Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon $29,064 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026, un 7.1% más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes.
De acuerdo con las cifras computadas por la Organización Internacional para las Migraciones, Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y julio pasado con $15,447.1 millones de dólares o el $53.1%, seguido de Honduras con $7,692.1 millones (26.5%) y El Salvador con $5,924.9 millones de dólares (20.4%).
El total de remesas recibidas por estos tres países en 2026 es superior en $1,941 millones de dólares a los $27,123 millones registrados en el mismo período de 2025.
Estas cifras representan incrementos puntuales de un 3.7% en la recepción de remesas para El Salvador, un 6.6 % para Guatemala y un $11.2% para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.
Cada año, aproximadamente 500,000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.
Las remesas desde Estados Unidos, donde viven más de $2 millones de salvadoreños, son el principal sostén de la economía de El Salvador, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.
Durante los últimos años las autoridades salvadoreñas han afirmado que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido en el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, mientras que en el primer trimestre de 2026 las deportaciones desde Estados Unidos se dispararon un 90.2%.
Un panel de tres jueces del Primer Circuito de Apelaciones confirmó en gran medida la decisión de un tribunal federal de Massachusetts, que había declarado ilegal la medida adoptada por el gobierno el año pasado.
La política cuestionada establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no tiene que notificar a los extranjeros que serán enviados a un tercer país, siempre que ese gobierno garantice que las personas deportadas no serán sometidas a persecución o tortura.
El fallo de este viernes consideró que esa práctica impide que los migrantes ejerzan de manera efectiva su derecho a cuestionar el traslado cuando temen sufrir persecución en el país al que serían enviados.
“El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel.
Los tres magistrados votaron de manera unánime contra la política.
Aframe señaló además que las leyes y los reglamentos federales contemplan procedimientos para que los migrantes puedan presentar sus argumentos cuando alegan que enfrentarían persecución en otro país. De acuerdo con el fallo, esas normas no establecen una excepción para los casos en que Estados Unidos pretenda trasladar a una persona a un tercer país.
“Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Nacional de inventar tal excepción de la nada”, afirmó el panel.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la facultad del gobierno para realizar este tipo de expulsiones, mientras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado que las personas sean enviadas a países distintos de aquellos contemplados inicialmente en sus órdenes de deportación sin poder conocer el destino y presentar objeciones.
La controversia llegó anteriormente a la Corte Suprema, que permitió temporalmente al Ejecutivo continuar con esas expulsiones mientras el proceso judicial seguía abierto.
La decisión del Primer Circuito no pone fin al litigio. El gobierno todavía puede solicitar nuevas revisiones judiciales y previsiblemente buscará llevar el caso nuevamente ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargado de ejecutar la controvertida política migratoria del presidente, Donald Trump, respondió este jueves a las críticas vertidas por la congresista republicana María Elvira Salazar sobre los agresivos procesos de deportación y aseguró que “no habrá amnistía” para inmigrantes ilegales “le guste o no” a la legisladora de Florida.
“Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, explica el Departamento en una respuesta remitida a EFE.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca. El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en llevar a cabo la campaña de deportación masiva más histórica de la historia de Estados Unidos, tal como prometió el presidente Trump”, añade la réplica.
El texto responde a un vídeo publicado este mismo jueves en redes por la republicana Salazar, estrecha aliada de Trump y quien busca la reelección en los comicios legislativos del 3 de noviembre, en el que afirmó que la política migratoria del mandatario ha ido “demasiado lejos” y ha provocado que muchos latinos que votaron por él en 2024 se sientan traicionados.
La congresista cubanoestadounidense de Florida, estado donde los hispanos representan más del 26 % de la población, citó los datos de detenciones de ICE de julio pasado y lamentó que el 50 % de los migrantes arrestados no hubiera sido condenado ni tuviera cargos en su contra.
“Que quede claro: lo único que Estados Unidos debería ofrecer a los inmigrantes ilegales es un boleto de ida a sus países de origen o un generoso cheque de 3,000 dólares para que se autodeporten de inmediato. No ignoraremos el Estado de derecho”, concluye el escrito remitido por el Departamento, del que depende ICE, sobre los argumentos dados por la legisladora.
El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, llega seis semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.
Aunque la expresentadora de televisión es clara favorita en su distrito electoral, los comicios podrían suponer un vuelco en la política estadounidense debido al desgaste de Trump en las encuestas y la amenaza real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Encuestas recientes destacan especialmente el descontento de la comunidad hispana con Trump ante la dureza de sus medidas migratorias, un grupo de votantes que fue clave para su victoria en las últimas elecciones presidenciales.
Una jueza federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden efectuar detenciones sin una orden dictada por un juez, salvo que comprueben previamente que existe el riesgo real de que el individuo se dé a la fuga antes de tramitar el documento legal.
La medida cautelar, promulgada por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong del Tribunal de Distrito para el Centro de California, aplica para la zona metropolitana de Los Ángeles. Asimismo, certificó una demanda colectiva dirigida a representar a los ciudadanos que hayan sido o vayan a ser arrestados por supuestas faltas migratorias sin orden judicial ni evaluación de escape desde el 6 de junio de 2025.
Los funcionarios solo están facultados para realizar arrestos civiles sin orden previa cuando disponen de motivos probables sobre la condición de indocumentado del sujeto y su posibilidad de huir, señala la normativa vigente, informó EFE.
Se reveló que cerca del 80% de una muestra de 113 expedientes carecía de este análisis de riesgo o utilizaba frases genéricas. Pese a que las autoridades declararon bajo juramento que evalúan esta condición, los demandantes afirman que los agentes omiten preguntas sobre empleo, familia o residencia.
Pronunciamiento de las organizaciones
La demanda fue establecida en 2025 contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por cinco trabajadores detenidos junto a la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes.
Mayra Joachin, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, declaró: “Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias”.
“Supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate”, apuntó la abogada.
Por parte de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), la abogada Michel Wilfong sostuvo que la administración del presidente Donald Trump omitió el marco normativo federal para ejecutar su plan de deportación masiva.
La Casa Blanca retiró este jueves la nominación de Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que su proceso de confirmación quedara estancado en el Senado.
El retiro se produjo después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, no avanzara con una audiencia de confirmación y pidiera al Departamento de Seguridad Nacional información adicional sobre investigaciones relacionadas con agentes federales de inmigración.
La Casa Blanca no explicó públicamente el motivo de la retirada.
Trump había anunciado la nominación de Schroyer en junio destacando su experiencia directa “sacando a los inmigrantes ilegales de nuestras calles”. El presidente dijo entonces que el funcionario tendría un “papel vital” en su política migratoria.
Schroyer, exagente de la policía estatal de Oklahoma, se había desempeñado además como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por lo que el retiro de su candidatura supone también un revés para el funcionario al que había asesorado.
La confirmación quedó bloqueada en el Senado
La nominación había quedado detenida mientras Paul reclamaba más información sobre la investigación de dos agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza acusados de matar a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.
El Senado no ha confirmado a un director permanente de ICE en más de una década, según los reportes sobre la retirada de la nominación.
La decisión llega mientras ICE mantiene un fuerte incremento de sus operaciones de detención. En julio, la agencia arrestó 49,571 personas, el registro mensual más alto de la segunda Administración Trump, según datos gubernamentales analizados por Associated Press.
Nuevamente en manos de un interino
El retiro de Schroyer mantiene abierta la cuestión sobre quién asumirá de forma permanente la dirección de una agencia que ha ampliado las detenciones durante el segundo mandato de Trump.
La política de aplicación migratoria también ha enfrentado cuestionamientos por la actuación de agentes federales. En julio murieron por disparos de agentes de ICE Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, en incidentes ocurridos con menos de una semana de diferencia.
Por ahora, David Venturella continuará como director interino de la agencia.
Un grupo de migrantes latinos expulsados de EE.UU. hacia la República Centroafricana se encuentra en un limbo legal y sin posibilidad de desplazamiento tras su expulsión del país en medio de la medida presidencial de deportaciones a terceros países, que ha afectado a 25,000 personas, según datos de la organización Human Rights First.
“Este es un país que lleva 50 años en guerra, donde Estados Unidos no permite la entrada a sus ciudadanos estadounidenses”, declaró, añadiendo que “cada día corremos peligro”, advirtió el migrante.
Por su parte, Aristides Fernández García, otro inmigrante cubano afectado por la medida señaló que “no tenemos visa ni papeles; somos ilegales”, y agregó que “somos prisioneros aquí, no nos dejan salir ni ir a ningún lado. Ahora mismo, aunque quisiera y tuviera los medios para viajar a cualquier otro país, no puedo”.
“Me siento secuestrado”, agregó Fernández García, quien además agregó que “han violado todos los derechos que existen en la vida, porque somos seres humanos”.
Marco institucional en el traslado a terceros países
La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ejecutar traslados a terceros países cuando existen impedimentos de recepción en el país de origen. La administración Trump estableció convenios con cerca de tres docenas de estados, incluyendo Liberia, Ghana y Sierra Leona.
El DHS sostuvo a ABC News que los entrevistados “fueron deportados a un país seguro” y puntualizó que “estamos aplicando la ley tal como está escrita”.
Por su parte, la abogada de inmigración Meredyth Yoon declaró a ABC News que “la administración Trump está enviando sistemática y cruelmente a personas a terceros países sin previo aviso, sin el debido proceso y sin ninguna oportunidad de oponerse a lo que les está sucediendo”, acotando que “la administración está haciendo esto de una manera extremadamente opaca y carente de transparencia”.
Asimismo, Savi Arvey, representante de Human Rights First, detalló que el gobierno destinó cerca de $50 millones de dólares en pactos bilaterales con terceros países y señaló que el envío de refugiados a naciones de alto riesgo “demuestra que la administración tiene un total desprecio por el debido proceso, por el derecho internacional y por la dignidad humana”.
Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos en la redada migratoria de una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia preparan reclamaciones contra el Gobierno de Donald Trump, en un proceso que podría terminar en una demanda federal.
Los trabajadores, representados por un abogado identificado como Lee, presentarán primero reclamaciones administrativas ante nueve organismos federales, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia, ICE y el FBI.
Este paso es obligatorio antes de acudir a los tribunales.
El abogado sostiene que durante la operación se vulneraron los derechos de los detenidos y que sus clientes buscan no solo una compensación económica, sino también que el Gobierno estadounidense reconozca lo ocurrido y ofrezca disculpas.
La operación tuvo lugar el 4 de septiembre de 2025 en las obras de una planta de baterías de HL-GA Battery Company, una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution. Las autoridades detuvieron a 475 personas, entre ellas 316 ciudadanos surcoreanos, en una de las mayores operaciones migratorias realizadas en un solo emplazamiento por el DHS.
Imágenes difundidas tras la redada mostraron a varios trabajadores esposados y encadenados durante el operativo.
Después de ser trasladados a Corea del Sur, algunos de los detenidos denunciaron condiciones de hacinamiento, instalaciones insalubres, burlas por parte de funcionarios y la firma de documentos cuyo contenido, según dijeron, no comprendían.
Reclamos ante nueve agencias federales
Lee prevé presentar las reclamaciones administrativas antes de que termine este año. El proceso busca determinar posibles responsabilidades del Gobierno federal antes de que los trabajadores puedan recurrir directamente a una demanda judicial.
La redada se produjo en medio de una investigación estadounidense sobre presuntas prácticas laborales y posibles violaciones migratorias. Las autoridades afirmaron entonces que muchos de los trabajadores habían utilizado visas que no autorizaban labores en una obra, habían permanecido más tiempo del permitido o se encontraban en el país sin autorización.
El operativo generó una fuerte reacción en Corea del Sur y abrió un debate sobre las condiciones migratorias necesarias para que empresas surcoreanas puedan enviar especialistas a sus proyectos en Estados Unidos.
Pese al episodio, Hyundai anunció posteriormente nuevas inversiones por $2,700 millones de dólares en Georgia. La empresa también confirmó el regreso de especialistas surcoreanos al proyecto de la planta, aunque no precisó cuántos de los trabajadores deportados habían vuelto.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, propuso además crear un “visado de manufactura” que permitiera a técnicos extranjeros permanecer legalmente hasta 90 días para instalar maquinaria y capacitar a trabajadores estadounidenses, con el objetivo de evitar situaciones similares.
Los inspectores determinaron que los detenidos permanecieron allí desde varios minutos hasta casi dos horas. El personal del centro describió esas estructuras, de unos 2.3 metros de altura, como “zonas de calma” destinadas a ayudar a los migrantes a tranquilizarse y sostuvo que algunos de ellos solicitaban utilizarlas.
Sin embargo, la investigación encontró indicios de que también fueron empleadas como una forma de castigo.“El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano”, señaló el informe, que considera que los detenidos deben permanecer en el entorno menos restrictivo posible.
El hacinamiento fue otro de los principales problemas identificados. A plena capacidad, el centro ofrecía apenas 2.6 metros cuadrados por detenido, frente a los 7 metros cuadrados establecidos como referencia en la normativa nacional.
Los inspectores advirtieron que la falta de espacio limitaba la movilidad diaria de los migrantes, aumentaba sus niveles de estrés y elevaba el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas.
Las condiciones también presentaron deficiencias en materia de atención médica, higiene y alimentación. Los detenidos reportaron retrasos significativos en las evaluaciones médicas al ingresar al centro, falta de artículos de higiene personal y raciones de comida insuficientes o en mal estado de conservación, reseñó la agencia de noticias EFE.
El informe también señaló que durante algunas semanas los migrantes no pudieron salir al exterior, una práctica que, de acuerdo con los inspectores, contravenía las normas aplicables.
Pese a las conclusiones de la investigación, el DHS sostuvo que Alligator Alcatraz funcionaba bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo marco y no estaba administrado directamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por esa razón, la agencia argumentó que los estándares federales de detención no eran aplicables al centro.
La instalación fue construida en un antiguo aeródromo ubicado junto a los Everglades y fue inaugurada por Trump en julio de 2025 como parte de su política de deportaciones masivas. Su ubicación, en las inmediaciones de un ecosistema protegido, también generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas.
El centro cerró en junio, después de meses de demandas y críticas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por las condiciones de los migrantes y el impacto de la instalación sobre el entorno natural.
Un juez federal bloqueó este lunes la entrada en vigor de una nueva norma del Gobierno de Donald Trump que limita el tiempo que estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio y periodistas pueden permanecer legalmente en Estados Unidos.
El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de Massachusetts, consideró “excepcionalmente débil” la justificación presentada por la Administración para imponer los nuevos límites y cuestionó que la medida esté realmente vinculada con la seguridad nacional.
La decisión se produjo un día antes de que la norma comenzara a aplicarse. El fallo es temporal mientras continúa la demanda presentada por una coalición de organizaciones educativas y sindicatos contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El juez cuestiona el argumento de seguridad nacional
La Administración Trump había defendido la modificación de las reglas de admisión como una medida necesaria para reforzar la seguridad nacional y controlar el cumplimiento de las condiciones de los visados.
Saylor, sin embargo, sostuvo que el Gobierno no había demostrado una conexión suficiente entre esos objetivos y las restricciones establecidas. También planteó si la norma podía perseguir otros fines, entre ellos un mayor control sobre las instituciones académicas.
El magistrado concluyó además que el DHS no cumplió adecuadamente con las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo, entre ellas la obligación de considerar alternativas menos gravosas y responder de manera significativa a los comentarios recibidos durante el proceso regulatorio.
¿Qué establecía la norma?
La regulación, publicada por el DHS en julio, buscaba sustituir el sistema conocido como “duration of status”, que permite a estudiantes y visitantes de intercambio permanecer en el país mientras mantienen las condiciones de sus programas, por periodos de admisión definidos.
Los titulares de visas F, destinadas principalmente a estudiantes, y J, para visitantes de intercambio, quedarían limitados a un máximo de cuatro años por periodo de admisión.
Para los periodistas extranjeros con visa I, el límite sería de 240 días, aunque podrían solicitar extensiones. En el caso de periodistas con pasaporte de China, el periodo máximo sería de 90 días.
Los estudiantes o participantes de intercambio que necesitaran más tiempo tendrían que solicitar una extensión formal ante las autoridades migratorias.
La demanda fue presentada en agosto por una coalición encabezada por NAFSA: Association of International Educators, junto con organizaciones de educación superior y sindicatos, entre ellos The NewsGuild-CWA.
Los demandantes sostienen que el DHS no evaluó adecuadamente los costos y beneficios de la norma, no respondió de forma suficiente a los comentarios públicos y no consideró alternativas menos perjudiciales.
La incertidumbre sobre la lotería de green cards 2027 entró en una etapa decisiva. Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos todavía no establece una fecha para abrir el registro del Programa de Visas de Diversidad, una demanda federal busca obligar al gobierno a habilitar el proceso y mantener abierta una ventana de inscripción de al menos 30 días.
El caso, presentado por el estudio Red Eagle Law contra el secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá 3 momentos importantes durante septiembre. El calendario fijado por la jueza federal Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, marca plazos concretos para ambas partes y una audiencia que podría convertirse en el próximo punto de inflexión.
Estas son las 3 fechas que deben seguir los interesados
El primer día clave es este 14 de septiembre, cuando vence el plazo para que el gobierno federal presente su respuesta a la solicitud de una medida cautelar preliminar. La presentación deberá responder a los argumentos de Red Eagle Law, que pretende que el Departamento de Estado implemente el programa correspondiente al año fiscal 2027.
El segundo momento llegará el 18 de septiembre. Ese día finalizará el plazo otorgado al estudio jurídico para presentar su réplica a los argumentos del gobierno. Será la última intervención escrita prevista antes de que la jueza analice la solicitud en audiencia.
El tercer día, y posiblemente el de mayor expectativa, será el 24 de septiembre. Para las 9:30 de la mañana, hora local, está programada una audiencia en la sala 13B del tribunal federal de San Diego, California. Allí se analizará la petición de una medida cautelar preliminar.
La resolución de la jueza será especialmente relevante porque podría determinar si el Departamento de Estado debe tomar medidas para poner en marcha el proceso de inscripción. Sin embargo, el expediente no permite afirmar que la audiencia vaya a producir automáticamente una fecha de apertura.
Red Eagle Law presentó su moción de emergencia el 7 de septiembre, apenas un día antes del plazo establecido previamente por la magistrada. La firma sostiene que existe una obligación legal de establecer una ventana de participación para el programa correspondiente a cada año fiscal.
El tribunal federal de San Diego fijó para el 24 de septiembre una audiencia clave sobre la apertura del programa. (Shutterstock)
La demanda llega después de un primer rechazo judicial
El actual calendario surgió después de que Ohta rechazara, el 3 de septiembre y sin perjuicio, una solicitud de orden de restricción temporal presentada por los demandantes. Esa petición buscaba que el gobierno federal reanudara de inmediato el proceso de inscripción.
El rechazo, no obstante, no cerró el litigio. La jueza permitió que el caso avanzara mediante un cronograma acelerado y dejó pendiente el análisis de fondo sobre si la actuación del Departamento de Estado se ajusta a la legislación federal.
Durante aquella audiencia, según el material citado en el expediente periodístico, Ohta advirtió que el paso del tiempo podía dificultar la concesión de la medida de emergencia. La magistrada señaló que, incluso actuando con rapidez, el tribunal enfrentaba un escenario en el que parte del proceso ya se encontraba retrasado.
Para los posibles participantes, el dato resulta crucial: la demanda sigue abierta, pero no equivale a una confirmación de que el registro de la lotería de green cards 2027 vaya a comenzar.
¿Por qué Red Eagle Law llevó el caso a los tribunales?
La firma inició la demanda contra Rubio el 19 de agosto. Su argumento central es que el Departamento de Estado incumplió su obligación de establecer un período de inscripción para el ciclo 2027 y que esa conducta sería, según la presentación judicial, arbitraria, caprichosa y contraria a la ley.
El estudio también sostiene que las regulaciones federales contemplan una ventana de registro cada año fiscal y recuerda que, tradicionalmente, las inscripciones de la lotería de visas se realizan durante octubre y noviembre.
Otro de los argumentos está relacionado con el impacto económico que tendría la paralización del procedimiento. Curtis Lee Morrison, propietario y abogado de Red Eagle Law, afirmó que una parte importante de los ingresos del despacho procede de la representación de participantes y personas seleccionadas en el Programa de Visas de Diversidad.
El gobierno, por su parte, se opuso a la primera solicitud de emergencia. Sus abogados argumentaron que los demandantes tardaron demasiado en presentar el reclamo y que no demostraron la urgencia necesaria para justificar una intervención judicial inmediata.
Las autoridades también cuestionaron la legitimación de la firma para presentar la demanda. Según su posición, el Congreso creó el Programa de Visas de Diversidad para potenciales inmigrantes, no para despachos jurídicos que puedan beneficiarse comercialmente de su existencia.
