Tag: El Diario NY

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar los operativos migratorios en Los Ángeles con fines políticos, después de que salieran a la luz testimonios de agentes federales que describen una intervención organizada para coincidir con una conferencia de prensa del mandatario estatal.

Según las declaraciones presentadas ante un tribunal federal, el despliegue realizado el 14 de agosto cerca del Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, no respondió únicamente a objetivos de control migratorio, sino que buscaba atraer la atención de los medios durante un acto encabezado por Newsom y otros funcionarios demócratas para cuestionar las redadas contra inmigrantes.

Los testimonios fueron incorporados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) como parte de una demanda contra el Gobierno federal por los operativos migratorios. En ellos, varios agentes describen la acción como una “agenda política” y una “maniobra publicitaria”.

Uno de los relatos sostiene que el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, decidió trasladar un grupo de agentes hasta las inmediaciones del evento del gobernador para generar cobertura mediática.

“Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)”, señala uno de los testimonios.

“Maniobra publicitaria”

Los documentos también indican que varios agentes fueron retirados de otras operaciones de control migratorio para participar en ese despliegue.

“Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria”, escribió uno de los agentes en un mensaje de texto incorporado a la demanda.

Durante aquel operativo, Bovino llegó al lugar acompañado por agentes armados con uniformes de camuflaje, cascos y máscaras, y declaró ante la prensa: “Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos”.

Tras conocerse el contenido de los testimonios, Newsom endureció sus críticas contra la Casa Blanca y calificó la actuación federal como “una táctica del manual de un dictador”.

“El gobierno federal nunca debe utilizarse como arma contra opositores políticos o sus familias. Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados”, afirmó el gobernador.

Newsom se ha consolidado como uno de los principales críticos de las políticas migratorias impulsadas por Trump y ha mantenido una confrontación constante con la Administración republicana por los operativos de inmigración ejecutados en California.

Con información de EFE.

Miles de niños inmigrantes no acompañados podrían quedarse sin representación legal a partir del vencimiento de un contrato federal que financia el acceso a abogados para estos menores, advirtieron organizaciones de servicios legales durante una conferencia organizada este miércoles por el Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).

El contrato federal que permite financiar estos servicios vence el 31 de julio de 2026, lo que, según los proveedores, podría provocar el colapso de una red de organizaciones encargadas de representar a menores inmigrantes en sus procesos ante tribunales.

Desde noviembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha retenido pagos a proveedores de servicios legales que representan a niños no acompañados, según denunciaron las organizaciones.

Estas afirmaron que el Gobierno busca obtener información confidencial y protegida por el secreto profesional sobre los menores a los que representan.

El Defending Our Neighbors Fund indicó que ha entregado fondos de emergencia a algunas organizaciones para que continúen atendiendo a sus clientes, pero alertó que, sin una renovación inmediata del contrato federal, decenas de miles de niños podrían verse obligados a enfrentar sus procesos migratorios sin un abogado frente a representantes legales del Gobierno.

“El gobierno sabe exactamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad que tiene un niño de obtener el debido proceso es contar con un abogado a su lado; esa es la razón de ser de este programa”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights.

Lukens agregó que, al negar pagos por servicios ya prestados, el Gobierno “está socavando deliberadamente las protecciones a las que estos niños tienen derecho”.

Dos décadas de experiencia

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló que durante dos décadas la red de proveedores legales ha desarrollado experiencia especializada para trabajar con menores que han sufrido traumas.

“Hemos dedicado 20 años a construir este conocimiento institucional que perderemos este viernes. No hay forma de reemplazar a las organizaciones que prestan estos servicios”, afirmó.

López aseguró que los menores que llegan a los tribunales sin representación legal enfrentan mayores riesgos de deportación. “El gobierno intenta eliminar nuestro trabajo y este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, señaló.

Meena Shah, directora general de Servicios Legales de The Door, alertó que los tribunales migratorios continuarán avanzando con los casos aunque los menores no tengan representación.

“Los jueces están avanzando con los casos, haya o no representación legal. Ordenarán la deportación de niños sin representación —empezando el lunes por la mañana— en todo Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva y cofundadora del Immigrant Defenders Law Center, sostuvo que la falta de abogados no solo afecta la defensa individual de los menores, sino también los mecanismos de supervisión del sistema migratorio.

“Cuando se priva a los niños de abogados, no solo se les quita la representación legal; se elimina uno de los pocos mecanismos eficaces de control frente a las malas prácticas gubernamentales”, afirmó.

Esfuerzo para reducir las protecciones

Durante la conferencia, las organizaciones también señalaron que la situación forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir las protecciones legales disponibles para los menores inmigrantes y quienes los representan.

Mayra Peters-Quintero, directora ejecutiva de Abundant Futures Fund y colíder del Defending Our Neighbors Fund, afirmó que el acceso a representación legal debe estar disponible para los menores sin importar su edad o situación económica.

“La justicia no debería tener precio. Debería estar al alcance de todos, independientemente de su edad o sus ingresos”, afirmó.

Peters-Quintero explicó que el fondo fue creado para recaudar recursos, identificar organizaciones beneficiarias y distribuir apoyo económico a entidades que trabajan con comunidades inmigrantes mediante representación legal y, cuando es posible, asistencia para el pago de fianzas.

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, un incremento de casi cinco millones respecto a los niveles registrados durante la década anterior, según un estudio divulgado este miércoles por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

El informe señala que, tras mantenerse durante años en torno a los 11 millones, la cifra aumentó impulsada por el incremento de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.

También lo acredita a varios programas implementados durante la Administración del expresidente Joe Biden para gestionar la llegada de migrantes y reducir la presión en la frontera.

Sin embargo, los autores del estudio consideran que esa tendencia podría haber comenzado a cambiar desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con los investigadores Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook, la reducción de la actividad fronteriza desde 2025, junto con la política migratoria más restrictiva impulsada por el actual Gobierno, apunta a que la población indocumentada se habría estabilizado o incluso empezado a disminuir.

“Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá”, indicaron los expertos en un comunicado difundido junto al estudio.

Más diversidad

El análisis también muestra cambios importantes en el origen de la población migrante en situación irregular.

Los mexicanos continuaron siendo el grupo más numeroso, aunque su peso relativo siguió descendiendo. En 2024 representaban el 35 % del total, frente al 49 % registrado en 2019 y al 62 % de 2010.

En contraste, la inmigración irregular procedente de Centroamérica creció con fuerza entre 2019 y 2024. El estudio calcula que la población originaria de esa región aumentó en 2,3 millones de personas, principalmente por el incremento de llegadas desde Honduras y Guatemala.

La investigación también identifica un aumento de la migración irregular desde Suramérica, con 1,3 millones de personas adicionales en ese mismo período. El crecimiento estuvo encabezado por migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:
– TSA y ICE encabezan más operativos migratorios en aeropuertos de EE. UU., según el NYT
– El peligro para inmigrantes en audiencias masivas en cortes migratorias (podcast)
– Las leyes de “Fuera ICE” de Maine entran en vigor este miércoles

Evidencias audiovisuales y mensajes de texto incluidos en documentos judiciales revelan que agentes de ICE emplearon términos despectivos contra la comunidad latina durante operativos en Los Ángeles, California.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California incorporó grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en una moción de medida cautelar.

“Sí, conéctennos donde vean algunos ‘tonks’ y saldremos corriendo”, se escuchó decir a un agente en un video presentado ante el tribunal. El término “tonk” es utilizado en el ámbito policial para aludir al impacto de una porra o linterna contra la cabeza de un Inmigrante, señaló ABC News.

“Había un tipo, estoy bastante seguro de que estaba ‘mojado’ (wet), estaba sentado en esa minivan”, utilizando una abreviación de un insulto dirigido a personas latinas. Asimismo, en las cadenas de mensajes de texto, un agente cuestionó que “algunas de estas personas son estúpidas ¿Por qué publicarías en las redes sociales que estás ‘mojado’?”.

Más tarde, otro agente añadió que “ahora mismo hay puestos por todas partes vendiendo comida para las festividades del 4 de julio en Long Beach”.

Respuestas del DHS

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó señalar si el uso de ese vocabulario infringe los reglamentos internos cuando fue consultado por el medio anteriormente citado. En su lugar, el vocero declaró que “nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener con indignación fingida”.

“¿Dónde está la indignación de los medios de comunicación por las familias de Angel que perdieron a un ser querido a causa de un delito cometido por inmigrantes ilegales?”, acotó el portavoz.

Por su parte, la organización demandante reiteró el impacto de los hallazgos, y agregó que la demanda “debería causar indignación”, así lo expresó Mayra Joachim, subdirectora de derechos de los inmigrantes de la ACLU del Sur de California.

“Las pruebas recabadas por el gobierno confirman lo que nuestras comunidades siempre han sabido: los agentes de inmigración están violando flagrantemente la ley al detener a personas sin justificación y, a menudo, principalmente por el color de su piel“, sentenció.

Sigue leyendo:
– TSA y ICE encabezan más operativos migratorios en aeropuertos de EE. UU., según el NYT
– El peligro para inmigrantes en audiencias masivas en cortes migratorias (podcast)
– Las leyes de “Fuera ICE” de Maine entran en vigor este miércoles

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando audiencias masivas, pero el principal problema es que, en varios casos, sus avisos llegan demasiado tarde a los inmigrantes, quienes reciben una orden de deportación por ausiencia.

Ese no es el único problema, ya que además las audiencias están saturadas y, en muchos casos, los inmigrantes no escuchan su nombre y también son considerados ausentes.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Estas audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.

“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.

Aunque el primer gobierno del presidente Donald Trump ya había realizado este tipo de audiencias, su alcance actual no tienen precedente histórico.

“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.

Tales audiencias, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, es el primer contacto de un inmigrante con un tribunal, pero si no atienden o no escuchan su nombre pierden una oportunidad invaluable para sus casos.

Entre los estados con más audiencias de este tipo se encuentran California, Colorado, Georgia, Illinois, Nueva York, Nevada y Texas, pero no son los únicos.

Marrow explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ la importancia de dar seguimiento a estas audiencias, debido a su alto impacto en las familias.

>> ¿Por qué es difícil para un inmigrante reclamar en una audiencia masiva?
>> ¿Cómo se establece el calendario maestro de estas audiencias?
>> Si una persona recibe una orden de deportación en una audiencia masiva, ¿puede apelar la decisión?

Más episodios:
· ¿En qué van los casos de los dos inmigrantes asesinados por ICE?
· ¿Qué significa ser hispano en Estados Unidos?
· ¿Qué hacer ante deportaciones aceleradas de ICE avaladas por una corte?
· ¿Qué pasa en la prisión de ICE en Nueva Jersey?

NUEVA YORK – La Administración del presidente Donald Trump está intensificando sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, reportó este martes el New York Times.

De acuerdo con el diario, los agentes han estado en las últimas semanas en 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente”, señaló al diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya supervisión opera el ICE, que ejecuta la campaña de arrestos puesta en marcha por Trump.

La agencia no confirmó al diario si había ampliado el programa de arrestos ni cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por tener el visado caducado.

No obstante, el aumento de los arrestos en los aeropuertos ocurre en momentos en que se intensifican las detenciones con el objetivo de alcanzar 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble de los registrados a principios de este año.

Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.

Al escanear su tarjeta de embarque saltó una alarma, por lo que tuvo que esperar y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.

La detención de Morales Rojas, que entró legalmente a EE. UU. en 2023 en un programa de intercambio, fue grabada en video y se hizo viral en las redes sociales.

Antes de que finalizara su programa de intercambio, el 4 de enero, la ecuatoriana había presentado una solicitud para permanecer en el país. Un juez le impuso una fianza de $3,000 dólares y se espera que salga mañana después de que abrir una cuenta en GoFundMe para cubrir sus gastos legales.

Arrestos sin discriminar nacionalidad

Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han discriminado nacionalidades, como muestra el caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.

Iryna Gorb, que lleva más de 10 años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.

La detención fue captada en video por la concejala de Richmond (California) Doria Robinson, que mostró a los agentes deteniendo a Gorb dentro del aeropuerto mientras ella gritaba pidiendo ayuda y decía que era ucraniana.

El DHS dijo en un comunicado que Gorb excedió el tiempo permitido de su visa y permaneció en Estados Unidos de “manera ilegal” durante 15 años, por lo que permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación.

Entre los detenidos en aeropuertos figura además una mujer de Uganda, en silla de ruedas y con una solicitud de asilo en trámite, que padece anemia falciforme, indicó su abogado al Times.

“En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así y sé que le está ocurriendo a mucha gente”, dijo al diario Charles Kuck, abogado de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la prórroga de su permiso de trabajo.

Sigue leyendo:

Tres leyes aprobadas por la legislatura del estado de Maine para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrarán en vigor mañana miércoles, con restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como a la colaboración con la policía local y las cárceles.

Las medidas, conocidas como “ICE Out” (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.

Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.

Una de las leyes, “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.

La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.

Otra de las normas, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.

Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.

La tercera ley, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.

Maine se suma a estados que limitan cooperación con ICE

Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.

“Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración”, dijo este martes Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.

Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden de la ACLU dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.

La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional “Agentes del caos y la crueldad”, en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1,200 incidentes migratorios analizados.

La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar”, zanjó la organización. 

WASHINGTON – Un juez federal ordenó este lunes la liberación en un plazo de 48 horas de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los pasajeros de la camioneta en la que viajaba el trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Texas.

La orden fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien determinó que la detención migratoria de Rojas Pliego violaba su derecho constitucional al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

El magistrado señaló que este caso forma parte de cientos de peticiones similares que cuestionan la interpretación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la detención obligatoria de inmigrantes bajo la legislación federal.

Rojas Pliego permanece bajo custodia de ICE y, hasta esta mañana, no se ha confirmado que haya sido liberado. La orden judicial establece que las autoridades migratorias deberán ponerlo en libertad dentro de 48 horas y notificar previamente a sus abogados sobre la ejecución de la medida.

El hombre era uno de los pasajeros de la camioneta conducida por Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras un incidente con agentes de ICE en Houston.

Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado cuando conducía hacia su trabajo y menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford (Maine) tras recibir un disparo por agentes migratorios, frente a su pareja y su hijo menor.

Los pasajeros, incluido Rojas Pliego, han cuestionado la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes, mientras que sus abogados han denunciado que fueron detenidos sin una base legal suficiente.

Sigue leyendo: 

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó este lunes una petición para desestimar el caso contra el líder sindical David Huerta, detenido en junio de 2025 por autoridades federales cuando protestaba por la primera gran redada migratoria en un lugar de trabajo en Los Ángeles.

Huerta, presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), afrontaba un delito menor por obstrucción a un agente federal, lo que había podido acarrearle un año en prisión.

El fiscal interino de EE.UU., Todd Blanch, y el fiscal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, explicaron en el documento judicial que “en virtud de un acuerdo entre las partes”, solicitaban la desestimación de los cargos contra Huerta, cuyo arresto y acusación acaparó titulares internacionales por las imputaciones contra el sindicalista.

Detalles de la detención de Huerta y cargos

Inicialmente el DOJ lo acusó de un cargo criminal de “conspiración para obstaculizar a una autoridad”, lo que conlleva a una pena máxima de seis años, tras ser detenido el 6 de junio del año pasado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero en octubre del año pasado, la fiscalía estadounidense rebajó el cargo a un delito menor por obstrucción.

El DOJ afirmó que Huerta obstaculizó el paso de los agentes federales al cruzar una entrada e intentar bloquear un vehículo en una empresa de confecciones en el centro de Los Ángeles, donde agentes armados realizaban una redada migratoria que desató una oleada de protestas por el país.

La detención del líder sindical causó entonces un rechazo generalizado. Las imágenes del arresto que se volvieron virales en las redes sociales muestran a agentes enmascarados empujando a Huerta al suelo antes de esposarlo.

El líder resultó herido y tuvo que ser enviado al hospital, donde estuvo casi un día para después ser encarcelado hasta que se le concedió una fianza de $50,000 dólares.

“El gobierno finalmente admite lo que sabíamos desde el primer día y lo que resultaba evidente para cualquiera que viera los videos: la acusación en mi contra carecía de fundamento y pretendía intimidar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz, organizarse o exigir justicia”, dijo Huerta a Político tras la desestimación de los cargos.

El Departamento de Justicia ha emprendido una campaña para presentar cargos contra ciudadanos estadounidenses que interfieran en las redadas migratorias, incluyendo activistas, funcionarios electos, y hasta jueces. Sin embargo, en Los Ángeles, el DOJ ha logrado obtener muy pocas victorias judiciales.

Sigue leyendo:
– Protesta histórica en EE.UU. alza la voz por la dignidad y memoria de los inmigrantes
– México pide procesar penalmente a agentes por la muerte de 17 de sus ciudadanos en operativos de ICE
– Padres de estudiante neoyorquina asesinada por un migrante en Chicago piden endurecer la cooperación con ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara una estrategia para incrementar la detención y deportación de ciudadanos haitianos en Estados Unidos una vez que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), según diversos medios estadounidenses.

La planificación de la agencia contemplaría redadas focalizadas en el estado de Ohio, donde se ubican asentamientos significativos de esta comunidad, como los establecidos en Springfield, afirmaronh medios como CBS y Fox News, quienes señalaron que las personas bajo custodia serán trasladadas de manera inmediata en vuelos de repatriación hacia Haití.

La posible ejecución del plan podría afectar a más de 300,000 ciudadanos haitianos que perderán el amparo legal que les permitía residir y desempeñarse laboralmente en territorio estadounidense.

Aval judicial e implicaciones de la medida

La acción de ICE ocurre luego de un fallo de la Corte Suprema emitida en junio, el cual autorizó a la administración del presidente Donald Trump a revocar la protección humanitaria para los nacionales de Haití y Siria. Se espera que la resolución comience tener efecto formal mediante los tribunales inferiores esta semana, informó EFE.

La cancelación del estatus conlleva la pérdida automática del permiso de trabajo y habilita a los agentes para efectuar arrestos. Sin embargo, los migrantes que carezcan de una orden previa de expulsión, mantendrán el derecho de presentar su caso ante un juez de inmigración antes de ejecutarse su salida del país.

Política migratoria y el programa TPS

El incremento de las incursiones y las detenciones forma parte de la directriz migratoria impulsada por el Gobierno estadounidense. Springfield figuró previamente en el debate nacional luego de la difusión de alegatos infundados sobre la población migrante durante la contienda electoral de 2024.

El TPS es una herramienta humanitaria orientada a brindar refugio a personas de naciones afectadas por conflictos armados o desastres naturales. Al inicio de la actual gestión, cerca de 1.3 millones de personas de 17 países contaban con este beneficio. Sin embargo, el gobierno ha avanzado en el proceso de cancelación del programa para 13 de esas naciones, medida que impactará a casi un millón de beneficiarios.

Sigue leyendo:
– Protesta histórica en EE.UU. alza la voz por la dignidad y memoria de los inmigrantes
– México pide procesar penalmente a agentes por la muerte de 17 de sus ciudadanos en operativos de ICE
– Padres de estudiante neoyorquina asesinada por un migrante en Chicago piden endurecer la cooperación con ICE