En Filadelfia, la ciudad considerada la cuna de la democracia de Estados Unidos y en vísperas del 250 aniversario de la nación, ha nacido un nuevo frente de resistencia civil.
Bajo el nombre de “Estadounidenses Conectados”, ciudadanos originarios de más de 15 estados se han unido con un objetivo común: frenar las políticas de detención y deportación masiva que, aseguran, están devastando sus hogares y la estabilidad de sus comunidades.
La movilización ciudadana responde a una realidad estadística que, por lo general, pasa desapercibida en el debate político. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, alrededor de 14 millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales conviven en hogares con al menos un inmigrante irregular. La interdependencia convierte las políticas migratorias en una amenaza directa para millones de ciudadanos estadounidenses.
Costo humano detrás de los números
En la reunión, los testimonios de las personas pintaron un cuadro de inestabilidad y trauma emocional que se amplía desde los salones de clase hasta las iglesias. Aquí varios ejemplos:
• Angela: maestra de Pensilvania, narró el calvario de su esposo, transportado 16 veces entre 11 centros de detención en solo 8 meses, incluso después de ganar su caso legal. “Siento que el sistema nos separa constantemente”, zanjó.
• Josue: un pastor de Texas describió el ambiente de terror que hay en su congregación, donde las familias han sido pilares fundamentales de la comunidad por años y ahora enfrentan la custodia de ICE.
• Nathaly: profesora de Nueva Jersey, alertó sobre las secuelas que ha dejado el tema migratorio en el sistema escolar: “Ese miedo acompaña a los estudiantes al aula, afectando su concentración, su asistencia y su capacidad para ser niños plenamente”.
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