Una coalición integrada por 23 fiscales generales y dos gobernadores presentó este lunes una demanda contra la Administración de Donald Trump para frenar un mecanismo que, según los demandantes, permitiría compartir información personal de niños y familias que reciben asistencia pública con agencias federales, incluidas las encargadas de aplicar las leyes migratorias.
La disputa gira en torno al programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), una de las principales fuentes de ayuda económica directa para hogares estadounidenses de bajos ingresos.
Los estados reciben más de $16,000 millones de dólares anuales mediante subvenciones federales destinadas a este programa.
La demanda fue impulsada por los fiscales generales Rob Bonta, de California; Letitia James, de Nueva York; y Brian Schwalb, del Distrito de Columbia. Los estados buscan impedir la entrada en vigor de un sistema de registros conocido como SORN, que estaría vinculado a las solicitudes de TANF.
Según la querella, el nuevo mecanismo abriría la puerta a que información confidencial de los beneficiarios sea compartida de manera masiva con entidades federales, estatales o privadas, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los demandantes sostienen que esto supondría una expansión “drástica” de la intervención federal en la administración de TANF y alertan sobre las consecuencias para las familias que dependen de estos recursos.
Mecanismo de vigilancia
Bonta acusó al Gobierno federal de utilizar un programa destinado a combatir la pobreza para ampliar sus mecanismos de vigilancia.
“La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a recuperarse, con el fin de alimentar sus esfuerzos de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal”, afirmó el fiscal general de California.
La coalición pide a un tribunal federal que invalide la implementación del SORN. En su demanda, argumenta que el mecanismo vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, la Computer Matching Act y la Cláusula de Gasto de la Constitución.
El litigio suma a fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Con información de EFE.
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