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La identidad del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero salió a la luz este jueves, después de que su exesposa lo señalara públicamente y afirmara que él le pidió ocultar lo ocurrido.

En declaraciones al Portland Press Herald, Ashley Brouillette identificó al agente como David Michael Brouillette, de 37 años y residente de Manchester, Maine.

Según relató, él la llamó tras el incidente para reconocer que había participado en el tiroteo, defender su actuación y solicitarle que protegiera su imagen.

“Me pedía que mintiera por él y que encubriera su reputación. Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces intentó decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo (Durán) intentó atropellarlo con su coche”, aseguró la mujer al periódico.

Ashley Brouillette afirmó que revisó las grabaciones difundidas del operativo y cuestionó esa versión. “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera con un coche”, dijo, al tiempo que sostuvo que su exmarido actuaba con una “calma inusual” al hablar del caso.

La exesposa explicó que decidió hacer públicas sus declaraciones porque, durante su matrimonio, ya había advertido a superiores militares sobre la salud mental de Brouillette. También denunció haber sufrido maltrato durante la relación y señaló que ella y su familia han recibido amenazas desde que comenzó a difundirse el nombre del agente en redes sociales.

Agente experimentado

De acuerdo con el Portland Press Herald, David Michael Brouillette ha trabajado en distintos organismos de seguridad pública en Maine, es veterano de guerra y cuenta con licencia como agente inmobiliario.

Tres personas que coincidieron con él en el Departamento de Bomberos de Manchester dijeron al diario haberlo reconocido en los videos del operativo.

Un portavoz de ICE indicó que Brouillette acumula casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales y recibió la capacitación correspondiente. Según el periódico, el agente integra un grupo de funcionarios incorporados por la agencia a comienzos de este año y no respondió a los intentos del medio por contactarlo.

El colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió el pasado lunes en Biddeford, al sur de Maine, cuando viajaba en su vehículo junto a su pareja y su hija de tres años.

ICE confirmó posteriormente que Durán no era el objetivo del operativo migratorio. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que los agentes dispararon por motivos de seguridad pública al considerar que el conductor intentó huir con su vehículo.

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Las autoridades sanitarias de Colorado investigan un caso confirmado de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes en Aurora, al este de Denver, aunque hasta ahora no han podido ingresar a las instalaciones para verificar una posible docena de contagios reportados por la prensa.

El Departamento de Salud del condado Adams confirmó esta semana un caso en ese centro, con capacidad para 1,500 detenidos y administrado por la empresa privada GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades del condado señalaron que tienen conocimiento de versiones periodísticas sobre la posible existencia de hasta 12 inmigrantes con tuberculosis, pero aclararon que no han podido confirmar esos reportes.

ICE afirmó esta semana que el centro no tenía casos activos confirmados y aseguró que las instalaciones cumplen las normas federales y estatales sobre enfermedades transmisibles.

Sin embargo, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés) indicó que el Departamento de Salud de Adams y la Clínica de Tuberculosis de Denver encontraron “obstáculos” para investigar el caso y evaluar a las personas potencialmente expuestas.

La dependencia de salud aseguró haber exigido a GEO Group que permita el ingreso de los investigadores sanitarios a más tardar este viernes 17 de julio y entregue los expedientes médicos para completar la investigación.

“La continua falta de GEO de proporcionar acceso completo y oportuno está obstaculizando una investigación de salud pública”, expresó el CDPHE en un comunicado.

“Cada retraso hace más difícil identificar, examinar y tratar a las personas que pudieron haber estado expuestas y aumenta el riesgo de una mayor transmisión”, agregó.

La investigación deberá incluir otros detenidos, como también empleados, contratistas, visitantes y personas trasladadas o liberadas del centro.

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que suele afectar los pulmones y puede transmitirse por el aire. Es prevenible y curable, aunque sin tratamiento puede causar daños graves o incluso muerte. En Colorado se detectaron 89 casos entre 2024 y 2025.

En marzo de este año, una coalición de Colorado denunció en un reporte el deterioro de las condiciones dentro del centro en Aurora, incluyendo deficiencias en la atención a la salud física y mental, así como inseguridad alimentaria.

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La Casa Blanca aseguró este jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene los controles de tráfico como parte de sus operativos migratorios, pese a las recientes muertes de un ciudadano mexicano y un colombiano durante intervenciones de la agencia en Texas y Maine.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha impartido instrucciones verbales a todas las oficinas regionales del país para que sigan los controles a vehículos”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, durante su primera rueda de prensa desde que dio a luz.

La portavoz explicó que el Gobierno considera estas detenciones una herramienta necesaria para ejecutar la política migratoria de la Administración Trump.

“El Departamento de Seguridad Nacional cree que las detenciones de vehículos son una herramienta necesaria para que los agentes del ICE continúen con su campaña de deportación de los peores delincuentes extranjeros indocumentados de nuestro país”, sostuvo.

Las declaraciones llegan un día después de que el presidente Donald Trump descartara la posibilidad de suspender temporalmente este tipo de operativos.

Debate tras muertes

El debate se intensificó tras las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, ocurrida el 7 de julio en Houston, Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, fallecido el 13 de julio en Biddeford, Maine.

Ambos murieron cuando agentes de inmigración intentaban detener los vehículos en los que viajaban.

Los casos han generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de ICE y la transparencia de sus actuaciones durante los operativos.

Consultada sobre el uso de cámaras corporales, Leavitt indicó que más de la mitad de las oficinas regionales de ICE ya cuentan con estos dispositivos y aseguró que el resto los recibirá en un plazo de 60 días.

“El despliegue ha sido más lento de lo que hubiéramos deseado, pero esto se debe a la decisión de los demócratas de paralizar las actividades del DHS durante varias semanas”, afirmó.

La funcionaria añadió que espera que todas las oficinas regionales de ICE dispongan de cámaras corporales “muy pronto”.

Con información de EFE.

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La regla de “carga pública” implementada por la administración Biden en 2022 será derogada a partir del próximo 18 de septiembre, así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

Con este cambio el gobierno busca alinear la ley de inmigración con el mandato del Congreso de que los extranjeros en el país sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes, señaló el departamento en un comunicado.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), cualquier solicitante de visa o ajuste de estatus que pueda convertirse en una carga pública será declarado inadmisible.

¿Qué establecía la regla de 2022?

La norma limitaba los subsidios estatales que los oficiales migratorios podían considerar al evaluar los expedientes, por lo que el DHS estableció que a partir de la entrada en vigor de la nueva regla, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recuperarán la facultad de analizar todos los factores pertinentes y ayudas públicas de cada solicitante de manera individual.

“La administración Trump está defendiendo el estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan volverse dependientes de los beneficios públicos. USCIS tiene el compromiso de salvaguardar la seguridad, la protección y el bienestar financiero de los estadounidenses”, declaró Zach Kahler, portavoz de USCIS.

La agencia publicará una versión actualizada del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus, indicó el comunicado. La entidad advirtió que las versiones anteriores de este documento que se envíen por correo o de forma electrónica a partir de la fecha de corte no serán aceptadas por las oficinas de recepción de la institución.

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Un grupo de más de 110 legisladores demócratas, liderados por el representante Joaquín Castro, solicitó formalmente al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la clausura definitiva del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, mediante una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El centro de Dilley, gestionado por la empresa privada CoreCivic, funciona actualmente como la única instalación de detención familiar activa en los Estados Unidos. Aunque había sido cerrado durante el mandato de Joe Biden, la administración de Donald Trump reactivó sus operaciones el año pasado dentro de sus políticas de control migratorio.

“No existe una forma humana de encarcelar a un niño y a su familia. No es más que una prisión móvil que retiene a familias. De hecho, el centro de Dilley es el único lugar en Estados Unidos dedicado a la detención de familias con niños que no han sido acusados ​​de ningún delito“, señaló el grupo, de acuerdo con ABC News.

Asimismo, denunciaron casos de desatención médica oportuna, como el retraso en la cirugía de un menor con apendicitis y el contagio de una bebé de un año con COVID-19 y VSR bajo custodia de CoreCivic.

Violación al Acuerdo de Flores

Los firmantes afirman que los menores permanecen recluidos excediendo el límite de 20 días que dicta el Acuerdo de Flores. Datos oficiales indican que, entre febrero y marzo de 2026, la estancia promedio de los niños en Dilley fue de 57 días.

“Ningún niño debería estar en un lugar como la prisión móvil de Dilley. Bajo la administración Trump, el ICE está arrebatando a los niños de sus familias, escuelas y vidas. Deben ser tratados como niños, no como criminales. Agradezco que más de 100 de mis colegas en el Congreso se unan a la lucha para cerrar la prisión móvil de Dilley”, señaló el representante Castro al respecto.

Respuesta del DHS

Entretanto, el director médico del DHS, doctor Sean Conley, desestimó las críticas, y describió al medio anteriormente citado algunos de los servicios que ofrecen en declaraciones, ABC News:

“Estas acusaciones de que a los inmigrantes indocumentados se les niega la atención médica adecuada bajo custodia del ICE son FALSAS. Es política y práctica habitual que los inmigrantes reciban atención médica oportuna y apropiada desde el momento en que ingresan bajo custodia del ICE. Esto incluye servicios médicos, dentales, de salud de la mujer, de salud mental, cualquier cita médica de seguimiento necesaria, así como atención de emergencia las 24 horas”, apuntó..

Por su parte, un portavoz del DHS defendió la legalidad de los operativos asegurando que el pacto de Flores ha sido un instrumento político de la izquierda para promover fronteras abiertas.

“«”Durante años, el decreto de consentimiento Flores ha sido una herramienta de la izquierda para promover una agenda de fronteras abiertas. Ya es hora de que un solo distrito de California deje de gestionar las funciones de inmigración del Poder Ejecutivo. La administración Trump está comprometida a restablecer el sentido común en nuestro sistema de inmigración”»”.

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Mientras su hermano Lorenzo sangraba por el disparo que había recibido en el torso, Víctor Salgado estaba tendido en el suelo, con las manos esposadas a la espalda, y suplicaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que llamaran a una ambulancia.

La ayuda médica tardó cerca de 30 minutos en llegar. Lorenzo fue trasladado después al hospital Ben Taub, en Houston, donde murió poco después a causa de sus heridas, el pasado martes siete de julio.

Víctor y los otros dos hombres que viajaban en la camioneta de Lorenzo cuando los agentes de ICE los interceptaron acabaron en un centro de detención migratoria, donde aún permanecen recluidos.

Ruby Powers, la abogada que representa a Víctor y a quien él ha transmitido su testimonio, cuestionó en una entrevista con EFE la decisión del Gobierno de mantenerlo detenido, ya que considera que su voz es “esencial” para las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el incidente, que ha generado una ola de indignación en el país.

“Si realmente les importara la justicia, ¿por qué están deteniendo a uno de los pocos testigos directos de lo que sucedió?”, señaló Powers, quien fue contactada por el consulado de México en Houston para ayudar con el caso migratorio de Víctor.

“No sabían quién los estaba persiguiendo”

El día del incidente, Lorenzo Salgado recogió por la mañana a su hermano y a los otros dos compañeros para dirigirse a una obra de construcción en la que trabajaban, según el relato que Víctor transmitió a su abogada.

Durante el trayecto, varios vehículos que no estaban identificados como patrullas comenzaron a seguirlos. “Lorenzo no sabía qué estaba pasando, estaba nervioso”, indicó Powers.

Tras una persecución, Lorenzo detuvo la camioneta a un lado de la carretera. Entonces, un individuo bajó de uno de los vehículos que los seguían, se acercó al costado de la camioneta, gritó “¡paren!” y disparó a través de la ventanilla abierta.

“Ellos no sabían quiénes los estaban persiguiendo ni qué estaba pasando”, relató la abogada, “Víctor cuenta que supo que eran agentes de migración fue cuando lo estaban bajando de la camioneta para esposarlo, porque uno de los agentes llevaba una identificación de ICE al cuello. Para entonces, el daño ya estaba hecho”.

El testimonio de Víctor contradice directamente la versión del Gobierno y coincide con el relato que dieron los otros dos testigos, que se han dado a conocer a través del abogado Hugo Balderas-Ibarra.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que forma parte ICE, Lorenzo intentó embestir uno de los coches de los agentes con su carro, se negó a obedecer varias órdenes verbales y “utilizó su vehículo como arma para intentar arrollar” a un agente de ICE, antes de que este disparara en “defensa propia”.

De acuerdo con Powers, “la vida de ningún agente estuvo en riesgo; de hecho, ellos eran quienes estaban en peligro y Lorenzo murió”.

Un duelo desde un centro de detención

Tras el incidente, el DHS informó que la Oficina del Inspector General del departamento abrió una investigación sobre la muerte de Salgado y que el FBI lideraría las pesquisas sobre la presunta “agresión” del migrante contra un agente de ICE.

Por su parte, la Fiscalía del condado de Harris, al que pertenece Houston, decidió iniciar una investigación paralela sobre los hechos en respuesta a las solicitudes de legisladores, activistas y familiares de Salgado para que se llevara a cabo una pesquisa independiente de la del Gobierno federal.

Powers insistió en que “en aras de la transparencia y del respeto al debido proceso” Víctor debe ser “liberado para que pueda entregar el testimonio que se necesita y cooperar con todas las investigaciones”.

El hombre, de nacionalidad mexicana, enfrenta un proceso migratorio ante la corte y tiene una audiencia programada para la próxima semana, relató la abogada.

Desde el centro, a las afueras de Houston, Víctor está “viviendo el duelo por su hermano, en varios niveles, además del impacto de haber presenciado el momento en que le dispararon y todo lo que ocurrió”, subrayó Powers.

“Está detenido y sigue viendo en televisión las imágenes de su hermano. Es como si tuviera que revivir esos momentos una y otra vez, completamente solo, mientras enfrenta el duelo y la pérdida”, agregó.

Alejandra Arredondo

El camionero de origen indio Jashanpreet Singh fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por un accidente que dejó tres muertos en California, en un caso que la Administración del presidente Donald Trump utilizó para impulsar restricciones a conductores inmigrantes con licencias comerciales.

Singh, de 21 años, se declaró culpable de tres cargos de homicidio vehicular con negligencia por el choque ocurrido el 22 de octubre en una autopista del sur de California, donde además cuatro personas resultaron heridas.

Durante el proceso judicial también enfrentó un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, aunque esa acusación fue retirada posteriormente.

De acuerdo con las autoridades, el camión que conducía no logró detenerse y terminó impactando a gran velocidad contra vehículos que permanecían detenidos en una de las autopistas más transitadas del área metropolitana de Los Ángeles.

Tras el accidente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de arresto contra Singh, quien cumplirá la condena en una prisión estatal.

Uso político de la administración Trump

La Casa Blanca utilizó este caso para defender medidas dirigidas a retirar de las carreteras a conductores inmigrantes a los que calificó como “ilegales”, pese a que Singh contaba con un permiso de trabajo otorgado por las autoridades migratorias, lo que le permitió obtener una licencia comercial de conducir en California.

El Gobierno de Trump también cuestionó que California hubiera expedido esa licencia y relacionó el caso con el de Harjinder Singh, otro camionero de origen indio involucrado en un accidente ocurrido el 12 de agosto en Florida, donde murieron tres personas tras un giro en U en una zona no autorizada.

Como parte de esa política, la Administración Trump estableció nuevos requisitos para los conductores de camiones, entre ellos demostrar dominio del inglés y retirar las licencias comerciales a quienes no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

Con información de EFE.

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Un detenido venezolano de 45 años murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras era trasladado entre dos centros de detención en el estado de Georgia, según informó este miércoles la propia agencia federal.

ICE identificó al fallecido como Jesús Manuel Arenas-Silva y señaló que el incidente ocurrió el 13 de julio, cuando era transportado en autobús desde el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Ocilla, hasta el Centro de Procesamiento D. Ray, en Folkston.

Según el comunicado, Arenas-Silva fue encontrado inconsciente alrededor de las 7:46 de la mañana. El personal del transporte solicitó asistencia médica e inició maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

La agencia indicó que los paramédicos trasladaron al venezolano al Hospital del Condado de Irwin, donde fue declarado muerto a las 8:31 de la mañana. ICE afirmó que la causa preliminar de la muerte sería un paro cardíaco, aunque precisó que la causa oficial permanece pendiente de los resultados de un examen médico.

De acuerdo con la versión de ICE, Arenas-Silva ingresó a Estados Unidos sin autorización en octubre de 2021, tras ser interceptado por la Patrulla Fronteriza cerca de Calexico, California. La agencia agregó que previamente había sido declarado inadmisible en el puerto de entrada de San Luis, Arizona.

Asimismo, indicó que un juez de inmigración de Atlanta ordenó su deportación a Venezuela el 27 de abril de 2026 y que fue arrestado nuevamente el pasado 9 de julio durante un operativo de control migratorio en Dallas, Georgia, debido a una orden de deportación pendiente.

ICE aseguró que, mientras permaneció bajo custodia, el venezolano recibió atención médica y fue evaluado por profesionales de la salud.

La agencia indicó que comunicó el caso a la Embajada de Venezuela en Washington y a los familiares del fallecido.

Muertes bajo custodia de ICE

La muerte de Arenas-Silva ocurre en medio del aumento de fallecimientos registrados bajo custodia de ICE durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Según datos oficiales de la agencia y del Proyecto de Datos Tras Las Rejas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), 51 personas han muerto bajo custodia migratoria desde enero de 2025.

Solo entre enero y julio de 2026 se han registrado 20 fallecimientos bajo custodia de ICE. Si se utiliza la medición por año fiscal del Gobierno de Estados Unidos —que comenzó en octubre de 2025— la cifra asciende a 32 muertes hasta julio de 2026, el mayor número registrado para ese periodo en las últimas dos décadas.

Aunque la población detenida por ICE también ha aumentado, los registros muestran que el incremento de las muertes ha sido proporcionalmente mayor. Entre 2024 y 2025, la cantidad de personas bajo custodia creció un 73,5 %, mientras que los fallecimientos aumentaron un 191 %, al pasar de 11 a 32 casos.

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El presidente Donald Trump rechazó este miércoles la suspensión temporal de los controles de tráfico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la muerte de dos personas en operativos migratorios en Maine y Texas.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump elogió el “trabajo excelente” y la “labor necesaria” que realizan los agentes del ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior Administración del demócrata Joe Biden sobre la supuesta entrada de millones de personas al país “sin control ni verificación”.

“Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes”, advirtió.

Según el mandatario republicano, a los demócratas “radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera”, pero insistió en que esto no ocurrirá bajo su mandato.

“ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta”, aseguró.

El mensaje del presidente llega después de que esa agencia federal decidiera el martes suspender hasta nueva orden la mayoría de sus registros de tráfico y los controles de vehículos, días después de que un inmigrante colombiano fuese asesinado en su auto en Biddeford, al sur de Maine, tras recibir disparos de un agente del ICE.

El senador de Maine Andy King explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra ellos.

Este fue el mismo argumento que el ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota en su auto.

Unos días antes del incidente en Maine, otro agente del ICE acabó con la vida de un mexicano durante un operativo de detención en Texas. El fallecido también iba en su vehículo cuando fue tiroteado.

Estas nuevas muertes han reavivado las críticas contra la agencia y los llamamientos a una investigación independiente sobre sus procedimientos.

El ‘zar de la frontera’ de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que la suspensión de las paradas de tráfico es solo “una breve pausa” y no representa una modificación general de la política de la Administración de Trump, que llegó al poder con la promesa de deportaciones masivas.

Homan agregó que el ICE seguiría desempeñando su labor por otras vías.

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