La Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito, con sede en Ohio, se sumó a los tribunales que exigen a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) otorgar a inmigrantes el derecho a solicitar fianza.
“Los peticionarios son más que simples nombres en una demanda. Los peticionarios han vivido en Estados Unidos durante años o décadas”, escribió el juez Eric Clay.
El fallo se suma a victorias similares en el Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, y el Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
Sin embargo, ICE también ha tenido decisiones a favor con el Quinto y el Octavo circuitos, mientras que el Séptimo Circuito no tomó una decisión sobre este tema que podría llegar a la Corte Suprema, debido a las diferencias de opiniones en tribunales.
Los dos jueces que decidieron a favor en el Sexto Circuito fueron nombrados por Bill Clinton.
La decisión del Sexto Circuito confirmó la determinación de la Corte de Distrito del Este de Michigan, que resolvió el caso de Juan Manuel López-Campos, quien presentó una petición de hábeas corpus, alegando que se encuentra detenido ilegalmente en la cárcel del Condado de Monroe, en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“Este Tribunal determina que la detención de López-Campos sin audiencia de fianza es ilegal, una violación de sus derechos al debido proceso y ordena su liberación inmediata o, alternativamente, una audiencia de fianza dentro de los siete (7) días siguientes”, decidió el juez Brandy McMillion el 29 de agosto pasado.
López-Campos es originario de México y está sujeto a un proceso migratorio para su deportación, a pesar de haber residido en EE.UU. por más de veinticinco años, criar a cinco hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, mantener un empleo estable, servir a su comunidad y no tener historial criminal.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Michigan especificó que la decisión beneficiará a miles de personas detenidas en Michigan y otros tres estados. Esto luego de que la Corte Suprema limitara las decisiones de tribunales, a menos de que se trate de demandas colectivas.
“Los tribunales han rechazado, una vez más, la política inhumana de detención obligatoria del gobierno de Trump, concluyendo que su reinterpretación de las leyes de detención de nuestro país es ilegal. Nos alegramos enormemente por nuestros clientes y sus familias”, escribió My Khanh Ngo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU de Michigan, en un comunicado.
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