La Administración de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando rápidamente a migrantes hacia países distintos de aquellos de los que proceden, después de que tribunales inferiores bloquearan la política por considerar insuficientes las garantías ofrecidas a los afectados.
El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal horas después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, permitiera que entrara en vigor una decisión que impide al Gobierno realizar estas expulsiones sin dar antes a los migrantes una oportunidad efectiva para plantear sus temores sobre el país de destino.
El fiscal general Todd Blanche había anunciado previamente que el Gobierno recurriría de inmediato a la Corte Suprema para intentar mantener vigente la política.
Garantías antes de la expulsión
El caso plantea qué procedimiento debe seguir el Gobierno cuando pretende enviar a una persona a un país que no es aquel del que procede.
Los tribunales inferiores determinaron que los migrantes deben recibir una notificación suficiente y una oportunidad significativa para explicar si consideran que podrían ser perseguidos o sometidos a tortura en el país al que Estados Unidos pretende enviarlos.
La decisión afecta a una política migratoria que la Administración Trump comenzó a utilizar en 2025 para trasladar a personas a terceros países, incluso cuando no podían ser enviadas directamente a sus países de origen.
El Gobierno sostiene que los requisitos impuestos por los tribunales dificultan la ejecución de las deportaciones y generan problemas operativos. Entre ellos, la Administración menciona dificultades para organizar vuelos y casos en los que las expulsiones han tenido que ser canceladas.
La disputa judicial no gira únicamente en torno al destino de los migrantes, sino también al momento en que deben poder presentar sus objeciones y a las garantías que deben recibir antes de ser trasladados fuera de Estados Unidos.
Más de 25,000 envíos
La política ha permitido el traslado de más de 25,000 migrantes a terceros países, según datos citados por organizaciones de derechos humanos. Entre los destinos utilizados se encuentran México, Uganda y otros países con los que la Administración estadounidense ha establecido acuerdos.
Los tribunales han cuestionado que algunas de estas expulsiones se hayan realizado con poco aviso y sin ofrecer a los afectados una oportunidad efectiva para demostrar que podían enfrentar riesgos en el país de destino.
Amnistía Internacional pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de documentar lo que la organización describe como un patrón recurrente de violaciones de derechos humanos durante operativos migratorios en cuatro zonas del país.
El informe, titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE, analiza las actuaciones de agentes federales en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D.C.
La investigación se basa en entrevistas con 154 personas y sostiene que los abusos registrados no fueron hechos aislados, sino parte de patrones que se repitieron durante las operaciones examinadas.
Amnistía documentó denuncias de discriminación racial, detenciones arbitrarias, intimidación, uso injustificado de la fuerza, represión de protestas y condiciones de detención que, según la organización, podrían vulnerar normas internacionales contra la tortura.
Uso de fuerza letal y detenciones incomunicadas
Entre los casos analizados, la organización documentó el uso de fuerza letal contra siete personas en Chicago, Minneapolis-St. Paul y Washington D.C.
Amnistía cuestionó además algunas versiones oficiales sobre los tiroteos y señaló que, en determinados casos, fueron contradichas por videos, testimonios de testigos o investigaciones posteriores.
El informe también recoge acusaciones de detenciones en régimen de incomunicación y posibles desapariciones forzadas. Según la organización, en algunos casos ICE se negó a confirmar si determinadas personas permanecían bajo custodia o a informar sobre su paradero a familiares y abogados.
Amnistía afirma además que agentes federales utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y otros dispositivos considerados menos letales contra manifestantes, observadores y miembros de equipos de respuesta comunitaria durante operaciones en Chicago y Minneapolis-St. Paul.
La organización denunció asimismo que agentes actuaron con frecuencia con el rostro cubierto, sin identificación visible y en vehículos sin distintivos. Según el informe, las violaciones documentadas rara vez fueron seguidas por investigaciones independientes y efectivas o por mecanismos significativos de rendición de cuentas.
Denuncian perfiles raciales durante las operaciones
Amnistía sostiene que agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales seleccionaron a personas que consideraban migrantes basándose, entre otros factores, en su raza, color de piel, nacionalidad, etnia, idioma o acento.
El informe señala que las operaciones también afectaron a ciudadanos estadounidenses, personas con estatus migratorio regular, solicitantes de asilo, refugiados y miembros de comunidades indígenas.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, Nadia Daar, afirmó que las prácticas documentadas muestran que los abusos han alcanzado un nivel que, a juicio de la organización, requiere una respuesta institucional.
“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, declaró Daar.
La organización sostiene que las violaciones no pueden atribuirse únicamente a actuaciones individuales de agentes, falta de entrenamiento o fallas aisladas de supervisión. Según su investigación, existe un entorno institucional en el que las prácticas violentas y discriminatorias fueron respaldadas y ampliadas durante la Administración Trump.
Por ello, Amnistía concluye que las reformas parciales no son suficientes y reclama la abolición inmediata de ICE como paso necesario para establecer un sistema de control migratorio que cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Además de abolir la agencia, la organización pidió poner fin a las políticas de detención y deportación masivas que considera abusivas, eliminar las prácticas de control migratorio basadas en perfiles raciales, investigar de manera independiente las denuncias contra agentes y detener el uso ilegal de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial.
Un médico especialista recomendó operar a Wilber Garcés, el migrante venezolano detenido en el sur de Texas después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le disparara en la espalda, para extraerle la bala que aún tiene incrustada en el cuerpo.
Así lo informó este miércoles en una rueda de prensa en San Antonio, Texas, el congresista demócrata Greg Casar, quien visitó este miércoles a Garcés en el centro de detención de Pearsall para conocer su estado de salud y hablar directamente con él.
El legislador aseguró que el migrante, de 28 años, está en una silla de ruedas, tiene un cabestrillo en el brazo izquierdo y la herida, donde penetró la bala, cubierta con gaza en la que se “está acumulando sangre”.
A su vez, agregó Casar, Garcés dijo haber estado sufriendo dolor “constante” desde que fue abaleado y solo haber recibido analgésicos orales hasta una hora antes de la visita de Casar, cuando le pusieron una inyección que “lo alivió un poco”.
El domingo, después de que Garcés recibiera el disparo por parte de ICE, los servicios de emergencia de Austin lo llevaron a un hospital local. Sin embargo, el centro médico le dio el alta unas tres horas después de admitirlo, con bala aún dentro de su cuerpo.
De ahí, señaló Casar, las autoridades lo trasladaron primero a un centro de procesamiento de ICE en Plugerville, al norte de Austin y luego al centro en Pearsall, donde llegó en la madrugada del lunes.
Según el legislador, Garcés pudo ver al especialista médico hoy en un hospital San Antonio, el cual le recomendó que se le hiciera cirugía para retirarle la bala.
“Obviamente, todos sabemos que una operación tiene sus riesgos y sus beneficios pero si Wilber y su esposa deciden que la necesita, ICE debe agilizar su atención médica”, agregó el político, del ala progresista del partido demócrata.
La visita del legislador a Garcés llega un día después de que un grupo de más de 100 congresista exigiera a ICE la liberación del migrante para que pueda obtener el cuidado médico necesario, al igual que se impidiera su deportación a Venezuela.
Casar insistió hoy en estas exigencias y pidió, a su vez, transparencia sobre la atención médica que recibió Garcés el día del tiroteo.
“A ninguno de los profesionales de la salud con los que he hablado le parece lógico que una persona que recibió un disparo en la espalda, todavía tiene la bala dentro del cuerpo, sigue sangrando y siente un dolor intenso haya recibido el alta hospitalaria menos de cuatro horas después del disparo”, indicó,” alguien con una herida así debería permanecer bajo atención médica”.
El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, rechazó también hoy en una publicación en la plataforma X las denuncias de Casar y aseguró que los migrantes en centro de detención “reciben una atención de mejor calidad que en la que hay en la mayoría de prisiones donde están recluidos ciudadanos estadounidenses”.
La abogada que representa a Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó el lunes una demanda ante una corte federal en la que se solicita su liberación inmediata y suspensión de su deportación y se fijó una audiencia para el 30 de septiembre.
El venezolano entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.
Pese a que presentó una solicitud de asilo, el migrante tiene una orden de deportación en su contra, que fue dictada en ausencia por un juez de inmigración. Según Lincoln-Goldfinch, él no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al Gobierno de su cambio de domicilio.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) modificó su plataforma digital de rastreo, ocultando la ubicación actual de los migrantes que poseen órdenes definitivas dedeportación, así lo afirmó The Associated Press, que citó a varios abogados relacionados con el tema.
Desde el 15 de septiembre, ICE eliminó de su base de datos pública a las personas que ya tienen una orden de deportación final. Según los registros analizados por el Deportation Data Project, casi 16,000 migrantes se encontraban bajo esta condición legal durante el mes de julio.
Sin embargo, esta medida no se aplica a los centros de retención ubicados en Adelanto (California), Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago, debido a dictámenes previos emitidos por tribunales locales, indicó Telemundo Houston, que citó a AP.
Reacciones de las organizaciones legales
Por su parte, Greg Chen, quien lidera la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración alertó sobre el impacto de este hecho.
“Las familias entran en pánico porque creen que la persona ha sido deportada y no saben dónde podría estar”, señaló Chen. “Del lado de los abogados, esto tiene serias implicaciones para la capacidad de contactar a su cliente. Sin duda, tiene implicaciones sobre cómo interferirá con la relación abogado-cliente”.
Mientras tanto, Michelle Mendez, directiva del National Immigration Project, cuestionó la medida y expresó: “Para mí, es simplemente otra iteración de hacer desaparecer a la gente”.
En la misma línea, Atenas Burrola Estrada, del Amica Center for Immigrant Rights, confirmó la ausencia de registros e indicó que “todos y cada uno de nuestros clientes que tiene una orden final ha desaparecido del localizador”, mientras que My Khanh Ngo, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), alertó sobre las dificultades para ejercer la defensa.
“Si no puedes encontrar a tu cliente, no sabes qué está pasando con tu cliente, no puedes llevar esa información al tribunal para detener su expulsión”, apuntó Khanh.
¿Qué ha dicho ICE y el DHS al respecto?
ICE rechazó los señalamientos. En su declaraciones a Telemundo Arizona, el organismo enfatizó que la agencia “no desaparece a las personas (…) “esta es una mentira ridícula que los medios difunden para demonizar a los agentes de ICE, quienes enfrentan un aumento del 1,300% en las agresiones en su contra”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acompañó la postura de ICE al asegurar que los procedimientos aplicados respetan los derechos constitucionales y que la prioridad de la agencia es concretar las expulsiones definitivas según la disponibilidad logística de los centros.
Habitantes de Doral, la ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, denuncian que se ha convertido en un “pueblo fantasma” por las crecientes deportaciones, por lo que la comunidad se siente “traicionada” por la Administración del presidente Donald Trump.
Varios residentes afirman a EFE que los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han transformado a una ciudad conocida como ‘Doralzuela’ y que protagonizó los mayores festejos públicos en Estados Unidos en enero pasado tras la captura del entonces gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
“Hay mucha indignación, mucho miedo, un sentimiento de traición, sobre todo para aquellas personas que votaron por el presidente Trump, yo nunca he sido simpatizante de él, siempre me vi venir esto y las personas que sí lo apoyan ahora están o muy dolidas o tratando de hacer malabares”, cuenta Liz Rebecca Alarcón, una vecina.
Más del 85 % de los 81.000 habitantes de Doral son hispanos y la mitad del total son venezolanos, pero la alcaldesa de la ciudad, la republicana Christi Fraga, firmó un acuerdo ‘287(g)’ para que la policía local coopere con ICE.
En medio del récord de más de 50.000 arrestos migratorios a nivel nacional en agosto, la cifra más alta del segundo mandato de Trump, vecinos, negocios y líderes comunitarios publican imágenes a diario de la presencia de ICE y comercios vacíos en cuentas de redes sociales, como ‘Qué pasa en Doral’.
“El Doral es un pueblo fantasma. Hay negocios que están empezando a cerrar, otros negocios que están pensando cerrar porque están literalmente vacíos y no pueden sostenerse. Las personas tienen terror de salir de sus casas”, expresa Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), en una entrevista.
Habitantes con temor y negocios sin clientes
El temor a las deportaciones en la ciudad es palpable en el grupo de WhatsApp que Alarcón tiene con otras madres.
“Jamás la había visto así desde que primero llegué hace más de 20 años: los locales están vacíos, los supermercados sin personas, vas a comprar y solo hay una persona en la registradora porque las personas no están acudiendo a sus trabajos y yo, que soy mamá de dos pequeños, hasta están afectando las rutinas de los niños”, relata.
Este ambiente de temor impacta a toda la ciudad, según cuenta Ana Delgado, habitante de origen dominicano, porque “la gente que trabaja, los estudiantes y familias no quieren salir y no quieren ir a trabajar y no quieren ir a la escuela porque tienen miedo que vengan y los cojan”.
“O sea, los negocios están vacíos, ya cuando tú sales a la calle de Doral no ves a nadie porque todo mundo tiene miedo a salir”, señala Delgado a EFE.
La joven pide a los funcionarios electos que “vengan a la calle de Doral, que vayan a los negocios para que ellos vean que de verdad lo que está pasando ahora no es bueno”.
Un ‘despertar amargo’
Venezolanos en Doral, donde la alcaldesa es republicana y apoya a Trump, aplaudieron la captura de Maduro, pero ahora han expresado decepción con el presidente estadounidense, quien el martes se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Para el resto de los venezolanos que celebraron y que pensaron que esto iba a llevarnos a la libertad y a la democracia en Venezuela, ha sido un despertar muy amargo, muy duro y muy doloroso, pero como buen despertar creo que eso ha hecho que nos unamos mucho más como comunidad en estos momentos”, considera Ferro.
Además, Trump ha quitado a los venezolanos protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el ‘parole’ humanitario que concedió el expresidente Joe Biden (2021-2025), por lo que los vecinos niegan que todos los afectados hayan entrado de forma ilegal o vivan de manera irregular en el país.
“Hasta la familia de la gente que yo conozco, hasta ellos que tienen sus papeles y todo correcto, hasta ellos tienen miedo porque es injusto todo lo que está pasando”, lamenta Delgado.
El agente de ICE que disparó contra el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez en Austin tenía asignada una cámara corporal, pero no la llevaba encendida durante el tiroteo, según dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional citados por NBC News.
Las autoridades no han explicado por qué el agente no utilizaba el dispositivo. Otro funcionario de ICE que viajaba en el mismo vehículo sí llevaba una cámara, pero las imágenes captadas por ella no incluyen el momento en que Garcés Pérez recibió los disparos.
La ausencia de esa grabación se produce mientras las autoridades de Austin intentan reconstruir el episodio que dejó al venezolano de 28 años con una bala alojada en la espalda. Garcés Pérez se encontraba realizando entregas para DoorDash cuando ocurrió el incidente.
La Policía de Austin difunde nuevas imágenes
La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, presentó el martes por la noche parte del material obtenido durante la investigación. Las grabaciones fueron realizadas por un agente policial fuera de servicio que se encontraba en la zona.
El material incluye imágenes registradas por la cámara de su vehículo y por su teléfono celular. Aunque no muestra todo el enfrentamiento, contiene el sonido de tres disparos y permitió al agente alertar a sus compañeros sobre lo ocurrido.
Davis pidió además la colaboración de la ciudadanía para localizar videos que puedan ayudar a reconstruir la persecución que precedió al tiroteo.
La Policía de Austin mantiene abierta la investigación y ha solicitado cualquier grabación que permita establecer con mayor precisión la secuencia de acontecimientos. El departamento cuenta con protocolos para la publicación de imágenes relacionadas con incidentes críticos, incluidos tiroteos en los que participan agentes.
Garcés permanece bajo protección judicial
Garcés Pérez fue trasladado a un hospital después de recibir el disparo y, unas cuatro horas más tarde, quedó bajo custodia migratoria en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, según su abogado.
La bala permanece alojada en su espalda. Su situación migratoria también quedó temporalmente suspendida después de que un juez federal emitiera el martes una orden de emergencia que bloqueó los procedimientos para deportarlo.
A esto se sumó una petición de la Fiscalía del Condado de Travis dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE para que Garcés pueda permanecer en Estados Unidos mientras avanza la investigación. La Fiscalía lo considera un “testigo clave” del tiroteo.
“Me siento un poco mal. Tengo la bala ahí adentro todavía”.
Esas fueron las primeras palabras públicas de Wilber Rafael Garcés Pérez tras resultar herido por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) este domingo en Austin, la capital del estado de Texas.
Este repartidor venezolano de DoorDash de 28 años recibió el tiro en el torso y fue trasladado a un hospital, antes de ser llevado a un centro de procesamiento de migrantes en la ciudad de Pearsall, según informó su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, a medios estadounidenses.
Desde esas instalaciones, por teléfono y con el altavoz activado, habló este lunes Garcés Pérez durante una rueda de prensa convocada por su abogada ante periodistas y líderes políticos y comunitarios.
“Estoy mal y no he recibido la atención necesaria”, subrayó, agregando que no le han retirado la bala por estar alojada cerca de la columna vertebral.
Hasta el momento no hay muchos detalles del incidente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado enviado a la BBC que “está investigando el tiroteo de un hombre en Austin que ingresó ilegalmente al país”.
Y tanto el alcalde de la ciudad como la policía local han pedido una investigación independiente.
“Gritaba de dolor”
El tiroteo se produce meses después de que un hombre muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston, otra ciudad texana.
Antes de la rueda de prensa de este lunes, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch le dijo a la cadena CBS que Garces Pérez llamó a su esposa mientras “gritaba de dolor” en el hospital.
Lincoln-Goldfinch también declaró a la Radio Pública Nacional (NPR) que el hombre se encontraba bajo custodia de ICE. Según informó en su cuenta de X este lunes, Garcés Pérez sigue en detención para ser interrogado.
“No ha recibido ningún medicamento para el dolor y tuvo que dormir en el suelo”, agregó la abogada y aclaró que Garcés Pérez ingresó al país “legalmente y tiene un permiso de trabajo válido”.
Durante su segundo mandato, el gobierno de Trump ha intensificado los esfuerzos de control migratorio y las detenciones, lo que ha provocado disturbios y manifestaciones en varias ciudades del país.
El gobierno ha defendido sus políticas y las controvertidas tácticas de la agencia como necesarias para la seguridad pública y para cumplir la promesa de campaña de Trump de asegurar la frontera y realizar deportaciones masivas.
Un agente de ICE hirió de un disparo a un repartidor venezolano en Austin. (Foto: Getty Images)
“Deben saber la verdad”
Durante su intervención en la conferencia de prensa de este lunes desde el centro de detención de Pearsall, Garcés Pérez aseguró que los agentes de ICE impactaron lateralmente con su vehículo.
Según su versión, los funcionarios no se identificaron, nunca le pidieron que se detuviera y no encendieron las luces ni la sirena del vehículo antes de chocar contra el suyo.
De acuerdo con su versión, tras el impacto dio una vuelta en U porque quería encontrar un lugar donde estacionarse para poder presentarse ante los agentes.
Contradijo con ello la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de que había salido corriendo cuando los agentes lo confrontaron.
“No hubo una persecución a pie. No salió del vehículo hasta que tuvo que salir”, explicó una persona que escuchó sus declaraciones y tradujo la llamada en tiempo real para que los medios de comunicación pudieran escuchar las respuestas.
Según su relato, fue después cuando recibió el disparo.
Horas después del incidente, decenas de manifestantes se congregaron en el lugar donde ocurrió con pancartas y algunos de ellos ondeando las banderas de México y Guatemala, para exigir que ICE abandone Austin.
Los medios de comunicación locales mostraron a los manifestantes reunidos al otro lado de la calle, en donde estaba un Toyota Corolla azul que sufrió daños en la puerta del lado del pasajero, mientras agentes de ICE permanecían cerca, según informó la agencia de noticias Reuters.
El alcalde demócrata, Kirk Watson, dijo en una rueda de prensa este domingo que los habitantes de Austin tienen derecho a saber qué ocurrió y “derecho a sentirse seguros en su ciudad”.
“Deben saber la verdad”, enfatizó. También celebró que la ciudad participe en la investigación y señaló que las operaciones del ICE se han intensificado en Austin durante las últimas semanas.
Algunos manifestantes participaron de la protesta con banderas de México y Guatemala. (Foto: Getty Images)
Piden investigación independiente
ICE ha sido objeto de un intenso escrutinio tras varios tiroteos letales, entre ellos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, residente de Houston, que no era investigado por ICE, pero recibió un disparo durante un control de tránsito realizado por la agencia, según el DHS.
El congresista demócrata de Texas Greg Casar ha exigido una investigación independiente, completa e inmediata sobre el último tiroteo y la publicación de las grabaciones de las videocámaras corporales.
También exigió que cualquier agente de ICE que haya infringido la ley rinda cuentas.
Los activistas sostienen que la administración ha violado el debido proceso en su ofensiva contra la inmigración.
Los demócratas exigen reformas en la agencia, incluyendo la obligación de que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales y no oculten sus rostros.
Manifestantes piden justicia por Wilber Rafael Garcés Pérez. (Foto: Getty Images)
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un agente de ICE de mentir sobre el tiroteo de un migrante venezolano en Minnesota, un caso inusual en el que la propia institución acusó a un agente federal de infringir la ley en el ejercicio de sus funciones.
La semana pasada, la legisladora republicana de Florida Maria Elvira Salazar se manifestó en contra de la política migratoria del gobierno de Trump.
Lo hizo mediante un anuncio de campaña para las eleccines de medio mandato en el que criticaba la persecución y detención de personas sin antecedentes penales.
Salazar apareció el domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS y dijo que desde entonces ha hablado con el presidente y que cree que él llevará al país por el buen camino.
“Él lo entiende mejor que nadie”, dijo.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
Luis Sánchez* llevaba más de 3 semanas junto a sus 4 hijos en un centro de detención de inmigrantes en Dilley, en el sur de Texas, Estados Unidos.
Dice que a la primogénita, quien sufre de ansiedad, no le quedaban uñas que comer, y que las niñas menores empezaban a mostrar signos de desesperación. “Me llegaron a decir que se querían matar, que firmara lo que fuera para salir porque ya no soportaban estar allí”, cuenta este nicaragüense.
“Pero cuando otro detenido me contó que había una mujer que me podía ayudar a aliviar un poco la situación, me dio recelo”, le cuenta a BBC Mundo.
Sólo cuando se lo volvió a comentar una abogada que visita regularmente estas instalaciones, las únicas del tipo en el país que albergan a familias con menores, se convenció.
Bastaba con mandar un correo con sus datos -le dijo- y Casey Revkin, una californiana que dirige la organización Each Step Home, le ingresaría dinero para poder comprar lo necesario dentro del centro de detención.
Así que, desde la computadora de la biblioteca del centro, le envió este mensaje:
Hola, me presento: Soy [tachado] padre de 4 hijos y mi abogada me dijo que ustedes ayudaban con dinero para comprar cosas. Me gustaría saber si es que pueden ayudarme para comprar agua, cepillos de dientes, pasta de dientes, y algunos snacks para mis hijos. Les agradecería mucho si me ayudan. Muchas gracias.
“Cuál fue mi sorpresa que, a los días, ya tenía $200 dólares en mi cuenta”, recuerda. “Primero compramos agua, y los niños quisieron palomitas, golosinas, frescos. Fue un gran alivio, una forma de que mis hijos se sintieran mejor”.
Centrada en los menores
Revkin le envió ese dinero a Sánchez como lo ha hecho con otros migrantes con hijos detenidos, por sumas que alcanzan hasta los $10,000 semanales.
“Me pongo en su lugar y pienso qué terrible debe ser sentir que no puedes proteger a tus hijos, proveerles de cuestiones tan básicas”, le dice a BBC Mundo Revkin, quien se describe a sí misma como “una madre de California”.
“Así que es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”.
Su foco en los menores afectados por las políticas migratorias estadounidenses no es nuevo.
Ayudaba a rellenar documentos, a imprimirlos y ordenarlos en una carpeta, buscaba voluntarios que llevaran a quienes iban a recibir a los menores a las citas para tomarles las huellas. “Para las familias eran obstáculos enormes, pero algo que nosotros podíamos perfectamente hacer”, recuerda. Y en torno a ello articuló una organización, Each Step Home.
Casey Revkin empezó con su labor durante el primer gobierno de Trump, cuando supo de la separación de menores migrantes de sus padres en la frontera. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
Con el regreso de Trump a la presidencia y su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, Revkin decidió buscar otras maneras de ayudar.
Cuando en enero supo de la detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, durante la operación antiinmigración en Mineápolis (Minesota), un caso que acaparó titulares, encontró una nueva misión.
El niño fue arrestado cuando regresaba a casa de la guardería, e ingresó junto con su padre en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC), el mismo que albergó a Sánchez y sus hijos.
El único centro de detención para familias en el país fue cerrado durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero reabrió sus puertas el año pasado como parte de la ofensiva migratoria del gobierno Trump.
Desde entonces, varios informes de organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han mostrado preocupación por lo que allí ocurre.
Uno de los más recientes, publicado en abril por organizaciones como Human Rights First y Raíces, concluía que “las condiciones inhumanas, el maltrato rutinario y las violaciones del debido proceso que experimentan las familias en Dilley son generalizadas y sistémicas”, algo que tanto la empresa que lo gestiona, CoreCivic, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han rechazado.
Casey Revkin encontró otra manera de ayudar a los menores afectados por las políticas migratorias cuando supo de la detención de Liam Conejo Ramos en Mineápolis. (Foto: Getty Images)
Revkin ya había oído hablar de las instalaciones. Por allí pasaron algunas de las familias a las que ayudó a reunirse en el pasado, y de ellas había escuchado quejas sobre la calidad de la comida y del agua.
Los que podían, completaban lo recibido en el centro con lo que compraban dentro del centro.
Para ello, usaban el dinero ingresado en sus cuentas del centro. Dilley y otros centros utilizan un sistema de software que permite ingresar fondos para un detenido específico.
Así, Revkin encontró cómo ayudar: empezó a preguntar a su red de abogados de inmigración, activistas y congresistas cómo podía hacer para depositar fondos en esas cuentas.
“Llegamos al 80% de los detenidos”
Su primer depósito fue $50 para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria. Hoy dice que destina a ese fin unos $10,000 semanales. “La cifra fluctúa, pero calculamos que estamos cubriendo de esa forma a un 80% de los que están en Dilley”, asegura.
El dinero le viene de donaciones. “Organizamos una recaudación de fondos durante el Día de la Madre que salió muy, muy bien, y eso nos ha mantenido hasta ahora”, explica.
Con esa ayuda, las familias en Dilley pueden comprar desde agua embotellada, cereales y sopa deshidratada, pasando por champú y acondicionador, hasta golosinas o cuadernos y pinturas.
“Es un hada madrina”, le dice a BBC Mundo Kristin Etter, una abogada de la organización Texas Immigration Law Council que trabaja pro bono en Dilley y otros centros. “No hay mejor forma de resumir lo que representa. La gente realmente no podría sobrevivir sin ella”, subraya.
“Es indignante que los contribuyentes de EE.UU. estén gastando $15 millones al mes para arrestar a niños y familias, y aun así tengamos que depender de una ciudadana privada, muy generosa, para recaudar fondos y poder cubrir sus necesidades básicas mientras están en este centro de detención”, agrega.
Organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han denunciado las condiciones en el centro de detención de Dilley. (Foto: The Washington Post vía Getty Images)
La empresa privada que gestiona el centro, CoreCivic, rechaza los señalamientos.
“CoreCivic lleva 40 años asociado al gobierno federal, tanto con gobiernos demócratas como republicanos, para brindar atención segura y humana a las personas que nos son confiadas”, contestó su portavoz, Ryan Gustin, por escrito a las consultas de BBC Mundo.
Tras aclarar que la compañía no decide a quién se arresta ni por cuánto tiempo, subrayó que Dilley está “sujeto a múltiples niveles de supervisión y es vigilado muy de cerca por nuestros socios del gobierno para garantizar el cumplimiento total de las políticas y procedimientos, incluidos los estándares de detención”.
En la misma línea, refutó las afirmaciones sobre la mala calidad de la comida y el agua, diciendo que pruebas independientes muestran que el agua es limpia, filtrada y proviene de las mismas compañías de servicios utilizadas por la comunidad circundante. “Nadie bajo nuestro cuidado está obligado a pagar por el agua, que es la misma que beben nuestros empleados”, agregó en su respuesta.
Sobre la alimentación, señaló que se proporciona un menú rotativo de tres comidas “nutritivas” al día, además de refrigerios, aprobados por un dietista e inspeccionados para garantizar su calidad y frescura.
Ante las críticas por el alto costo de los productos en el centro, Gustin dijo que es similar al de las tiendas de conveniencia, y que el personal de CoreCivic realiza evaluaciones de precios cada dos años. Las ganancias de las ventas se destinan al “fondo de bienestar de los residentes” del centro, agregó.
En la misma línea, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que a todos los detenidos se les proporcionan “tres comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de higiene personal”.
“Los inmigrantes ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas. El personal y los detenidos beben la misma agua potable limpia de la comunidad local”, prosigue la respuesta enviada a este medio por correo.
“Dilley cumple con los estándares federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones regulares”, se lee en el texto. “Estar en detención es una elección. Estados Unidos está ofreciendo a los inmigrantes ilegales US$3.000 y un vuelo gratis para autodeportarse ahora. (…) Si no lo hacen, serán arrestados y deportados sin oportunidad de regresar”.
Ayuda más allá de la detención
Luis Sánchez* insiste en que su experiencia en Dilley fue otra, y que los depósitos recibidos de Revkin supusieron “un gran confort” para su familia.
Eso lo motivó a hablarles a otros detenidos de esta asistencia y contarles que solo tenían que escribir un correo como lo hizo él y enviar los datos para que les pudieran hacer el depósito en sus cuentas.
“Conocí a muchos que llegaron sin nada, gente a la que habían arrestado nada más cruzar de México y que no tenían a nadie que les ayudara”, recuerda.
Él y sus cuatro hijos salieron de Dilley el 1 de julio, tras casi tres meses allí confinados, y se encuentran bajo supervisión intensiva (ISAP), un programa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) alternativo a la detención.
Había ido guardando parte del dinero donado por Revkin y con eso compró los boletos para volver a la ciudad en la que residían antes de ser detenidos, cuenta.
Pero la asistencia no terminó ahí.
“Con la detención habíamos perdido todo. Yo me quedé sin trabajo. Así que también nos echaron una mano para poder empezar de nuevo”, admite.
“La primera semana nos ayudaron con la comida, ahora que los niños empezaron a clases, les compraron sus útiles escolares. En esos días, realmente nos salvó la vida”.
*Nombre cambiado a petición del entrevistado para proteger su identidad.
“Es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”, dice Casey Revkin. (Foto: Cortesía de Casey Revkin)
Un juez federal ordenó este martes frenar la deportación de Wilber Rafael Garcés Pérez, el venezolano de 28 años que fue baleado por un agente de ICE en Austin y posteriormente trasladado a un centro de detención migratoria en el sur de Texas con una bala alojada cerca de la columna.
El juez Orlando L. García, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, dispuso que Garcés Pérez no sea deportado antes de comparecer ante el tribunal el próximo 30 de septiembre. La resolución corresponde al caso Garcés Pérez contra Thompson y otros, presentado después del incidente.
La medida judicial supone una pausa inmediata a la orden de deportación que pesaba sobre el venezolano, cuya defensa sostiene que fue dictada en ausencia después de que una notificación de la corte de inmigración fuera enviada a una dirección antigua.
Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, Garcés Pérez había informado al Gobierno de su cambio de domicilio, pero no recibió la citación correspondiente y, por ese motivo, no acudió a la audiencia que posteriormente derivó en la orden de expulsión.
De un hospital a la custodia migratoria
La decisión del juez se produjo mientras la situación médica de Garcés Pérez generaba nuevos cuestionamientos sobre su traslado y atención bajo custodia de ICE.
El venezolano fue herido el domingo durante un incidente con agentes migratorios mientras realizaba entregas para DoorDash en Austin. Tras recibir el disparo, fue llevado al Dell Seton Medical Center, donde los médicos decidieron no retirar el proyectil porque estaba demasiado cerca de la columna, según su propio relato y el de su defensa.
Horas después, fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unos 220 kilómetros de Austin. Desde allí denunció dolor persistente y falta de atención médica adecuada. También afirmó que tuvo que dormir en el suelo de una celda.
La situación empeoró el lunes, cuando Garcés Pérez comenzó a reportar pérdida de movilidad y sensibilidad en el brazo y el lado izquierdo del cuerpo. Su abogada informó que fue llevado nuevamente a un hospital para recibir atención.
Según Lincoln-Goldfinch, durante ese traslado el venezolano fue esposado de manos y tobillos y sujeto con una cadena alrededor de la cintura. La abogada afirmó que fue tratado con brusquedad, mientras que en el hospital recibió morfina y le colocaron el brazo en un cabestrillo.
Finalmente este martes fue nuevamente trasladado al centro de detención.
Activistas y políticos en Doral, ciudad en Florida con la mayor proporción de venezolanos de Estados Unidos, criticaron la reunión de este martes del presidente Donald Trump con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras esta comunidad se ha vuelto “foco” de las deportaciones con ayuda la policía local.
Líderes comunitarios exigieron frente al Ayuntamiento de Doral, ciudad en la zona metropolitana de Miami apodada ‘Doralzuela’, para exigir que la alcaldesa, Christi Fraga, y los concejales rompan el acuerdo ‘287(g)’, que autoriza a la policía local a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Podían haber defendido a su comunidad, podían haber dicho que no (firmar la cooperación con ICE), pero decidieron no hacerlo. ¿Y por qué? Porque apoyan al presidente Trump”, declaró Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), que representa a venezolanos en Estados Unidos.
“El mismo presidente Trump que esta noche a las 7:00 de la noche se reúne con la representante de la dictadura ilegítima en Venezuela, Delcy Rodríguez, en un hotel en Nueva York para terminar de darle la legitimidad que ningún venezolano le ha dado“, añadió la activista.
‘Ciudad fantasma’
Ferro alertó que el miedo a las deportaciones ha convertido en una “ciudad fantasma” a Doral, con 81,000 habitantes, de los que más del 85 % son hispanos y la mitad del total son venezolanos, quienes festejaron en enero pasado en las calles la captura del entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.
El ambiente festivo de entonces contrasta con el temor actual de los venezolanos, a quienes la Administración de Trump ha quitado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el ‘parole’ humanitario que otorgó el expresidente Joe Biden (2021-2025).
A esto se suma que Doral firmó en enero un ‘acuerdo 287(g)’, con el que la policía local coopera con ICE, por lo que los habitantes denuncian de forma constante en sus redes sociales la presencia de patrullas y el arresto de inmigrantes, incluyendo quienes tienen permisos de trabajo y solicitudes de asilo.
“Una luz verde para convertir al gobierno local en un brazo de la maquinaria de deportación federal y desde entonces todo ha empeorado. Redadas, miedo, terror, crueldad. Doral es una ciudad fantasma. Familias con temor de mandar a sus hijos a la escuela, de ir a trabajar, de salir por la puerta de su casa”, dijo Ferro.
Florida, líder antiinmigrante
El fenómeno ocurre tras el récord de casi 51,000 arrestos migratorios en Estados Unidos en agosto, la mayor cifra del segundo mandato de Trump, mientras el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presume de que su estado lidera en las medidas antiinmigrantes, como los acuerdos ‘287(g)’.
La alcaldesa de Doral y el concejal venezolano-americano Rafael Pineyro, republicanos que apoyaron a Trump, han argumentado que las leyes estatales los obligan a cooperar con ICE, pero la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) señaló que dos tercios de las municipales del Condado de Miami-Dade no lo han hecho.
“Vienen y lloran las lágrimas de cocodrilo, ahora que los vientos políticos se les han volteado, y les mienten a ustedes, hacen entrevistas y dicen: ‘a nosotros nos obligaron a hacer esto’. No, la ley estatal es clara, la ciudad de Doral no estaba obligada a hacer esto”, sostuvo Thomas Kennedy, consultor de FLIC.
Javier Fernández, alcalde de South Miami, indicó que él no firmó el acuerdo para cooperar con ICE, por lo que Doral podría hacer lo mismo sin temor a represalias del Gobierno de DeSantis.
“Esta ciudad es una comunidad, Miami-Dade, de verdad, que se ha impulsado por la labor y el esfuerzo de inmigrantes, todos somos migrantes, yo soy hijo de exiliados, me parece que le hemos hecho al legado de nuestros padres y nuestros abuelos una tremenda injusticia aportando a esta política del presidente Trump”, expresó.
