Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de todo el país han provocado un nuevo frente de tensión con varias aerolíneas, luego de que agentes federales utilizaran manifiestos de vuelo para ubicar y detener a inmigrantes con visas vencidas antes de abordar sus vuelos.
De acuerdo con un reportaje publicado por The Wall Street Journal, algunas compañías, entre ellas Southwest Airlines, han comenzado a cuestionar la forma en que se llevan a cabo estos operativos, al considerar que pueden afectar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, además de alterar los protocolos establecidos dentro de las aeronaves.
Southwest exige protocolos claros
Según el medio citado, uno de los episodios más recientes ocurrió el 25 de julio en Dallas, cuando personal de la aerolínea impidió que un agente de ICE abordara un avión y también rechazó entregar información de pasajeros sin la documentación legal correspondiente.
El medio señala, con base en una fuente familiarizada con el tema, que en las últimas semanas se registraron al menos media docena de incidentes similares relacionados con la aerolínea.
En un comunicado citado por el diario, Southwest Airlines aseguró que coopera con las autoridades, pero únicamente cuando se cumplen los procedimientos legales.
“Contamos con políticas para garantizar que las autoridades presenten la documentación legal adecuada antes de compartir información de nuestros clientes”, indicó la empresa.
Crecen los operativos en aeropuertos
El reporte también indica que ICE intensificó las detenciones en terminales aéreas de ciudades como San Francisco, Miami y Kansas City, donde en algunos días se registraron entre una y tres docenas de arrestos.
La asociación Airlines for America, que representa a varias compañías aéreas, aseguró que mantiene conversaciones con ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para definir protocolos que permitan realizar operativos sin comprometer la seguridad de los viajeros.
“Las aerolíneas han mantenido conversaciones constructivas con ICE y TSA para garantizar que cualquier intervención policial priorice la seguridad de todos los involucrados”, señaló un portavoz de la organización.
Por su parte, Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la estrategia y afirmó que la agencia únicamente está “haciendo cumplir las leyes y las políticas establecidas” de Estados Unidos.
Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de todo el país han provocado un nuevo frente de tensión con varias aerolíneas, luego de que agentes federales utilizaran manifiestos de vuelo para ubicar y detener a inmigrantes con visas vencidas antes de abordar sus vuelos.
De acuerdo con un reportaje publicado por The Wall Street Journal, algunas compañías, entre ellas Southwest Airlines, han comenzado a cuestionar la forma en que se llevan a cabo estos operativos, al considerar que pueden afectar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, además de alterar los protocolos establecidos dentro de las aeronaves.
Southwest exige protocolos claros
Según el medio citado, uno de los episodios más recientes ocurrió el 25 de julio en Dallas, cuando personal de la aerolínea impidió que un agente de ICE abordara un avión y también rechazó entregar información de pasajeros sin la documentación legal correspondiente.
El medio señala, con base en una fuente familiarizada con el tema, que en las últimas semanas se registraron al menos media docena de incidentes similares relacionados con la aerolínea.
En un comunicado citado por el diario, Southwest Airlines aseguró que coopera con las autoridades, pero únicamente cuando se cumplen los procedimientos legales.
“Contamos con políticas para garantizar que las autoridades presenten la documentación legal adecuada antes de compartir información de nuestros clientes”, indicó la empresa.
Crecen los operativos en aeropuertos
El reporte también indica que ICE intensificó las detenciones en terminales aéreas de ciudades como San Francisco, Miami y Kansas City, donde en algunos días se registraron entre una y tres docenas de arrestos.
La asociación Airlines for America, que representa a varias compañías aéreas, aseguró que mantiene conversaciones con ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para definir protocolos que permitan realizar operativos sin comprometer la seguridad de los viajeros.
“Las aerolíneas han mantenido conversaciones constructivas con ICE y TSA para garantizar que cualquier intervención policial priorice la seguridad de todos los involucrados”, señaló un portavoz de la organización.
Por su parte, Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la estrategia y afirmó que la agencia únicamente está “haciendo cumplir las leyes y las políticas establecidas” de Estados Unidos.
Un grupo de migrantes originarios de Honduras, Cuba y Ecuador denunció que fue deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos a la República Centroafricana sin haber recibido información previa sobre su destino y sin que, según su versión, se respetaran las garantías de debido proceso durante su expulsión.
El caso salió a la luz luego de que el hondureño Brayan Sánchez difundiera videos y ofreciera una entrevista desde Bangui, capital del país africano, donde afirma permanecer junto con cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano tras ser trasladados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sánchez, quien residía en Miami y trabajaba como camionero, aseguró que fue detenido el 13 de mayo y posteriormente trasladado por varios centros de detención en Florida, Colorado, Arizona, California y Texas antes de abordar un vuelo con destino desconocido.
“ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca”, declaró.
De acuerdo con su testimonio, el vuelo duró alrededor de 21 horas e hizo escalas en Senegal y Nigeria antes de aterrizar en la República Centroafricana.
VIDEO| El hondureño Brayan Sánchez, quien residía en Miami, Estados Unidos, relata la odisea que está pasando al ser deportado a África: “Me pasó una tragedia, me trajeron secuestrado junto con otros emigrantes más a África; es una injusticia que nos trajeran para acá. Ahora? pic.twitter.com/yzRgdcFAOX
Denuncian amenazas y falta de información durante el traslado
El migrante hondureño sostuvo que, antes del viaje, agentes migratorios les informaron que debían abordar el avión sin ofrecer mayores explicaciones sobre el destino. “¿Pero por qué nos mandan para allá?… no sabemos, simplemente van para allá”, relató Sánchez al recordar la conversación que asegura sostuvo con funcionarios de ICE.
El grupo afirma que permanece en un inmueble bajo restricciones de movilidad mientras las autoridades locales tramitan visas para su permanencia temporal. También denuncian dificultades para acceder a agua potable, alimentos adecuados y atención médica, además de enfrentar barreras por el idioma y la falta de información sobre su situación migratoria.
En un video difundido desde Bangui, el cubano Arístides Fernández García pidió apoyo de congresistas y organizaciones defensoras de inmigrantes. “Estamos pidiendo por favor a los congresistas del sur de la Florida, María Elvira Salazar, y a todas las personas que puedan ver este video, que lo hagan viral, que escuchen nuestra voz, que esto ha sido una injusticia y la estamos pasando bien mal”, expresó.
?| La Cancillería de Honduras ?? informa sobre las acciones de acompañamiento consular y diplomático brindadas en el caso del ciudadano Brayan Omar Sánchez Servellón, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos e intereses de las y los hondureños en el exterior,? pic.twitter.com/xHInMm3DXA
Caso ocurre en medio de política de deportaciones a terceros países
Las denuncias se producen mientras la administración del presidente Donald Trump amplía el uso de acuerdos con terceros países para recibir migrantes deportados desde Estados Unidos. Según el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, Washington mantiene acuerdos con países africanos como Ruanda, Sudán del Sur, Esuatini, Uganda, Ghana, Camerún, República Democrática del Congo y la República Centroafricana para aceptar a personas expulsadas del territorio estadounidense.
El Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) ha cuestionado estas deportaciones al sostener que, tras un fallo de la Corte Suprema en junio de 2025, algunas expulsiones se han realizado con escaso tiempo de notificación y sin suficientes garantías procesales. Sánchez sostiene que tenía una orden judicial que impedía su deportación y afirma que sus abogados consideran que su caso debe ser revisado.
“Hablé con abogados, me dicen: ‘no, a ti te tienen que retornar porque te han violado todos los derechos’”, aseguró.
Hasta el momento de la publicación, ICE no había respondido a una solicitud de información de EFE sobre las denuncias. Por su parte, el Gobierno de Honduras informó que realiza gestiones diplomáticas para dar seguimiento al caso y reiteró que apoyará un eventual retorno voluntario del ciudadano hondureño.
Un tribunal federal ordenó a la Administración de Donald Trump liberar los fondos retenidos para financiar servicios legales destinados a niños inmigrantes no acompañados y estableció como plazo el mediodía del viernes 7 de agosto después de casi nueve meses en los que el Gobierno no cumplió con una orden judicial previa.
El fallo obliga al Gobierno a pagar a organizaciones sin fines de lucro por los servicios legales prestados desde diciembre de 2025 a menores no acompañados, pero no resuelve el futuro de la representación legal para miles de niños.
El contrato federal que sostenía una red nacional de casi 100 proveedores especializados venció el 31 de julio sin ser renovado.
El tribunal reconoció esa incertidumbre y ordenó a la Administración presentar, a más tardar el 13 de agosto, un informe sobre las medidas que está tomando para garantizar que continúe el financiamiento de estos servicios.
La decisión se produjo después de una audiencia celebrada el 6 de agosto en el caso Community Legal Services in East Palo Alto v. U.S. Department of Health and Human Services. Amica Center for Immigrant Rights, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Justice Action Center, junto con el bufete Gibson Dunn, habían solicitado al tribunal hacer cumplir la orden preliminar emitida el 29 de abril de 2025 y exigir al Gobierno el pago de los servicios prestados antes de que expirara el contrato.
Intento fallido
La Administración Trump había intentado terminar con el financiamiento de la representación legal de niños inmigrantes no acompañados en marzo de 2025.
El tribunal bloqueó inicialmente esa medida el 1 de abril y, el 29 de abril, emitió una orden preliminar que mantuvo la protección mientras avanzaba el litigio.
Pese a esas órdenes, el Gobierno dejó de pagar a los proveedores por los servicios de representación legal desde diciembre de 2025, según las organizaciones que promovieron la demanda.
“Todavía no sabemos cuántos niños pagaron el precio de la ilegalidad de la administración”, dijo Alvaro M. Huerta, director de Litigios y Defensa de ImmDef.
El abogado sostuvo que, mientras el Gobierno retenía los fondos, algunos menores tuvieron que enfrentar solos procesos de deportación y pudieron haber sido devueltos a situaciones de “abuso, persecución y peligro” de las que habían escapado.
Huerta aseguró que las organizaciones continuarán defendiendo a los menores y responsabilizando a la Administración por cualquier intento de evadir sus obligaciones. “Los derechos de los niños no son opcionales”, afirmó.
Recursos de emergencia
Los proveedores legales también han advertido que la falta de pagos durante meses ha obligado a las organizaciones a buscar recursos de emergencia, modificar sus equipos de trabajo y, en algunos casos, limitar los servicios que ofrecen.
“Cada pago retenido amenaza el acceso de un niño a la representación legal, al debido proceso y a la seguridad”, afirmó Adina Appelbaum, directora del programa de Amica Center for Immigrant Rights.
Según la abogada, las organizaciones sin fines de lucro han asumido durante meses la carga financiera provocada por la negativa del Gobierno a liberar fondos aprobados por el Congreso.
Laura Flores-Perilla, abogada de Justice Action Center, resumió el impacto que las organizaciones atribuyen a la falta de representación: “La forma más rápida de deportar a más niños es asegurarse de que menos niños tengan abogados”.
La abogada explicó que los menores necesitan asistencia legal independiente para conocer sus derechos, presentar sus casos y solicitar protección. Aunque la orden judicial exige al Gobierno pagar por servicios que ya fueron prestados, advirtió que miles de niños todavía enfrentan un futuro incierto.
Deportaciones de menores no acompañados
La disputa ocurre mientras la Administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a más menores no acompañados y, al mismo tiempo, ha reducido el apoyo legal disponible para ellos, según las organizaciones.
En los últimos meses, el Gobierno ha solicitado a proveedores de servicios legales registros confidenciales de los casos de los niños, ha analizado trasladar la representación a una comisión de defensa penal de Texas y adjudicó un contrato de $150 millones de dólares a Burke Law Group, una firma con sede en Houston que, según las organizaciones, tiene poca experiencia previa en derecho migratorio o en la representación de menores.
Además, autoridades migratorias han utilizado información proporcionada por familiares que buscan reunirse con niños bajo custodia gubernamental para localizar y detener a posibles cuidadores.
Las organizaciones señalan que esta práctica ha generado temor entre familiares que podrían presentarse ante las autoridades y ha contribuido a que algunos menores permanezcan más tiempo bajo custodia del Gobierno.
Organizaciones comunitarias expresaron su preocupación ante el incremento en las redadas de inmigraciónque se ha registrado en las últimas semanas, en particular en la región de Inland Empire.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que continúa con los operativos migratorios tanto de día como de noche, en el sur de California y en el resto del país.
Se desconoce cuál es el motivo por el que las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), han intensificado sus operativos en la región.
Algunos grupos defensores de las comunidades inmigrantes, expresaron que esta situación representa una mayor carga de trabajo para atender a las familias afectadas.
En la oficina de Inland Coalition 4 Immigrant Justice, en San Bernardino, no se dejan de recibir llamadas de miembros de la comunidad inmigrante para solicitar ayuda y asesoramiento.
“Es muy difícil y muy fuerte. En lo personal, duele, porque somos una comunidad“, expresó Elsa Hernández coordinadora del grupo de apoyo, al reconocer la importancia de responder a cada llamada para brindar ayuda durante una emergencia migratoria.
De acuerdo con Hernández, se reciben imágenes y reportes de presuntos arrestos en la línea de apoyo que la organización implementó desde el año pasado para asistir a cualquier persona o familia ante el incremento de redadas llevadas a cabo por las agencias federales de inmigración.
“Estamos muy ocupados. Obviamente, los días cambian y tenemos diferentes llamadas de personas que están viendo un arresto o simplemente pasó un arresto y quedó un auto abandonado“, mencionó Hernández.
La organización dijo que la mañana de este miércoles recibió reportes de más de cinco casos relacionados con operativos migratorios, con la detención de al menos tres personas por parte de agentes federales.
Las redadas forman parte de la operación impulsada por al administración Trump para detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país.
De acuerdo con el DHS, agentes de ICE llevan a cabo operativos en aeropuertos, con el arresto de entre 20 y 40 personas al día, en comparación con unas 10 detenciones diarias que se tuvieron en mayo.
“El miedo en la comunidad está allí siempre. Las personas están muy asustadas. No hay tranquilidad y no tienen esa paz porque está claro que si salen, pueden ser arrestados“, aseguró Hernández.
Según DHS, los operativos migratorios tienen como único objetivo a personas inmigrantes con antecedentes criminales.
La agencia federal dijo que, entre los detenidos, hay inmigrantes con antecedentes por delitos como posesión de marihuana, robo y homicidio involuntario.
El “sueño americano” de Nixon Pérez Paz y Glendy González de la Cruz acabó en un cañaveral en el sur de Guatemala.
Allí fueron encontrados sus cuerpos, con sendas heridas de bala, el pasado 21 de julio.
Hacía algo más de un año que Pérez Paz, de 43 años, había sido deportado de Estados Unidos, y apenas un mes desde que González, de 25, decidiera regresar a su país natal con las tres hijas de ambos, para reunirse con él y continuar allí su vida en familia.
Junto a los cadáveres la policía halló a la menor de las niñas, Giovanni, de 14 meses, viva aunque gravemente deshidratada.
“Así es como tememos terminar muchos de los inmigrantes en EE.UU.”, le dice a BBC Mundo una amiga de la pareja llamada Liliana, quien prefiere identificarse solo con su nombre de pila.
“Vivimos con ese miedo de que nos puedan agarrar y que nos separen de nuestros maridos, de nuestros hijos, o de que nos devuelvan al país peligroso del que huimos”, agrega.
Detención y deportación
En 2019 dejaron atrás Guatemala para buscar en EE.UU. una alternativa a la pobreza y la violencia. Primero emigró él, cruzando la frontera desde México de forma irregular, y ella le siguió meses después, junto con su entonces única hija, Marisol.
Tras una breve estancia en Texas, encontraron la estabilidad en Overland, una tranquila ciudad de unos 15,000 habitantes en el estado de Misuri, en el Medio Oeste estadounidense.
Allí tuvieron a su segunda hija, mientras Pérez Paz trabajaba de techador y González alternaba empleos en empacadoras de fruta, embotelladoras y otras fábricas.
En marzo de 2021 se les unió el hermano de él, Rolando Pérez Paz, tal como le contó este a BBC Mundo.
El viacrucisde la familia empezaría el 15 de abril del año pasado, cuando al arrancar su jornada laboral, ambos hermanos fueron interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Bajaron varios agentes de un vehículo sin identificaciones y nos rodearon”, recuerda Pérez Paz por teléfono desde Guatemala.
Tras obligarlos a bajar de su camioneta de trabajo, les colocaron esposas y grilletes y los trasladaron primero a un centro de detención y después a la cárcel del condado de Phelps.
“Nos dijeron que nos estaban arrestando por haber entrado de forma irregular al país y que nos iban a deportar”, cuenta Pérez Paz, quien confirma que ni él ni su hermano contaban con estatus legal.
Los hermanos Nixon y Rolando Pérez Paz fueron detenidos por agentes del ICE en abril del año pasado. (Foto: Bloomberg vía Getty Images)
Al ser preguntado por BBC Mundo, ICE confirmó la detención.
“Nixon Pérez Paz, un inmigrante ilegal criminal de Guatemala fue arrestado durante unas operaciones de control migratorio dirigido”, se lee en el mensaje atribuido a un portavoz de la agencia y enviado a este medios por correo electrónico.
“Había sido condenado dos veces por conducir bajo los efectos del alcohol en Overland, Misuri, una vez en 2020 y otra en 2024”, prosigue. “Recibió el debido proceso, se le emitió una orden final de expulsión el 21 de abril del 2025, y fue deportado a Guatemala en mayo” de ese año.
Al mes fue expulsado también su hermano. “Me quedé peleando mi caso con la ayuda de una organización, pero no hubo manera”, se lamenta.
De nuevo embarazada, González de la Cruz permaneció en Overland, donde un mes después daría a luz a su tercera hija.
“Tras quedarse sola a cargo de la familia, Glendy luchó durante todo un año para poder llegar a fin de mes”, cuenta en sus redes sociales la organización Missouri Workers Center (MWC).
Durante un año, Glendy se quedó en Misuri a cargo de sus 3 hijas. (Foto: Cortesía de la familia Pérez Paz)
La guatemalteca colaboraba con este grupo, abogando por los derechos de los migrantes a través de su comité organizador, llamado Fuerza.
“Glendy empezó a venir a las reuniones de Fuerza 3 semanas después de parir. A pesar de que tenía 2 trabajos, se presentaba, traía nuevos miembros, incluso cuando veía su mundo desmoronarse”, recuerda MWC en su mensaje.
“En junio, para proteger a sus hijas y mantener a la familia unida, y temiendo que pudiera perder la custodia de las niñas, Glendy tomó la difícil decisión de regresar a Guatemala, a pesar de tener una cita para su proceso de asilo fijada para 2027”, agrega la organización, algo que no ha podido corroborar BBC Mundo.
Así los Pérez González se sumaron a la creciente cifra de guatemaltecos expulsados de EE.UU. desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor operación de deportación de la historia del país”.
En lo que va de año, el país centroamericano ha recibido 38.720 deportados, según las cifras más recientes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un aumento del 47% con respecto al mismo período del año pasado. Más del 90% de los deportados fueron enviados desde EE.UU., y el resto desde México.
Con heridas de bala
Los cuerpos fueron hallados en un cañaveral. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)
De regreso en su país natal, la familia se instaló en el municipio de San Andrés Villaseca, un área rural del departamento de Retalhuleu, a 175 kilómetros al oeste de la capital.
La última vez que se los vio con vida fue el 20 de julio, cuando salieron de su casa para llevar a cabo unos trámites.
“Al ver que no regresaban, reportamos la desaparición a la policía y a la autoridad comunitaria”, recuerda Rolando Pérez Paz. “Gracias a Dios, las comunidades aquí se mostraron dispuestas a auxiliar”.
Alertados por los llantos de un bebé, al día siguiente los vecinos descubrieron los cuerpos de la pareja en un sembradío cercano de caña de azúcar.
Al llegar al lugar, según le confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) a BBC Mundo, los agentes los encontraron con las manos atadas a la espalda y amordazados, sin pertenencias y con posibles heridas de bala en cuello y cabeza.
En la zona hallaron también casquillos, una toalla y un zapato blanco y rosa de la marca Champion catalogado como prueba, e incautaron una motocicleta roja en la escena.
La PNC no respondió a la pregunta de BBC Mundo sobre si la pareja fue blanco de incidentes violentos en el pasado o denunció amenazas, y, según medios locales, ahora trabaja junto a la fiscalía para tratar de esclarecer lo ocurrido.
“Este caso refleja lo roto que está el sistema”
Guatemala pasó de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y aunque en el primer semestre de 2026 se registró una bajada en comparación con ese mismo periodo del año pasado, en junio las cifras volvieron a repuntar.
Los expertos lo atribuyen principalmente a las luchas de poder entre las distintas pandillas, además del narcotráfico.
Ya a principios del año pasado, una ola de violencia que arrancó con motines simultáneos en tres prisiones puso de manifiesto el poder que en Guatemala aún tienen estas agrupaciones, y en especial Barrio 18, que se disputa la hegemonía de las calles de la capital y otras localidades con su eterno rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).
Aquello obligó al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, acusando a “mafias político-criminales” de intentar desestabilizar a un gobierno cercado por la violencia y una creciente tensión institucional.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. (Foto: AFP vía Getty Images)
La identidad de los culpables de la muerte de Glendy González y Nixon Pérez en Retalhuleu y sus motivos están por aclararse.
Sea quien fuera, “me quitaron lo que más quería”, se lamenta hoy Rolando Pérez Paz.
“Mi hermano, mi cuñada, (eran) personas que querían trabajar, que querían luchar”, subraya. “En los últimos meses vivíamos siempre con temor a las redadas, a que nos pudieran agarrar”, reconoce.
“Ahora lo que me viene constantemente a la cabeza es que, si inmigración no hubiera detenido a mi hermano, mi cuñada tal vez todavía estaría viva y las niñas no estarían pasando por este dolor”.
Para ayudar con la manutención y la educación de las menores, quienes se quedaron a cargo de la familia extendida en Guatemala, se están recaudando fondos a través de la plataforma GoFundMe.
También organizó una vigilia el domingo frente al ayuntamiento de Overland para honrar la memoria de la pareja.
Decenas de personas se reunieron ante el ayuntamiento de Overland para recordar a la pareja. (Foto: MWC)
“Este caso refleja lo roto que está el sistema”, le dice a BBC Mundo Zachary Mueller, estratega de States at the Core, una entidad sin fines de lucro que promueve la democracia inclusiva y trabaja con organizaciones como MWC.
“Desmiente la idea de que algo de esto [las deportaciones] tenga que ver con la seguridad pública. Ahora hay dos personas muertas y tres niñas pequeñas que se quedaron sin sus padres para el resto de sus vidas”.
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El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.
“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá ser pagado por el propio inmigrante o por un tercero.
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
CBP calcula que unos 66,387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.
La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en $500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación.
El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.
CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
Cuando una persona se encuentra fuera de EE.UU., estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según CBP.
La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.
Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.
El presidente Donald Trump firmó este jueves una nueva orden ejecutiva para restringir en determinados casos la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos, apenas semanas después de que la Corte Suprema bloqueara un intento previo de su Administración para limitar ese derecho.
Trump defendió la medida como un esfuerzo para combatir el llamado “turismo de maternidad”, mediante el cual mujeres embarazadas viajan al país con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Desde el Despacho Oval, el presidente cuestionó la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadounidense.
Trump calificó de “muy desafortunada” la decisión del Supremo que anuló su anterior intento de modificar la aplicación de ese derecho y afirmó que su Administración está introduciendo “ajustes” porque considera injusta la situación actual.
“Hay gente que está creando negocios en torno a esto”, sostuvo el mandatario, quien acusó a personas adineradas de utilizar el sistema para obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
La nueva orden no plantea una prohibición general para todos los niños nacidos en Estados Unidos. La Administración Trump sostiene que existen excepciones reconocidas históricamente que permiten limitar la ciudadanía en determinadas circunstancias.
Las categorías que Trump busca excluir
La medida se aplicaría únicamente a futuros nacimientos relacionados con cuatro situaciones específicas.
Una de ellas contempla a los hijos de trabajadores diplomáticos extranjeros y amplía la categoría de personas vinculadas a gobiernos extranjeros que no reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
También incluye a los hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros”, incluidos integrantes de organizaciones terroristas designadas por el Gobierno federal.
Otra disposición afecta a nacimientos en determinados territorios estadounidenses, aunque su aplicación dependería de que el Congreso modifique previamente la legislación. La principal población afectada en este caso serían residentes de Puerto Rico.
La cuarta categoría está dirigida a los hijos de mujeres que, según la Administración, entren al país mediante engaño con el propósito específico de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La disposición también busca abarcar determinadas situaciones relacionadas con madres sustitutas.
Segundo intento
La iniciativa llega después de que Trump impulsara una medida mucho más amplia al comenzar su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Aquella orden buscaba negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados y de algunas personas con estatus migratorio temporal.
Según las estimaciones proporcionadas sobre aquella primera medida, alrededor de 255,000 niños al año podrían haberse visto afectados.
La Corte Suprema bloqueó posteriormente esa política. El 29 de junio, el máximo tribunal determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, tienen derecho a la ciudadanía.
Trump sostiene, sin embargo, que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil, ha sido interpretada de manera incorrecta. El presidente argumenta que su propósito original era reconocer la ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas y no establecer un derecho universal aplicable a todas las circunstancias actuales.
La nueva orden representa así un segundo intento de su Administración por modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento, esta vez apoyándose en excepciones que considera compatibles con la Constitución.
Hay ocho prácticas y conductas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pueden poner en peligro a los inmigrantes durante operativos que se llevan a cabo a nivel nacional: 1) abuso de autoridad; 2) fallas en la verificación de antecedentes de oficiales; 3) violencia doméstica; 4) depredación sexual; 5) agentes operando sin tener verificación de antecedentes, sin capacitación, sin rendición de cuentas; 6) la misoginia como cultura; 7) el racismo y sentimiento antiinmigrante, y 8) el uso de tácticas delictivas.
Así lo revela la Alianza de Inmigrantes de Ohio en su reporte“Caminan entre nosotros: lista de 59 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que cometieron abusos sexuales y físicos”, el cual realiza un análisis de los delitos sexuales y violentos perpetrados por agentes, quienes abusaron principalmente de mujeres y niños.
“Sabemos es que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza tienen un historial alarmante de abuso sexual y violento contra mujeres y niños, incluyendo a miembros de sus propias familias. No se les debería dar armas ni rienda suelta para deambular por las comunidades estadounidenses”, advirtió Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza y autora de este informe. “[El trabajo de los agentes] es hacer cumplir las leyes civiles, pero actúan como si vivieran en el Viejo Oeste y están matando gente en nuestras calles. El Congreso debe dejar de dar carta blanca a estas agencias y empezar a imponer orden y exigir responsabilidades”.
El informe documenta 59 casos de actos delictivos violentos y/o sexuales cometidos por empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia que defiende a los oficiales, en lugar de investigar las acusaciones.
La Alianza advierte que el DHS ha flexibilizado “aún más los estándares de selección, contratación y capacitación de agentes”, lo que impide que haya rendición de cuentas, permitiendo a los oficiales aplicar “tácticas peligrosas” en la aplicación de las leyes de inmigración civil.
El informe cita que en febrero de 2026, Ryan Schwank, exabogado del ICE responsable de la capacitación de oficiales, testificó que el programa es “deficiente, defectuoso y está roto”.
“En mi primer día, recibí órdenes secretas para enseñar a los nuevos cadetes a violar la Constitución al entrar en domicilios sin una orden judicial. Durante los últimos cinco meses, vi cómo el ICE desmantelaba el programa de capacitación, recortando 240 horas de clases vitales de un programa de 584 horas”, advirtió.
A pesar de tales alertas el DHS ha mantenido la contratación de oficiales sin revisar siquiera los antecedentes penales.
“Varias personas en la lista tienen antecedentes documentados de comportamiento delictivo, peligroso y depredador que deberían haberlas descalificado para cualquier puesto en las fuerzas del orden”, señala el reporte. “Sin embargo, fueron contratadas por el DHS. Quizás lo más irónico sea que Brashad Johnson, la persona encargada de realizar las verificaciones de antecedentes de los empleados del DHS, fue condenado por solicitar prostitución de una menor”.
Las recomendaciones para mejorar a ICE
El reporte hace tres recomendaciones específicas para reducir los abusos de agentes, como congelar los presupuestos, implementar medidas reales de investigación y rendición de cuentas y operativos bajo un sistema que funcione de manera civilizada.
“El Congreso debería crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración que funcione como cualquier otra área del derecho civil”, indica la agencia. “Los agentes no deberían poder portar armas, usar disfraces ni realizar detenciones en la calle. Deberían desempeñar su labor en edificios de oficinas. La ley debería incluir mecanismos para que las personas cumplan con la normativa tras detectarse una infracción, en lugar de tener una única consecuencia predeterminada: la deportación. Nadie debería ser encarcelado por un proceso legal civil”.
Una jueza declaró este martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)en desacato por un caso relacionado con el cumplimiento de una orden sobre las redadas de inmigración del año pasado en el área de Los Ángeles.
La jueza de distrito de Estados Unidos Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, acusó al DHS por presuntamente demorar copias digitales de comunicaciones de teléfonos celulares personales utilizados por agentes federales durante los operativos de inmigración.
En enero, la jueza Frimpong ya había ordenado al gobierno federal la obtención de imágenes forenses de los teléfonos celulares personales de más de 800 agentes involucrados en las redadas de inmigración, que se intensificaron desde junio de 2025.
La magistrada impuso al gobierno federal una multa de $500 dólares por día hasta que cumpla con la orden de entregar los celulares como parte del proceso de descubrimiento y reembolsar a los abogados de los demandantes los costos legales por obtener los registros.
En junio, los abogados del DHS admitieron ante el tribunal que la agencia no había proporcionado los registros.
Los abogados mencionaron a la jueza que estaban procesando los dispositivos gubernamentales a un ritmo de tres teléfonos cada dos semanas, lo que, según señalaron los demandantes, tomaría casi cuatro años en ser completado.
De acuerdo con los abogados que representan a inmigrantes afectados por la Operación At Large —nombre dado a las redadas en Los Ángeles el año pasado— los teléfonos podrían contener evidencia de un patrón de perfilamiento racial por parte de agentes federales.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) dijeron en mayo que el DHS simplemente procedió a obstaculizar la orden de la jueza Fleming “al demorar la obtención de imágenes de teléfonos celulares emitidos por el gobierno y al desafiar abiertamente la orden respecto de los teléfonos personales”.
En julio, abogados de la ACLU pidieron a la jueza que emitiera otra orden para prohibir a los agentes detener a personas basándose en su raza.
Hicieron referencia a mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales cuando los agentes federales expresaron insultos raciales para identificar a inmigrantes hispanos de clase trabajadora a quienes detener, de acuerdo con registros judiciales.
“No solo los agentes federales están violando la Constitución en las calles, sino que el gobierno está violando órdenes judiciales al retener intencionalmente evidencia crucial sobre sus operativos de control migratorio”, declaró Mayra Joachin, de la ACLU del Sur de California.
El Departamento de Seguridad Nacional no emitió ningún comunicado para referirse a si el uso de palabras insultantes contra inmigrantes, por parte de los agentes, fue una violación de sus políticas.
La agencia federal publicó una declaración escrita, idéntica a la que se divulgó la semana pasada tras otro avance en el caso, después de que la jueza Frimpong anunciara la orden de desacato.
“Nuestros agentes están enfocados en proteger al pueblo estadounidense, no en alimentar una indignación performativa”, declaró el DHS.
“¿Dónde está la indignación de los medios por la familia Ángel que perdió a un ser querido a causa de un delito cometido por un extranjero en situación irregular?“, añadió la agencia federal.
