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Un colombiano de 26 años con permiso de trabajo en Estados Unidos fue identificado este lunes como la víctima mortal del tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, informaron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente!.

Las dos organizaciones señalaron que el joven había llegado a Maine para vivir y trabajar y expresaron su rechazo por lo ocurrido.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indicaron en un comunicado conjunto.

MIRC y Presente! señalaron que su familia “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.

Las organizaciones también denunciaron haber recibido reportes de residentes que aseguraban que agentes migratorios continuaban realizando operativos en la zona después del tiroteo, una situación que calificaron como “profundamente inquietante”.

“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido”, afirmaron.

Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que la comunidad inmigrante ha tomado medidas “inmediatas” para apoyar a la familia del colombiano.

“Decir que tenemos el corazón roto no basta para expresar la magnitud del agotamiento, el terror o el dolor que sentimos. No permitiremos que esta muerte se reduzca a una simple nota al pie en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, sostuvo.

MIRC pidió una investigación “rápida, independiente y transparente”, que incluya la preservación de las grabaciones de cámaras corporales y de vigilancia, así como de las comunicaciones y demás pruebas relacionadas con el caso.

Además, la organización sostuvo que no debe permitirse que ICE investigue por sí mismo un incidente en el que participaron sus agentes ni controle la información pública sobre lo ocurrido.

ICE implicado

El incidente ocurrió la mañana del lunes en Biddeford. El líder de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, informó que la Policía estatal y el Departamento de Seguridad Pública investigan lo sucedido y que se prevé la participación del FBI.

“Una persona ha fallecido. El ICE está implicado”, escribió Fecteau.

La muerte del colombiano se produjo una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Texas.

Según la información disponible, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good durante un operativo en Minnesota.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos adquirió dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California en una operación valorada en aproximadamente $1,500 millones de dólares, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de detención y acelerar las deportaciones de migrantes irregulares.

Las instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la zona fronteriza entre California y México, y el Centro de Detención de California City, localizado en el condado de Kern, al norte del área metropolitana de Los Ángeles.

Ambos complejos pertenecían a la empresa privada de servicios penitenciarios CoreCivic.

Según documentos legales de la transacción citados por el medio californiano CalMatters, la compra se concretó el pasado 2 de julio.

El gobierno federal pagó $739,2 millones de dólares por el centro de Otay Mesa, que tiene capacidad para albergar hasta 1,994 personas, y otros $732,6 millones de dólares por la instalación de California City, inaugurada recientemente y con capacidad para 2,560 detenidos.

CoreCivic informó que continuará a cargo de la operación diaria de ambos centros bajo los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pese al cambio de propietario de las instalaciones.

La adquisición ocurre después de que el Congreso estadounidense aprobara un paquete de aproximadamente $70,000 millones de dólares impulsado por legisladores republicanos para financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales encargadas de la aplicación de las leyes migratorias durante el resto del mandato de Trump.

El aumento de la infraestructura de detención migratoria se produce en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos comunitarios, que han denunciado presuntas deficiencias en las condiciones de custodia y un incremento de muertes de inmigrantes bajo responsabilidad de ICE.

Durante los primeros seis meses del año se reportaron 52 fallecimientos de personas bajo custodia migratoria, según datos citados en reportes públicos sobre el sistema de detención.

Además, una investigación de CBS señaló recientemente que varios centros de detención de ICE con grandes poblaciones no habían recibido inspecciones en el último año, pese a denuncias sobre posibles irregularidades.

El análisis indicó que al menos 15 de los 45 centros con capacidad para albergar a 500 personas o más no habían sido inspeccionados en ese periodo, mientras que cinco instalaciones no contaban con registros de inspección disponibles.

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La Policía ecuatoriana detuvo a cuatro personas, entre ellas a un agente en activo, que conformaban una supuesta red de tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos, informó la institución.

Las personas, entre las que también estaba una exfuncionaria de control migratorio, fueron capturadas en operativos realizados en cuatro provincias del país y, de acuerdo a las investigaciones, “facilitaban el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos mediante rutas clandestinas”.

Los investigadores identificaron a cinco víctimas de esta red, “quienes habrían sido trasladadas por rutas irregulares, evadiendo los controles migratorios en distintos países hasta ser detenidas por autoridades migratorias de México y posteriormente deportadas a Ecuador”, explicó la Policía en un comunicado.

Estas víctimas tenían impedimento legal para salir del país, por lo que las autoridades presumen que el policía y la exfuncionaria de Migración, quien había trabajado en el Puente Internacional Rumichaca, el principal fronterizo entre Ecuador y Colombia, habrían utilizado sellos migratorios auténticos para evadir los controles y que los movimientos de salida no quedaran registrados en el sistema.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en su cuenta de X que el operativo para desarticular esta supuesta red también se realizó con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

Además, estas personas supuestamente cobraban entre $14,000 y $20,000 dólares por víctima.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales y la Policía señaló que seguía con las investigaciones para determinar si había más personas involucradas.

Con información de EFE

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Sean Teare, fiscal general del condado de Harris, confirmó este viernes que su oficina realiza una investigación paralela sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció el martes tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Aseguró que el hecho de que los involucrados sean oficiales federales no impide la actuación de las autoridades locales.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la congresista demócrata Sylvia García, el fiscal explicó que su oficina enfrenta obstáculos para acceder a información del caso, incluido el acceso a la escena donde ocurrió el tiroteo.

“Desde el martes, cuando ocurrió este incidente, hemos estado llevando a cabo nuestra propia investigación. Investigamos cada tiroteo en el que participa un agente en el condado de Harris cuando involucra a una agencia que no es ICE”, afirmó.

Teare agregó que la Fiscalía acostumbra realizar investigaciones paralelas en coordinación con agencias federales, estatales y locales. Señaló que, en circunstancias normales, las distintas autoridades colaboran en este tipo de casos para determinar conjuntamente el curso de la investigación y, en la mayoría de las ocasiones, presentar el expediente ante un gran jurado.

Aseguró, sin embargo, que en esta ocasión su oficina no fue convocada al lugar de los hechos.

“No fuimos invitados a esta escena el martes. Mis investigadores y mi división de derechos civiles han estado allí prácticamente desde el momento en que se reveló la escena, buscando grabaciones de vigilancia, hablando con testigos, haciendo todo lo que podemos y hacemos en cada caso para garantizar que se lleve a cabo una investigación completa y justa, para que podamos ser transparentes con nuestra comunidad”, manifestó.

El gobierno del presidente Donald Trump informó previamente que el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional también investigan la muerte de Salgado. Pero sus familiares y organizaciones que los representan han insistido en la necesidad de una investigación independiente, porque consideran que las autoridades federales no deberían ser las únicas encargadas de esclarecer lo ocurrido.

El congresista demócrata Al Green, representante del Distrito 9 de Texas, respaldó la decisión de la Fiscalía de Harris de desarrollar una investigación propia y rechazó la idea de que las autoridades federales puedan impedir esa actuación.

“Quiero agradecerle por no permitir que los federales lo intimidaran y lo convencieran de que de alguna manera no tiene autoridad para investigar. Cualquier miembro de la alguacil puede investigar”, expresó.

Green afirmó que Salgado gozaba de las mismas garantías constitucionales que cualquier otra persona en Estados Unidos.

“El señor Salgado Araujo nos pertenece. Pertenece a la Constitución de los Estados Unidos de América. Esa Constitución se aplica a él, al igual que se aplica a mí. No debería recibir menos atención de la Constitución que yo o cualquiera de ustedes”, declaró.

Durante la conferencia, la congresista Sylvia García criticó la actuación del agente de ICE que disparó contra el mexicano. Señaló que, si realmente consideró que el vehículo representaba una amenaza para su vida, debió intentar detenerlo disparando contra las llantas y no contra el conductor.

“Lo vimos suceder en Minneapolis. Lo vimos suceder en Chicago. Lo vemos en términos de presencia de ICE. Hemos aprendido algunas lecciones. Aparentemente, ICE no ha aprendido nada”, afirmó.

La legisladora añadió que “si realmente piensan que un auto va a lastimar a alguien, incluso un niño te diría que dispares a las llantas, no al conductor”.

Posible perfilamiento racial

García también dijo que las operaciones de ICE afectan de manera desproporcionada a personas hispanas y utilizó su propia apariencia física para ilustrar lo que considera un trato diferenciado.

“Ya sabe que soy güera. Puede que no me detengan, pero probablemente podrían detener a algunos de mis amigos”, dijo mientras señalaba a quienes la acompañaban en la conferencia, entre ellos el abogado Hugo Balderas.

Asimismo, aseguró que los agentes migratorios que intentaron inspeccionar la camioneta en la que viajaba Salgado junto con su hermano Víctor y los trabajadores José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja no contaban con una orden judicial firmada por un juez, sino únicamente con una orden administrativa emitida por un supervisor de ICE.

Temen deportación de testigos

Hugo Balderas, abogado de José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja, quienes permanecen detenidos en el Centro de Procesamiento de Montgomery y enfrentan procesos de deportación, pidió su liberación al considerar que ambos podrían aportar información relevante para esclarecer lo sucedido.

El abogado advirtió que existe el riesgo de que sus clientes sean presionados para aceptar una salida voluntaria del país antes de que concluya la investigación.

“Creo que, dada la magnitud de este caso y las implicaciones que conlleva, mis clientes podrían ser presionados para firmar documentación que acredite su salida voluntaria”, afirmó. Añadió que una deportación anticipada sería perjudicial para las investigaciones y para preservar la evidencia.

Balderas también respaldó las críticas sobre la actuación de ICE y aseguró que las detenciones responden a prácticas discriminatorias. “Esto no es control migratorio. Esto es discriminación racial. Es muy importante que se les exija usar cámaras corporales. Es muy importante que se les exija quitarse las máscaras”, manifestó.

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Dos guatemaltecos se declararon culpables ante una corte federal de Texas de participar en una red de tráfico de personas relacionada con un accidente migratorio más mortal registrado en México en los últimos años, ocurrido en diciembre de 2021 en el estado sureño de Chiapas, donde murieron 55 migrantes.

El Departamento de Justicia nformó que Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26, se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 de cargos federales por tráfico de personas. Ambos podrían recibir una condena máxima de cadena perpetua y conocerán su sentencia el próximo 6 de octubre de 2026.

La investigación de las autoridades estadounidenses relaciona a los acusados con una organización que reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba grandes cantidades de dinero por trasladarlos hacia Estados Unidos y utilizaba rutas y métodos de transporte de alto riesgo a través de México.

La tragedia del tráiler en Chiapas que expuso la red

El caso está vinculado al accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba al menos 166 migrantes volcó y se impactó contra un puente cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El saldo del accidente fue de 55 personas muertas y más de 100 heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba una adolescente guatemalteca de 16 años. La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Guatemala, aunque entre los sobrevivientes y lesionados también había personas originarias de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador.

Testigos del accidente relataron que los migrantes viajaban en condiciones extremas dentro del remolque, donde permanecían prácticamente de pie debido al reducido espacio. Tras el choque, imágenes del lugar mostraron la magnitud de la tragedia, con cuerpos esparcidos en la zona del impacto.

Red de tráfico trasladaba migrantes en vehículos peligrosos

Durante el proceso judicial, los acusados admitieron que la organización operaba como una estructura dedicada al traslado ilegal de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.

La red utilizaba diferentes medios de transporte, incluidos recorridos a pie, microbuses, camiones utilizados para transportar ganado y tráileres, según la información presentada ante el tribunal.

Uno de los aspectos más graves de la investigación fue la utilización de menores migrantes no acompañados dentro del esquema. Los responsables les proporcionaban instrucciones y respuestas preparadas para que pudieran contestar preguntas de autoridades migratorias estadounidenses en caso de ser detenidos durante el trayecto.

El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, comparó el funcionamiento de la organización con una cadena de suministro, al señalar que los traficantes reclutaban personas en Guatemala, recibían pagos y posteriormente las trasladaban en vehículos sin importar las condiciones de seguridad.

“Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló el funcionario.

Detenciones y otros integrantes de la organización

Jorge Agapito Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Por su parte, Oswaldo Manuel Zavala Quino fue uno de los cinco acusados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos ante la justicia federal estadounidense.

Antes de las declaraciones de culpabilidad de julio de 2026, otros tres integrantes de la presunta red ya habían aceptado su participación en los hechos.

Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026, mientras que Daniel Zavala Ramos, de 41 años, hizo lo mismo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.

Un sexto acusado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, mantiene cargos pendientes ante la justicia estadounidense.

Las sentencias para Quino Canil De Zavala y Chitic fueron programadas para el 9 de septiembre de 2026. Ambos enfrentan también una posible pena de cadena perpetua y multas de hasta 250 mil dólares.

Autoridades estadounidenses califican el caso como explotación de migrantes

El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los integrantes de la red aprovecharon la vulnerabilidad de los migrantes al violar las leyes migratorias estadounidenses y poner en riesgo sus vidas.

El funcionario señaló que los responsables buscaban aumentar sus ganancias al transportar a más de 100 hombres, mujeres y niños dentro de un tráiler, una práctica que terminó provocando consecuencias mortales.

El director en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, indicó que el caso demuestra que los traficantes de personas priorizan sus beneficios económicos sobre la seguridad de quienes trasladan.

Condon destacó que los migrantes enfrentan riesgos como temperaturas extremas, falta de ventilación y condiciones peligrosas durante los trayectos organizados por estas redes criminales.

Investigación internacional contra tráfico humano

La investigación fue desarrollada por HSI con apoyo de autoridades de México y Guatemala, como parte de la Joint Task Force Alpha, una iniciativa conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para combatir organizaciones dedicadas al tráfico de personas en América.

El caso también forma parte de la Operation Take Back America, un programa impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir redes criminales y reforzar acciones contra delitos relacionados con migración irregular.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el proceso judicial contra los integrantes restantes de la organización continuará mientras avanzan las investigaciones sobre una de las redes de tráfico humano vinculadas a una de las mayores tragedias migratorias ocurridas en México.

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Maryland se convirtió en el nuevo objetivo de una disputa legal del gobierno federal por sus políticas migratorias, ya que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado al acusarlo de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración y de interferir con la aplicación de las leyes federales.

La acción judicial es la número 21 que el DOJ presenta contra normas consideradas de “santuario”, debido a que, según el gobierno, estas medidas impiden el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y agentes federales de inmigración.

La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.

Frenan custodia federal

El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.

“Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.

El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.

La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.

 La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ  contra políticas santuario,  incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.

Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.

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El gobierno de México intensificó sus gestiones diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió luego de recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

Y es que la Embajada de México en Estados Unidos informó que dará seguimiento al caso y buscará que los hechos sean investigados con total transparencia.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, confirmó que la representación diplomática mantiene contacto con la esposa e hijos de Salgado Araujo y les brinda acompañamiento consular en este proceso.

Cancillería anuncia acciones ante autoridades de Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en la red social X, Lazzeri explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores actuará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el objetivo de impulsar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El diplomático señaló que la Embajada de México en Washington y el Consulado de México en Houston utilizarán todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento al caso.

“Como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”, expresó.

Acompañamos, a través del @ConsulMexHou, a la esposa e hijos de Lorenzo Salgado Araujo en este momento de dolor. Como lo ha instruido la Presidenta @Claudiashein y lo ha señalado el Canciller @r_velascoa, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en?

— Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 9, 2026

Habrá reuniones con el Departamento de Estado, DHS e ICE

Como parte de las acciones diplomáticas, Lazzeri informó que sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses para solicitar información y una revisión de los hechos.

Los encuentros incluirán representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE y legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

El objetivo, explicó, será solicitar una investigación transparente del operativo y promover protocolos más claros para futuras intervenciones de las autoridades migratorias.

México pide respeto a la vida y los derechos humanos

El embajador subrayó que la postura del gobierno mexicano no busca cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes migratorias, sino insistir en que las acciones de las autoridades se desarrollen con pleno respeto a la vida y a la dignidad de las personas.

“Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, escribió Lazzeri.

Caso se suma a otras muertes de mexicanos relacionadas con el ICE

Roberto Lazzeri señaló que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo representa un nuevo caso que preocupa al gobierno mexicano.

De acuerdo con el embajador, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido en incidentes relacionados con agentes del ICE o mientras permanecían bajo detención migratoria, una cifra que mantiene la atención de las autoridades consulares mexicanas.

El caso de Salgado Araujo continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras su familia y organizaciones civiles también han solicitado una revisión independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el operativo en Houston.

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