Un informe de Ohio Immigrant Alliance documenta 152 casos de empleados y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración y advierte sobre un patrón de abuso sexual, violencia y abuso de autoridad dentro de ICE y la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con el análisis, 131 de los 152 individuos, el 86.2%, fueron acusados o condenados por delitos sexuales. Más de la mitad de los casos, 85, involucraron acusaciones o condenas por delitos dirigidos contra menores. En 78 casos, equivalentes al 51.3% del total, se trató específicamente de delitos sexuales contra menores.
El informe sostiene que alrededor del 90% de los delitos documentados corresponden a distintas formas de violencia de género y sexual, entre ellas abuso sexual, abuso sexual infantil y violencia doméstica.
CBP concentra la mayoría de los casos
La mayoría de los casos corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP): 121 de los 152, es decir, 79.6%. El documento señala que ambas agencias presentan tasas elevadas de delitos sexuales, pero los casos de CBP tienen una mayor proporción de víctimas menores.
Entre los ejemplos aparece Ronald Anthony Burgos Aviles, un agente de CBP en Texas que asesinó a su pareja y al hijo de un año de ella. También se menciona a Samuel Saxon, antiguo supervisor de ICE en Cincinnati, Ohio, señalado por un historial de abusos contra su pareja, incluidos estrangulamiento y lesiones.
El reporte también menciona casos de depredación sexual. John Daly III, conocido como el “East Valley Serial Rapist”, cometió agresiones sexuales antes y durante su tiempo en la Patrulla Fronteriza. Frank Figueroa, antiguo oficial de ICE en Florida, fue captado en video exponiéndose ante una adolescente de 16 años. Ramon Marquez, agente de CBP en Arizona, utilizó su posición dentro de un programa para jóvenes para abusar sexualmente de participantes menores, según el informe.
El informe cuestiona los controles
Uno de los principales señalamientos apunta a las fallas en la verificación de antecedentes, la capacitación y la supervisión de los agentes.
El documento afirma que algunos individuos tenían antecedentes de comportamiento criminal o peligroso antes de ser contratados por DHS. También cita al exabogado de ICE Ryan Schwank, quien calificó el programa de capacitación como “deficiente, defectuoso y roto” y afirmó que durante su permanencia en la agencia se eliminaron 240 horas de formación de un programa que originalmente tenía 584.
El reporte señala además que 36 de los 152 casos corresponden a 2025 y 2026. En 2025 se registraron 14 y en 2026 ya sumaban 22 al momento de la actualización.
Frente a estos hallazgos, la organización propone que el Congreso congele los presupuestos y la contratación de ICE y la Patrulla Fronteriza, fortalezca las revisiones de antecedentes y establezca mecanismos independientes de supervisión.
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