La legalidad de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el TPS a 350,000 haitianos y 6,000 sirios está en manos de la Corte Suprema, pero la decisión que tome el máximo tribunal afectaría a 1.3 millones de beneficiarios de 17 países. Trump revocó el TPS a nacionales de 13 países. Se anticipa un fallo este verano.
Si las cancelaciones proceden, sería la mayor deslegalización de personas en la historia de Estados Unidos, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Pero la decisión de Trump encaja con su patrón de no solo perseguir a los indocumentados, sino de cancelar programas que permiten la regularización de inmigrantes, desde DACA, al asilo, refugio, parole humanitario y el TPS, entre otros.
El objetivo es quitarles sus protecciones y hacerlos vulnerables a la deportación.
El TPS concede permisos de trabajo y protección de la deportación a personas que están en Estados Unidos y que proceden de países que están en guerra o han atravesado por un desastre natural u otras condiciones internas que los hacen inseguros para que sus nacionales retornen.
La Opinión reportó que “los cuestionamientos de los magistrados no dejaron muy clara su inclinación sobre una eventual decisión, ya que el juez Brett Kavanaugh –nombrado por Donald Trump– sugirió que el país (Siria) se encuentra en mejor situación desde que Bashar al-Assad fue derrocado en 2024. En tanto, la jueza Sonia Sotomayor –nombrada por Barack Obama–, cuestionó al procurador general, John Sauer, cómo la afirmación del presidente Trump de que los inmigrantes están “envenenando la sangre de Estados Unidos” no demuestra una intención discriminatoria” en su decisión de cancelar las protecciones.
Según un nuevo reporte de FWD.us, los beneficiarios del TPS “conviven con 390,000 niños ciudadanos estadounidenses y más de 410,000 adultos ciudadanos estadounidenses”.
Y el análisis agrega que “aportan alrededor de $29,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, además del pago de $7,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales combinados”.
Otra decisión migratoria cuestionada en un tribunal federal
Y en otro caso que cuestiona la legalidad de las acciones del presidente en materia migratoria, un juez federal en Maryland ordenó al USCIS reactivar las peticiones de residencia permanente de 83 inmigrantes que demandaron al USCIS y son nacionales de algunos de los 39 países a los cuales Trump ha impuesto restricciones totales o parciales de viaje a Estados Unidos.
Pero se trata de inmigrantes que ya están en Estados Unidos y tienen pendientes sus solicitudes de residencia permanente.
El juez George L. Rusell indicó que USCIS “no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto los casos”. También “determinó que la pausa, impuesta por el gobierno de Donald Trump, es ilegal”.
Según el juez Russell, el gobierno no ha explicado por qué decidió pausar los beneficios migratorios para las personas de estos países que han estado en el país “por años, incluso décadas, han mantenido un estatus legal y, en muchos casos, han contribuido sustancialmente a la investigación médica y científica”.
La prohibición de viajes es una de múltiples acciones tomadas por el gobierno para reducir la inmigración documentada a Estados Unidos. Un reporte del Migration Policy Institute enumera otras, entre esas, la suspensión en la expedición de visas de migrante a nacionales de 75 países; nuevas directrices de revisión de antecedentes que han provocado una baja considerable en la concesión de visas de estudiante; una cuota de solicitud de $100,000 dólares para los trabajadores altamente especializados con visa H-1B; y el desvío de personal que tramita solicitudes de inmigración para revisar los antecedentes de los solicitantes.
USCIS retrasa trámites migratorios
La Opinión reportó que “una reciente directiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha endurecido los controles de verificación de antecedentes con el respaldo del FBI y sistemas de inteligencia artificial, lo que ha provocado retrasos adicionales en un sistema que ya estaba saturado”.
“De acuerdo con documentos internos citados por CBS News, los funcionarios recibieron instrucciones claras: no aprobar ninguna solicitud que no haya pasado por los nuevos filtros. Esto incluye procesos de residencia permanente, ciudadanía, asilo y reunificación familiar. La medida entró en vigor el 27 de abril y obliga incluso a reexaminar casos antiguos”, explicó el diario.
Al presente el rezago en solicitudes es de 11.6 millones, según el artículo, y con los cambios aumentarán los tiempos de espera.
Trump firma proyecto que reabre el DHS, pero ICE y CBP no reciben fondos
La Cámara Baja aprobó a viva voz el proyecto que el Senado había avanzado para financiar agencias vitales del DHS que no estaban recibiendo fondos por el tranque entre demócratas y republicanos en torno a reformas a la forma en que se conducen los agentes de ICE y CBP luego de que mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.
En un triunfo para los demócratas, ICE y CBP siguen sin obtener fondos en este proyecto y la presión por las reformas continúa. No obstante, cabe destacar que ambas agencias cuentan con amplios fondos a través de la ley Big Beautiful Bill.
Asimismo, los republicanos impulsan 70,000 millones de dólares adicionales para ambas agencias mediante el proceso de conciliación que les permite avanzar medidas por simple mayoría evitando un bloqueo demócrata y dejando fuera las reformas a ICE y CBP que la minoría exige.
La Opinión reportó que “la aprobación permitirá reanudar operaciones y financiamiento hasta el 30 de septiembre para agencias clave del DHS, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio Secreto”.
Trump promulgó de inmediato la medida que pone fin a 75 días de cierre parcial del DHS.
Cita de la semana
“Mi esposo ha sido trasladado 16 veces, a 11 centros (de detención), en los últimos ocho meses, incluso después de ganar nuestro caso…Solo intento mantener a nuestra familia unida, y siento que el sistema nos separa constantemente. Estar aquí este fin de semana me demostró que no estamos solos y que podemos unirnos, organizarnos y hacernos oír”, señaló Ángela, una maestra de Pennsylvania, que, como reportó La Opinión, participó del evento Estadounidenses Conectados que reunió a personas de diversos estados del país afectadas por las políticas migratorias de Trump.
“Los miembros del movimiento, afectados directamente por las políticas de inmigración, se comprometieron a compartir sus historias con millones de personas, así como a detener las políticas de detención y deportación que han impactado a sus familias”, escribió el diario.
“Según el Instituto de Política Migratoria, se estima que 14 millones de ciudadanos estadounidenses, titulares de green card y de visas temporales viven en hogares con al menos un inmigrante indocumentado”, agregó.
