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  • ICE detiene a salvadoreño tras naufragio  donde murieron una madre y su bebé de cinco meses

    ICE detiene a salvadoreño tras naufragio donde murieron una madre y su bebé de cinco meses

    Manuel Ernesto Hernández Umaña, un salvadoreño de 46 años acusado de operar la embarcación que naufragó cerca de la Estatua de la Libertad el pasado 8 de agosto, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    El accidente dejó dos víctimas mortales: Sara Sánchez, de 27 años, y su hija Antonella García, de apenas cinco meses. Ambas viajaban en la embarcación durante un paseo nocturno por el puerto de Nueva York.

    La detención migratoria ocurrió el 19 de agosto, después de una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos que, según el DHS, confirmó que Hernández se encontraba sin estatus migratorio regular en el país.

    Hernández enfrenta cargos por el naufragio

    El caso también avanza por la vía penal. Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York acusaron a Hernández de dos cargos relacionados con mala conducta y negligencia como operador de una embarcación que provocaron la muerte de una persona.

    Cada uno de esos cargos contempla una pena máxima de 10 años de prisión.

    A nivel estatal, la Policía de Nueva York (NYPD) presentó inicialmente 13 cargos por imprudencia temeraria.

    Hernández compareció por primera vez ante un tribunal federal el 10 de agosto. En esa audiencia no se declaró culpable ni inocente y fue puesto en libertad bajo una fianza personal de $50,000 dólares, con la condición de que no operara ninguna embarcación.

    Su situación cambió después de la investigación migratoria y actualmente permanece bajo custodia de ICE.

    El DHS indicó que Hernández será deportado una vez que concluya el proceso penal en su contra.

    Una embarcación con más pasajeros de los permitidos

    De acuerdo con la denuncia federal, Hernández estaba al mando de una Yamaha AR210 que llevaba a 14 personas, aunque la embarcación tenía una capacidad máxima de 10.

    Además, los fiscales sostienen que no contaba con la licencia necesaria para transportar pasajeros que habían pagado por el paseo.

    Uno de los puntos centrales de la investigación es la falta de un chaleco salvavidas adecuado para Antonella, la bebé de cinco meses que murió tras el accidente.

    Según los documentos judiciales, Hernández habría advertido a los padres antes de zarpar que la embarcación no tenía un chaleco para bebés. En lugar de ello, les habría indicado que uno de los adultos utilizara un chaleco para mayores y sostuviera a la niña durante el recorrido.

    La denuncia también señala que Hernández reconoció ante los investigadores que no tenía una Credencial de Marino Mercante ni un Certificado de Inspección de la Guardia Costera.

    El acusado habría dicho además que desconocía la capacidad máxima de la embarcación porque el bote prestado no tenía una placa visible con esa información.

    El paseo costó $1,800 dólares

    La excursión había sido contratada para celebrar un cumpleaños y tuvo un costo de aproximadamente $1,800 dólares.

    Según la acusación federal, el recorrido nocturno duró más de tres horas y terminó cuando la embarcación volcó cerca de Liberty Island.

    Los fiscales sostienen que Hernández realizó un giro en U y dejó la proa frente a la estela de una embarcación de mayor tamaño. Después habría acelerado para intentar atravesar la ola.

    El agua entró por la parte delantera del bote y la embarcación terminó volcando.

    Las 14 personas que estaban a bordo cayeron al agua. Doce fueron rescatadas con heridas que no pusieron en riesgo sus vidas.

    Sara Sánchez y su hija Antonella fueron trasladadas a un hospital en estado crítico. Ambas fallecieron.

    El padre de la bebé, Andrés García, sobrevivió al accidente. Su hijo de seis años no se encontraba en la embarcación esa noche.

    El acusado ya había realizado otros paseos

    La denuncia federal también recoge declaraciones atribuidas a Hernández después de su detención.

    Según los investigadores, el hombre habría reconocido que anteriormente realizó al menos otros dos viajes remunerados para la misma compañía utilizando su propia embarcación.

    Por esos recorridos, habría recibido alrededor de $1,000 dólares por viaje.

    También habría admitido que no contaba con las certificaciones requeridas para transportar pasajeros de pago.

    Hernández vivía en Manville, Nueva Jersey, y trabajaba como chofer de limusina para Zeus Luxury Rental Inc., empresa relacionada con la organización del paseo.

    ¿Qué dijo sobre su llegada a Estados Unidos?

    El DHS señaló que Hernández declaró haber ingresado a Estados Unidos por Texas en 2007.

    De acuerdo con la agencia, habría afirmado ante un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que era ciudadano estadounidense.

    El gobierno federal considera que esa declaración formó parte de su ingreso al país y posteriormente determinó que Hernández se encontraba sin estatus migratorio regular.

    Su situación migratoria se convirtió en un elemento adicional del caso después de que la investigación de la Guardia Costera confirmara su presencia en Estados Unidos.

    Las reglas para transportar pasajeros

    La tragedia también puso atención sobre las normas que regulan los paseos comerciales en el puerto de Nueva York.

    Las reglas federales establecen requisitos específicos para los operadores que transportan pasajeros a cambio de dinero. Entre ellos se encuentran las credenciales correspondientes de la Guardia Costera y experiencia documentada al mando de embarcaciones.

    Existe además una licencia conocida como “six-pack”, que permite transportar hasta seis pasajeros de pago bajo determinadas condiciones y no implica los mismos requisitos de inspección que tienen otras operaciones comerciales.

    Algunas compañías también utilizan acuerdos conocidos como “bareboat”, mediante los cuales el pasajero alquila la embarcación y, en determinados casos, esta deja de ser considerada una operación comercial convencional.

    El naufragio volvió a poner en discusión la supervisión de este tipo de actividades en el puerto de Nueva York.

    Josh Packer, subdirector del Servicio de Investigación de la Guardia Costera, calificó las operaciones de chárter fuera de las normas como un riesgo para la seguridad de los pasajeros y afirmó que, en este caso, la conducta denunciada terminó en una tragedia.

    ICE mantiene a Hernández bajo custodia

    Mientras continúa el proceso penal, Hernández permanece bajo custodia migratoria de ICE.

    El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que las autoridades migratorias buscarán su expulsión de Estados Unidos una vez que termine su proceso ante la justicia.

    Por ahora, el caso continúa tanto en el ámbito penal como migratorio, mientras las autoridades investigan las circunstancias que llevaron al naufragio de la Yamaha AR210 y a la muerte de Sara Sánchez y su hija de cinco meses.

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  • Juez declara en desacato a exjefe de ICE por ordenar el arresto de un etíope

    Un juez federal de Luisiana declaró este miércoles en desacato a Vernon Liggins, antiguo director interino de la oficina de ICE en Baltimore, por ordenar el 28 de julio la detención de Ibrahim Mohammed, un ciudadano etíope de 44 años cuya liberación el tribunal había ordenado en dos ocasiones.

    El juez John W. deGravelles, responsable del caso en el Distrito Medio de Luisiana, volvió a intervenir el mismo día del arresto. Durante una audiencia urgente, los abogados del Gobierno reconocieron que la nueva detención había violado las órdenes judiciales y el magistrado exigió su liberación inmediata.

    La decisión contra Liggins pone un nuevo foco sobre un expediente migratorio marcado por sucesivos arrestos y por la imposibilidad de ejecutar la deportación de Mohammed a su país de origen.

    Aunque un juez de inmigración ordenó su expulsión en 2023, también determinó que Estados Unidos no puede enviarlo a Etiopía porque podría ser torturado debido a su origen amhara y su participación en protestas políticas.

    ICE no logró encontrar otro país para deportarlo

    Mohammed había llegado legalmente a Estados Unidos en 2014, obtuvo asilo y consiguió la residencia permanente en 2016.

    Un año después, fue condenado en Maryland a 21 años de prisión por abuso sexual de un menor. Debía cumplir 10 años, pero salió tras seis por buena conducta.

    Después de la orden de deportación, ICE intentó encontrar un tercer país al que enviarlo, pero no lo consiguió. La agencia terminó liberándolo bajo supervisión en noviembre de 2024, tras mantenerlo 23 meses en detención migratoria.

    Según las resoluciones del juez, la propia agencia había concluido entonces que Mohammed no era una persona violenta ni representaba un peligro para la sociedad.

    El caso acumuló varias detenciones

    ICE revocó esa libertad supervisada en julio de 2025 y trasladó a Mohammed a Camp 57, un módulo migratorio situado dentro de la penitenciaría estatal de Luisiana, la única prisión de máxima seguridad del estado.

    DeGravelles ordenó su liberación el pasado febrero. Posteriormente, Mohammed volvió a ser arrestado y trasladado a una prisión en Maryland por incumplir su libertad vigilada.

    También estuvo a punto de ser deportado a Esuatini, pero un juez bloqueó la expulsión al cuestionar la falta de transparencia de ICE sobre su caso.

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  • ICE intenta deportar a un hombre que espió para agencias estadounidenses tras los ataques del 9/11

    ICE intenta deportar a un hombre que espió para agencias estadounidenses tras los ataques del 9/11

    Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Blerim Skoro, ciudadano nacido en Kosovo de 55 años que colaboró como espía en operaciones antiterroristas para agencias de inteligencia estadounidenses, con el fin de ejecutar su deportación.

    Según infación suministrada por CBS News, el arresto de Skoro ocurrió a principios de este mes en Nueva Jersey mientras renovaba su documentación de permanencia. Ante la medida, su equipo legal presentó una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal para frenar la expulsión del país.

    Según la defensa, Skoro recibió garantías de residencia legal a cambio de sus servicios de inteligencia tras el 11 de septiembre de 2001. “Jamás pensé que me traicionarían así”, declaró Skoro en una entrevista telefónica al medio anteriormente citado desde el Centro de Detención de Elizabeth. “Por favor, si muero, que sea en este país para que mis hijos puedan enterrarme”.

    “Lo traicionaron. Ya cumplió su condena. Casi pierde la vida y a nadie le importa un carajo. Merece un indulto”, afirmó Susan Skoro, esposa del detenido.

    Antecedentes e historial de cooperación

    Archivos del FBI obtenidos por CBS News confirman que la relación de Skoro con las autoridades comenzó en el año 2000 tras una condena por narcotráfico. Entre 2002 y 2009, recopiló datos sobre miembros de organizaciones como Al Qaeda, Al Shabaab y Hezbolá, participando en la captura de sospechosos vinculados a actividades terroristas.

    En 2022, un juez federal detuvo temporalmente su deportación bajo la Convención contra la Tortura, al considerar el riesgo para su integridad física si regresaba a Kosovo.

    ¿Qué argumentó de la defensa?

    El abogado de Skoro, Joshua Dratel, sostuvo que su cliente mantuvo una “vida productiva y completamente respetuosa de la ley junto a su familia, tras una experiencia traumática que vivió para los Estados Unidos con gran valentía y habilidad”.

    Por su parte, Bhairavi Desai, ejecutiva del sindicato de taxistas al que pertenece el detenido, rechazó el procedimiento. “Me parece realmente cruel haberlo utilizado de esta manera y ahora desecharlo”, señaló a CBS News.

    Entretanto, el juez de distrito Robert Kirsch solicitó una respuesta formal al gobierno estadounidense.

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    – Demanda busca frenar regla de Trump que permite enviar casos de asilo a corte sin entrevista
    – Un juez federal abre la vía para revocar el TPS a miles de etíopes en EE.UU.

  • Demanda busca frenar regla de Trump que permite enviar casos de asilo a corte sin entrevista

    Demanda busca frenar regla de Trump que permite enviar casos de asilo a corte sin entrevista

    Proveedores de servicios legales y organizaciones defensoras de los inmigrantes presentaron este miércoles una demanda federal para proteger el debido proceso de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, al impugnar una nueva norma que, según alegan, limita estas garantías fundamentales.

    La demanda busca bloquear una regla provisional que permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enviar directamente a la corte de inmigración a solicitantes de asilo sin realizar primero una entrevista para evaluar sus casos. La norma entró en vigor el 28 de julio de 2026 y se aplica tanto a solicitudes nuevas como a las que ya estaban pendientes.

    La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el National Immigrant Justice Center (NIJC), el Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) y Human Rights First, en representación de Immigration Equality, Oasis Legal Services, HIAS y Florence Immigrant & Refugee Rights Project.

    Las organizaciones sostienen que la medida permite que los funcionarios de asilo remitan casos a procesos de deportación basándose únicamente en la solicitud escrita, sin hablar con la persona sobre la persecución o los peligros que la llevaron a solicitar protección.

    Durante décadas, el proceso de asilo afirmativo permitió a los solicitantes explicar sus casos durante una entrevista no adversarial con un funcionario especializado de USCIS. Después de esa evaluación, el funcionario podía aprobar la solicitud o remitirla a una corte de inmigración, donde el solicitante debía defenderse de un proceso de deportación.

    La nueva regla elimina esa entrevista como paso obligatorio y, de acuerdo con las organizaciones demandantes, podría afectar hasta 31% de los más de 1.4 millones de casos que forman parte del sistema de asilo afirmativo, según estimaciones del Gobierno.

    Anwen Hughes, directora sénior de estrategia legal de programas para refugiados de Human Rights First, señaló que la entrevista permite que personas como niños, sobrevivientes de tortura y personas que hablan idiomas poco comunes expliquen directamente sus experiencias a funcionarios con capacitación especializada.

    Más deportaciones

    Los grupos advierten que la medida podría incrementar el número de personas enviadas a procesos de deportación y agravar el retraso existente en las cortes de inmigración.

    También señalan que algunos solicitantes podrían terminar detenidos y deportados a países donde temen sufrir persecución o tortura sin haber tenido la oportunidad de presentar sus pruebas ante un funcionario encargado de evaluar inicialmente sus solicitudes.

    “Este reglamento elimina el derecho a una entrevista, que es una parte fundamental del proceso de solicitud de asilo para millones de personas”, afirmó Mary Georgevich, abogada principal de litigios del NIJC.

    A su juicio, las remisiones basadas en información incompleta aumentan el riesgo de que refugiados elegibles sean deportados.

    Melissa Crow, directora de litigios del CGRS, sostuvo que la administración Trump busca acelerar las deportaciones “a expensas del debido proceso”.

    Las organizaciones también destacaron el impacto que la norma podría tener en grupos específicos. Aaron C. Morris, director ejecutivo de Immigration Equality, afirmó que la entrevista constituye una protección esencial para las personas LGBTQ que huyen de persecución.

    La demanda solicita que el tribunal declare inválida la regla por razones de procedimiento y ordene su anulación completa.

  • Solo 4 de 20 denuncias de México por muertes relacionadas con ICE han recibido respuesta de EE.UU.

    Solo 4 de 20 denuncias de México por muertes relacionadas con ICE han recibido respuesta de EE.UU.

    México ha recibido respuesta de las autoridades estadounidenses a solo cuatro de las 20 denuncias que presentó para esclarecer la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras continúa a la espera de una reacción en los casos restantes, informó este miércoles el canciller Roberto Velasco.

    De las respuestas recibidas, las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas) comunicaron que comenzarán a valorar posibles acciones en los casos correspondientes, mientras que una fiscalía de Florida descartó realizar una investigación adicional.

    En este último caso, Velasco explicó que el fiscal comunicó que coincidía con la investigación del ICE, que concluyó que la persona se quitó la vida, “por lo que no harán una investigación adicional”.

    México presentó un total de 20 denuncias por los 17 fallecimientos, ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y los operativos de detención en Estados Unidos.

    “Es obviamente un tema muy doloroso para el Gobierno de México, obviamente para las familias de estas personas que han perdido la vida y que naturalmente es una prioridad de la cancillería atender”, afirmó Velasco durante la conferencia diaria presidencial.

    El canciller adelantó que la Embajada mexicana y la red consular buscarán directamente a las fiscalías que todavía no han dado respuesta a las denuncias.

    “En los demás casos (…) naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, señaló.

    Además de las denuncias locales, la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana solicitó en julio al Departamento de Justicia estadounidense que abriera una investigación por los fallecimientos.

    El Gobierno mexicano también ha planteado sus preocupaciones directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE, mientras Velasco aseguró que él mismo ha conversado sobre el asunto en varias ocasiones con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

    El canciller recalcó que México impulsa estas acciones “no con miras a generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos”, sino como parte de su obligación de proteger a sus ciudadanos.

    La presión mexicana también ha llegado a Naciones Unidas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respondió a una petición enviada por México en julio, expresó preocupación por la situación y trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos, según Velasco.

    Además, llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.

    México prevé continuar también los acercamientos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Es una prioridad la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes de México”, concluyó Velasco.

  • Un juez federal abre la vía para revocar el TPS a miles de etíopes en EE.UU.

    Un juez federal abre la vía para revocar el TPS a miles de etíopes en EE.UU.

    Un juez federal de Estados Unidos permitió el martes revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos etíopes al desestimar una petición de la organización African Communities Together para paralizar la terminación de este programa.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del TPS para Etiopía en diciembre del año pasado, una medida que tenía previsto entrar en vigor el 13 de febrero de 2026.

    Sin embargo, en enero, el juez Brian Murphy, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, suspendió la decisión del DHS tras la impugnación de African Communities Together, lo que hasta ahora ha evitado que esta medida se aplique.

    La organización alega que Etiopía sigue sumida en la crisis humanitaria que llevó a miles de sus ciudadanos a emigrar, debido a un conflicto armado que estalló a finales del 2020 y que se ha extendido a distintas regiones del país.

    Murphy levantó la suspensión que él mismo emitió en enero, despejando así el camino para que miles de etíopes puedan ser deportados, y rechazó los argumentos de sus representantes legales, que alegan que el DHS actuó ilegalmente para poner fin a las protecciones, según CNN.

    La defensa asegura que el fin del TPS va en contra de los derechos al debido proceso establecidos en la Constitución de EE.UU. y que la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar este programa, pues este papel recaía en realidad en el fiscal general.

    El TPS, que tiene una duración de 18 meses, es un beneficio migratorio que EE.UU. concede a las personas de países que atraviesan situaciones extremas como guerras o las consecuencias de desastres naturales, y permite a sus beneficiarios vivir, viajar y trabajar en el país sin riesgo de ser deportados.

    En octubre de 2022, la Administración del expresidente Joe Biden extendió el TPS a los ciudadanos de Etiopía en respuesta al conflicto armado que atravesaba el país.

    El pasado junio la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde para que la Administración del presidente Donald Trump pusiera fin al TPS para los haitianos, y tras esa decisión también se han visto afectados otros bajo ese programa, como los de Siria, Somalia, Sudán del Sur o Birmania.

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  • ¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos? Nuevo reporte revela detalles (podcast)

    ¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos? Nuevo reporte revela detalles (podcast)

    No existe un censo formal sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero diversas organizaciones realizan análisis sobre datos oficiales que permiten dimensionar cuántas personas sin papeles viven en el país.

    El reciente reporte del Migration Policy Institute estima que la cifra llegó a 15.8 millones, aunque otros reportes señalan menos personas.

    Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

    Los aproximadamente 15.8 millones de inmigrantes indocumentados están estimados hasta 2024, es decir, no hay cifras sobre 2025 y 2026, pero es lo más actualizado en cuanto a datos y confirma que la cifra de 11 millones calculada desde 2010 quedó superada.

    “Este aumento se debe principalmente a la cifra récord de llegadas de migrantes indocumentados a la frontera entre Estados Unidos y México y al amplio uso por parte de la administración [del presidente Joe] Biden de programas de libertad condicional humanitaria para reducir el caos en la frontera”, indica el reporte.

    Destaca que los inmigrantes que llegaron bajo esos programas de ‘parole’ sean considerados indocumentados, ya que debieron enfrentar revisiones de seguridad similares a las de cualquier inmigrante que solicita una visa, aunque quedan confirmados como personas “sin papeles” una vez que el gobierno del presidente Donald Trump cancela algunos programas de protección.

    “Como resultado de estas concesiones de libertad condicional [o ‘parole’] y otras medidas de la administración Biden, el MPI estima que, a mediados de 2024, hasta el 40% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contaban con un estatus migratorio provisional (o “liminal”) que les proporcionaba protección temporal contra la deportación, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la libertad condicional humanitaria o una solicitud de asilo pendiente”, agrega el reporte.

    Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y uno de los autores del reporte, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles del aumento sobre indocumentados en EE.UU. en los últimos años.

    >> ¿A quién se considera un inmigrante indocumentado?
    >> ¿Cómo se obtiene el estimado del número de indocumentados en EE.UU.?
    >> ¿De dónde son los inmigrantes que más han aumentado la población indocumentada en EE.UU.?

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  • 20 de las más de 1,000 personas deportadas por EE.UU. a terceros países llegan mañana a Liberia, África

    20 de las más de 1,000 personas deportadas por EE.UU. a terceros países llegan mañana a Liberia, África

    NAIROBI – Liberia ha aceptado recibir a 1,200 personas de terceros países deportadas desde Estados Unidos, incluyendo africanos y occidentales, informó el Gobierno liberiano, en un nuevo acuerdo en el marco del endurecimiento de las políticas antiinmigración de la Administración del presidente Donald Trump.

    “Liberia tiene previsto acoger a hasta 1,200 personas que serán trasladadas desde EE.UU. en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia”, indicó el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.

    El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será “digno, seguro y oportuno” y que los deportados incluyen “ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar”.

    Primeras llegadas este jueves

    Está previsto que un primer grupo de 20 personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos “con plena hospitalidad liberiana” y “serán libres de abandonar el país cuando lo deseen”, si bien también “se les dará la oportunidad de pedir asilo” en territorio liberiano.

    “El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana”, indicó el comunicado.

    “Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto”, añadió, al definir esta decisión como un gesto “enteramente humanitario”.

    Así, las autoridades afirmaron que este acuerdo “no constituye una transacción basada en un ‘quid pro quo’”, ya que “Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio”, si bien el país sí que “recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración”.

    El Ejecutivo no detalló las nacionalidades del primer grupo de deportados.

    Se suma a una larga lista de países

    Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

    Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

    Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.

    Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

    La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración. 

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  • Honduras descarta repatriaciones masivas y un impacto inmediato en remesas tras fin del TPS

    Honduras descarta repatriaciones masivas y un impacto inmediato en remesas tras fin del TPS

    El Gobierno de Honduras confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55,000 hondureños en EE.UU. y descartó de momento un retorno masivo inmediato o un golpe severo a las remesas, mientras gestiona ante Washington una “transición ordenada”.

    La canciller hondureña, Mireya Agüero, señaló que la terminación del TPS para el país centroamericano “es una realidad con efectos concretos”, luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS) confirmara en septiembre de 2025 la cancelación del beneficio, decisión que fue posteriormente objeto de recursos y acciones judiciales.

    Sin embargo, Agüero indicó que fallos de la Corte Suprema estadounidense emitidos en junio de 2026, relacionados con Haití y Siria, limitaron las posibilidades de revisión judicial de este tipo de decisiones, mientras que este martes se conoció también una resolución vinculada con Etiopía.

    “Para quienes dependían exclusivamente de esta figura para su permanencia y autorización de empleo, (es) una pérdida de protección, lo que aumenta su exposición a procesos migratorios de deportación y reduce la probabilidad de mantenerse en el mercado laboral formal estadounidense”, subrayó la canciller en un video divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

    Pese al escenario, Agüero afirmó que la cancelación del TPS no significa que todos los beneficiarios deban regresar inmediatamente al país, ya que el caso de cada migrante dependerá de su arraigo, tiempo de residencia, situación familiar, la posibilidad de regularización por vías alternativas y la existencia de procesos judiciales pendientes.

    También descartó un impacto inmediato sobre las remesas, una de las principales fuentes de divisas de Honduras, al considerar que la pérdida del TPS no supone, en el corto plazo, el retorno de los migrantes al país.

    “La pérdida del TPS no implica por sí misma un retorno inmediato”, enfatizó la canciller, quien resaltó el “endurecimiento reciente de la política migratoria estadounidense”.

    Honduras pide una transición ordenada

    Honduras asumió el desafío “con seriedad, sin generar alarma”, sostuvo Agüero, quien destacó las gestiones diplomáticas de alto nivel emprendidas ante la Administración estadounidense para reducir el impacto social y laboral de la medida.

    En ese marco, detalló que el presidente hondureño, Nasry “Tito” Asfura, envió el pasado 30 de junio una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitó un “periodo adicional, razonable y claramente delimitado, de transición ordenada”.

    La petición incluye también la continuidad temporal de los permisos de empleo y la posibilidad de ampliar la concesión de visas laborales para los hondureños afectados por el fin del TPS, una medida otorgada a Honduras en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

    En Honduras, Agüero destacó el despliegue de una estrategia interinstitucional articulada mediante el Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante (Conaprohm) para garantizar una reintegración digna y protegida a quienes decidan regresar al país.

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  • 20 de las más de 1,000 personas de terceros países deportadas por EE.UU. llegan mañana a Liberia, África

    20 de las más de 1,000 personas de terceros países deportadas por EE.UU. llegan mañana a Liberia, África

    NAIROBI – Liberia ha aceptado recibir a 1,200 personas de terceros países deportadas desde Estados Unidos, incluyendo africanos y occidentales, informó el Gobierno liberiano, en un nuevo acuerdo en el marco del endurecimiento de las políticas antiinmigración de la Administración del presidente Donald Trump.

    “Liberia tiene previsto acoger a hasta 1,200 personas que serán trasladadas desde EE.UU. en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia”, indicó el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.

    El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será “digno, seguro y oportuno” y que los deportados incluyen “ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar”.

    Primeras llegadas este jueves

    Está previsto que un primer grupo de 20 personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos “con plena hospitalidad liberiana” y “serán libres de abandonar el país cuando lo deseen”, si bien también “se les dará la oportunidad de pedir asilo” en territorio liberiano.

    “El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana”, indicó el comunicado.

    “Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto”, añadió, al definir esta decisión como un gesto “enteramente humanitario”.

    Así, las autoridades afirmaron que este acuerdo “no constituye una transacción basada en un ‘quid pro quo’”, ya que “Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio”, si bien el país sí que “recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración”.

    El Ejecutivo no detalló las nacionalidades del primer grupo de deportados.

    Se suma a una larga lista de países

    Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

    Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).

    Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.

    Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

    La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración. 

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