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La organización de defensa de la inmigración FWD.us criticó a la administración del presidente Donald Trump por su propuesta de establecer una tarifa de 103,265 dólares para las solicitudes de visas H-1B sujetas al límite anual, al considerar que la medida perjudicará a las empresas estadounidenses y dificultará la contratación de talento extranjero altamente cualificado.

El presidente de FWD.us, Todd Schulte, calificó la propuesta como un “impuesto a la innovación” y acusó al Gobierno de continuar con una estrategia que debilita el sistema de inmigración legal y afecta a las compañías que dependen de trabajadores internacionales.

“Esta administración continúa con sus implacables, perjudiciales y desacertados esfuerzos por desmantelar el sistema de inmigración legal”, afirmó Schulte en una declaración difundida este lunes.

La reacción se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional avanzara en un borrador de reglamento que contempla una tasa de 103,265 dólares para las peticiones H-1B. La propuesta afectaría a las solicitudes de trabajadores contratados dentro de Estados Unidos y, según el documento, la tarifa se aplicaría a las peticiones que se presentan y renuevan bajo el programa.

FWD.us sostuvo que la medida podría reducir la capacidad de las empresas estadounidenses para competir por profesionales especializados a nivel internacional y advirtió que algunos empleos y compañías podrían terminar trasladándose fuera del país.

“Políticas como el impuesto a la innovación H-1B y el rumoreado impuesto a la Capacitación Práctica Opcional solo obstaculizarán nuestra capacidad para competir globalmente por el mejor talento y el liderazgo económico”, señaló Schulte.

La organización también cuestionó la legalidad de la propuesta y recordó que una tarifa anterior de 100,000 dólares impulsada por la Administración Trump fue anulada por un tribunal federal.

El 8 de junio de 2026, un juez federal de Massachusetts determinó que el gobierno no contaba con autorización del Congreso para imponer aquella tasa y concluyó que, por sus características, se trataba de un impuesto y no simplemente de un cobro administrativo.

Posteriormente, en julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender la decisión mientras avanzaba el recurso presentado por la Administración.

Para Schulte, el nuevo intento supone insistir en una política que ya enfrentó un revés judicial.

“Este impuesto propuesto viola claramente la ley al cobrar mucho más de lo permitido, que debería ser el costo de tramitar una solicitud H-1B”, sostuvo.

El presidente de FWD.us también acusó a la administración de buscar utilizar los ingresos de la tarifa para financiar a agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, en un momento en que el Gobierno mantiene una amplia campaña de deportaciones.

La organización pidió al Congreso intervenir para reformar el sistema migratorio y fortalecer los programas destinados a atraer trabajadores altamente cualificados.

El programa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar temporalmente a profesionales extranjeros para puestos especializados. La legislación establece un límite de 85,000 visas al año, de las cuales 20,000 están reservadas para trabajadores que cuentan con títulos de posgrado de instituciones estadounidenses.

Las visas H-1B son especialmente utilizadas en sectores como la tecnología y la ingeniería, donde la demanda suele superar el número de permisos disponibles.

Schulte insistió en que el Congreso debe modernizar el sistema para preservar la capacidad de Estados Unidos de atraer talento internacional y mantener su posición como una de las principales economías del mundo.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 1,328 inmigrantes entre el 1 y el 14 de agosto durante un operativo especial realizado en Virginia y Maryland, informó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La operación, denominada “Operation Safe Community – Washington, D.C.”, se desarrolló durante dos semanas y se concentró principalmente en los suburbios de Washington D.C. ubicados en ambos estados, aunque los agentes realizaron acciones específicas en todo Virginia y Maryland.

Según el comunicado del DHS, cerca de 400 de los 1,328 arrestados habían sido condenados o enfrentaban cargos por delitos en Estados Unidos.

Entre los antecedentes mencionados por la agencia figuran condenas por agresión sexual, secuestro, conducción bajo los efectos del alcohol, atropello y fuga, robo de identidad y robo, así como arrestos por asesinato, intento de asesinato y violación.

El DHS también informó que durante la operación fueron detenidos supuestos miembros de organizaciones criminales transnacionales como MS-13, 18th Street Gang y Tren de Aragua.

“Mientras los políticos santuario de Virginia y Maryland siguen poniendo las necesidades de los inmigrantes ilegales por encima de la seguridad del pueblo estadounidense, la Administración Trump siempre pondrá primero a los ciudadanos estadounidenses”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Mullin añadió: “Al arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades, volveremos a hacer que Estados Unidos sea seguro”.

Por su parte, Patricia Hyde, directora adjunta interina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, afirmó que los agentes realizaron acciones específicas para localizar a personas que, según la agencia, intentaban evitar ser encontradas.

“Una vez más, nuestros agentes están en las calles arrestando y expulsando a delincuentes inmigrantes de las comunidades estadounidenses, esta vez en el área de Washington D.C.”, declaró Hyde. “Nuestros agentes son los mejores del mundo para encontrar a personas que no quieren ser localizadas. Eso es exactamente lo que hicimos durante esta operación”.

Hyde agregó que “sacar a estos delincuentes inmigrantes de los vecindarios de Virginia y Maryland hace que las comunidades sean mucho más seguras”.

Algunos de los detenidos

Entre los casos destacados por el DHS figura el de Eygner Wilfredo Huezo-Moran, de El Salvador, quien tenía una orden de arresto por asesinato y uso de arma de fuego en la comisión de un homicidio en Richmond, Virginia.

ICE también informó sobre la detención de Actionel Pierre, de Haití, quien había sido arrestado por intento de asesinato, agresión, posesión de un arma peligrosa con intención de causar lesiones y conducta temeraria.

Entre ellos figuran presuntos miembros de MS-13 como German Mejia-Baires y Mauricio Antonio Barrera-Navidad, ambos de El Salvador. ICE indicó que permanecerán bajo custodia migratoria mientras avanzan sus respectivos procesos de deportación.

La operación en Virginia y Maryland se produjo después de “Operation Safe Community – Atlanta”, realizada en julio en Georgia, donde ICE informó del arresto de más de 1,200 inmigrantes.

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Luis Manuel Avilés, un nicaragüense de 48 años que vive en Estados Unidos desde hace 19 años, fue detenido por autoridades migratorias en Key West, Florida, mientras su hijo cumple un prolongado despliegue a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln.

Avilés salió de su vivienda el sábado para llevar su automóvil al mecánico cuando fue arrestado. Su esposa, Argelia Avilés, aseguró que su esposo cuenta con autorización para trabajar en Estados Unidos y se desempeña en labores de mantenimiento, reseñó la agencia Associated Press.

“Él se dedica exclusivamente al trabajo para poder llevar comida a la mesa de su casa. Es un buen padre. Ama a sus hijos con toda su alma”, afirmó Argelia, de 47 años.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a Avilés en Key West y que permanecerá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras el gobierno busca deportarlo.

“Tener un familiar en el ejército no es un pase libre para violar las leyes de nuestra nación”, señaló el departamento en un comunicado citado por la agencia de noticias, que añadió que la administración del presidente Donald Trump “no elige qué leyes hacer cumplir y cuáles no”.

La detención ocurre mientras el gobierno de Trump reduce algunas protecciones migratorias para familiares de integrantes de las Fuerzas Armadas. AP ha documentado decenas de casos de padres y cónyuges de militares en servicio activo que han sido detenidos.

De acuerdo con la agencia, al menos seis integrantes de familias de militares han sido deportados y uno más se ha autodeportado.

Su hijo lleva meses a bordo del portaaviones

El hijo de Avilés, Joshua Avilés, permanece desplegado a bordo del USS Abraham Lincoln, que ha pasado meses en el mar y actualmente se encuentra en Medio Oriente.

Joshua escribió el sábado en Facebook que llevaba más de 250 días trabajando turnos de 12 horas a bordo del portaaviones cuando recibió una llamada en la que le informaron sobre la detención de su padre.

“Esto me parte el corazón. No sé cómo voy a poder seguir trabajando jornadas de más de 12 horas sabiendo que mi padre está en algún lugar, posiblemente siendo tratado como un criminal”, escribió.

El despliegue del USS Abraham Lincoln ha generado preocupación por las condiciones de los militares, incluidos los largos periodos alejados de tierra firme, la disponibilidad de alimentos y la presión sobre el personal y el equipamiento del buque.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había rechazado anteriormente las informaciones sobre las condiciones a bordo del portaaviones y las calificó de “completamente tergiversadas”.

Se enlistó pensando en ayudar a su padre

Katherine Delgado, de 28 años y hermana de Joshua, dijo a AP que su hermano se incorporó al Ejército, en parte, porque creía que hacerlo podía mejorar las posibilidades de su padre de obtener la ciudadanía estadounidense.

Según Delgado, Joshua quería que su padre dejara de vivir “con el miedo a ser arrestado”.

La separación también ha sido difícil para la familia. Delgado describió a su hermano como su “mejor amigo” y “compañero incondicional”, y relató que durante el despliegue pasó semanas sin saber dónde se encontraba.

En una ocasión, después de enterarse de que Joshua no estaba recibiendo suficiente comida, dijo que gastó cientos de dólares para enviarle paquetes con alimentos y productos de higiene, aunque algunos nunca llegaron.

“Se supone que Joshua volverá pronto a casa”, dijo Delgado, al referirse al próximo retiro del USS Abraham Lincoln de la región. “Y volverá a casa sin su padre”.

La esposa de Avilés afirmó que el prolongado despliegue de su hijo también había afectado emocionalmente a su esposo. Luis Avilés esperaba que Joshua regresara después de varios meses y quería volver a verlo.

“Estaba emocionado”, relató Argelia. “Quería abrazar a su hijo, ya que no lo había visto en nueve meses”.

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La decisión sobre cancelar o renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que ampara a miles de salvadoreños en Estados Unidos, recae sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), indicó la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, que reconoció que ellos “tampoco” saben qué pasará.

Más de 170,000 inmigrantes salvadoreños se mantienen en suspenso en una carrera contrarreloj para evitar su deportación, cuando faltan pocos días para que se venza el TPS para El Salvador, un beneficio que ha estado en la mira del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su primer mandato.

“Entendemos que esta es una pregunta que está en la mente de todo salvadoreño aquí, en El Salvador, y en los Estados Unidos, pero la realidad es que esa decisión la toma el Departamento de Seguridad Nacional y ellos publicarán su decisión cuando la tomen en el Registro Federal de Estados Unidos”, expresó Fellows.

La encargada de Negocios —que fue preguntada por la prensa durante una actividad en el Parque Arqueológico Cihuatán, en el municipio de Aguilares, San Salvador— aseguró que en la Embajada estadounidense “tampoco sabemos” qué pasará, en el Departamento de Estado “tampoco, porque es una decisión del Departamento de Seguridad Nacional”.

“Entendemos la preocupación de todos sobre cómo aparecerá esto”, dijo, y resaltó que “la realidad es esta: hasta que no haya decisión, no sabemos”.

El TPS para los salvadoreños vence el próximo 9 de septiembre y su terminación dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación.

En el caso de El Salvador, un país con el que el presidente estadounidense, Donald Trump, actualmente mantiene buenas relaciones, se cree que el Ejecutivo solo dejará expirar la protección para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.

El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el entonces presidente George W. Bush después de que dos terremotos sacudieran ese año al país centroamericano.

El gobierno de Trump extendió en 2025 el TPS para los salvadoreños hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que les permite tener permisos de trabajo hasta esa fecha.

Con información de EFE

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Arístides Fernández, un cubano de 37 años deportado desde Estados Unidos a la República Centroafricana, asegura que permanece recluido en un edificio de Bangui sin documentos migratorios, sin libertad para salir y sin información clara sobre su futuro.

“Estamos secuestrados”, afirmó en una entrevista con Noticias Telemundo, al describir las condiciones en las que vive junto a otros cinco migrantes latinoamericanos.

Fernández relató que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando acudió a su segunda audiencia relacionada con su solicitud de asilo en una corte de Miami. Dijo que la jueza le comunicó que su caso sería trasladado a Orlando y le dio la posibilidad de apelar, pero al salir del tribunal fue interceptado por agentes migratorios.

El cubano dijo que permaneció cuatro días en un centro de detención en Miramar y posteriormente fue trasladado a Lancaster. En total, aseguró haber pasado siete meses bajo custodia en Estados Unidos antes de ser enviado a África.

Fernández sostiene que nunca recibió una explicación clara sobre los motivos de su detención ni una orden de deportación. También afirmó que no tenía antecedentes penales. “Me tomaron preso yo haciendo las cosas bien”, manifestó.

De una solicitud de asilo a una deportación a África

Fernández explicó que ingresó a Estados Unidos en 2021 después de entregarse voluntariamente a las autoridades en la frontera de Arizona. Tras permanecer seis días bajo custodia en Tucson, recibió un formulario I-220A, documento que le permitió continuar su proceso migratorio en libertad.

Menos de un año después, presentó una solicitud de asilo. El cubano aseguró que había abandonado la isla debido a la persecución política que habría sufrido su familia y a las restricciones que enfrentó para acceder a determinadas carreras universitarias.

Durante los años que permaneció en Estados Unidos, dijo que obtuvo una licencia comercial para conducir camiones y que comenzó a preparar una empresa de transporte. “Al verme que me troncharon todos los planes, todos los sueños, me he quedado como inconsciente”, relató.

Fernández aseguró además que tenía permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una licencia de conducir, pero que los agentes le indicaron que esos documentos no constituían un estatus migratorio.

El entrevistado también contó que presentó un habeas corpus durante su detención para exigir una explicación sobre el motivo por el que permanecía bajo custodia. Expresó que los funcionarios de ICE no pudieron justificar ante la jueza las razones de su detención.

Se enteró de que iba a África cuando ya estaba en el avión

Uno de los momentos que Fernández describió como más desconcertantes ocurrió durante el traslado fuera de Estados Unidos. El cubano afirmó que nunca fue informado previamente de que sería enviado a África. Relató que llevaba unas cinco horas dentro de un avión, esposado de pies y manos, cuando preguntó a uno de los agentes hacia dónde se dirigían.

“Me dijeron que era para África y se echó a reír”, contó.

Fernández dijo que inicialmente pensó que se trataba de una transferencia dentro de Estados Unidos, debido a que anteriormente había sido trasladado nueve veces entre centros de detención. Al llegar a la República Centroafricana, afirmó que no pasó por un proceso migratorio convencional.

Aseguró que no recibió visa, documentos de residencia ni otro papel que acreditara su ingreso o permanencia legal en el país. “Hasta el día de hoy sigo sin nada, es como un secuestro”, sostuvo.

Recluido en un edificio de Bangui

Actualmente, Fernández asegura encontrarse en Bangui, la capital de la República Centroafricana, junto con otros cinco latinoamericanos: cuatro cubanos, un hondureño y un ecuatoriano.

Explicó a Telemundo que permanecen en un edificio de cuatro pisos que, de acuerdo con lo que les han informado, pertenecería al presidente del país. Dijo que nadie les ha presentado documentación que explique bajo qué autoridad están allí ni cuáles son sus derechos.

El grupo recibe tres comidas al día, pero, según Fernández, no puede abandonar el inmueble.

“Nos dicen que si salimos de la puerta para afuera nos pueden meter presos”, relató.

El cubano afirmó que llevan allí desde comienzos de abril y que tampoco tienen documentos con los que puedan identificarse ante las autoridades locales. La situación, dijo, le genera miedo y ansiedad porque no sabe cuál será su destino.

Indicó que los migrantes han preguntado qué alternativas tienen, especialmente porque Cuba no acepta su retorno y algunos de ellos tampoco desean regresar a sus países de origen. El entrevistado afirmó que representantes de Naciones Unidas les proporcionan alimentos, pero que les han explicado que el acuerdo para trasladarlos a la República Centroafricana corresponde a los gobiernos de Estados Unidos y ese país.

“Nos están torturando psicológicamente”, afirmó.

También dijo que los seis latinoamericanos comparten un único teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Durante un período llegaron a pasar varios días sin poder hablar con ellos.

Fernández reconoció que actualmente no cuenta con un abogado que lleve su caso y explicó que inicialmente no consideró necesario contratar uno porque entendía que no había cometido ningún delito.

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NUEVA YORK – Organizaciones proinmigrantes en Puerto Rico catalogaron de “persecución” el arresto por parte de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de un dominicano mientras este esperaba en su auto por un amigo que compraba materiales eléctricos en un negocio de San Juan.

Juan Francisco Areche Minaya, sin récord criminal y con más de 28 años residiendo en la isla, fue detenido el 11 de agosto y permanece bajo custodia, luego de que el juez Elvin Talavera Peraza le denegara este viernes la fianza bajo el argumento de que representaba riesgo de fuga.

En una conferencia ayer, Charito García Miranda, abogada de inmigración, reveló que los oficiales federales intervinieron con Areche Minaya, luego de verificar la registración de su vehículo a través del banco de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Meramente porque este individuo, cuyo carro estaba estático frente a un negocio en la avenida central a las 9:00 a.m., por meramente ese vehículo aparecer en los registros del DTOP, registrado a nombre de él; es ese el simple y llano motivo que causa la detención de un ser humano y la privación de su libertad. Y eso, señores, es persecución. Yo no sé cómo se llame en otro lugar, pero eso es una persecución a una población que descansó en la representación del gobierno de Puerto Rico de que esa información (licencis de conducir) era privilegiada, que no se iba a compartir. Tenían confianza en nuestro Gobierno”, afirmó la también directora de la Clínica de Inmigración de la UPR (Universidad de Puerto Rico).

La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), entidad que convocó la conferencia, mantiene un pleito en los tribunales contra la Administración de la gobernadora Jenniffer González y, en específico, el DTOP por haberle suministrado a ICE y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) información confidencial de licencias de conducir de unos 6,000 migrantes para facilitar las intervenciones migratorias ordenadas por la Administración Trump.

En el intercambio con los medios, los activistas argumentaron que el procesamiento del dominicano, padre de dos ciudadanos estadounidenses e hijo de una ciudadana, ha trastocado el bienestar, no solo del detenido, sino de su familia.

“Cuando una persona lleva 28 años aquí, no tiene récord criminal, tiene a sus hijos y a su madre en Puerto Rico y aun así se le cataloga como riesgo de fuga, tenemos que cuestionar seriamente cómo se están adjudicando estos casos y si las personas inmigrantes están recibiendo procesos verdaderamente imparciales”, planteó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLUPR.

Darjeerling Areche, la hija mayor del migrante, reiteró que su padre, de 49 años, se dedicaba a trabajar honradamente.

“Mi papá es un hombre de familia y para los agentes federales su crimen fue estar trabajando honradamente para llevarle el pan a su familia. Esta detención ha causado un impacto negativo en mis estudios, en la vida de mi hermanito. Mi padre es un hombre honrado. Su crimen fue ser un hombre noble y salir a trabajar, salir a trabajar para darnos lo mejor, para darnos techo, alimento, que no nos falte nada, que tanto a mí como mi hermanito y yo podamos cumplir nuestros sueños de estudiar y tener ese derecho. Mi padre es un hombre que es hijo y siempre está presente en la vida de sus familiares y amistades. Todo aquel que lo llega a conocer sabe cuán noble, sociable, educado y honesto es”, indicó la joven en la conferencia.

Las entidades sostuvieron que la decisión de no otorgar fianza por supuesto riesgo de fuga no fue sustentado por la evidencia presentada en sala y que representa un abuso en la discreción del juez.

Los representantes denunciaron que el caso muestra el supuesto patrón de decisiones “abusivas” en los procesos migratorios en los tribunales que ponen en entredicho la imparcialidad de algunos de estos funcionarios.

En un comunicado, la ACLU compartió que el caso adquiere mayor relevancia a la luz de la decisión del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito en “Guerrero Orellana v. Moniz”, ya que es el primero que se ve en la isla tras la determinación del 13 de agosto.

Las abogadas explicaron que, con base en ese fallo, la jueza federal Gina R. Méndez-Miró concluyó que Areche Minaya había demostrado una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo y que tenía derecho a una vista de fianza.

Los jueces migratorios forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia de EE.UU., pero aparte al tribunal federal en la isla.

La opinión y orden de Méndez Miró señaló que Areche Minaya ingresó a Puerto Rico sin inspección alrededor de 1998. La madre del hombre, Juana Minaya, ha presentado en dos ocasiones una Petición de Familiar Extranjero (formulario I-130) con el fin de que este pudiera solicitar la residencia permanente.

El primer formulario se sometió el 25 de agosto de 1992 y fue aprobado por el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) el 15 de octubre de ese año. La segunda solicitud se presentó el 13 de noviembre de 2015 y fue aprobada el 23 de febrero de 2016 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).

“Entretanto, el Sr. Areche ha residido en Puerto Rico sin antecedentes penales registrados y mantiene a su madre —quien padece enfermedades documentadas— y a sus hijos pequeños”, lee el documento legal.

El dominicano fue detenido en Puerto Rico durante un operativo de control migratorio.

“Según la petición de habeas corpus, siete individuos enmascarados se acercaron al Sr. Areche en San Juan, Puerto Rico, a las 10:00 a. m., mientras este aguardaba a su amigo, el Sr. Sánchez, para recoger material eléctrico en Roger Electric destinado a un trabajo. El Sr. Areche fue ‘detenido abruptamente, sin previo aviso ni sirenas’ y puesto bajo custodia de las autoridades migratorias. El Sr. Areche permaneció detenido en el Centro de Inmigración de la Administración de Servicios Generales (GSA) en Guaynabo, lugar desde el cual presentó su petición de ‘habeas corpus’”, detalla el escrito.

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WASHINGTON – Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno del presidente, Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al aplicar la medida.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es “manifiestamente ilegal” y cuestionó la justificación de la Administración de que los solicitantes de las naciones señaladas presentaban un alto riesgo de convertirse en una “carga económica” para Estados Unidos.

La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.

Los países afectados por esta directiva incluían varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.

La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.

El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.

“Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración”, afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.

Según Cuevas Ingram, el tribunal “dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación“.

La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un “contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país”.

“La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello”, insistió.

De momento, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca se han pronunciado sobre la decisión.

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El primer vuelo de deportación hacia Haití desde que la Corte Suprema ratificara la facultad del presidente Donald Trump para privar a $350,000 haitianos —y a otras personas— de un tipo clave de estatus legal en EE.UU., aterrizó el jueves en la convulsionada nación.

El vuelo de deportación llevaba a más de 160 ciudadanos haitianos y aterrizó en Cap-Haïtien, la segunda ciudad más grande de Haití, a bordo de un avión chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se escogió el mencionado punto de llegada porque el principal aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital del país, es considerado peligroso. El gobierno de Estados Unidos mantiene una prohibición de vuelos comerciales a la capital hasta inicios de septiembre debido a la violencia de guerrillas.

Los nacionales deportados vestían de blanco y muchos se cubrían el rostro por razones de seguridad mientras la prensa filmaba su llegada. Gran parte de ellos rechazaron hablar con los periodistas, y algunos dijeron que temían ser objetivo de las bandas que controlan alrededor del 70% de Puerto Príncipe y amplias zonas aledañas.

El Departamento de Estado (DOS) emitió una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses en el nivel de alerta más alto. En su sitio web se apunta lo siguiente: “No viaje a Haití bajo ninguna circunstancia. Los ciudadanos estadounidenses corren riesgos debido a la delincuencia, el terrorismo, los secuestros, los disturbios y la limitada atención médica”.

El mencionado vuelo de deportación fue el primero desde que la administración republicana puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos que viven y trabajan en EE.UU. con esa protección, y se produce luego de que funcionarios del país alertaran a las autoridades haitianas que esperaran un incremento en las deportaciones.

Se cree que el ICE ha hecho ocho vuelos desde EE.UU. a Haití en lo que va de año, incluido un vuelo del 16 de julio con deportados con antecedentes penales, informó The Guardian.

El director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, Jean Négot Bonheur Delva, dijo que en el vuelo también viajaban personas originarias de Chile y República Dominicana, pero fueron enviadas allí por tener un progenitor haitiano.

De acuerdo con lo que se ha informado, a los deportados de Estados Unidos se les dio $76.40 dólares para regresar a casa, una cantidad tan minúscula comparándola con el precio de un billete desde Cap-Haïtien a Puerto Príncipe, la capital de la nación caribeña, pero “suficiente” para atravesar algunas carreteras controladas por bandas criminales.

El fin del TPS para los haitianos se produjo a inicios de agosto, cuando la jueza de distrito de Washington D.C., Ana Reyes, levantó la suspensión de las deportaciones, después de una decisión del Supremo que respaldó los esfuerzos del gobierno de Trump para terminar con el programa.

El TPS, promulgado por el Congreso en 1990, protege en teoría a las personas que ya están en Estados Unidos cuando un desastre natural, una epidemia, un conflicto armado u otra circunstancia extraordinaria y temporal afecta a su país de origen. La administración republicana ha estado limitando protecciones para un país tras otro, y el fallo del Tribunal Supremo da pocas posibilidades de obtener una reparación.

El presidente y director ejecutivo de Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a inmigrantes, aseguró que era una “contradicción asombrosa” que un gobierno que desaconseja a los estadounidenses viajar a Haití “obligue a cientos de miles de haitianos a vivir en circunstancias tan desesperadas, lo cual constituye una abdicación inconcebible de nuestra responsabilidad moral”.

Asimismo, los críticos dicen que se pasan por alto las contribuciones que los ciudadanos haitianos amparados por el TPS hacen a EE.UU. “Trabajamos duro, pagamos nuestros impuestos, contribuimos a nuestras comunidades y somos una parte fundamental del motor que mantiene en marcha la fuerza laboral estadounidense en muchos sectores esenciales”, redactó Josiane Valsaint, una haitiana con TPS. “Merecemos quedarnos aquí, con nuestras familias y seres queridos”.

Pero en medio de la represión del gobierno de Donald Trump contra la inmigración, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, declaró a inicios de mes: “Estas personas pueden deportarse voluntariamente o las arrestaremos y las enviaremos de regreso. Es así de simple”.

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Estados Unidos está utilizando Guatemala y Honduras como puntos de tránsito para mexicanos deportados, una práctica que representa un cambio frente a los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que 2,284 mexicanos deportados desde Estados Unidos han llegado a su país durante 2026. Según explicó, los migrantes permanecen allí únicamente durante el tiempo necesario para coordinar su traslado a México.

Arévalo señaló que los mexicanos llegan en vuelos que también transportan a ciudadanos guatemaltecos deportados y que posteriormente son trasladados por vía terrestre hacia territorio mexicano.

“Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito”, explicó el mandatario durante una conferencia de prensa el 19 de agosto.

De acuerdo con su explicación, las autoridades guatemaltecas coordinan con México para que estas personas ingresen a territorio mexicano en menos de 24 horas.

México cuestiona los vuelos de deportación

El Gobierno mexicano expresó su rechazo a que sus ciudadanos sean enviados primero a terceros países antes de regresar a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que las autoridades mexicanas han transmitido a Estados Unidos su desacuerdo con esta práctica y recordó que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a ingresar a su propio país.

El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que desde abril Estados Unidos ha enviado mexicanos deportados tanto a Guatemala como a Honduras. Según la dependencia, después de llegar a Centroamérica son trasladados en autobús hacia el sur de México.

El INM explicó que el objetivo de estas operaciones es evitar que los deportados regresen a Estados Unidos y vuelvan a intentar cruzar la frontera.

La dependencia no proporcionó una cifra oficial sobre el número total de mexicanos trasladados a terceros países.

Guatemala recibió a más de 2,200 mexicanos

La cifra más precisa disponible corresponde a Guatemala.

Arévalo informó que 2,284 mexicanos llegaron al país durante 2026 bajo un mecanismo que describió como una “escala de tránsito”.

El presidente guatemalteco aclaró que estas personas no están bajo ninguna figura de refugio o asilo en Guatemala.

Los costos de las operaciones son cubiertos por el Gobierno de México o, en determinados casos, mediante financiamiento estadounidense, de acuerdo con Arévalo.

El mecanismo permite que los vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos aterricen en Guatemala y que posteriormente los mexicanos sean enviados hacia México.

Honduras también recibe vuelos con mexicanos

Honduras se ha convertido en otro punto utilizado para este tipo de traslados.

Documentos oficiales consultados por The Associated Press indican que 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a San Pedro Sula el 13 y el 15 de agosto.

Además, estaba previsto que otros 35 mexicanos llegaran a esa ciudad el 20 de agosto.

Los registros muestran que otros 165 mexicanos fueron enviados a Honduras entre mayo y mediados de julio, según datos recopilados por Third Country Deportation Watch, un proyecto administrado por las organizaciones Human Rights First y Refugees International.

Las organizaciones advierten que este tipo de deportaciones a terceros países pueden representar riesgos debido a los diferentes perfiles y circunstancias de las personas trasladadas.

¿Por qué Estados Unidos envía mexicanos a Centroamérica?

El Gobierno de Donald Trump no ofreció detalles específicos sobre el mecanismo utilizado con los mexicanos.

Consultado sobre estos vuelos y las razones detrás de ellos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) defendió la política migratoria de la administración.

La dependencia señaló que el Gobierno estadounidense está utilizando todas las vías legales disponibles para llevar adelante la que Trump ha prometido que será “la mayor operación de deportación de la historia”.

México, por su parte, considera que la medida genera una situación innecesaria para sus ciudadanos, ya que posteriormente deben ser trasladados desde Guatemala u Honduras hasta territorio mexicano.

Un cambio en la política de deportaciones

El uso de terceros países para trasladar a mexicanos representa un cambio respecto a la dinámica que predominaba al comienzo del segundo mandato de Trump.

México ha aceptado históricamente recibir a sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos y también ha recibido a personas de otras nacionalidades expulsadas por Washington.

Durante 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México había recibido alrededor de 12,000 deportados extranjeros, principalmente ciudadanos de Cuba y Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno mexicano no ha actualizado públicamente esas cifras desde diciembre del año pasado.

La nueva modalidad de enviar primero a ciudadanos mexicanos a Centroamérica introduce otro elemento en la relación migratoria entre Washington y Ciudad de México.

Organizaciones ven presión sobre México

Grupos defensores de los derechos de los migrantes consideran que el mecanismo podría tener también una dimensión política.

Savitri Arvey, de Human Rights First, señaló que la práctica parece estar relacionada con el objetivo de impedir que los mexicanos deportados intenten regresar nuevamente a Estados Unidos.

“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, afirmó.

Las organizaciones también cuestionan los posibles riesgos que enfrentan los migrantes cuando son enviados a países distintos al suyo, particularmente cuando sus circunstancias personales requieren atención especial.

La política migratoria de Trump amplía su alcance regional

Los traslados de mexicanos ocurren mientras la administración Trump ha buscado ampliar la cooperación migratoria y de seguridad con gobiernos latinoamericanos.

Washington ha recurrido cada vez más a acuerdos con países de la región para facilitar deportaciones, recepción temporal de migrantes y operaciones de seguridad.

En este contexto, Guatemala y Honduras se han convertido en piezas importantes de la estrategia estadounidense para gestionar los vuelos de expulsión.

Para México, sin embargo, el envío de sus ciudadanos a terceros países antes de su regreso representa una práctica que el Gobierno considera problemática y que ya ha sido objeto de protestas diplomáticas.

La situación deja abierta una nueva disputa en la relación migratoria entre Estados Unidos y México, mientras la administración Trump intensifica su política de deportaciones y busca impedir que quienes son expulsados puedan regresar nuevamente a territorio estadounidense.

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