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Las investigaciones por las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y de Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, a manos de agentes de Inmigración y Control de Adunas (ICE), avanzan a paso lento y podría llevar varios meses antes de que sus familias tengan respuestas.

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Ambos casos son investigados por autoridades federales, pero sobre Salgado Araujo, el fiscal del condado de Harris lidera una indagatoria por separado, aunque sin la colaboración del FBI para revisar evidencia fundamental.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), ha estado desde el inicio del asesinato de Salgado Araujo, cuyo cuerpo fue entregado varios días después a la familia, mientras aumentó la presión por una investigación independiente y transparente.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido a los agentes que dispararon a muerte a los inmigrantes, a pesar de que expertos y defensores de inmigrantes indican que abuscaron de su poder al disparar a muerte, en lugar de disparar a las llantas de los vehículos involucrados.

El zar de la frontera, Tom Homan, incluso afirma que Salgado Araujo y Durán Guerrero tuvieron la culpa de sus muertes, por la forma en que reaccionaron en la operación de ICE.

Ese mismo argumento ha sido aplicado en los casos de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por agentes de Aduanas y Proteccion Fronteriza (CBP) en operativos en Minneapolis, Minnesota.

Proaño explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ las circunstancias de ambos casos y las opciones legales de las familias.

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La muerte de un venezolano bajo custodia de ICE llevó a su hermana, Sonimar Arenas, a exigir una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento y denunciar que las autoridades migratorias no le garantizaron los medicamentos que necesitaba.

“Exigimos justicia por su memoria y una investigación para esclarecer las causas reales de su muerte”, afirmó Arenas este miércoles durante una conferencia de prensa en Washington, en la que estuvo acompañada por congresistas demócratas y activistas.

Su hermano, Jesús Manuel Arenas, murió el 13 de julio mientras era trasladado entre centros de detención en el sur de Georgia. ICE informó que el hombre fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:30 de la mañana durante el traslado.

Los agentes realizaron maniobras de reanimación y posteriormente lo llevaron a un hospital del condado, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después por un supuesto paro cardíaco.

Arenas cuestionó que su hermano hubiera recibido la atención médica que requería y responsabilizó a ICE de no haber atendido sus advertencias sobre su estado de salud.

“Le supliqué a ICE que no se lo llevaran debido a su condición médica, pero esto no fue escuchado”, relató. Según explicó, también pidió que Jesús Manuel pudiera llevar consigo sus medicamentos, pero los agentes únicamente le permitieron conservar uno de los cuatro que necesitaba.

El venezolano fue detenido el 9 de julio en su vivienda de Georgia. De acuerdo con la información que ICE proporcionó a su hermana, la detención se produjo por una orden de deportación.

Arenas afirmó que Jesús Manuel padecía hipertensión, trastorno de ansiedad crónica y depresión. El mismo día de su arresto, según su relato, él la llamó para contarle que ni siquiera había recibido el único medicamento que le permitieron llevar.

“Estoy totalmente segura de que él no recibió la atención médica que requería”, afirmó la venezolana entre lágrimas.

La familia también busca cumplir el último deseo del fallecido. Arenas encontró entre sus notas personales una estrofa de la canción “Venezuela”, que interpretó como una expresión de su voluntad de ser enterrado en su país de origen.

Por ese motivo, inició una campaña en GoFundMe para recaudar $7,500 dólares destinados a cubrir los gastos para trasladar sus restos a Venezuela. Hasta el momento, la iniciativa había reunido 665 dólares. La madre de Jesús Manuel vive en Venezuela y, según Arenas, él no regresaba al país desde hacía ocho años.

Durante la conferencia, Arenas también habló en nombre de otras familias y personas detenidas por las autoridades migratorias. Dijo representar a quienes, según sus palabras, “pasaron por lo mismo y sus gritos no fueron escuchados”.

Congresistas cuestionaron a ICE

Los congresistas demócratas Delia Ramírez, de Illinois; Jesús “Chuy” García y Adelita Grijalva también participaron en el acto y cuestionaron las políticas de ICE.

“No podemos permitir que ICE siga aterrorizándonos y matando a nuestra gente en las calles”, afirmaron los legisladores, quienes además criticaron el aumento del presupuesto destinado a la agencia.

Ramírez pidió igualmente al Congreso avanzar con el proyecto H.R. 7190, conocido como Melt ICE Act, que propone retirar fondos a ICE y cerrar sus centros de detención.

La muerte de Jesús Manuel Arenas se suma a otros casos recientes que han generado cuestionamientos sobre las actuaciones de agentes migratorios, entre ellos los fallecimientos del mexicano Lorenzo Salgado y del colombiano Johan Sebastián en incidentes ocurridos en Texas y Maine.

Con información de EFE.

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Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) que sacudieron Los Ángeles el año pasado provocaron un “impacto económico inmediato” en los negocios cercanos a las incursiones federales, según un estudio publicado este miércoles por el Instituto de Política y Asuntos Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El informe, elaborado junto a la organización sin fines de lucro Inclusive Action for the City, estimó que ocho de las nueve zonas estudiadas de mayoría latina para analizar las repercusiones de la política de deportaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, “experimentaron una disminución en el flujo de clientes, siendo los descensos más pronunciados en las proximidades de cada punto”.

En concreto, los negocios formales en los nueve puntos de control “experimentaron 46.000 visitas menos y pérdidas acumuladas estimadas en 3,16 millones de dólares”, indicó el informe.

Por otro lado, el 59 % de los dueños de negocios reportaron una caída de más del 50 % en las ventas, el 68 % cerraron temporalmente o redujeron su horario, y el 51 % reportaron que sus empleados faltaron al trabajo por temor, agregó.

Esta inestabilidad financiera se ha agudizado entre los comerciantes latinos un año después de las operaciones de los agentes federales, cuyas acciones desencadenaron una oleada de masivas protestas en Los Ángeles, y que poco a poco se trasladaron a las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Mineápolis.

“Casi el 95 % de los emprendedores latinos reportaron estrés financiero continuo casi un año después del aumento de las medidas de control: el 52 % informó que los ingresos ya no cubren consistentemente los costos operativos; otro 43 % apenas obtiene ganancias”, precisó.

Más allá de las pérdidas económicas, el estudio reflejó que el 76 % de los encuestados informó de trastornos gastrointestinales, insomnio, ataques de pánico, empeoramiento de enfermedades crónicas y otras dolencias relacionadas con el estrés al que estuvieron sometidos por “un control y un mecanismo que redujo la capacidad de los emprendedores para mantener sus negocios”.

Un año después, “muchos de estos negocios siguen endeudados, apenas alcanzan el punto de equilibrio y luchan por mantenerse abiertos. Estas consecuencias se extienden mucho más allá de los corredores comerciales. A medida que continúa el control migratorio, se pone en peligro la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras”, concluyó el informe.

Los Ángeles se erigió como el germen de las masivas protestas que se expandieron por todo el país en junio del año pasado, cuando el ICE realizó varias redadas en distintos puntos de Los Ángeles que llevaron al arresto de al menos 44 personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli.

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NUEVA YORK – Inocencia Rodríguez, la migrante dominicana que fue detenida en Puerto Rico cuando su proceso de regularización de estatus se encontraba en proceso, fue liberada bajo fianza este martes.

El pasado 10 de julio, Rodríguez se dirigía a su trabajo cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron con ella en Guaynabo, en la zona metropolitana.

En declaraciones a medios en la isla tras ser liberada, Rodríguez expresó estar agradecida por todo el apoyo recibido de diversos sectores.

“Estoy muy agradecida con Dios y con cada uno de los del equipo de la licenciada que han estado ahí; no me han desamparado. Gracias a mi familia que también ha estado ahí, por las oraciones que han hecho”, manifestó.

“No es fácil uno estar trancado (encerrado), pero después que te dan la libertad tú sientes felicidad con tu hija, con tu esposo, con tu familia, pues me sentí súper bien gracias a Dios”, añadió en declaraciones a Telemundo.

Rodríguez permanecerá en libertad mientras continúa su proceso migratorio, luego de que el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza le impusiera una fianza de $5,000 dólares.

Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, entidad que lleva el caso de Rodríguez, afirmó que la migrante nunca debió ser detenida.

“Es una carga adicional (los $5,000) en este caso y para nosotros debió ser puesta en libertad; es más, no debió ser detenida en ningún momento”, consideró.

“Esta victoria no borra la injusticia detrás de su detención ni hace razonable una fianza de $5,000 dólares. Inocencia no representa un riesgo de fuga y nunca debió haber sido detenida. Imponerle una carga económica para conservar una libertad que el gobierno le arrebató ilegalmente solo prolonga el daño causado y la castiga injustamente a ella y a su familia”, agregó Martínez Orabona.

En un comunicado, la ACLU resaltó que las normas federales permiten fianzas considerablemente más bajas o de un mínimo de $1,500, así como evaluar factores como el riesgo de fuga y la peligrosidad del detenido. Según la organización, Rodríguez no representaba ninguno de estos riesgos.

La licenciada María del Rosario García indicó que, como parte del proceso para obtener la residencia permanente, Rodríguez deberá enfrentar la remoción.

La mujer, que lleva más de 9 años viviendo en Puerto Rico, estaba en el trámite de regularizar su estatus a través de una Petición de Familiar Extranjero (I-130) y una exención provisional I-601A aprobadas.

La decisión a favor de la dominicana, cuya hija tiene 8 años, se dio luego de que la jueza federal María Antongiorgi Jordán ordenó el viernes su liberación inmediata.

La magistrada además instruyó a que se celebrara una vista de fianza en o antes del 21 de julio.

En una audiencia de redeterminación de custodia el 15 de julio, Talavera Peraza no le permitió a Rodríguez corroborar en sala que contaba con las solicitudes antes mencionadas ya aprobadas, denunció la ACLU.

La detención de Rodríguez se reportó durante un operativo que la entidad describió como “agresivo” y que fue ejecutado por al menos ocho personas en un punto de control de acceso en Guaynabo. Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo registrado a su nombre en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Ninguna autoridad local había ordenado una detención vehicular.

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Un juez federal ordenó suspender temporalmente la deportación de José Trinidad Rojas Pliego, testigo presencial de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida del juez Keith P. Ellison, del Tribunal para el Distrito Sur de Texas, prohíbe además el traslado del detenido fuera de esta jurisdicción mientras evalúa la causa.

El incidente ocurrió el 7 de julio durante un control de tráfico en Houston, cuando Rojas Pliego viajaba en una furgoneta junto a Salgado Araujo cuando el funcionario federal disparó su arma. Según la versión de ICE, Salgado Araujo no acató las órdenes y intentó embestir al agente con el automóvil, acto que la agencia calificó como legítima defensa.

Por su parte, líderes políticos locales señalaron que Salgado Araujo, ciudadano mexicano radicado en Estados Unidos desde hace 35 años, no figuraba como objetivo del operativo, aunque el caso se mantiene bajo investigación y hasta la fecha no existen cargos formales presentados.

Solicitudes de liberación y perfil de los detenidos

Agentes federales arrestaron a los acompañantes del vehículo tras el tiroteo, por lo que el abogado Raed González interpuso recursos para solicitar la libertad de Rojas Pliego y de Daniel Tirado Pantoja. En paralelo, otro representante legal ingresó una petición formal en favor de Víctor Hugo Salgado Araujo, hermano de la víctima, quien también permanece bajo custodia, informó EFE.

Según la documentación presentada por la defensa, Rojas Pliego carece de antecedentes penales, radica en el país desde 1998, mantiene una unión de hecho con una ciudadana estadounidense y es padre de tres hijos y cuatro hijastros con ciudadanía estadounidense.

Por su parte, Tirado Pantoja vive en Estados Unidos desde 1996, tampoco posee antecedentes penales y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses. Ambos continúan en el Centro de Procesamiento de ICE de Montgomery, en Conroe, Texas.

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El ritmo de las detenciones migratorias en Estados Unidos apunta a un nuevo récord durante julio, después de que ICE y CBP arrestaran a 43,138 extranjeros en junio, la cifra mensual más alta registrada durante la Administración del presidente Donald Trump.

Los datos de junio, correspondientes al año fiscal 2026, muestran que ICE realizó 39,563 arrestos, mientras que otros 3,575 fueron efectuados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La tendencia no se ha frenado. En los primeros 11 días de julio, las dos agencias acumularon 16,213 detenciones, con una media diaria de 1,593 personas bajo custodia migratoria.

Si ese promedio se mantiene durante el resto del mes, julio podría terminar con cerca de 50,000 arrestos, superando ampliamente el registro anterior. Aun así, el ritmo estaría por debajo del objetivo de 2,000 detenciones diarias fijado por la Casa Blanca, según funcionarios citados por The New York Times.

Estrategia de la Administración Trump

El incremento de las operaciones responde a la estrategia migratoria de Trump, que ha establecido nuevas metas para aumentar las detenciones y acelerar las deportaciones de extranjeros.

Sin embargo, la intensificación de los operativos también ha provocado protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza. En julio, dos inmigrantes murieron tras incidentes en los que participaron agentes migratorios.

El primero fue Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, quien murió el 7 de julio en Houston, Texas. Seis días después falleció el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo en Biddeford, Maine.

La lista de incidentes mortales se amplió el 14 de julio, cuando un mexicano que había ingresado a Estados Unidos con una visa murió atropellado por un camión en una autopista de Florida mientras escapaba de un operativo migratorio.

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Un tribunal federal de Massachusetts otorgó una medida cautelar de emergencia para suspender la aplicación de nuevas políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que amenazaban con retirar los permisos de trabajo a miles de beneficiarios del TPS y solicitantes de asilo.

La sentencia mantiene su vigencia durante el desarrollo del litigio y frena los efectos normativos derivados de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. La medida legal evita que los beneficiarios del TPS pierdan su permiso para trabajar legalmente a partir del 22 de julio, informó la organización Democracy Foward, que logró acceder a la sentencia.

Asimismo, el fallo también protege a los solicitantes de asilo ante la cancelación de sus autorizaciones laborales y el rechazo de sus expedientes sin el debido procedimiento formal.

Organizaciones demandantes y argumentos

La demanda fue interpuesta de forma conjunta por la Asociación Venezolana de Massachusetts, la Alianza Nacional TPS, el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (ASAP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la seccional 32BJ SEIU. La representación legal del colectivo está a cargo de las organizaciones Democracy Forward, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y ASAP.

Las entidades demandantes cuestionan las medidas de USCIS por establecer trabas administrativas sin previo aviso ni debido proceso. Tras conocerse el dictamen, la coalición y sus asesores legales expresaron en un comunicado conjunto:

“Esta decisión protege a miles de solicitantes de asilo y titulares de TPS de un daño inmediato e irreparable mientras avanza este caso. Sin este alivio, las familias que han cumplido con la ley y han confiado en protecciones humanitarias de larga data se enfrentaban a la pérdida repentina de su autorización de empleo y de su capacidad para mantenerse por sí mismas sin culpa alguna”, expresó la coalición.

Las organizaciones agregaron además que los solicitantes de asilo enfrentaban el rechazo de sus solicitudes de alivio, por lo que la orden, según señalan, brinda protección mientras el tribunal considera las serias cuestiones legales presentadas en este caso.

“Seguimos comprometidos a garantizar que las personas que buscan seguridad y las protegidas por el TPS reciban el proceso legal que el Congreso garantizó y que estas políticas ilegales queden anuladas permanentemente“, concluyó la coalición.

El expediente se tramita bajo la denominación Asociación Venezolana de Massachusetts y otros contra USCIS, entre otros.

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Al menos 40 senadores estadounidenses enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que exigieron reformas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras dos tiroteos mortales contra un mexicano y un colombiano en los que estuvieron involucrados agentes de esa agencia federal.

La misiva, liderada por el senador independiente por Maine Angus King y firmada por legisladores demócratas, reclama al DHS mayor transparencia en las operaciones de ICE y medidas para reforzar la supervisión de sus agentes, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales y una identificación más clara de los oficiales durante sus actuaciones.

Los legisladores exigieron además una revisión de los protocolos de ICE y que las autoridades proporcionen información más detallada sobre los incidentes en los que agentes han utilizado la fuerza, al considerar que es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

En días recientes, dos migrantes, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, murieron por disparos de ICE que se produjeron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

Además, el pasado 14 de julio, otro migrante, Juan Jairo Coronilla, falleció en Florida al ser embestido por un camión tras otro control de tráfico de ICE.

Estos nuevos episodios se producen después de una ola de cuestionamientos contra ICE a inicios de 2026 tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis.

Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración, casos que provocaron protestas y demandas de mayor supervisión.

La tensión política derivada de dichas muertes a manos de ICE llegó al Congreso, donde legisladores demócratas bloquearon partidas presupuestarias para el DHS en medio de la disputa por los fondos destinados a las operaciones migratorias.

El pulso provocó un cierre parcial de la agencia y cambios en la cúpula de Seguridad Nacional, incluida la salida de la secretaria Kristi Noem y la llegada de nuevos responsables en áreas clave de inmigración.

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Un juez federal desestimó este lunes varias demandas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impugnaba las políticas estatales y locales de Minnesota que limitan la cooperación con los agentes de inmigración, lo que supone un revés en la campaña de deportaciones de la Casa Blanca.

El juez Eric C. Tostrud, del tribunal federal en Minnesota, impugnó las querellas legales entabladas por el Departamento de Justicia contra el estado de Minnesota, la ciudades de Minneapolis y Saint Paul, y el condado de Hennepin, por la aprobación de leyes que restringen la colaboración de sus policías con el Servicio de Control de Inmigración y Ciudadanía.

La Casa Blanca ha argumentado que las leyes santuario contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, al “invadir” la autoridad federal y ser “un esfuerzo activo y deliberado” para obstruir la aplicación de las leyes de inmigración.

Sin embargo, Tostrud, nominado por el presidente Trump, opinó que es su fallo que las leyes y normas “no prohíben al gobierno federal ni a sus contratistas actuar y no controlan cómo el gobierno federal o sus contratistas realizan su trabajo” de control de inmigración.

“Más bien, (las normas) regulan cómo los funcionarios estatales y locales desempeñan sus funciones”, escribió el juez en su opinión.

El gobierno Trump demandó al estado de Minnesota en septiembre pasado como parte de su política migratoria, que lo llevó a desencadenar una serie de operativos que culminaron con la muerte de dos estadounidenses a manos de agentes migratorios a principio de este año.

Desde su primer mandato Trump ha arremetido contra las políticas santuario aprobadas en estados y localidades regidas por demócratas, como California.

Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en las agencias locales.

Trump ya perdió una demanda contra el estado de Illinois por sus políticas santuario.

La Casa Blanca ha impulsado hasta el momento 21 demandas contra leyes santuario de inmigrantes. La última fue presentada el pasado 10 de julio contra el estado de Maryland.

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