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Liberia acordó recibir hasta 1,200 personas deportadas desde Estados Unidos que no son ciudadanos de ese país africano, en uno de los acuerdos de deportación a terceros países de mayor alcance impulsados por la administración de Donald Trump.

El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, confirmó el martes que los deportados serán trasladados al país durante el próximo año. El primer grupo, compuesto por unas 20 personas, está previsto que llegue este jueves.

Piah explicó que el grupo de hasta 1,200 personas incluirá ciudadanos de distintos países de África, además de personas procedentes de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, reseñó AP.

Podrán solicitar asilo en Liberia

El funcionario señaló que las personas trasladadas podrán solicitar protección internacional una vez que lleguen a Liberia. También afirmó que tendrán la posibilidad de abandonar el país cuando lo consideren conveniente.

“Pueden solicitar asilo” en Liberia o “pueden abandonar el país cuando lo deseen”, explicó Piah ante los periodistas.

El gobierno liberiano también recibirá apoyo de Estados Unidos para administrar el programa y reforzar su sistema migratorio. Piah defendió el acuerdo como una decisión basada en razones humanitarias y en la tradición de Liberia de brindar protección.

El ministro aseguró que las autoridades pretenden proporcionar a las personas trasladadas el respaldo necesario para solicitar protección y permanecer seguras durante su estadía.

Cuestionado por abogados de migración

El acuerdo se produce mientras la administración Trump amplía el uso de deportaciones hacia países distintos a los de origen de los migrantes. Activistas sostienen que, mediante acuerdos que en algunos casos no se han hecho públicos, Estados Unidos ha enviado a miles de personas a casi dos docenas de países terceros, alrededor de una decena de ellos en África.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con personas que cuentan con órdenes de protección emitidas por jueces de inmigración estadounidenses. Estas decisiones pueden impedir que sean devueltas directamente a sus países de origen debido a los riesgos que enfrentarían allí.

Piah no precisó si entre las personas que serán enviadas a Liberia hay migrantes protegidos por este tipo de órdenes.

Abogados especializados en migración han cuestionado el mecanismo y sostienen que las deportaciones a terceros países pueden funcionar como una vía indirecta para presionar a solicitantes de asilo a regresar posteriormente a los lugares de los que huyeron.

En algunos casos, los migrantes terminan en países que nunca habían visitado y donde carecen de vínculos familiares o comunitarios. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han advertido que, ante la falta de alternativas, estas personas pueden verse obligadas a regresar finalmente a sus países de origen, incluso cuando alegan que hacerlo representa un riesgo para su seguridad.

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Un tribunal federal ordenó este martes designar un perito especial y un supervisor independiente para vigilar el cumplimiento por parte la administración de Donald Trump del Acuerdo de Conciliación de Flores, un convenio judicial vinculante de 1997 que establece estándares nacionales para el trato, cuidado y liberación de menores bajo custodia migratoria.

La decisión llega después de más de un año de denuncias de incumplimientos sistemáticos y persistentes por parte de las autoridades migratorias.

Los abogados que supervisan el acuerdo han presentado informes del propio Gobierno y más de 100 declaraciones de niños y familias que describen las condiciones y el trato que han enfrentado durante su detención.

Según el comunicado difundido este martes por las organizaciones involucradas en el caso, el tribunal consideró necesario establecer esta supervisión debido a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha logrado garantizar por sí mismo el cumplimiento del acuerdo.

Supervisión sobre las condiciones de detención

El perito especial y el supervisor independiente tendrán entre sus funciones vigilar cuánto tiempo permanecen los menores bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El tribunal señaló que, pese a la reducción en el número de menores que cruzan la frontera, CBP ha mantenido a cientos de niños durante semanas o meses en instalaciones descritas en el comunicado como prisiones de cemento, algunas sin acceso al exterior, privacidad o atención médica adecuada.

Los supervisores también vigilarán determinadas condiciones dentro de las instalaciones de CBP, entre ellas la temperatura, los lugares para dormir y el acceso a jabón.

De acuerdo con los testimonios citados por las organizaciones, algunos menores han reportado temperaturas extremadamente bajas y que CBP les proporciona únicamente una manta de aluminio mylar muy delgada para protegerse del frío.

También han denunciado que las luces permanecen encendidas durante toda la noche y que existen baños comunitarios y expuestos sin jabón ni desinfectante disponible dentro de las celdas.

También revisarán hoteles utilizados para detener a menores

Otra de las tareas será supervisar el uso de hoteles sin licencia para mantener detenidos a niños y las razones por las que algunos permanecen allí durante periodos prolongados.

Las organizaciones sostienen que la utilización de estos establecimientos dificulta que los abogados encargados de vigilar el cumplimiento del Acuerdo Flores puedan supervisar adecuadamente las condiciones de los menores.

Según el comunicado, esta situación puede dejar a los niños aislados de representación legal, atención médica, necesidades básicas y contacto con el exterior.

La supervisión también abarcará el acceso de los menores a atención médica, la notificación de sus derechos bajo el Acuerdo Flores y el tiempo que permanecen bajo custodia de ICE en el South Texas Family Residential Center, conocido como Dilley, en Texas.

Las autoridades migratorias mantienen allí a familias durante meses, según las organizaciones, antes de deportar a muchas de ellas o liberarlas cuando se determina que el Gobierno no cuenta con una base legal para continuar su detención.

Perito podrá verificar los datos del Gobierno

El perito especial también estará autorizado para verificar y validar los datos que DHS debe entregar a los abogados del Acuerdo Flores.

Las organizaciones señalaron que, desde el inicio de la Administración Trump, los datos mensuales elaborados por CBP e ICE y entregados a los abogados han presentado discrepancias. Entre ellas, mencionaron informes que omitieron por error a algunos menores incluidos en el grupo protegido por el acuerdo.

El supervisor independiente tendrá además la responsabilidad de vigilar que el Gobierno cumpla con la obligación de liberar rápidamente a los menores o trasladarlos fuera de instalaciones de DHS que no sean seguras.

Mientras permanezcan detenidos, deberá supervisar que reciban los cuidados básicos y las necesidades esenciales exigidas por el Acuerdo Flores.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, pidió a EE.UU. analizar caso por caso la situación de los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) tras confirmarse su cancelación y posibles deportaciones, al tiempo que atribuyó la dificultad para mantener el programa a las “malas relaciones bilaterales” durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro.

“Le hemos pedido al Gobierno americano que analice cada caso porque son personas que tienen tres y cuatro décadas de estar en Estados Unidos”, destacó Asfura en una rueda de prensa en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño.

Sus declaraciones se producen días después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara la cancelación del TPS para una docena de países, entre ellos Honduras, advirtiendo el inicio de procesos de deportación para quienes no abandonen el país voluntariamente.

“La terminación del Estatus de Protección Temporal es ahora efectiva para los siguientes países. Para aquellos con TPS terminado: salga ahora o sea deportado”, señaló el organismo federal en un mensaje en redes sociales.

Honduras recibió el TPS por primera vez en enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

El programa permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado.

Asfura destacó que los hondureños beneficiarios del TPS han construido buena parte de su vida en Estados Unidos y defendió que se tenga en cuenta su arraigo antes de proceder con su eventual retorno.

“Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos, que trabajan, que tienen inversiones. Ciudadanos ejemplares que trabajan y se han adaptado y han respetado las leyes americanas”, enfatizó.

Aunque el mandatario reconoció que la decisión final corresponde a la política migratoria y a los tribunales de Estados Unidos, reiteró que las “malas relaciones” bilaterales de los últimos cuatro años influyeron negativamente en la situación del TPS para más de 55,000 hondureños.

Ante un eventual retorno de los beneficiarios, Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero, aseguró que Honduras debe prepararse para recibirlos y aprovechar su experiencia, conocimientos e inversiones.

“Tenemos que prepararnos, tenemos que acogerlos aquí, si así fuera el caso, al final, para abrirles las puertas”, manifestó.

El mandatario planteó identificar a los hondureños que regresarían, el tiempo que permanecieron en Estados Unidos y las inversiones que desarrollaron allí, con el fin de facilitar su incorporación a la economía hondureña.

A su juicio, un eventual retorno de personas con décadas de experiencia podría convertirse en una oportunidad para atraer capital y conocimientos, al tiempo que insistió en la importancia de impulsar la inversión extranjera y preservar la nacional.

Con información de EFE

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El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, demandó este martes al gobernador de Texas, Greg Abbott, para obligar al estado a extraditar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acusado de disparar contra un venezolano durante el operativo migratorio de la agencia en Minneapolis.

Ellison solicitará una orden de restricción temporal que impida a la oficina del sheriff del condado de Cameron, en Texas, liberar al agente Christian Castro y que obligue a Abbott a firmar la orden de extradición para que las autoridades de Minnesota puedan trasladarlo y procesarlo en ese estado, informó NBC News.

Castro fue detenido 11 días después de que fiscales de Minneapolis presentaran cargos en su contra por agresión y por presuntamente proporcionar información falsa a las autoridades en relación con el tiroteo no mortal ocurrido el 14 de enero, en el que resultó herido Julio Cesar Sosa Celis.

La denuncia penal indica que Castro disparó contra la puerta principal de una vivienda en Minneapolis.

Una de las balas alcanzó a una persona en una pierna y posteriormente quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. El documento sostiene además que el agente proporcionó deliberadamente información falsa a un oficial sobre lo ocurrido.

Ellison advierte sobre una posible liberación

El fiscal general de Minnesota explicó durante una conferencia de prensa que Castro podría quedar en libertad la próxima semana, cuando cumpla 90 días detenido, debido a las normas de Texas. También advirtió que el agente podría abandonar Estados Unidos desde la ciudad fronteriza donde permanece bajo custodia.

“Christian Castro ha sido acusado de infringir la ley en Minnesota. Debe enfrentar la justicia en Minnesota”, afirmó Ellison, quien sostuvo que Abbott debió aceptar hace tiempo la solicitud de extradición presentada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

“Christian Castro no está por encima de la ley y Greg Abbott tampoco”, agregó.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, calificó la acción judicial como un paso que debería haber sido innecesario. Señaló que funcionarios de la cárcel y fiscales locales de Texas han cooperado con las autoridades de Minnesota y aseguró que el proceso de extradición “no debería ser controvertido”.

Según la fiscal, desde el arresto de Castro, Texas ha extraditado sin inconvenientes a otros tres acusados de delitos no relacionados hacia Minnesota, a solicitud de las autoridades estatales.

Ellison, por su parte, dijo que su oficina ha mantenido comunicaciones constantes con Abbott y su equipo, incluso recientemente, pero que las autoridades de Minnesota deben asumir que Texas se está negando a cumplir con la solicitud de extradición.

“Tenemos que adoptar la posición de que se están negando a cumplir con la solicitud de extradición”, afirmó.

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La administración del presidente Donald Trump anunció que suspenderá la construcción de un controvertido proyecto de construcción fronteriza en el Parque Nacional Big Bend, Texas, mientras el director de la agencia encargada de la construcción del muro hace una “evaluación sobre todo el terreno”.

El proyecto en cuestión que atraviesa el parque nacional en el sur de Texas enfrenta una gran oposición bipartidista por parte de críticos que aseveran que está destruyendo el entorno natural prístino de la zona. Alegan que el terreno accidentado y remoto de la región ya actúa como elemento disuasorio para migrantes y traficantes.

Históricamente, los cruces fronterizos en esa área han sido menores que en otras regiones y han bajado todavía más en los últimos dos años.

“La CBP suspenderá toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras lo visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno”, declaró en X Rodney Scott, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Scott señaló que en los siguientes días “escucharía a los líderes locales, a los miembros de la comunidad y a las partes interesadas” para abordar lo que calificó como amenazas “reales” a la seguridad nacional, al tiempo que protegía el parque.

Aunque no está del todo claro si la suspensión presagiaba una paralización más duradera de la construcción, reflejó la intensidad de la oposición de ambas bancadas y fue una extraña concesión por parte de la administración respecto a una promesa clave del mandatario republicano que se apresuró a cumplir antes de las elecciones de noviembre.

El verano pasado, el Congreso otorgó al gobierno $46,000 millones de dólares para construir un muro desde el océano Pacífico hasta el golfo de México, y la Casa Blanca de Trump ha avanzado a pasos agigantados y eximiendo múltiples regulaciones en un esfuerzo por construir rápidamente el muro.

Scott declaró que espera que la primera capa del muro esté construida para finales de 2027, informó NBC News.

No obstante, Washington se ha encontrado con una gran oposición en Texas, particularmente en lo que respecta a la construcción dentro y cerca del Parque Nacional Big Bend y un parque estatal al oeste.

A inicios de año, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) echó para atrás sus planes de construir un muro de bolardos de casi 30 pies de altura por medio de los parques, pero siguió adelante con otras medidas de protección fronteriza, como una nueva carretera, alumbrado público, millas de barreras diseñadas para impedir que los vehículos crucen la frontera y tecnología como cables de fibra óptica que se enterrarán bajo las vallas.

Lo mencionado anteriormente ha llevado a la oposición por parte de algunos demócratas y republicanos de la región, exfuncionarios de parques nacionales, residentes locales que dependen de los parques para su sustento y varios funcionarios electos de Texas.

Los críticos apuntan que dañará el paisaje agreste que atrae a turistas que descienden el Río Grande en balsa y aprovecha algunos de los cielos nocturnos más despejados del país para contemplar o estudiar las estrellas.

La semana pasada, se pudieron observar excavadoras despejando terrenos en el parque, lo que provocó aún más la preocupación y produjo preguntas de uno de los senadores republicanos de Texas. El senador John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas ante el fiscal general del estado, escribió al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, manifestando su preocupación por las obras.

“Mis electores creen que los acantilados ribereños de casi 1,000 pies de altura y el terreno remoto de Big Bend constituyen un elemento disuasorio para cualquier inmigrante ilegal que intente cruzar a Estados Unidos. El terreno peligroso incluye montañas escarpadas, cañones profundos y extensos desiertos que, según ellos, actúan como una barrera natural que limita los movimientos a gran escala”, escribió Cornyn.

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Un nuevo reporte revela a “lo peor de lo peor”, es decir, a 152 agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que tienen historial de delitos sexuales y violentos, pero aún así operan en acciones migratorias.

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes de Ohio, organización responsable del reporte, destacó amenazas que agentes propinaron a sus propias parejas sentimentales.

“Todas y cada una de las mujeres de tu linaje no son más que unas asquerosas y gordas [insulto]. Deberían degollarlas a todas”, expresó David Brouillette en un mensaje de voz a su exesposa Ashley. Él fue quien disparó a muerte a Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine.

Tramonte destacó como ejemplo la forma en que estos agentes han actuado contra sus propias familias y cómo actuarían en operaciones migratorias.

“Si ese es el tipo de cosas que dicen a las personas que afirman haber amado, ¿cómo creen que van a actuar con las personas sobre las que sienten que tienen poder en la comunidad?”, expuso Tramonete en una conferencia de prensa virtual.

Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pudo evitar la contratación de personas como Brouillette, ya que su comportamiento ha quedado registrado en el sistema judicial estadounidense.

“Y la información sobre ellos, la forma en que hablan con sus familiares, todo eso estaba disponible para los investigadores de antecedentes cuando estos agentes estaban solicitando para estos trabajos, algo no cuadra”, lamentó Tramonte.

El reporte incluye un análisis de 152 casos que confirma las acciones de violencia sexual, depredación de menores y abuso de autoridad.

“De los 152 individuos incluidos en estos datos, 131 (86.2%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales, y 85 (55.9%) fueron acusados o condenados por crímenes dirigidos a menores”, se indica. “En conjunto, 78 individuos (51.3%) fueron acusados o condenados por delitos sexuales contra menores, la categoría más grande de la lista”.

Agrega que el 90% de esos delitos fueron “formas de violencia de género y violencia sexual”, incluida abuso sexual infantil y violencia doméstica. Hay un 10% restante son casos de “homicidios cometidos en el ejercicio de sus funciones y en violaciones de derechos civiles o de uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes o personas que se creía que eran inmigrantes”.

El problema aumenta con Trump

Las estadísticas del reporte indican que los casos documentados son, en su mayoría, entre 2025 y 2026 –con la administración del presidente Donald Trump–, ya que representan el 23.7% de toda la lista.

“El 2025 registró 14 casos, y 2026 ya ha registrado 22, con más de cuatro meses por delante”, se advierte.

En comparación con 2024, con el gobierno de Joe Biden, la cifra de incidencia fue de 11 casos, el número más alto de los años previos.

Uno de los casos es el de Ronald Anthony Burgos Aviles, un agente de CBP en Texas, quien asesinó a su pareja y al hijo de un año de edad de ella.

Mientras Samuel Saxon, un antiguo supervisor de ICE en Cincinnati, Ohio, tiene un largo historial de violencia doméstica “incluyendo estrangulamiento y huesos rotos”.

Los latinos también ejercen violencia

El análisis indica que el 45.4% (69) de los agentes en la lista de lo “lo peor de lo peor” son blancos, mientras el 44.7% son latinos (66), afrodescendientes 3.9% (6) y AAPI 2.6% (4).

Uno de los casos es Juan David Ortiz, agente de la CBP en Texas, un asesino serial condenado por homicidio capital tras asesinar a cuatro trabajadoras sexuales.

Los estados con más casos son Texas (47), Arizona (30), California (20), Florida y Nueva York, con siete cada uno, así como Michigan con seis cada uno.

La Patrulla Fronteriza tiene, con diferencia, el mayor número de casos con 121, contra 28 de ICE, pero Tramonte advierte las diferencias de años en que las agencias han operado.

“ICE no existía antes de 2003, y las tácticas que usa ahora no son las mismas que usaba cuando era INS (otra oficina migratoria)”, indicó Tramonte. “El 45% de estos delitos no se tratan solo de acusaciones […], se trata simplemente de demandas presentadas en tribunales civiles. Se trata de delitos que fueron procesados ​​o imputados”.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos confirmó la resolución del Tribunal de Distrito de Maryland que frena la política del gobierno de Trump para autorizar operativos de control migratorio en templos religiosos o sus inmediaciones.

El fallo judicial mantendrá la medida cautelar que protege a las congregaciones afectadas mientras se desarrolla el procedimiento judicial, informó la organización Democracy Foward.

La medida cuestiona la eliminación de normativas históricas que limitaban el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios sensibles, y que ororgaba la discreción a los funcionarios migratorios basada en su “sentido común”. La situación llevó a las iglesias a modificar sus cultos e influyó en la asistencia de las comunidades ante eventuales procedimientos de agentes armados, sumado a reportes sobre vigilancia del Departamento de Seguridad Nacional en templos.  

La demanda fue interpuesta por Democracy Forward en representación de colectivos como la Reunión Anual de Filadelfia de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva Inglaterra de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Baltimore de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Adelphi de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión de Amigos de Richmond de la Sociedad Religiosa de los Amigos, la Reunión Anual de Nueva York de la Sociedad Religiosa de los Amigos, el Templo Sikh de Sacramento y la Confraternidad Bautista Cooperativa.

Evaluación jurídica y medida cautelar

El tribunal de distrito determinó inicialmente que existen probabilidades de éxito en los reclamos interpuestos por las organizaciones demandantes. En consecuencia, fijó la orden preliminar que limita las incursiones de los agentes en los recintos indicados y sus alrededores para resguardar los derechos de las instituciones mientras concluye el litigio.

A través de un comunicado conjunto, la coalición de organizaciones expresó su postura ante el dictamen emitido por la corte de apelaciones.

“Esta decisión reafirma una promesa fundamental de la libertad religiosa: toda persona debe poder reunirse, practicar su culto, orar y servir a su comunidad sin temor a que las autoridades migratorias perturben ilegalmente los espacios sagrados”, señaló la coalición de organizaciones ante el dictamen de la Corte de apelaciones.

El gobierno de Trump como amenaza a feligreses migrantes

Señalaron además que los lugares de culto han acogido a las personas que buscan guía espiritual y servicio comunitario. Aseguraron que el gobierno de Trump amenazó esta tradición al obligar a las congregaciones a elegir entre cumplir su misión religiosa y proteger a los miembros de sus comunidades.

“Agradecemos que el tribunal haya preservado estas protecciones mientras el caso avanza, y seguiremos luchando para garantizar que la libertad religiosa siga siendo significativa para cada congregación y cada persona que entre por nuestras puertas”, sentenció la coalición.

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NUEVA YORK – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó las guías para establecer la probabilidad de que un migrante que solicite la residencia permanente pueda convertirse en una carga pública, lo que limitará las posibilidades de que más extranjeros consigan su “green card”.

En un comunicado este martes, USCIS informó sobre la emisión de una guía actualizada en el Manual de Políticas.

El cambio va de la mano con la regla final anunciada el 16 de julio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deroga las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022 bajo la Administración Biden. Esa regla se publicó formalmente en el Registro Federal cuatro días después, el 20 de julio, y entrará en vigor el 18 de septiembre próximo.

USCIS define carga pública como la persona que depende económicamente del Gobierno a través de programas y otros servicios.

De acuerdo con el comunicado, “la guía actualizada se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.

La guía actualizada explica qué categorías de extranjeros están sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías ha eximido el Congreso.

Bajo las nuevas directrices, todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.

Cinco factores para determinar inadmisibilidad por motivos de carga pública

El comunicado distingue que, aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define el concepto de “carga pública” ni el de “probabilidad de convertirse en carga pública en algún momento”, el Congreso ha especificado que los funcionarios del USCIS deben considerar cinco factores establecidos por ley al determinar la inadmisibilidad bajo esa causal.

Estos cinco factores son: la edad del extranjero, su estado de salud, su situación familiar, sus activos, recursos y situación financiera, y su educación y habilidades.

Para determinar la inadmisibilidad por motivos de carga pública, los funcionarios del USCIS deberán evaluar los cinco factores mencionados, así como cualquier otro relevante para determinar si el extranjero podría convertirse en carga pública en algún momento.

Categorías sujetas a la norma de carga pública

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses
Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos
Cónyuges, hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales (LPR)
Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, así como sus cónyuges e hijos
Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses
Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses
Amerasiáticos (según la categoría de preferencia) nacidos a partir del 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982
Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses
Trabajadores prioritarios
Profesionales con títulos de posgrado o extranjeros con aptitudes excepcionales
Trabajadores cualificados, profesionales y otros trabajadores
Inversores
Trabajadores religiosos
Ciertos empleados o exempleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero
Empleados de la Zona del Canal de Panamá
Graduados de facultades de medicina extranjeras
Empleados jubilados de organizaciones internacionales
Personal de las fuerzas armadas de EE. UU.
Radiodifusores internacionales
Diplomáticos o funcionarios de alto rango que no pueden regresar a su país (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)

Categorías exentas a la norma de carga pública

Asilados y refugiados
Inmigrantes amerasiáticos en el momento de su admisión
Intérpretes afganos e iraquíes, o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el gobierno de los EE. UU. o que trabajen en su nombre
Personas admitidas de Cuba y Haití que solicitan el ajuste de estatus bajo la Sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986
Solicitantes que buscan el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal
Haitianos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Haitianos de 1998
Personas admitidas bajo el programa “parole” Lautenberg
Menores inmigrantes especiales
Solicitantes de registro de residencia legal
Solicitantes del Estatus de Protección Temporal
Ciertos embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros con estatus de no inmigrante, así como sus familias
Víctimas de trata de personas (no inmigrantes T)
Víctimas de actividades delictivas que cumplen con los requisitos (no inmigrantes U)
Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)
Ciertos extranjeros víctimas de maltrato que califican como “extranjeros cualificados” bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996
Solicitantes de ajuste de estatus que reúnen los requisitos para obtener beneficios como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas
Indígenas americanos nacidos en Canadá que no son ciudadanos de los EE. UU.
Ciertos miembros de la Banda de Texas de Indígenas Kickapoo, perteneciente a la Tribu Kickapoo de Oklahoma
Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que presentan solicitudes bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2001
Personas admitidas bajo el programa parole para polacos y húngaros
Ciertos ciudadanos sirios
Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Liberianos

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a un tribunal federal de apelaciones que restablezca los cargos penales en contra de Kilmar Abrego García, un hombre proveniente de El Salvador deportado injustamente por el gobierno republicano del presidente Donald Trump en 2025, revocando una orden de un tribunal inferior que consideró que los mencionados cargos tienen un carácter vengativo.

En el mes de mayo, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación penal contra Abrego García, quien había sido acusado por fiscales federales de traficar inmigrantes de forma ilícita a EE.UU. El magistrado determinó que el DOJ procesó a Abrego García en represalia por sus esfuerzos para impugnar su injusta deportación a El Salvador el año en que llegó Trump a la Casa Blanca.

En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos, el DOJ rechazó que la acusación fuese vengativa, alegando que tenía “múltiples fundamentos legítimos para procesar” a Abrego García.

“La decisión de solicitar una acusación formal contra Abrego García por tráfico de personas fue tomada por fiscales de carrera basándose en las pruebas, la ley y su firme convicción de que existen pruebas más allá de toda duda razonable de que Abrego García cometió los delitos imputados”, dijo el DOJ en un comunicado de prensa.

Asimismo, el DOJ alegó que la orden judicial de mayo “marca una expansión drástica del poder de los tribunales para desestimar cargos penales graves basándose en evaluaciones subjetivas de las motivaciones del fiscal”.

En comunicado, la defensa de Abrego García tildó el comunicado de prensa del DOJ de “completamente erróneo”, asegurando que “la acusación y el procesamiento de Abrego García fueron, de hecho, vengativos; las pruebas presentadas ante el tribunal de distrito lo demostraron; y la evidencia fue clara a pesar de la negativa del Departamento de Justicia a llamar a declarar bajo juramento a los verdaderos responsables de la toma de decisiones, incluido el fiscal general [Todd] Blanche”.

“Este caso se inició con ánimo de venganza y siguiendo instrucciones de la Casa Blanca después de que nuestro cliente ganara con éxito su caso ante la Corte Suprema”, agregaron los abogados.

Abrego García fue acusado el año pasado de dos cargos de tráfico de personas, derivados de una parada de tránsito en noviembre de 2022 en Tennessee, donde la Patrulla de Carreteras del estado lo detuvo y descubrió que había varias personas en su automóvil. Se declaró inocente.

Asimismo, el salvadoreño estuvo implicado en un caso judicial aparte en Maryland vinculado con los esfuerzos de Trump para deportarlo.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró que busca deportarlo a Liberia, un país africano, pero un juez federal ha bloqueado esa medida por ahora.

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Ante el incremento de los operativos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en diversas ciudades y estados del país, incluido Nueva York, organizaciones de derechos civiles y activistas comunitarios han comenzado a movilizarse para instruir a la ciudadanía sobre cómo proteger y defender a las comunidades de los abusos. 

En los últimos meses, este diario ha documentado el aumento de operativos de agentes migratorios en Brooklyn, Queens y El Bronx, aunque las técnicas han cambiado. Frente a una nueva movilidad de operativos migratorios, denominada “oleada en las sombras” (“Shadow Surge”). La solución propuesta por defensores comunitarios se encuentra en el programa  “ICE WATCH”, una práctica ciudadana orientada a observar, documentar y apoyar a la comunidad sin confrontar directamente a los agentes federales.

A diferencia de las redadas masivas y visibles de meses anteriores, la agencia ha comenzado a emplear tácticas bajo perfil para evitar el escrutinio público tras las denuncias de violencia — resultado de sus redadas — en todo el país. El cambio de estrategia responde al aumento de la presión política y del despliegue territorial prometido por la administración federal en regiones clave.

De acuerdo con Jill Garvey, directora ejecutiva de State at the Core, las operaciones actuales forman parte de un esfuerzo autoritario que “busca concentrar el poder y las ganancias”. Garvey explicó durante un entrenamiento de capacitación que el miedo es “el hilo conductor” que mueve todo: desde la influencia narrativa y los llamados a la acción, hasta la justificación de la vigilancia, la toma del poder, la violación de derechos y el despliegue de fuerzas de seguridad federales.

Este incremento de la actividad migratoria se ha registrado de manera constante en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, así como en Los Ángeles, Chicago y Memphis. La intensificación de la presencia federal coincide además con recientes medidas estatales como la de la gobernadora Kathy Hochul, quien firmó en ley la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes. Esto provocó que portavoces del gobierno federal, como Tom Homan, el zar de la frontera de la administración de Trump, prometieran: “mandar más agentes de ICE de los que jamás hayas visto” a la ciudad de Nueva York.

Como parte de ese esfuerzo, la agencia se apoya tanto en detecciones tempranas de individuos como en los acuerdos 287(g), los cuales facultan a las policías locales para actuar en funciones de control migratorio.

Frente a esto, para ayudar de manera concreta y efectiva a la comunidad en medio de este panorama, la organización State at the Core surgió con pasos específicos centrados en la observación cautelosa conocida como “ICE WATCH”.

¿Qué significa “ICE WATCH” en la práctica?

Como explican los organizadores, “ICE WATCH” se enfoca en tres principales: observar, documentar y apoyar sin confrontaciones.

Al momento de detectar la actividad de ICE, los expertos sugieren:

1. Mantener al menos diez pies de distancia; es importante tener en mente que algunos estados exigen una distancia de al menos veinticinco pies para grabar legalmente.

2. Documentar con el celular es completamente legal, siempre desde una vía pública y sin interferir físicamente con los agentes, incluso si lo que ves resulta perturbador.

3. Para asegurar su seguridad, las manos de quienes documentan deben estar visibles y vacías y expresar se en un tono de voz calmado.

4. Si un agente pide que se aleje, basta con retroceder unos pasos mientras se afirma en voz alta que se está cooperando y ejerciendo el derecho legal a observar.

5. Al momento de registrar el operativo, resulta esencial prestar atención a cinco elementos clave: el número de agentes presentes, las acciones específicas que realizan, la ubicación exacta del hecho, el vestimento o la insignia que portan y las características de los vehículos utilizados. 

Esta información, compartida de inmediato con las redes de apoyo locales, puede marcar la diferencia entre una familia que recibe apoyo a tiempo y una que desaparece sin que nadie se entere.

El apoyo entre observadores

Asimismo, la recomendación principal para quienes desean participar es no actuar de manera aislada. States at the Core aconseja formar grupos de tres o más, donde cada integrante asuma un rol definido: uno encargado de grabar y tomar notas, otro enfocado en dialogar o colaborar con los testigos en el lugar, y un tercero dedicado a monitorear la seguridad del entorno. No se necesita experiencia previa ni una gran organización detrás; se necesita, sobre todo, comunicación constante entre quienes participan.

Antes de salir a la calle, algunas precauciones simples marcan la diferencia. Esto incluye, pero no se limita a, avisar a alguien de confianza de dónde estás, llevar el teléfono cargado con suficiente espacio para grabar y desactivar el desbloqueo por huella o reconocimiento facial del dispositivo, dejando solo el código de acceso. 

“[A los observadores] se les permite documentar a cualquier agencia del orden público porque todos son funcionarios públicos que desempeñan sus funciones públicas”, señaló. Agregó que no importa si solo sospechas la presencia de ICE u otra agencia federal, “se les permite grabar y hacer valer sus derechos — establecer sus derechos — para documentar lo que está sucediendo”, afirmó Garvey.

Pero la vigilancia no termina en la calle. Como enfatizó Zachary Mueller, estratega principal de la organización, la defensa más sólida contra las detenciones arbitrarias es la comunicación constante entre sus propios vecindarios.

“[Es esencial mantener la comunicación], no sólo para compartir historias entre nosotros, sino para realizar un trabajo de narrativa estratégica que arroje luz sobre la oscuridad y asegure que nuestros vecinos, amigos y familias vean lo que está sucediendo”, explicó.

De este modo, agrega Mueller, se puede fortalecer una red para protegerse a sí misma y a sus vecinos de ICE.  

Para obtener más detalles sobre los talleres de capacitación o sumarse a una red de observación local, las personas interesadas pueden visitar el sitio web oficial de State at the Core.