijo Sol Márquez, de la organización Legalización para Todos. “Tenemos que mantenernos unidos porque estamos bajo ataque; hoy es Nadia, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.