A partir del 31 de julio, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), canceló el contrato de defensa legal para niños migrantes no acompañados.
Esto deja a los niños sin la representación de un abogado para representarlos ante una corte migratoria.
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El problema inició desde la llegada del presidente Donald Trump, cuando se buscó cancelar el contrato, pero esto fue impedido por una demanda de al menos 10 organizaciones.
El gobierno espero y, desde noviembre, la ORR dejó de pagar a los proveedores de ayuda, coordinados por Acacia Center for Justice, a quienes debe más de $65 millones de dólares.
Desde hace 20 años y en una decisión bipartidista del Congreso, la ORR debe proveer ayuda legal a los niños que tiene bajo custodia, pero ahora unos 24,000 niños quedarán en el limbo.
“Nosotros representamos a niños no acompañados. Es un término legal que se les otorga a estos niños cuando llegan a la frontera sin un padre, una madre, un tutor en ese momento”, explicó Karina Ramos, directora de Defensa en Immigrant Defenders Law Center (ImmDef). “Si no hay nadie que se pueda reunificar con ellos, no tienen familia, [deben] quedarse bajo la custodia del gobierno. Nuestra representación empieza desde el momento que estos niños llegan a esos albergues”.
Ramos, explicó en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ las implicaciones de terminar con la asesoría legal para los niños no acompañados.
>> ¿Cómo se procesa a los niños migrantes no acompañados?
>> ¿Por qué la ORR debe recibirlos en custodia?
>> ¿Qué pasa si un niño no acompañado no tiene una representación legal justa?
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