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  • EE.UU. planea rastrear en otros países a migrantes deportados para cobrarles multas

    EE.UU. planea rastrear en otros países a migrantes deportados para cobrarles multas

    El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.

    La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.

    “El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.

    Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá ser pagado por el propio inmigrante o por un tercero.

    La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.

    CBP calcula que unos 66,387 inmigrantes que ya fueron expulsados o abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.

    En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.

    El Gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.

    La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo fue fijada originalmente en $500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación.

    El Gobierno estadounidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.

    CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

    Cuando una persona se encuentra fuera de EE.UU., estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según CBP.

    La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadounidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.

    Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.

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  • Trump firma nueva orden para restringir la ciudadanía por nacimiento

    Trump firma nueva orden para restringir la ciudadanía por nacimiento

    El presidente Donald Trump firmó este jueves una nueva orden ejecutiva para restringir en determinados casos la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos, apenas semanas después de que la Corte Suprema bloqueara un intento previo de su Administración para limitar ese derecho.

    Trump defendió la medida como un esfuerzo para combatir el llamado “turismo de maternidad”, mediante el cual mujeres embarazadas viajan al país con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

    Desde el Despacho Oval, el presidente cuestionó la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadounidense.

    Trump calificó de “muy desafortunada” la decisión del Supremo que anuló su anterior intento de modificar la aplicación de ese derecho y afirmó que su Administración está introduciendo “ajustes” porque considera injusta la situación actual.

    “Hay gente que está creando negocios en torno a esto”, sostuvo el mandatario, quien acusó a personas adineradas de utilizar el sistema para obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

    La nueva orden no plantea una prohibición general para todos los niños nacidos en Estados Unidos. La Administración Trump sostiene que existen excepciones reconocidas históricamente que permiten limitar la ciudadanía en determinadas circunstancias.

    Las categorías que Trump busca excluir

    La medida se aplicaría únicamente a futuros nacimientos relacionados con cuatro situaciones específicas.

    Una de ellas contempla a los hijos de trabajadores diplomáticos extranjeros y amplía la categoría de personas vinculadas a gobiernos extranjeros que no reciben automáticamente la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

    También incluye a los hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros”, incluidos integrantes de organizaciones terroristas designadas por el Gobierno federal.

    Otra disposición afecta a nacimientos en determinados territorios estadounidenses, aunque su aplicación dependería de que el Congreso modifique previamente la legislación. La principal población afectada en este caso serían residentes de Puerto Rico.

    La cuarta categoría está dirigida a los hijos de mujeres que, según la Administración, entren al país mediante engaño con el propósito específico de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. La disposición también busca abarcar determinadas situaciones relacionadas con madres sustitutas.

    Segundo intento

    La iniciativa llega después de que Trump impulsara una medida mucho más amplia al comenzar su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Aquella orden buscaba negar la ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados y de algunas personas con estatus migratorio temporal.

    Según las estimaciones proporcionadas sobre aquella primera medida, alrededor de 255,000 niños al año podrían haberse visto afectados.

    La Corte Suprema bloqueó posteriormente esa política. El 29 de junio, el máximo tribunal determinó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, tienen derecho a la ciudadanía.

    Trump sostiene, sin embargo, que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil, ha sido interpretada de manera incorrecta. El presidente argumenta que su propósito original era reconocer la ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas y no establecer un derecho universal aplicable a todas las circunstancias actuales.

    La nueva orden representa así un segundo intento de su Administración por modificar el alcance de la ciudadanía por nacimiento, esta vez apoyándose en excepciones que considera compatibles con la Constitución.

    Con información de EFE.

  • Cifras de migrantes mexicanos en EE.UU. se reducen por primera vez en 40 años

    Cifras de migrantes mexicanos en EE.UU. se reducen por primera vez en 40 años

    La cantidad de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la población extranjera más numerosa de ese país, cayó un 5% de 2010 a 2024, su primera reducción desde 1980, informó el Migration Policy Institute (MPI), que advirtió de un mayor descenso en el futuro ante el endurecimiento de la política migratoria.

    La Oficina del Censo de Estados Unidos registró 11.14 millones de habitantes nacidos en México en 2024, por debajo del máximo histórico de 11.71 millones reportado en 2010, cuando la población inmigrante mexicana se quintuplicó respecto a 1980, indicó el MPI en un reporte disponible en línea.

    La reducción de mexicanos ocurrió a pesar de un aumento del 26% en la población total de inmigrantes de 2010 a 2024, cuando el Censo documentó 51.28 millones de personas nacidas en el extranjero, el 15.4 % de la población total de Estados Unidos.

    Asimismo, los mexicanos se mantienen como el grupo de inmigrantes más numeroso, al representar al 22% de ellos, más de uno de cada cinco.

    Entre las razones de la caída, el MPI destacó que el número de migrantes de todas las nacionalidades interceptados por las autoridades al cruzar la frontera sur sin autorización se redujo a unos 238,000 en el año fiscal 2025, el nivel más bajo en 55 años y “un cambio radical” en las tendencias.

    Los mexicanos representan casi la mitad de esos cruces, el 47% de los del año fiscal 2025.

    Asimismo, México permanece como principal país de origen de los inmigrantes indocumentados, cuatro de cada 10, pues a mediados de 2023 había unos 5.5 millones de inmigrantes no autorizados procedentes de México frente al total de 13.7 millones en todo Estados Unidos.

    “Las futuras reducciones de la población inmigrante mexicana podrían acelerarse debido al endurecimiento de las medidas de control de la inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México y en el interior del país”, advirtió el reporte de los investigadores Andrés Ayala y Jeanne Batalova.

    Al sumar las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos, que también son ciudadanos mexicanos por ley, la población asciende a 40.5 millones de residentes en EE.UU., más que ninguna otra nacionalidad, salvo Alemania, apuntó el estudio.

    Los inmigrantes mexicanos tenían una tasa de participación en la fuerza laboral civil del 68 % en 2024, superior a la del 63 % de todos los nacidos en EE.UU.

    Los principales estados de residencia son California y Texas, que acogen al 35% y al 22% de todos los inmigrantes mexicanos del país, respectivamente.

    Además, más de un tercio de los inmigrantes mexicanos, el 35%, se concentran en cinco áreas metropolitanas: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Houston, Dallas, Texas y Riverside, California.

    Con información de EFE

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  • Exigen el retorno a Estados Unidos de mexicana deportada pese a tener estatus legal

    Exigen el retorno a Estados Unidos de mexicana deportada pese a tener estatus legal

    Activistas exigieron al Gobierno de Estados Unidos que retorne desde México a Jessica Treviño Villegas, deportada pese a ser madre de tres estadounidenses y beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en medio de crecientes expulsiones de acreedores del programa.

    Abogados de Treviño Villegas presentaron una petición ante la Corte federal del Distrito Sur de Texas para exigir el “retorno inmediato” de la mexicana, al argumentar que tenía estatus protegido hasta abril de 2027, pero aun así la deportaron en marzo pasado, según expuso La Unión del Pueblo Entero (LUPE) en un comunicado.

    La asociación acusó a la Administración del presidente Donald Trump de detener y deportar a “cientos” de beneficiarios del DACA, programa instaurado por el gobierno del exmandatario de Barack Obama para proteger a inmigrantes que llegaron cuando eran niños, lo que ha dejado a casi medio millón de ellos “bajo amenaza”.

    “Ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Le pido a esta Administración que deje de separar a las familias. Déjenme volver a casa con mis hijos”, expresó Treviño Villegas en el comunicado de LUPE.

    La mujer llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía siete años de edad y, desde entonces, vivió en la ciudad de Álamo, Texas, donde tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses de 16, 14 y 13 años, según la organización, que denunció que “sin culpa alguna” la familia “ha quedado separada”.

    La defensa de la mexicana argumentó que ella “trabajaba en su comunidad y renovaba con diligencia su DACA cada dos años”, pero “a pesar de cumplir con cada una de las reglas que el Gobierno le exigía, la deportaron”.

    Tras su expulsión a México, las autoridades estadounidenses emitieron un aviso para terminar con su estatus de DACA por “viaje no autorizado” fuera de Estados Unidos, pero sus abogados señalan que salió del país porque la deportaron, algo que el juez debe remediar.

    “Jessica no abandonó el país por voluntad propia. La detuvieron con violencia y deportaron ilegalmente. La misma agencia que fabricó este caos en la vida de Jessica ahora amenaza con causar aún más daño al quitarle sus protecciones del DACA. Es cruel, es ilegal y no podemos normalizar esto“, expresó Tania Chávez, presidenta de LUPE.

    El caso refleja las crecientes deportaciones de beneficiarios de DACA, pues en la segunda gestión de Trump y pese a esta protección ha habido al menos 261 de estos jóvenes arrestados y 86 deportados por ICE, según las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre del 2025.

    DACA ahora está cerrado para nuevos solicitantes y aquellos aprobados previamente deben renovar este beneficio cada dos años.

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  • USCIS advierte que rechazará solicitudes migratorias incompletas sin pedir más pruebas

    USCIS advierte que rechazará solicitudes migratorias incompletas sin pedir más pruebas

    El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá rechazar solicitudes de beneficios migratorios si los solicitantes no presentan desde el inicio la información y las pruebas necesarias “para cumplir con los requisitos” establecidos para cada trámite, según una nueva política anunciada este miércoles por la agencia.

    El cambio devuelve a los funcionarios de USCIS la facultad de denegar una solicitud sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID).

    Hasta ahora, una política implementada durante la Administración Biden incentivaba a los funcionarios a pedir documentación adicional antes de rechazar determinados casos, incluso cuando la solicitud estaba incompleta o no incluía las pruebas iniciales exigidas.

    La nueva política entra en vigor de inmediato y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir del 5 de agosto de 2026, salvo que las regulaciones o las políticas específicas de USCIS establezcan lo contrario.

    La agencia recordó que quienes solicitan un beneficio migratorio tienen la responsabilidad de demostrar su elegibilidad al presentar la petición. Las instrucciones de los formularios de USCIS especifican la evidencia inicial requerida para cada beneficio, por lo que, según la agencia, los solicitantes cuentan con la información necesaria para saber qué documentos deben presentar.

    “Plena discreción”

    USCIS señaló que ahora sus funcionarios tendrán “plena discreción” para rechazar una solicitud sin pedir previamente pruebas adicionales cuando el solicitante no demuestre su elegibilidad o no presente la evidencia inicial requerida.

    La agencia sostiene que esta modificación “armoniza mejor” sus procedimientos con la autoridad regulatoria y las instrucciones de los formularios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    También argumenta que permitirá “restablecer la integridad del sistema de inmigración”, ya que el mecanismo anterior podía permitir que solicitudes “frívolas o sustancialmente incompletas” retrasaran el procesamiento de otros casos que esperaban una decisión.

    La agencia también cuestionó una práctica que, según su descripción, permitió a algunos solicitantes presentar solicitudes “de relleno” para obtener beneficios migratorios asociados, como autorizaciones de empleo, mientras esperaban una decisión sobre su caso.

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  • Políticas migratorias de Trump afectan más a familiares y conocidos de jóvenes hispanos, revela encuesta

    Políticas migratorias de Trump afectan más a familiares y conocidos de jóvenes hispanos, revela encuesta

    Entre los hispanos, los integrantes de la Generación Z revelo mayor proximidad en las acciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, ya que conocen a la mayor cantidad de personas, familiares o amigos, afectados por esas políticas.

    Según una encuesta del Intelligence Center de My Code, empresa de la que forma parte este diario, el 61% de la Generación Z conoce personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump, incluidas las redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o los procesos de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

    “Los votantes de la Generación Z tienen más probabilidades que los votantes mayores de conocer personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias, y este patrón es más marcado entre la Generación Z hispana”, indica la encuesta.

    Los millennials son la segunda generación que expresó una mayor cercanía a las consecuencias de las políticas migratorias de Trump, con un 48% entre los hispanos y un 39% entre los votantes en general.

    “Para los votantes hispanos, la inmigración puede abarcar tanto un marco político como un marco comunitario: control fronterizo, debido proceso, conducta de las autoridades, vínculos familiares y confianza”, añade el informe.

    Crédito: Impremedia

    El impacto negativo de las deportaciones masivas de Trump y los cambios en los procesos legales afecta a los hispanos demócratas y republicanos casi por igual, ya que mientras el 47% de los hispanos republicanos afirma que algún familiar o conocido ha sido afectado, el 54% de los demócratas se expresó en el mismo sentido.

    El porcentaje disminuye ligeramente entre los votantes hispanos independientes, situándose en el 42%.

    A pesar de las afectaciones en sus familias o conocidos de las políticas migratorias, los republicanos hispanos apoyan las redadas de ICE, incluso en las escuelas, ya que solamente el 28% las rechaza.

    La mayoría de los republicanos apoya las políticas actuales en la frontera (71%), a diferencia del 28% de los demócratas y el 29% de los independientes.

    El 55% de los demócratas desaprueba el bloqueo de las solicitudes de asilo o el reasentamiento de refugiados, y el 42% de los independientes expresan tal postura.

    “Los datos muestran una clara división entre los votantes que priorizan el control fronterizo y aquellos más preocupados por el debido proceso, la conducta de las fuerzas del orden y la confianza de la comunidad”, acota el reporte.

  • Atribuyen el alza de precios, la pérdida de empleos y la desaceleración económica a las deportaciones masivas de Trump

    Atribuyen el alza de precios, la pérdida de empleos y la desaceleración económica a las deportaciones masivas de Trump

    Un informe publicado por la organización America’s Voice sostiene que la política de deportaciones masivas impulsada por la administración del presidente Donald Trump está teniendo un impacto directo sobre la economía estadounidense, al elevar el costo de alimentos, vivienda y cuidados médicos, además de provocar la pérdida de cientos de miles de empleos y reducir la actividad comercial en comunidades de todo el país.

    Este fenómeno fue denominado en el documento como el ICE Tax y argumenta que el costo económico de las medidas migratorias termina siendo asumido por los hogares estadounidenses. Bajo el título The Everyday Cost of Mass Deportation, el informe afirma que las consecuencias de la política migratoria ya son medibles a partir de estadísticas oficiales y estudios académicos.

    Los autores indicaron cuatro indicadores apuntan en esa dirección: un incremento acelerado de los precios en sectores que dependen de trabajadores inmigrantes; una desaceleración de la construcción y encarecimiento de las viviendas; la pérdida de empleos, incluidos puestos ocupados por ciudadanos estadounidenses; y una contracción sostenida del consumo en las zonas donde aumentan las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

    Sostiene que, aunque la inflación responde a múltiples factores, la reducción acelerada de la fuerza laboral inmigrante está agravando el problema en industrias donde esos trabajadores representan un componente esencial.

    Alimentos registran aumentos superiores a la inflación

    De acuerdo con el estudio, en los 12 meses concluidos en junio de este año, la inflación subyacente en Estados Unidos, que excluye alimentos y energía, fue de 2.6%, pero varios productos cuya producción depende ampliamente de trabajadores inmigrantes registraron incrementos muy superiores.

    Entre ellos destacan: lechuga: 32.1%; fruta enlatada: 7.9%; manzanas: 7.1%; cítricos frescos: 6.3%; leche entera: 9%; otros productos lácteos frescos: 5.5%.

    El reporte explica que aproximadamente el 68% de los trabajadores agrícolas estadounidenses son inmigrantes, de los cuales un 42% carece de autorización migratoria y otro 26% cuenta con estatus legal. Además, señala que la mayor parte de esos alimentos se produce dentro del país, por lo que el incremento de precios no puede atribuirse principalmente a importaciones.

    Los autores agregan que más de la mitad de la fuerza laboral de la industria lechera también está integrada por inmigrantes, lo que ayuda a explicar el aumento observado en los productos lácteos.

    Aumentan algunos servicios

    El informe identifica asimismo aumentos en actividades que necesariamente deben realizarse dentro de Estados Unidos. El servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes aumentó 10.8%, mientras que el cuidado de salud en el hogar subió 10.7%, ambos muy por encima de la inflación subyacente.

    En el caso del sector de jardinería, el documento indica que el 39% de los trabajadores son inmigrantes y cita declaraciones de la Asociación Nacional de Profesionales del Paisajismo, cuyos representantes afirman que incluso empleados con autorización legal han dejado de acudir a sus lugares de trabajo por temor a ser detenidos durante operativos migratorios.

    Construcción pierde trabajadores y aumenta el costo de la vivienda

    Antes del incremento de las operaciones migratorias, los inmigrantes representaban aproximadamente el 26% de la fuerza laboral de la construcción, cerca de la mitad sin autorización migratoria. Desde entonces, sostiene el estudio, los estados con mayor dependencia de estos trabajadores presentan una evolución mucho más negativa que el resto del país.

    Entre el inicio del endurecimiento migratorio y junio de 2026: California, Florida, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York registraron una caída de 1.3% en el empleo de la construcción, mientras que el resto del país experimentó un crecimiento de 3.3% en ese mismo sector.

    El reporte también documenta una disminución en los permisos para construir viviendas unifamiliares, particularmente en las regiones con mayor presencia de trabajadores inmigrantes. De acuerdo con esa información, entre marzo de 2025 y junio de 2026 los permisos de construcción cayeron 23.5% en el noreste, 10.4% en el oeste, 9.3% en el sur y 1.6% en el medio oeste.

    Casas nuevas se encarecen

    America’s Voice sostiene que la reducción de mano de obra también está elevando el precio de las viviendas recién construidas. Entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2026, los precios de las viviendas nuevas aumentaron 15.4% en el noreste y 8.2% en el oeste, mientras que en el sur y el medio oeste permanecieron prácticamente estables.

    Los autores calculan que solo en el noreste ese incremento representa más de $100,000 dólares adicionales sobre el precio de una vivienda nueva promedio.

    Asimismo, el valor promedio estimado de construcción de viviendas unifamiliares pasó de $304,312 dólares a $344,112 dólares en los cinco estados con mayor proporción de trabajadores inmigrantes, un aumento de 13.1%, mientras que en el resto del país el incremento fue apenas del 2%.

    Texas también refleja el impacto

    Aunque Texas no figura entre los cinco estados con mayor proporción de inmigrantes, el informe señala que presenta un patrón similar. En Laredo, los arrestos mensuales de ICE pasaron de un promedio de seis a 803 después del inicio de los operativos.

    En el Valle del Río Grande, más de 9,100 personas fueron detenidas y el empleo en la construcción cayó 5% durante el tercer trimestre de 2025, el mayor descenso trimestral registrado en esa región.

    El documento cita al presidente de la South Texas Builders Association, Ronnie Cavazos, quien advirtió que, de mantenerse la tendencia, numerosas empresas constructoras podrían desaparecer.

    Cuidado de adultos mayores enfrenta mayor presión

    Casi el 40% de quienes trabajan en cuidados de salud en el hogar son inmigrantes, lo que equivale a más de 220,000 personas. Mientras tanto, los precios del servicio aumentaron 10.7% durante el último año, según el informe de America’s Voice.

    Los autores advierten que la demanda seguirá creciendo debido al envejecimiento de la población estadounidense. Se estima que para 2060 habrá cerca de 40 millones más de personas mayores de 65 años, mientras que la Oficina de Estadísticas Laborales proyecta un crecimiento de 17% en este tipo de empleos entre 2024 y 2034.

    Nueva York encabeza la lista de estados donde los inmigrantes representan la mayor proporción del personal de cuidados domiciliarios, con 74%, seguido por Florida (60%), Maryland (55%) y Nueva Jersey (54%). Además, numerosas zonas rurales ya enfrentan escasez severa de trabajadores especializados.

    El reporte añade que el endurecimiento de la política migratoria también afecta a inmigrantes con distintos estatus legales, incluidos residentes permanentes, ciudadanos naturalizados, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, del programa DACA y personas indocumentadas.

    También recuerda que una decisión de la Corte Suprema permitió en junio pasado eliminar el TPS para aproximadamente 359,000 haitianos y sirios, medida que eventualmente podría afectar a 1.3 millones de personas de 17 países, entre ellas más de 18,000 trabajadores del sector de cuidados domiciliarios.

    Menor actividad económica tras operativos de ICE

    Basándose en un estudio de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, el informe sostiene que, tras la llegada de operativos de ICE a un área metropolitana, el gasto de los consumidores disminuye 6.2% y el flujo de clientes hacia los negocios baja 2.7%, una reducción que persiste durante meses.

    Los investigadores estiman que ello equivale a 8,100 millones menos de visitas comerciales y pérdidas de entre $3,000 y $14,000 millones de dólares en consumo durante un año.

    America’s Voice también cita un análisis realizado sobre datos de nómina de 86 ciudades donde aumentó significativamente la actividad de ICE durante 2025.

    El endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias habría provocado la pérdida estimada de 668,000 empleos, de los cuales entre 51,000 y 297,000 corresponderían a trabajadores nacidos en Estados Unidos. Por cada arresto adicional efectuado por ICE se pierden aproximadamente 13 puestos de trabajo.

    La construcción fue el sector más afectado, con alrededor de 102,000 empleos perdidos, aunque también se observaron reducciones en industrias con escasa presencia de trabajadores inmigrantes, como entretenimiento y artes, lo que el informe atribuye a la disminución del consumo local y no únicamente a la salida de trabajadores.

    Como ejemplo, el reporte menciona una redada en una planta procesadora de carne en Omaha, Nebraska, donde fueron arrestados unos 70 empleados. Posteriormente, muchos trabajadores dejaron de acudir a laborar y la producción cayó cerca del 70%.

    Pequeños negocios, entre los más afectados

    El estudio señala que los comercios independientes sufren pérdidas mucho mayores que las cadenas nacionales. El gasto de los consumidores cae cerca del 11% en negocios locales, frente a aproximadamente 5% en establecimientos pertenecientes a grandes cadenas.

    Además, no se detectó un traslado significativo de esas compras hacia plataformas en línea.

    En Los Ángeles, tras operativos migratorios realizados en junio de 2025, negocios cercanos a nueve puntos de intervención perdieron alrededor de 46,000 visitas de clientes y $3.16 millones de dólares en ingresos durante apenas dos semanas. Casi un año después, el 95% de los empresarios encuestados seguía reportando dificultades financieras.

    Florida también aparece como uno de los estados donde la cooperación con ICE habría profundizado los efectos económicos. El informe muestra que concentra el 31% de todos los acuerdos 287(g) del país y que Miami-Dade acumulaba más de 146,000 casos de deportación pendientes en agosto de 2025.

    Asimismo, recuerda que una operación de seis días realizada en mayo de ese año produjo más de 1,100 arrestos, considerada por ICE como la mayor operación migratoria estatal de una semana en la historia de la agencia. Hoteles, restaurantes, tiendas de mejoras para el hogar, gimnasios, supermercados, farmacias y gasolineras también experimentaron reducciones en clientes y ventas después del incremento de las operaciones migratorias.

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  • Gobierno de Trump afirma que retiró a más de 800 camioneros supuestamente “peligrosos”

    El Gobierno de Donald Trump afirmó este martes que retiró de las carreteras a más de 800 camioneros considerados supuestamente peligrosos durante la segunda fase de la Operación Highway Shield, un operativo conjunto para detectar a conductores extranjeros que las autoridades consideran no calificados y vehículos inseguros.

    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la operación se desarrolló entre el 28 y el 30 de julio con la participación de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y patrullas estatales de carreteras.

    Durante los tres días de inspecciones, las autoridades detuvieron a 51 inmigrantes indocumentados, incluidos 21 conductores con licencias comerciales para no domiciliados (CDL) emitidas por California y Nueva York.

    Además, afirmaron que sacaron de circulación a 766 conductores y vehículos considerados inseguros.

    El secretario del DHS, Markwayne Mullin, añadió que también sacaron a más de 30 conductores que no aprobaron las pruebas de dominio del inglés.

    Comportamientos “peligrosos”

    El operativo también dejó 86 arrestos de operadores por comportamientos que las autoridades calificaron de peligrosos, entre ellos incidentes de violencia vial y violencia doméstica.

    “Cuando los extranjeros ilegales están al volante de camiones articulados, están poniendo en peligro la vida de los estadounidenses”, afirmó Mullin, quien agradeció al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los socios estatales y locales por colaborar en el operativo.

    El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que la Administración Trump continuará actuando contra conductores extranjeros que considere no calificados o no examinados.

    “Nuestra nueva asociación con el DHS se basa en el progreso del presidente Trump para asegurar nuestras carreteras, eliminar el fraude y restaurar la integridad del transporte de carga en Estados Unidos”, dijo Duffy.

    Campaña contra camioneros

    El funcionario advirtió además que quienes continúen operando ilegalmente vehículos pesados enfrentarán acciones de las autoridades.

    La operación forma parte de una campaña más amplia del DHS, el Departamento de Transporte y autoridades estatales y locales contra prácticas que el Gobierno considera peligrosas dentro de la industria del transporte de carga.

    Entre los objetivos se encuentran los inmigrantes indocumentados que obtienen licencias comerciales para conducir camiones articulados.

    El mes pasado, el DHS y el Departamento de Transporte anunciaron una alianza para investigar posibles prácticas fraudulentas e ilegales en escuelas que forman a conductores para obtener las CDL.

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  • Gobierno de Trump registra el nivel más alto de detenciones de migrantes en EE.UU.

    Gobierno de Trump registra el nivel más alto de detenciones de migrantes en EE.UU.

    El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50,000 arrestos, según confirmó a EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

    El aumento se produce en medio de las presiones de la Administración republicana para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los 2,000 arrestos diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), incluidas las detenciones en aeropuertos.

    En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43,000 detenciones, una cifra también récord durante esta Administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

    Estos datos, que aún no han sido publicados oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes migratorios en julio.

    En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia “intensificará la presión en las calles”.

    “Yo no elijo qué leyes aplicar; hago cumplir las leyes de nuestro país. Eso significa que las haré cumplir tanto dentro de nuestra propia agencia como entre los delincuentes en las calles. Esa es mi garantía”, agregó el secretario.

    Sin embargo, la mayoría de las personas detenidas por las autoridades migratorias en EE.UU. durante el Gobierno republicano no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de la Administración de que las autoridades persiguen a “criminales” y a “lo peor de lo peor”.

    Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, solo el 34 % de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025, cuando Trump asumió el poder, habían sido condenadas por algún delito.

    Desde la llegada de Trump al poder, además, se han registrado al menos 30 incidentes en los que agentes de ICE dispararon contra civiles, con un saldo de ocho muertos, de acuerdo con datos del portal The Trace.

    En los centros de detención, unas 55 personas han fallecido bajo custodia de ICE, 22 de ellas en lo que va de 2026.

    En este contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación “independiente” sobre las muertes a manos de ICE y criticó lo que considera una “falta de transparencia” por parte de EE.UU. en torno a estos incidentes.

    Alejandra Arredondo

  • ICE ocultó pruebas de la muerte del mexicano Salgado en Houston, según Caucus Hispano

    ICE ocultó pruebas de la muerte del mexicano Salgado en Houston, según Caucus Hispano

    El Caucus Hispano del Congreso acusó este martes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber ocultado pruebas relacionadas con la muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo federal ocurrido el 7 de julio en Houston.

    Los congresistas sostuvieron que las autoridades federales también impulsaron una versión que desacreditó al trabajador mexicano después de su muerte. Las conclusiones fueron presentadas tras una audiencia paralela celebrada por el Caucus Hispano el 24 de julio en Houston.

    “Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo”, concluyeron los representantes.

    Salgado se encontraba en una camioneta con su hermano y otros dos trabajadores cuando agentes de ICE interceptaron el vehículo. El hombre se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el enfrentamiento que terminó con su muerte.

    La versión inicial proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, señalaba que los agentes intentaban detener a un migrante en situación irregular como parte de un operativo.

    No era droga

    Uno de los elementos utilizados por las autoridades para justificar la intervención fue una sustancia blanca localizada en el salpicadero del vehículo.

    Según los congresistas, un agente del FBI presentó una orden de registro en la que describía esa sustancia como una posible droga similar a la metanfetamina.

    Sin embargo, los representantes del Caucus Hispano afirmaron que los análisis realizados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas no detectaron narcóticos.

    La Fiscalía del condado de Harris, según el comunicado de los legisladores, confirmó además que la sustancia correspondía a polvo de electrolitos, utilizado por Salgado para mantenerse hidratado mientras trabajaba.

    Ese resultado contradice, de acuerdo con los congresistas, una de las afirmaciones utilizadas inicialmente para describir lo ocurrido y cuestiona la caracterización de Salgado presentada por las autoridades después del tiroteo.

    El Caucus Hispano también denunció la ausencia de las principales agencias federales involucradas en el caso durante la audiencia realizada en Houston.

    Los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García, entre los participantes, invitaron a representantes de ICE, DHS y FBI para que ofrecieran su versión de los hechos ante la audiencia.

    Las tres agencias, sin embargo, declinaron participar, según informó el Caucus Hispano.

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