Miles de niños inmigrantes no acompañados podrían quedarse sin representación legal a partir del vencimiento de un contrato federal que financia el acceso a abogados para estos menores, advirtieron organizaciones de servicios legales durante una conferencia organizada este miércoles por el Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).
El contrato federal que permite financiar estos servicios vence el 31 de julio de 2026, lo que, según los proveedores, podría provocar el colapso de una red de organizaciones encargadas de representar a menores inmigrantes en sus procesos ante tribunales.
Desde noviembre de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha retenido pagos a proveedores de servicios legales que representan a niños no acompañados, según denunciaron las organizaciones.
Estas afirmaron que el Gobierno busca obtener información confidencial y protegida por el secreto profesional sobre los menores a los que representan.
El Defending Our Neighbors Fund indicó que ha entregado fondos de emergencia a algunas organizaciones para que continúen atendiendo a sus clientes, pero alertó que, sin una renovación inmediata del contrato federal, decenas de miles de niños podrían verse obligados a enfrentar sus procesos migratorios sin un abogado frente a representantes legales del Gobierno.
“El gobierno sabe exactamente lo que está haciendo. La mejor oportunidad que tiene un niño de obtener el debido proceso es contar con un abogado a su lado; esa es la razón de ser de este programa”, afirmó Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights.
Lukens agregó que, al negar pagos por servicios ya prestados, el Gobierno “está socavando deliberadamente las protecciones a las que estos niños tienen derecho”.
Dos décadas de experiencia
Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, señaló que durante dos décadas la red de proveedores legales ha desarrollado experiencia especializada para trabajar con menores que han sufrido traumas.
“Hemos dedicado 20 años a construir este conocimiento institucional que perderemos este viernes. No hay forma de reemplazar a las organizaciones que prestan estos servicios”, afirmó.
López aseguró que los menores que llegan a los tribunales sin representación legal enfrentan mayores riesgos de deportación. “El gobierno intenta eliminar nuestro trabajo y este programa porque sabe que, sin abogados, los niños serán deportados”, señaló.
Meena Shah, directora general de Servicios Legales de The Door, alertó que los tribunales migratorios continuarán avanzando con los casos aunque los menores no tengan representación.
“Los jueces están avanzando con los casos, haya o no representación legal. Ordenarán la deportación de niños sin representación —empezando el lunes por la mañana— en todo Estados Unidos”, afirmó.
Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva y cofundadora del Immigrant Defenders Law Center, sostuvo que la falta de abogados no solo afecta la defensa individual de los menores, sino también los mecanismos de supervisión del sistema migratorio.
“Cuando se priva a los niños de abogados, no solo se les quita la representación legal; se elimina uno de los pocos mecanismos eficaces de control frente a las malas prácticas gubernamentales”, afirmó.
Esfuerzo para reducir las protecciones
Durante la conferencia, las organizaciones también señalaron que la situación forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir las protecciones legales disponibles para los menores inmigrantes y quienes los representan.
Mayra Peters-Quintero, directora ejecutiva de Abundant Futures Fund y colíder del Defending Our Neighbors Fund, afirmó que el acceso a representación legal debe estar disponible para los menores sin importar su edad o situación económica.
“La justicia no debería tener precio. Debería estar al alcance de todos, independientemente de su edad o sus ingresos”, afirmó.
Peters-Quintero explicó que el fondo fue creado para recaudar recursos, identificar organizaciones beneficiarias y distribuir apoyo económico a entidades que trabajan con comunidades inmigrantes mediante representación legal y, cuando es posible, asistencia para el pago de fianzas.
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