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La senadora republicana por Maine, Susan Collins, defendió la permanencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y cuestionó a quienes piden su abolición, luego de que un funcionario de la agencia mató a un migrante colombiano en ese estado.

Collins habló este martes con periodistas frente a su oficina en Washington y aseguró que ha mantenido tres conversaciones con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desde el incidente.

La legisladora dijo que pidió la instalación de cámaras corporales para los agentes involucrados, además de respaldar una investigación a nivel estatal.

“No cabe duda de que ICE necesita mejorar su desempeño, pero quienes piden su abolición total ignoran la labor de seguridad absolutamente vital que realiza”, afirmó Collins.

Dijo que la agencia cumple funciones en investigaciones relacionadas con la trata de personas, el narcotráfico, delitos financieros internacionales y explotación infantil.

El tiroteo, ocurrido al sur de Portland, generó una fuerte reacción política en Maine, donde dirigentes demócratas aprovecharon el episodio para cuestionar el respaldo de Collins a los fondos destinados a ICE. Los críticos de la agencia han señalado la necesidad de mayores controles y algunos líderes han exigido su eliminación.

Los agentes involucrados en el operativo no portaban cámaras corporales y la víctima, un ciudadano colombiano de 26 años, no era el objetivo de la investigación, según funcionarios citados por The Associated Press.

Collins, quien preside el Comité de Asignaciones del Senado, ha defendido que la legislación presupuestaria aprobada recientemente incluyó recursos para medidas de supervisión de ICE, entre ellas fondos para cámaras corporales, capacitación en desescalamiento y mayor control sobre los centros de detención.

Ante los cuestionamientos sobre posibles presiones internas para aumentar el número de arrestos, la senadora dijo que no tenía información que confirmara esas denuncias. “Me preocuparía si supiera que eso es cierto, pero no he oído nada al respecto”, afirmó.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó detener temporalmente las paradas vehiculares realizadas por sus agentes luego de dos incidentes mortales registrados en una misma semana en Maine y Texas, según reportaron este martes medios estadounidenses.

La instrucción interna impide, hasta nuevo aviso, que los agentes de la agencia realicen controles de tráfico o detengan vehículos como parte de sus operaciones migratorias, de acuerdo con fuentes citadas por CNN y Fox News.

La nueva orden está dirigida a los funcionarios de la División de Operaciones de Control y Expulsión (ERO), la unidad de ICE encargada de localizar, detener y deportar inmigrantes.

Según la información difundida por CNN, los agentes de esa división deberán coordinar con otras autoridades cuando sea necesario detener un automóvil durante una operación migratoria.

Medida luego de muertes

La decisión se tomó después de la muerte de un colombiano de 26 años en Biddeford, Maine, durante un operativo de ICE. La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente! identificaron a la víctima como un hombre con permiso de trabajo y número de Seguro Social.

El senador estatal de Maine Andy King afirmó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le explicó que el agente involucrado disparó después de que el joven presuntamente intentara usar su vehículo contra los funcionarios que buscaban detenerlo.

Ese argumento coincide con la versión que ICE ofreció en otros casos recientes de uso de fuerza letal. En enero, un agente de la agencia disparó contra la ciudadana estadounidense Renée Good durante un operativo en Minnesota, bajo una justificación similar relacionada con un vehículo.

La medida también ocurre después de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, durante un operativo de ICE días antes del incidente ocurrido en Maine.

El DHS aseguró que Salgado Araujo se encontraba en Estados Unidos sin autorización migratoria y sostuvo que el agente disparó luego de que el mexicano intentara embestirlo con su vehículo.

Los dos fallecimientos han provocado reclamos de organizaciones defensoras de inmigrantes, que han pedido investigaciones sobre las actuaciones de los agentes federales y mayor transparencia en los operativos.

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El activista palestino Mahmoud Khalil presentó una demanda por violación de derechos civiles contra el gobierno federal de Estados Unidos y varias organizaciones privadas, a las que acusa de haber coordinado una campaña para perseguir, encarcelar y promover la deportación de estudiantes que participaron en protestas propalestinas.

La demanda, introducida el martes, sostiene que la Heritage Foundation, un centro de estudios de tendencia conservadora, lideró una presunta estrategia para desacreditar a integrantes del movimiento propalestino al presentarlos como antisemitas, publicó The Associated Press.

Esa campaña, según el documento judicial, habría contado con el apoyo de las organizaciones proisraelíes Canary Mission y Betar, conocidas por publicar bases de datos en línea con información de críticos de Israel y, en algunos casos, asociarlos con Hamás, acusaciones que la demanda califica de infundadas.

Los abogados de Khalil afirman que las personas identificadas por estos grupos privados eran posteriormente objeto de vigilancia por parte de las autoridades federales y quedaban expuestas a procedimientos de arresto y deportación.

En su opinión, esta supuesta coordinación entre actores privados y el gobierno podría constituir una violación de la denominada Ley del Ku Klux Klan, una norma aprobada durante la Reconstrucción para impedir la colaboración entre el Estado y grupos que vulneren derechos civiles.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló en un comunicado que el poder ejecutivo “tiene la autoridad legal para tomar medidas que protejan al público y garanticen la integridad” del sistema de inmigración estadounidense.

La acción judicial se presenta mientras continúa el proceso de deportación contra Khalil, un caso que, de acuerdo con AP, podría llegar a ser revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Colaboran para criminalizar”

Durante una rueda de prensa este martes, Khalil aseguró que la demanda busca revelar “la red de organizaciones, actores e instituciones concretas que colaboran para criminalizar la solidaridad con Palestina y para dar un escarmiento a quienes se niegan a guardar silencio”.

Asimismo, advirtió que permitir excepciones a las protecciones constitucionales por razones políticas podría sentar un precedente peligroso. “Si las garantías constitucionales pueden dejarse de lado hoy bajo presión política, pueden dejarse de lado mañana contra cualquiera”, afirmó.

Khalil, antiguo estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, se convirtió en una de las figuras más visibles de las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza. En marzo de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su apartamento universitario.

Tras su arresto permaneció 104 días en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana, periodo durante el cual no pudo estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Posteriormente, un juez federal en Nueva Jersey ordenó su liberación.

El activista ha rechazado reiteradamente las acusaciones de antisemitismo relacionadas con su participación en las protestas. En declaraciones previas a Associated Press, sostuvo que su posición responde al rechazo de que el dinero de sus impuestos y de las matrículas universitarias sea destinado a inversiones en fabricantes de armas.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró el lunes que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que mató a tiros a un migrante colombiano en el estado de Maine abrió fuego tras considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.

En un comunicado publicado en la red social X, el DHS informó que el incidente ocurrió la mañana del 13 de julio, cuando agentes de ICE realizaban labores de vigilancia en la última dirección conocida de una persona con una orden final de deportación.

Según la versión oficial, un hombre salió de la residencia en un vehículo y los agentes intentaron detenerlo. El conductor habría tratado de escapar y, “temiendo por la seguridad pública”, un oficial disparó su arma de fuego.

El conductor fue alcanzado por los disparos y, aunque se solicitaron servicios de emergencia de inmediato, murió a causa de las heridas.

El organismo agregó que al lugar acudieron el Departamento de Policía de Biddeford y el Buró Federal de Investigaciones, mientras que la Oficina del Inspector General del DHS fue notificada para investigar el uso de la fuerza, como ocurre en todos los casos de disparos efectuados por agentes de la agencia.

De acuerdo con The Associated Press, el fallecido quedó identificado por organizaciones de defensa de los inmigrantes como Johan Sebastián Durán, de 26 años. La Embajada de Colombia confirmó que mantiene contacto con las autoridades estadounidenses y que brinda asistencia consular a la familia.

El caso representa el segundo incidente con uso de fuerza letal por parte de agentes de ICE en una semana y, según la agencia de noticias, al menos la novena muerte registrada desde que el presidente Donald Trump inició su nueva ofensiva contra la inmigración.

On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The?

— Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

Antes de la publicación del comunicado del DHS, el senador independiente por Maine, Angus King, declaró que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le había informado que el agente disparó después de que el conductor presuntamente intentara atropellar a los funcionarios de ICE.

El legislador también indicó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales.

Posteriormente King señaló que el hombre fallecido no era el objetivo de la operación migratoria y subrayó que la investigación deberá determinar qué ocurrió realmente.

La fiscal general de Maine dijo que las primeras declaraciones apuntan a que el conductor intentaba huir en dirección al agente, mientras que el funcionario que efectuó el disparo fue apartado temporalmente de sus funciones durante la investigación.

Un video de una cámara de seguridad obtenido por AP muestra al vehículo acercándose a una intersección antes de ser bloqueado por una camioneta policial, tras lo cual dos agentes sacan del automóvil el cuerpo del conductor.

Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y Presente! afirmaron que el fallecido contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos. Vecinos indicaron a AP que vivía cerca del lugar con su esposa e hija.

La muerte provocó protestas en Biddeford, donde cientos de personas se concentraron para rechazar las políticas migratorias y exigir la eliminación de ICE, mientras un grupo más reducido manifestó su respaldo a la agencia y al presidente Trump.

El tiroteo ocurrió pocos días después de otro caso similar registrado el 7 de julio, cuando un agente de ICE disparó fatalmente contra Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante una operación en Houston.

Según datos analizados por AP del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley, ICE arrestó 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato de Trump y el 11 de marzo de 2026

Aproximadamente el 45% de los detenidos tenía antecedentes penales, una proporción inferior al 69% registrado durante el período comparable previo al regreso de Trump a la Casa Blanca.

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Un inmigrante murió este martes tras ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Agustín, Florida, en un incidente que eleva a tres las muertes vinculadas a acciones de la agencia en la última semana, según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el diario, el hombre huyó a pie de los agentes migratorios y, mientras cruzaba una carretera cercana, fue embestido por un camión. Murió a causa de las heridas sufridas en el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni han informado sobre su situación migratoria.

El hecho ocurre mientras aumentan las críticas a las tácticas empleadas por ICE durante sus operativos. En ese contexto, diversos medios informaron este martes que la agencia suspendió temporalmente los controles de tráfico.

La muerte en Florida se produce pocos días después de otros dos incidentes mortales relacionados con operaciones de ICE.

El 7 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió tras recibir disparos de un agente durante un operativo en Houston. Posteriormente, el lunes, el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, falleció en un hecho similar ocurrido en Biddeford, Maine.

Ambos casos provocaron protestas y cuestionamientos de organizaciones humanitarias, que han pedido revisar los procedimientos utilizados por ICE durante las operaciones de control migratorio.

Con información de EFE.

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Manifestantes marcharon hacia la oficina de la senadora republicana por Maine, Susan Collins, bajo la consigna “¡Fuera!”, tras el tiroteo donde murió el colombiano Joan Sebastián Guerrero, que incolucró a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La protesta se centró en cuestionar la decisión de la legisladora de votar a favor de aprobar el financiamiento de dicha agencia federal el mes pasado, y que destinar $70 mil millones de dólares adicionales en fondos federales para el ICE, que fue propuesto por el presidente Donald Trump.

“Los votantes de todo Maine no creen que haya forma de reformar esta agencia. Creen que debe ser abolida”, afirmó Nathan Bernard, corresponsal de Drop Site News en Maine en declaraciones recogidas por la organización Democracy Now.

Protestors marched outside of Sen. Susan Collins’ (R-ME) state office after a shooting in Maine involving an ICE agent. They called for new leadership, chanting, “vote her out.” Collins had previously demanded an impartial probe into the shooting. pic.twitter.com/SGDF8hXRWn

— The Hill (@thehill) July 14, 2026

Identificación de la víctima y rechazo organizado

Entretanto, la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente! confirmaron el lunes la identidad y nacionalidad del fallecido, y detallaron que el joven llegó al estado con el objetivo de vivir y trabajar. Ambas entidades manifestaron su rechazo ante la actuación del cuerpo de seguridad federal.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indicaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto, donde añadieron que la familia “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.

Estos grupos denunciaron además haber recibido reportes de residentes que afirmaron que agentes migratorios continuaban realizando operativos en la zona después del tiroteo, situación que calificaron como “profundamente inquietante”.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que deportó a Tou Lue Vang, un migrante originario de Laos condenado por abuso sexual contra una niña de 10 años, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.

El caso generó controversia semanas antes, cuando la Junta de Indultos de Minnesota le concedió un indulto tras un proceso de revisión.

Vang fue condenado en 2006 por agresión sexual en primer grado tras admitir haber abusado repetidamente de una menor entre 2002 y 2004. De acuerdo con las autoridades, un juez de inmigración emitió ese mismo año una orden definitiva de deportación.

La deportación se produjo después de que Rubio anunciara la cancelación del estatus migratorio de Vang. En un comunicado, el secretario de Estado aseguró que, con esa decisión, “este criminal extranjero jamás volverá a representar una amenaza para ningún estadounidense”.

El caso cobró notoriedad después de que la Junta de Indultos de Minnesota aprobara el mes pasado conceder el beneficio a Vang. La información publicada por Associated Press señala que el hombre presentó una carta en la que expresó arrepentimiento por los hechos, mientras que familiares y la propia víctima remitieron escritos en respaldo de la solicitud de indulto.

La decisión fue criticada por el DHS, que calificó el indulto de “repugnante”, y por dirigentes republicanos, entre ellos el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer, quien responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por respaldar la medida.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca el viernes, la administración del presidente Donald Trump afirmó que frustró un intento de Walz y del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de impedir la deportación de Vang. El gobierno federal sostuvo que la revocación de su estatus legal permitió ejecutar la orden de expulsión que permanecía vigente desde 2006.

Por su parte, la oficina de Ellison defendió la decisión de la Junta de Indultos al señalar que el beneficio fue aprobado por unanimidad tras un proceso que incluyó la recomendación de la Comisión de Revisión de Clemencia, el respaldo de la víctima y numerosas cartas de apoyo de miembros de la comunidad.

Asimismo, indicó que la Junta ha rechazado solicitudes de indulto de otros tres hombres condenados por delitos sexuales que también enfrentaban procesos de deportación.

El DHS informó que Vang ingresó a Estados Unidos en 1994 y obtuvo estatus legal durante la administración del presidente Bill Clinton. Ese beneficio migratorio fue revocado tras su condena penal y la emisión de la orden definitiva de expulsión.

La agencia federal señaló además que Vang fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en diciembre de 2025, aunque un juez federal ordenó su liberación dos meses después. Tras la concesión del indulto en junio de este año, Rubio revocó su estatus migratorio y las autoridades ejecutaron finalmente su deportación.

Este lunes, el DHS volvió a cuestionar la decisión de las autoridades de Minnesota mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que acusó a Walz y a otros dirigentes estatales de intentar permitir que Vang permaneciera en Estados Unidos pese a su condena.

“El gobernador Tim Walz y los políticos de Minnesota que defienden las políticas de santuario para inmigrantes ilegales concedieron un indulto al violador de menores Tou Lue Vang en un intento por permitirle permanecer en nuestro país. Mientras Walz y otros políticos partidarios de las políticas de santuario luchan por proteger a inmigrantes ilegales como este, nosotros seguiremos luchando para expulsarlos de nuestro país”, expresó el departamento.

.@GovTimWalz and Minnesota sanctuary politicians granted CHILD RAPIST Tou Lue Vang a pardon in an attempt to let him stay in our country.

While Walz and his fellow sanctuary politicians fight to protect illegal alien sickos like this, we’ll keep fighting to get them OUT of our? https://t.co/G54ppe0wmb

— Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

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La Fiscalía de Houston (Texas), encargada de investigar la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), denunció este lunes la falta de cooperación del Gobierno federal y aseguró que todavía desconoce la identidad de los agentes implicados.

“Es inaceptable”, afirmó Sean Teare, el fiscal que encabeza la investigación, durante una rueda de prensa celebrada la tarde del lunes. El condado de Harris abrió la semana pasada una pesquisa paralela a la del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), después de que activistas, legisladores y familiares de Salgado reclamaran una investigación independiente.

“Va a ser casi una semana (desde la muerte de Salgad) y nadie a nivel estatal sabe quiénes eran los agentes, ni dónde están”, denunció el fiscal.

El funcionario señaló que su oficina está siguiendo “todas las vías posible” de investigación para identificar a los agentes del ICE que estuvieron involucrados en la muerte de Salgado, lo que incluye cámaras de vigilancia y testigos.

“Somos muy buenos en identificar a individuos que no quieren ser identificados. Creo que es increíble que en el año 2027 estemos hablando de agentes federales que no quieren ser identificados, pero es lo que hay”, subrayó Teare.

El condado de Harris está en el proceso de aprobar los fondos para financiar la investigación de la Fiscalía, según informó el comisionado Rodney Ellis.

Salgado, radicado en EEUU hace más de 30 años, murió el pasado martes en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de Houston.

El hombre, de 52 años, se dirigía al trabajo junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada por DHS tras el incidente, los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.

El Gobierno sostiene que Salgado “ignoró las instrucciones” de los agentes de ICE, chocó su camioneta contra el vehículo de los oficiales e intentó arrollar a uno de ellos, lo que llevó al agente a disparar “en defensa propia”.

Sin embargo, testigos y autoridades locales han revelado información que pone en duda el relato oficial. Ni Salgado ni su hermano eran los objetivos del operativo, según explicó la congresista Sylvia García tras conversar con el director interino de ICE.

Por su parte, los otros tres hombres que viajaban en la camioneta, actualmente recluidos en un centro de detención migratoria y hasta ahora los únicos testigos directos del incidente, afirmaron que Salgado no intentó arrollar a ningún agente y que los disparos contra el vehículo “entraron por los lados”, según relató su abogado, Hugo Balderas, durante una rueda de prensa.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.

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Los fiscales del estado de Minnesota informaron este lunes que obtuvieron nuevas pruebas consideradas fundamentales para avanzar en las investigaciones sobre los tiroteos que causaron la muerte de Renee Good y Alex Pretti durante las protestas contra los operativos federales de control migratorio realizadas a comienzos de este año.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció que, tras la cooperación de las autoridades federales, los investigadores estatales recibieron los discos duros que contienen declaraciones, grabaciones de cámaras corporales de los agentes y otras evidencias que, hasta ahora, permanecían retenidas. También recuperaron parte de las pruebas físicas, entre ellas el vehículo en el que se encontraba Good cuando fue asesinada, reseñó The Associated Press.

“Lo maravilloso ahora es que tenemos todas las pruebas”, afirmó Moriarty, quien explicó que los investigadores revisan actualmente el material recopilado, incluidas horas de grabaciones y el automóvil de la víctima.

La fiscal insistió en la necesidad de que exista mayor transparencia y cooperación entre las autoridades federales y estatales para esclarecer los hechos.

Renee Good, madre de tres hijos y de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos mientras salía en su vehículo de una manifestación en Minneapolis contra el endurecimiento de las políticas migratorias, en momentos en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desplegaban operativos en la zona.

Semanas después, el 24 de enero, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos también de 37 años, falleció por disparos de agentes federales durante otra protesta. Ambos casos generaron una fuerte reacción pública y reavivaron el debate sobre las operaciones de control migratorio impulsadas por el gobierno federal.

A finales de junio el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y la propia Moriarty solicitaron a un juez federal ampliar los plazos de una demanda presentada contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al señalar que mantenían conversaciones con el FBI para obtener acceso a la información relacionada con las investigaciones. Los abogados del gobierno federal respaldaron esa solicitud.

Ellison aseguró que sigue preocupado porque, a su juicio, el gobierno federal demoró durante más de seis meses la entrega de las pruebas a las autoridades estatales. Expresó además su expectativa de que la reciente cooperación marque un cambio en la relación entre ambas instancias, de acuerdo con AP.

Las investigaciones también incluyen el caso de Julio César Sosa Celis, residente de Minneapolis que resultó herido de bala en su vivienda mientras agentes del ICE perseguían a otro hombre. En mayo, el agente del ICE Christian Castro fue arrestado y acusado de agresión y de presentar una denuncia falsa por el tiroteo ocurrido el 14 de enero.

De acuerdo con la fiscalía, disparó a través de la puerta de una vivienda e hirió a Sosa en un muslo.

Otro agente del ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., fue acusado en abril de apuntar con su arma a un conductor y a un pasajero en una autopista de Minneapolis, en lo que los fiscales describieron entonces como el primer proceso penal contra un funcionario federal vinculado a los operativos migratorios en Minnesota.

De acuerdo con AP, desde el inicio de la campaña de control migratorio de la administración del presidente Donald Trump se han registrado al menos ocho muertes relacionadas con estos operativos, aunque hasta ahora no se han presentado cargos penales por la mayoría de esos casos.

La agencia también reportó que este lunes se produjo un nuevo tiroteo con participación de agentes del ICE en Biddeford, estado de Maine. Asimismo, recordó que la semana pasada un agente del organismo mató a tiros en Houston al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en el que las autoridades buscaban a otra persona.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente actuó en defensa propia después de que el vehículo de Salgado impactara una unidad del ICE.

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El legislador estatal y candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, comenzó un recorrido por las localidades de la frontera sur en el que abordó la necesidad de una reforma migratoria mediante una propuesta que coordina el resguardo fronterizo con la regularización de las personas indocumentadas.

La estrategia del aspirante progresista reintroduce en la agenda pública la opción de otorgar estatus legal a la población sin papeles, un planteamiento rezagado tras los recientes operativos de deportación a gran escala ejecutados por el Gobierno federal, informó la estación televisiva local, KTSM.

“Lucho por una reforma migratoria integral. No solo para garantizar la seguridad de nuestra frontera, sino también para permitir que quienes llevan aquí años o décadas salgan de las sombras y contribuyan a nuestras comunidades“, declaró Talarico tras hablar con votantes en El Paso.

Acotó además que la mayoría de los texanos anhela un sistema migratorio que “refleje nuestros valores, tanto como nación de leyes como nación de inmigrantes”, añadió el aspirante al Senado.

El candidato, que compite por la vacante que dejará el senador John Cornyn, fue superado en las elecciones primarias del Partido Republicano por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien fue respaldado por el presidente Donald Trump.

Repercusiones por muerte de migrante en Houston

Las actividades de campaña coinciden con las manifestaciones públicas generadas a raíz del fallecimiento del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado, quien murió tras recibir disparos por parte de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston.

Salgado, residente de la zona por tres décadas, fue interceptado en vehículos sin identificación oficial en el sector Magnolia Park cuando se dirigía a sus labores junto a familiares y compañeros.

El aspirante al Senado expuso datos sobre el perfil del fallecido, señalando que cumplía con sus obligaciones tributarias, costeó los estudios superiores de sus descendientes y carecía de antecedentes penales. Talarico se refirió a Salgado, describiéndolo como la “encarnación del sueño americano”.

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