El programa de sanciones civiles de la segunda administración del presidente Donald Trump ha generado multas multimillonarias que ha afectado a cientos de miles de no ciudadanos en los Estados Unidos, de acuerdo con el informe “Deuda y la agenda de deportación: Multas de inmigración bajo la segunda administración Trump”, presentado por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York (NYU IRC).
El documento analiza las consecuencias financieras y legales del programa de sanciones civiles, aplicado a la población no ciudadana en Estados Unidos, informó la organización sin fines de lucro, Public Justice.
¿Qué destaca el informe?
Los resultados señalan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han enfocado sus acciones en personas con arraigo en Estados Unidos, incluyendo individuos con estatus legal vigente o en proceso de regularización.
El estudio también documenta las experiencias directas de los receptores de las multas, un sector que ha evitado denunciar públicamente la situación por temor a posibles represalias administrativas, e incluye además testimonios directos de los afectados y de sus defensores sobre el impacto cotidiano de estas deudas en sus vidas.
La deportista salió del centro de detención de ICE en Pompano Beach este lunes por decisión de un juez de inmigración. Había sido arrestada inicialmente en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a tomar un vuelo dentro del país.
En una conferencia de prensa celebrada este martes junto a la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, Rodríguez Caglianone relató su experiencia durante el tiempo que permaneció bajo custodia migratoria.
“Me sentí como un animal en un zoológico”, afirmó la venezolana, quien aseguró que en los centros donde estuvo detenida tuvo que dormir en el suelo y recibió alimentos vencidos.
Pese a las condiciones que describió, Rodríguez Caglianone dijo sentirse agradecida por haber recuperado la libertad y aseguró que ahora quiere utilizar su experiencia para representar a otras mujeres que permanecen detenidas.
“Es injusto porque hay personas que la están pasando peor ahí adentro”, afirmó. “He vivido en este país por 11 años y este es mi país, yo lo amo como mi país”.
Visa de turista
La venezolana llegó legalmente a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista. Posteriormente solicitó asilo y en 2023 obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección cuya terminación dejó su situación migratoria expuesta a nuevas acciones de las autoridades.
Durante su detención, Rodríguez Caglianone dijo haber conocido a mujeres embarazadas que, según su relato, perdieron a sus bebés mientras permanecían bajo custodia.
La deportista atribuyó esas situaciones a la combinación de estrés, falta de recursos médicos y problemas para recibir medicamentos. Según su relato, las autoridades llegaron a debatir si trasladaban o no a las mujeres afectadas.
La congresista Debbie Wasserman Schultz, que sigue el caso, vinculó la situación con la intensificación de las detenciones migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump y con el fin del TPS para venezolanos y haitianos.
La legisladora estimó que unas 300,000 familias haitianas, venezolanas, ucranianas y nicaragüenses protegidas por ese programa en Florida enfrentan ahora un mayor riesgo de deportación.
“Es una historia desgarradora. Es algo que nunca debería sucederle a nadie, pero hay miles de personas más como Claudia detenidas en algún lugar en este preciso momento”, afirmó Wasserman Schultz.
La congresista advirtió, no obstante, que la liberación de Rodríguez Caglianone no significa el final de su batalla migratoria. La venezolana todavía deberá completar su proceso legal y, según Wasserman Schultz, “no está fuera de peligro”.
La familia de una joven venezolana detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas denunció que las autoridades les impidieron visitarla en el centro de detención donde permanece bajo custodia desde hace dos semanas.
Un reporte de Noticias Telemundo señala que los familiares de Claudia Carolina Rodríguez, de 28 años, acudieron al Centro de Transición Broward con la esperanza de verla por primera vez desde su arresto, pero aseguran que el acceso les fue negado sin recibir una explicación.
“Fue devastador y frustrante porque no entendemos por qué no podemos verla”, declaró su tía, Claudia Caglianone, al medio.
De acuerdo con el relato de sus familiares, Rodríguez fue detenida el 17 de julio cuando se disponía a abordar un vuelo desde Fort Lauderdale hacia Carolina del Norte para asistir a la final de la Copa Mundial junto a unos amigos.
Inicialmente, la venezolana fue trasladada a un centro de procesamiento en Miramar, donde debía permanecer entre 12 y 72 horas. Sin embargo, permaneció allí ocho días antes de ser transferida.
La congresista demócrata por Florida Debbie Wasserman Schultz, quien participó en una manifestación junto a la familia frente al centro de detención de Pompano Beach, denunció las condiciones en las que habría permanecido Rodríguez durante ese período.
Afirmó que la venezolana estuvo recluida en un espacio reducido, perdió alrededor de 15 libras, no tuvo acceso a la luz solar y no pudo cambiarse de ropa ni bañarse.
Los familiares explicaron que Rodríguez llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo. También señalaron que había sido beneficiaria del Estatus de Protección Temporal para venezolanos, aunque indicaron que los cambios en la política migratoria complicaron su situación.
Antes de su detención, Rodríguez obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de St. Thomas y fue capitana del equipo femenino de fútbol de esa institución.
Los arrestos de inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos han aumentado hasta alcanzar 40 en un solo día, en medio de la intensificación de la campaña de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por NBC.
Las detenciones diarias actualmente oscilan entre 20 y 40, una cifra que duplica o incluso cuadruplica el promedio registrado en mayo de 2025, cuando las autoridades efectuaban alrededor de 10 arrestos al día en aeropuertos, de acuerdo con datos divulgados por la cadena.
Los operativos se han extendido durante las últimas semanas a al menos 15 aeropuertos del país. Agentes vestidos de civil han detenido a personas con visados vencidos en diferentes puntos de las terminales, incluidos mostradores de facturación y puertas de embarque.
Los arrestados proceden de más de una docena de países y entre ellos hay cónyuges de ciudadanos estadounidenses y trabajadores del sector tecnológico, según un informe reciente de The New York Times.
La expansión de estos operativos está vinculada a un acuerdo de cooperación entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con ese reporte.
La organización recomendó a inmigrantes que esperan una decisión sobre su residencia permanente o tienen solicitudes de asilo en curso consultar con un abogado antes de realizar viajes dentro de Estados Unidos.
“En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos de EE.UU. durante vuelos nacionales”, afirmó Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de la organización.
CHIRLA ha confirmado casos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), ambos en California.
También se han registrado incidentes similares, según la organización, en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.
Uno de los casos recientes es el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y ex capitana de un equipo universitario de fútbol de Miami que mantiene una solicitud de asilo vigente.
Rodríguez Caglianone fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, en Florida, cuando había pasado el control de seguridad para viajar a Carolina del Norte con amigos y asistir a la final del Mundial de fútbol, según relató su familia.
La joven había estado protegida por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, cuyo fin dejó su situación migratoria expuesta a nuevas medidas de control.
La aceleración de los procesos en los tribunales de inmigración impulsada por la administración de Donald Trump ha provocado un aumento histórico de personas que no acuden a sus audiencias y, como consecuencia, un fuerte incremento de las órdenes de deportación, según un análisis de datos de la organización sin fines de lucro Mobile Pathways divulgado por The Associated Press.
De acuerdo con los datos, la tasa de incomparecencia a las audiencias pasó de aproximadamente el 20% al inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, a cerca del 40% en junio de este año.
Asimismo, las órdenes de deportación emitidas crecieron de casi 33,000 en enero a unas 79,000 en junio. En la mayoría de los casos, cuando una persona no se presenta, su solicitud de asilo se considera abandonada.
El incremento coincide con una expansión de las llamadas “megaaudiencias”, jornadas en las que un juez tiene programados más de 50 casos. Solo en junio se realizaron más de 1,300 de estas sesiones, casi el triple que en el mismo mes del año anterior, según Mobile Pathways.
Además, el tiempo entre una audiencia y otra se ha reducido drásticamente.
Mientras antes los solicitantes de asilo solían disponer de unos seis meses para preparar sus casos, ahora en muchos procesos cuentan con poco más de un mes, lo que dificulta reunir pruebas, conseguir representación legal o cumplir con los requisitos procesales, según organizaciones de apoyo a inmigrantes citadas por la agencia de noticias.
“La combinación de plazos reducidos y calendarios saturados crea un sistema diseñado para que los casos no lleguen a ser escuchados”, afirmó a AP Bartlomiej Skorupa, director de operaciones de Mobile Pathways, quien sostuvo que muchas solicitudes con fundamento están siendo cerradas antes de resolverse.
El Departamento de Justicia defendió la estrategia al señalar que los jueces están reorganizando sus agendas para resolver los casos con mayor rapidez, sin dejar de garantizar un tratamiento justo y conforme a la ley.
La dependencia argumentó que la reducción de los retrasos beneficia tanto a quienes tienen solicitudes válidas como al interés público al facilitar la expulsión de personas sin base legal para permanecer en Estados Unidos.
Sin embargo, incluso sectores favorables a una política migratoria más estricta han advertido sobre las limitaciones del sistema. Andrew Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración, dijo a AP que acelerar los procesos ayuda a reducir el enorme atraso judicial, pero advirtió que una sobrecarga excesiva puede afectar el trabajo de los jueces y poner en riesgo el debido proceso.
La agencia de noticias documentó escenas de tribunales desbordados. En Harlingen, Texas, una jornada de grandes audiencias obligó a decenas de personas a esperar durante horas para ingresar al edificio. Ese día, la jueza de inmigración Delia González tenía cerca de 90 casos programados; más de 20 personas no acudieron y varias audiencias debieron ser reprogramadas tras esperas superiores a ocho horas. La mayoría de los procesos duró menos de cinco minutos.
La exjueza de inmigración Elizabeth Young afirmó que existe un límite en la cantidad de casos que un magistrado puede atender con la atención necesaria y sostuvo que, con ese volumen de expedientes, “se está trabajando en una lista, no celebrando una audiencia judicial”.
En otro ejemplo citado por AP, un juez en West Valley City, Utah, tenía asignados 159 casos en una sola jornada. Al mediodía ordenó la deportación de una docena de personas originarias de México, Colombia, Perú y Venezuela que no se presentaron a sus audiencias, al considerar que habían sido notificadas correctamente.
Abogados de inmigración también denunciaron casos en los que personas recibieron órdenes de deportación pese a circunstancias extraordinarias. Uno de ellos relató que un cliente fue deportado en ausencia después de no poder viajar a una audiencia en Seattle debido a un accidente de tránsito que le provocó fracturas en ambas piernas.
Una coalición integrada por 23 fiscales generales y dos gobernadores presentó este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump para frenar un mecanismo que, según los demandantes, permitiría compartir información personal de niños y familias que reciben asistencia pública con agencias federales, incluidas las encargadas de aplicar las leyes migratorias.
La disputa gira en torno al programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), una de las principales fuentes de ayuda económica directa para hogares estadounidenses de bajos ingresos.
Los estados reciben más de $16,000 millones de dólares anuales mediante subvenciones federales destinadas a este programa.
La demanda fue impulsada por los fiscales generales Rob Bonta, de California; Letitia James, de Nueva York; y Brian Schwalb, del Distrito de Columbia. Los estados buscan impedir la entrada en vigor de un sistema de registros conocido como SORN, que estaría vinculado a las solicitudes de TANF.
Según la querella, el nuevo mecanismo abriría la puerta a que información confidencial de los beneficiarios sea compartida de manera masiva con entidades federales, estatales o privadas, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demandantes sostienen que esto supondría una expansión “drástica” de la intervención federal en la administración de TANF y alertan sobre las consecuencias para las familias que dependen de estos recursos.
Mecanismo de vigilancia
Bonta acusó al Gobierno federal de utilizar un programa destinado a combatir la pobreza para ampliar sus mecanismos de vigilancia.
“La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a recuperarse, con el fin de alimentar sus esfuerzos de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal”, afirmó el fiscal general de California.
La coalición pide a un tribunal federal que invalide la implementación del SORN. En su demanda, argumenta que el mecanismo vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, la Computer Matching Act y la Cláusula de Gasto de la Constitución.
El litigio suma a fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
A partir del 31 de julio, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), canceló el contrato de defensa legal para niños migrantes no acompañados.
Esto deja a los niños sin la representación de un abogado para representarlos ante una corte migratoria.
El problema inició desde la llegada del presidente Donald Trump, cuando se buscó cancelar el contrato, pero esto fue impedido por una demanda de al menos 10 organizaciones.
El gobierno espero y, desde noviembre, la ORR dejó de pagar a los proveedores de ayuda, coordinados por Acacia Center for Justice, a quienes debe más de $65 millones de dólares.
Desde hace 20 años y en una decisión bipartidista del Congreso, la ORR debe proveer ayuda legal a los niños que tiene bajo custodia, pero ahora unos 24,000 niños quedarán en el limbo.
“Nosotros representamos a niños no acompañados. Es un término legal que se les otorga a estos niños cuando llegan a la frontera sin un padre, una madre, un tutor en ese momento”, explicó Karina Ramos, directora de Defensa en Immigrant Defenders Law Center (ImmDef). “Si no hay nadie que se pueda reunificar con ellos, no tienen familia, [deben] quedarse bajo la custodia del gobierno. Nuestra representación empieza desde el momento que estos niños llegan a esos albergues”.
Ramos, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ las implicaciones de terminar con la asesoría legal para los niños no acompañados.
>> ¿Cómo se procesa a los niños migrantes no acompañados? >> ¿Por qué la ORR debe recibirlos en custodia? >> ¿Qué pasa si un niño no acompañado no tiene una representación legal justa?
AUSTIN – El Gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $20,000 dólares para los nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que quieran solicitar visados de turismo y negocios, según indicó este viernes el Departamento de Estado.
La medida hace permanente un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El Gobierno publicó el cambio este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.
Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.
A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.
Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EE.UU. y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.
AUSTIN – El Gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de hasta $20,000 dólares para los nacionales de unos 50 países, en su mayoría africanos, que quieran solicitar visados de turismo y negocios, según indicó este viernes el Departamento de Estado.
La medida hace permanente un programa piloto que entró en vigor en agosto del año pasado y afecta a quienes solicitan visados B-1/B-2 para viajar a EE.UU., procedentes principalmente de países de África occidental y oriental, como Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, así como de cuatro países de América: Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El Gobierno publicó el cambio este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes. Los funcionarios consulares tendrán discreción a la hora de decidir el monto de la fianza que se le exigirá a los solicitantes, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, según detalla el documento.
Bajo este programa, los solicitantes deben pagar el monto para poder solicitar un visado. El dinero será manejado por el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado y, según el Gobierno, les será devuelto una vez concluyan su estancia en EE.UU.
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de su campaña para reducir la inmigración y asegura que se aplica a países cuyos ciudadanos suelen permanecer en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visados.
Según señaló el Departamento de Estado, durante este primer año piloto, se identificaron 20,000 solicitudes que debían pagar fianza y la mitad de ellas decidieron abandonar el proceso y no pedir un visado.
A su vez, esta restricción produjo una reducción del 83% en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas en los países afectados, agregó el documento.
Organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que las fianzas crean una barrera económica para las vías legales de entrada a EE.UU. y perjudican especialmente a ciudadanos de países pobres y de mayoría negra.
La población inmigrante sin estatus migratorio permanente alcanzó un nuevo máximo en Estados Unidos, impulsada por varios años de llegadas elevadas a la frontera y por la expansión de programas humanitarios temporales.
El Migration Policy Institute, MPI, estima que 15.8 millones de personas integraban esa población a mediados de 2024, frente a aproximadamente 10.8 millones en 2019. El crecimiento neto fue de casi cinco millones en cinco años, después de una década en la que la cifra se había mantenido cerca de los 11 millones.
El cálculo no significa que las 15.8 millones de personas hayan cruzado ilegalmente la frontera ni que todas estén actualmente expuestas de la misma manera a una deportación. La metodología incluye a quienes ingresaron sin autorización o permanecieron después de vencer sus visas, pero también a algunos inmigrantes con protecciones temporales, permisos humanitarios o solicitudes de asilo pendientes.
Por qué aumentó la población inmigrante sin estatus
El instituto atribuyó el fuerte incremento a las llegadas récord registradas en la frontera con México, especialmente entre 2021 y 2023, y a los programas de libertad condicional humanitaria utilizados durante el gobierno de Joe Biden.
También influyeron la recuperación económica estadounidense después de la pandemia y el desplazamiento de personas afectadas por violencia, represión política, inestabilidad y dificultades económicas en América Latina.
El mayor aumento anual ocurrió entre 2022 y 2023, cuando la población estimada creció en alrededor de 1.6 millones. Entre 2023 y 2024 se sumaron otros 1.1 millones, aunque el ritmo comenzó a desacelerarse.
México sigue primero, pero representa una proporción menor
México sigue siendo el principal país de origen, con aproximadamente 5.5 millones de personas. Sin embargo, su peso dentro del total disminuyó considerablemente. En 2010, los mexicanos representaban alrededor del 62% de la población inmigrante sin autorización permanente. Para 2024, esa participación había bajado al 35%.
La explicación no es una caída importante del número de mexicanos, sino el crecimiento mucho más acelerado de la migración procedente de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre 2019 y 2024, la población mexicana incluida en la estimación aumentó en unas 266,000 personas.
Soldados miran el muro fronterizo cerca de un vehículo de vigilancia en Sunland Park, Nuevo México.Crédito: AP
Los países que registraron los mayores aumentos
La población procedente de Centroamérica creció en aproximadamente 2.25 millones de personas durante el período analizado. La de Sudamérica aumentó en cerca de 1.3 millones.
Después de México, los principales países de origen en 2024 fueron:
Guatemala: 1.52 millones.
Honduras: 1.35 millones.
El Salvador: 920,000.
Venezuela: 797,000.
Colombia: 444,000.
Nicaragua: 440,000.
Brasil: 368,000.
Ecuador: 342,000.
Honduras registró el mayor aumento absoluto desde 2019, con unas 843,000 personas adicionales, seguido por Guatemala, con 827,000, y Venezuela, con 581,000.
Uno de los datos más importantes del informe es que una parte considerable de las personas contabilizadas no carecía completamente de documentación.
El MPI estima que un máximo de 6.3 millones, equivalentes al 40% del total, podían tener alguna protección temporal o situación migratoria pendiente a mediados de 2024. La cifra real probablemente era menor porque una misma persona podía aparecer en más de un programa.
El grupo incluía aproximadamente:
2.9 millones de solicitantes de asilo.
1.45 millones de beneficiarios de programas de permiso humanitario.
1.09 millones de personas con TPS.
535,000 beneficiarios de DACA.
329,000 personas con otras formas de acción diferida.
El instituto utiliza el término “estatus liminal” para describir estas situaciones: las personas podían vivir y, en muchos casos, trabajar legalmente durante un período, pero no contaban con residencia permanente ni con una protección migratoria duradera.
La cifra podría haber comenzado a bajar
El récord corresponde a mediados de 2024 y no describe necesariamente la situación actual. El MPI considera probable que la población se haya mantenido estable o haya comenzado a disminuir durante 2025, debido a la caída de los cruces fronterizos, el fin de varios programas humanitarios y el aumento de las medidas de control y deportación.
Sin embargo, una reducción importante puede tardar. Millones de personas tienen procesos pendientes ante tribunales migratorios, derecho a una audiencia o posibilidades de solicitar asilo y otras formas de protección.
El futuro de la cifra dependerá tanto de las nuevas llegadas como de las deportaciones, las salidas voluntarias, las decisiones judiciales y la posibilidad de que algunas personas consigan un estatus legal permanente.
