La Corte Suprema está analizando la facultad del de la administración Trump para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un fallo determinará el futuro de aproximadamente 360,000 ciudadanos de Haití y Siria, estableciendo un estándar legal para todos los beneficiarios de este programa migratorio.
Por primera vez el tribunal está examinando una demanda directa contra la gestión de este beneficio, el cual otorga permisos de trabajo y protección contra la deportación a extranjeros cuyos países sufren conflictos armados o desastres naturales.
La postura gubernamental surge tras la orden de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien determinó que este amparo es “contrario al interés nacional” y que las condiciones en dichas naciones permiten un retorno seguro.
Fallos previos a favor de los beneficiarios del TPS
Anteriormente, tribunales federales en Nueva York y el Distrito de Columbia fallaron a favor de los inmigrantes, argumentando que la Administración violó la ley de procedimientos administrativos.
Aunque el caso se centra en Haití y Siria, la resolución afectará a los 1.3 millones de personas de 17 países que actualmente poseen TPS.
“La audiencia de mañana es súper importante porque, aunque en el papel el nombre del caso dice Siria y Haití, la decisión va a impactar a toda la comunidad con TPS”, explicó el coordinador de la Alianza Nacional del TPS, José Palma, a EFE.
Entretanto el codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la UCLA, Ahilan Arulanantham, sostuvo que la administración ha atacado la estructura de una ley utilizada históricamente por ambos partidos.
Beneficiarios se movilizan a la capital para la audiencia
Cerca de 600 beneficiarios se han desplazado a Washington para presenciar la audiencia. Entre ellos se encuentra José Urias, salvadoreño con tres décadas de residencia en EE. UU.
“Este día es muy importante para mostrar unidad, porque no son solo los inmigrantes de Siria o Haití los afectados, seremos todos los deportados”, precisó el migrante Urías, a EFE.
Megan Hauptman, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), calificó la medida como “el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos”. El tribunal, de mayoría conservadora, deberá decidir si la cancelación del programa se ajustó a la legalidad vigente.
Ante el aumento de muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos, el gobierno de Méxicodecidió participar en procesos judiciales como “amigo de la corte”, una figura legal conocida como Amicus Curiae, con el objetivo de aportar información relevante a los jueces.
De acuerdo con Milenio, esta estrategia forma parte de la vía jurídica y diplomática que utiliza México para defender a sus connacionales en territorio estadounidense, y cuenta con antecedentes en los que ha tenido impacto en decisiones judiciales.
Gobierno mexicano se suma a demanda contra ICE
Con un total de 15 migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE, tres de ellos en el centro de detención de Adelanto, California, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum optó por intervenir en una demanda relacionada con estos casos.
El 30 de marzo, el gobierno mexicano anunció su incorporación formal como “amigo de la corte” ante lo que calificó como una tendencia alarmante e inaceptable de fallecimientos. Para ese momento, se contabilizaban 14 connacionales muertos.
La participación de México consiste en presentar información adicional que contribuya a fortalecer la demanda enfocada en los tres casos ocurridos en Adelanto.
Especialistas destacan impacto del recurso legal
El exconsejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, explicó al medio que este tipo de intervenciones tienen peso dentro del sistema judicial estadounidense.
Señaló que los escritos de “amigo de la corte” pueden influir tanto en tribunales de primera instancia como en cortes de apelación e incluso en la Suprema Corte, al representar la postura oficial del gobierno mexicano sobre sus connacionales.
Por su parte, el exembajador de México ante la ONU entre 2016 y 2019, Juan José Gómez, consideró que el país tiene una obligación legal y moral de defender a sus ciudadanos en el extranjero mediante todos los mecanismos disponibles.
Añadió que este tipo de documentos pueden ser persuasivos para los jueces al aportar contexto, datos e información que contribuyan a una resolución.
Antecedente: la ley SB 1070 en Arizona
México ya ha utilizado esta herramienta legal en casos anteriores, como en 2010, cuando intervino contra la ley SB 1070 de Arizona, que permitía a autoridades locales detener a personas bajo “sospecha razonable” de su estatus migratorio.
En ese momento, México presentó un recurso de Amicus Curiae para respaldar la demanda del gobierno de Barack Obama contra dicha legislación.
La cancillería mexicana argumentó que la regulación migratoria correspondía exclusivamente al gobierno federal de Estados Unidos y denunció que la ley promovía la perfilación racial, dificultaba la labor consular y criminalizaba a los migrantes.
El recurso contó con el respaldo de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Como resultado, se bloquearon aspectos como la criminalización de trabajadores indocumentados y los arrestos sin orden judicial por sospecha de deportabilidad, aunque se mantuvo uno de los puntos relacionados con detenciones bajo perfilación racial, con reservas.
Alcance del Amicus Curiae en procesos judiciales
De acuerdo con Celorio, aunque estos escritos no son determinantes para ganar un juicio, sí aportan un peso adicional al proceso, al permitir que el juez considere implicaciones más amplias, como el impacto en la política exterior o en la imagen internacional de Estados Unidos.
Asimismo, sugirió que México podría buscar el respaldo de otros países para fortalecer su posición, como ocurrió en el caso de Arizona.
El exrepresentante ante la ONU coincidió en que el Amicus Curiae no es un documento menor, sino una herramienta formal dentro del proceso judicial que puede influir en la toma de decisiones.
Jaime Ernesto Álvarez González, inmigrante mexicano se declaró culpable de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y de seguir a oficiales federales durante misiones de control migratorio en el sur de California, con el objetivo de distraer sus labores, de acuerdo con información de la fiscalía federal del Distrito Sur de California.
Álvarez Gonzáles reconoció haber participado en un incidente ocurrido el pasado 8 de enero, cuando siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza mientras este conducía por un vecindario de San Diego.
Vehículo con señales falsas de autoridad federal
De acuerdo con los fiscales, Álvarez González utilizaba una camioneta Ford F-150 negra, un modelo frecuentemente empleado por agentes encubiertos. El vehículo presentaba diversos elementos que simulaban pertenecer a autoridades federales.
Entre las modificaciones se encontraban un portaplacas con la leyenda “federal truck“, donde la palabra “federal” estaba mal escrita, una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas, antenas de radio no funcionales en el techo y unas esposas colgando del espejo retrovisor.
Seguimiento a agentes y operación interrumpida
Según la fiscalía, el agente federal al percatarse de que era seguido por Álvarez González decidió abortar su misión, bajo la creencia de que otros agentes acudirían al lugar.
Posteriormente, cuando fue confrontado por verdaderos agentes federales, el acusado les gritó insultos y exigió que se retiraran de la comunidad de Linda Vista, en San Diego.
Además, se reportó la llegada de otros tres vehículos cuyos ocupantes comenzaron a hostigar a los agentes y a perseguirlos por la autopista.
Evidencia en video y uso de identificaciones falsas
Las autoridades señalaron que Álvarez González habría grabado un video en el que afirmaba estar buscando a agentes federales involucrados en operativos migratorios y mencionaba haber llevado a sus “refuerzos”.
Además, se informó que portaba una placa falsa del FBI.
Cargos y situación migratoria
El acusado se declaró culpable de un cargo por suplantación de un agente federal y de tres cargos por posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no emitió comentarios tras ser contactado.
De acuerdo con la fiscalía, Álvarez González permaneció en Estados Unidos después de que expirara su visa de turista, con la que había ingresado al país hace varias décadas.
Una madre inmigrante asegura vivir bajo constante incertidumbre desde marzo, cuando recibió una notificación que, según relata, cambió por completo su vida cotidiana, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), le notificó sobre una deuda superior al millón de dólares vinculada a una antigua orden de deportación.
Desde entonces, afirma que sale a trabajar sin certeza de regresar a casa y con preocupación por sus bienes y por el futuro de sus dos hijos, quienes actualmente estudian.
“Lo que me preocupa son mis hijos. Tengo a ellos dos, verdad, los dos que están estudiando y pues no tienen un trabajo que diga yo, ok, que pueden trabajar tiempo completo”, declaró a Univision en forma anónima.
Origen del caso migratorio en 2008
De acuerdo con su testimonio, el caso se remonta a 2008, cuando buscó regularizar su situación migratoria en Estados Unidos con la intención de permanecer de forma legal.
“Pues vamos, verdad, según uno con la ilusión de que arreglaba uno papeles”, recordó.
La mujer relata que recibió asistencia legal en Los Ángeles y obtuvo un permiso de trabajo por un año. Posteriormente, su proceso fue llevado ante una corte en San Francisco, donde un juez negó su solicitud de asilo.
También señala que recibió una salida voluntaria, mecanismo que permite abandonar el país dentro de un plazo determinado para evitar una deportación formal. Sin embargo, afirma que no salió del país y que, con el tiempo, su situación derivó en una orden de deportación.
“Entonces pues ya no salimos y pasó el tiempo”, dijo lamentando su situación actual.
Durante años no recibió nuevas notificaciones sobre su expediente, hasta marzo pasado, cuando asegura haber sido informada nuevamente sobre la orden migratoria. Días después, recibió otra carta: una deuda que superaba el millón de dólares.
“Tienes 15 días para apelar. O sea, yo me quedé… digo, pues qué voy a apelar. O sea, es imposible pagar este dinero”, relató la mujer que ha preferido permanecer en el anonimato.
Multas migratorias y su crecimiento bajo la ley federal
Especialistas explican que este tipo de montos puede derivarse de sanciones civiles previstas en la legislación migratoria estadounidense por incumplir órdenes de salida.
En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional informó que podía imponer multas de hasta $998 dólares por día a personas con órdenes finales de deportación que no abandonaran el país en el plazo establecido. Bajo ese esquema, las sanciones pueden acumularse rápidamente.
Por ejemplo, una multa diaria de $998 dólares equivale a $364,270 dólares en un año. Si se mantiene durante cinco años, el monto puede superar $1.8 millones de dólares.
El 9 de junio de 2025, el DHS reportó la emisión de más de 9,000 notificaciones de intención de multa por casi $3,000 millones de dólares. Semanas después, la cifra se elevó a cerca de 10,000 avisos, los cuales pueden ser impugnados o revisados antes de volverse definitivos.
Decisiones familiares y riesgos financieros
Ante la situación, la mujer afirma que transfirió su vivienda a nombre de su hija. Sin embargo, posteriormente recibió otra notificación indicando que la deuda había sido enviada a agencias de cobro.
“Y yo sé que el día que salgo a trabajar… digo, nombre sea de Dios me voy y no sé si regrese”, contó.
La abogada de inmigración Bethania María señaló a la cadena hispana que este tipo de movimientos sobre el patrimonio no siempre garantizan la protección de los bienes familiares.
Advirtió que las empresas de cobro pueden rastrear este tipo de transferencias y que, si se realizan de manera apresurada, un juez podría revertirlas y determinar que los bienes siguen perteneciendo a la persona.
Asimismo, explicó que los procesos de recuperación de deuda pueden derivar en consecuencias financieras como afectaciones al historial crediticio, embargos, gravámenes o la retención de devoluciones fiscales, según cada caso.
Deuda migratoria y orden de deportación: procesos distintos
La especialista también aclaró que el pago de una multa no elimina automáticamente una orden de deportación.
“El que pague la deuda no le quita la deportación”, afirmó.
Esto significa que los procesos financieros y migratorios funcionan de manera independiente, por lo que una persona puede seguir sujeta a remoción del país aun cuando la deuda sea saldada.
Posibles vías legales y recomendaciones
Según la abogada, aún podrían existir opciones legales dependiendo del historial de cada caso. Entre ellas, la reapertura del expediente si la persona califica para algún tipo de alivio migratorio, como visas por delitos (visa U), errores procesales o cambios familiares relevantes.
Otra alternativa sería salir del país y solicitar un perdón migratorio desde el extranjero, generalmente basado en el posible daño a familiares ciudadanos o residentes.
El fallo fue emitido por un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, que calificó la medida como “el mandato de detención masiva sin fianza más amplio en la historia de nuestra nación para millones de no ciudadanos”.
En su decisión, los jueces advirtieron que la interpretación de la administración Trump podría generar “una conmoción sísmica” en el sistema migratorio, al sobrecargar centros de detención ya saturados, encarcelar a millones de personas, separar familias y afectar a comunidades enteras.
La política surge de una reinterpretación realizada el año pasado por el gobierno de Trump de una ley migratoria de la década de 1990. Bajo ese nuevo enfoque, cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país, sin importar cuánto tiempo haya pasado, podría ser detenida de forma obligatoria mientras se resuelve su caso, sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza ante un juez.
Antes de este cambio, muchos inmigrantes indocumentados que llevaban años en el país podían acceder a audiencias de fianza y defender sus casos en libertad si demostraban que no representaban un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública.
La detención obligatoria se aplicaba principalmente a quienes habían cruzado recientemente la frontera o a personas con ciertas condenas penales.
El tribunal consideró que la nueva interpretación ampliaba de forma significativa el alcance de la detención, permitiendo retener indefinidamente incluso a personas sin antecedentes penales más allá de infracciones migratorias.
La decisión, sin embargo, no cierra el debate a nivel nacional. Otros tribunales de apelaciones, como los del Quinto y Octavo Circuito —con sede en Luisiana y Misuri— han respaldado la postura del gobierno, lo que evidencia una división en el sistema judicial.
El fallo del Segundo Circuito se aplica específicamente a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont.
La opinión fue redactada por el juez Joseph Bianco, designado por Trump, y contó con el respaldo de los magistrados José Cabranes, nombrado por Bill Clinton, y Alison Nathan, designada por Joe Biden.
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la política y aseguró que la administración está aplicando la ley “tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos a salvo”. Además, sostuvo que instancias superiores, como la Corte Suprema, podrían revertir decisiones similares y dar la razón al gobierno.
Ante un tribunal federal en San Diego, California, Jaime Ernesto Álvarez González, inmigrante de origen mexicano quien desde hace años residía en el Sur de California con una visa de turista vencida, se declaró culpable de cargos relacionados con la suplantación de identidad de un agente fronterizo, posesión de armas de fuego y estancia ilegal en el territorio estadounidense.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Patrulla Fronteriza (USBP), el sujeto en cuestión llevaba tiempo vistiéndose con ropa similar a la utilizada por el personal de inmigración durante sus operativos.
Su objetivo consistía en causar confusión para evitar la detención de extranjeros carentes de estatus legal como era su caso.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, el 8 de enero, Álvarez González siguió a un agente de la Patrulla Fronteriza, mientras ambos conducían camionetas Ford F-150 negras.
En cierta parte de su trayecto, el oficial creyó que el vehículo cercano al suyo pertenecía a otro agente federal legítimo y por ello optó por abandonar su misión ya que pretendía evitar entrar en conflicto.
Sin embargo, ya existían algunos informes señalando que, en ocasiones anteriores, Álvarez González había insultado a verdaderos oficiales exigiéndoles retirarse de la zona que presuntamente patrullaba.
Ante dicha situación, se organizó un operativo a cargo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para confrontarlo.
La portación de armas de fuego podría ser el cargo más complejo que enviaría a prisión por varios años a un inmigrante mexicano detenido por ICE. (Patrulla Fronteriza vía AP)
De esa manera se descubrió cómo suplantaba al personal de USBP, pero además, al revisar el vehículo donde se desplazab,a se descubrieron tres armas de fuego.
Al verse acorralado, Álvarez confesó ser mexicano y llevar varios años residiendo en California con una visa vencida, la cual no le permitía adquirir, ni mucho menos portar, ningún tipo de arma.
Por si esto fuera poco, su vehículo tenía montada una calcomanía de la USBP en el parabrisas y estaba equipado con antenas de radio de comunicaciones en el techo, una barra de luces en el tablero, un portaplacas con la inscripción “Federal Truck” y esposas colgando del espejo retrovisor.
Frente a tantas anomalías, el hombre de 53 años fue arrestado el 14 de enero mientras vestía ropa similar a la de un oficial de inmigración incluida una mascarilla y una gorra de beisbol con la línea verde delgada.
Luego de acreditarle laportación de una pistola Glock 26 de 9 mm, un rifle Aero Precision Modelo X15 Multi-Calibre tipo AR y una pistola Interarms Hellpup de 7.62×39 tipo AK, así como cartuchos y municiones, su situación legal se complicó todavía más.
Ahora, gran parte de su destino dependerá del fiscal auxiliar Siddharth Dadhich.
Según el reporte, las medidas afectan a personas nacidas en 39 países, entre ellos Nigeria, Myanmar y Venezuela. Detalla que estas restricciones se implementaron después de un tiroteo ocurrido a finales de noviembre en Washington D.C., en el que un ciudadano afgano atacó a dos miembros de la Guardia Nacional.
Estudiantes y trabajadores en sectores STEM, entre los más afectados
De acuerdo con los testimonios, el impacto alcanza a personas que estudian o trabajan en sectores como tecnología, medicina, petróleo y gas, áreas consideradas dentro de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), quienes reportan pérdida de empleo, interrupción de estudios y creciente incertidumbre económica.
La publicación señala que los casos descritos fueron compartidos bajo anonimato debido al temor de posibles consecuencias en sus procesos migratorios. Una de las personas entrevistadas, originaria de Myanmar y dedicada a la investigación clínica oncológica en Ohio, afirmó que estaba por recibir un ascenso antes de que su autorización de trabajo quedara suspendida.
Impacto en familias, trabajadores y economía
Según lo documentado, la situación también afecta a ciudadanos estadounidenses que buscan regularizar la situación migratoria de sus cónyuges, así como a sectores que dependen del talento extranjero, especialmente en áreas STEM.
Añade que trabajadores nacidos en el extranjero tienen una participación relevante en estas áreas, de acuerdo con datos citados en la investigación.
Casos de oportunidades detenidas
Se cita el caso de una médica originaria de Nigeria que fue aceptada en una residencia quirúrgica en Oregón, pero no ha podido iniciar debido a la falta de resolución de su estatus migratorio.
También destaca que algunos migrantes han pagado hasta $3,000 dólares por procesamiento prioritario, sin que sus trámites hayan avanzado. Un ingeniero en Texas afirmó que tuvo que rechazar ofertas laborales debido a la falta de autorización de trabajo.
Procesos legales y acumulación de solicitudes
La situación ha derivado en al menos 33 demandas legales. Abogados estiman que cerca de la mitad de las solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) están afectadas por estas pausas.
También indica que existen casi 12 millones de trámites pendientes, de los cuales cientos de miles aún no han sido revisados.
Política migratoria
Durante la campaña de 2024, el entonces candidato Donald Trump expresó apoyo a facilitar la residencia permanente para estudiantes extranjeros graduados. Sin embargo, tras su regreso a la presidencia, su administración ha impulsado un enfoque más restrictivo en los procesos migratorios.
Según el Departamento de Seguridad Naciona estas medidas buscan reforzar los controles de seguridad y prevenir abusos, especialmente en países considerados de alto riesgo.
Incertidumbre prolongada
Destacó que consecuencias también afectan a familias que enfrentan obstáculos para avanzar en trámites básicos como vivienda, cuentas bancarias o planificación de vida.
Especialistas citados señalan que se trata de un nivel inédito de control migratorio interno sobre personas con procesos legales en curso, mientras continúan las disputas judiciales y la falta de resolución para miles de solicitantes.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se vio envuelto en una controversia después de que intentara atribuirse el mérito de las redadas federales contra fraudes realizadas el martes en el estado, ya que previamente había calificado las investigaciones sobre fraude como parte de una “supremacía blanca”, sorprendió a muchos al señalar que las redadas se realizaron gracias a la cooperación entre agencias estatales y federales, lo cual fue critica y cuestionado porKash Patel, director del FBI.
Walz destacó en su cuenta de X que las redadas fueron posibles porque las agencias estatales detectaron “comportamientos irregulares” y los reportaron.
“Si cometes fraude en Minnesota, te atraparán”, afirmó, destacando la importancia de la colaboración entre las agencias de seguridad. “Las investigaciones conjuntas funcionan, y de ellas depende la justicia”, agregó.
FBI reacciona a declaraciones de Walz
Sin embargo, esta afirmación provocó una rápida respuesta del director del FBI, Kash Patel.
“¿Cómo? El FBI y el Departamento de Justicia, junto con nuestros socios del DHS, redactaron y ejecutaron todas las órdenes de registro hoy. Pero adelante, atribúyase el mérito de nuestro trabajo mientras nosotros destapamos el fraude que azota a Minnesota bajo su mandato”, destacaó Patel en hilo en la red social X.
Come again? This FBI and DOJ with our DHS partners drafted and executed every search warrant today. But go ahead and take credit for our work while we smoke out the fraud plaguing Minnesota under your governorship. https://t.co/HczInx5sZm
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 28, 2026
Walz insistió en que su gobierno siempre había apoyado las investigaciones sobre fraude y destacó el trabajo conjunto entre las agencias estatales y federales.
Walz pide investigar asesinato de Alex Pretti y Renee Good
Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que se investigara el asesinato de dos ciudadanos de Minnesota a manos de agentes federales de inmigración a principios de este año.
“Ahora trabajemos en una investigación conjunta sobre los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good, en lugar de seleccionar solo los casos en los que buscamos justicia y en los que hacemos la vista gorda”, dijo Walz, refiriéndose a los asesinatos de los ciudadanos.
DHS reacciona a dichos de Walz
Por su parte, Markwayne Mullin, recién nombrado jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también se sumó a las críticas a Walz.
“No tienes ninguna credibilidad en este tema. Haz ignorado y minimizado deliberadamente el fraude y el abuso generalizados en Minnesota. Esta ofensiva contra el fraude se ha producido gracias al liderazgo del presidente Trump. Haremos responsables a quienes roban a los estadounidenses”, escribió Mullin en su cuenta de X.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que volvió a incluir en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Jesús Maltos-Chacón, un ciudadano mexicano indocumentado acusado del asesinato de Blake Zieto, un joven de 20 años que murió en 2006 tras un choque en Baton Rouge, Luisiana.
Según el DHS, Maltos-Chacón había sido retirado previamente de esa lista durante la administración de Joe Biden, pero ahora fue reincorporado como parte de los esfuerzos para localizarlo y llevarlo ante la justicia.
Las autoridades federales lo buscan desde hace casi dos décadas.
“Jesús Maltos-Chacón es el inmigrante mexicano indocumentado y delincuente que mató a Blake Zieto, de 20 años, en Baton Rouge, Luisiana”, afirmó la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis. “Encontraremos a Maltos-Chacón. No solo porque la justicia lo exige, sino porque la familia Zieto merece paz”, añadió.
El caso
De acuerdo con el comunicado del DHS, el 18 de noviembre de 2006 Zieto conducía su motocicleta para reunirse con un amigo cuando, según las autoridades, Maltos-Chacón invadió el carril contrario con su camioneta y lo embistió de frente. La motocicleta quedó atrapada bajo el vehículo, que se incendió poco después.
Maltos-Chacón salió del camión y huyó del lugar, mientras que Zieto murió camino al hospital debido a la gravedad de sus heridas, según la versión oficial. El cuerpo del joven sufrió quemaduras tan severas que su familia tuvo que realizar un funeral con el ataúd cerrado.
Desde entonces, agentes estatales, locales y federales han intentado localizar al sospechoso. A lo largo de estos años, las autoridades han seguido pistas en Luisiana, Texas e incluso Minnesota.
La pista más reciente surgió en noviembre de 2025, cuando una llamada a la línea de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reportó que un hombre que coincidía con su descripción residía en Denham Springs, Luisiana.
El DHS señaló que Maltos-Chacón tiene varios antecedentes penales en Estados Unidos. Entre ellos figuran arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol en Texas, operar un vehículo sin autorización en Luisiana y una detención en Dallas en 1998 por agresión.
Búsqueda de 20 años
La reincorporación de Maltos-Chacón a la lista de los más buscados se produjo tras la reapertura de la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos de Inmigración (VOICE), restaurada por la administración Trump el 9 de abril del año pasado. Esa oficina, según el DHS, había sido cerrada durante el mandato de Biden.
Judy y Tony Zieto, padres de la víctima, han dedicado casi 20 años a buscar justicia para su hijo y señalan a las llamadas ciudades santuario por presuntamente darles protección.
“Durante 20 años, hemos visto cómo el hombre que asesinó a nuestro hijo se movía de una ciudad santuario a otra”, afirmó Tony Zieto, según recogió el DHS.
La familia también animó a otras víctimas a buscar apoyo. “No dejen de luchar. No se rindan. No están solos en esto, aunque muchas veces así lo parezca”, expresó Judy.
“Nací en México, pero he crecido la mayor parte de mi vida en Estados Unidos. Al ser deportado de vuelta, me siento que no soy ni de aquí ni de allá”.
Iván Porras, un fotógrafo y músico mexicano de 33 años, vivió dos tercios de su vida en Nevada y California. Allí llegó siendo un niño y allí permaneció hasta su expulsión el año pasado.
Ese sentimiento de no pertenecer plenamente a ninguno de los dos países es compartido por decenas de miles de personas indocumentadas que están retornando, por voluntad propia o, en su gran mayoría, a la fuerza tras ser detenidas en el marco de la agresiva política migratoria del actual gobierno de Donald Trump, a un México que apenas recuerdan.
Sin embargo, muchos de ellos han encontrado un pequeño refugio en el corazón de la capital mexicana que, de alguna manera, mezcla elementos de las culturas de ambos lugares y que les ayuda a sentirse más comprendidos al entrar en contacto con una gran comunidad que pasó por una experiencia similar.
Se llama Little L.A. (“el pequeño Los Ángeles”) y se encuentra en la colonia Tabacalera de Ciudad de México, un barrio que a algunos le recuerda a la ciudad californiana por la numerosa presencia de palmeras.
El Monumento a la Revolución, detrás del autobús, es el símbolo principal de Little L.A. (Foto: Marcos González Díaz)
A esta zona fue llegando en los últimos años un gran número de mexicanos deportados desde ese estado de EE.UU. atraídos por la existencia de varios call centers, donde su capacidad para hablar inglés y español los hace buenos candidatos para encontrar trabajo como operadores telefónicos.
Hoy, es habitual encontrar a muchos de ellos reunirse en Little L.A. tras su jornada laboral, hablando spanglish y saltando cómodamente de un idioma a otro en bares donde se anuncian en inglés snacks & beers y que combinan en sus menús comida típica de ambos países.
“En este barrio de Little L.A. he conocido a muchos deportados que llevan rato ya aquí en México. Compartimos la misma experiencia, los mismos struggles (luchas) y podemos comunicarnos en inglés. Eso ayuda mucho, porque ya no te sientes solo ni aislado del resto del país”, destaca Porras.
El epicentro de este pequeño Los Ángeles mexicano es el emblemático Monumento a la Revolución, una obra que en su momento comenzó a construirse con la idea de convertirse en el Palacio Legislativo del país.
“Para nosotros, (el monumento) es importante porque estaba pensado para ser algo completamente diferente. Es fundamental recordar que a veces empezamos nuestras historias en otros lugares, como muchos de nuestros hermanos repatriados, pero eso no significa que sea el fin, sino que es el comienzo de algo nuevo”, le dice a BBC Mundo Shunaxy Estrada, directora de voluntarios en México de New Comienzos.
Shunaxy Estrada dirige a los voluntarios en México de New Comienzos. (Foto: Marcos González Díaz)
Esta organización, que ayuda a migrantes que regresan a México con apoyo legal, psicológico y de búsqueda de empleo, entre otros, ha sido determinante en el auge de Little L.A.
“Al tener un lugar donde vincularse y sentirse identificados, es nuestra manera de tomarles de la mano y decirles que no están solos”, afirma.
Cocinó para Trump y su gobierno lo acabó deportando
En el mismo Little L.A. se encuentra el albergue Casa de los Amigos. Su director, Miguel Ángel Lomelí, recuerda todos los preparativos que hicieron durante el año pasado ante la previsión de que Trump cumpliera su promesa de realizar deportaciones masivas y tuvieran que acoger a más connacionales en el centro.
Sin embargo, “no hemos tenido muchas personas mexicanas deportadas, más bien ha sido gente que ya no pudieron pasar (a EE.UU.) a cumplir el sueño americano, sobre todo desde países de Centroamérica”, le dice a BBC Mundo.
La mayoría de deportados, que solo el año pasado superaron los 160,000, según cifras del gobierno de México, viajan a sus estados natales tras regresar a su país. Algunos, sin embargo, no lo lograron: al menos 15 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) y en operativos antiinmigración desde el regreso del republicano a la Casa Blanca el año pasado.
Erick Flores, un mexicano de 56 años que pasó las dos últimas décadas trabajando como chef en la ciudad de Nueva York, recuerda las duras condiciones a las que las autoridades migratorias lo sometieron en EE.UU. tras detenerlo mientras paseaba por la calle a finales del año pasado.
Erick Flores trabajando como chef en Nueva York. (Foto: Cortesía)
“Nos tenían en instalaciones del ICE, sobre una colchoneta, con luz durante 24 horas y como a 5ºC. En uno de los centros, nos traían la comida y nos la tiraban diciéndonos en inglés: ‘Coman, perros’”, le cuenta a BBC Mundo mientras pasea por Little L.A.
Pasó por cuatro centros en Texas hasta que, 26 días después de ser detenido, llegó a Ciudad de México. “Cuando recién llegué, yo estaba traumado. Perdí casi 6 kilos”.
Flores volvió de EE.UU. con una llamativa anécdota. En 2015, antes de que Trump ganara su primera presidencia, tuvo la oportunidad de cocinar para el republicano mientras trabajaba en un puesto de venta de comida para oficinas corporativas
“Yo le hice una ensalada a Donald Trump. Algo bien curioso es que, diez años después, él me deporta”, dice mientras subraya que lo “admiraba” en su faceta de empresario previa a que se adentrara en política. “El cambio que hubo en él, solo él lo sabe”.
Algunos restaurantes en Little L.A., donde se reúnen muchos mexicanos deportados, tienen letreros y cartas con partes en inglés. (Foto: Marcos González Díaz)
Recientemente, Flores pudo reunirse en México con su esposa y los 3 hijos que había dejado cuando aún eran niños. 20 años después de verlos por última vez, se encontró a unos adultos que, asegura, comprendieron que su larga ausencia fue un sacrificio que hizo para poder darles una buena vida.
“Cuando firmé mi deportación, hice un balance. EE.UU. me dio mucho, pero yo también le di mucho a EE.UU. tras 20 años pagando impuestos y contribuyendo a su economía. Estamos a mano. Y soy afortunado porque regresé vivo: hay muchos que ni siquiera lo cuentan”, reflexiona.
Discriminación, barrera idiomática y estigmatización como desafíos
Algo muy parecido piensa Issac Hernández, un mexicano de 29 años que llegó a California cuando apenas tenía 7 y que fue deportado, en su caso, durante el primer mandato de Trump.
El proceso de deportación “te quita la humanidad”, afirma rotundo. Sin embargo, su expulsión expedita se resolvió en poco más de un día, por lo que reconoce que casi se siente afortunado de haber pasado por el proceso entonces, y no durante el actual gobierno.
“Si cuento lo feo que yo sentí solo en un día… ahora veo las noticias y lo siento por quienes lo están pasando, porque es peor. La violencia de este grupo, de agarrar a personas a diestra y siniestra, sin preguntar ni ver si tienen antecedentes… No me puedo quejar de lo que yo pasé, viendo esas imágenes por las que nadie debería pasar”, insiste.
Hernández relata su historia tras acabar su jornada laboral en un call center de Little L.A. Cuenta con orgullo que este trabajo le ha permitido ser propietario de su propio hogar en México, lo que en EE.UU. “habría sido difícil”. Sin embargo, reiniciar su vida en México y “comenzar de cero” también lo fue.
“No me podía comunicar poque al inicio se me dificultaba el español. Me oían hablar inglés, y decían ‘es un pochito [como se llama a los mexicanos que adoptan costumbres de estadounidenses], es un deportado’. Lo asumen por tu habla, por tatuajes, por tu forma de vestir… y eso no ayuda para sentirte en tu propio país”, lamenta.
Issac Hernández trabaja en un call center. (Foto: Lorena Motos)
Y es que por si el desarraigo cultural no fuera suficiente, la barrera lingüística y la estigmatización son otros grandes desafíos a los que se enfrentan muchas de las personas que son deportadas a México.
Danny Iniestra enfrentó una discriminación similar cuando regresó el pasado octubre a un país del que se marchó teniendo solo 6 años y del que no guardaba ningún recuerdo, pero que ya lucía con orgullo en tatuajes sobre su cuerpo que representan el Ángel de la Independencia o el slogan Made in Mexico.
“La palabra ‘odiar’ es muy fuerte, pero… me dolía mucho porque yo no era mexicano para el mexicano: yo era pocho, gringo, güero, lo que sea. Incluso me cobraban más de lo que las cosas costaban. Entonces, si México es el país más amigable para el extranjero y el turista, ¿por qué no estamos ayudando a nuestra propia gente?”, se pregunta.
Tras casi 20 años en EE.UU., Iniestra relató sus desafíos y cómo va integrándose poco a poco a su nueva vida en México tras años de depresión durante una entrevista para “Migrantes and Deportados Talk Spanglish”, un pódcast creado para dar voz a personas retornadas como él que también cuenta con el apoyo de New Comienzos.
“Por todo eso, en New Comienzos reforzamos el apoyo psicológico, porque es algo sumamente importante. Imagina cuando terminas una relación con tu pareja, que ese proceso de duelo no es sencillo. Ahora multiplícalo por ‘estoy terminando toda una vida’ en EE.UU. y tengo que regresar”, compara Estrada, miembro de la organización que destaca el aumento de connacionales a los que apoyan tras el auge del fenómeno de la ‘autodeportación’ que nunca antes se había visto.
El kit que la organización New Comienzos ofrece a todas las personas deportadas incluye información vital para adaptarse a su nueva vida. (Foto: Marcos González Díaz)
Los mexicanos deportados tienen distintos planes de cara al futuro. Iván Porras confía en obtener un perdón migratorio para regresar en pocos años a EE.UU. y reunirse con su pareja e hija de 8 años, que también tienen ciudadanía estadounidense y a quienes puede ver de vez en cuando gracias a que cruzan la frontera con México desde El Paso, Texas.
“Allí yo tenía una familia, cumplí muchos sueños. Las mismas metas que tenía, las tengo aquí en México y voy a trabajar todo lo posible por cumplirlas. Pero ser deportado no me las va a arruinar”, promete.
Issac Hernández, en cambio, visualiza su futuro en México tras haber encontrado un lugar seguro en Little L.A.
“Para mí, Little L.A. se volvió como un hogar. Me acogió, me ayudó a conseguir un empleo fijo, la comunidad me motivó a luchar por mis sueños… y es que el sueño americano se puede también conseguir aquí en México. Porque yo ahora me lo creo: que el sueño mexicano sí existe”, concluye.
