La Administración del presidente Donald Trump estableció un nuevo procedimiento de regulación que busca evitar la explotación de inmigrantes o fraudes de los intermediarios de matrimonio internacionales, que cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación entre ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos y extranjeros.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó en el Registro Federal la norma que endurece los procedimientos de aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA), que protege a las parejas extranjeras (novios y cónyuges) de ciudadanos estadounidenses frente a posibles abusos o violencia doméstica.
La regla está dirigida a las empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales, conocidos en inglés como IMB, que no facilitan la información requerida a los extranjeros para servicios de intermediación matrimonial o que divulgan indebidamente información prohibida.
“(La norma) es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”, explicó el DOJ en la norma.
Una agencia matrimonial internacional (IMB) generalmente se refiere a una persona o empresa que cobra honorarios por proporcionar servicios de citas, matrimonio o búsqueda de pareja que conectan a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales con extranjeros.
La ley estadounidense establece que la agencia matrimonial internacional debe proporcionar información a los extranjeros sobre sus futuras parejas, como antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores.
Los datos deben ser entregados en el idioma natal del extranjero, además de informar sobre sus derechos legales y los recursos disponibles, y obtener su consentimiento por escrito.
La IMBRA también prohíbe a las agencias matrimoniales internacionales proporcionar información de contacto, fotografías o cierta información de antecedentes sobre cualquier persona menor de dieciocho años.
El principal cambio introducido por esta norma del DOJ es establecer un procedimiento formal para investigar, adjudicar y sancionar las presuntas violaciones de la IMBRA. También establece multas de $5,000 a $25,000 dólares a las empresas que cometan infracciones.
Luis Enrique Cortez Cabrera, un mexicano de 32 años que había sido deportado de Estados Unidos casi un año antes, fue hallado muerto en Colombia después de permanecer desaparecido durante varias semanas, informó su familia a Noticias Telemundo.
De acuerdo con la embajada de México en Colombia, el hombre murió tras recibir varios disparos. Sin embargo, sus familiares aseguran que todavía desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y esperan información de las autoridades colombianas.
La desaparición de Cortez se produjo en junio, después de que viajara a Colombia para visitar a unos amigos. Tras pasar aproximadamente un mes sin noticias de él, su familia recibió la confirmación de que había muerto.
La noticia afectó especialmente a su madre, quien relató entre lágrimas la angustia que vivió mientras intentaba comunicarse con su hijo. “Yo llamaba con la esperanza de que por fin me contestara”, contó a Noticias Telemundo.
La familia explicó fue la embajada de México en Colombia la que se comunicó con ellos para informarles sobre el fallecimiento. La identificación de Luis Enrique tampoco fue inmediata debido al estado en que fue encontrado su cuerpo.
Yamilex, madre de los hijos de Cortez, explicó que las autoridades tuvieron que enviar sus huellas dactilares a México para confirmar su identidad.
Había vivido 19 años en Estados Unidos
La muerte de Luis Enrique Cortez ocurrió casi un año después de que fuera deportado a México. Su madre aseguró que el hombre había vivido durante 19 años en Estados Unidos, donde tenía una vida establecida y a sus dos hijos.
Lamentó que la deportación hubiera separado a su hijo de la vida que había construido durante casi dos décadas. “Si no me hubieran deportado a mi hijo… él ya tenía aquí 19 años viviendo. Diecinueve años, toda una vida”, afirmó.
Después de ser deportado, Cortez permaneció un tiempo en Ciudad Juárez y posteriormente viajó a Colombia, según la información publicada por su familia en una campaña de GoFundMe.
El mexicano también se encontraba en proceso de obtener una visa U, un mecanismo migratorio estadounidense destinado a determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades, con la expectativa de poder regresar a Estados Unidos y reunirse con sus hijos.
Yamilex manifestó que sus dos hijos, Andy y Delaila, eran una de las principales prioridades de Luis Enrique. “Lo más importante para él eran sus niños”, relató.
Dijo que incluso cuando estaba trabajando la víctima procuraba llevarlos consigo.
La familia busca repatriar sus restos
Ahora, sus familiares intentan trasladar el cuerpo desde Colombia hasta México para poder despedirse de él. A través de una campaña de GoFundMe, Yamilex pidió ayuda económica para cubrir los gastos de repatriación y agradeció a quienes colaboraron previamente en la búsqueda del hombre.
“Estamos recaudando fondos para poder traer de regreso a Enrique a casa para poder despedirnos de él”, escribió en la campaña.
Miles de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos llegan a los tribunales sin representación legal, una situación que puede dificultar sus posibilidades de permanecer en el país. Ante esta realidad, un programa de voluntarios busca ofrecer asistencia jurídica a quienes no pueden conseguir un abogado.
El programa Attorney of the Day envía abogados voluntarios a los tribunales de inmigración para orientar a personas que comparecen sin representación y ayudarlas a entender los pasos de un proceso que puede terminar con su permanencia en Estados Unidos o su deportación.
La necesidad de este tipo de asistencia es relevante bajo la administración del presidente Donald Trump,en medio de una política migratoria enfocada en acelerar los procesos de deportación.
Datos citados por The Associated Press indican que los tribunales han aumentado las solicitudes de asilo rechazadas, mientras agentes de deportación han realizado arrestos en instalaciones judiciales y se han implementado audiencias con decenas de personas para reducir la acumulación de casos.
El problema es que, a diferencia de los tribunales penales, los migrantes no tienen derecho a un abogado proporcionado por el Estado en los procesos. Quienes no pueden pagar un representante deben recurrir a organizaciones sin fines de lucro, que en muchos casos tienen largas listas de espera y no cuentan con suficientes abogados para atender la demanda.
Un análisis del Vera Institute of Justice citado por AP señala que de los aproximadamente 3,2 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, el 52 % de las personas no tiene abogado.
La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de 2024 encontró que solo el 19% de los inmigrantes sin abogado obtuvo asilo u otra vía para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Entre quienes sí tuvieron representación legal, la proporción alcanzó el 47%.
Una ayuda en medio del proceso
En Sacramento, California, la abogada Kamalpreet Chohan, coordinadora del programa, revisó una lista de 57 personas que debían presentarse a audiencias y encontró que ninguna tenía representación legal. Su trabajo consiste en orientar a los migrantes antes y después de sus comparecencias y ayudarlos con documentos y solicitudes.
Chohan trabaja con el California Immigration Project y suele permanecer en las salas de espera de los tribunales para revisar documentos, explicar los procedimientos y detectar errores que podrían afectar los casos. También participa en clínicas destinadas a ayudar a los migrantes a completar sus solicitudes de asilo.
Entre las recomendaciones que brinda están completar todos los apartados de los formularios, presentar traducciones al inglés realizadas por una persona y no mediante traductores automáticos, incluir copias de todas las páginas del pasaporte y entregar los documentos con suficiente anticipación para que el juez pueda revisarlos.
La asistencia también busca prevenir que los migrantes sean víctimas de estafas. Chohan relató a AP que se encuentra con frecuencia con personas que pagaron a supuestos abogados que finalmente no hicieron nada por sus casos. En uno de los casos que conoció, un migrante afirmó haber pagado $4,500 dólares a un abogado que terminó siendo un estafador.
El panorama en los tribunales de migración ha cambiado durante el segundo mandato de Trump.
Chohan contó que el verano pasado observó agentes de ICE esperando en los juzgados para detener a migrantes después de sus audiencias. Más recientemente, presenció la implementación de las llamadas “megaaudiencias”, en las que decenas de personas son citadas al mismo tiempo para agilizar los casos pendientes.
Para Chohan, la falta de abogados sigue siendo uno de los principales obstáculos. En Sacramento, señaló, no existen suficientes representantes que trabajen gratuitamente para atender a todos los inmigrantes que necesitan ayuda.
Una moción presentada por diversas organizaciones civiles busca que la Corte de Distrito de New Hampshire aclare el alcance de la determinación de la Corte Suprema sobre la protección a la ciudadanía por nacimiento, luego de una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
El nuevo esfuerzo legal advierte que la orden del presidente Trump buscan darle la vuelta a la decisión de la Corte Suprema.
“Esta orden es un intento desesperado y descarado de eludir la decisión de la Corte Suprema y ampliar un conjunto muy limitado de excepciones a la 14.ª Enmienda. Como la Corte ya ha afirmado, es la Constitución, no el presidente, quien determina quién es estadounidense y quién tiene voz en nuestra democracia”, afirmó Aarti Kohli, directora ejecutiva del Caucus de Derecho Asiático. “Las comunidades inmigrantes sabemos que nuestros derechos están en juego, especialmente cuando el gobierno nos usa como chivos expiatorios. La administración Trump ya perdió una vez y volverá a perder”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Nuevo Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia son los grups que defendieron con éxito el caso Trump versus Barbara, sobre el cual el Máximo Tribunal que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía por nacimiento.
“Es posible que al presidente Trump no le guste que la ciudadanía por derecho de nacimiento sea un derecho constitucional, y puede que no le guste haber perdido en la Corte Suprema, pero eso es irrelevante”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal. “Ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños”.
“La Corte Suprema no podría haber sido más clara: fue inconstitucional el intento del presidente Trump de redefinir, mediante una orden ejecutiva, quién es ciudadano estadounidense”, declaró Amia Trigg, subdirectora de litigios del Fondo de Defensa Legal. “Ahora, el presidente intenta redoblar su ataque ilegal contra esta protección constitucional. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el poder ejecutivo ignora flagrantemente la autoridad de la Corte en su cruzada contra los niños estadounidenses”.
La primera orden de Trump, firmada en enero de 2025, intentó bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros cuyos bebés nacieran en territorio estadounidense.
El intento de excepciones de Trump
La moción arranca señalando que el presidente Trump busca aplicar excepciones sobre la ciudadanía por nacimiento que no marca la Constitución, incluso recuerda el caso United States versus Wong Kim Ark, cuando el Máximo Tribunal aclaró que la Decimocuarta Enmienda “no está sujeta a revisión ejecutiva”.
Las organizaciones advierten el riesgo de la implementación de la orden “Continuando con la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, firmada el 6 de agosto pasado por Trump.
“A pesar de la clara directriz de la Corte Suprema, esta nueva orden viola la orden judicial preliminar vigente de la Corte, ya que pretende privar a los miembros de la demanda colectiva provisionalmente de la ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema”, indica la moción. “Para evitar cualquier duda al respecto, la Corte debería recalcar que el gobierno no puede privar a los miembros de la demanda colectiva de la ciudadanía mediante órdenes ejecutivas u otras afirmaciones igualmente erróneas del poder ejecutivo sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento”.
El tribunal debería determinar una “medida cautelar preliminar” para bloquear los nuevos esfuerzos de la administración Trump.
“El último intento del presidente Trump de socavar la ciudadanía por derecho de nacimiento es tanto inútil, como cruel, desde el punto de vista constitucional”, declaró Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia. “Ya hemos visto esta estrategia de esta administración, y los tribunales han dejado claro en repetidas ocasiones que la Decimocuarta Enmienda no puede ser reescrita por decreto ejecutivo”.
Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, indicó que se continuará defendiendo la ciudadanía por nacimiento.
“Las órdenes ejecutivas de Trump son un torpe intento de distraer al pueblo estadounidense del claro fallo de la Corte Suprema: que la ciudadanía por derecho de nacimiento está protegida por nuestra Constitución”, afirmó Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país, aunque la política de la agencia le concede un amplio margen para decidir qué grabaciones de incidentes graves serán divulgadas públicamente.
ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.
La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.
Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.
Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.
No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.
Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.
Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.
La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.
Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.
Un despliegue marcado por retrasos
ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.
Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.
En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.
La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.
Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.
La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.
En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país, aunque la política de la agencia le concede un amplio margen para decidir qué grabaciones de incidentes graves serán divulgadas públicamente.
ICE prevé completar el despliegue de las cámaras a finales de septiembre, después de años de retrasos y en medio de una creciente presión para aumentar la transparencia de los agentes encargados de ejecutar la política migratoria de la administración de Donald Trump, informó ABC News.
La implementación cobra relevancia tras varios tiroteos protagonizados por agentes de ICE que terminaron con personas muertas. En dos de esos casos, ocurridos recientemente en Houston y Maine, los agentes no llevaban cámaras corporales, lo que generó críticas de legisladores que habían destinado fondos federales para adquirir estos dispositivos.
Aunque las cámaras están concebidas como una herramienta de rendición de cuentas, las propias reglas de ICE establecen que la agencia podrá determinar si las imágenes de incidentes graves deben hacerse públicas. La normativa señala que los videos de tiroteos u otros enfrentamientos en los que un agente provoque la muerte o lesiones graves podrán ser divulgados cuando la agencia considere que hacerlo responde a su “mejor interés”.
Después de un incidente de este tipo, un comité integrado por altos funcionarios y abogados de ICE revisará las grabaciones y recomendará si deben ser publicadas. Si se determina que procede su divulgación, el video podría hacerse público en un plazo de 72 horas.
No obstante, el director de ICE puede bloquear o retrasar indefinidamente la publicación si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes” para mantener las imágenes reservadas. La política no define con precisión cuáles serían esas circunstancias.
Para Christopher Schneider, profesor de la Universidad de Brandon en Canadá y especialista en el uso de cámaras corporales por parte de las fuerzas policiales, esta disposición deja abierta la posibilidad de que ICE seleccione las imágenes que favorezcan su imagen pública, indicó el medio.
Schneider sostuvo que este tipo de divulgación selectiva existe en otros cuerpos policiales, aunque consideró llamativo que la política de ICE lo establezca de manera tan explícita. A su juicio, las cámaras pueden convertirse también en una herramienta de relaciones públicas para mostrar las actuaciones de los agentes bajo una determinada perspectiva.
La normativa establece que los agentes deberán activar las cámaras durante actividades habituales de aplicación de la ley, incluidas detenciones, registros y respuestas a emergencias. Al menos un integrante de cada equipo de detención deberá portar uno de los dispositivos.
Además, incluso cuando las imágenes sean publicadas, ICE deberá ocultar información que permita identificar a los agentes, incluidos sus rostros, nombres y números de placa.
Un despliegue marcado por retrasos
ICE comenzó a probar las cámaras corporales en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Tres años después había distribuido alrededor de 1,400 dispositivos y aseguró que el programa se ampliaría conforme hubiera recursos disponibles.
Sin embargo, la implementación a escala nacional se retrasó incluso después de que ICE recibiera una importante inyección de recursos durante la administración Trump y comenzara a contratar a miles de nuevos agentes.
En julio, la agencia gastó $30.9 millones en equipos de cámaras corporales fabricados por Axon, empresa con sede en Arizona conocida también por producir las pistolas Taser. Las compras se realizaron mediante un contrato gubernamental existente.
La ausencia de estos dispositivos provocó indignación entre legisladores, particularmente porque el Congreso había asignado $20 millones de dólares a ICE para la adquisición de cámaras corporales como parte de una legislación aprobada para poner fin al cierre parcial del Gobierno federal.
Hasta ahora, ICE asegura que las cámaras ya fueron enviadas a más de la mitad de sus agentes de campo y que el resto las recibirá antes de que termine septiembre. El nuevo calendario representa un retraso respecto de estimaciones anteriores.
La senadora republicana por Maine Susan Collins había dicho que la agencia esperaba completar el despliegue a finales de agosto, mientras que anteriormente se había hablado de mediados de septiembre.
En Houston, donde ICE envió más de 800 cámaras, algunos agentes ya comenzaron a recibir capacitación para utilizarlas, según el representante demócrata de Texas Henry Cuellar, integrante del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados.
La Justicia estadounidense argumenta en tres querellas que estas leyes “discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos” de Estados Unidos, a quienes “no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas”.
Además, considera que las normas “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”, y solicita que se prohíba su aplicación.
En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria.
No obstante, estas ayudas no están destinadas únicamente a extranjeros sin estatus migratorio legal, sino también a aquellos que disponen de una visa U (para víctimas de determinados delitos como violencia doméstica), un visado T (para víctimas de trata humana) o del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
La norma también exige que se cumplan otros requisitos, como que la persona beneficiaria se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y, además, se haya inscrito en un grado universitario dentro de los cinco años posteriores a su graduación.
Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.
Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.
Según el comunicado, las demandas presentadas hoy elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas.
El DOJ ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueasen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.
Este departamento ha presentado además otras querellas contra leyes similares de Minesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusestts, Rhode Island, Maryland y Colorado.
El Departamento de Estado confirmó este lunes que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros, tras detectar violaciones a las condiciones de estos documentos, vinculadas a actos delictivos e incitaciones a la violencia.
La cifra representa un promedio superior a las 10,000 cancelaciones al mes en 2026, un incremento frente al registro de 2025, periodo en el que se contabilizaron algo más de 8,000 anulaciones en total, sumadas al informe oficial de enero sobre más de 100,000 visados revocados durante el ciclo previo.
Under President Trump and Secretary Rubio’s leadership, the State Department will continue to identify, investigate, and revoke the visas of foreign nationals who threaten the safety of the American people.
Causas de las anulaciones de visas según el departamento
Según el Departamento de Estado, la causa principal de estas medidas responde a “encuentros con las fuerzas del orden”. De acuerdo The Hill, esta explicación generó inquietud entre abogados de inmigración, quienes advierten que se podrían estar anulando permisos por infracciones menores o señalamientos que no atravesaron un proceso judicial.
“La mayoría de estas visas fueron revocadas debido a encuentros con las fuerzas del orden por diversos delitos, entre los que destacan la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos relacionados con las drogas. Un porcentaje significativo de visas fueron revocadas por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”, apuntó el departamento.
En ese sentido, la institución reafirmó que continuarán identificando, investigando y revocando las visas de “ciudadanos extranjeros que amenacen la seguridad del pueblo estadounidense.”
“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. El Departamento mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades de quienes abusan de ella”, concluyó el departamento.
Un tribunal federal ordenó a la Administración de Donald Trump liberar los fondos retenidos para financiar servicios legales destinados a niños inmigrantes no acompañados y estableció como plazo el mediodía del viernes 7 de agosto después de casi nueve meses en los que el Gobierno no cumplió con una orden judicial previa.
El fallo obliga al Gobierno a pagar a organizaciones sin fines de lucro por los servicios legales prestados desde diciembre de 2025 a menores no acompañados, pero no resuelve el futuro de la representación legal para miles de niños.
El contrato federal que sostenía una red nacional de casi 100 proveedores especializados venció el 31 de julio sin ser renovado.
El tribunal reconoció esa incertidumbre y ordenó a la Administración presentar, a más tardar el 13 de agosto, un informe sobre las medidas que está tomando para garantizar que continúe el financiamiento de estos servicios.
La decisión se produjo después de una audiencia celebrada el 6 de agosto en el caso Community Legal Services in East Palo Alto v. U.S. Department of Health and Human Services. Amica Center for Immigrant Rights, Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Justice Action Center, junto con el bufete Gibson Dunn, habían solicitado al tribunal hacer cumplir la orden preliminar emitida el 29 de abril de 2025 y exigir al Gobierno el pago de los servicios prestados antes de que expirara el contrato.
Intento fallido
La Administración Trump había intentado terminar con el financiamiento de la representación legal de niños inmigrantes no acompañados en marzo de 2025.
El tribunal bloqueó inicialmente esa medida el 1 de abril y, el 29 de abril, emitió una orden preliminar que mantuvo la protección mientras avanzaba el litigio.
Pese a esas órdenes, el Gobierno dejó de pagar a los proveedores por los servicios de representación legal desde diciembre de 2025, según las organizaciones que promovieron la demanda.
“Todavía no sabemos cuántos niños pagaron el precio de la ilegalidad de la administración”, dijo Alvaro M. Huerta, director de Litigios y Defensa de ImmDef.
El abogado sostuvo que, mientras el Gobierno retenía los fondos, algunos menores tuvieron que enfrentar solos procesos de deportación y pudieron haber sido devueltos a situaciones de “abuso, persecución y peligro” de las que habían escapado.
Huerta aseguró que las organizaciones continuarán defendiendo a los menores y responsabilizando a la Administración por cualquier intento de evadir sus obligaciones. “Los derechos de los niños no son opcionales”, afirmó.
Recursos de emergencia
Los proveedores legales también han advertido que la falta de pagos durante meses ha obligado a las organizaciones a buscar recursos de emergencia, modificar sus equipos de trabajo y, en algunos casos, limitar los servicios que ofrecen.
“Cada pago retenido amenaza el acceso de un niño a la representación legal, al debido proceso y a la seguridad”, afirmó Adina Appelbaum, directora del programa de Amica Center for Immigrant Rights.
Según la abogada, las organizaciones sin fines de lucro han asumido durante meses la carga financiera provocada por la negativa del Gobierno a liberar fondos aprobados por el Congreso.
Laura Flores-Perilla, abogada de Justice Action Center, resumió el impacto que las organizaciones atribuyen a la falta de representación: “La forma más rápida de deportar a más niños es asegurarse de que menos niños tengan abogados”.
La abogada explicó que los menores necesitan asistencia legal independiente para conocer sus derechos, presentar sus casos y solicitar protección. Aunque la orden judicial exige al Gobierno pagar por servicios que ya fueron prestados, advirtió que miles de niños todavía enfrentan un futuro incierto.
Deportaciones de menores no acompañados
La disputa ocurre mientras la Administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a más menores no acompañados y, al mismo tiempo, ha reducido el apoyo legal disponible para ellos, según las organizaciones.
En los últimos meses, el Gobierno ha solicitado a proveedores de servicios legales registros confidenciales de los casos de los niños, ha analizado trasladar la representación a una comisión de defensa penal de Texas y adjudicó un contrato de $150 millones de dólares a Burke Law Group, una firma con sede en Houston que, según las organizaciones, tiene poca experiencia previa en derecho migratorio o en la representación de menores.
Además, autoridades migratorias han utilizado información proporcionada por familiares que buscan reunirse con niños bajo custodia gubernamental para localizar y detener a posibles cuidadores.
Las organizaciones señalan que esta práctica ha generado temor entre familiares que podrían presentarse ante las autoridades y ha contribuido a que algunos menores permanezcan más tiempo bajo custodia del Gobierno.
El “sueño americano” de Nixon Pérez Paz y Glendy González de la Cruz acabó en un cañaveral en el sur de Guatemala.
Allí fueron encontrados sus cuerpos, con sendas heridas de bala, el pasado 21 de julio.
Hacía algo más de un año que Pérez Paz, de 43 años, había sido deportado de Estados Unidos, y apenas un mes desde que González, de 25, decidiera regresar a su país natal con las tres hijas de ambos, para reunirse con él y continuar allí su vida en familia.
Junto a los cadáveres la policía halló a la menor de las niñas, Giovanni, de 14 meses, viva aunque gravemente deshidratada.
“Así es como tememos terminar muchos de los inmigrantes en EE.UU.”, le dice a BBC Mundo una amiga de la pareja llamada Liliana, quien prefiere identificarse solo con su nombre de pila.
“Vivimos con ese miedo de que nos puedan agarrar y que nos separen de nuestros maridos, de nuestros hijos, o de que nos devuelvan al país peligroso del que huimos”, agrega.
Detención y deportación
En 2019 dejaron atrás Guatemala para buscar en EE.UU. una alternativa a la pobreza y la violencia. Primero emigró él, cruzando la frontera desde México de forma irregular, y ella le siguió meses después, junto con su entonces única hija, Marisol.
Tras una breve estancia en Texas, encontraron la estabilidad en Overland, una tranquila ciudad de unos 15,000 habitantes en el estado de Misuri, en el Medio Oeste estadounidense.
Allí tuvieron a su segunda hija, mientras Pérez Paz trabajaba de techador y González alternaba empleos en empacadoras de fruta, embotelladoras y otras fábricas.
En marzo de 2021 se les unió el hermano de él, Rolando Pérez Paz, tal como le contó este a BBC Mundo.
El viacrucisde la familia empezaría el 15 de abril del año pasado, cuando al arrancar su jornada laboral, ambos hermanos fueron interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Bajaron varios agentes de un vehículo sin identificaciones y nos rodearon”, recuerda Pérez Paz por teléfono desde Guatemala.
Tras obligarlos a bajar de su camioneta de trabajo, les colocaron esposas y grilletes y los trasladaron primero a un centro de detención y después a la cárcel del condado de Phelps.
“Nos dijeron que nos estaban arrestando por haber entrado de forma irregular al país y que nos iban a deportar”, cuenta Pérez Paz, quien confirma que ni él ni su hermano contaban con estatus legal.
Los hermanos Nixon y Rolando Pérez Paz fueron detenidos por agentes del ICE en abril del año pasado. (Foto: Bloomberg vía Getty Images)
Al ser preguntado por BBC Mundo, ICE confirmó la detención.
“Nixon Pérez Paz, un inmigrante ilegal criminal de Guatemala fue arrestado durante unas operaciones de control migratorio dirigido”, se lee en el mensaje atribuido a un portavoz de la agencia y enviado a este medios por correo electrónico.
“Había sido condenado dos veces por conducir bajo los efectos del alcohol en Overland, Misuri, una vez en 2020 y otra en 2024”, prosigue. “Recibió el debido proceso, se le emitió una orden final de expulsión el 21 de abril del 2025, y fue deportado a Guatemala en mayo” de ese año.
Al mes fue expulsado también su hermano. “Me quedé peleando mi caso con la ayuda de una organización, pero no hubo manera”, se lamenta.
De nuevo embarazada, González de la Cruz permaneció en Overland, donde un mes después daría a luz a su tercera hija.
“Tras quedarse sola a cargo de la familia, Glendy luchó durante todo un año para poder llegar a fin de mes”, cuenta en sus redes sociales la organización Missouri Workers Center (MWC).
Durante un año, Glendy se quedó en Misuri a cargo de sus 3 hijas. (Foto: Cortesía de la familia Pérez Paz)
La guatemalteca colaboraba con este grupo, abogando por los derechos de los migrantes a través de su comité organizador, llamado Fuerza.
“Glendy empezó a venir a las reuniones de Fuerza 3 semanas después de parir. A pesar de que tenía 2 trabajos, se presentaba, traía nuevos miembros, incluso cuando veía su mundo desmoronarse”, recuerda MWC en su mensaje.
“En junio, para proteger a sus hijas y mantener a la familia unida, y temiendo que pudiera perder la custodia de las niñas, Glendy tomó la difícil decisión de regresar a Guatemala, a pesar de tener una cita para su proceso de asilo fijada para 2027”, agrega la organización, algo que no ha podido corroborar BBC Mundo.
Así los Pérez González se sumaron a la creciente cifra de guatemaltecos expulsados de EE.UU. desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor operación de deportación de la historia del país”.
En lo que va de año, el país centroamericano ha recibido 38.720 deportados, según las cifras más recientes del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), un aumento del 47% con respecto al mismo período del año pasado. Más del 90% de los deportados fueron enviados desde EE.UU., y el resto desde México.
Con heridas de bala
Los cuerpos fueron hallados en un cañaveral. (Foto: Policía Nacional Civil de Guatemala)
De regreso en su país natal, la familia se instaló en el municipio de San Andrés Villaseca, un área rural del departamento de Retalhuleu, a 175 kilómetros al oeste de la capital.
La última vez que se los vio con vida fue el 20 de julio, cuando salieron de su casa para llevar a cabo unos trámites.
“Al ver que no regresaban, reportamos la desaparición a la policía y a la autoridad comunitaria”, recuerda Rolando Pérez Paz. “Gracias a Dios, las comunidades aquí se mostraron dispuestas a auxiliar”.
Alertados por los llantos de un bebé, al día siguiente los vecinos descubrieron los cuerpos de la pareja en un sembradío cercano de caña de azúcar.
Al llegar al lugar, según le confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) a BBC Mundo, los agentes los encontraron con las manos atadas a la espalda y amordazados, sin pertenencias y con posibles heridas de bala en cuello y cabeza.
En la zona hallaron también casquillos, una toalla y un zapato blanco y rosa de la marca Champion catalogado como prueba, e incautaron una motocicleta roja en la escena.
La PNC no respondió a la pregunta de BBC Mundo sobre si la pareja fue blanco de incidentes violentos en el pasado o denunció amenazas, y, según medios locales, ahora trabaja junto a la fiscalía para tratar de esclarecer lo ocurrido.
“Este caso refleja lo roto que está el sistema”
Guatemala pasó de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y aunque en el primer semestre de 2026 se registró una bajada en comparación con ese mismo periodo del año pasado, en junio las cifras volvieron a repuntar.
Los expertos lo atribuyen principalmente a las luchas de poder entre las distintas pandillas, además del narcotráfico.
Ya a principios del año pasado, una ola de violencia que arrancó con motines simultáneos en tres prisiones puso de manifiesto el poder que en Guatemala aún tienen estas agrupaciones, y en especial Barrio 18, que se disputa la hegemonía de las calles de la capital y otras localidades con su eterno rival, la Mara Salvatrucha (MS-13).
Aquello obligó al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, acusando a “mafias político-criminales” de intentar desestabilizar a un gobierno cercado por la violencia y una creciente tensión institucional.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. (Foto: AFP vía Getty Images)
La identidad de los culpables de la muerte de Glendy González y Nixon Pérez en Retalhuleu y sus motivos están por aclararse.
Sea quien fuera, “me quitaron lo que más quería”, se lamenta hoy Rolando Pérez Paz.
“Mi hermano, mi cuñada, (eran) personas que querían trabajar, que querían luchar”, subraya. “En los últimos meses vivíamos siempre con temor a las redadas, a que nos pudieran agarrar”, reconoce.
“Ahora lo que me viene constantemente a la cabeza es que, si inmigración no hubiera detenido a mi hermano, mi cuñada tal vez todavía estaría viva y las niñas no estarían pasando por este dolor”.
Para ayudar con la manutención y la educación de las menores, quienes se quedaron a cargo de la familia extendida en Guatemala, se están recaudando fondos a través de la plataforma GoFundMe.
También organizó una vigilia el domingo frente al ayuntamiento de Overland para honrar la memoria de la pareja.
Decenas de personas se reunieron ante el ayuntamiento de Overland para recordar a la pareja. (Foto: MWC)
“Este caso refleja lo roto que está el sistema”, le dice a BBC Mundo Zachary Mueller, estratega de States at the Core, una entidad sin fines de lucro que promueve la democracia inclusiva y trabaja con organizaciones como MWC.
“Desmiente la idea de que algo de esto [las deportaciones] tenga que ver con la seguridad pública. Ahora hay dos personas muertas y tres niñas pequeñas que se quedaron sin sus padres para el resto de sus vidas”.
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