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AUSTIN – El Gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $20,000 dólares para los nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que quieran solicitar visados de turismo y negocios, según indicó este viernes el Departamento de Estado.

La medida hace permanente un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.

El Gobierno publicó el cambio este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.

Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.

El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.

Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.

A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.

Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EE.UU. y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.

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NUEVA YORK – Chantal Morales Rojas, la joven ecuatoriana arrestada por agentes migratorios en Denver, Colorado, cuando se disponía a abordar un avión, fue liberada este jueves tras 10 días bajo custodia.

La información fue confirmada a Telemundo Noticias por Alicia Dantzker, quien se encontraba junto a la sudamericana al momento del incidente, el pasado 20 de julio, y captó la intervención en video.

“Esto es atroz”, declaró Dantzker al referido medio, al tiempo que añadió que detenciones como la de su amiga están ocurriendo por todas partes de Estados Unidos “sin que esos arrestos salgan a la luz”.

La gente está vulnerable y simplemente se la están llevando”, afirmó.

La mujer relató que, antes de intervenir con Morales Rojas en el Aeropuerto Internacional de Denver, un hombre le preguntó sobre su visado mientras esperaban para abordar. Aproximadamente, media hora después y tras pasar la puerta de embarque, Dantzker vio cómo agentes vestidos de civil se llevaban a su amiga por los brazos.

Al momento de los hechos, Morales Rojas se dirigía a Oakland, California, donde reside.

Morales Rojas, de 27 años, trabajaba como au pair (persona acogida por una familia a cambio de labores como cuidar a los niños).

“Es la niñera más querida de varias familias”, dijo Dantzker.

Había llegado a EE.UU. en el 2023. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su visa de trabajo expiró el 4 de enero de 2025.

Morales Rojas se trasladó en grupo a Denver para un torneo de frisbee y terminó arrestada y encerrada en el Centro de Procesamiento de ICE en Aurora.

El video de la detención de la ecuatoriana se viralizó e incentivó el debate sobre los operativos de las autoridades migratorias que, según varios reportes, han incrementado en las últimas semanas en los aeropuertos.

Dantzker relató que no pensaron “que estaban persiguiendo específicamente a Chantal”, pero reconoció que cualquier persona en su caso corre el riesgo de ser detenida.

La mujer consideró que a Morales Rojas “le tomará tiempo sentirse segura para poder desenvolverse en el mundo, y que hay muchas cosas que tendrá que superar”.

Dantzker y otros amigos de la ecuatoriana se movilizaron inmediatamente para recaudar fondos para su defensa. Laura Lichter representa legalmente a la migrante. Este martes, un juez migratorio ordenó su liberación al imponerle una fianza de $3,000 dólares.

La abogada además presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que sostiene que su clienta fue detenida ilegalmente.

“ICE todavía no ha presentado los registros que expliquen por qué la detuvieron o por qué consideraron justificada la detención. Continuaremos esta lucha porque el público merece saber si el Gobierno cumplió con la ley antes de privar a alguien de su libertad”, señaló la letrada.

“Una fianza de $3,000 habla por sí sola”, resaltó, por su parte, Dantzker en declaraciones a The Oaklandside. “Chantal nunca representó un peligro para la comunidad ni se ocultó de las autoridades de inmigración. Vivía abiertamente, trabajaba con autorización gubernamental y cumplía con todos los requisitos”, aseguró.

Lauren Cahr, otra amiga de la hispana, se expresó en la misma dirección.

“La decisión del juez de inmigración confirma que la detención no era necesaria para garantizar la comparecencia de Chantal ante el tribunal ni para proteger al público”, planteó.

Un reporte de The New York Times este martes reveló que los operativos antimigratorios bajo la Administración de Donald Trump se han intensificado en los aeropuertos del país. La información apuntó a que agentes vestidos de civil están deteniendo a personas con visas vencidas tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque.

El reportaje añadió que, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y ICE, agentes se han personado a 15 aeropuertos en semanas recientes donde han arrestado a personas de más de 12 países.

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La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) emitió una alerta de viaje en vuelos nacionales para inmigrantes, ante operativos de agentes Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos.

Hasta el momento, la organización ha confirmado acciones contra inmigrantes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en California.

“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos estadounidenses durante vuelos nacionales”, señaló Yunuen Trujillo, abogada de inmigración y directora de Servicios Legales de Derechos Laborales de la coalición.

Tras esos reportes, la organización recolectó información de otros incidentes similares y confirma operativos de ICE en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

“A diferencia de los casos de control migratorio reportados anteriormente durante vuelos nacionales, estos incidentes reflejan un patrón emergente que afecta a personas que históricamente no se consideraban en mayor riesgo al viajar dentro de Estados Unidos”, agregó Trujillo.

Además de ICE, en aeropuertos hay oficinas de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuyos oficiales también pueden ejecutar detenciones de inmigrantes.

Desde marzo se ha reportado una mayor presencia de agentes migratorios en aeropuertos de todo el país, incuidos LaGuardia, JFK y Newark, en Nueva York y Nueva Jersey.

¿Qué inmigrantes corren más riesgo?

La abogada de CHIRLA señaló que ICE podría detener a cualquier persona que tenga pendiente alguna solicitud de visa ante la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), como una Green Card.

Las acciones contra inmigrantes podrían ser hacia personas que tengan permisos de trabajo o algún otro documento legal, incuso si no tienen antecendentes penales.

“Personas [han sido] detenidas a pesar de tener solicitudes pendientes de alivio migratorio, incluyendo la tarjeta de residencia o asilo, y encontrarse en un período de estadía autorizada o poseer una autorización de empleo válida basada en dichas solicitudes”, agrega Trujillo.

Hay inmigrantes que podrían estar en proceso de obtener una Residencia Permanente Legal por matrimonio o petición familiar, pero al haber dejado vencer sus visas, los coloca en riesgo.

“[También se podría detener a] personas que han permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa o que no han cumplido con los términos de la misma, incluso sin antecedentes penales, órdenes de deportación previas ni procedimientos judiciales de inmigración pendientes”, acotó la experta.

Detenciones en cualquier aeropuerto

Las detenciones no siempre ocurren en los aeropuertos donde las personas toman un vuelo, ya que eso podría suceder en la terminal de arribo o durante escalas en vuelos nacionales.

“Con base en estos informes, instamos a los miembros de la comunidad a evaluar cuidadosamente los riesgos de los viajes aéreos nacionales en este momento y a consultar con un abogado de inmigración calificado antes de viajar para evaluar sus circunstancias específicas y el nivel de riesgo”, agregó la organización. “Recomendamos particularmente que las personas con solicitudes pendientes de tarjeta de residencia [Green Card] o asilo consulten con su abogado antes de hacer cualquier plan de viaje nacional y, de ser posible, pospongan los viajes aéreos nacionales no esenciales hasta que hayan recibido asesoría legal”.

Las personas que consideren que requieran ayuda legal pueden llamar a la Línea Directa Nacional de Asistencia para Inmigrantes al (888) 624-4752, indicó CHIRLA.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este jueves la política de la administración del presidente Donald Trump que obliga a detener a millones de inmigrantes sin permitirles solicitar ante un juez una audiencia para determinar si pueden quedar en libertad bajo fianza.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito y se originó en una demanda presentada por el Northwest Immigrant Rights Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La decisión se suma, según la ACLU, a fallos de otros cuatro tribunales federales de apelaciones y de cientos de jueces de tribunales de distrito que han considerado ilegal esta política de detención.

Durante décadas, las personas inmigrantes sometidas a procedimientos de deportación y detenidas por el Gobierno habían tenido, por lo general, la posibilidad de solicitar ante un juez de inmigración su liberación bajo fianza.

Sin embargo, a mediados de 2019, la administración Trump adoptó una nueva interpretación de las leyes migratorias y sostuvo que las personas que hubieran ingresado a Estados Unidos sin inspección debían permanecer detenidas sin posibilidad de obtener una fianza, según las organizaciones.

La política afecta también a personas que podrían ser elegibles para obtener un estatus migratorio legal, incluidas aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace años debido a los retrasos administrativos.

Celebran la decisión

Uno de los afectados es Ramón Rodríguez Vázquez, principal demandante en el caso. Según la ACLU, Rodríguez no tiene antecedentes penales y fue detenido en su vivienda en el estado de Washington, donde ha vivido durante más de 15 años junto con su esposa y sus cuatro hijos y donde actualmente también residen sus nietos.

El fallo establece que los integrantes de la demanda colectiva y otras personas en circunstancias similares a las de Rodríguez que permanezcan detenidas dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito podrán solicitar una audiencia de fianza mientras avanzan sus procedimientos migratorios.

“Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros de la demanda colectiva y para todas las personas en situación similar a la del Sr. Rodríguez que se encuentren detenidas en la jurisdicción del Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, declaró Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project.

Adams agregó que la decisión también “reafirma el Estado de derecho al dejar claro que la administración no puede modificar la ley de manera unilateral”.

Por su parte, My Khanh Ngo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que los tribunales han rechazado nuevamente la interpretación adoptada por la administración Trump sobre las normas de detención migratoria.

“Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, señaló Ngo.

NUEVA YORK – Un 92% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos expresó que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo, mientras que un 88% indicó tener temor a ser detenido y deportado.

Las cifras anteriores forman parte de los resultados de una encuesta para la que la Fundación UFW entrevistó a 2,250 campesinos, la mayoría indocumentados.

Los hallazgos, divulgados este jueves en conferencia de prensa, apuntan a que, debido al temor que experimenta esta población ante la posibilidad de ser intervenidos por agentes migratorios, un 61% de los participantes ha reducido salir a comprar, el 29% no ha buscado atención médica y el 21% ha limitado su uso de las redes sociales.

La investigación, descrita como “pionera” y “exhaustiva”, reveló además que un 90% teme separarse de su familia debido a las deportaciones; un 43% tiene miedo de no poder regresar a EE. UU. y 13% ha sufrido persecución en sus países de origen.

Otro dato relevante es que alrededor del 76% de los trabajadores agrícolas desea protección contra la detención y la deportación. Un 53% apuesta a una vía para regularizar su estatus y, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense.

La indagación concluyó que más del 40% de los encuestados ha trabajado en la agricultura durante más de 20 años, mientras que el 49% lleva años sin vivir en su país de origen.
Un 87% de los encuestados anticipó que, si se aprobara una reforma migratoria, una de las primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen.

El informe, titulado “Bajo el sol y fuera de las sombras”, documenta las experiencias y perspectivas de los trabajadores agrícolas con respecto a las medidas de control migratorias implementadas por la Administración de Donald Trump desde principios del 2025.

La descripción del estudio resaltó que, mientras el Congreso sigue sin aprobar una ley de reforma migratoria desde 1986 o desde hace casi 40 años, el número de trabajadores agrícolas indocumentados ha aumentado, lo que los expone al riesgo de detención, especialmente en las comunidades cercanas a las fronteras norte y sur.

“Durante casi cuatro décadas, las autoridades migratorias han incrementado la escala y la intensidad de sus operaciones en las comunidades de trabajadores agrícolas, intensificando aún más estas actividades en los últimos años”, planteó la organización.

Lo anterior no constituye un problema nuevo. “Estados Unidos enfrentó un dilema similar entre la década de 1960 y principios de la de 1980, dado que los trabajadores agrícolas de aquella época también luchaban por obtener su autorización”, lee otra parte del reporte.

Los activistas cuestionaron que empleadores rechacen una vía hacia la ciudadanía y promuevan la expansión del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A al tiempo que reducen las mínimas protecciones que ofrece el mismo.

La fundación favoreció una medida como la “Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola” que les garantizaría a los campesinos una vía para obtener su estatus legal y evitaría la separación familiar.

Dicha medida fue reintroducida en mayo del 2025.

En el 2021, fue aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU. con 30 votos republicanos.

De acuerdo con Congress.gov, la medida crearía un estatus migratorio legal temporal conocido como visa de Trabajador Agrícola Certificado (CAW) para los trabajadores agrícolas extranjeros y sus familias.

Además, ofrecería una vía para que los trabajadores agrícolas indocumentados que ya están en el país y sus cónyuges o hijos puedan ajustar su estatus legal y solicitar la residencia permanente (green card) tras cumplir requisitos de labor continua.

La legislación además reformaría la visa temporal H-2A para simplificar el proceso a los empleadores y mejorar las protecciones a los empleados y estabilizar los salarios.

La Fundación UFW ayuda a decenas de miles de trabajadores y sus familiares, muchos de ellos indocumentados, a través de distintos servicios que incluyen los legales.

Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, destacó el carácter novel del estudio.

“Durante demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como responsables de formular pólizas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos y desarrollarlos sobre las personas cuyas vidas se ven directamente afectadas por las redadas migratorias. Este es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y temores de los campesinos indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones. Esperamos que esta encuesta de luz sobre la situación para que quienes ostentan el poder puedan comprender las realidades que enfrentan los más vulnerables. Quizás así, los trabajadores agrícolas indocumentados —que producen la mayor abundancia de alimentos que el mundo haya visto— sean vistos y tratados como los seres humanos importantes que son”, compartió en el comunicado que incluye los resultados de la investigación.

Jonathan Angulo, Ph.D., investigador y analista de políticas de la entidad, espera que el estudio ayude a agilizar la aprobación de una reforma migratoria integral.

“Esta encuesta fue posible gracias a que la Fundación UFW ocupa una posición única para lograr lo que a otros les cuesta conseguir. A pesar del riesgo muy real de arresto, deportación y separación familiar, esta encuesta revela que la mayoría de los trabajadores indocumentados aún aspiran a participar plenamente en el país al que sirven con tanta lealtad, mediante una reforma migratoria significativa, un tema que no se ha abordado en casi 40 años”, expuso el también profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego.

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Una oferta de trabajo bien pagada, la promesa de viajar al extranjero y una entrevista realizada por completo en línea pueden convertirse en la entrada a una red de trata de personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió sobre un fuerte aumento de personas captadas mediante anuncios laborales falsos y trasladadas a complejos donde son retenidas contra su voluntad. Una vez dentro, las víctimas son obligadas a participar en estafas digitales dirigidas a usuarios de distintos países, incluidos adultos mayores y otras personas vulnerables en Occidente.

Las redes buscan especialmente a candidatos con estudios, dominio del inglés y conocimientos tecnológicos. Los anuncios suelen ofrecer salarios elevados, vivienda, vuelos y empleos administrativos, de atención al cliente o vinculados con criptomonedas.

Pero, al llegar al destino, muchas personas descubren que el trabajo no existe.

Les quitan sus documentos y las obligan a cometer fraudes

La OIM explicó que las víctimas pueden ser encerradas dentro de grandes complejos, despojadas de sus pasaportes y sometidas a amenazas, violencia y servidumbre por deudas.

Después son forzadas a contactar a personas por redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas. Deben ganarse la confianza de los usuarios y convencerlos de enviar dinero o realizar falsas inversiones.

Quienes no alcanzan las metas impuestas pueden sufrir golpes, privación de alimentos, aislamiento y otras formas de castigo. También se han documentado casos de abuso sexual y amenazas contra los familiares de las víctimas.

La directora general de la OIM, Amy Pope, señaló que estas personas no deben ser tratadas únicamente como autores de fraude, ya que muchas actúan bajo violencia y coerción.

Incluso después de escapar o ser liberadas durante un operativo, algunas pueden quedar bajo sospecha y enfrentar procesos penales por los delitos que fueron obligadas a cometer.

Víctimas procedentes de más de 80 países

Aunque estos centros se concentran especialmente en Myanmar, Camboya y Laos, el reclutamiento ya tiene alcance mundial.

La OIM estima que personas de más de 80 países han sido captadas por estas organizaciones. El organismo ayudó entre 2022 y 2025 a más de 3,500 víctimas, pero considera que el número real es mucho mayor.

Algunos complejos pueden albergar a miles de trabajadores. Naciones Unidas calcula que hasta 300,000 personas podrían participar en estas operaciones en el sudeste asiático, aunque no todas necesariamente son víctimas de trata.

En junio de 2026, una organización de derechos humanos estimó que más de 5,300 personas seguían atrapadas en centros ubicados en Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia. Entre ellas había ciudadanos de países asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos.

Cómo funcionan las falsas ofertas de trabajo

El contacto suele comenzar con una publicación en Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram u otras plataformas. También pueden intervenir supuestas agencias de contratación o conocidos que aseguran haber conseguido una oportunidad laboral.

Las ofertas presentan varias características:

• Salarios muy superiores a los habituales.
• Tareas administrativas poco definidas.
• Contratación inmediata sin entrevistas formales.
• Viaje, vivienda y alimentación cubiertos.
• Exigencia de trasladarse rápidamente al extranjero.
• Comunicación exclusiva por aplicaciones de mensajería.
• Ausencia de una dirección empresarial verificable.
• Pedidos de fotografías del pasaporte o datos bancarios.

Las organizaciones criminales pueden utilizar contratos aparentemente legales, perfiles falsos de reclutadores y sitios web que imitan empresas reales. El engaño no siempre es evidente, especialmente cuando la oferta está dirigida a profesionales jóvenes o personas que llevan meses buscando empleo.

Interpol advirtió que esta modalidad dejó de ser un problema limitado al sudeste asiático y se convirtió en una amenaza global, tanto por el origen de las víctimas como por la ubicación de las personas defraudadas.

Las mismas víctimas son utilizadas para estafar a otros

Una característica especialmente compleja de este delito es que produce dos grupos de víctimas. Por un lado están quienes aceptan la falsa oferta laboral y terminan encerrados. Por otro, las personas que reciben mensajes románticos, propuestas de inversión o recomendaciones sobre criptomonedas y pierden sus ahorros.

Los trabajadores forzados reciben guiones, fotografías falsas y perfiles digitales preparados para mantener conversaciones durante semanas o meses. El objetivo es crear una relación de confianza antes de convencer al usuario de transferir dinero a una plataforma fraudulenta.

Algunas redes también emplean programas de inteligencia artificial, traducción automática y videos manipulados para hacer más creíbles las identidades utilizadas durante el engaño.

Las pérdidas vinculadas con estos esquemas pueden alcanzar miles de millones de dólares. Una estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó pérdidas de hasta $114,000 millones en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda durante el último año analizado.

Cómo comprobar que una oferta laboral es verdadera

Antes de entregar documentos o aceptar un viaje, conviene buscar la empresa de manera independiente y no utilizar únicamente los enlaces enviados por el supuesto reclutador.

También es recomendable:

• Confirmar que la vacante aparezca en la página oficial de la compañía.
• Verificar el dominio del correo electrónico.
• Buscar la dirección física y el registro de la empresa.
• Desconfiar de entrevistas realizadas solo por chat.
• No entregar el pasaporte original a empleadores o intermediarios.
• No pagar tarifas por adelantado para conseguir el puesto.
• Preguntar por escrito quién cubrirá el viaje y bajo qué condiciones.
• Compartir con familiares la ubicación, el contrato y los datos del reclutador.

Una empresa legítima no debería impedir que el trabajador conserve sus documentos, abandone el empleo o se comunique con su familia.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar los operativos migratorios en Los Ángeles con fines políticos, después de que salieran a la luz testimonios de agentes federales que describen una intervención organizada para coincidir con una conferencia de prensa del mandatario estatal.

Según las declaraciones presentadas ante un tribunal federal, el despliegue realizado el 14 de agosto cerca del Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, no respondió únicamente a objetivos de control migratorio, sino que buscaba atraer la atención de los medios durante un acto encabezado por Newsom y otros funcionarios demócratas para cuestionar las redadas contra inmigrantes.

Los testimonios fueron incorporados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) como parte de una demanda contra el Gobierno federal por los operativos migratorios. En ellos, varios agentes describen la acción como una “agenda política” y una “maniobra publicitaria”.

Uno de los relatos sostiene que el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, decidió trasladar un grupo de agentes hasta las inmediaciones del evento del gobernador para generar cobertura mediática.

“Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)”, señala uno de los testimonios.

“Maniobra publicitaria”

Los documentos también indican que varios agentes fueron retirados de otras operaciones de control migratorio para participar en ese despliegue.

“Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria”, escribió uno de los agentes en un mensaje de texto incorporado a la demanda.

Durante aquel operativo, Bovino llegó al lugar acompañado por agentes armados con uniformes de camuflaje, cascos y máscaras, y declaró ante la prensa: “Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos”.

Tras conocerse el contenido de los testimonios, Newsom endureció sus críticas contra la Casa Blanca y calificó la actuación federal como “una táctica del manual de un dictador”.

“El gobierno federal nunca debe utilizarse como arma contra opositores políticos o sus familias. Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados”, afirmó el gobernador.

Newsom se ha consolidado como uno de los principales críticos de las políticas migratorias impulsadas por Trump y ha mantenido una confrontación constante con la Administración republicana por los operativos de inmigración ejecutados en California.

Con información de EFE.