Category: Inmigracion

  • Senadores demócratas exigen que Medicaid deje de compartir información con ICE

    Senadores demócratas exigen que Medicaid deje de compartir información con ICE

    Senadores demócratas exigieron este martes al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda las transferencias de información de Medicaid al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reconociera que compartió datos protegidos de beneficiarios en tres ocasiones, pese a restricciones establecidas por un tribunal federal.

    Los senadores Ron Wyden y Jeff Merkley, ambos demócratas de Oregón, junto con Cory Booker, de Nueva Jersey; Chris Van Hollen, de Maryland, y Edward Markey, de Massachusetts, reclamaron explicaciones a HHS, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

    Los legisladores sostienen que las transferencias involucraron información de ciudadanos estadounidenses y residentes legales y cuestionaron que las agencias hayan permitido que datos relacionados con la atención médica fueran utilizados en el contexto de las operaciones migratorias.

    Una orden del juez federal Vince Chhabria, de California, estableció límites al intercambio de información de Medicaid con las autoridades migratorias. En agosto de 2025, el tribunal bloqueó el uso de datos de Medicaid obtenidos de los estados demandantes para fines de aplicación de las leyes migratorias y también prohibió a HHS compartir esos datos con DHS para esos propósitos.

    Senadores cuestionan transferencias de millones de registros

    De acuerdo con documentos judiciales citados por los legisladores, el 7 de enero HHS entregó a ICE una hoja de cálculo que contenía información de Medicaid de millones de afiliados de estados involucrados en la demanda. El propio gobierno habría reconocido posteriormente que parte de esos datos no debió ser compartida y que la transferencia era incompatible con la orden judicial.

    Otro episodio ocurrió el 19 de enero, cuando CMS envió a ICE información biográfica de casi 6,000 refugiados en Minnesota. La administración calificó la transferencia como involuntaria y sostuvo que ICE eliminó posteriormente el archivo de sus sistemas.

    Los senadores, sin embargo, dijeron que necesitan conocer cómo ocurrieron las transferencias y quiénes fueron los responsables de autorizarlas o supervisarlas. En marzo, fiscales estatales que participan en el litigio ya habían solicitado al tribunal que hiciera cumplir la orden judicial después de conocer que HHS había entregado a ICE un conjunto de datos descrito como “grande y complejo”.

    Los estados señalaron que la información de ciudadanos y residentes permanentes legales estaba fuera del alcance permitido por la corte.

    Demócratas piden detener el intercambio y revelar responsables

    Wyden y Merkley afirmaron que los beneficiarios de Medicaid deben poder confiar en que su información personal de salud será protegida y no utilizada para campañas de deportación. “El Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la información personal de salud de las decenas de millones de personas que dependen de Medicaid esté protegida”, escribieron los senadores.

    Los legisladores solicitaron que HHS y CMS identifiquen cuántos registros de ciudadanos o nacionales estadounidenses fueron entregados a ICE o DHS desde enero de 2025, así como todas las transferencias realizadas desde junio de 2025. También exigieron conocer los nombres de los funcionarios encargados de supervisar esos intercambios y las comunicaciones internas relacionadas con las advertencias sobre la posible entrega de información de ciudadanos estadounidenses.

    Los senadores dieron a las agencias como fecha límite el 4 de septiembre de 2026 para responder.

    La disputa se suma a un enfrentamiento más amplio entre legisladores demócratas, varios estados y la administración Trump sobre el uso de información gubernamental para reforzar las políticas migratorias. Wyden y Merkley también han cuestionado otras iniciativas relacionadas con Medicaid y las prácticas de vigilancia de ICE.

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  • EE.UU. enviará hasta 1,200 deportados de distintas nacionalidades a Liberia

    EE.UU. enviará hasta 1,200 deportados de distintas nacionalidades a Liberia

    Liberia acordó recibir hasta 1,200 personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos de ese país africano, en uno de los acuerdos de deportación a terceros países de mayor alcance impulsados por la administración de Donald Trump.

    El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, confirmó el martes que los deportados serán trasladados al país durante el próximo año. El primer grupo, compuesto por unas 20 personas, está previsto que llegue este jueves.

    Piah explicó que el grupo de hasta 1,200 personas incluirá ciudadanos de distintos países de África, además de personas procedentes de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, reseñó AP.

    Podrán solicitar asilo en Liberia

    El funcionario señaló que las personas trasladadas podrán solicitar protección internacional una vez que lleguen a Liberia. También afirmó que tendrán la posibilidad de abandonar el país cuando lo consideren conveniente.

    “Pueden solicitar asilo” en Liberia o “pueden abandonar el país cuando lo deseen”, explicó Piah ante los periodistas.

    El gobierno liberiano también recibirá apoyo de Estados Unidos para administrar el programa y reforzar su sistema migratorio. Piah defendió el acuerdo como una decisión basada en razones humanitarias y en la tradición de Liberia de brindar protección.

    El ministro aseguró que las autoridades pretenden proporcionar a las personas trasladadas el respaldo necesario para solicitar protección y permanecer seguras durante su estadía.

    Cuestionado por abogados de migración

    El acuerdo se produce mientras la administración Trump amplía el uso de deportaciones hacia países distintos a los de origen de los migrantes. Activistas sostienen que, mediante acuerdos que en algunos casos no se han hecho públicos, Estados Unidos ha enviado a miles de personas a casi dos docenas de países terceros, alrededor de una decena de ellos en África.

    Una de las principales preocupaciones está relacionada con personas que cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración estadounidenses. Estas decisiones pueden impedir que sean devueltas directamente a sus países de origen debido a los riesgos que enfrentarían allí.

    Piah no precisó si entre las personas que serán enviadas a Liberia hay migrantes protegidos por este tipo de órdenes.

    Abogados especializados en migración han cuestionado el mecanismo y sostienen que las deportaciones a terceros países pueden funcionar como una vía indirecta para presionar a solicitantes de asilo a regresar posteriormente a los lugares de los que huyeron.

    En algunos casos, los migrantes terminan en países que nunca habían visitado y donde carecen de vínculos familiares o comunitarios. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido que, ante la falta de alternativas, estas personas pueden verse obligadas a regresar finalmente a sus países de origen, incluso cuando alegan que hacerlo representa un riesgo para su seguridad.

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  • Corte federal ordena supervisión independiente sobre la detención de menores migrantes

    Corte federal ordena supervisión independiente sobre la detención de menores migrantes

    Un tribunal federal ordenó este martes designar un perito especial y un supervisor independiente para vigilar el cumplimiento por parte la administración de Donald Trump del Acuerdo de Conciliación de Flores, un convenio judicial vinculante de 1997 que establece estándares nacionales para el trato, cuidado y liberación de menores bajo custodia migratoria.

    La decisión llega después de más de un año de denuncias de incumplimientos sistemáticos y persistentes por parte de las autoridades migratorias.

    Los abogados que supervisan el acuerdo han presentado informes del propio Gobierno y más de 100 declaraciones de niños y familias que describen las condiciones y el trato que han enfrentado durante su detención.

    Según el comunicado difundido este martes por las organizaciones involucradas en el caso, el tribunal consideró necesario establecer esta supervisión debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha logrado garantizar por sí mismo el cumplimiento del acuerdo.

    Supervisión sobre las condiciones de detención

    El perito especial y el supervisor independiente tendrán entre sus funciones vigilar cuánto tiempo permanecen los menores bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    El tribunal señaló que, pese a la reducción en el número de menores que cruzan la frontera, CBP ha mantenido a cientos de niños durante semanas o meses en instalaciones descritas en el comunicado como prisiones de cemento, algunas sin acceso al exterior, privacidad o atención médica adecuada.

    Los supervisores también vigilarán determinadas condiciones dentro de las instalaciones de CBP, entre ellas la temperatura, los lugares para dormir y el acceso a jabón.

    De acuerdo con los testimonios citados por las organizaciones, algunos menores han reportado temperaturas extremadamente bajas y que CBP les proporciona únicamente una manta de aluminio mylar muy delgada para protegerse del frío.

    También han denunciado que las luces permanecen encendidas durante toda la noche y que existen baños comunitarios y expuestos sin jabón ni desinfectante disponible dentro de las celdas.

    También revisarán hoteles utilizados para detener a menores

    Otra de las tareas será supervisar el uso de hoteles sin licencia para mantener detenidos a niños y las razones por las que algunos permanecen allí durante periodos prolongados.

    Las organizaciones sostienen que la utilización de estos establecimientos dificulta que los abogados encargados de vigilar el cumplimiento del Acuerdo Flores puedan supervisar adecuadamente las condiciones de los menores.

    Según el comunicado, esta situación puede dejar a los niños aislados de representación legal, atención médica, necesidades básicas y contacto con el exterior.

    La supervisión también abarcará el acceso de los menores a atención médica, la notificación de sus derechos bajo el Acuerdo Flores y el tiempo que permanecen bajo custodia de ICE en el South Texas Family Residential Center, conocido como Dilley, en Texas.

    Las autoridades migratorias mantienen allí a familias durante meses, según las organizaciones, antes de deportar a muchas de ellas o liberarlas cuando se determina que el Gobierno no cuenta con una base legal para continuar su detención.

    Perito podrá verificar los datos del Gobierno

    El perito especial también estará autorizado para verificar y validar los datos que DHS debe entregar a los abogados del Acuerdo Flores.

    Las organizaciones señalaron que, desde el inicio de la Administración Trump, los datos mensuales elaborados por CBP e ICE y entregados a los abogados han presentado discrepancias. Entre ellas, mencionaron informes que omitieron por error a algunos menores incluidos en el grupo protegido por el acuerdo.

    El supervisor independiente tendrá además la responsabilidad de vigilar que el Gobierno cumpla con la obligación de liberar rápidamente a los menores o trasladarlos fuera de instalaciones de DHS que no sean seguras.

    Mientras permanezcan detenidos, deberá supervisar que reciban los cuidados básicos y las necesidades esenciales exigidas por el Acuerdo Flores.

  • Operativo migratorio eleva tensión en ciudad del condado de Los Ángeles

    Operativo migratorio eleva tensión en ciudad del condado de Los Ángeles

    La ciudad de La Puente, en el condado de Los Ángeles, vivió momentos de tensión el viernes 14 de agosto después de que ocurrió un operativo migratorio.

    Comerciantes y testigos dijeron que la presencia de los agentes federales se registró aproximadamente a las 8:00 a.m. en el corredor de puestos de comida cerca de la intersección de North Sunset Avenue y Amar Road.

    De acuerdo con las versiones, al lugar llegaron varias camionetas negras, sin identificación, en las que viajaban los agentes federales de inmigración.

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    Uno de los comerciantes que se encontraba en el lugar, David González, declaró a la cadena Univision que él y otros vendedores se preparaban para instalar sus puestos cuando fueron alertados sobre la presencia de los agentes.

    “Los vio y gritó que estaba inmigración. Todos salieron corriendo“, expresó Gabriela Hoyos, quien también es comerciante y presenció la redada.

    Rápidamente, los vendedores también avisaron a los trabajadores del negocio Don Chilaquiles, un negocio local que fue objetivo de un operativo migratorio en diciembre de 2025.

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    En videos que se capturaron el viernes y que fueron compartidos en las redes sociales, se observa el puesto de comida aparentemente abandonado, porque los empleados huyeron del lugar ante el riesgo de ser detenidos.

    González mencionó que algunos de los trabajadores pudieron subir a sus vehículos para alejarse de la zona después de ser alertados sobre el posible operativo migratorio.

    Gabriela Hoyos dijo que, al parecer, un vendedor de chicharrones fue quien lanzó la alerta a los demás comerciantes después de observar la presencia de los agentes federales de inmigración.

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    De acuerdo con dos trabajadores de Don Chilaquiles, ninguna persona fue detenida durante el operativo migratorio que se llevó a cabo en la mañana del 14 de agosto, gracias a que los empleados pudieron salir a tiempo tras ser alertados de una posible redada.

    Sin embargo, la amenaza de la presencia federal elevó la tensión entre los trabajadores del corredor de alimentos en La Puente, así como entre los miembros de la comunidad inmigrante de la ciudad del condado de Los Ángeles.

    No fue la primera ocasión en que las agencias federales llevaron a cabo un operativo en el área de la ciudad de La Puente.

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    En diciembre de 2025, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habrían arrestado al menos a tres trabajadores inmigrantes en el área del corredor de puestos de comida en La Puente.

    “La vez pasada que vinieron sí se llevaron a un muchacho. Nosotros corrimos, pero el muchacho no alcanzó a correr”, recordó Gabriela Hoyos.

    A pesar del temor de que ocurra una redada en cualquier momento, los comerciantes reconocieron que deben seguir trabajando para ganar el dinero que necesitan para mantener a sus familias.

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  • Asfura solicita a EE.UU. evaluar individualmente a hondureños tras la cancelación del TPS

    Asfura solicita a EE.UU. evaluar individualmente a hondureños tras la cancelación del TPS

    El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, pidió a EE.UU. analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras confirmarse su cancelación y posibles deportaciones, al tiempo que atribuyó la dificultad para mantener el programa a las “malas relaciones bilaterales” durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro.

    “Le hemos pedido al Gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en Estados Unidos”, destacó Asfura en una rueda de prensa en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño.

    Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara la cancelación del TPS para una docena de países, entre ellos Honduras, advirtiendo el inicio de procesos de deportación para quienes no abandonen el país voluntariamente.

    “La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, señaló el organismo federal en un mensaje en redes sociales.

    Honduras recibió el TPS por primera vez en enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

    El programa permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado.

    Asfura destacó que los hondureños beneficiarios del TPS han construido buena parte de su vida en Estados Unidos y defendió que se tenga en cuenta su arraigo antes de proceder con su eventual retorno.

    “Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones. Ciudadanos ejemplares que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, enfatizó.

    Aunque el mandatario reconoció que la decisión final corresponde a la política migratoria y a los tribunales de Estados Unidos, reiteró que las “malas relaciones” bilaterales de los últimos cuatro años influyeron negativamente en la situación del TPS para más de 55,000 hondureños.

    Ante un eventual retorno de los beneficiarios, Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero, aseguró que Honduras debe prepararse para recibirlos y aprovechar su experiencia, conocimientos e inversiones.

    “Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso, al final, para abrirles las puertas”, manifestó.

    El mandatario planteó identificar a los hondureños que regresarían, el tiempo que permanecieron en Estados Unidos y las inversiones que desarrollaron allí, con el fin de facilitar su incorporación a la economía hondureña.

    A su juicio, un eventual retorno de personas con décadas de experiencia podría convertirse en una oportunidad para atraer capital y conocimientos, al tiempo que insistió en la importancia de impulsar la inversión extranjera y preservar la nacional.

    Con información de EFE

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  • Minnesota demanda a Texas para forzar extradición de agente de ICE acusado de disparar contra un venezolano

    Minnesota demanda a Texas para forzar extradición de agente de ICE acusado de disparar contra un venezolano

    El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, demandó este martes al gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a extraditar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de disparar contra un venezolano durante el operativo migratorio de la agencia en Minneapolis.

    Ellison solicitará una orden de restricción temporal que impida a la oficina del sheriff del condado de Cameron, en Texas, liberar al agente Christian Castro y que obligue a Abbott a firmar la orden de extradición para que las autoridades de Minnesota puedan trasladarlo y procesarlo en ese estado, informó NBC News.

    Castro fue detenido 11 días después de que fiscales de Minneapolis presentaran cargos en su contra por agresión y por presuntamente proporcionar información falsa a las autoridades en relación con el tiroteo no mortal ocurrido el 14 de enero, en el que resultó herido Julio Cesar Sosa Celis.

    La denuncia penal indica que Castro disparó contra la puerta principal de una vivienda en Minneapolis.

    Una de las balas alcanzó a una persona en una pierna y posteriormente quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. El documento sostiene además que el agente proporcionó deliberadamente información falsa a un oficial sobre lo ocurrido.

    Ellison advierte sobre una posible liberación

    El fiscal general de Minnesota explicó durante una conferencia de prensa que Castro podría quedar en libertad la próxima semana, cuando cumpla 90 días detenido, debido a las normas de Texas. También advirtió que el agente podría abandonar Estados Unidos desde la ciudad fronteriza donde permanece bajo custodia.

    “Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota. Debe enfrentar la justicia en Minnesota”, afirmó Ellison, quien sostuvo que Abbott debió aceptar hace tiempo la solicitud de extradición presentada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

    “Christian Castro no está por encima de la ley y Greg Abbott tampoco”, agregó.

    La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó la acción judicial como un paso que debería haber sido innecesario. Señaló que funcionarios de la cárcel y fiscales locales de Texas han cooperado con las autoridades de Minnesota y aseguró que el proceso de extradición “no debería ser controvertido”.

    Según la fiscal, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado sin inconvenientes a otros tres acusados de delitos no relacionados hacia Minnesota, a solicitud de las autoridades estatales.

    Ellison, por su parte, dijo que su oficina ha mantenido comunicaciones constantes con Abbott y su equipo, incluso recientemente, pero que las autoridades de Minnesota deben asumir que Texas se está negando a cumplir con la solicitud de extradición.

    “Tenemos que adoptar la posición de que se están negando a cumplir con la solicitud de extradición”, afirmó.

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  • Minnesota demanda y exige a Texas extraditar a agente de ICE acusado de disparar a inmigrante

    Minnesota demanda y exige a Texas extraditar a agente de ICE acusado de disparar a inmigrante

    El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó este martes una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para exigir la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de disparar contra un migrante durante un operativo de la agencia en Minneapolis.

    Ellison busca que un tribunal impida la liberación del agente Christian Castro y obligue a Abbott a firmar los documentos necesarios para que Minnesota pueda asumir su custodia y procesarlo por cargos de agresión y por presuntamente reportar de manera falsa un delito. Castro fue detenido en mayo en Harlingen, Texas, 11 días después de que fiscales de Minneapolis presentaran los cargos relacionados con el incidente ocurrido el 14 de enero.

    De acuerdo con la acusación, el agente disparó hacia la puerta principal de una vivienda durante una operación migratoria y una de las balas alcanzó en una pierna a Julio César Sosa-Celis, un migrante venezolano.

    La denuncia sostiene además que el proyectil terminó incrustado en la pared del dormitorio de un menor. Las autoridades de Minnesota también acusan a Castro de haber proporcionado información falsa a un agente policial al afirmar que Sosa-Celis y otro migrante lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

    Ellison advierte que el agente podría quedar en libertad

    Durante una conferencia de prensa, Ellison afirmó que la solicitud de extradición se ha retrasado y advirtió que Castro podría ser liberado próximamente si se cumple el límite establecido por las leyes de Texas para las personas detenidas mientras esperan un proceso de extradición.

    “Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota”, declaró Ellison. “Debe enfrentar a la justicia en Minnesota”. El fiscal general agregó que Abbott “debería haber aprobado” la solicitud presentada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y sostuvo que el gobernador de Texas está obligado a cumplir con el procedimiento.

    “Christian Castro no está por encima de la ley, y Greg Abbott tampoco”, afirmó Ellison.

    La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó la demanda como una medida que, en circunstancias normales, debería ser innecesaria. Según explicó, funcionarios penitenciarios y fiscales de Texas han cooperado anteriormente con Minnesota y el estado ha entregado a otros acusados a petición de las autoridades.

    Minnesota teme una posible fuga tras una eventual liberación

    Ellison señaló que Castro permanece detenido en una zona del sur de Texas cercana a la frontera con México y sostuvo que existe preocupación por una posible fuga si recupera su libertad. La fiscal Moriarty también expresó inquietud por las conexiones del acusado con la zona fronteriza y por la posibilidad de que abandone Estados Unidos antes de responder ante un tribunal de Minnesota.

    El caso se relaciona con la operación conocida como Metro Surge, un amplio despliegue de agentes migratorios en Minneapolis que provocó protestas y enfrentamientos con civiles. Durante esos operativos también murieron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, después de recibir disparos de agentes migratorios.

    El debate sobre el uso de armas de fuego por parte de agentes migratorios ha aumentado en Estados Unidos. Organizaciones y autoridades internacionales han pedido mayor transparencia e investigaciones independientes sobre incidentes ocurridos durante operativos de inmigración.

    Hasta este martes, Abbott no había respondido públicamente a la demanda presentada por Minnesota. El conflicto entre ambos estados coloca ahora en manos de los tribunales la decisión sobre si Texas deberá entregar a Castro para que enfrente los cargos en Minnesota.

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  • Casa Blanca frena obras del muro en el Parque Nacional Big Bend en Texas tras duras críticas

    Casa Blanca frena obras del muro en el Parque Nacional Big Bend en Texas tras duras críticas

    La administración del presidente Donald Trump anunció que suspenderá la construcción de un controvertido proyecto de construcción fronteriza en el Parque Nacional Big Bend, Texas, mientras el director de la agencia encargada de la construcción del muro hace una “evaluación sobre todo el terreno”.

    El proyecto en cuestión que atraviesa el parque nacional en el sur de Texas enfrenta una gran oposición bipartidista por parte de críticos que aseveran que está destruyendo el entorno natural prístino de la zona. Alegan que el terreno accidentado y remoto de la región ya actúa como elemento disuasorio para migrantes y traficantes.

    Históricamente, los cruces fronterizos en esa área han sido menores que en otras regiones y han bajado todavía más en los últimos dos años.

    “La CBP suspenderá toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras lo visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno”, declaró en X Rodney Scott, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Scott señaló que en los siguientes días “escucharía a los líderes locales, a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas” para abordar lo que calificó como amenazas “reales” a la seguridad nacional, al tiempo que protegía el parque.

    Aunque no está del todo claro si la suspensión presagiaba una paralización más duradera de la construcción, reflejó la intensidad de la oposición de ambas bancadas y fue una extraña concesión por parte de la administración respecto a una promesa clave del mandatario republicano que se apresuró a cumplir antes de las elecciones de noviembre.

    El verano pasado, el Congreso otorgó al gobierno $46,000 millones de dólares para construir un muro desde el océano Pacífico hasta el golfo de México, y la Casa Blanca de Trump ha avanzado a pasos agigantados y eximiendo múltiples regulaciones en un esfuerzo por construir rápidamente el muro.

    Scott declaró que espera que la primera capa del muro esté construida para finales de 2027, informó NBC News.

    No obstante, Washington se ha encontrado con una gran oposición en Texas, particularmente en lo que respecta a la construcción dentro y cerca del Parque Nacional Big Bend y un parque estatal al oeste.

    A inicios de año, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) echó para atrás sus planes de construir un muro de bolardos de casi 30 pies de altura por medio de los parques, pero siguió adelante con otras medidas de protección fronteriza, como una nueva carretera, alumbrado público, millas de barreras diseñadas para impedir que los vehículos crucen la frontera y tecnología como cables de fibra óptica que se enterrarán bajo las vallas.

    Lo mencionado anteriormente ha llevado a la oposición por parte de algunos demócratas y republicanos de la región, exfuncionarios de parques nacionales, residentes locales que dependen de los parques para su sustento y varios funcionarios electos de Texas.

    Los críticos apuntan que dañará el paisaje agreste que atrae a turistas que descienden el Río Grande en balsa y aprovecha algunos de los cielos nocturnos más despejados del país para contemplar o estudiar las estrellas.

    La semana pasada, se pudieron observar excavadoras despejando terrenos en el parque, lo que provocó aún más la preocupación y produjo preguntas de uno de los senadores republicanos de Texas. El senador John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas ante el fiscal general del estado, escribió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, manifestando su preocupación por las obras.

    “Mis electores creen que los acantilados ribereños de casi 1,000 pies de altura y el terreno remoto de Big Bend constituyen un elemento disuasorio para cualquier inmigrante ilegal que intente cruzar a Estados Unidos. El terreno peligroso incluye montañas escarpadas, cañones profundos y extensos desiertos que, según ellos, actúan como una barrera natural que limita los movimientos a gran escala”, escribió Cornyn.

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  • Al menos 152 agentes de ICE y CBP tienen historial de delitos sexuales y violencia

    Al menos 152 agentes de ICE y CBP tienen historial de delitos sexuales y violencia

    Un nuevo reporte revela a “lo peor de lo peor”, es decir, a 152 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que tienen historial de delitos sexuales y violentos, pero aún así operan en acciones migratorias.

    Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, organización responsable del reporte, destacó amenazas que agentes propinaron a sus propias parejas sentimentales.

    “Todas y cada una de las mujeres de tu linaje no son más que unas asquerosas y gordas [insulto]. Deberían degollarlas a todas”, expresó David Brouillette en un mensaje de voz a su exesposa Ashley. Él fue quien disparó a muerte a Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine.

    Tramonte destacó como ejemplo la forma en que estos agentes han actuado contra sus propias familias y cómo actuarían en operaciones migratorias.

    “Si ese es el tipo de cosas que dicen a las personas que afirman haber amado, ¿cómo creen que van a actuar con las personas sobre las que sienten que tienen poder en la comunidad?”, expuso Tramonete en una conferencia de prensa virtual.

    Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pudo evitar la contratación de personas como Brouillette, ya que su comportamiento ha quedado registrado en el sistema judicial estadounidense.

    “Y la información sobre ellos, la forma en que hablan con sus familiares, todo eso estaba disponible para los investigadores de antecedentes cuando estos agentes estaban solicitando para estos trabajos, algo no cuadra”, lamentó Tramonte.

    El reporte incluye un análisis de 152 casos que confirma las acciones de violencia sexual, depredación de menores y abuso de autoridad.

    “De los 152 individuos incluidos en estos datos, 131 (86.2%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales, y 85 (55.9%) fueron acusados o condenados por crímenes dirigidos a menores”, se indica. “En conjunto, 78 individuos (51.3%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales contra menores, la categoría más grande de la lista”.

    Agrega que el 90% de esos delitos fueron “formas de violencia de género y violencia sexual”, incluida abuso sexual infantil y violencia doméstica. Hay un 10% restante son casos de “homicidios cometidos en el ejercicio de sus funciones y en violaciones de derechos civiles o de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes o personas que se creía que eran inmigrantes”.

    El problema aumenta con Trump

    Las estadísticas del reporte indican que los casos documentados son, en su mayoría, entre 2025 y 2026 –con la administración del presidente Donald Trump–, ya que representan el 23.7% de toda la lista.

    “El 2025 registró 14 casos, y 2026 ya ha registrado 22, con más de cuatro meses por delante”, se advierte.

    En comparación con 2024, con el gobierno de Joe Biden, la cifra de incidencia fue de 11 casos, el número más alto de los años previos.

    Uno de los casos es el de Ronald Anthony Burgos Aviles, un agente de CBP en Texas, quien asesinó a su pareja y al hijo de un año de edad de ella.

    Mientras Samuel Saxon, un antiguo supervisor de ICE en Cincinnati, Ohio, tiene un largo historial de violencia doméstica “incluyendo estrangulamiento y huesos rotos”.

    Los latinos también ejercen violencia

    El análisis indica que el 45.4% (69) de los agentes en la lista de lo “lo peor de lo peor” son blancos, mientras el 44.7% son latinos (66), afrodescendientes 3.9% (6) y AAPI 2.6% (4).

    Uno de los casos es Juan David Ortiz, agente de la CBP en Texas, un asesino serial condenado por homicidio capital tras asesinar a cuatro trabajadoras sexuales.

    Los estados con más casos son Texas (47), Arizona (30), California (20), Florida y Nueva York, con siete cada uno, así como Michigan con seis cada uno.

    La Patrulla Fronteriza tiene, con diferencia, el mayor número de casos con 121, contra 28 de ICE, pero Tramonte advierte las diferencias de años en que las agencias han operado.

    “ICE no existía antes de 2003, y las tácticas que usa ahora no son las mismas que usaba cuando era INS (otra oficina migratoria)”, indicó Tramonte. “El 45% de estos delitos no se tratan solo de acusaciones […], se trata simplemente de demandas presentadas en tribunales civiles. Se trata de delitos que fueron procesados ​​o imputados”.

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    Informe alerta sobre 152 agentes de ICE y CBP vinculados con abusos sexuales y violencia

    Un informe de Ohio Immigrant Alliance documenta 152 casos de empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración y advierte sobre un patrón de abuso sexual, violencia y abuso de autoridad dentro de ICE y la Patrulla Fronteriza.

    De acuerdo con el análisis, 131 de los 152 individuos, el 86.2%, fueron acusados o condenados por delitos sexuales. Más de la mitad de los casos, 85, involucraron acusaciones o condenas por delitos dirigidos contra menores. En 78 casos, equivalentes al 51.3% del total, se trató específicamente de delitos sexuales contra menores.

    El informe sostiene que alrededor del 90% de los delitos documentados corresponden a distintas formas de violencia de género y sexual, entre ellas abuso sexual, abuso sexual infantil y violencia doméstica.

    CBP concentra la mayoría de los casos

    La mayoría de los casos corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): 121 de los 152, es decir, 79.6%. El documento señala que ambas agencias presentan tasas elevadas de delitos sexuales, pero los casos de CBP tienen una mayor proporción de víctimas menores.

    Entre los ejemplos aparece Ronald Anthony Burgos Aviles, un agente de CBP en Texas que asesinó a su pareja y al hijo de un año de ella. También se menciona a Samuel Saxon, antiguo supervisor de ICE en Cincinnati, Ohio, señalado por un historial de abusos contra su pareja, incluidos estrangulamiento y lesiones.

    El reporte también menciona casos de depredación sexual. John Daly III, conocido como el “East Valley Serial Rapist”, cometió agresiones sexuales antes y durante su tiempo en la Patrulla Fronteriza. Frank Figueroa, antiguo oficial de ICE en Florida, fue captado en video exponiéndose ante una adolescente de 16 años. Ramon Marquez, agente de CBP en Arizona, utilizó su posición dentro de un programa para jóvenes para abusar sexualmente de participantes menores, según el informe.

    El informe cuestiona los controles

    Uno de los principales señalamientos apunta a las fallas en la verificación de antecedentes, la capacitación y la supervisión de los agentes.

    El documento afirma que algunos individuos tenían antecedentes de comportamiento criminal o peligroso antes de ser contratados por DHS. También cita al exabogado de ICE Ryan Schwank, quien calificó el programa de capacitación como “deficiente, defectuoso y roto” y afirmó que durante su permanencia en la agencia se eliminaron 240 horas de formación de un programa que originalmente tenía 584.

    El reporte señala además que 36 de los 152 casos corresponden a 2025 y 2026. En 2025 se registraron 14 y en 2026 ya sumaban 22 al momento de la actualización.

    Frente a estos hallazgos, la organización propone que el Congreso congele los presupuestos y la contratación de ICE y la Patrulla Fronteriza, fortalezca las revisiones de antecedentes y establezca mecanismos independientes de supervisión.

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