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Los arrestos realizados por ICE en Colorado alcanzaron en julio su nivel mensual más alto en más de un año, con cerca de 500 personas detenidas, según un análisis de Axios Denver basado en datos del Deportation Data Project.

El aumento se produce mientras el estado se prepara para ampliar su capacidad de custodia migratoria con la entrada en funcionamiento de un nuevo centro al noreste de Denver.

El Big Horn Facility, ubicado en Hudson, tendrá capacidad para 1,188 detenidos y será administrado por GEO Group, que ya opera otro centro para ICE en Aurora.

Con ambas instalaciones, la capacidad potencial de Colorado superará las 2,700 camas, frente a las 1,532 que GEO administra actualmente para la agencia federal.

La compañía espera activar el nuevo establecimiento antes de que termine 2026, tras obtener en julio un contrato de cinco años con ICE. GEO calcula ingresos de unos $85 millones de dólares durante el primer año completo de operaciones.

El aumento de arrestos se extiende por el oeste

Colorado no es el único estado de la región donde ICE ha incrementado sus operaciones.

Datos federales analizados recientemente también muestran máximos de arrestos en Arizona y Nevada, junto con un aumento de las detenciones realizadas directamente en calles y comunidades.

En Utah, ICE arrestó a 3,467 personas entre enero y julio de 2026, frente a 2,116 durante el mismo período del año anterior. El incremento fue de casi 64%.

El 54% de las personas detenidas directamente en comunidades y calles de Utah no tenía cargos ni condenas penales registrados, según los datos citados por KUER.

La expansión genera críticas en Colorado

El crecimiento de la infraestructura de detención ha sido cuestionado por el senador demócrata John Hickenlooper.

El legislador pidió al Gobierno federal abandonar el proyecto de Hudson y argumentó que el centro podría dificultar el acceso de los detenidos a sus abogados y familiares.

En mayo, Hickenlooper también denunció que ICE le negó el acceso a las instalaciones durante una visita de supervisión cuando el centro todavía permanecía cerrado.

GEO Group sostiene que la instalación permitirá atender la creciente necesidad federal de plazas destinadas al procesamiento migratorio.

Julio también marcó un máximo nacional

El récord registrado en Colorado coincide con un fuerte aumento de los arrestos de ICE en todo el país durante el segundo mandato de Donald Trump.

Según datos federales obtenidos por el Deportation Data Project, la agencia realizó 49,571 arrestos en julio, la cifra mensual más alta de este período presidencial. ICE disputa esos datos.

En Colorado, el incremento de las detenciones se produce antes de que comience a operar el centro de Hudson, que añadirá más de un millar de plazas a la capacidad disponible para mantener personas bajo custodia federal.

Con información de EFE.

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Líderes, pastores y miembros de la Confraternidad de Entidades Pentecostales de las Américas (Cepa) pidieron este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, un día antes de su fin previsto.

Un centenar de religiosos de unas 21,000 iglesias repartidas por 36 estados del país se reunieron en Washington para expresar su respaldo a quienes a partir de este 9 de septiembre quedarán expuestos a la deportación.

“Estamos sumamente preocupados por el estado emocional de nuestras comunidades salvadoreñas, porque mañana se cumple el término del TPS“, dijo a la prensa el presidente de la Cepa, Ángel Marcial, quien insistió en que todos son “compañeros de todos los perjudicados”.

El obispo reiteró en que el fin del beneficio migratorio para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU. afecta también a sus familias, y especialmente a sus hijos, que han nacido en el país durante los 25 años de vigencia del programa.

“La comunidad salvadoreña tiene 150,000 niños ciudadanos de Estados Unidos. Estamos pidiendo que reconsideren parar el TPS, o que den más tiempo para que las familias se puedan preparar”, indicó Marcial.

El pastor salvadoreño William Rodríguez, quien llegó a la capital estadounidense en representación de iglesias del sur de California, Nevada y Hawái, advirtió que la pérdida de la protección temporal significa que estas personas también perderán sus permisos de trabajo. “Representa la posibilidad de ser deportados”, alertó.

Jacqueline Fuentes, la hija del pastor Marco Fuentes, detenido por agentes de inmigración en Indiana el pasado 17 de agosto, exigió la liberación de los que, como su padre, han sido arrestados y que estos sean devueltos a sus familias.

“Estamos siendo afectados por las decisiones de detener (a inmigrantes) y separar familias. Somos personas trabajadoras. Aunque mi familia no tenía documentos legales, ha pagados sus impuestos y no están siendo una carga para este país”, resaltó la joven ciudadana estadounidense.

En una carta dirigida a Trump y miembros de su Gabinete, los miembros de la Confraternidad recordaron que “los salvadoreños beneficiarios del TPS aportan aproximadamente $5.400 millones de dólares anuales a la economía de los EE.UU. y pagan cerca de $1.500 millones de dólares cada año en impuestos federales, estatales y locales”.

“Oramos para que consideren no solo lo que es legalmente permisible, sino también lo que es humano, compasivo y responde a los mejores intereses de nuestra nación”, agrega la misiva.

Trump regresó al poder en enero de 2025 bajo la promesa de deportaciones masivas y el recrudecimiento de sus políticas de mano dura contra la inmigración.

Junto al fin del TPS para ciudadanos de El Salvador, la Administración republicana también ha terminado el beneficio de países como Haití, Venezuela y Afganistán.

“Otra de las situaciones que nos preocupa mucho es la comunidad de nuestros hermanos haitianos que están sufriendo desesperadamente por esta crisis”, insistió el presidente de la Cepa durante la rueda de prensa.

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Héctor Negrete decidió regresar voluntariamente a México después de haber vivido durante años en Estados Unidos sin documentos. Pensó que al salir del país dejaría atrás sus problemas migratorios, pero recibió una notificación del Departamento de Seguridad Nacional que le exige pagar una multa de $1.8 millones de dólares por presuntas violaciones a las leyes migratorias.

Negrete, en una entrevista con Noticias Telemundo, relató que se enteró de la sanción cuando un amigo, con quien vivía en Estados Unidos, lo llamó para avisarle que había recibido una carta de DHS a su nombre.

La cifra, dijo, le provocó inicialmente desconcierto y después preocupación.

“Yo pensaba que me iba a ir y ya iba a dejar todos esos problemas allá en los Estados Unidos”, explicó Negrete, quien aseguró que nunca imaginó que tendría que enfrentar una sanción de esa magnitud.

Señaló que envió inmediatamente la notificación a su abogada. Posteriormente supo que la multa estaría relacionada con una orden de deportación que, afirmó, desconocía.

“Según es porque tenía una orden de deportación, pero la verdad yo ni sabía que existía”, dijo. El migrante explicó que mantenía un proceso relacionado con su padre y que llevaba tiempo sin tener comunicación con autoridades como ICE o DHS.

También considera posible que las autoridades hayan obtenido su dirección a través de información vinculada con el IRS, ya que pagaba impuestos mientras permanecía en Estados Unidos.

A diferencia de quienes han utilizado mecanismos oficiales para abandonar el país, Negrete decidió salir sin informar previamente al gobierno. Explicó que existían dudas sobre cómo funcionaban estos procedimientos y optó por trasladarse por tierra hasta Tijuana para después tomar un vuelo hacia Guadalajara.

Ahora, el migrante intenta resolver el caso desde México. Contó que se incorporó a una demanda colectiva relacionada con este tipo de multas y que sus abogados han presentado documentación para demostrar que ya no se encuentra en territorio estadounidense.

También aseguró que ya han enviado dos rondas de pruebas, pero las autoridades les solicitaron nueva documentación. Entre los requisitos figura una copia de su pasaporte que muestre un sello de entrada a otro país.

El afectado dijo que evalúa viajar a otro país antes de que termine el año para obtener esa evidencia y presentarla ante las autoridades. “Estamos mandando la última ronda de evidencia y ojalá ahí se termine el problema y me dejen de multar”, expresó.

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Los venezolanos que solicitan asilo político en Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo: ya no sería suficiente demostrar que fueron perseguidos durante el régimen de Nicolás Maduro. Ahora deberán presentar pruebas de que continúan expuestos a un riesgo de persecución en Venezuela.

El abogado de inmigración Ángel Álvarez explicó a N+ de Univision que la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración redujo el peso que puede tener la persecución sufrida en el pasado al evaluar el temor de una nueva persecución.

El cambio se relaciona con la consideración de que la salida de Maduro representa una modificación significativa de las condiciones políticas de Venezuela. Por ello, los solicitantes tendrán que demostrar que las circunstancias que provocaron su persecución no desaparecieron.

“Ahora la persecución futura o el miedo fundado de persecución futura ya prácticamente está muy por debajo de lo que nosotros teníamos antes de esa decisión”, explicó Álvarez.

Esto significa que una persona que haya sido perseguida durante el régimen anterior podría enfrentar dificultades para obtener protección si no consigue demostrar que todavía existe una amenaza concreta en su contra.

El abogado aclaró que esto no implica que los casos de venezolanos queden automáticamente descartados. La evaluación tendrá que hacerse de manera individual y dependerá de las circunstancias de cada solicitante.

Entre las pruebas que podrían resultar relevantes están aquellas que permitan demostrar que los funcionarios o agentes que participaron en la persecución continúan en Venezuela y mantienen capacidad de ejercer poder.

Álvarez puso como ejemplo a personas que hayan sido perseguidas por el Sebin u otras autoridades. En esos casos, el solicitante tendría que demostrar que quienes participaron en la persecución siguen en el país y conservan influencia o poder para representar una amenaza.

El abogado también advirtió que el impacto de esta nueva interpretación ya se estaría reflejando en los tribunales de inmigración. Afirmó que ha observado una disminución drástica en las aprobaciones de solicitudes de asilo y señaló que algunos jueces han llegado a considerar “especulativo” el temor de persecución presentado en determinados casos de venezolanos.

La situación también puede afectar a inmigrantes detenidos que solicitan libertad bajo fianza. Álvarez explicó que, cuando un juez considera especulativo el riesgo alegado por el solicitante, incluso la posibilidad de obtener una fianza puede complicarse.

Respecto a la continuidad del aparato estatal venezolano, el abogado señaló que existen jueces que han considerado que las autoridades y estructuras vinculadas con el antiguo gobierno permanecen en funcionamiento. No obstante, indicó que ese argumento general ya tendría menos peso ante la nueva decisión y que los casos deberán sustentarse con elementos particulares.

La nueva interpretación cobra relevancia ante los más de 132,000 casos de asilo venezolanos que permanecen pendientes, ya que los solicitantes deberán preparar sus expedientes con evidencia específica sobre el riesgo que enfrentarían si regresaran a Venezuela.

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La posible pérdida del Estatus de Protección Temporal para unos 170,000 salvadoreños en Estados Unidos no solo amenaza con alterar la vida de miles de familias, sino que también podría tener consecuencias económicas para el país, debido al aporte que esta comunidad realiza cada año.

De acuerdo con cifras citadas por CNN en Español, los salvadoreños protegidos por el TPS generan alrededor de $5,400 millones de dólares anuales para la economía estadounidense y contribuyen con unos $1,500 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

Los datos provienen de estimaciones de la Alianza Nacional para el TPS y FWD.us, organizaciones que han documentado la participación económica de los beneficiarios salvadoreños ante la posibilidad de que el programa llegue a su fin el próximo 9 de septiembre.

El impacto se refleja principalmente en el mercado laboral. Unos 152,000 salvadoreños beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral estadounidense, con una presencia importante en sectores como la construcción, mantenimiento de edificios, transporte, manufactura y servicios de alimentación.

Una comunidad con décadas de aporte

El TPS fue otorgado a los salvadoreños en 2001, después de los terremotos que golpearon al país centroamericano. Desde entonces, miles de beneficiarios han permanecido durante más de dos décadas en Estados Unidos, donde han trabajado, adquirido viviendas, creado negocios y formado familias.

CNN en Español recoge los testimonios de salvadoreños que llegaron al país hace más de 25 años y que construyeron allí buena parte de su vida profesional y familiar.

Uno de ellos es Nilson Cañenguez, empresario salvadoreño radicado en el área de Washington. Llegó a Estados Unidos en 1999 y obtuvo el TPS en 2001. Trabajó en construcción y participó en proyectos como el centro de visitantes del Capitolio y la reconstrucción del Pentágono tras los atentados del 11 de septiembre.

Con los años creó compañías de transporte y construcción, llegó a tener unos 250 empleados y posteriormente trasladó parte de sus operaciones al sector inmobiliario. Actualmente mantiene empresas tanto en Estados Unidos como en El Salvador.

El caso de Cañenguez refleja el proceso de integración económica de muchos beneficiarios que inicialmente recibieron el TPS como una protección temporal, pero terminaron construyendo negocios, empleos y patrimonio en Estados Unidos.

El dinero también se mueve en las grandes ciudades

El aporte económico de los salvadoreños con TPS se concentra especialmente en algunas de las principales áreas metropolitanas del país.

Las estimaciones citadas por FWD.us sitúan en $965 millones de dólares la contribución anual de estos trabajadores a la economía del área de Washington D.C.; en $668 millones de dólares en Nueva York; $590 millones de dólares en Houston; $555 millones de dólares en Los Ángeles y $239 millones de dólares en Dallas-Fort Worth.

Además, más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre beneficiario del TPS salvadoreño, lo que significa que una eventual pérdida de la protección migratoria también tendría repercusiones sobre hogares estadounidenses.

Impacto en las remesas

El eventual fin del TPS también podría repercutir en las remesas que los salvadoreños envían a su país de origen. El Salvador mantiene una fuerte dependencia de estos recursos: estimaciones citadas en el reporte señalan que las remesas representan entre 24% y 26% del Producto Interno Bruto del país.

Manuel Orozco, especialista en remesas del Diálogo Interamericano, calcula que los salvadoreños con TPS representan aproximadamente 15% de quienes envían remesas desde Estados Unidos. El eventual retorno de una parte de esta población podría reducir el flujo de dinero hacia sus familias en El Salvador.

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Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal federal, donde enfrenta cargos por presuntamente mentir a investigadores sobre las circunstancias en las que disparó contra un venezolano durante el operativo migratorio desplegado en Minnesota este año.

Christian Castro se entregó a las autoridades el jueves por la noche y fue presentado el viernes ante un tribunal federal en McAllen, Texas. El juez ordenó su liberación bajo una fianza no garantizada de $75,000 dólares y le impuso el uso de un dispositivo de monitoreo GPS en el tobillo.

La acusación federal sostiene que Castro proporcionó una versión falsa sobre el enfrentamiento ocurrido en enero, cuando resultó herido Julio César Sosa-Celis. De acuerdo con el expediente, el agente afirmó ante un investigador del FBI que un hombre lo golpeó con una escoba roja y que posteriormente otro lo atacó con una pala para nieve, por lo que abrió fuego mientras se encontraba en el suelo.

La investigación federal sostiene una versión diferente. La acusación señala que Castro tuvo un breve forcejeo con Sosa-Celis y otro hombre antes de que ambos ingresaran a una vivienda donde se encontraba un niño de un año. El agente habría disparado a través de la puerta mientras esta comenzaba a cerrarse, alcanzando a Sosa-Celis en una pierna.

El documento judicial sostiene que no hubo ninguna agresión contra Castro con una escoba ni que las personas involucradas utilizaran la escoba y la pala de la manera descrita por el agente.

Los abogados David A. Lindenmuth y Rolando Cantu indicaron que Castro se declarará no culpable. El agente deberá presentarse nuevamente ante un tribunal federal en Minnesota el 18 de septiembre.

Primer proceso federal contra un agente por hechos vinculados con el operativo

El caso constituye el primer proceso impulsado por el Departamento de Justicia contra un funcionario federal por actuaciones relacionadas con la denominada Operación Metro Surge, un amplio despliegue migratorio que llevó a miles de agentes a las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul y provocó protestas y detenciones.

El operativo también estuvo marcado por los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

The Associated Press informó que las acusaciones federales contra Castro coinciden en buena medida con los cargos presentados previamente por las autoridades de Minnesota, que lo acusan de agresión y de presentar un reporte falso relacionado con el tiroteo en el que resultó herido Sosa-Celis.

Inicialmente, los fiscales federales habían acusado a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna, el otro hombre involucrado en el incidente, de agredir al agente. Esos cargos fueron retirados después de que imágenes de video pusieran en duda la versión ofrecida por Castro.

El agente fue suspendido de ICE en febrero mientras continuaba la investigación.

Castro había salido de prisión la semana pasada después de que el gobernador de Texas se negara inicialmente a firmar una orden de extradición que permitiera trasladarlo a Minnesota para enfrentar los cargos estatales.

Investigación genera tensiones dentro del Departamento de Justicia

El caso también provocó divisiones dentro del Departamento de Justicia. Un fiscal que participó en la investigación acusó a sus superiores de impedir que Castro enfrentara cargos más graves por posibles violaciones de derechos civiles.

En un correo electrónico obtenido por ProPublica, el fiscal Matthew Evans comunicó a abogados de Sosa-Celis y de otras personas relacionadas con el caso que Castro sería procesado únicamente por proporcionar declaraciones falsas, pese a sus objeciones.

Evans afirmó que la decisión había sido tomada por altos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal.

Una persona familiarizada con la investigación dijo a The Associated Press que la pesquisa sobre posibles violaciones de derechos civiles continúa y que todavía podrían presentarse cargos adicionales. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada públicamente para discutir investigaciones en curso.

Evans fue posteriormente despedido y el Departamento de Justicia investiga ahora si incurrió en alguna conducta ilegal durante su participación en el caso.

Mientras tanto, Robin Wolpert, abogada de Sosa-Celis, pidió que Castro enfrente cargos más severos. La defensa del venezolano sostiene que las declaraciones del agente buscaban ocultar que disparó contra su cliente a través de la puerta de una vivienda ocupada y sin una justificación válida de defensa propia.

Sosa-Celis pretende que Castro responda plenamente por sus acciones y también evalúa reclamar una indemnización al gobierno federal, informó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Minnesota.

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La Casa Blanca lanzó ‘Arcade’, una página web que reúne cinco videojuegos de estética retro que recrean algunas de las políticas del presidente Donald Trump y en los que el usuario puede construir un muro fronterizo o perseguir a personas que intentan cruzar la frontera.

La web, Arcade.gov, incluye ‘Build the Wall’ (‘Construye el muro’), una versión inspirada en ‘Tetris’ en la que el jugador debe levantar un muro para “proteger la frontera de la horda que se aproxima”, según la descripción oficial.

‘Rio Run’, basado en la mecánica del tradicional ‘Snake’ (‘Serpiente’), propone patrullar la frontera a lo largo del río Grande y detener a personas que intentan cruzar. Estas aparecen contabilizadas como deportadas al completar la partida.

La política alimentaria también tiene su propio juego. En ‘Supply Line’ (‘Línea de suministro’), inspirado en ‘Tapper’, el usuario debe retirar de una cadena de suministro los alimentos que no cumplen los criterios de la iniciativa ‘Make America Healthy Again’ (‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable’) impulsada por la Administración Trump.

Los otros dos juegos abordan otras iniciativas del actual gobierno republicano. ‘Flappy Bill’ adapta la mecánica de ‘Flappy Bird’ y pone a un águila calva a sobrevolar el National Mall, mientras que ‘Trump Savings Tycoon’ invita a recoger dinero para llenar las ‘Trump Accounts’, el programa de ahorro que contempla una aportación de mil dólares para los niños nacidos durante el segundo mandato de Trump.

La Casa Blanca presentó la iniciativa en sus redes sociales con animaciones que parodian las pantallas de carga de consolas como PlayStation y Nintendo y con el lema ‘Can’t stop winning’ (‘No podemos dejar de ganar’), seguido de referencias a construir el muro o deportar migrantes.

En una de las animaciones promocionales, el logotipo de la extinta consola japonesa Sega se transforma en ‘MAGA’, las siglas del lema de Trump ‘Make America Great Again’.

La Casa Blanca explicó al portal The Washington Examiner que la iniciativa busca “trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo” y que pretende “contar la historia de sus logros” de forma que conecte con los estadounidenses.

La página anuncia además un sexto juego “próximamente”.

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Dos guardias de seguridad del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en el sur de Florida, fueron acusados de agredir a un inmigrante detenido en enero, meses antes del cierre de la instalación a finales de junio.

Los agentes fueron arrestados en junio, cinco meses después del presunto ataque contra Rigoberto Rodríguez, ocurrido el 25 de enero. Ambos se declararon no culpables de los cargos, informó el diario Miami Herald, que citó a fiscales del condado de Collier.

Testimonios de otros inmigrantes, recogidos por medios locales, señalan que uno de los guardias derribó a Rodríguez y lo golpeó después de que varios detenidos protestaran por la falta de agua y alimentos.

Posteriormente, cuando el migrante fue trasladado a otra zona del centro, el segundo agente presuntamente lo golpeó en el rostro.

La defensa de los acusados sostiene una versión distinta. De acuerdo con los abogados, Rodríguez comenzó a escupir a los guardias, quienes posteriormente lo redujeron.

Los dos agentes quedaron en libertad tras pagar una fianza de $1,000 dólares cada uno, de acuerdo con el Miami Herald.

El caso constituye la primera acusación penal conocida por presunto maltrato a detenidos dentro de Alligator Alcatraz, una instalación que se convirtió en uno de los símbolos de la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump desde su apertura en julio de 2025.

El centro dejó de operar a finales de junio, después de enfrentar durante meses demandas y críticas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por las condiciones de los migrantes y el impacto ambiental de la instalación. El complejo fue construido en un antiguo aeródromo cercano al ecosistema de los Everglades, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó en junio que la instalación había “cumplido su misión” al contribuir con casi 30,000 deportaciones adicionales.

En agosto, el estado de Florida devolvió al condado de Miami-Dade los terrenos utilizados para el centro. Las autoridades locales evalúan ahora vender o transferir las casi 10,000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos u otras organizaciones dedicadas a la recuperación de los humedales, con el objetivo de garantizar su protección permanente.

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Un gran jurado federal imputó seis cargos al agente de ICE Christian Castro, acusado de disparar contra el migrante venezolano Julio Sosa Celis, de 24 años, durante un operativo en Minnesota y de proporcionar posteriormente información falsa a los investigadores.

Entre los cargos federales figura la presunta presentación de declaraciones falsas durante la investigación del incidente ocurrido el 14 de enero en Mineápolis.

La acusación fue presentada el miércoles y se conoció este jueves a través de medios estadounidenses. El documento permanece bajo secreto judicial y las autoridades prevén divulgarlo cuando Castro sea detenido.

El agente se encuentra actualmente en libertad y las autoridades federales intentan localizarlo. Castro había permanecido detenido durante casi tres meses en Texas antes de quedar libre a finales de agosto.

Castro ya enfrenta cargos en Minnesota

El nuevo proceso federal se suma a la causa estatal que enfrenta el agente en Minnesota por agresión y por denunciar falsamente un delito.

Según la acusación estatal, Castro disparó a Sosa en una pierna y posteriormente elaboró un informe en el que aseguró que el migrante venezolano y otra persona lo habían atacado con una pala y un palo de escoba.

El caso provocó además una disputa entre Minnesota y Texas por la custodia del agente. Las autoridades de Minnesota reclamaban su traslado para procesarlo, mientras que el Gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, dificultó la extradición.

Castro finalmente salió en libertad a finales de agosto después de pasar más de tres meses detenido en Texas.

Operación “Metro Surge”

El tiroteo contra Sosa ocurrió durante la operación “Metro Surge”, un despliegue de cientos de agentes migratorios ordenado por la Administración de Donald Trump en Mineápolis.

El operativo generó fuertes enfrentamientos entre agentes y población civil. Sosa fue una de las tres personas que recibieron disparos de agentes migratorios durante esas actuaciones.

Las otras dos víctimas fueron Renée Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, quienes murieron tras recibir disparos de agentes migratorios.

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Un operativo de agentes federales de inmigración terminó este miércoles con una persecución y un accidente de tránsito en North Brunswick, Nueva Jersey, que dejó herida a la esposa del alcalde de una localidad vecina.

El incidente comenzó alrededor de las 7:30 a.m. del 2 de septiembre, cuando agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvieron un vehículo cerca de la Ruta 130, según autoridades locales.

El conductor inicialmente se detuvo, pero posteriormente aceleró para escapar de los agentes federales, atravesó un semáforo en rojo y terminó chocando contra otro automóvil.

La esposa del alcalde resultó herida

El vehículo impactado era conducido por Penelope Cohen, esposa del alcalde de East Brunswick, Brad Cohen. La mujer, médica dermatóloga, sufrió una lesión en una pierna y fue trasladada a un hospital de la zona. Las autoridades indicaron que sus heridas no ponían en peligro su vida.

Tras la colisión, el conductor perseguido abandonó su vehículo y escapó a pie, pero fue detenido poco después por los agentes federales y también recibió atención médica después del incidente.

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Qué se sabe del operativo de ICE

La Policía de North Brunswick aclaró que sus agentes no participaron del procedimiento inicial de ICE ni de la persecución. Según las autoridades municipales, los agentes federales habían realizado una parada del vehículo antes de que el conductor decidiera huir.

La Ruta 130, una de las principales vías de la zona, tuvo que ser cerrada parcialmente durante más de una hora mientras las autoridades investigaban el accidente, lo que provocó importantes demoras durante la mañana.

Hasta la tarde del miércoles, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían revelado públicamente la identidad del detenido ni explicado por qué los agentes intentaban arrestarlo.

Las autoridades tampoco habían detallado oficialmente la situación migratoria del hombre ni los posibles cargos relacionados con la fuga y el accidente.

El episodio ocurre en medio de un fuerte incremento de las operaciones migratorias en Nueva Jersey. De acuerdo con datos citados por The New York Times, más de 2,100 personas fueron detenidas por ICE en el estado durante julio, más del doble de las cifras mensuales registradas entre febrero y mayo.

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