Category: Inmigracion

  • ACLU lanza alerta por guantes eléctricos de ICE: “Es una receta para dañar al público”

    ACLU lanza alerta por guantes eléctricos de ICE: “Es una receta para dañar al público”

    La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) encendió las alarmas ante el plan de ICE para incorporar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante sus operativos de inmigración, al considerar que la herramienta podría facilitar el uso de la fuerza y aumentar el riesgo de abusos.

    La reacción ocurre después de que AP revelara que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla gastar hasta $20 millones para adquirir miles de estos dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., y distribuirlos entre sus agentes antes de marzo.

    El equipo, fabricado por Compliant Technologies LLC, funciona como un guante de patrulla convencional hasta que el agente activa un interruptor que libera una descarga al entrar en contacto directo con la piel.

    Para la ACLU, sin embargo, el problema no es solamente la tecnología, sino quién podría utilizarla, bajo qué circunstancias y con qué nivel de supervisión.

    ACLU cuestiona el uso de descargas por ICE

    Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública de la ACLU, cuestionó que una herramienta de este tipo sea necesaria para la aplicación civil de las leyes de inmigración.

    En declaraciones recogidas por la agencia antes citada, la representante de la organización puso el foco en una característica particularmente polémica: la posibilidad de activar el dispositivo con un botón que podría pasar inadvertido para la persona detenida.

    “ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón que quizá nadie más pueda ver que accionan”, afirmó Rolnick Borchetta.

    La crítica va más allá de cuestionar el dispositivo. La ACLU sostiene que existe un problema de confianza respecto a la manera en que los agentes de ICE utilizarían esta nueva herramienta.

    “Contar con guantes que pueden usarse con tanta facilidad para causar un dolor terrible en los encuentros es una receta para dañar a la población”, agregó la representante.

    Así funcionan los guantes que ICE quiere comprar

    Los G.L.O.V.E., siglas en inglés de ‘Generated Low Output Voltage Emitter’, están diseñados para generar un estímulo eléctrico doloroso cuando el guante entra en contacto directo con la piel.

    De acuerdo con el fabricante, el agente puede activar el sistema mediante un interruptor y utilizarlo para conseguir que una persona deje de resistirse. La empresa sostiene que el efecto puede producirse en cuestión de segundos.

    John Peters, presidente del Institute for the Prevention of In-Custody Deaths, explicó a AP que la descarga es “inmediata y aguda” y la comparó con “un piquete de abeja”.

    El fabricante asegura que los dispositivos ya han sido utilizados en algunas cárceles y departamentos de policía, principalmente en situaciones específicas de traslado o cuando existe resistencia física.

    También establece restricciones: los guantes no deberían utilizarse como castigo, contra personas que solamente muestran desafío verbal ni contra grupos considerados de alto riesgo, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad.

    Aun así, la ACLU considera que el posible uso de la herramienta por parte de ICE merece especial escrutinio.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreció comentarios sobre el cuestionamiento. Por su parte, Jeff Niklaus, director ejecutivo de Compliant Technologies, respondió: “Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema”.

    El plan todavía requiere que ICE concrete el proceso de adquisición. Pero para la ACLU, el debate ya está sobre la mesa: si los agentes tendrán una herramienta capaz de provocar dolor con solo presionar un botón, la pregunta será qué controles existirán para impedir que una detención migratoria termine en un uso innecesario de la fuerza.

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  • Hallan muerto en Colombia a mexicano que había sido deportado de EE.UU. casi un año antes

    Hallan muerto en Colombia a mexicano que había sido deportado de EE.UU. casi un año antes

    Luis Enrique Cortez Cabrera, un mexicano de 32 años que había sido deportado de Estados Unidos casi un año antes, fue hallado muerto en Colombia después de permanecer desaparecido durante varias semanas, informó su familia a Noticias Telemundo.

    De acuerdo con la embajada de México en Colombia, el hombre murió tras recibir varios disparos. Sin embargo, sus familiares aseguran que todavía desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y esperan información de las autoridades colombianas.

    La desaparición de Cortez se produjo en junio, después de que viajara a Colombia para visitar a unos amigos. Tras pasar aproximadamente un mes sin noticias de él, su familia recibió la confirmación de que había muerto.

    La noticia afectó especialmente a su madre, quien relató entre lágrimas la angustia que vivió mientras intentaba comunicarse con su hijo. “Yo llamaba con la esperanza de que por fin me contestara”, contó a Noticias Telemundo.

    La familia explicó fue la embajada de México en Colombia la que se comunicó con ellos para informarles sobre el fallecimiento. La identificación de Luis Enrique tampoco fue inmediata debido al estado en que fue encontrado su cuerpo.

    Yamilex, madre de los hijos de Cortez, explicó que las autoridades tuvieron que enviar sus huellas dactilares a México para confirmar su identidad.

    Había vivido 19 años en Estados Unidos

    La muerte de Luis Enrique Cortez ocurrió casi un año después de que fuera deportado a México. Su madre aseguró que el hombre había vivido durante 19 años en Estados Unidos, donde tenía una vida establecida y a sus dos hijos.

    Lamentó que la deportación hubiera separado a su hijo de la vida que había construido durante casi dos décadas. “Si no me hubieran deportado a mi hijo… él ya tenía aquí 19 años viviendo. Diecinueve años, toda una vida”, afirmó.

    Después de ser deportado, Cortez permaneció un tiempo en Ciudad Juárez y posteriormente viajó a Colombia, según la información publicada por su familia en una campaña de GoFundMe.

    El mexicano también se encontraba en proceso de obtener una visa U, un mecanismo migratorio estadounidense destinado a determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, con la expectativa de poder regresar a Estados Unidos y reunirse con sus hijos.

    Yamilex manifestó que sus dos hijos, Andy y Delaila, eran una de las principales prioridades de Luis Enrique. “Lo más importante para él eran sus niños”, relató.

    Dijo que incluso cuando estaba trabajando la víctima procuraba llevarlos consigo.

    La familia busca repatriar sus restos

    Ahora, sus familiares intentan trasladar el cuerpo desde Colombia hasta México para poder despedirse de él. A través de una campaña de GoFundMe, Yamilex pidió ayuda económica para cubrir los gastos de repatriación y agradeció a quienes colaboraron previamente en la búsqueda del hombre.

    “Estamos recaudando fondos para poder traer de regreso a Enrique a casa para poder despedirnos de él”, escribió en la campaña.

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  • Este programa ayuda a inmigrantes que enfrentan deportación en EE.UU. y no tienen abogado

    Este programa ayuda a inmigrantes que enfrentan deportación en EE.UU. y no tienen abogado

    Miles de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos llegan a los tribunales sin representación legal, una situación que puede dificultar sus posibilidades de permanecer en el país. Ante esta realidad, un programa de voluntarios busca ofrecer asistencia jurídica a quienes no pueden conseguir un abogado.

    El programa Attorney of the Day envía abogados voluntarios a los tribunales de inmigración para orientar a personas que comparecen sin representación y ayudarlas a entender los pasos de un proceso que puede terminar con su permanencia en Estados Unidos o su deportación.

    La necesidad de este tipo de asistencia es relevante bajo la administración del presidente Donald Trump, en medio de una política migratoria enfocada en acelerar los procesos de deportación.

    Datos citados por The Associated Press indican que los tribunales han aumentado las solicitudes de asilo rechazadas, mientras agentes de deportación han realizado arrestos en instalaciones judiciales y se han implementado audiencias con decenas de personas para reducir la acumulación de casos.

    El problema es que, a diferencia de los tribunales penales, los migrantes no tienen derecho a un abogado proporcionado por el Estado en los procesos. Quienes no pueden pagar un representante deben recurrir a organizaciones sin fines de lucro, que en muchos casos tienen largas listas de espera y no cuentan con suficientes abogados para atender la demanda.

    Un análisis del Vera Institute of Justice citado por AP señala que de los aproximadamente 3,2 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, el 52 % de las personas no tiene abogado.

    La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de 2024 encontró que solo el 19% de los inmigrantes sin abogado obtuvo asilo u otra vía para permanecer legalmente en Estados Unidos.

    Entre quienes sí tuvieron representación legal, la proporción alcanzó el 47%.

    Una ayuda en medio del proceso

    En Sacramento, California, la abogada Kamalpreet Chohan, coordinadora del programa, revisó una lista de 57 personas que debían presentarse a audiencias y encontró que ninguna tenía representación legal. Su trabajo consiste en orientar a los migrantes antes y después de sus comparecencias y ayudarlos con documentos y solicitudes.

    Chohan trabaja con el California Immigration Project y suele permanecer en las salas de espera de los tribunales para revisar documentos, explicar los procedimientos y detectar errores que podrían afectar los casos. También participa en clínicas destinadas a ayudar a los migrantes a completar sus solicitudes de asilo.

    Entre las recomendaciones que brinda están completar todos los apartados de los formularios, presentar traducciones al inglés realizadas por una persona y no mediante traductores automáticos, incluir copias de todas las páginas del pasaporte y entregar los documentos con suficiente anticipación para que el juez pueda revisarlos.

    La asistencia también busca prevenir que los migrantes sean víctimas de estafas. Chohan relató a AP que se encuentra con frecuencia con personas que pagaron a supuestos abogados que finalmente no hicieron nada por sus casos. En uno de los casos que conoció, un migrante afirmó haber pagado $4,500 dólares a un abogado que terminó siendo un estafador.

    El panorama en los tribunales de migración ha cambiado durante el segundo mandato de Trump.

    Chohan contó que el verano pasado observó agentes de ICE esperando en los juzgados para detener a migrantes después de sus audiencias. Más recientemente, presenció la implementación de las llamadas “megaaudiencias”, en las que decenas de personas son citadas al mismo tiempo para agilizar los casos pendientes.

    Para Chohan, la falta de abogados sigue siendo uno de los principales obstáculos. En Sacramento, señaló, no existen suficientes representantes que trabajen gratuitamente para atender a todos los inmigrantes que necesitan ayuda.

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  • Agentes del ICE podrían ser equipados con guantes capaces de producir descargas eléctricas

    Agentes del ICE podrían ser equipados con guantes capaces de producir descargas eléctricas

    A partir del próximo año, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser equipados con guantes capaces de producir descargas eléctricas para utilizarlos durante sus operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que planea destinar cerca de $20 millones de dólares en la adquisición de dispositivos denominados Glove (Emisor de Voltaje de Salida Bajo Generado), los cuales fabrica Compliant Technologies LLC, empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos de control no letales, la cual es propiedad de veteranos con sede en Lexington, Kentucky.

    De acuerdo con el fabricante, este tipo de guantes se han utilizado en entornos como las cárceles estadounidenses, donde ocasionalmente resulta necesario hacer que impere el orden para evitar confrontaciones entre prisioneros violentos o en contra de quienes los custodian día y noche.

    “El 70 %de los agentes que mueren por disparos reciben disparos a menos de tres metros de distancia. El dispositivo GLOVE ofrece a los agentes una opción no letal a esa misma distancia, logrando que quienes se resisten cedan en segundos, sin causar daños permanentes a nadie”, señala el fabricante en el sitio web donde promueven sus productos.

    Otro dato interesante de estos guantes es que, la empresa a cargo de elaborarlos y comercializarlos, los describe como normales para quien los porta, esto siempre y cuando no pulse un interruptor para activar su modo eléctrico.

    No obstante, algunas organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran que los agentes del ICE podrían llegar a utilizarlos de manera desmedida para infundir pavor entre los inmigrantes carentes de documentación para avalar su estancia en territorio estadounidense.

    Durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP), Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre actuación policial en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advierte sobre el surgimiento de posibles abusos de poder a cargo de agentes migratorios al momento de acudir en busca de un extranjero considerado por las autoridades como alguien peligroso.

    “El ICE pasó el último año demostrando a este país que recurren a la fuerza con demasiada facilidad. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con solo pulsar un botón, algo que tal vez nadie más vea.

    Introducir guantes que pueden usarse tan fácilmente para infligir un dolor terrible en los encuentros es una receta para el daño al público”, aseguró.

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    Corte determina que inmigrantes con ‘parole’ pueden ser deportados en forma expedita bajo política de Trump

    La Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C. desestimó una demanda que buscaba revertir los programas de ‘parole’ o libertad condicional que creó el gobierno del presidente Joe Biden y que protegía a miles de personas.

    De este modo, el gobierno del presidente Donald Trump podrá continuar con su política de cancelación del programa y procesar a los inmigrantes bajo tal protección para su proceso de deportación, incluso en forma acelerada.

    En una decisión 3-0, el Tribunal de Apelaciones anuló un fallo de un tribunal inferior que había impedido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aplicar la deportación acelerada para estos inmigrantes.

    “Los líderes del Departamento de Seguridad Nacional emitieron un memorándum y enviaron un correo electrónico sugiriendo que los funcionarios deberían considerar someter a los reclusos en libertad condicional a una expulsión acelerada. Varios reclusos en libertad condicional impugnaron la legalidad del memorándum y del correo electrónico. Sin embargo, no impugnaron las facultades que permiten al gobierno someterlos a la expulsión acelerada”, señala la opinión.

    Agrega que la pregunta central de la apelación es si las organizaciones demandantes tienen legitimidad procesar en el caso.

    “La cuestión que se plantea es si las organizaciones tienen legitimidad procesal para impugnar la acción gubernamental con el fin de evitar la expulsión acelerada de sus miembros sin demostrar que la medida solicitada probablemente reduciría la probabilidad de que sus miembros sean objeto de la expulsión acelerada”, agrega la opinión. “No la tienen”.

    La decisión de la corte desecha la determinación de una corte de Distrito sobre el caso Coalition for Humane Immigrant Rights v. Mullin.

    “Los demandantes no pueden solicitar una reparación que no les beneficie en nada”, indica la decisión. “Los demandantes en este caso intentaron hacer precisamente eso. Por lo tanto, revocamos la suspensión dictada por el tribunal de Distrito”.

    La demanda original fue presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), CASA y la Red UndocuBlack, y la apelación fue hecha por el DHS, representada por Tyler J. Becker, asesor jurídico del Fiscal General Adjunto del Departamento de Justicia.

    Deportaciones aceleradas en proceso

    La Federation for American Immigration Reform (FAIR) presentó un documento amicus curiae (amigos de la corte) a favor de la administración Trump y celebró la decisión de la corte de apelaciones.

    Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor jurídico general de FAIR, afirmó que la decisión de la corte es en contra de una política del presidente Biden por “permitir la entrada masiva de extranjeros”, aunque la determinación de los jueces se enfoca a la legitimidad de las organizaciones para impugnar la política de la administración Trump.

    Wilcox recuerda también que la decisión de la corte de apelaciones se alinea a la reciente determinación de la Corte Suprema sobre deportaciones aceleradas.

    “La Corte Suprema fue absolutamente clara al afirmar que el Presidente tiene la facultad inherente de expulsar a extranjeros, incluyendo a quienes se encuentran en libertad condicional”, indicó. “Nos complace que la Corte haya reconocido el amplio abanico de facultades de expulsión a disposición de Trump y haya concluido acertadamente que esta demanda era un ejercicio inútil”.

    El programa de ‘parole’ protege distintos tipos de inmigrantes y uno de los más criticados por los opositores del presidente Biden fue la llamada visa humanitaria para los originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, un programa que habría protegido a casi medio millón de personas que llegaron legalmente a EE.UU.

    Con la nueva decisión, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría procesar más fácilmente a miles de inmigrantes.

    Las organizaciones demandantes no se han expresado sobre si impugnarán ante la Corte Suprema.

  • Ilhan Omar pregunta si Trump utilizó a ICE para vigilarla durante un evento en Minnesota

    Ilhan Omar pregunta si Trump utilizó a ICE para vigilarla durante un evento en Minnesota

    La presencia de una agente federal frente a un evento público de Ilhan Omar en Minnesota abrió un nuevo frente de cuestionamientos para la administración de Donald Trump. La congresista demócrata pidió explicaciones sobre el motivo por el que una integrante de HSI, división de ICE, permaneció estacionada afuera del centro comunitario donde realizaba una reunión con ciudadanos.

    De acuerdo con una investigación publicada por The Guardian, Omar envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para conocer si la agencia estaba realizando labores de vigilancia relacionadas con ella o con otros funcionarios.

    Una operación antidrogas que llamó la atención

    Según el relato de Omar, un policía de Richfield detectó a una mujer dentro de una Ford Explorer estacionada cerca del edificio y sospechó de la situación porque las placas del vehículo no coincidían con los registros oficiales.

    La mujer habría dicho inicialmente que trabajaba como guardia de seguridad. Posteriormente, de acuerdo con la congresista, contactó a un supervisor y se identificó como agente de HSI, asegurando que participaba en una operación encubierta contra el narcotráfico.

    El punto que generó mayor preocupación fue que, según Omar, la policía local no había recibido información previa sobre esa operación.

    La agente permaneció en el lugar hasta hablar con su supervisor y después abandonó la zona.

    Omar exige respuestas al gobierno de Trump

    La congresista cuestionó por qué la agente se encontraba precisamente frente al centro comunitario durante una actividad pública y cómo sabía que ella estaría allí.

    “Esto también plantea interrogantes serios e incómodos sobre el propósito de la presencia de HSI fuera de mi evento”, afirmó Omar, según The Guardian.

    La demócrata fue más allá y advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno utilice a ICE para vigilar a opositores políticos, aunque esa acusación no ha sido demostrada.

    En su carta, Omar pidió información sobre otras posibles actividades de HSI relacionadas con funcionarios locales, estatales o federales de Minnesota.

    El diario antes citado informó que contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre el episodio.

    Hasta ahora, la controversia gira en torno a una pregunta central: si la presencia de la agente fue parte de una investigación antidrogas sin relación con Omar o si existía algún otro propósito detrás de su permanencia frente al evento.

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  • Tribunal debe aclarar ciudadanía por nacimiento tras nueva orden de Trump, solicita moción judicial

    Tribunal debe aclarar ciudadanía por nacimiento tras nueva orden de Trump, solicita moción judicial

    Una moción presentada por diversas organizaciones civiles busca que la Corte de Distrito de New Hampshire aclare el alcance de la determinación de la Corte Suprema sobre la protección a la ciudadanía por nacimiento, luego de una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

    El nuevo esfuerzo legal advierte que la orden del presidente Trump buscan darle la vuelta a la decisión de la Corte Suprema.

    “Esta orden es un intento desesperado y descarado de eludir la decisión de la Corte Suprema y ampliar un conjunto muy limitado de excepciones a la 14.ª Enmienda. Como la Corte ya ha afirmado, es la Constitución, no el presidente, quien determina quién es estadounidense y quién tiene voz en nuestra democracia”, afirmó Aarti Kohli, directora ejecutiva del Caucus de Derecho Asiático. “Las comunidades inmigrantes sabemos que nuestros derechos están en juego, especialmente cuando el gobierno nos usa como chivos expiatorios. La administración Trump ya perdió una vez y volverá a perder”.

    La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Nuevo Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia son los grups que defendieron con éxito el caso Trump versus Barbara, sobre el cual el Máximo Tribunal que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía por nacimiento.

    “Es posible que al presidente Trump no le guste que la ciudadanía por derecho de nacimiento sea un derecho constitucional, y puede que no le guste haber perdido en la Corte Suprema, pero eso es irrelevante”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal. “Ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños”.

    El grupo que presenta la moción busca que el tribunal garantice el alcance de la decisión del 30 de junio de la Corte Suprema, donde se aclara que una orden ejecutiva no puede modificar la Constitución.

    “La Corte Suprema no podría haber sido más clara: fue inconstitucional el intento del presidente Trump de redefinir, mediante una orden ejecutiva, quién es ciudadano estadounidense”, declaró Amia Trigg, subdirectora de litigios del Fondo de Defensa Legal. “Ahora, el presidente intenta redoblar su ataque ilegal contra esta protección constitucional. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el poder ejecutivo ignora flagrantemente la autoridad de la Corte en su cruzada contra los niños estadounidenses”.

    La primera orden de Trump, firmada en enero de 2025, intentó bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros cuyos bebés nacieran en territorio estadounidense.

    El intento de excepciones de Trump

    La moción arranca señalando que el presidente Trump busca aplicar excepciones sobre la ciudadanía por nacimiento que no marca la Constitución, incluso recuerda el caso United States versus Wong Kim Ark, cuando el Máximo Tribunal aclaró que la Decimocuarta Enmienda “no está sujeta a revisión ejecutiva”.

    Las organizaciones advierten el riesgo de la implementación de la orden “Continuando con la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, firmada el 6 de agosto pasado por Trump.

    “A pesar de la clara directriz de la Corte Suprema, esta nueva orden viola la orden judicial preliminar vigente de la Corte, ya que pretende privar a los miembros de la demanda colectiva provisionalmente de la ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema”, indica la moción. “Para evitar cualquier duda al respecto, la Corte debería recalcar que el gobierno no puede privar a los miembros de la demanda colectiva de la ciudadanía mediante órdenes ejecutivas u otras afirmaciones igualmente erróneas del poder ejecutivo sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento”.

    El tribunal debería determinar una “medida cautelar preliminar” para bloquear los nuevos esfuerzos de la administración Trump.

    “El último intento del presidente Trump de socavar la ciudadanía por derecho de nacimiento es tanto inútil, como cruel, desde el punto de vista constitucional”, declaró Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia. “Ya hemos visto esta estrategia de esta administración, y los tribunales han dejado claro en repetidas ocasiones que la Decimocuarta Enmienda no puede ser reescrita por decreto ejecutivo”.

    Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, indicó que se continuará defendiendo la ciudadanía por nacimiento.

    “Las órdenes ejecutivas de Trump son un torpe intento de distraer al pueblo estadounidense del claro fallo de la Corte Suprema: que la ciudadanía por derecho de nacimiento está protegida por nuestra Constitución”, afirmó Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts.

  • Investigación revela que ICE alimenta a la fuerza a detenidos en huelga de hambre

    Investigación revela que ICE alimenta a la fuerza a detenidos en huelga de hambre

    La política migratoria de Donald Trump enfrenta nuevas preguntas por el trato a personas detenidas por ICE. Una investigación de The Guardian reveló que la agencia obtuvo órdenes judiciales para aplicar tratamiento médico involuntario a 18 personas en huelga de hambre entre enero de 2025 y el 4 de agosto de 2026.

    El hallazgo amplía la cifra de 10 casos documentados días antes. En varios expedientes, el procedimiento incluyó alimentación mediante una sonda nasogástrica, colocada por personal médico mientras los detenidos eran inmovilizados.

    Un caso que expone el procedimiento

    Uno de los testimonios es el de Gabar Choli, cineasta y activista kurdo detenido en Texas. Según documentos judiciales revisados por el medio citado, fue sometido a alimentación forzada desde mayo de 2025 hasta su deportación a Canadá en enero de 2026.

    “Me destrozó, me destrozó mentalmente”, relató Choli al periódico. También aseguró que varios guardias lo sujetaban mientras le introducían el tubo por la nariz.

    Choli no contó con representación legal durante el proceso. Registros judiciales muestran que ICE argumentó que su huelga representaba un riesgo para su salud y para la seguridad del centro.

    ICE defiende las intervenciones

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió sobre el caso de Choli, pero un portavoz sostuvo que la agencia respeta el derecho a rechazar tratamiento médico “donde sea apropiado”.

    Añadió que ICE puede solicitar autorización judicial cuando existe un riesgo de muerte o daño permanente. La agencia aseguró que cualquier tratamiento involuntario se realiza bajo autoridad legal y con personal médico calificado.

    La práctica ha provocado críticas de especialistas. La doctora Chanelle Diaz, de Columbia University, dijo a al diario que el caso de Choli “no es atención médica, es tortura”.

    El reportaje advierte que los procedimientos se tramitaron con rapidez y bajo sello judicial, mientras algunos detenidos carecían de abogados. Para expertos médicos y organizaciones de derechos humanos, el debate cuestiona hasta dónde puede llegar el gobierno para intervenir sobre el cuerpo de una persona detenida que utiliza una huelga de hambre como protesta.

    ICE sostiene que las intervenciones pueden realizarse cuando existen riesgos graves y con autorización judicial.

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  • ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podrá decidir qué videos publica

    ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales, pero podrá decidir qué videos publica

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país, aunque la política de la agencia le concede un amplio margen para decidir qué grabaciones de incidentes graves serán divulgadas públicamente.

    ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.

    La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.

    Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.

    Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.

    No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.

    Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.

    Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.

    La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.

    Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.

    Un despliegue marcado por retrasos

    ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.

    Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.

    En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.

    La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.

    Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.

    La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.

    En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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    ICE equipará a sus agentes con cámaras corporales pero podrá decidir qué videos publica

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    ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.

    La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.

    Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.

    Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.

    No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.

    Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.

    Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.

    La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.

    Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.

    Un despliegue marcado por retrasos

    ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.

    Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.

    En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.

    La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.

    Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.

    La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.

    En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

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