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  • “Mi país es este”: futbolista venezolana relata su detención por ICE y las condiciones que enfrentó en Florida

    “Mi país es este”: futbolista venezolana relata su detención por ICE y las condiciones que enfrentó en Florida

    Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, recuperó su libertad bajo fianza después de permanecer más de dos semanas detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida. En entrevista con CNN, contó cómo fue detenida en un aeropuerto, las dificultades para contactar a sus abogados y las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

    Contó que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal para venezolanos. ICE señaló que el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a ese beneficio para los venezolanos el 20 de noviembre de 2025.

    La futbolista relató a CNN que su detención ocurrió cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Explicó que había completado con normalidad el proceso de la Administración de Seguridad en el Transporte y esperaba viajar sola para reunirse con amigos y asistir a un partido del Mundial.

    Apenas seis minutos antes de abordar, dos agentes se acercaron a ella. Rodríguez dijo que nunca imaginó que la presencia de los funcionarios estuviera relacionada con su situación migratoria.

    Los agentes le solicitaron una identificación. Ella presentó su licencia de conducir de Florida, pero no se la devolvieron. “Me dijeron que estaba detenida por ICE, así que iban a hacer unas preguntas y que más tarde hubiera regresado a casa”, recordó.

    “Mi país es este”

    La venezolana explicó que inicialmente no recibió información clara sobre las razones de su detención. Pasó la primera noche bajo custodia y escuchó a otras personas detenidas hablar sobre el tiempo que llevaban en las instalaciones, algo que incrementó su angustia.

    Cuando finalmente le plantearon si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela, Rodríguez aseguró que no dudó en su respuesta. “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó.

    La futbolista dijo que la reacción de los funcionarios fue distante y que, según su percepción, no mostraban ninguna emoción. Su familia comenzó entonces a reunir documentos y buscar representación legal y, como fue detenida un viernes por la noche, sus abogados no pudieron comenzar inmediatamente a trabajar en el caso.

    Ocho días en Miramar

    Claudia Carolina Rodríguez Caglianone permaneció ocho días en el centro de detención de Miramar antes de ser trasladada a otra instalación en Pompano. De acuerdo con su testimonio, ese traslado fue determinante para que pudiera avanzar con su defensa, ya que en Miramar sus abogados no tenían acceso directo a ella.

    Explicó que durante su permanencia en Miramar las comunicaciones con sus abogados estaban limitadas y que las llamadas podían durar apenas unos minutos. En Pompano, en cambio, pudo realizar videollamadas y comunicarse con mayor frecuencia tanto con sus abogados como con su familia.

    La venezolana indicó que actualmente tiene una solicitud de asilo pendiente y espera recibir próximamente una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración y continuar con su proceso.

    Su caso también recibió el respaldo de la congresista demócrata ,Debbie Wasserman Schultz a quien agradeció por haberse involucrado y por apoyar a su familia durante el proceso.

    “No somos animales”

    Uno de los aspectos que Rodríguez mencionó que más la impactó fueron las condiciones que encontró en Miramar y aseguró que durante los ocho días que permaneció allí prácticamente no tuvo acceso a una ducha.

    “En ocho días, no. Me pude bañar casi un día antes de irme”, relató.

    La futbolista afirmó que las duchas que pudo utilizar eran rápidas y que las condiciones generales de higiene eran deficientes. También señaló que las mujeres recibían artículos básicos como toallas sanitarias y papel higiénico, pero consideró que el entorno general de las instalaciones hacía difícil mantener condiciones adecuadas.

    Otro de los problemas que describió fue la falta de camas y cobijas suficientes, y relató que algunas mujeres tenían que acomodarse en el piso para intentar dormir, mientras el espacio permanecía muy frío.

    Rodríguez expresó que ella prácticamente no dormía durante la noche y que aprovechaba algunos momentos durante el día para descansar una o dos horas.

    La futbolista describió el impacto psicológico de la detención como uno de los aspectos más difíciles de enfrentar y aseguró que sintió que las detenidas eran sometidas a una presión destinada a hacerlas sentir como criminales.

    Cuestionó el trato recibido por mujeres de avanzada edad que, según observó, tenían problemas de salud. “Ahí es cuando yo dije: ‘Aquí hay una falta de humanidad bastante fuerte’”, afirmó.

    Rodríguez también manifestó que le sorprendió experimentar esas condiciones en Estados Unidos, país al que muchas de las personas detenidas llegaron buscando mejores oportunidades y un lugar donde desarrollar sus vidas.

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  • Futbolista venezolano lleva seis meses detenido por ICE y teme ser deportado: “Ha sido devastador”

    Futbolista venezolano lleva seis meses detenido por ICE y teme ser deportado: “Ha sido devastador”

    Homero Calderón, un futbolista profesional venezolano de 32 años, lleva seis meses detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Folkston, Georgia, mientras espera el avance de su proceso migratorio. Su próxima audiencia ante una corte de inmigración está prevista para el 18 de agosto, una fecha que podría ser determinante para su futuro en Estados Unidos.

    Calderón ha dedicado alrededor de 15 años al fútbol y ha desarrollado su carrera profesional en tres continentes, además de participar en torneos internacionales. Contó a Noticias Telemundo durante una breve videollamada desde el centro de detención que nunca antes había atravesado una situación similar.

    “Nunca había estado en esta situación. Para mi familia ha sido devastador”, dijo el futbolista.

    La comunicación fue interrumpida desde el interior del centro de detención poco después de que comenzara la conversación.

    De acuerdo con el reportaje de Noticias Telemundo, Calderón jugaba para un equipo en Italia cuando viajó a Florida en 2025 con una visa de turista para reunirse con su esposa, Daniela Molina. Poco después, la pareja tuvo una hija que nació con complicaciones médicas.

    La situación familiar llevó al futbolista a poner en pausa temporalmente su carrera deportiva para permanecer en Estados Unidos y ayudar a su esposa y a su hija. La familia afirma que Calderón mantenía vigente su documentación y había iniciado trámites relacionados con una visa de talento extraordinario y un cambio de estatus migratorio.

    Molina explicó que padece epilepsia y que ha sufrido múltiples convulsiones. Durante el embarazo y después del nacimiento de su hija, aseguró que fue considerada una paciente de alto riesgo, por lo que recibió indicaciones médicas que le impedían viajar.

    “Soy una persona epiléptica. Yo he convulsionado más de siete veces y al momento de irme con un bebé, hice mi consulta médica y me consideraron como una persona de alto riesgo y me prohibieron viajar”, relató la mujer a Noticias Telemundo.

    Una detención tras una infracción de tráfico

    La situación cambió el 27 de febrero, cuando Calderón fue detenido en Ocala, Florida, por una infracción de tráfico y posteriormente quedó bajo custodia de ICE.

    Su familia sostiene que el futbolista nunca ha tenido antecedentes criminales y que su permanencia en Estados Unidos estaba vinculada a trámites migratorios que se realizaron por las vías legales correspondientes.

    “Como él no tiene nada que lo lleve a la deportación. Hicimos todo de manera legal”, afirmó Molina, quien asegura llevar 17 años junto al futbolista y describió el sufrimiento que ha experimentado durante estos meses.

    “Jamás lo había escuchado llorar tanto”, contó.

    Su hijo también pregunta constantemente por su padre. Para evitar explicarle que está detenido, Molina contó que le dice que Homero se encuentra participando en un torneo de fútbol y que regresará con una medalla.

    “Estos seis meses han sido horribles. Horribles, horribles”, expresó.

    El caso de Calderón se produce en un contexto en el que decenas de miles de personas permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Noticias Telemundo reportó que más de 65,000 personas se encuentran detenidas en centros de ICE en todo el país, algunas mientras esperan que concluyan sus procesos migratorios y otras a la espera de una eventual deportación.

    Para la familia del futbolista, la incertidumbre aumenta a medida que se acerca su próxima audiencia. Molina ha iniciado una campaña para pedir la liberación de su esposo y teme que termine siendo deportado a Venezuela, lo que complicaría todavía más la situación de su familia y dejaría a su hija y a ella sin el apoyo de Calderón.

    “A mí me da pánico. Pánico”, afirmó.

    Otros futbolistas detenidos por ICE

    Al caso del futbolista venezolano Homero Calderón se suman los de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone y el mediocampista argentino Matías Pourrain, otros dos deportistas que han quedado bajo custodia de ICE en circunstancias vinculadas con viajes dentro de Estados Unidos.

    Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana y solicitante de asilo, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo. Tras permanecer más de dos semanas bajo custodia, recuperó su libertad bajo fianza y contó a CNN las condiciones que enfrentó en el centro de detención de Miramar.

    “Mi país es este, yo he vivido aquí, mi familia está toda aquí, yo voy a pelear mi caso”, afirmó cuando, según su relato, le preguntaron si quería luchar por su caso migratorio o regresar a Venezuela.

    El argentino Matías Pourrain, de 34 años, también fue detenido por agentes migratorios en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. El mediocampista se dirigía a Los Ángeles para disputar con el Club de Lyon FC las semifinales de un torneo cuando fue puesto bajo custodia y posteriormente trasladado, según reportes de El Clarín, al centro de detención de Krome, en el área de Miami.

    De acuerdo con su hermano, Juan Pourrain, el futbolista lleva siete años viviendo en Estados Unidos y tiene una solicitud de asilo en trámite, autorización de trabajo vigente e identificación del estado de Florida.

    Su club salió en su defensa y recalcó que Pourrain no intentaba abandonar ni ingresar al país, sino que realizaba un viaje doméstico entre dos ciudades estadounidenses.

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  • ¿Qué significa que Corte deseche demanda contra Ley de Enemigos Extranjeros utilizada por Trump?

    El Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito desestimó una demanda contra la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por el gobierno del presidente Donald Trump, para la deportación de ciertos inmigrantes.

    Sin embargo, en su determinación, los jueces del tribunal eludieron pronunciarse sobre el uso de la ley para asuntos migratorios, como lo hizo la administración Trump sobre la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanas.

    El argumento central de la decisión es que la administración Trump ya ha deportado a los tres demandantes mediante otras vías legales, además de mencionar una decisión de la Corte Suprema.

    “La Corte Suprema declaró expresamente que el gobierno podía expulsar a los peticionarios y al grupo de demandantes en virtud de otras leyes. Y los peticionarios no señalan irregularidades en su expulsión”, escribió la jueza Jennifer Walker Elrod.

    La decisión del panel de 17 jueces en la corte con sede en Nuevo Orleans deja, sin embargo, pendiente la pregunta legal central, aunque significa un fracaso para la administración Trump en su intento de utilizar la ley para deportaciones.

    La demanda del caso W.M.M. versus Trump fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Texas, que impugnaban el uso por parte del presidente de esta ley, vigente desde hace siglos y retomada por la administración Trump.

    “La Corte Suprema previamente impidió que la administración Trump utilizara la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos detenidos en el norte de Texas y ordenó al Quinto Circuito que acelerara la apelación, manteniendo la suspensión de la ejecución”, indicó ACLU.

    Sin embargo, el gobierno de Trump mantuvo la batalla legal pidiendo una audiencia al pleno integral de la Corte de Apelaciones, luego de que un panel de tres jueces rechazara, en septiembre de 2025, la afirmación de que la invocación de la norma era vigente porque se había producido una ‘invasión o una incursión depredadora’ en referencia a los inmigrantes.

    “La orden judicial de la Corte Suprema que prohíbe el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos se mantiene vigente, lo cual es fundamental, ya que aún existen personas en riesgo de ser deportadas injustamente bajo esta ley sin el debido proceso“, indicó Lee Gelernt, abogado de ACLU. “La decisión del Quinto Circuito tampoco cambia el hecho de que los tribunales han sostenido de manera abrumadora que el uso de esta autoridad propia de tiempos de guerra en tiempos de paz es ilegal”.

    La violación al debido proceso

    El debate central sobre la Ley de Enemigos Extranjeros es utilizarla como una forma de evadir el debido proceso, como lo advirtió el Brennan Center for Justice al criticar su implementación.

    “El presidente está invocando la Ley de Enemigos Extranjeros para tratar de deshacerse del debido proceso”, indicó el Brennan.

    Agrega que aplicar la norma contra los presuntos pandilleros del Tren de Aragua era una forma de saltarse la obligación de presentar pruebas contra una persona.

    “Quiere evadir cualquier necesidad de tener que presentar pruebas o convencer a un tribunal de que alguien es realmente miembro de una pandilla o banda delictiva antes de deportarlo”, señaló la organización. “La única razón de invocar esta autoridad es para tratar de posibilitar detenciones y deportaciones masivas contra personas venezolanas basándose en sus orígenes, no en cualquier actividad delictiva que podría demostrarse en un proceso judicial de carácter migratorio”.

    ACLU recordó que todavía tiene varias demandas pendientes en otros tribunales sobre esta misma ley.

  • Decenas de agentes de ICE tienen historial de delitos sexuales y violencia (podcast)

    Decenas de agentes de ICE tienen historial de delitos sexuales y violencia (podcast)

    Una lista de 59 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza revela historial de delitos sexuales y violentos, lo que podría poner en peligro a inmigrantes que enfrentan operaciones lideradas por tales oficiales.

    La cifra de agentes identificados con tal historial podría incluso ser mayor, según investigaciones de la Alianza de Inmigrantes de Ohio.

    Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

    La información fue revelada en el reporte “Caminan entre nosotros: lista de 59 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que abusaron sexual y esencialmente”.

    Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza adelantó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ que la cifra de agentes podría superar los 100 oficiales con historiales que deberían impedirles trabajar en esa oficina federal de aplicación de la ley.

    “El inquietante historial de violencia doméstica de David Brouillette no es inusual para un agente de ICE”, declaró Tramonte, sobre el caso del agente que disparó a Johan Sebastián, padre de familia de Biddeford, Maine. “Pero no tenemos forma de conocer la magnitud total del problema, porque la agencia ni siquiera revisa los registros de los tribunales de familia. Lo que sí sabemos es que los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza tienen un historial alarmante de abuso sexual y violento contra mujeres y niños, incluyendo a miembros de sus propias familias”.

    Tramonte indicó que el Congreso debería aumentar el dejar de dar carta blanca a estas agencias y empezar a imponer orden y exigir responsabilidades.”

    El informe advierte que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha flexibilizado los estándares de investigación, contratación y capacitación de agentes, además de “haber eliminado la rendición de cuentas y ha ampliado los tipos de tácticas peligrosas que los agentes están autorizados a usar para hacer cumplir las leyes civiles de inmigración”, lo que pone en peligro a las personas que detiene o se manifiestan por operativos.

    >> ¿Cuál es el historial violento que preocupa de agentes migratorios?
    >> ¿Por qué el DHS no impide la contratación de agentes violentos?
    >> ¿Cuáles son los principales problemas que se detectan en la contratación de agentes migratorios?

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  • Cambio en permisos de viaje activaría castigo de 10 años para inmigrantes y complicaría obtener una Green Card

    Cambio en permisos de viaje activaría castigo de 10 años para inmigrantes y complicaría obtener una Green Card

    La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) revocó su fallo de 2012 que protegía a los inmigrantes que llegaron sin papeles a Estados Unidos siendo niños y a otros inmigrantes, evitando así las restricciones por presencia irregular al viajar al extranjero con un permiso de viaje anticipado o ‘advance parole’.

    Ahora el documento temporal, que se emite mientras se tramita una Green Card, podría activar el castigo de 10 años de ingreso a Estados Unidos, el cual se aplica a indocumentados que llevan más de un año viviendo en el país sin documentos.

    La decisión podría tener implicaciones significativas para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otros inmigrantes que han dependido del permiso de viaje anticipado como parte de su proceso para obtener la Residencia Permanente Legal.

    “Revocamos la decisión en Matter of Arrabally y Yerrabelly, 25 I&N Dec. en 779, que establecía que un extranjero que abandona temporalmente los Estados Unidos en virtud de un permiso de reingreso anticipado no constituye, por ello, una ‘salida… de los Estados Unidos’”, señala la decisión. “Aclaramos que un extranjero puede volverse inadmisible [de reingreso a EE.UU.] debido a un viaje al extranjero realizado en virtud de un permiso de reingreso anticipado”.

    Este cambio de interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es sustancial, ya que a pesar del permiso de viaje especial, el inmigrante sería castigado por “salir” del país.

    La decisión de la BIA, que depende del Departamento de Justicia fue por el caso Matter of Delcarmen-Lara, 29 I&N Dec. 830 (BIA 2026), que revoca la determinación de 2012, que desde tal año estableció que un inmigrante indocumentado que viajaba al extranjero con un permiso de reingreso anticipado a EE.UU. podía volver sin que su salida activara el castigo de tres y 10 años de la INA.

    Ahora la La Junta concluye que el término legal “salida” incluye un viaje fuera de los Estados Unidos realizado con permiso de reingreso anticipado, así que las personas podrían ser impedidas de volver al país.

    En su decisión, la BIA también recuerda que el reingreso a EE.UU. en forma irregular implica un castigo adicional para los inmigrantes.

    “Cualquier persona que haya visto denegada su admisión, haya sido expulsada o haya salido de los Estados Unidos mientras exista una orden de exclusión, deportación o expulsión vigente, y que posteriormente ingrese, intente ingresar o sea encontrada en cualquier momento en los Estados Unidos, será multada o encarcelada por un período no mayor a dos años, o ambas penas”, se especifica.

    La decisión de la BIA se suma a una regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que advirtió que estudiantes, trabajadores extranjeros o turistas que quieran ajustar su estatus deberán hacerlo a través del consulado correspondiente en sus países de origen.

    “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la Green Card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, indicó en mayo Zach Khaler, portavoz de USCIS. “Esta política permite que nuestro sistema migratorio funcione conforme a lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”.

    ¿Qué caso determinó el cambio?

    Milagro del Carmen Lara, una inmigrante originaria de El Salvador buscaba obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero el 7 de diciembre de 2006, un juez de inmigración la declaró deportable, determinando que no podía tener protección migratoria y ordenó su deportación.

    Lara apeló ante la BIA y se le otorgó una decisión provisional en 2013 y obtener DACA. Luego presentó una moción para reabrir su procedimiento y obtener un permiso especial de viaje, luego de que su esposo hiciera petición de Green Card por matrimonio.

    “La Junta denegó la moción el 6 de agosto de 2015 por extemporánea y porque la demandada no cumplía los requisitos para la exención debido a su orden final de deportación”, indica la decisión de este jueves. “El 27 de mayo de 2025, la demandada presentó una segunda moción para reabrir el procedimiento para solicitar el ajuste de estatus [y] para respaldar la moción, la demandada proporcionó
    documentación que demuestra que salió temporalmente de los Estados Unidos y obtuvo libertad condicional para regresar al país el 1 de enero de 2024, conforme a una concesión de libertad condicional anticipada”.

    El argumento central es que la inmigrante tiene una orden de deportación, por lo que la BIA rechazó su petición y aclaró la regla sobre castigo de personas que salgan de EE.UU. incluso con permiso anticipado.

    Es importante que ante la nueva decisión de la BIA, los inmigrantes busquen asesoría de un abogado certificado, para evaluar sus casos.

  • Trump acumula 15 meses sin liberaciones en la frontera, según cifras del DHS

    Trump acumula 15 meses sin liberaciones en la frontera, según cifras del DHS

    La Administración Trump anunció este jueves que Estados Unidos acumula 15 meses consecutivos sin liberar a personas detenidas en la frontera, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

    El Gobierno atribuyó el dato a la reducción sostenida de los cruces y detenciones en la frontera, aunque las cifras corresponden a los registros oficiales de CBP. La agencia informó que las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste sumaron 9,295 en julio, un 6% menos que en junio.

    Según el comunicado, las detenciones de julio en esa zona fueron 94% inferiores al promedio mensual registrado durante la Administración Biden y 96% menores al máximo alcanzado durante ese periodo, en diciembre de 2023.

    El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los resultados muestran el impacto de las políticas de control fronterizo impulsadas por el presidente Donald Trump. “DHS sigue centrado en hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, asegurar la frontera y garantizar que quienes ingresen ilegalmente al país sean expulsados rápidamente”, señaló.

    El comisionado de CBP, Rodney S. Scott, sostuvo que las cifras son resultado de una combinación de políticas, aplicación de las normas y trabajo del personal desplegado en la frontera. “Estos resultados muestran lo que es posible cuando la seguridad fronteriza se trata como una prioridad nacional”, afirmó.

    Detenciones fronterizas permanecen en niveles bajos

    CBP indicó que las 11,298 detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en todo el país durante julio representaron una disminución de 1% frente a junio.

    En lo que va del año fiscal, las detenciones acumuladas en la frontera suroeste también se mantienen en niveles históricamente bajos. El DHS aseguró que el total registrado hasta julio es inferior al promedio de un solo mes de los años fiscales comprendidos entre 1992 y 2024.

    La agencia también señaló que las detenciones diarias se encuentran 94% por debajo de los niveles registrados durante la Administración Biden.

    CBP reporta aumento en decomisos de drogas

    El comunicado también incluye las cifras de CBP sobre la lucha contra el tráfico de drogas. En julio, la agencia reportó un aumento de 26% en el peso combinado de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana incautado, en comparación con julio de 2024.

    En lo que va del año fiscal hasta julio, CBP indicó que ha decomisado 54% más drogas que durante el mismo periodo del año fiscal 2024.

    Los decomisos de fentanilo aumentaron 3% respecto a junio, con 1,054 libras incautadas en julio, mientras que las incautaciones de heroína crecieron 20%, hasta 79 libras.

    Comercio, trabajo forzoso y productos falsificados

    CBP también informó que procesó $342,000 millones de dólares en importaciones durante julio y determinó 23.000 millones de dólares en aranceles para su recaudación.

    En materia de protección de consumidores y cadenas de suministro, la agencia detuvo 300 envíos valorados en más de $83 millones de dólares debido a posibles violaciones relacionadas con trabajo forzoso.

    Además, CBP informó del decomiso de 2,9 millones de productos falsificados, cuyo valor estimado supera los 2,000 millones de dólares.

    Inspecciones agrícolas

    Los especialistas agrícolas de CBP emitieron en julio 6,554 notificaciones de medidas de emergencia relacionadas con productos vegetales y animales restringidos o prohibidos.

    La agencia también realizó 114,147 inspecciones positivas de pasajeros y emitió 704 sanciones civiles o infracciones a viajeros por no declarar artículos agrícolas prohibidos.

    El DHS indicó que los datos completos correspondientes a julio están disponibles en el informe estadístico mensual de CBP.

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  • Aumentan llamadas por emergencias médicas desde centro migratorio en Georgia

    Aumentan llamadas por emergencias médicas desde centro migratorio en Georgia

    Las llamadas a los servicios de emergencia desde el Centro de Detención de Stewart, Georgia, una de las mayores instalaciones para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, se han disparado este año, muchas de ellas por graves problemas médicos, lo que ha generado alarma entre los defensores de los derechos civiles.

    “Es una situación alarmante”, dijo a EFE Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, organización que brinda apoyo a familiares de migrantes detenidos en Stewart, ubicado en la pequeña localidad rural de Lumpkin, donde este año se han registrado dos muertes de migrantes: una de un cubano por un supuesto suicidio y otra, de un mexicano que estuvo detenido allí, por leucemia.

    “Muchas de estas llamadas son serias, sobre personas que están perdiendo la consciencia, que están convulsionando o que han sufrido paros cardíacos o respiratorios“, precisó Valencia.

    Cifras del aumento de llamadas de emergencia

    De acuerdo con el activista, durante los primeros seis meses del año, las autoridades de ese centro, localizado a unos 230 kilómetros al sur de Atlanta, realizaron más de 300 llamadas al 911, un 300% más con respecto al total de 2022 y más del 60 por ciento con respecto a 2025, cuando Donald Trump asumió la Presidencia por segunda vez.

    Estos datos respaldan las denuncias que desde hace años están haciendo organizaciones de derechos civiles sobre las condiciones de los inmigrantes en Stewart, donde la situación ha empeorado en el último año tras la ofensiva migratoria emprendida por la Administración de Trump.

    También se han reportado detenidos que intentaron quitarse la vida o mujeres embarazadas que están teniendo algún tipo de emergencias, como sangrado o que están en el proceso de parto, explicó Valencia.

    Informó que su grupo trabaja en un reporte con los datos oficiales para sacar a luz la situación en ese centro, que tiene una capacidad para alrededor de 2,000 personas.

    “Todo esto es preocupante porque hay una población en detención, como las mujeres embarazadas, que está lidiando con situaciones serias y que, en primer lugar, nunca deberían haber sido detenidas por las condiciones que ya sabemos que existen, por la falta de atención médica”, lamentó el activista.

    De acuerdo con organizaciones migratorias, la pequeña localidad de Georgia, que tiene una población de 800 personas, no tiene la capacidad y los recursos para atender la cantidad de llamadas que se reciben de la cárcel y está sobrecargando el limitado sistema de servicios médicos de emergencia.

    El Refugio y otras organizaciones han denunciado desde hace varios años el “historial de abusos y muertes” de Stewart, una situación que ha empeorado por el número de personas detenidas, muchas de ellas vulnerables o frágiles de salud, y porque, según activistas, el personal de CoreCivic, que opera la prisión, se ha visto abrumado.

    “La negligencia médica mata a muchas personas aquí en el Centro de Detención de Stewart”, aseguró a EFE la profesora universitaria Stephanie M. Madison, coordinadora de El Refugio.

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  • ICE prepara la compra de guantes que pueden dar descargas eléctricas

    ICE prepara la compra de guantes que pueden dar descargas eléctricas

    El Gobierno de Estados Unidos prepara un contrato de hasta $20 millones de dólares para equipar a agentes de inmigración con guantes capaces de emitir descargas eléctricas, una iniciativa que ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los migrantes.

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que pretende adquirir los guantes CTG-5 y que la compra podría completarse a finales de marzo de 2027. El equipo estaría destinado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

    Los guantes incorporan electrodos conductores en la palma. Al entrar en contacto directo con la piel y ser activados, generan pulsos eléctricos diseñados para provocar dolor. El dispositivo no funciona cuando existe ropa entre los electrodos y la piel.

    El DHS presenta los CTG-5 como una herramienta de “desescalada”, mientras que organizaciones civiles cuestionan que una tecnología de este tipo sea incorporada al arsenal utilizado durante las operaciones migratorias.

    Organizaciones civiles cuestionan el uso de la fuerza

    La Organización de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) acusó a la Administración Trump de ampliar las posibilidades de uso de la fuerza contra trabajadores migrantes.

    Jorge Torres, director de la organización, afirmó que el Gobierno tendría con estos equipos la “capacidad de torturar a la gente discretamente”.

    “Hay que acabar con la violencia. El ICE debe salir de nuestras calles, de nuestras comunidades y de nuestro país. Hay que abolir el ICE”, sostuvo Torres.

    El DHS defendió la adquisición al señalar que ICE revisa constantemente las necesidades de sus agentes para garantizar que dispongan de herramientas y equipos que les permitan realizar arrestos y deportaciones de forma segura.

    La propuesta llega después de meses de cuestionamientos a las operaciones migratorias impulsadas por Trump, que han sido señaladas por organizaciones civiles por el uso agresivo de la fuerza.

    Creciente controversia sobre ICE

    La actuación de ICE también ha quedado bajo escrutinio después de varios episodios en los que migrantes murieron durante intervenciones de agentes.

    Entre los casos recientes figuran las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán, ambos fallecidos tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

    La controversia se suma a las protestas que comenzaron a principios de 2026 después de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

    Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal. Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.

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  • Departamento de Estado crea grupo de trabajo para frenar turismo de maternidad

    Departamento de Estado crea grupo de trabajo para frenar turismo de maternidad

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo oficial la creación de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Turismo de Nacimiento, que tiene como fin frenar el uso de visados de no inmigrante por parte de extranjeros que viajan a territorio estadounidense únicamente para dar a luz y dar la ciudadanía a sus hijos.

    En consecuencia, se anunció la revocación de más de 600 visas a nivel mundial, así lo indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

    Detalles de la modalidad de trabajo del grupo

    El nuevo equipo especial trabaja de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopilando y analizando historiales de viaje. De acuerdo con el departamento, la investigación busca desmantelar a los intermediarios que convirtieron esta práctica en un negocio lucrativo.

    Estos facilitadores operan bajo la fachada de parteras, “doulas” o asesores de bienestar, ofreciendo paquetes que incluyen preparación para entrevistas de visados, arreglos de hospitalización e incluso la falsificación de documentos médicos, precisó el organismo.

    En sus promociones por internet, estas redes atraen a los clientes bajo la promesa de una “ciudadanía automática” y de garantizar “un futuro sin fronteras”, detalló el Departamento de Estado.

    Casos detectados de fraude migratorio

    Las evaluaciones de la Oficina de Asuntos Consulares en embajadas y consulados expusieron diversos patrones de engaño. Un caso documentado involucra a una pareja que utilizó conferencias de negocios y viajes de compras como fachada para dar a luz a dos niños en EE.UU., ocultando la existencia del primer hijo al tramitar su segundo visado.

    Asimismo, el departamento señaló que una funcionaria de un gobierno extranjero, cuyo país no se dio a conocer, solicitó un visado oficial por una semana, pero permaneció tres meses en el país para tener a su bebé. En otro hecho registrado, una viajera declaró que iría de vacaciones a Orlando, pero se trasladó a Los Ángeles, donde dio a luz cinco días después de ingresar al país.

    Consecuencias legales y sanciones permanentes

    El Departamento de Estado advirtió que distorsionar intencionalmente el motivo de viaje causa la inelegibilidad permanente para obtener un visado o ingresar a Estados Unidos. Las autoridades reiteraron que continuarán ejerciendo sus facultades legales para cancelar visados en cualquier fase del proceso.

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  • Florida entrega a Miami-Dade el terreno donde operó el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    Florida entrega a Miami-Dade el terreno donde operó el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    El estado de Florida devolvió esta semana al condado de Miami-Dade el terreno donde instaló el polémico ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención migratoria que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, quien lo inauguró en julio de 2025.

    El centro enfrentó demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el “maltrato” a migrantes y el impacto ambiental de la instalación, ubicada en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.

    Una inspección de ambas administraciones detectó daños en la pista de aterrizaje y en el entorno causados por la construcción y el funcionamiento del centro, informó la Alcaldía del condado Miami-Dade en un comunicado.

    El condado señaló que espera que la administración estatal del gobernador, el republicano Ron DeSantis, repare los daños en el terreno.

    “Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras”, declaró la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un video en X.

    Las autoridades locales estudian vender o ceder las casi 10,000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a otras entidades que trabajan en la recuperación del humedal, para protegerlas de forma permanente.

    Florida clausuró el centro a finales de junio, un año después de su inauguración, a la que acudió el presidente Trump.

    El gobernador, Ron DeSantis, sostuvo en junio que el centro “cumplió su misión” al permitir casi 30,000 deportaciones adicionales y que su estado concentra más del 40 % de las detenciones migratorias del país.

    La administración del estado tomó el aeropuerto, propiedad del condado, en junio de 2025 haciendo uso de poderes de emergencia, después de que las autoridades locales rechazaran una oferta de compra por 20 millones de dólares.

    El funcionamiento del centro tuvo un costo estimado en más de un millón de dólares diarios.

    Organizaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes denunciaron esposamiento rutinario, agresiones de los guardias, aislamiento prolongado, baños desbordados e infestaciones de insectos. Amnistía Internacional describió esas prácticas como “tortura”.

    Las dificultades para que los detenidos hablaran con sus abogados llevaron además a un tribunal federal a ordenar que se garantizaran las comunicaciones confidenciales.

    Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, que habita la zona, impugnaron la construcción ante la justicia federal por haberse levantado en un ecosistema protegido y sin revisión ambiental.

    En 1970, allí quedó a medio construir el que iba a ser el mayor aeropuerto del mundo, un proyecto que frenó la oposición de científicos y ecologistas.

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