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Un tribunal federal de apelaciones rechazó este jueves la política de la administración del presidente Donald Trump que obliga a detener a millones de inmigrantes sin permitirles solicitar ante un juez una audiencia para determinar si pueden quedar en libertad bajo fianza.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito y se originó en una demanda presentada por el Northwest Immigrant Rights Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La decisión se suma, según la ACLU, a fallos de otros cuatro tribunales federales de apelaciones y de cientos de jueces de tribunales de distrito que han considerado ilegal esta política de detención.

Durante décadas, las personas inmigrantes sometidas a procedimientos de deportación y detenidas por el Gobierno habían tenido, por lo general, la posibilidad de solicitar ante un juez de inmigración su liberación bajo fianza.

Sin embargo, a mediados de 2019, la administración Trump adoptó una nueva interpretación de las leyes migratorias y sostuvo que las personas que hubieran ingresado a Estados Unidos sin inspección debían permanecer detenidas sin posibilidad de obtener una fianza, según las organizaciones.

La política afecta también a personas que podrían ser elegibles para obtener un estatus migratorio legal, incluidas aquellas con solicitudes de inmigración pendientes desde hace años debido a los retrasos administrativos.

Celebran la decisión

Uno de los afectados es Ramón Rodríguez Vázquez, principal demandante en el caso. Según la ACLU, Rodríguez no tiene antecedentes penales y fue detenido en su vivienda en el estado de Washington, donde ha vivido durante más de 15 años junto con su esposa y sus cuatro hijos y donde actualmente también residen sus nietos.

El fallo establece que los integrantes de la demanda colectiva y otras personas en circunstancias similares a las de Rodríguez que permanezcan detenidas dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito podrán solicitar una audiencia de fianza mientras avanzan sus procedimientos migratorios.

“Este fallo restablece el derecho a una audiencia de fianza para los miembros de la demanda colectiva y para todas las personas en situación similar a la del Sr. Rodríguez que se encuentren detenidas en la jurisdicción del Noveno Circuito, mientras atraviesan este largo y difícil proceso”, declaró Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project.

Adams agregó que la decisión también “reafirma el Estado de derecho al dejar claro que la administración no puede modificar la ley de manera unilateral”.

Por su parte, My Khanh Ngo, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que los tribunales han rechazado nuevamente la interpretación adoptada por la administración Trump sobre las normas de detención migratoria.

“Estamos muy contentos por nuestros clientes y sus familias”, señaló Ngo.

NUEVA YORK – Un 92% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos expresó que las redadas migratorias y las deportaciones han afectado su empleo, mientras que un 88% indicó tener temor a ser detenido y deportado.

Las cifras anteriores forman parte de los resultados de una encuesta para la que la Fundación UFW entrevistó a 2,250 campesinos, la mayoría indocumentados.

Los hallazgos, divulgados este jueves en conferencia de prensa, apuntan a que, debido al temor que experimenta esta población ante la posibilidad de ser intervenidos por agentes migratorios, un 61% de los participantes ha reducido salir a comprar, el 29% no ha buscado atención médica y el 21% ha limitado su uso de las redes sociales.

La investigación, descrita como “pionera” y “exhaustiva”, reveló además que un 90% teme separarse de su familia debido a las deportaciones; un 43% tiene miedo de no poder regresar a EE. UU. y 13% ha sufrido persecución en sus países de origen.

Otro dato relevante es que alrededor del 76% de los trabajadores agrícolas desea protección contra la detención y la deportación. Un 53% apuesta a una vía para regularizar su estatus y, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense.

La indagación concluyó que más del 40% de los encuestados ha trabajado en la agricultura durante más de 20 años, mientras que el 49% lleva años sin vivir en su país de origen.
Un 87% de los encuestados anticipó que, si se aprobara una reforma migratoria, una de las primeras acciones sería visitar a sus seres queridos en su país de origen.

El informe, titulado “Bajo el sol y fuera de las sombras”, documenta las experiencias y perspectivas de los trabajadores agrícolas con respecto a las medidas de control migratorias implementadas por la Administración de Donald Trump desde principios del 2025.

La descripción del estudio resaltó que, mientras el Congreso sigue sin aprobar una ley de reforma migratoria desde 1986 o desde hace casi 40 años, el número de trabajadores agrícolas indocumentados ha aumentado, lo que los expone al riesgo de detención, especialmente en las comunidades cercanas a las fronteras norte y sur.

“Durante casi cuatro décadas, las autoridades migratorias han incrementado la escala y la intensidad de sus operaciones en las comunidades de trabajadores agrícolas, intensificando aún más estas actividades en los últimos años”, planteó la organización.

Lo anterior no constituye un problema nuevo. “Estados Unidos enfrentó un dilema similar entre la década de 1960 y principios de la de 1980, dado que los trabajadores agrícolas de aquella época también luchaban por obtener su autorización”, lee otra parte del reporte.

Los activistas cuestionaron que empleadores rechacen una vía hacia la ciudadanía y promuevan la expansión del programa de trabajadores agrícolas temporales H-2A al tiempo que reducen las mínimas protecciones que ofrece el mismo.

La fundación favoreció una medida como la “Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola” que les garantizaría a los campesinos una vía para obtener su estatus legal y evitaría la separación familiar.

Dicha medida fue reintroducida en mayo del 2025.

En el 2021, fue aprobada en la Cámara de Representantes de EE. UU. con 30 votos republicanos.

De acuerdo con Congress.gov, la medida crearía un estatus migratorio legal temporal conocido como visa de Trabajador Agrícola Certificado (CAW) para los trabajadores agrícolas extranjeros y sus familias.

Además, ofrecería una vía para que los trabajadores agrícolas indocumentados que ya están en el país y sus cónyuges o hijos puedan ajustar su estatus legal y solicitar la residencia permanente (green card) tras cumplir requisitos de labor continua.

La legislación además reformaría la visa temporal H-2A para simplificar el proceso a los empleadores y mejorar las protecciones a los empleados y estabilizar los salarios.

La Fundación UFW ayuda a decenas de miles de trabajadores y sus familiares, muchos de ellos indocumentados, a través de distintos servicios que incluyen los legales.

Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, destacó el carácter novel del estudio.

“Durante demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como responsables de formular pólizas, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos y desarrollarlos sobre las personas cuyas vidas se ven directamente afectadas por las redadas migratorias. Este es el primer estudio en profundidad que examina las preocupaciones y temores de los campesinos indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones. Esperamos que esta encuesta de luz sobre la situación para que quienes ostentan el poder puedan comprender las realidades que enfrentan los más vulnerables. Quizás así, los trabajadores agrícolas indocumentados —que producen la mayor abundancia de alimentos que el mundo haya visto— sean vistos y tratados como los seres humanos importantes que son”, compartió en el comunicado que incluye los resultados de la investigación.

Jonathan Angulo, Ph.D., investigador y analista de políticas de la entidad, espera que el estudio ayude a agilizar la aprobación de una reforma migratoria integral.

“Esta encuesta fue posible gracias a que la Fundación UFW ocupa una posición única para lograr lo que a otros les cuesta conseguir. A pesar del riesgo muy real de arresto, deportación y separación familiar, esta encuesta revela que la mayoría de los trabajadores indocumentados aún aspiran a participar plenamente en el país al que sirven con tanta lealtad, mediante una reforma migratoria significativa, un tema que no se ha abordado en casi 40 años”, expuso el también profesor adjunto en la Universidad Estatal de San Diego.

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Una oferta de trabajo bien pagada, la promesa de viajar al extranjero y una entrevista realizada por completo en línea pueden convertirse en la entrada a una red de trata de personas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió sobre un fuerte aumento de personas captadas mediante anuncios laborales falsos y trasladadas a complejos donde son retenidas contra su voluntad. Una vez dentro, las víctimas son obligadas a participar en estafas digitales dirigidas a usuarios de distintos países, incluidos adultos mayores y otras personas vulnerables en Occidente.

Las redes buscan especialmente a candidatos con estudios, dominio del inglés y conocimientos tecnológicos. Los anuncios suelen ofrecer salarios elevados, vivienda, vuelos y empleos administrativos, de atención al cliente o vinculados con criptomonedas.

Pero, al llegar al destino, muchas personas descubren que el trabajo no existe.

Les quitan sus documentos y las obligan a cometer fraudes

La OIM explicó que las víctimas pueden ser encerradas dentro de grandes complejos, despojadas de sus pasaportes y sometidas a amenazas, violencia y servidumbre por deudas.

Después son forzadas a contactar a personas por redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas. Deben ganarse la confianza de los usuarios y convencerlos de enviar dinero o realizar falsas inversiones.

Quienes no alcanzan las metas impuestas pueden sufrir golpes, privación de alimentos, aislamiento y otras formas de castigo. También se han documentado casos de abuso sexual y amenazas contra los familiares de las víctimas.

La directora general de la OIM, Amy Pope, señaló que estas personas no deben ser tratadas únicamente como autores de fraude, ya que muchas actúan bajo violencia y coerción.

Incluso después de escapar o ser liberadas durante un operativo, algunas pueden quedar bajo sospecha y enfrentar procesos penales por los delitos que fueron obligadas a cometer.

Víctimas procedentes de más de 80 países

Aunque estos centros se concentran especialmente en Myanmar, Camboya y Laos, el reclutamiento ya tiene alcance mundial.

La OIM estima que personas de más de 80 países han sido captadas por estas organizaciones. El organismo ayudó entre 2022 y 2025 a más de 3,500 víctimas, pero considera que el número real es mucho mayor.

Algunos complejos pueden albergar a miles de trabajadores. Naciones Unidas calcula que hasta 300,000 personas podrían participar en estas operaciones en el sudeste asiático, aunque no todas necesariamente son víctimas de trata.

En junio de 2026, una organización de derechos humanos estimó que más de 5,300 personas seguían atrapadas en centros ubicados en Myanmar, cerca de la frontera con Tailandia. Entre ellas había ciudadanos de países asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos.

Cómo funcionan las falsas ofertas de trabajo

El contacto suele comenzar con una publicación en Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram u otras plataformas. También pueden intervenir supuestas agencias de contratación o conocidos que aseguran haber conseguido una oportunidad laboral.

Las ofertas presentan varias características:

• Salarios muy superiores a los habituales.
• Tareas administrativas poco definidas.
• Contratación inmediata sin entrevistas formales.
• Viaje, vivienda y alimentación cubiertos.
• Exigencia de trasladarse rápidamente al extranjero.
• Comunicación exclusiva por aplicaciones de mensajería.
• Ausencia de una dirección empresarial verificable.
• Pedidos de fotografías del pasaporte o datos bancarios.

Las organizaciones criminales pueden utilizar contratos aparentemente legales, perfiles falsos de reclutadores y sitios web que imitan empresas reales. El engaño no siempre es evidente, especialmente cuando la oferta está dirigida a profesionales jóvenes o personas que llevan meses buscando empleo.

Interpol advirtió que esta modalidad dejó de ser un problema limitado al sudeste asiático y se convirtió en una amenaza global, tanto por el origen de las víctimas como por la ubicación de las personas defraudadas.

Las mismas víctimas son utilizadas para estafar a otros

Una característica especialmente compleja de este delito es que produce dos grupos de víctimas. Por un lado están quienes aceptan la falsa oferta laboral y terminan encerrados. Por otro, las personas que reciben mensajes románticos, propuestas de inversión o recomendaciones sobre criptomonedas y pierden sus ahorros.

Los trabajadores forzados reciben guiones, fotografías falsas y perfiles digitales preparados para mantener conversaciones durante semanas o meses. El objetivo es crear una relación de confianza antes de convencer al usuario de transferir dinero a una plataforma fraudulenta.

Algunas redes también emplean programas de inteligencia artificial, traducción automática y videos manipulados para hacer más creíbles las identidades utilizadas durante el engaño.

Las pérdidas vinculadas con estos esquemas pueden alcanzar miles de millones de dólares. Una estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calculó pérdidas de hasta $114,000 millones en Asia oriental, Australia y Nueva Zelanda durante el último año analizado.

Cómo comprobar que una oferta laboral es verdadera

Antes de entregar documentos o aceptar un viaje, conviene buscar la empresa de manera independiente y no utilizar únicamente los enlaces enviados por el supuesto reclutador.

También es recomendable:

• Confirmar que la vacante aparezca en la página oficial de la compañía.
• Verificar el dominio del correo electrónico.
• Buscar la dirección física y el registro de la empresa.
• Desconfiar de entrevistas realizadas solo por chat.
• No entregar el pasaporte original a empleadores o intermediarios.
• No pagar tarifas por adelantado para conseguir el puesto.
• Preguntar por escrito quién cubrirá el viaje y bajo qué condiciones.
• Compartir con familiares la ubicación, el contrato y los datos del reclutador.

Una empresa legítima no debería impedir que el trabajador conserve sus documentos, abandone el empleo o se comunique con su familia.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump de utilizar los operativos migratorios en Los Ángeles con fines políticos, después de que salieran a la luz testimonios de agentes federales que describen una intervención organizada para coincidir con una conferencia de prensa del mandatario estatal.

Según las declaraciones presentadas ante un tribunal federal, el despliegue realizado el 14 de agosto cerca del Museo Nacional Japonés-Americano, en el centro de Los Ángeles, no respondió únicamente a objetivos de control migratorio, sino que buscaba atraer la atención de los medios durante un acto encabezado por Newsom y otros funcionarios demócratas para cuestionar las redadas contra inmigrantes.

Los testimonios fueron incorporados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) como parte de una demanda contra el Gobierno federal por los operativos migratorios. En ellos, varios agentes describen la acción como una “agenda política” y una “maniobra publicitaria”.

Uno de los relatos sostiene que el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, decidió trasladar un grupo de agentes hasta las inmediaciones del evento del gobernador para generar cobertura mediática.

“Newsom estaba dando una conferencia de prensa, así que decidieron marchar desde el edificio federal hasta el lugar donde se celebraba la conferencia. Arrestaron a un par de personas en el exterior y simplemente se quedaron allí para atraer la atención de los medios… Bovino hizo un par de declaraciones; luego se marcharon y regresaron caminando al edificio (de ICE)”, señala uno de los testimonios.

“Maniobra publicitaria”

Los documentos también indican que varios agentes fueron retirados de otras operaciones de control migratorio para participar en ese despliegue.

“Nos retiraron (de los establecimientos de The Home Depot) y del lavado de autos para llevar a cabo esta maniobra publicitaria”, escribió uno de los agentes en un mensaje de texto incorporado a la demanda.

Durante aquel operativo, Bovino llegó al lugar acompañado por agentes armados con uniformes de camuflaje, cascos y máscaras, y declaró ante la prensa: “Estamos aquí para hacer de Los Ángeles un lugar más seguro; ya que no contamos con políticos que lo hagan, lo hacemos nosotros mismos”.

Tras conocerse el contenido de los testimonios, Newsom endureció sus críticas contra la Casa Blanca y calificó la actuación federal como “una táctica del manual de un dictador”.

“El gobierno federal nunca debe utilizarse como arma contra opositores políticos o sus familias. Esto constituye un abuso de poder, y todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación partidista, deberían estar profundamente preocupados”, afirmó el gobernador.

Newsom se ha consolidado como uno de los principales críticos de las políticas migratorias impulsadas por Trump y ha mantenido una confrontación constante con la Administración republicana por los operativos de inmigración ejecutados en California.

Con información de EFE.

Miles de niños inmigrantes no acompañados podrían quedarse sin representación legal a partir del vencimiento de un contrato federal que financia el acceso a abogados para estos menores, advirtieron organizaciones de servicios legales durante una conferencia organizada este miércoles por el Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).

El contrato federal que permite financiar estos servicios vence el 31 de julio de 2026, lo que, según los proveedores, podría provocar el colapso de una red de organizaciones encargadas de representar a menores inmigrantes en sus procesos ante tribunales.

Desde noviembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha retenido pagos a proveedores de servicios legales que representan a niños no acompañados, según denunciaron las organizaciones.

Estas afirmaron que el Gobierno busca obtener información confidencial y protegida por el secreto profesional sobre los menores a los que representan.

El Defending Our Neighbors Fund indicó que ha entregado fondos de emergencia a algunas organizaciones para que continúen atendiendo a sus clientes, pero alertó que, sin una renovación inmediata del contrato federal, decenas de miles de niños podrían verse obligados a enfrentar sus procesos migratorios sin un abogado frente a representantes legales del Gobierno.

“El gobierno sabe exactamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad que tiene un niño de obtener el debido proceso es contar con un abogado a su lado; esa es la razón de ser de este programa”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights.

Lukens agregó que, al negar pagos por servicios ya prestados, el Gobierno “está socavando deliberadamente las protecciones a las que estos niños tienen derecho”.

Dos décadas de experiencia

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló que durante dos décadas la red de proveedores legales ha desarrollado experiencia especializada para trabajar con menores que han sufrido traumas.

“Hemos dedicado 20 años a construir este conocimiento institucional que perderemos este viernes. No hay forma de reemplazar a las organizaciones que prestan estos servicios”, afirmó.

López aseguró que los menores que llegan a los tribunales sin representación legal enfrentan mayores riesgos de deportación. “El gobierno intenta eliminar nuestro trabajo y este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, señaló.

Meena Shah, directora general de Servicios Legales de The Door, alertó que los tribunales migratorios continuarán avanzando con los casos aunque los menores no tengan representación.

“Los jueces están avanzando con los casos, haya o no representación legal. Ordenarán la deportación de niños sin representación —empezando el lunes por la mañana— en todo Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva y cofundadora del Immigrant Defenders Law Center, sostuvo que la falta de abogados no solo afecta la defensa individual de los menores, sino también los mecanismos de supervisión del sistema migratorio.

“Cuando se priva a los niños de abogados, no solo se les quita la representación legal; se elimina uno de los pocos mecanismos eficaces de control frente a las malas prácticas gubernamentales”, afirmó.

Esfuerzo para reducir las protecciones

Durante la conferencia, las organizaciones también señalaron que la situación forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir las protecciones legales disponibles para los menores inmigrantes y quienes los representan.

Mayra Peters-Quintero, directora ejecutiva de Abundant Futures Fund y colíder del Defending Our Neighbors Fund, afirmó que el acceso a representación legal debe estar disponible para los menores sin importar su edad o situación económica.

“La justicia no debería tener precio. Debería estar al alcance de todos, independientemente de su edad o sus ingresos”, afirmó.

Peters-Quintero explicó que el fondo fue creado para recaudar recursos, identificar organizaciones beneficiarias y distribuir apoyo económico a entidades que trabajan con comunidades inmigrantes mediante representación legal y, cuando es posible, asistencia para el pago de fianzas.

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzó los 15,8 millones de personas a mediados de 2024, un incremento de casi cinco millones respecto a los niveles registrados durante la década anterior, según un estudio divulgado este miércoles por el Instituto de Política Migratoria (MPI).

El informe señala que, tras mantenerse durante años en torno a los 11 millones, la cifra aumentó impulsada por el incremento de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México.

También lo acredita a varios programas implementados durante la Administración del expresidente Joe Biden para gestionar la llegada de migrantes y reducir la presión en la frontera.

Sin embargo, los autores del estudio consideran que esa tendencia podría haber comenzado a cambiar desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De acuerdo con los investigadores Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook, la reducción de la actividad fronteriza desde 2025, junto con la política migratoria más restrictiva impulsada por el actual Gobierno, apunta a que la población indocumentada se habría estabilizado o incluso empezado a disminuir.

“Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá”, indicaron los expertos en un comunicado difundido junto al estudio.

Más diversidad

El análisis también muestra cambios importantes en el origen de la población migrante en situación irregular.

Los mexicanos continuaron siendo el grupo más numeroso, aunque su peso relativo siguió descendiendo. En 2024 representaban el 35 % del total, frente al 49 % registrado en 2019 y al 62 % de 2010.

En contraste, la inmigración irregular procedente de Centroamérica creció con fuerza entre 2019 y 2024. El estudio calcula que la población originaria de esa región aumentó en 2,3 millones de personas, principalmente por el incremento de llegadas desde Honduras y Guatemala.

La investigación también identifica un aumento de la migración irregular desde Suramérica, con 1,3 millones de personas adicionales en ese mismo período. El crecimiento estuvo encabezado por migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

Con información de EFE.

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Evidencias audiovisuales y mensajes de texto incluidos en documentos judiciales revelan que agentes de ICE emplearon términos despectivos contra la comunidad latina durante operativos en Los Ángeles, California.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California incorporó grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en una moción de medida cautelar.

“Sí, conéctennos donde vean algunos ‘tonks’ y saldremos corriendo”, se escuchó decir a un agente en un video presentado ante el tribunal. El término “tonk” es utilizado en el ámbito policial para aludir al impacto de una porra o linterna contra la cabeza de un Inmigrante, señaló ABC News.

“Había un tipo, estoy bastante seguro de que estaba ‘mojado’ (wet), estaba sentado en esa minivan”, utilizando una abreviación de un insulto dirigido a personas latinas. Asimismo, en las cadenas de mensajes de texto, un agente cuestionó que “algunas de estas personas son estúpidas ¿Por qué publicarías en las redes sociales que estás ‘mojado’?”.

Más tarde, otro agente añadió que “ahora mismo hay puestos por todas partes vendiendo comida para las festividades del 4 de julio en Long Beach”.

Respuestas del DHS

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó señalar si el uso de ese vocabulario infringe los reglamentos internos cuando fue consultado por el medio anteriormente citado. En su lugar, el vocero declaró que “nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener con indignación fingida”.

“¿Dónde está la indignación de los medios de comunicación por las familias de Angel que perdieron a un ser querido a causa de un delito cometido por inmigrantes ilegales?”, acotó el portavoz.

Por su parte, la organización demandante reiteró el impacto de los hallazgos, y agregó que la demanda “debería causar indignación”, así lo expresó Mayra Joachim, subdirectora de derechos de los inmigrantes de la ACLU del Sur de California.

“Las pruebas recabadas por el gobierno confirman lo que nuestras comunidades siempre han sabido: los agentes de inmigración están violando flagrantemente la ley al detener a personas sin justificación y, a menudo, principalmente por el color de su piel“, sentenció.

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La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando audiencias masivas, pero el principal problema es que, en varios casos, sus avisos llegan demasiado tarde a los inmigrantes, quienes reciben una orden de deportación por ausiencia.

Ese no es el único problema, ya que además las audiencias están saturadas y, en muchos casos, los inmigrantes no escuchan su nombre y también son considerados ausentes.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Estas audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.

“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.

Aunque el primer gobierno del presidente Donald Trump ya había realizado este tipo de audiencias, su alcance actual no tienen precedente histórico.

“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.

Tales audiencias, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, es el primer contacto de un inmigrante con un tribunal, pero si no atienden o no escuchan su nombre pierden una oportunidad invaluable para sus casos.

Entre los estados con más audiencias de este tipo se encuentran California, Colorado, Georgia, Illinois, Nueva York, Nevada y Texas, pero no son los únicos.

Marrow explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ la importancia de dar seguimiento a estas audiencias, debido a su alto impacto en las familias.

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