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  • EE.UU. pone en pausa a nivel mundial las citas para tramitar visados de inmigrante

    EE.UU. pone en pausa a nivel mundial las citas para tramitar visados de inmigrante

    Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento Estado.

    “Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas”, indicó a EFE un portavoz de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

    “Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes”, indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

    El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y “no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello”.

    Según el Departamento de Estado esta nueva formación a funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel “mundial”, por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

    Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

    El material formativo fue puesto a disposición de los consulados después de que un juez federal declarara ilegal el veto a los visados a ciudadanos de 75 países, por el supuesto riesgo que ve la Administración del presidente Donald Trump en que personas de estas naciones sean admitidos dentro de Estados Unidos y recurran a subsidios públicos.

    El Gobierno Trump anunció este martes que iba a revocar los visados B-1 y B-2 (de turismo y negocios) a miles de personas que recurrieron a ellos para posteriormente solicitar asilo en el país tras ingresar legalmente en el mismo.

    Del mismo modo, en su cruzada contra la inmigración, la Casa Blanca quiere elevar los requisitos para obtener el visado de trabajo H-1B y demandar que los empleadores que lo usen para atraer trabajo cualificado paguen más del $100,000 dólares al año para su renovación.

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  • EE.UU. avanza en el proyecto para ampliar el muro fronterizo entre Arizona y México

    EE.UU. avanza en el proyecto para ampliar el muro fronterizo entre Arizona y México

    El gobierno de Estados Unidos informó el martes de que avanza con un proyecto de construcción de 62 millas de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O’odham, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.

    Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), afirmó que el proyecto conocido como ‘Tucson 5’ se ha vuelto a poner en marcha.

    “Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los carteles”, ahondó en un comunicado Scott.

    El anuncio se dio después de que un juez federal en California denegó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción del muro fronterizo a lo largo de su reserva en el sur de Arizona.

    En su fallo, el juez dictaminó que la tribu no ha demostrado que la construcción reduciría ilegalmente su reserva o constituiría una invasión federal como argumentan en la demanda presentada en junio pasado.

    La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, apoyada por otros tres representantes a la Cámara de EE.UU., instó a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) a suspender de inmediato la construcción hasta que el gobierno federal haya realizado una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham.

    “Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales”, escribieron los legisladores en su petición.

    La carta también plantea inquietudes sobre el uso de fondos de los contribuyentes en barreras fronterizas secundarias e insta al DHS a adoptar enfoques más eficaces y rentables para la seguridad fronteriza, incluida la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada.

    Con información de EFE

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    ICE liberó a padre latino de un marinero de la Armada de EE.UU. que estaba desplegado en Medio Oriente

    Luis Manuel Avilés Roa, padre de un marinero de la Armada de Estados Unidos que se encuentra a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, fue liberado este martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de que su detención generara amplio rechazo.

    La liberación fue confirmada a CBS News por Katty Delgado, hermanastra del marinero Joshua Avilés.

    “Estamos agradecidos por todo el apoyo tanto para Luis como para Josh durante esta situación. En este momento, nuestra familia está tomando tiempo para estar juntos. Mientras esperamos el regreso de nuestro orgulloso marinero de la Armada, le pedimos amablemente su comprensión y respeto”, dijo también la familia en Facebook.

    Avilés Roa, de origen nicaragüense, había sido detenido el sábado por autoridades federales de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

    El caso cobró notoriedad después de que su hijo, Joshua Avilés, quien lleva nueve meses prestando servicio a bordo del USS Abraham Lincoln, relatara que se enteró de que su padre había sido puesto bajo custodia migratoria mientras se encontraba cumpliendo sus funciones.

    En una publicación en Facebook, el militar calificó la situación como “desgarradora” y expresó su preocupación por la posibilidad de que su padre estuviera siendo tratado como un delincuente.

    “Mi papá no cometió otro ‘delito’ que venir a este país para darnos a mis hermanos y a mí una vida mejor”, escribió Avilés.

    El portaaviones USS Abraham Lincoln ha establecido récords por permanecer durante largos períodos de tiempo en el mar y también ha estado en el centro de reportes sobre problemas de moral y condiciones deficientes que enfrentarían algunos de sus tripulantes, indica CBS News.

    El arresto se produjo en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con CBS News, las familias de integrantes de las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por el aumento de las acciones de control migratorio y por el levantamiento de restricciones que anteriormente limitaban ciertos arrestos de cónyuges y padres de militares.

    El lunes, ICE deportó a Honduras a Cristy Maryori Villafranca-Trejo, esposa del sargento del Ejército estadounidense Hedar Leonel Turcios Juarez. El DHS afirmó que Villafranca-Trejo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y que recibió el debido proceso.

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    ICE detuvo a casi 50,000 inmigrantes en julio, la cifra más alta bajo Trump

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró en julio su mayor número mensual de detenciones desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con 49,571 personas arrestadas, según un análisis de datos de la agencia realizado por la Universidad de California Berkeley.

    La cifra supone un aumento del 15 % respecto a junio, cuando ICE contabilizó 43,021 detenciones. El dato convierte a julio en el mes con más arrestos migratorios registrados durante el segundo mandato de Trump.

    El análisis pertenece al proyecto Deportation Data Project, que utiliza información proporcionada por la propia agencia migratoria.

    Más de 368,000 detenciones en el año fiscal

    Los datos recopilados por el proyecto muestran que ICE ha realizado 368,135 detenciones desde el inicio del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre de 2025 y concluirá el próximo 30 de septiembre.

    El ritmo de arrestos se produce mientras Trump mantiene su objetivo de alcanzar un millón de deportaciones al año, aunque el número de detenciones acumuladas hasta ahora se encuentra por debajo de ese objetivo.

    La cifra de julio también podría mantenerse durante agosto. El Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE arrestó a más de 1,300 personas durante un operativo desarrollado en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

    Según el departamento, los agentes realizaron esos arrestos pese a las políticas de santuario vigentes en algunos condados de ambos estados.

    La política migratoria enfrenta críticas

    El aumento de las detenciones se produce en medio de cuestionamientos a los operativos migratorios impulsados por la Administración Trump.

    El Gobierno ha recibido críticas después de que algunas de estas acciones terminaran con la muerte de personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero pasado, según la información proporcionada.

    La política de deportaciones masivas, uno de los principales compromisos de campaña de Trump, también enfrenta un escenario adverso entre parte del electorado.

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    Esposa de sargento del Ejército de EE.UU. fue deportada a Honduras

    El sargento del Ejército estadounidense Hedar Leonel Turcios Juárez confirmó que su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, fue deportada a Honduras, en medio de la escalada de medidas migratorias por parte de la administración Trump.

    Turcios Juárez destacó que agentes de ICE detuvieron a Villafranca en julio pasado frente a un establecimiento Walmart, con la presencia de su hija de seis años. El sargento explicó que su esposa salió de Honduras en 2016 debido a la violencia delictiva del país centroamericano.

    Después de cursar la educación secundaria en Estados Unidos, Turcios Juárez se alistó en el ejército y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2024, luego de un despliegue de nueve meses en Oriente Medio. Posteriormente, inició los trámites de naturalización de su cónyuge.

    “Ha sido una esposa que me ha apoyado mucho desde el primer día que decidí unirme al ejército. Estuve desplegado durante nueve meses. Ella cuidó de mi familia. No representa una amenaza para nadie. Simplemente estamos tratando de mantener a nuestra familia una”, declaró Turcios Juárez.

    ¿Qué dijo el DHS al respecto?

    En medio de la polémica deportación, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado sobre la medida.

    “El 24 de agosto, Cristy Maryori Villafranca-Trejo, una inmigrante ilegal procedente de Honduras, fue deportada de Estados Unidos de conformidad con nuestras leyes”, señaló el portavoz, citado por ABC News. “El 11 de julio, el ICE llevó a cabo una operación de control migratorio selectiva para arrestar a Cristy Maryori Villafranca-Trejo, una inmigrante indocumentada de Honduras. Villafranca-Trejo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016 y fue puesta en libertad bajo la administración Obama”.

    Alcance de las medidas y apoyo a familiares afectados

    Una investigación de Associated Press concluyó que las acciones de deportación han afectado a más de 50 padres y cónyuges de militares durante el actual mandato presidencial, registrando al menos seis deportaciones ejecutadas.

    Danitza James, directora ejecutiva de la organización Repatriate Our Patriots, indicó que brindan asistencia legal y gestionan apoyo ante el Congreso. La entidad trabaja con ocho militares activos y un veterano cuyos familiares permanecen bajo custodia.

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    Indignación por detención de padre hispano de militar estadounidense desplegado en la guerra de Irán

    La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó al nicaragüense Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marino desplegado en el portaaviones USS Abraham Lincoln, que apoyó en la guerra contra Irán, según confirmó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a EFE.

    Un portavoz del DHS expuso que la Patrulla Fronteriza detuvo el sábado pasado a Aviles Roa, “un extranjero ilegal de Nicaragua“, tras una parada de tránsito en Key West, la zona más al sur de Florida, porque “entró al país ilegalmente en una fecha y ubicación desconocidas”.

    “Tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación. El servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia (‘parole’), estatus legal, ni inmunidad frente a la aplicación de las leyes de inmigración”, declaró el vocero del DHS.

    El hijo del detenido, Joshua Aviles, había denunciado el sábado en Facebook que se enteró de la aprehensión de su padre, quien tiene licencia de conducir, seguridad social, permiso de trabajo y estaba esperando que aceptaran su tarjeta de residente o ‘green card’, según aseveró.

    “Llevo más de nueve meses desplegado, en el mar en Medio Oriente a bordo del USS Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo. Acabo de recibir una llamada informándome que ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) detuvo a mi papá”, contó Joshua Aviles en la publicación.

    La noticia adquirió trascendencia nacional tras semanas de polémica por la situación del USS Lincoln, ante denuncias de familiares de los marines sobre la escasez de suministros, la contaminación del agua y un deterioro de la salud mental de la tripulación.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tachó los reportes de “completamente tergiversados”, mientras el Comando Central (Centcom) informó el jueves pasado que el portaaviones USS George Washington y su grupo de ataque estaban ya en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln tras su despliegue de más de seis meses.

    “Esto es desgarrador para mí. No sé cómo puedo continuar mentalmente trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi papá está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal”, agregó Joshua Aviles.

    El vocero del DHS explicó que el padre del marino “permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del proceso de deportación”, además de subrayar que la dependencia “simplemente está aplicando las leyes aprobadas por el Congreso”, pues “esta Administración no elige qué leyes aplicar y cuáles no”.

    El hecho ocurre semanas después de una carta, fechada el 9 de agosto, en la que senadores demócratas denunciaron que ICE ha intentado deportar a 282 veteranos y sus familiares en el segundo mandato de Donald Trump.

    Con información de EFE

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  • Alerta por multas millonarias de ICE a inmigrantes (podcast)

    Alerta por multas millonarias de ICE a inmigrantes (podcast)

    El gobierno del presidente Donald Trump está emitiendo multas de hasta $1.8 millones de dólares a inmigrantes indocumentados, como castigo por permanecer en los Estados Unidos, lo que generó una demanda ante una corte en Boston, Massachusetts.

    La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implementó las multas para indocumentados, luego de que el 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitiera la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”, que incluye cambios en inmigración y acciones contra personas sin papeles de estancia en EE.UU.

    La Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York reveló que más de 100,000 inmigrantes han recibido estas multas, las cuales están contempladas en leyes migratorias, pero ningún gobierno las había implementado.

    Hasan Shafiqullah, abogado de The Legal Aid Society, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ que la política de Trump rebasa las disposiciones legales sobre las multas, lo que derivó en la demanda colectiva en Boston que espera una resolución en los próximos meses.

    Este tipo de castigo para indocumentados se implementó también en el primer gobierno de Trump, pero ahora se ha ampliado contra “los extranjeros que de forma deliberada o voluntaria, no hubieran abandonado Estados Unidos tras recibir una orden de expulsión o de salida voluntaria”, indica el reporte.

    La administración Trump incluso implementa un programa para rastrear a inmigrantes que se fueron de EE.UU., pero que no pagaron la multa, para intentar obligarlos a cumplir con el castigo económico.

    >> ¿Dónde se establece la multa a indocumentados?
    >> ¿Por qué no todos los gobiernos en EE.UU. han implementado multas a indocumentados?
    >> ¿Qué pasa si una persona no paga la multa?

    Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

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  • Trump prepara revocación de hasta 200,000 visas de extranjeros que solicitaron asilo en EE.UU.

    Trump prepara revocación de hasta 200,000 visas de extranjeros que solicitaron asilo en EE.UU.

    La administración del presidente Donald Trump prepara una medida que podría llevar a la revocación de hasta 200,000 visas de negocios y turismo de extranjeros que han solicitado o estén en proceso de solicitar asilo en Estados Unidos, en lo que podría convertirse en la mayor cancelación masiva de este tipo en la historia del país.

    Documentos del Departamento de Estado y declaraciones de dos funcionarios estadounidenses, citados por la agencia de noticias Associated Press, indican que la agencia prevé anunciar en las próximas semanas la revocación de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan presentado una solicitud de asilo.

    La medida, que sería implementada en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, todavía podría ser modificada o enfrentar impugnaciones judiciales antes de entrar en vigor.

    “Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, dijo a AP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

    Pigott evitó confirmar cuántas visas serían revocadas y señaló que el número será dinámico debido a que el proceso se desarrollará de manera continua.

    No implicaría deportaciones inmediatas

    La revocación de las visas no significaría necesariamente que los afectados serían deportados de inmediato. Según funcionarios consultados por AP bajo condición de anonimato, debido a que el procedimiento todavía no es definitivo, la mayoría de las personas con solicitudes de asilo pendientes simplemente perderían su condición como viajeros de negocios o turistas.

    Las visas B1 están destinadas principalmente a viajes de negocios, mientras que las B2 se utilizan para turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos.

    Los documentos obtenidos por AP sugieren que el Departamento de Estado comenzó a revisar a los actuales titulares de visas B1 y B2 después de recibir información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre solicitudes de asilo.

    Mayor presión sobre los solicitantes de visa

    Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha incrementado los requisitos para quienes solicitan visas, incluida la revisión de información relacionada con sus redes sociales, el establecimiento de fianzas elevadas y restricciones para ciudadanos de determinados países.

    El subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó el lunes en X a quienes, según afirmó, utilizan visas de turismo o negocios para ingresar al país y posteriormente pedir asilo.

    Landau sostuvo que existe un amplio rechazo a las solicitudes de asilo que considera fraudulentas y afirmó que el sistema de asilo no debería utilizarse para evadir las leyes migratorias. Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano colombiano que ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en 2015 y posteriormente solicitó asilo.

    Los solicitantes actuales de visas B1 y B2 deben declarar que no tienen intención de pedir asilo en Estados Unidos y demostrar que planean regresar a sus países de origen.

    Decenas de miles de visas ya han sido revocadas

    El Departamento de Estado ha cancelado aproximadamente 175,000 visas durante los últimos 18 meses. Entre los afectados figuran personas condenadas o acusadas de delitos, incluidos casos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol, violación y robo, además de individuos que han expresado públicamente oposición a determinadas políticas estadounidenses, especialmente en relación con Medio Oriente.

    La administración también ha intensificado sus medidas contra el denominado turismo de maternidad, mediante el cual mujeres extranjeras ingresan al país para dar a luz y buscan que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

    Trump ha intentado restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante acciones ejecutivas, pero los tribunales han bloqueado esas iniciativas, incluida la Corte Suprema.

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    Trump prepara una nueva tarifa de más de $100,000 dólares para las visas H-1B

    La Administración del presidente Donald Trump prepara una nueva tarifa de $103,265 dólares para las solicitudes de visas H-1B, pese a que un tribunal federal anuló en junio el cobro de $100,000 dólares impulsado previamente por el Gobierno.

    El nuevo cargo aparece en un borrador de reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al que tuvo acceso EFE y que contempla aplicar la tarifa a las solicitudes de trabajadores con visas H-1B que se renueven anualmente.

    La propuesta refleja la intención del Gobierno de mantener la presión económica sobre uno de los principales programas utilizados por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros especializados.

    El DHS abrió un periodo de 30 días para recibir comentarios públicos antes de decidir si convierte la propuesta en una regla definitiva.

    La agencia justificó la tarifa como una forma de recuperar parte de los costos que genera la administración del sistema migratorio.

    Una tarifa que ya fue anulada por un tribunal

    El plan enfrenta, sin embargo, un precedente judicial reciente. El pasado 8 de junio, un juez federal de Massachusetts anuló la tarifa de $100,000 dólares al considerar que la Administración Trump no contaba con autorización del Congreso para imponerla.

    El magistrado determinó además que el cobro constituía en realidad un impuesto, y no simplemente una tarifa administrativa.

    El Gobierno apeló la decisión, pero en julio el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender la orden que había dejado sin efecto la tarifa.

    Ahora, el borrador del DHS plantea nuevamente un cobro superior a los $100,000 dólares para los trabajadores que utilicen el programa.

    Las visas H-1B están limitadas por ley

    El programa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y tiene un límite legal de 85,000 visas al año.

    De ese total, 20,000 están reservadas para trabajadores que cuentan con títulos de alta cualificación.

    Las visas son especialmente utilizadas en sectores como tecnología e ingeniería, donde la cantidad de solicitudes suele superar el número de permisos disponibles.

    Con información de EFE.

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    Venezolanos denuncian más inestabilidad migratoria en EE.UU. tras el retorno de Trump

    Organizaciones del exilio venezolano presentaron este lunes al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, un informe que denuncia una situación migratoria “más inestable” desde 2025, cuando comenzó el segundo mandato del presidente, Donald Trump.

    El documento, de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), sostiene que las decisiones migratorias adoptadas desde 2025 dejaron a los venezolanos con menos protecciones, permisos de trabajo interrumpidos y más expuestos a la detención.

    El informe de las agrupaciones, ambas con sede en Miami, suma el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), del que dependían unos 607,000 venezolanos, la reducción de los permisos humanitarios (‘parole’) y el fin, desde octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.

    Esas medidas se refuerzan entre sí, sostiene el informe: sin permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, mientras el expediente sigue abierto.

    El texto recoge al menos tres casos documentados por medios estadounidenses en julio y agosto de venezolanos detenidos pese a tener permiso de trabajo, uno además con licencia de conducir y asilo pendiente.

    Las organizaciones no las llaman ilegales ni atribuyen una intención única a las medidas, piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable.

    La misma exigencia aplican a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, invocada contra presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, que Washington vincula con Venezuela, un nexo que el Gobierno venezolano ha negado.

    El reporte reconoce que esa banda es “una organización criminal real”, pero pide que la pertenencia de una persona se pruebe una por una, sin que la nacionalidad, “la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales” sustituyan a la prueba.

    El informe también examina el acuerdo por el que Liberia aceptó recibir hasta 1,200 ciudadanos de otros países en doce meses, un programa que, según ese país africano, contempla sobre todo a latinoamericanos, incluidos venezolanos.

    Las peticiones de ambas organizaciones se resumen en tres: cifras desglosadas de los venezolanos detenidos, porque hoy no existe un conteo federal público; que una demora administrativa no cueste el empleo a quien espera sus papeles, y transparencia sobre los acuerdos con los países que reciben a los expulsados.

    La terminación del TPS decretada en 2025 sigue impugnada ante la Corte Suprema. Alrededor de 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, más del 40 % de ellas en Florida, según el Pew Research Center.

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