NUEVA YORK.- La política migratoria del presidente Donald Trump busca cualquier forma de encontrar a inmigrantes indocumentados que pudiera procesar para deportación, incluso utilizando programas de asistencia social esenciales para la supervivencia de familias.
Tal es el caso del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el principal programa del gobierno federal para brindar asistencia financiera a familias de muy bajos ingresos con hijos, cuya información es compartida por las autoridades.
Desde el 23 de junio de 2026, la Oficina de Asistencia Familiar (OFA), perteneciente a la Administración para Niños y Familias (ACF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), publicó “un aviso indicando que otorgaría a otras agencias federales y estatales, en particular al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acceso a información sobre las personas que recibieron beneficios del programa” TANF.
La información que comparten no solamente es sobre los beneficiarios, sino de todas las personas que viven en sus hogares, incluyendo números de Seguro Social, ingresos, estado civil y estatus migratorio, por lo que una demanda ante la Corte de Distrito Este de Nueva York busca detener tal acción.
La demanda es presentada por Make the Roads States, Common Cause y el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC), que acusan violaciones a la ley TANF, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Privacidad de 1974, la Ley de Cotejo Informático de Protección de la Privacidad de 1988 y otras leyes federales.
“Esta administración está intentando una vez más explotar la información personal de los estadounidenses y utilizarla para fines totalmente inaceptables”, afirmó John Davisson, subdirector y director de Cumplimiento de EPIC. “Las personas que buscan ayuda financiera para sus familias no deberían temer que sus datos se utilicen como arma para la aplicación de la ley de inmigración u otros fines perjudiciales”.
Los demandantes –representados por Democracy Forward y el Centro Nacional para el Derecho y la Justicia Económica– solicitan al tribunal prohibir a la administración de Trump de implementar esta política de divulgación de información.
“El programa TANF ayuda a las familias a satisfacer una necesidad básica, y utilizarlo como arma de esta manera es cruel y destruye la red de seguridad que creó el Congreso”, dijo Jay Young, Director Sénior de Políticas de Derechos Civiles y Libertades Civiles de Common Cause. “Si se permite que esto suceda, podría provocar que los niños pasen hambre, ya que las familias temen represalias”.
La Ley de Privacidad exige una notificación pública significativa y una oportunidad real para presentar comentarios antes de que las agencias realicen cambios de gran alcance en el manejo de la información personal. Esto no es solo un requisito formal, sino una salvaguarda esencial contra el abuso de poder del gobierno. La administración debe cumplir la ley.”
Los demandantes advierten que agentes enmascarados de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están secuestrando y haciendo desaparecer a inmigrantes “mediante violencia y tácticas inconstitucionales”.
“Cada vez más, el ICE utiliza sistemas de vigilancia con inteligencia artificial, desarrollados por controvertidas empresas tecnológicas como Palantir, para combinar conjuntos de datos gubernamentales, incluyendo información personal sensible que las familias han compartido con los gobiernos estatales y federales al solicitar beneficios, con el fin de deportar a estas familias”, advirtió Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road States. “Nos enorgullece unirnos a Democracy Forward para detener el intento ilegal de la administración de compartir datos del TANF con el ICE y otras agencias federales y entidades privadas”.
Según la Ley de Privacidad, las agencias federales deben notificar al público –y tomar en consideración la opinión pública– sobre las formas en que planean usar la información personal.
“El cambio de política [del gobierno de Trump es] es un intento de eludir ilegalmente la Ley de Privacidad y otras leyes y salvaguardias federales que protegen la información confidencial de los beneficiarios del TANF”, agregan los demandantes.
Según las organizaciones demandantes, el TANF financia más de $16 mil millones de dólares anuales en subvenciones a los 50 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios y gobiernos tribales, es decir, si bien el gobierno federal distribuye los fondos, los estados administran los esfuerzos “para aliviar la pobreza”.
“El programa TANF también ayuda a financiar una variedad de beneficios y servicios estatales para familias de muy bajos ingresos con hijos, incluyendo asistencia para el cuidado infantil, programas de empleo y capacitación, servicios para niños en riesgo de abandono o abuso, y programas extraescolares para jóvenes”, se advierte.
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