El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170,000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos.
“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dice a EFE Alma, una salvadoreña amparada por el beneficio desde 2001 y que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.
La inmigrante, de 30 años y residente de Misuri, fue beneficiada por el TPS cuando apenas tenía apenas cinco años, después que su mamá pidió el amparo migratorio para las dos.
Alma asegura que no tiene recuerdos de El Salvador, pero sí memorias del amparo migratorio. “Yo crecí con el TPS”, insiste la inmigrante, que llegó a EE.UU. en brazos de su madre con apenas 18 meses de edad.
“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, cuenta la mujer, que ha estado protegida por el TPS desde su designación en 2001.
Alma ha querido llamar la atención del público sobre inmigrantes como ella, que llegaron a EE.UU. siendo niños y han estado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, quien desde su primer gobierno ha apuntado a terminar el TPS y el programa de Acción Diferida (DACA).
“Crecí con una vida estadounidense, con valores estadounidenses, ¿por qué nos quieren sacar?”, se pregunta. “De niña yo no tuve la posibilidad de elegir donde hacer mi vida”, añade.
La Casa Blanca ha terminado con el TPS de varios países incluido Haití, Venezuela y Afganistán.
En el caso de El Salvador, un país con el que Trump actualmente mantiene buenas relaciones, el Ejecutivo dejará expirar la protección que vence este 9 de septiembre para unos 170,000 inmigrantes, de acuerdo con datos del The National Immigration Forum.
Estos salvadoreños perderán su permiso de trabajo y su estatus para residir legalmente en el país, lo que los pone en un inminente riesgo de deportación.
Una fábrica, varios afectados
Alma trabaja en una empresa de Misuri, donde ha alcanzado el rango de supervisora. Cuenta que la compañía, que tiene plantas fuera de EE.UU., está preparándose para perder a “gente muy trabajadora”, algunos de ellos empleados desde 2001.
“Duele ver cómo la vida va a seguir fluyendo y serán reemplazados, cuando los afectados (los protegidos por el TPS) nos vamos sin nada”, reflexiona.
Para Alma y sus compañeros, el panorama se complica aún más por vivir en un estado republicano, donde los mismos congresistas federales a los que ella debería acudir para que aboguen a su favor quieren que se termine el TPS y que los inmigrantes regresen a su país.
“Cuando la gente me dice ‘regresa’ (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.
Una vida temporal
Una idea que comparte José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una iniciativa conformada desde 2017 para defender el amparo, y que reúne a organizaciones proinmigrantes que abogan por la aprobación de una ley que les permita acceder a la residencia permanente.
Palma, de 48 años, dijo a EFE que la incertidumbre sobre su futuro le ha obligado a frenar los proyectos que tenía, como una construcción en su vivienda.
El activista, que es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también ha hecho recortes en sus gastos, en un esfuerzo para ahorrar ante la terminación del amparo, que lo dejaría sin autorización para trabajar.
Sin embargo, aún tiene la esperanza de que el Congreso de EE.UU. encuentre un camino para quedarse. Al igual que Alma, resalta que en estos 25 años no se les ha ofrecido una solución.
“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?”, dice Palma.
En el caso de Alma, su madre falleció esperando lograr un camino a la residencia. Ella sigue esperando que el país que la vio crecer le dé una oportunidad para quedarse.
Contó desde un hotel en Liberia cómo enfrenta su nueva realidad después de ser enviado a ese país bajo un controvertido acuerdo entre Estados Unidos y Liberia que contempla la recepción de hasta 1,200 migrantes durante un año, incluidos ciudadanos de países de América Latina y el Caribe.
El venezolano aseguró que, hasta ahora, las autoridades y la población local lo han recibido de manera adecuada y que se encuentra alojado en un hotel que calificó como confortable.
La Organización Internacional para las Migraciones también les brinda asistencia, principalmente con información y orientación. Sánchez explicó a Noticias Telemundo que puede salir del hotel, aunque se les ha recomendado hacerlo acompañados porque desconocen la ciudad y el entorno.
“Sí podemos salir, lo único es que nos han dicho que tenemos que salir acompañados, ya que no conocemos el lugar, no conocemos la ciudad”, explicó durante la entrevista.
No puede regresar a Venezuela
Sánchez explicó que su situación migratoria es compleja porque tampoco puede ser enviado de regreso a Venezuela. Relató a la cadena de noticias obtuvo un beneficio migratorio conocido como withholding of removal, que impide su deportación al país del que teme persecución mientras las circunstancias que originaron esa protección no cambien.
El venezolano aseguró que pertenece a una familia opositora al régimen de su país, razón por la que considera que regresar a Venezuela representa un riesgo.
“Gané un beneficio, se llama withholding of removal, que dice que no puedo ser deportado a mi país hasta que la situación en mi país se arregle”, explicó.
“Quiero abrazar a mis hijos”
Sánchez permaneció cinco años en Estados Unidos y contaba con Estatus de Protección Temporal. Su esposa y sus hijos continúan en Texas, mientras él intenta encontrar una alternativa para establecerse en otro país.
Entre sus posibilidades contempla Europa, aunque mantiene la esperanza de poder regresar eventualmente a Estados Unidos y reencontrarse con su familia.
El hombre contó que sus familiares están “asustados, nerviosos, ansiosos” por su situación en Liberia y reconoció sentirse especialmente vulnerable después de haber pasado siete meses detenido antes de ser deportado.
“Estoy demasiado ansioso. Quiero abrazar a mis hijos, a mi esposa”, dijo.
El excomandante general de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino fue objeto de una investigación interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por cuestionamientos relacionados con su testimonio ante un tribunal federal y por presuntos comentarios antisemitas, de acuerdo con documentos revisados por CBS News y divulgados la semana pasada.
La CBP notificó a Bovino mediante un correo electrónico enviado el 2 de marzo que la agencia estaba realizando una “investigación oficial” sobre denuncias de conducta indebida. Dieciséis días después, el exfuncionario presentó una solicitud oficial para trasladar su residencia por motivos relacionados con su retiro.
Bovino declaró a CBS News que fue “obligado a retirarse” y acusó al comisionado de la CBP, Rodney Scott, de actuar contra él por razones políticas.
Afirmó que Scott era su rival político y que se oponía a que la Patrulla Fronteriza participara en operaciones de control migratorio dentro del territorio estadounidense.
Bovino afirmó además que surgieron dos investigaciones “a los pocos días de la infame rendición en Minnesota”, en referencia a los acontecimientos que rodearon el operativo migratorio en esa ciudad.
La CBP respondió a CBS News que Bovino se retiró voluntariamente y que no está autorizada para proporcionar seguridad a funcionarios retirados.
Cuestionamientos sobre su credibilidad
Uno de los focos de la investigación estaba relacionado con las conclusiones de la jueza federal Sara Ellis sobre la credibilidad de Bovino durante un litigio relacionado con las tácticas empleadas por agentes de la Patrulla Fronteriza en Chicago, de acuerdo con el medio.
Una demanda presentada en 2025 por el Chicago Headline Club y otros grupos acusó a la agencia de utilizar métodos de fuerza considerados excesivos contra periodistas y manifestantes, incluidos gases lacrimógenos, proyectiles de pimienta y balas de goma.
Ellis emitió posteriormente una orden preliminar para limitar el uso de la fuerza y cuestionó la veracidad de las declaraciones de Bovino sobre algunos enfrentamientos.
En los documentos de la investigación interna, un investigador preguntó a Bovino si coincidía en que las conclusiones de Ellis sobre su falta de credibilidad tendrían que ser reveladas si posteriormente era llamado a declarar en un juicio.
También le preguntaron qué debería ocurrir cuando un juez federal determina que el testimonio de un agente de la Patrulla Fronteriza carece de credibilidad y si consideraba que las conclusiones de Ellis podían convertirlo en un testigo Giglio impaired,término utilizado para describir a un agente cuya credibilidad presenta problemas que los fiscales podrían estar obligados a revelar a la defensa.
El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito posteriormente anuló la orden preliminar de Ellis, aunque no determinó si sus conclusiones sobre la credibilidad de Bovino eran correctas.
Presuntos comentarios antisemitas
La investigación también abordó declaraciones que Bovino habría realizado sobre personas judías. En lugar de formular una pregunta general sobre sus comentarios, el investigador le preguntó si había hecho una expresión relacionada con si los “criminales ortodoxos” también dejaban de trabajar los sábados y qué había querido decir con ella.
Además, los documentos muestran que Bovino fue interrogado sobre otro comentario relacionado con las “personas elegidas”, una aparente referencia al pueblo judío.
El New York Times había informado previamente que Bovino supuestamente se enteró de que estaba siendo investigado por comentarios despectivos sobre un juez de Minneapolis que se ausentaba los sábados para observar el Shabat.
Los investigadores también preguntaron si tanto sus declaraciones ante el tribunal como esos comentarios podían constituir violaciones de las normas de conducta de la CBP.
Entre ellas figura una disposición que exige profesionalismo en el trato con supervisores, subordinados, compañeros y miembros del público, así como otra que prohíbe expresiones abusivas, denigrantes, profanas o de acoso, además de conductas que evidencien odio o prejuicio por motivos como raza, color, religión, nacionalidad, sexo u orientación sexual.
Del rostro del operativo migratorio a su salida
Bovino, un veterano de la Patrulla Fronteriza, se convirtió en uno de los principales rostros públicos de la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Encabezó operaciones en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans antes de asumir un papel central en el operativo de Minneapolis.
A finales de enero fue relevado de su cargo como “commander at large”, después de que las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis provocaran una fuerte reacción política contra las autoridades federales y su actuación en la ciudad.
Tras la muerte de Pretti, Bovino afirmó, sin presentar pruebas, que el hombre tenía la intención de llevar a cabo una masacre contra agentes federales.
Uno de cada cinco latinos en Estados Unidos considera que ha alcanzado el “sueño americano”, mientras que un 18 % cree que está fuera de su alcance, según una encuesta del Pew Research Center publicada este martes, que refleja un mayor optimismo económico entre los migrantes que entre los latinos nacidos en el país.
La Encuesta Nacional de Latinos del Pew Research Center, realizada por correo a 8.046 adultos en Estados Unidos, 4.923 de ellos hispanos, desveló un halo de pesimismo generalizado con respecto a la idea tradicional del sueño americano, pero un marcado optimismo hacia el crecimiento económico.
Apenas el 20 % de los latinos encuestados dijo haber logrado el sueño americano, frente al 18 % que lamentó que está fuera de su alcance, mientras que el 27 % indicó que “no existe”.
Además, la mayoría siente que alcanzar este objetivo -asociado principalmente a factores económicos y a una vida mejor para sus familias- es hoy más difícil que hace una década.
Casi uno de cada dos (48 %) afirmó que el sueño americano es más complicado de alcanzar ahora de lo que era para sus padres, y un 35 % dice que la dificultad es la misma.
Son los latinos nacidos en EE.UU. quienes muestran un mayor pesimismo al respecto: el 52 % de la tercera generación o superior y el 44 % de la segunda generación creen que se ha vuelto más difícil en relación con sus padres.
Sin embargo, la mayoría coincidió en que las claves del sueño americano son “el trabajo duro, la motivación y el acceso a las oportunidades adecuadas”, más que “la suerte y el azar”.
La confianza es superior en el caso de la población no hispana. El 28 % expresó que está viviendo el sueño americano, mientras que el 29 % dijo estar en proceso.
El 19 % aseguró que es inalcanzable, y el 23 % negó que existiese; ambas cifras son similares a las compartidas por los latinos.
Optimismo intergeneracional
Sin embargo, al valorar el progreso intergeneracional, los latinos se muestran mucho más optimistas que el resto del país: un 57 % asegura que su nivel de vida es superior al que tenían sus padres a su misma edad y un 53 % confía en que sus hijos estarán aún mejor.
Esta visión sobre el futuro de la siguiente generación contrasta drásticamente con la de los adultos no hispanos en Estados Unidos, de los cuales solo un 29 % cree que sus hijos vivirán mejor.
La confianza es mayor entre los migrantes. Siete de cada diez dijeron vivir mejor que sus progenitores, mientras que casi la mitad de los latinos nacidos en EE.UU. que fueron encuestados (49 %) tiene ese sentimiento.
Los encuestados difirieron a la hora de definir el “sueño americano”: además de ir ligado a la economía (59 %) y a la mejora de la vida de sus familias (39 %), un 18 % lo asoció a “la libertad o sentirse libre”.
Un 17 % de los hispanos de origen sudamericano define el sueño americano como “estar a salvo o vivir sin miedo”, un porcentaje que duplica al de cualquier otro grupo de origen hispano (8 % o menos).
La encuesta coincide con un momento especialmente frágil para los migrantes en Estados Unidos, y especialmente para los de origen latino, debido a la políticas antimigratorias establecidas por el presidente, Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025.
Más de 51.000 migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado julio, la cifra más alta del segundo mandato de Trump.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvo un elevado volumen de arrestos durante el mes de agosto, registrando aproximadamente 50,000 detenciones a nivel nacional, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con los datos preliminares citado por NBC News.
La cifra de agosto iguala los niveles alcanzados en julio, período que marcó el total mensual más alto de arrestos registrado durante la segunda administración del presidente Donald Trump, indicó el medio anteriormente citado.
Evolución de los arrestos y asignación de fondos públicos
El volumen de detenciones del ICE experimentó una disminución drástica durante los meses de febrero y marzo, pero el flujo de arrestos comenzó a incrementarse a partir de mayo, alcanzando cifras récord en los meses de junio y julio.
Las operaciones coinciden con la aprobación en junio de un paquete financiero por parte de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. La legislación asignó aproximadamente $70,000 millones de dólares para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el cierre del mandato presidencial.
Infraestructura y nuevas contrataciones
Los recursos económicos aprobados se han destinado a la adquisición de instalaciones “llave en mano” para la custodia de personas inmigrantes. Asimismo, la planificación institucional incluye la compra de herramientas de control migratorio como guantes eléctricos y perros robot.
La agencia afemás gestionó la firma de un contrato por $17 millones de dólares con un nuevo contratista privado. Según los registros de contratación del gobierno, los fondos estarán destinados a la administración de las operaciones de un nuevo centro de almacén del ICE ubicado en San Antonio, Texas.
Las acciones actuales del ICE forman parte de una fase de intensificación de controles migratorios a nivel nacional, que sucede a los operativos fronterizos ejecutados a comienzos de 2026.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó que recientemente se ejecutaron los arrestos de más de 2,100 migrantes en todo el estado de Nueva York, en el marco de la denominada “Operación Manzana Podrida”.
Mullin, en compañía de autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), precisó que las detenciones se ejecutaron entre el 27 de julio y el 29 de agosto. Durante su intervención, el funcionario sostuvo que las acciones se llevaron a cabo “sin ninguna ayuda” del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ni de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, informó ABC7.
“La Operación Manzana Podrida logró lo que los políticos que defienden los santuarios en la ciudad y el estado de Nueva York se niegan a hacer: hacer que el estado de Nueva York sea más seguro”, expresó el funcionario desde Bajo Manhattan.
Asimismo, Mullin añadió que no permitirán que los políticos que “defienden los santuarios se interpongan en nuestro camino”, y les recomendó cooperar con las autoridades migratorias.
Marco legal y acuerdos de colaboración en el condado de Nassau
Asimismo, el representante de Seguridad Nacional justificó sus críticas en la reciente legislación estatal que restringe la firma de convenios entre dependencias locales y la agencia de control migratorio.
Pese a esta medida, en el condado de Nassau la policía y el departamento del sheriff contaban previamente con acuerdos operativos con el ICE. En ese territorio, la policía local seleccionó a diez detectives para colaborar de forma directa con la agencia federal en tareas de control civil, mientras que las autoridades del sheriff custodian a personas puestas a disposición del organismo en el centro penitenciario de East Meadow.
Cifras de arrestos migratorios a nivel nacional
El balance presentado en Nueva York coincide con la divulgación de datos de detención a escala federal. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a NBC News que el ICE arrestó a cerca de 50,000 personas en todo el país durante agosto.
Esta cifra se equipara a la de julio, período que marcó el volumen mensual de arrestos más elevado de la segunda administración del presidente Donald Trump.
Brian Morales, un ciudadano estadounidense nacido en Denver, Colorado, regresó a Estados Unidos después de permanecer casi cinco meses en México tras ser detenido y deportado por agentes de inmigración, pese a haber nacido en territorio estadounidense.
Morales, de 25 años, contó a N+ Univision que cruzó nuevamente la frontera por el puente internacional número 1 en Laredo, Texas, luego de que sus abogados alcanzaran un acuerdo con el Departamento de Justicia y presentaran pruebas de su ciudadanía.
Morales había sido detenido en abril por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una parada de tráfico cuando se dirigía a su trabajo de construcción. Aunque no conducía la camioneta, los agentes le solicitaron una identificación, pero no la llevaba consigo.
El joven explicó que informó a los oficiales que su acta de nacimiento de Colorado se encontraba en su casa. Sin embargo, aseguró que los agentes no le creyeron y terminó siendo deportado a México.
Antes de cruzar nuevamente la frontera, Morales dijo que sentía ansiedad por la posibilidad de recibir el mismo trato que experimentó durante su primera detención.
“Me sentía nervioso, más que nada porque pensé que me iban a dar el mismo trato que me dieron cuando me agarraron”, relató a la cadena de noticias.
El joven también aseguró que, durante la detención, fue amenazado con pasar varios años en prisión si no firmaba los documentos relacionados con su deportación. “Con cinco años de cárcel, de dejarme ahí encerrado”, contó.
Una batalla legal para demostrar su ciudadanía
La abogada de Morales explicó que durante casi cinco meses trabajaron para demostrar ante las autoridades que el joven nació en Estados Unidos y, por lo tanto, es ciudadano estadounidense.
“Han sido meses de lucha para Brian y él ha sufrido mucho”, señaló la representante legal, quien calificó como una injusticia que un ciudadano nacido en Estados Unidos tuviera que librar una batalla legal para poder regresar al país.
El caso derivó además en una demanda contra el gobierno federal por los daños que, de acuerdo con sus abogados, fueron ocasionados por la negligencia de empleados federales.
Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la ciudadanía estadounidense de Morales. La presentación de evidencia sobre su nacimiento en Denver permitió finalmente alcanzar un acuerdo que abrió el camino para su retorno.
Durante su ingreso a Estados Unidos por Laredo, Morales pasó el control fronterizo sin inconvenientes. Ahora, después de casi cinco meses lejos del país donde nació, el joven busca reconstruir su vida y regresar a su trabajo. Su principal objetivo, afirmó, es volver a trabajar y recuperar la normalidad que perdió tras su detención y deportación.
Daniela Portillo, una mujer venezolana que vive en Estados Unidos, llamó a las autoridades después de verse involucrada en un accidente de tránsito en Florida, pero terminó bajo custodia migratoria, un desenlace que su familia considera difícil de comprender.
Portillo relató a Noticias Telemundo que permaneció en el lugar del accidente ocurrido el pasado 8 de junio en el condado Polk, mientras el otro conductor presuntamente abandonaba la escena. De acuerdo con el reporte de la Oficina del Alguacil del condado Polk, el otro vehículo habría impactado el automóvil de Portillo y su conductor huyó del lugar. El hombre posteriormente fue arrestado y enfrenta un cargo por abandonar la escena de un accidente.
Portillo, en cambio, permaneció allí a la espera de los agentes.
“Yo me quedé en dicho accidente para cumplir las leyes, normal como cualquier ciudadano”, relató a Telemundo. Sin embargo, unas cuatro horas después, un sheriff se presentó y le informó que ICE la estaba solicitando.
La mujer fue detenida y posteriormente trasladada a un centro de detención migratoria en Luisiana, donde, según su relato, lleva alrededor de dos meses.
“Es traumático, es devastador, es agotador, no duermes, no descansas. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona”, afirmó la joven.
¿Por qué la detuvieron?
El informe policial citado por Telemundo 51 indica que durante la investigación del accidente los agentes determinaron que Portillo no era ciudadana estadounidense y que, de acuerdo con la información disponible para las autoridades, no residía legalmente en el país y estaba sujeta a un proceso de remoción.
Señala asimismo que un funcionario de inmigración se presentó en el lugar y confirmó la información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Posteriormente, las autoridades migratorias emitieron una orden de retención civil para Portillo.
La Oficina del Alguacil proporcionó el informe sobre la detención, pero no hizo comentarios adicionales sobre el caso. Telemundo también contactó a ICE para conocer su versión sobre la detención, pero no había recibido respuesta al momento de la emisión del reportaje.
La familia de Portillo cuestiona que haya terminado detenida después de permanecer en el lugar del accidente y colaborar con las autoridades. “Fue muy devastador cuando se la llevaron como si ella fuera una delincuente”, expresó uno de sus familiares.
Tenía un proceso de asilo pendiente
La defensa de Portillo explicó a Telemundo que la venezolana llegó a Estados Unidos hace cuatro años y que se encontraba en un proceso de asilo.
“Ella tenía todos sus documentos en regla y tiene un proceso todavía. Ella no tiene una orden de removerla del país. Ella tenía una fecha en el 2027″, aseguró la representante legal.
Mientras Portillo continúa detenida, sus familiares buscan su liberación y aseguran que el caso ha reavivado los temores que los llevaron a abandonar Venezuela. “Vinimos huyendo de nuestro país por mucha inseguridad, por miedo, por persecuciones, etcétera, y hoy en día nos sentimos igual en este país”, afirmó uno de sus familiares a Telemundo 51.
Pourrain contó a Noticias Telemundo que fue abordado por agentes de ICE el pasado 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a viajar a Los Ángeles para disputar una semifinal. De acuerdo con su relato, los agentes le dijeron que debía acompañarlos “por las buenas o por las malas”.
El argentino fue trasladado inicialmente al centro de procesamiento de Miramar, Florida, donde afirma que permaneció esposado y encadenado durante horas mientras se procesaba su detención. “Realmente es inhumano. Yo estuve casi tres días sin comer”, relató.
El futbolista aseguró que durante su estancia en Miramar tuvo que permanecer sentado durante prácticamente todo un día, incluso cuando intentó acostarse en el piso para descansar. También denunció las condiciones de alimentación e hidratación que enfrentó.
La comida que recibió presentaba manchas negras que, por su apariencia, le hicieron pensar que podía tener moho y que resultaba incomible, según Pourrain. También afirmó que le entregaban una botella de aproximadamente medio litro de agua para todo el día y que, si necesitaba más, debía rellenarla en bebederos que tenían un flujo de agua muy limitado.
Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Glades. Aunque ya tenía una audiencia programada, Pourrain explicó que terminó siendo enviado a Laredo, Texas, donde tuvo que esperar por una nueva fecha ante un juez de inmigración.
El cambio de centro y la incertidumbre sobre su situación, dijo, tuvieron un fuerte impacto psicológico. “Eso en la cabeza juega con uno, juegan con la cabeza de uno, te torturan mentalmente. Es durísimo, es durísimo”, expresó.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pourrain permaneció en Estados Unidos más allá de los seis meses autorizados por la visa temporal con la que ingresó legalmente al país en 2019. Su abogada, no obstante, señaló que el futbolista mantiene pendiente una solicitud de residencia.
Pourrain aseguró que lleva en Estados Unidos desde noviembre de 2019 y recordó que durante ese tiempo perdió momentos importantes de su vida familiar, como el fallecimiento de su abuela, el nacimiento de familiares y el matrimonio de su hermano, acontecimientos a los que no pudo asistir.
Una fianza de $20,000 dólares
También cuestionó que las autoridades consideren que existe riesgo de fuga y que, bajo ese argumento, le hayan impuesto una fianza de $20,000 dólares.
Tras su liberación, el futbolista pidió no tener que utilizar un grillete electrónico en el tobillo. En su lugar, las autoridades le entregaron un teléfono celular con el que deberá reportarse semanalmente.
Explicó asimismo que su vida está estrechamente ligada al fútbol: juega para el Miami United FC y trabaja como entrenador en academias de Miami United y Key Biscayne. Por ello, consideró que portar un grillete frente a los niños a los que entrena sería especialmente difícil.
“Yo juego al fútbol, yo doy clases en dos academias. No puedo estar con un grillete con los nenes como si fuese un criminal”, afirmó.
Ahora, Pourrain espera poder regresar a las canchas con el Miami United FC, equipo de ligas menores que le manifestó su respaldo durante su detención. “Es lo que me relaja, es mi cable a tierra, es lo que amo desde que soy chiquito y sinceramente no veo la hora”, dijo sobre su regreso al fútbol.
“La ilusión era que por fin pudiera estar bien en Estados Unidos, con residencia legal y un permiso de trabajo, pero resulta que estoy aquí, deportado”.
Isidro Mendoza Jiménez habla con BBC Mundo desde Ciudad de México.
Lleva en la capital mexicana desde que en abril fuera expulsado de EE.UU., país al que llegó indocumentado, en el que vivió durante casi 4 décadas y donde nacieron sus 6 hijos.
Oriundo del estado de Oaxaca, es uno de los antiguos clientes de Alexandra Lozano Kennedy, la autodenominada “abogada de los milagros”, de la que supo a través de las redes sociales y a quien acabó pagando $19,000 dólares con la esperanza de que pudiera regularizar su situación.
Hoy forma parte de una de las 2 demandas colectivas contra la exletrada, quien se encuentra en el centro de lo que los expertos describen como el mayor escándalo por un presunto fraude migratorio de la historia reciente de EE.UU., acusación que ella niega.
Obligada a entregar su licencia en el estado de Washington y a cerrar oficinas, se calcula que podría haber dejado a hasta 54,000 clientes en un limbo legal.
Mientras el proceso contra ella avanza, los especialistas consultados por BBC Mundo advierten de un aumento en las prácticas fraudulentas en el ámbito de los servicios legales de inmigración en EE.UU: desde individuos que suplantan la identidad de abogados genuinos hasta consultores y notarios que asesoran sin tener licencia para ello.
“Estamos ante un ambiente sin precedentes, con una comunidad más vulnerable y desesperada que nunca ante la presión migratoria del gobierno de Donald Trump, y una sofisticación de los estafadores cada vez mayor”, subraya Daniel Sharp, jefe de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles, en California.
Isidro Mendoza Jiménez (izquierda, de azul) llevaba casi 4 décadas en EE.UU., donde nacieron sus seis hijos. (Foto: Cortesía familia Jiménez)
“Arreglo casos imposibles”
Corría el año 2023 y Mendoza Jiménez llevaba meses viendo aquellos anuncios en Facebook.
“Arreglo casos supuestamente imposibles”, prometía en uno de ellos Lozano, con su característica melena rubia y un vestido estampado con el Sagrado Corazón de Jesús.
“Arreglar sin salir de los Estados Unidos, ¡es posible!”, aseguraba en otro, posando junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, iconografía con la que, según las demandas, apelaba a la fe de muchos en la comunidad inmigrante. “Gracias a la Virgencita por las familias unidas y por las vidas cambiadas”.
Alexandra Lozano se especializaba en buscar la regularización de sus clientes con base en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). (Foto: Alexandra Lozano / TikTok)
Aquello era todo lo que Mendoza Jiménez siempre había querido escuchar.
“Ya lo había intentado con otros abogados”, le cuenta a BBC Mundo. Pero habiendo ingresado a EE.UU. en 1989 de forma irregular y con un historial que incluía la conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) cuando era joven, “todos me dijeron que no podría poner al día mi estatus”.
Animado por las promesas que le llegaban desde las redes sociales y por recomendación de un amigo que ya la había consultado, en octubre de aquel año decidió probar suerte con Lozano.
“Ella me aseguró que, si se habían regularizado terroristas y criminales, yo también lo conseguiría”, cuenta.
El bufete de Lozano se especializaba en gestionar visas T para víctimas de trata y en buscar la regularización de sus clientes en base a la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) que, a pesar del nombre, permite a personas de cualquier género que hayan sufrido abuso por parte de familiares ciudadanos o residentes permanentes solicitar la residencia legal en EE.UU.
Jiménez Mendoza asegura que nunca la vio en persona, y cree haber hablado por teléfono con ella una sola vez. El resto fueron gestiones con personas que trabajaban para la abogada, asegura.
Tras meses de engordar el expediente para presentar su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), el pasado 17 de marzo acudió a una primera cita en una oficina federal en Tukwila, en el estado de Washington, donde residía.
A los 10 días fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando volvía a casa de su trabajo nocturno. Y después de pasar por el centro de detención de Tacoma, el primero de abril fue finalmente deportado a México.
Asegura que fue en la capital mexicana donde logró por fin tener acceso a su expediente y encontró una declaración con su firma en la que se afirmaba que fue víctima de maltrato por parte de una de sus hijas, algo que asegura es totalmente falso y que él nunca rubricó.
“Nunca me enteré. Los papeles que ella me pedía, yo se los llevaba, pero jamás me dijo que eso era lo que íbamos a poner (en la solicitud) y que así era como iba a calificar (para los beneficios migratorios)”.
Según datos publicados por USCIS, entre 2020 y 2025 las peticiones en base a la Ley VAWA se triplicaron. (Foto: Getty Images)
“Una operación a escala industrial”
Su relato es similar al de otros antiguos clientes de Lozano.
2 demandas que agrupan a algunos de ellos, presentadas ante un tribunal federal de Seattle, en el estado de Washington, la acusan de presentar ante USCIS peticiones que contenían declaraciones falsas o exageradas, y de crear un sistema para copiar las firmas de los clientes en documentos que estos nunca vieron.
También señalan que la mayor parte del trabajo lo realizaban empleados con conocimientos de las leyes migratorias pero sin licencia, y que el bufete recurrió a abogados radicados en México y Colombia para revisar expedientes y comunicarse con los clientes, haciéndoles creer que estaban en EE.UU. y que podían ejercer allí.
Su firma, La Luz del Camino PLLC, con 5 oficinas principales y representación en 13 estados, llegó a tener 750 empleados en 2024.
“Montó prácticamente una operación a escala industrial”, le dice a BBC Mundo Vicente Omar Barraza, el abogado que lidera una de las querellas civiles que reúne a 34 demandantes.
Con ese esquema presuntamente fraudulento y el impulso de una amplia campaña de promoción en las redes sociales, Lozano habría amasado en pocos años una fortuna que invertiría, directamente o a través de entidades bajo su control, en bienes raíces en EE.UU. y en el extranjero.
“Se aprovechó de clientes con muy pocas opciones para que sus casos progresaran, mayormente mexicanos atrapados en un sistema que no se ha actualizado en 40 años”, le dice a BBC Mundo Lucero Ortiz, abogada de la Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC), un programa de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles que ha apoyado a unos 50 exclientes.
Las demandas colectivas acusan a Alexandra Lozano de presentar ante USCIS solicitudes que contenían declaraciones falsas o exageradas. (Foto: NurPhoto vía Getty Images)
Lozano, por su parte, ha rechazado todas estas acusaciones.
BBC Mundo contactó a Angelo Caldo, el letrado que la representa, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.
Sin embargo, en unas declaraciones a la agencia AP, Caldo dijo que se esperaba que los clientes de Lozano revisaran las peticiones antes de firmarlas y los responsabilizó de cualquier declaración falsa.
“La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con fervor todas las opciones legales disponibles para ellos y apoyar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, aseguró.
En mayo, la demandada renunció al Colegio de Abogados del Estado de Washington en lugar de enfrentar medidas disciplinarias, lo que la inhabilitó para ejercer en ese estado de manera permanente.
Cerró su firma el 10 de junio, y el 18 de ese mes la Junta de Apelaciones de Inmigración la suspendió, imposibilitándole ejercer ante el Departamento de Seguridad Nacional (incluido USCIS) y los tribunales de inmigración.
Perjuicio para víctimas legítimas
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el caso puede terminar afectando a víctimas legítimas que serían elegibles para beneficios migratorios.
Ya el año pasado, la administración Trump comenzó a reformar los programas humanitarios que Lozano presuntamente explotó, endureciendo sus condiciones y alegando que un aumento de solicitudes desde el año 2020 era “señal de fraude generalizado”.
Según datos publicados por USCIS, entre 2020 y 2025 las peticiones en base a la Ley VAWA se triplicaron, pasando de 15,000 a 53,000 por año, mientras las solicitudes de visa T aumentaron en un 1.044%.
BBC Mundo solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comentarios respecto a los señalamientos contra Lozano, pero este se limitó a reenviar el aviso de USCIS en el que se explica que la abogada fue suspendida y recoge instrucciones para aquellos exclientes que tienen procedimientos pendientes.
Por su parte, el abogado Barraza teme que el caso termine alimentando las narrativas antiinmigración. “Es algo que ya estoy viendo en las redes”, le confiesa a BBC Mundo.
Y a su vez, se lamenta de que pueda acabar de dinamitar la confianza de la comunidad migrante en los abogados. “La gente saldrá más cínica y más dañada. Es una tragedia”.
El gobierno de Trump ha lanzado una ofensiva contra la migración, tanto legal como ilegal. (Foto: Getty Images)
Aprovecharse de la desesperación
De establecerse que Lozano incurrió en prácticas fraudulentas, sería un caso sin precedentes por la cantidad de afectados.
Sin embargo, las estadísticas disponibles de agencias estatales y federales muestran que los fraudes en los servicios legales destinados a la comunidad inmigrante en EE.UU. son un fenómeno al alza.
La Comisión Federal de Comercio, la agencia del gobierno encargada de la protección del consumidor y de la competencia, ha recibido en lo que va de año 1,012 denuncias por fraudes en servicios legales de inmigración.
El año pasado registró 1,625, un aumento respecto a las 1,315 del año anterior y las 623 reportadas en 2023, aunque los expertos advierten que las cifras reales podrían ser mayores, por la renuencia de las víctimas a denunciar.
Y, según datos publicados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, en los primeros seis meses de este año 26 abogados de inmigración han enfrentado medidas disciplinarias a nivel nacional.
Mientras, entre julio de 2025 y junio de este año se presentaron ante el Colegio Estatal de Abogados de California 1.637 quejas relacionadas con personas que no son abogadas, aunque el organismo le aclaró a BBC Mundo que no todas tienen que ver con casos de inmigración. “La cifra se ha ido incrementando año con año desde el año fiscal de 2022”.
Los fraudes han aumentado en un momento en el que la comunidad inmigrante en EE.UU. es más vulnerable que nunca, señalan los expertos. (Foto: The Austin American-Statesman vía Getty Images)
El rol de las redes sociales
Los expertos consultados coinciden en fijar el inicio de la tendencia alcista en la pandemia.
“Fue en el contexto del Covid cuando más gente empezó a buscar servicios legales en internet y con eso comenzamos a ver un claro incremento de las estafas”, le dice a BBC Mundo Daniel Sharp, quien lleva desde 2020 al frente de la Oficina de Asuntos del Inmigrante.
Aunque el fenómeno lleva algunos años cocinándose, Sharp, al igual que otros entrevistados, reconoce que desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, la situación no tiene precedentes.
“La comunidad está más vulnerable que nunca, con las políticas y los cambios radicales en el marco legal y la forma en la que se están implementando las leyes migratorias”, explica. A eso se suma que “las organizaciones sin ánimo de lucro están saturadas, sin capacidad para representar todos los casos”.
Destaca, además, que los agentes fraudulentos se aprovechan de momentos de máxima desesperación.
“En muchos casos, la gente empieza a buscar servicios legales a raíz de la detención de un familiar. Sondean las redes sociales, sobre todo Facebook, donde se promocionan abogados reales, pero también impostores”, advierte.
“Me suplantó la identidad”
El fenómeno de la suplantación de identidad lo vivió en carne propia Marissa Montes, la directora del Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC).
“Recibí un correo de una chica que me dijo: ‘Mi mamá asegura que eres su abogada, pero ya me puse a investigar y creo que alguien está usando tu identidad para defraudar a la gente migrante’”, le cuenta a BBC Mundo.
“Me tomó totalmente por sorpresa y me espanté”, dice. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, empezó a indagar.
Así descubrió que la farsante utilizaba su nombre y número de licencia para promocionarse en Facebook y que mostraba su perfil en el Colegio Estatal de Abogados de California como supuesta prueba de su legitimidad. A los interesados les explicaba que ya no trabajaba para el LIJC, sino que ejercía como abogada particular en Utah, y empezaba a comunicarse con ellos por WhatsApp.
Defensores de los derechos de los migrantes advierten que el caso de la exabogada Alexandra Lozano acabará afectando a víctimas legítimas elegibles para alivios migratorios. (Foto: Getty Images)
Montes intentó denunciar el fraude, pero se topó con un muro.
El Colegio de Abogados de Utah le sugirió que contactara a las autoridades locales, pero la policía de Los Ángeles no tenía jurisdicción, ya que la estafadora decía estar en Utah y la víctima residía en Colorado. También la reportó ante el equipo antifraude del banco en el que ella mantenía una cuenta vigente, pero le dijeron que no podían hacer nada sin un informe policial.
“Fue de veras frustrante ver que no había manera de proteger a la comunidad migrante ni a mí misma”, dice, y advierte que con el uso de la inteligencia artificial el peligro aumenta.
Fraude notarial
Otra variante de prácticas irregulares sobre las que advierten los expertos es el llamado “fraude notarial”.
Tiene origen en cómo desde hace años personas que ofrecen servicios migratorios se aprovechan de la confusión que el término notario genera en la comunidad inmigrante.
Mientras que en muchos países latinoamericanos los notarios deben licenciarse en derecho para ejercer la profesión, en EE.UU. se puede obtener una licencia para realizar tareas notariales sin ser abogado.
“Son personas que ofrecen servicios legales de inmigración sin estar autorizadas para ello, desde consultores, pasando por agencias de seguros o de viajes, hasta pastores”, le explica a BBC Mundo Kathleen Rivas, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, organización que acaba de publicar una guía dirigida a combatir estos fraudes.
A menudo cobran tarifas exorbitantes a cambio de un trabajo mediocre, “y las consecuencias para las víctimas pueden ser catastróficas, incluida la detención, la deportación o la descalificación permanente para obtener un estatus migratorio legal”, advierte.
En EE.UU. los notarios no tienen licencia para ofrecer servicios legales de inmigración. (Foto: Reading Eagle vía Getty Images)
Marta, quien pide que se omita su apellido, es una de esas víctimas.
Originaria de México, nunca hubiera sospechado que aquel hombre que le aseguró que en tres años podría obtener la residencia permanente y le cobró $14,000 por los trámites, no era un abogado.
La verdad empezó a revelarse a raíz de que en 2023 fuera interceptada por un agente de ICE en un aeropuerto de Dakota del Sur. “¿Sabes que te podemos deportar?”, le advirtieron para su sorpresa.
Cuando le pidió al supuesto abogado que presentara una solicitud de cancelación de deportación, este le contestó que aquello no entraba en el contrato. “Por suerte conseguí otra abogada que logró parar mi expulsión, aunque solo por un año”, le cuenta a BBC Mundo.
En abril de 2025 tuvo su cita final ante ICE, en la que la agencia evaluó su caso para decidir si se procedía a su remoción. Describe al funcionario que la atendió como “un ángel” que le recomendó solicitar el perdón migratorio.
Con ese objetivo acudió de nuevo al presunto abogado, quien la remitió a una cita biométrica donde le tomarían las huellas. “Pensé que era señal de que estaba avanzando mi proceso (para la residencia permanente)”, cuenta. Se convenció de ello cuando le llegó el permiso de trabajo.
Después se enteraría de que los trámites en los que estaba sumida eran en realidad para un asilo político. Cuando confrontó al abogado, dice que le respondió: “¿Qué más quiere? Pues váyase a su país”.
“Fue ahí cuando me di cuenta de que no iba a hacer nada por mí, que todo era pura farsa”, se lamenta. Algo que confirmó cuando, tras una exhaustiva búsqueda en internet, descubrió que aquel presunto abogado era, en realidad, un notario.
Lo primero para evitar caer en estafas es verificar la identidad de quien ofrece el servicio legal. (Foto: Bauer-Griffin/GC Images)
Consultados por recomendaciones para evitar caer en este y otro tipo de estafas de migración, los expertos coinciden en varias.
Lo primero es verificar la identidad de quien ofrece el servicio legal, comparando sus datos con la información del colegio de abogados correspondiente. Recomiendan también reunirse en persona, pedir una segunda y hasta una tercera opinión, exigir revisar cada uno de los documentos, y, sobre todo, no fiarse de aquellos que prometen soluciones inmediatas y aseguran resultados favorables.
“Ningún trámite migratorio es rápido”, advierte Rivas, de Public Counsel.
“Y alguien que te garantiza que va a lograr regularizar tu situación legal es una enorme bandera roja”, señala por su parte Ortiz, de Loyola Immigrant Justice Clinic.
Una señal de alerta que ni Marta ni Isidro pudieron ver a tiempo y que pagaron caro.
“Mi caso sigue abierto. Tengo una cita del proceso de asilo pendiente y nunca he estado en un tribunal. Es algo que me asusta de verdad”, explica Marta, a quien ahora asesora Public Counsel.
“Ojalá que me regresen a EE.UU.”, dice por su parte Isidro, mientras sigue desde Ciudad de México los avances de su demanda.
Isidro Mendoza Jiménez solo espera poder regresar a EE.UU. (Foto: BBC)
