Organizaciones del exilio venezolano presentaron este lunes al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe que denuncia una situación migratoria “más inestable” desde 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente, Donald Trump.
El documento, de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), sostiene que las decisiones migratorias adoptadas desde 2025 dejaron a los venezolanos con menos protecciones, permisos de trabajo interrumpidos y más expuestos a la detención.
El informe de las agrupaciones, ambas con sede en Miami, suma el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependían unos 607,000 venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios (‘parole’) y el fin, desde octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.
Esas medidas se refuerzan entre sí, sostiene el informe: sin permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, mientras el expediente sigue abierto.
El texto recoge al menos tres casos documentados por medios estadounidenses en julio y agosto de venezolanos detenidos pese a tener permiso de trabajo, uno además con licencia de conducir y asilo pendiente.
Las organizaciones no las llaman ilegales ni atribuyen una intención única a las medidas, piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable.
La misma exigencia aplican a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, invocada contra presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, que Washington vincula con Venezuela, un nexo que el Gobierno venezolano ha negado.
El reporte reconoce que esa banda es “una organización criminal real”, pero pide que la pertenencia de una persona se pruebe una por una, sin que la nacionalidad, “la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales” sustituyan a la prueba.
El informe también examina el acuerdo por el que Liberia aceptó recibir hasta 1,200 ciudadanos de otros países en doce meses, un programa que, según ese país africano, contempla sobre todo a latinoamericanos, incluidos venezolanos.
Las peticiones de ambas organizaciones se resumen en tres: cifras desglosadas de los venezolanos detenidos, porque hoy no existe un conteo federal público; que una demora administrativa no cueste el empleo a quien espera sus papeles, y transparencia sobre los acuerdos con los países que reciben a los expulsados.
La terminación del TPS decretada en 2025 sigue impugnada ante la Corte Suprema. Alrededor de 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellas en Florida, según el Pew Research Center.
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