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Evidencias audiovisuales y mensajes de texto incluidos en documentos judiciales revelan que agentes de ICE emplearon términos despectivos contra la comunidad latina durante operativos en Los Ángeles, California.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California incorporó grabaciones de cámaras corporales y mensajes de texto en una moción de medida cautelar.

“Sí, conéctennos donde vean algunos ‘tonks’ y saldremos corriendo”, se escuchó decir a un agente en un video presentado ante el tribunal. El término “tonk” es utilizado en el ámbito policial para aludir al impacto de una porra o linterna contra la cabeza de un Inmigrante, señaló ABC News.

“Había un tipo, estoy bastante seguro de que estaba ‘mojado’ (wet), estaba sentado en esa minivan”, utilizando una abreviación de un insulto dirigido a personas latinas. Asimismo, en las cadenas de mensajes de texto, un agente cuestionó que “algunas de estas personas son estúpidas ¿Por qué publicarías en las redes sociales que estás ‘mojado’?”.

Más tarde, otro agente añadió que “ahora mismo hay puestos por todas partes vendiendo comida para las festividades del 4 de julio en Long Beach”.

Respuestas del DHS

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) evitó señalar si el uso de ese vocabulario infringe los reglamentos internos cuando fue consultado por el medio anteriormente citado. En su lugar, el vocero declaró que “nuestros agentes están centrados en proteger al pueblo estadounidense, no en entretener con indignación fingida”.

“¿Dónde está la indignación de los medios de comunicación por las familias de Angel que perdieron a un ser querido a causa de un delito cometido por inmigrantes ilegales?”, acotó el portavoz.

Por su parte, la organización demandante reiteró el impacto de los hallazgos, y agregó que la demanda “debería causar indignación”, así lo expresó Mayra Joachim, subdirectora de derechos de los inmigrantes de la ACLU del Sur de California.

“Las pruebas recabadas por el gobierno confirman lo que nuestras comunidades siempre han sabido: los agentes de inmigración están violando flagrantemente la ley al detener a personas sin justificación y, a menudo, principalmente por el color de su piel“, sentenció.

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La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la agencia que administra los tribunales migratorios, está realizando audiencias masivas, pero el principal problema es que, en varios casos, sus avisos llegan demasiado tarde a los inmigrantes, quienes reciben una orden de deportación por ausiencia.

Ese no es el único problema, ya que además las audiencias están saturadas y, en muchos casos, los inmigrantes no escuchan su nombre y también son considerados ausentes.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Estas audiencias aumentaron considerablemente en junio, según un análisis de bklg.org y un texto escrito por el investigador Austin Kocher.

“En mayo hubo 25 mega audiencias; en junio, hubo 153 mega audiencias programadas. De hecho, en algunos días de junio, el 25% de todas las personas en el país que estaban programadas para una audiencia del calendario maestro estaban programadas para un mega audiencia”, indica Kocher.

Aunque el primer gobierno del presidente Donald Trump ya había realizado este tipo de audiencias, su alcance actual no tienen precedente histórico.

“[La actual estrategia] demuestra una coordinación deliberada al más alto nivel de la EOIR para centrarse en jueces y salas de audiencias específicos”, indica el informe. “Esto no es resultado de que los jueces decidan sobrecargar sus salas de audiencias; los jueces no controlan sus propios calendarios de casos. Más bien, es el resultado de que la EOIR haya sobrecargado las salas de audiencias de ciertos jueces y haya obligado al tribunal a lidiar con ello”.

Tales audiencias, explicó Brandon Marrow, experto en tecnología cívica en bklg.org, es el primer contacto de un inmigrante con un tribunal, pero si no atienden o no escuchan su nombre pierden una oportunidad invaluable para sus casos.

Entre los estados con más audiencias de este tipo se encuentran California, Colorado, Georgia, Illinois, Nueva York, Nevada y Texas, pero no son los únicos.

Marrow explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ la importancia de dar seguimiento a estas audiencias, debido a su alto impacto en las familias.

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NUEVA YORK – La Administración del presidente Donald Trump está intensificando sus operativos antiinmigrantes en los aeropuertos del país, donde agentes vestidos de civil están arrestando a personas con visados vencidos tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, reportó este martes el New York Times.

De acuerdo con el diario, los agentes han estado en las últimas semanas en 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, entre ellas cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, como resultado de un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Esta Administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar, a menos que sea para deportarse voluntariamente”, señaló al diario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuya supervisión opera el ICE, que ejecuta la campaña de arrestos puesta en marcha por Trump.

La agencia no confirmó al diario si había ampliado el programa de arrestos ni cuántas personas han sido detenidas en los aeropuertos por tener el visado caducado.

No obstante, el aumento de los arrestos en los aeropuertos ocurre en momentos en que se intensifican las detenciones con el objetivo de alcanzar 2,000 arrestos diarios, aproximadamente el doble de los registrados a principios de este año.

Entre los arrestos recientes en aeropuertos figura el de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, de 27 años, detenida el pasado 20 de julio cuando intentaba viajar de Denver a Oakland, California.

Al escanear su tarjeta de embarque saltó una alarma, por lo que tuvo que esperar y poco después fue interceptada por dos agentes vestidos de civil.

La detención de Morales Rojas, que entró legalmente a EE. UU. en 2023 en un programa de intercambio, fue grabada en video y se hizo viral en las redes sociales.

Antes de que finalizara su programa de intercambio, el 4 de enero, la ecuatoriana había presentado una solicitud para permanecer en el país. Un juez le impuso una fianza de $3,000 dólares y se espera que salga mañana después de que abrir una cuenta en GoFundMe para cubrir sus gastos legales.

Arrestos sin discriminar nacionalidad

Los arrestos del ICE en los aeropuertos no han discriminado nacionalidades, como muestra el caso ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde fue arrestada una ciudadana ucraniana el miércoles de la semana pasada.

Iryna Gorb, que lleva más de 10 años viviendo en California, fue detenida tras regresar de un viaje a Portland, informó el senador estatal Scott Wiener, quien ha ayudado a facilitarle asistencia legal.

La detención fue captada en video por la concejala de Richmond (California) Doria Robinson, que mostró a los agentes deteniendo a Gorb dentro del aeropuerto mientras ella gritaba pidiendo ayuda y decía que era ucraniana.

El DHS dijo en un comunicado que Gorb excedió el tiempo permitido de su visa y permaneció en Estados Unidos de “manera ilegal” durante 15 años, por lo que permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación.

Entre los detenidos en aeropuertos figura además una mujer de Uganda, en silla de ruedas y con una solicitud de asilo en trámite, que padece anemia falciforme, indicó su abogado al Times.

“En 38 años ejerciendo la abogacía en materia de inmigración, jamás había visto algo así y sé que le está ocurriendo a mucha gente”, dijo al diario Charles Kuck, abogado de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la prórroga de su permiso de trabajo.

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Tres leyes aprobadas por la legislatura del estado de Maine para limitar la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrarán en vigor mañana miércoles, con restricciones al acceso de agentes federales a escuelas, hospitales y hogares, así como a la colaboración con la policía local y las cárceles.

Las medidas, conocidas como “ICE Out” (Fuera ICE), entrarán en vigor el miércoles después de que la gobernadora demócrata Janet Mills permitiera su aprobación sin su firma.

Estas leyes fueron impulsadas en medio de las críticas a la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, dos semanas después de la muerte del inmigrante colombiano Johan Sebastian Durán a manos de agentes federales en la ciudad de Biddeford, al sur del estado.

Una de las leyes, “ICE fuera de la policía”, limita la colaboración de las fuerzas locales con ICE al prohibir que las autoridades trasladen a inmigrantes bajo custodia policial a centros de detención federales, los retengan por solicitudes de la agencia migratoria o informen sobre sus fechas de liberación.

La medida busca evitar que los inmigrantes dejen de acudir a las autoridades locales por temor a consecuencias migratorias, explicó este martes la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Maine durante una conferencia de prensa.

Otra de las normas, “ICE fuera de las escuelas y centros de salud”, permite al personal de escuelas públicas, centros médicos y bibliotecas estatales negar el acceso a esos espacios o a determinada información a agentes migratorios que no presenten una orden judicial.

Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, mantuvo una política que restringía las detenciones migratorias en lugares considerados sensibles, pero Trump la revocó tras asumir el cargo en enero de 2025.

La tercera ley, “ICE fuera de nuestros hogares”, impide que los propietarios entreguen información personal de sus inquilinos a ICE sin una orden judicial y ofrece protección frente a posibles presiones o intimidaciones de la agencia.

Maine se suma a estados que limitan cooperación con ICE

Con estas medidas, Maine se suma a otros estados como Nueva York, California, Illinois, Massachusetts, Vermont, Connecticut y Delaware, además de varias ciudades y condados, que han aprobado normas similares para limitar la cooperación local con las autoridades migratorias federales.

“Estas políticas facilitan que las personas vayan al trabajo, lleven a sus hijos a la escuela, acudan al médico o pidan ayuda sin temor a que las instituciones locales se utilicen para aplicar las leyes federales de inmigración”, dijo este martes Rubén Torres, director de políticas de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Maine.

Mientras, el asesor jurídico Zach Heiden de la ACLU dijo que no esperan que ICE cumpla voluntariamente las nuevas restricciones, pero confían en que las policías locales, oficinas de alguaciles y cárceles sí las apliquen.

La ACLU publicó la semana pasada el informe nacional “Agentes del caos y la crueldad”, en el que documenta más de 400 casos de presunta mala conducta de ICE entre más de 1,200 incidentes migratorios analizados.

La organización sostiene que el aumento de recursos otorgados a la agencia bajo la Administración Trump ha incrementado su poder sin que se hayan aprobado reformas para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

“La violencia que ejerce ICE no constituye una aplicación de la ley en el sentido estricto de la palabra. Es ilegal, aterradora y mortal, y debe cesar”, zanjó la organización. 

WASHINGTON – Un juez federal ordenó este lunes la liberación en un plazo de 48 horas de José Trinidad Rojas Pliego, uno de los pasajeros de la camioneta en la que viajaba el trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Texas.

La orden fue emitida por el juez Keith P. Ellison, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, quien determinó que la detención migratoria de Rojas Pliego violaba su derecho constitucional al debido proceso bajo la Quinta Enmienda.

El magistrado señaló que este caso forma parte de cientos de peticiones similares que cuestionan la interpretación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la detención obligatoria de inmigrantes bajo la legislación federal.

Rojas Pliego permanece bajo custodia de ICE y, hasta esta mañana, no se ha confirmado que haya sido liberado. La orden judicial establece que las autoridades migratorias deberán ponerlo en libertad dentro de 48 horas y notificar previamente a sus abogados sobre la ejecución de la medida.

El hombre era uno de los pasajeros de la camioneta conducida por Salgado Araujo, quien murió el pasado 7 de julio tras un incidente con agentes de ICE en Houston.

Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado cuando conducía hacia su trabajo y menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford (Maine) tras recibir un disparo por agentes migratorios, frente a su pareja y su hijo menor.

Los pasajeros, incluido Rojas Pliego, han cuestionado la versión oficial de las autoridades, que sostiene que el vehículo fue utilizado como una amenaza contra los agentes, mientras que sus abogados han denunciado que fueron detenidos sin una base legal suficiente.

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El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó este lunes una petición para desestimar el caso contra el líder sindical David Huerta, detenido en junio de 2025 por autoridades federales cuando protestaba por la primera gran redada migratoria en un lugar de trabajo en Los Ángeles.

Huerta, presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, en inglés), afrontaba un delito menor por obstrucción a un agente federal, lo que había podido acarrearle un año en prisión.

El fiscal interino de EE.UU., Todd Blanch, y el fiscal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, explicaron en el documento judicial que “en virtud de un acuerdo entre las partes”, solicitaban la desestimación de los cargos contra Huerta, cuyo arresto y acusación acaparó titulares internacionales por las imputaciones contra el sindicalista.

Detalles de la detención de Huerta y cargos

Inicialmente el DOJ lo acusó de un cargo criminal de “conspiración para obstaculizar a una autoridad”, lo que conlleva a una pena máxima de seis años, tras ser detenido el 6 de junio del año pasado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero en octubre del año pasado, la fiscalía estadounidense rebajó el cargo a un delito menor por obstrucción.

El DOJ afirmó que Huerta obstaculizó el paso de los agentes federales al cruzar una entrada e intentar bloquear un vehículo en una empresa de confecciones en el centro de Los Ángeles, donde agentes armados realizaban una redada migratoria que desató una oleada de protestas por el país.

La detención del líder sindical causó entonces un rechazo generalizado. Las imágenes del arresto que se volvieron virales en las redes sociales muestran a agentes enmascarados empujando a Huerta al suelo antes de esposarlo.

El líder resultó herido y tuvo que ser enviado al hospital, donde estuvo casi un día para después ser encarcelado hasta que se le concedió una fianza de $50,000 dólares.

“El gobierno finalmente admite lo que sabíamos desde el primer día y lo que resultaba evidente para cualquiera que viera los videos: la acusación en mi contra carecía de fundamento y pretendía intimidar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz, organizarse o exigir justicia”, dijo Huerta a Político tras la desestimación de los cargos.

El Departamento de Justicia ha emprendido una campaña para presentar cargos contra ciudadanos estadounidenses que interfieran en las redadas migratorias, incluyendo activistas, funcionarios electos, y hasta jueces. Sin embargo, en Los Ángeles, el DOJ ha logrado obtener muy pocas victorias judiciales.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara una estrategia para incrementar la detención y deportación de ciudadanos haitianos en Estados Unidos una vez que venza el Estatus de Protección Temporal (TPS), según diversos medios estadounidenses.

La planificación de la agencia contemplaría redadas focalizadas en el estado de Ohio, donde se ubican asentamientos significativos de esta comunidad, como los establecidos en Springfield, afirmaronh medios como CBS y Fox News, quienes señalaron que las personas bajo custodia serán trasladadas de manera inmediata en vuelos de repatriación hacia Haití.

La posible ejecución del plan podría afectar a más de 300,000 ciudadanos haitianos que perderán el amparo legal que les permitía residir y desempeñarse laboralmente en territorio estadounidense.

Aval judicial e implicaciones de la medida

La acción de ICE ocurre luego de un fallo de la Corte Suprema emitida en junio, el cual autorizó a la administración del presidente Donald Trump a revocar la protección humanitaria para los nacionales de Haití y Siria. Se espera que la resolución comience tener efecto formal mediante los tribunales inferiores esta semana, informó EFE.

La cancelación del estatus conlleva la pérdida automática del permiso de trabajo y habilita a los agentes para efectuar arrestos. Sin embargo, los migrantes que carezcan de una orden previa de expulsión, mantendrán el derecho de presentar su caso ante un juez de inmigración antes de ejecutarse su salida del país.

Política migratoria y el programa TPS

El incremento de las incursiones y las detenciones forma parte de la directriz migratoria impulsada por el Gobierno estadounidense. Springfield figuró previamente en el debate nacional luego de la difusión de alegatos infundados sobre la población migrante durante la contienda electoral de 2024.

El TPS es una herramienta humanitaria orientada a brindar refugio a personas de naciones afectadas por conflictos armados o desastres naturales. Al inicio de la actual gestión, cerca de 1.3 millones de personas de 17 países contaban con este beneficio. Sin embargo, el gobierno ha avanzado en el proceso de cancelación del programa para 13 de esas naciones, medida que impactará a casi un millón de beneficiarios.

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El “zar de la frontera” de la administración de Donald Trump, Tom Homan, confirmó que está en marcha una revisión interna de antecedentes penales luego del trágico episodio en Maine, cuando un agente de ICE estuvo involucrado en la muerte de un ciudadano colombiano.

El encargado fronterizo se refirió al caso del oficial David Brouillette, veterano del ejército, e indicó que las fallas en los filtros de ingreso están bajo análisis.

“Hay varios aspectos que están bajo revisión. Se está revisando su entrenamiento. Sé que este caso en particular, en lo que respecta a la investigación de antecedentes, está siendo revisado por la sección de asuntos internos”, declaró Homan en CNN.

Asimismo, el funcionario indicó que si las acusaciones contra el agente de ICE resultan verdaderas, “no creo que debiera haber superado nunca el control de seguridad”.

La medida ocurre luego de que familiares informaran a The Associated Press que Brouillette registraba antecedentes de problemas graves de salud mental y conductas violentas.

Cambios en los protocolos de detención vehicular

Ante los incidentes armados ocurridos en Maine y Houston, el Departamento de Seguridad Nacional evaluó el despliegue y la capacitación de los nuevos agentes. Tras el suceso en Maine, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ordenó suspender temporalmente las inspecciones de vehículos; sin embargo, Donald Trump dispuso la reanudación de los operativos.

“Actualmente, en todas las detenciones de vehículos, hay al menos una cámara corporal en el lugar para grabar todo el incidente”, afirmó Homan.

Según la información brindada, el director interino del ICE, David Venturella, “dio instrucciones indicando que quería al menos una cámara corporal en esas detenciones de vehículos, para que todo quedara grabado en vídeo”.

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Una nueva regla de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enviará directamente a jueces los casos de asilo, lo que podría acelerar las decisiones sobre otorgar esa protección migratoria, pero también de una deportación, si el caso no cumple con los requisitos.

El asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, indicó que la nueva regla que propuso USCIS ante el Registro Federal busca enfrentar la “dilación intencional” de abogados de peticionarios de asilo para quedarse en EE.UU., además de reducir los retrasos en tribunales.

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados que los representan, defensores de las fronteras abiertas”, afirmó Percival. “Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del Presidente. Esta norma lograría precisamente eso”.

Actualmente, USCIS y los jueces migratorios –que dependen del Departamento de Justicia (DOJ)– resuelven las solicitudes de asilo en dos vías, pero ahora los oficiales podrán remitir los casos directamente a un juez, que determinará el asilo o la deportación.

“USCIS resuelve las solicitudes de asilo ‘afirmativas’ para los solicitantes que no están en proceso de deportación, mientras que los Jueces de Inmigración resuelven las solicitudes de asilo ‘defensivas’ para los solicitantes que sí están en proceso de deportación”, recordó el DHS.

El gobierno del presidente Donald Trump indica que ese proceso regularmente ofrece “una segunda oportunidad” a los inmigrantes a obtener asilo, pero provocan retrasos en tribunales.

“La regla final provisional permite a USCIS remitir las solicitudes de asilo a Jueces de Inmigración sin entrevistar previamente al solicitante”, indicó el DHS. “Esta norma reducirá el tiempo total que tardan los oficiales de asilo y los jueces de inmigración en resolver las solicitudes de asilo. Entre otras razones, el USCIS implementa este cambio para reducir la acumulación de casos de asilo”.

El director del USCIS, Joseph Edlow, defendió la nueva regla como una forma de terminar con el uso “indebido” del sistema de asilo.

Antes de implementar la nueva directiva, USCIS aceptará comentarios públicos y luego elaborará la Regla Final.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar el proceso y obtener permisos de trabajo, en lugar de para atender solicitudes legítimas de protección”, declaró Edlow.

El funcionario insistió en que el sistema de asilo debe proteger a personas que realmente enfrentan persecución en sus países.

“El sistema de asilo estadounidense existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de dichas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludir sus obligaciones”, acoto.

Un total de 73 ataúdes de cartón fueron cargados el sábado por las calles del centro de Los Ángeles, como parte de una jornada nacional que incluyó más de trescientos actos para honrar a los inmigrantes fallecidos y exigir que “se haga justicia” en medio de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump.

La representación del cortejo fúnebre, que pasó frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, formó parte de una conmemoración bautizada “Justicia para Lorenzo. Justicia para Johan. Justicia para todos. Abolir ICE”, que estaba programada para realizarse este fin de semana en unas 330 comunidades de Estados Unidos.

El movimiento nacional, impulsado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y grupos religiosos, surgió tras las muertes de dos inmigrantes a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las últimas semanas.

El mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, fue baleado el pasado 7 de julio en Houston, Texas, cuando conducía hacia su trabajo. Menos de una semana después, el 13 de julio, el colombiano Johan Sebastián Guerrero murió en Biddeford, Maine, tras recibir un disparo frente a su pareja y su hijo pequeño.

“Es nuestra obligación denunciar esta injusticia. Estos dos inmigrantes deberían seguir con vida, al igual que todos los que han muerto en las cárceles de ICE víctimas de negligencia. Esto no puede continuar”, dijo a EFE Guillermo Torres, miembro de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que participó en la convocatoria.

El pastor y defensor de los derechos humanos explicó que los 73 ataúdes simbolizan las muertes de inmigrantes relacionadas con la política de la Casa Blanca para alcanzar cifras récord de deportaciones.

Además de los dos hombres abatidos por agentes de ICE, la representación fúnebre incluyó los nombres de los 53 inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE desde la toma de posesión de Trump, 33 de ellos durante el año fiscal 2026.

Exigen justicia

Los organizadores y participantes en los actos celebrados en ciudades como Chicago, Nueva York y Houston, entre cientos de otras localidades, exigieron mayor transparencia por parte de la Casa Blanca.

Entre sus demandas figura que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) libere y no deporte a las tres personas que viajaban con Salgado en la camioneta y fueron testigos del incidente —Daniel Tirado Pantoja, José Trinidad Rojas Pliego y Víctor Hugo Salgado— para que puedan rendir declaración.

“Debemos unirnos para defendernos y honrar a los trabajadores inmigrantes y jornaleros, quienes soportan lo peor del odio antiinmigrante mientras construyen nuestras comunidades y defienden los derechos humanos. Hoy nos reunimos para llorar su pérdida y exigir el fin del reino de terror del ICE”, indicó Erika Andiola, directora política de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

En Houston, ciudad donde Lorenzo Salgado residió durante más de treinta años antes de ser asesinado por parte de un agente del ICE, cientos de personas, entre ellas miembros y líderes de sindicatos locales, marcharon para exigir que se rindan cuentas en la investigación del incidente.

El hijo de Salgado, Lorenzo Jr., también participó en la marcha y aseguró que dedicará su vida a conseguir “que se haga justicia” por la muerte de su padre, según recogió el diario The Houston Chronicle.

En el ámbito nacional, los organizadores hicieron un llamado a los líderes estatales y locales de las 330 comunidades donde se realizaron los actos para que dejen de destinar recursos al apoyo de las labores federales de control migratorio y cesen toda coordinación con el ICE.

Así mismo, los activistas instaron a empresas y corporaciones como Home Depot y Target a ejercer los derechos consagrados en la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución para proteger a sus empleados, clientes y comunidades, negándose a cooperar con el ICE, lo que incluye impedir el acceso a propiedades privadas y rechazar la entrega de información de clientes u otros recursos.

“Estamos aquí hoy porque Los Ángeles se niega a guardar silencio mientras la violencia de ICE destroza familias”, afirmó Michelle Arkin, organizadora principal de No Concentration Camps CA.

La jornada nacional del sábado fue organizada con el apoyo de Disappeared in America, NDLON, The Workers Circle, Detention Watch Network y LULAC, la organización hispana más antigua de Estados Unidos.

Con información de EFE

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