La aceleración de los procesos en los tribunales de inmigración impulsada por la administración de Donald Trump ha provocado un aumento histórico de personas que no acuden a sus audiencias y, como consecuencia, un fuerte incremento de las órdenes de deportación, según un análisis de datos de la organización sin fines de lucro Mobile Pathways divulgado por The Associated Press.
De acuerdo con los datos, la tasa de incomparecencia a las audiencias pasó de aproximadamente el 20% al inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, a cerca del 40% en junio de este año.
Asimismo, las órdenes de deportación emitidas crecieron de casi 33,000 en enero a unas 79,000 en junio. En la mayoría de los casos, cuando una persona no se presenta, su solicitud de asilo se considera abandonada.
El incremento coincide con una expansión de las llamadas “megaaudiencias”, jornadas en las que un juez tiene programados más de 50 casos. Solo en junio se realizaron más de 1,300 de estas sesiones, casi el triple que en el mismo mes del año anterior, según Mobile Pathways.
Además, el tiempo entre una audiencia y otra se ha reducido drásticamente.
Mientras antes los solicitantes de asilo solían disponer de unos seis meses para preparar sus casos, ahora en muchos procesos cuentan con poco más de un mes, lo que dificulta reunir pruebas, conseguir representación legal o cumplir con los requisitos procesales, según organizaciones de apoyo a inmigrantes citadas por la agencia de noticias.
“La combinación de plazos reducidos y calendarios saturados crea un sistema diseñado para que los casos no lleguen a ser escuchados”, afirmó a AP Bartlomiej Skorupa, director de operaciones de Mobile Pathways, quien sostuvo que muchas solicitudes con fundamento están siendo cerradas antes de resolverse.
El Departamento de Justicia defendió la estrategia al señalar que los jueces están reorganizando sus agendas para resolver los casos con mayor rapidez, sin dejar de garantizar un tratamiento justo y conforme a la ley.
La dependencia argumentó que la reducción de los retrasos beneficia tanto a quienes tienen solicitudes válidas como al interés público al facilitar la expulsión de personas sin base legal para permanecer en Estados Unidos.
Sin embargo, incluso sectores favorables a una política migratoria más estricta han advertido sobre las limitaciones del sistema. Andrew Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración, dijo a AP que acelerar los procesos ayuda a reducir el enorme atraso judicial, pero advirtió que una sobrecarga excesiva puede afectar el trabajo de los jueces y poner en riesgo el debido proceso.
La agencia de noticias documentó escenas de tribunales desbordados. En Harlingen, Texas, una jornada de grandes audiencias obligó a decenas de personas a esperar durante horas para ingresar al edificio. Ese día, la jueza de inmigración Delia González tenía cerca de 90 casos programados; más de 20 personas no acudieron y varias audiencias debieron ser reprogramadas tras esperas superiores a ocho horas. La mayoría de los procesos duró menos de cinco minutos.
La exjueza de inmigración Elizabeth Young afirmó que existe un límite en la cantidad de casos que un magistrado puede atender con la atención necesaria y sostuvo que, con ese volumen de expedientes, “se está trabajando en una lista, no celebrando una audiencia judicial”.
En otro ejemplo citado por AP, un juez en West Valley City, Utah, tenía asignados 159 casos en una sola jornada. Al mediodía ordenó la deportación de una docena de personas originarias de México, Colombia, Perú y Venezuela que no se presentaron a sus audiencias, al considerar que habían sido notificadas correctamente.
Abogados de inmigración también denunciaron casos en los que personas recibieron órdenes de deportación pese a circunstancias extraordinarias. Uno de ellos relató que un cliente fue deportado en ausencia después de no poder viajar a una audiencia en Seattle debido a un accidente de tránsito que le provocó fracturas en ambas piernas.
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