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Cada proceso electoral vuelve a partir a Perú en dos. La primera vuelta de la elección presidencial dejó en evidencia una vez más que Lima, la capital, y el país rural se miran con desconfianza. Un bando no entiende cómo vota el otro. De ese desconcierto nacen los insultos, las descalificaciones y, casi como reflejo, los pedidos de nulidad.

No es una historia nueva. En la recta final de la campaña de 2001, el padre de una candidata de derecha llamó a Alejandro Toledo “auquénido de Harvard”. Ollanta Humala —otro presidente de rasgos andinos— era reducido una década después al estereotipo del chofer de Palacio. Y cuando Pedro Castillo irrumpió con su sombrero de ala ancha, lo caricaturizaron como un burro. Siempre hay una figura sobre la que recae la burla. Siempre hay un país que se siente superior al otro.

Ese blanco tiene nombre este año electoral: Roberto Sánchez. Candidato de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente encarcelado por intentar un golpe de Estado, Sánchez no nació en la sierra, pero ha hecho de ella su identidad política. Cabalgó en campaña, lució el sombrero que Castillo le entregó en prisión y tejió un discurso que conectó con el mundo andino. En las encuestas no figuraba —como tampoco figuró Castillo en su momento—, pero volvió a ocurrir lo mismo: el voto rural escapó a las mediciones.

El conteo electoral tampoco ayudó a disipar la incertidumbre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tardó once días en procesar el total de actas. Aún queda por resolverse el 10% de las impugnadas —4,450 en total—, pero la actual tendencia perfila a Sánchez como el rival de Keiko Fujimori en una segunda vuelta, fijada para el 7 de junio. Otra vez el país se encamina hacia una polarización conocida: izquierda contra derecha.

En ese escenario, el ultraderechista Rafael López Aliaga ha optado por la confrontación. Desde el primer día, el líder de Renovación Popular ha impulsado la narrativa del fraude, acompañado de un discurso agresivo que ha incluido expresiones homófobas y amenazas.

La diferencia con Sánchez es estrecha —unos 20.000 votos—, pero su partido ha presentado un centenar de solicitudes para anular votos, la mayoría provenientes de Cajamarca, la región donde Sánchez arrasa y donde nació Pedro Castillo. El antecedente es inevitable: Keiko Fujimori intentó anular en 2021 cerca de 200.000 sufragios de zonas rurales.

Las solicitudes no prosperaron, pero el daño ya estaba hecho. La discusión electoral volvió a abrir una herida más profunda: el desprecio hacia el mundo andino. La remontada de Sánchez desató una ola de ataques en redes sociales. El influencer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, insultó abiertamente a sus votantes. “Serranos de mierda”, arremetió en la plataforma Kick. “¿Qué pasa, puneños, no les llega oxígeno al cerebro?”. Solo pidió disculpas cuando la Fiscalía inició una investigación por discriminación.

Santos Saavedra Vásquez, integrante de las rondas campesinas, reflexiona desde Desde Chota, Cajamarca, en medio de los mensajes de odio: “La República se fundó excluyendo a los pueblos indígenas”, dice. “Esto no es nuevo; es la continuidad de un proceso histórico que viene desde la Colonia”. La sospecha, añade, no es casual: “¿Por qué justo quieren anular votos en la región donde han perdido por goleada?”.

El mapa electoral confirma esa fractura. López Aliaga solo ha ganado en Lima, una región que concentra cerca del 30% de la población. Sánchez, en cambio, se ha impuesto en doce regiones, la mayoría en la sierra. El discurso también escala. Sánchez ha denunciado un doble rasero en la justicia: “Si un Quispe o un Palomino dijeran lo mismo, la Fiscalía ya habría allanado sus locales”, afirmó, en referencia a las amenazas de López Aliaga contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. El candidato de derecha lanzó ataques personales de extrema gravedad e incluso llamó a la insurgencia.

El conflicto habría sido distinto con otro resultado, afirman algunos analistas. “Si dos candidaturas de derecha hubieran pasado a segunda vuelta, nada de esto estaría ocurriendo”, sostiene el huancavelicano Enver Quinteros Peralta, historiador y miembro de la Asociación Por Derechos Humanos (Aprodeh). Tras dos décadas viviendo en el sur andino, principalmente en Apurímac, ahonda en la fractura histórica: “Antes de la independencia, el sur era el centro económico y político del virreinato. Después, todo se concentró en Lima. El sur quedó relegado”.

La pregunta persiste: ¿por qué la población andina vota, una y otra vez, por opciones de izquierda? Quinteros habla de exclusión, pero también de memoria. De los años ochenta y noventa, cuando las comunidades quedaron atrapadas entre el terrorismo y las Fuerzas Armadas; de las reparaciones que nunca llegaron; de las esterilizaciones forzadas —más de 270 mil mujeres afectadas durante el gobierno de Alberto Fujimori—; de un Estado que prometió reconstrucción que no llegó.

“Votamos con memoria”

Los proyectos mineros llegaron a inicios de la pasada década con promesas de desarrollo, pero esas promesas se diluyeron entre impactos ambientales y beneficios que no alcanzaron a las comunidades. La desconfianza creció y, con ella, la sensación de abandono.

La herida más reciente sigue abierta. Entre 2022 y 2023, más de cincuenta personas murieron en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Yovana Mendoza Huarancca perdió a su hermano por un disparo en la espalda en Ayacucho. Desde Huamanga, su voz mezcla duelo y rabia: “Nos subestiman. Creen que no sabemos votar, pero votamos con memoria”.

Mendoza no solo responde a los ataques; también interpela. Habla de una Lima ajena y distante. “Dicen que son más inteligentes, pero le han dado su voto a un alcalde que ha dejado la ciudad en abandono, indefensa a manos de los sicarios”, afirma. Y luego, casi en voz baja, cambia el tono: “Nosotros tenemos todo: agua, tierra, ganado. Vivimos en un paraíso. Ir a Lima, para nosotros, es ir a un infierno”. El Perú, otra vez, se mira desde extremos que no dialogan.

“Es el último viaje. Te pido perdón, pero llevame rápido”, le susurró Elizabet Bueckert a su caballo alazán en el atardecer del 17 de enero pasado, mientras su carro avanzaba a toda velocidad por las calles de tierra de la colonia de menonitas ortodoxos La Nueva Esperanza, en la provincia de La Pampa, el corazón yermo de Argentina. Ese día, después de haber pasado horas refugiada con sus dos pequeñas hijas en un galpón para evitar la casa y los insultos de su marido, la mujer de 33 años decidió que había llegado el momento con el que había fantaseado tantas veces.

Sentó a las niñas María y Anna en el buggy, subió un bolso con ropa, un poco de dinero que había ahorrado discretamente y, con el celular que usaba a escondidas, le escribió a su amiga Katherina Neufeld para avisarle que se iba. Su marido la interceptó a la salida e intentó detenerla sosteniendo las riendas del caballo, pero el animal —ligero, un poco bravo como ella— respondió a su orden y se liberó con un movimiento brusco.

Elizabet y sus dos hijas hicieron una parada veloz en la parcela del taller en que trabajaba Pedro —el hombre que le había pedido que esperara a que cumpliera 18 años para irse con ella—, que no dudó y se subió al carro con lo puesto. Avanzaron hasta lo de Katherina, que ya había llamado a un coche y estaba lista para partir junto a sus cuatro hijos, de entre nueve y cinco años: Pedro, María, Isaac y Agnetha. Los tres adultos y los seis niños se apretaron dentro del vehículo y el chofer lo hizo desaparecer de a poco en el horizonte anaranjado de la llanura. Las cabecitas rubias en la luneta trasera, las ventanas abiertas, la tela oscura de los vestidos flameando con el aire de verano.

La colonia menonita La Nueva Esperanza, donde actualmente viven 1948 personas, comenzó a construirse en 1985, cuando un grupo de cuatro ortodoxos bajaron desde México hasta una de las zonas más despobladas del continente para inspeccionar la zona. Debían evaluar si ese lugar era apto para vivir de acuerdo a sus preceptos religiosos; para llevar allí la vida sacrificial que les permita ser salvados cuando llegue el fin del mundo y deban rendir cuentas ante el tribunal divino, algo que en la colonia está siempre a punto de ocurrir. Las condiciones que le exigían al Estado argentino eran pocas, pero innegociables: debía aceptar que hablaran su propio idioma —un dialecto del alemán tan arcaico que en Europa ya no se encuentra ni entre los campesinos—, eximirlos del servicio militar y consentir que sus niños no fueran a la escuela.

Si los permisos fueron concedidos a cambio de la promesa de dinamizar la actividad económica de esa tierra olvidada, los menonitas cumplieron. Compraron las 10.000 hectáreas de una vieja estancia, desmontaron el bosque de caldenes que la cubría y comenzaron a poblar sus parcelas con 120 familias emigradas de otras colonias de Mexico y Bolivia. Cultivaron la tierra y, tras una sequía de varios años, forzaron su propia revolución industrial: hoy hay 140 metalúrgicas que producen silos para todo el país y emplean gente de la zona. Los camiones entran y salen, como entran y salen algunos menonitas que van a los pueblos vecinos en coches con chofer, dado que ellos no pueden conducir ni poseer vehículos. La colonia no está cerrada por ningún muro, ni siquiera una tranquera, pero está muy claro qué es adentro y qué es afuera. Cómo y por qué está permitido salir y cómo y por qué no.

Cuarenta años después de ese primer acuerdo informal con el Estado argentino la colonia mantiene su excepcionalidad: beneficios impositivos, niños educados por ellos mismos en las pocas materias que les interesan —matemática, alemán alto, lectura de gótico, himnos religiosos— y una postura elusiva de parte de la Justicia, que hasta ahora no los había mirado nunca de cerca. Se sabe: cuando los menonitas se sienten amenazados abandonan hasta a sus muertos y se van, así es como han recorrido el mapa desde Países Bajos a la Patagonia y logrado conservar el núcleo de su cultura desde el siglo XVI. Y nadie quiere que se vayan.

Hasta ese 17 de enero en el que Elizabet y Katherina subieron al coche, solo una mujer había escapado de la colonia. María Unger Reimer, hoy de 34 años, tenía 16 años la primera vez que lo intentó. Le pidió a la mujer que la empleaba en un tambo vecino que le adelantara su pago y con esa poca plata pagó un taxi que hizo los 35 kilómetros hasta el pueblo más cercano, Guatraché. El mismo conductor la ubicó en la casa de un matrimonio mayor, que le alquiló una habitación. No había pasado una hora cuando escuchó los golpes en la puerta: era la policía, junto con sus hermanos, que se la llevaron de vuelta. En la colonia recibió un castigo ejemplar. Sus padres la ataron a un banco y la golpearon con una cuchara en los huesos de los pies. María se prometió adaptarse. Fue bautizada de acuerdo a los preceptos de esa religión anabaptista, se casó con otro joven de la comunidad y tuvo dos hijas: Agnetha y Elizabet. Luego de otro intento frustrado en 2017, en 2019 logró irse de manera definitiva: partió junto a un hombre menonita a la provincia de Tucumán, más de 1.300 kilómetros al norte, donde se instalaron en el campo en que todavía viven y tuvieron una hija juntos, María Fernanda.

En las historias de Elizabet, Katherina y María hay elementos que, como sus nombres, se repiten: infancias violentas y de trabajo físico duro, hombres que toman mucho alcohol, maridos maltratadores y la hostilidad de una comunidad que se abroquela para castigar a quien da muestras de incomodidad. Todas ellas se han sometido más de una vez a la humillación de pararse en la iglesia frente a los varones de la colonia, una vez terminada la misa, para pedirles perdón por sus pecados: no colocarse el pañuelo que les cubre la cabeza, usar un vestido de un tono inadecuado, haber escuchado música o poseer un celular. Algunas veces ese perdón no fue considerado suficiente y los hombres —todos ellos mucho más pecadores que ellas, aseguran— las obligaron a permanecer una semana calladas, sin intercambiar una palabra con nadie.

La primera noche fuera de la colonia Katherina y Elizabet durmieron en un hotel frente a la plaza central de Macachín. Decidieron ir hasta ese pueblo, a 70 kilómetros de la colonia, porque ahí tenían “un contacto”: una mujer que Pedro había conocido trabajando pero de la que no tenían ninguna dirección ni número telefónico. No pasaron muchas horas hasta que un grupo de alrededor de 20 menonitas los encontró y se llevó a la fuerza a los dos hijos varones de Katherina, que la Justicia le restituyó hace algunas semanas, más de dos meses después.

—Mi marido siempre me trata mal, siempre enojado conmigo y con los chicos. Me pegaba, pegaba a los chicos. Y no me gusta cuando pegaba a los chicos, ellos sufren mucho.

Katherina, de 30 años, habla en un español muy rústico, mientras sus hijos suben y bajan de los juegos en un parque de Santa Rosa, se revuelcan en la arena. Todos ellos vivien ahora en una habitación de hotel de esta ciudad, capital de La Pampa, a 180 kilómetros de la colonia, con algo de ayuda económica del Estado municipal y provincial. Esta semana los niños comenzaron el proceso de integrarse a la escuela, una institución llena de pautas y palabras que desconocen. Pedro, el mayor, debería ir ya a cuarto grado.

Si bien los hombres hablan español por sus interacciones con el “exterior” vinculadas al trabajo, está mal visto que las mujeres de la colonia se interesen por el idioma o se relacionen con gente de afuera. “Cuando alguien se abre un poco más ya es mala persona para ellos. Una cualquiera, una puta”, resume María, que también está en el parque con su hija María Fernanda. Llegó hasta esta ciudad desde Tucumán por unos pocos días para declarar en la causa que inició en febrero pasado, cuando entró a la colonia para retirar a sus hijas, que estaban allí de visita, y recibió una golpiza de su exmarido. “Te voy a prender fuego a vos y a las nenas”, fue una de las tantas amenazas que, borracho e iracundo, le gritó frente a ellas.

Si bien María ha conseguido su custodia legal y las tuvo durante un tiempo en Tucumán, sus hijas de 15 y 12 años están actualmente en la colonia. “La más grande tiene novio y quiere quedarse. A la chiquita le han lavado el cerebro”, explica.

De María, en la colonia, se dicen muchas cosas: que es una mala mujer, que es problemática, que no ha cuidado a sus hijas. “Ellos mienten para tapar todo lo que hacen —asegura—. Cuando uno dice algo toda la comunidad lo cree y ataca a esa persona. Mienten tanto que hasta vos misma dudás de cosas que sabés que no son verdad”.

Desde que se fueron de la colonia, las tres viven un asedio permanente. Mediante mensajes de celular y redes sociales —que los miembros de la colonia usan aunque tienen prohibido hacerlo—, pero también en persona. El martes pasado un grupo de menonitas llegó hasta el hotel donde se aloja Katherina e intentó ingresar a la fuerza su habitación, ubicado en la planta baja, a pocos metros de la entrada. Ella cerró con llave y les gritó que se fueran, mientras sus hijos se escondían debajo de las camas. Sin red, sola en una ciudad que desconoce, a la única persona a la que pudo acudir en ese momento fue a su abogada, Karina Alvarez Mendiara, que en las últimas semanas se ha ocupado no solo de monitorear su caso sino de ayudarla a conseguir un trabajo de limpieza o comprarle frutas y remedios a los niños.

A Elizabet también le quitaron a sus hijas, de diez y seis años. Poco después de escaparse aceptó la propuesta de sus padres de llevarse a las niñas a la colonia por un par de semanas, pero solo porque todavía no tenía trabajo y le daba miedo no poder darles de comer. Pasado ese tiempo, debían regresárselas, pero no cumplieron y en cambio se las entregaron a su padre. “Las nenas están sufriendo mucho allá, lo extrañan mucho a mi. Están bajo, con los nervios, todo”, intenta hacerse entender.

“Este no es un caso más de restitución de niños. La diferencia está dada por el choque cultural”, dice Martín Saravia, defensor general de La Pampa, que está a cargo del caso de Elizabet. “Acá hay alguien, una mujer, que no presta más su consentimiento para seguir las reglas de juego que le impone cierta cultura. Y la identidad cultural no puede invocarse para justificar prácticas que vulneran derechos”.

Saravia se refiere a la falta de estudios y de habilidades sociales de las mujeres de la colonia, que limitan las posibilidades de insertarse exitosamente en el mundo exterior. “Hay mujeres que no saben el lugar del mundo que habitan”, resume y lo suyo no es una métafora. Una conversación simple con una mujer menonita puede evidenciar, por ejemplo, que no saben que los ríos desembocan en el mar o que la tierra es redonda y tiene en sus polos dos masas de hielo.

El riesgo es que su vulnerabilidad retroalimente su situación. Que el Estado eventualmente les quite a sus hijos y los devuelva a la colonia si ellas no son capaces de garantizarles lo que se supone que allí adentro tendrían: una casa confortable en la que vivir, comida. Otro gran desafío para los abogados es cómo exigir una cuota alimentaria o dividir los bienes ante un eventual divorcio. Frente al Estado la colonia es un todo indefinido, una sola asociación civil que engloba todo y a todos. Solo los registros internos de la comunidad —donde funciona un sistema tan capitalista y desigual como el de afuera— identifican qué propiedad tiene cada miembro, de qué trabaja o cuánto dinero genera. Este diario se contactó con el representante legal de la asociación civil La Nueva Esperanza, que no quiso hacer comentarios.

Para Saravia, en esta comunidad “la identidad es una carga que se les impone a las mujeres”, porque para los varones las pautas son más flexibles y tienen acceso a mayores recursos. “Por eso tanta desesperación de su parte con estas acciones de abordarlas constantemente, de hostigarlas para que vuelvan. Hay una cuestión de dueñidad —dice, apelando a un concepto de la antropóloga feminista Rita Segato— de marcar la propiedad e intentar llevarse lo que consideran suyo”. Los abandonos de la colonia por parte de varones, que los hubo, no han desatado la misma reacción.

Katherina está en Santa Rosa, María vive en Tucumán y Elizabet decidió quedarse, por ahora, en Macachín. A la espera de encontrar algo mejor, paga muy caro por un departamento pequeño sin muebles ni luz natural y hace una suplencia de limpieza en una carnicería. Los pocos días que estuvo con Pedro y sus hijas fuera de la colonia, antes de que se las llevaran, los cuatro dormían juntos sobre un colchón en el piso. “Felices”, recuerda ella, que en la colonia tenía un buen pasar económico y una casa con los estándares menonitas de lo envidiable: interiores revestidos en cerámicos del piso al techo. “Pero si el amor no está, ¿qué sirve? Las cosas no sirven para nada”, balbucea mientras revuelve una bolsa para encontrar el vestido que usó por última vez hace tres meses, ese atardecer en que salió de la colonia en un coche atiborrado. Está cosido por ella, es negro con flores oscuras, de mangas largas y falda hasta los tobillos. Vestida de jeans, remera de algodón rosa y zapatillas, lo sostiene en alto con el brazo y el reencuentro con esa tela que la cubrió durante tanto tiempo —de día y de noche, en invierno y en verano— le hace sacudir la cabeza con un pequeño escalofrío. Lo mira fijo como si tuviera enfrente una persona o un animal extraño, como si escuchara algo que le dice o le gritara recuerdos amargos.

Créditos:

Fotografía: Anita Pouchard Serra

Diseño y maquetación Mónica Juárez Martín y Ángel Hernández

Edición visual: Gladys Serrano y Mónica González

El 18 de abril del 2025, cuando el atardecer despedía un Viernes Santo en la playa Icacos de Acapulco, un sujeto se acercó a Marco Antonio Suástegui, le disparó siete veces y huyó. Tras una delicada cirugía y ocho días en cuidados intensivos, el líder social guerrerense falleció en el hospital. Antes de que perdiera la conciencia en la arena de la playa, donde trabajaba como prestador de servicios turísticos, logró decirle a su esposa el nombre del atacante, una persona que conocía: le había amenazado de muerte antes. Meses más tarde, el sicario sería detenido, pero por un delito distinto, venta de drogas al menudeo. Apenas pasó unos días en prisión: luego las autoridades lo liberaron.

La muerte de Suástegui, uno de los principales activistas de la castigada costa de Guerrero, en el Pacífico mexicano, ilustraba una realidad conocida, anclada en la violencia y la impunidad. A un año del ataque, la investigación, en manos de la Fiscalía estatal, languidece sin avance alguno, trufada de incógnitas sobre el motivo, víctima de la incapacidad de las autoridades para mantener en prisión al presunto asesino. El activismo de Suástegui, integrante de una familia golpeada como pocas por el crimen, elevaba la importancia del caso. Desde hace años, Mexico y América Latina en general han atendido impotentes a la sangría de defensores y activistas de todo tipo, líderes sociales que tratan de resisitirse a la tiranía de las mafias.

El asesinato de Marco Suástegui se inscribe precisamente ahí, en la brutal violencia del crimen contra cualquier resistencia a su apisonadora delictiva. Las luchas de Suástegui eran múltiples. Reconocido por encabezar durante más de dos décadas la pelea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un proyecto hidroeléctrico en la zona, el defensor ambiental lideraba otra lucha menos conocida, como líder gremial de los trabajadores turísticos en la playa Icacos. En esta parte de Acapulco, el activista, hijo de pequeños ganaderos, arquitecto de profesión, se había rebelado contra el entramado delincuencial que gobierna de facto la zona turística del puerto, plaza estratégica para el trasiego de droga y muchos otros negocios ilícitos.

“Suástegui había denunciado que le estaban obligando a pagar piso”, afirma Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que representa a la familia del líder social y que exige “una investigación exhaustiva así como castigo a los responsables”. De momento, dice Barrera, veterano de las luchas sociales en el Estado, las pesquisas “se han llevado a cabo de forma turbia”. La línea que apunta a la extorsión, plaga que afecta al puerto, al Estado y al país en general, debe agotarse, defiende, igual que el camino que se abre sobre su pasado cercano, marcado irremediablemente por las actividades de CECOP y la desaparición de su hermano, Vicente, en 2021, a pocos kilómetros de donde lo mataron.

En medio de todo este entramado, destaca siempre un nombre, unas siglas, las de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “organización de autodefensa y policía comunitaria que, a partir de un momento, se corrompió y se alió con el grupo criminal Los Rusos, importantes en la región”, detalla Barrera. “Marco denunciaba a la gente de la UPOEG como responsables de la desaparición de Vicente”, afirma Samantha Valeria Colón, esposa de este último. O al menos a una parte de la organización, nacida años atrás como escisión del grupo de autodefensas originario de la Costa Chica de Guerrero, la CRAC, muy importante en la primera década y media del siglo, cuando aún la controlaba Bruno Plácido, asesinado en 2023.

El caso de Vicente resulta tan injurioso como el de su hermano Marco. El 5 de agosto del 2021, tres hombres se lo llevaron de la colonia Ciudad Renacimiento, cuando manejaba el taxi con el que se ganaba la vida. Hasta la fecha, hay cuatro imputados y dos sentenciados, a 25 años de prisión. Su cuerpo nunca ha aparecido. Pese a los procesos, todavía no ha sido detenido el implicado más importante para la familia y abogados: Pedro Santos Cruz, conocido como el comandante Pino, líder de la UPOEG en la salida sur de Acapulco y la entrada a la Costa Chica. “Con el apoyo de políticos y grandes empresarios, ellos dominan la Costa Chica y Marco era una piedrita para ellos. Por eso se amafiaron y lograron su objetivo: acabar con él”, sentencia Colón.

Playas turísticas al merced del crímen organizado

Marco Antonio Suastegui nunca se cansó de denunciar los abusos de grandes hoteleros y políticos para privatizar la playa. “Organizó a los trabajadores turísticos de a pie para que hicieran valer sus derechos”, explica Javier Verdín, periodista cercano al líder social. Antes de que el líder social fundara Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi), los demás “sólo éramos vendedores ambulantes. Él luchó mucho porque fuéramos reglamentados”, asegura Juan Pablo, integrante del la asociación, que se volvió mano derecha de Suástegui. “Marco logró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no nos corriera de la playa a los que llevamos trabajando toda la vida”, cuenta.

Vendedor de mariscos en el puerto desde los 12 años, apodado El Erizo, Juan Pablo, que prefiere no dar su apellido, denuncia el hostigamiento del crímen organizado hacia Marco. “Lo venían siempre persiguiendo, le quemaban sus motos acuáticas y le destruían los inmuebles”, detalla. Marco Suástegui no se amedrentaba. El activista interpuso varias denuncias: que se vendía droga a la vista de todos, que llegaban personas de la delincuencia y usaban sus motos para hacer sus propios negocios con agentes de la policía presentes… Pero, a la vista de lo que ocurrió después, no sirvieron de nada.

De acuerdo con un diagnóstico interno de Fonatur, filtrado por medios locales en marzo, en las principales playas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión y el cobro de piso, particularmente en áreas con alta concentración de turistas, como en Icacos. Marco nunca se plegó. Simpre defendio su derecho y el de los suyos a vender y ofrecer servicios libremente en la arena, la misma arena donde fue baleado, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, “lo único que tenía era un botón de pánico y un teléfono satelital que ni servía”, revelan desde Tlachinollan.

Tres meses antes de que lo asesinaran, el defensor se había reunido con las autoridades para renovar sus medidas de seguridad. “Solicitó muchas veces la protección de la Guardia Nacional. Pero ignoraron la petición. Determinaron que no había un riesgo inminente para su seguridad”, explica Barrera, para quien la respuesta del Gobierno evidencia “la inoperancia de los cuerpos de seguridad para proteger a una población que es rehén del crimen organizado, así como la falta de interés estatal por los defensores de derechos humanos”. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) acaba de revelar que, con 10 activistas y defensores asesinados, 2025 fue el año más violento en número total de ataques desde que existe el registro, hace 12 años.

La defensa del territorio guerrerense que trascendió fronteras

Fundador y vocero del CECOP desde 2003, Suástegui lideró la oposición a la construcción de la presa La Parota, una lucha que trascendió fronteras. Durante más de dos décadas, Suástegui fue intimidado, perseguido políticamente, encarcelado y torturado. La presa hidroeléctrica que pretendía construir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implicaba un despojo del territorio de su comunidad, Cacahuatepec, y la privación del derecho de la población al agua del río Papagayo, que irriga los Bienes Comunales del poblado. Bautizada por el propio Suastegui como “el proyecto de la muerte”, la construcción de la obra habría obligado a más de 20.000 personas a abandonar sus tierras, según datos del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Como parte de la persecución política que sufrió por la defensa de esas tierras y los derechos de los campesinos, el líder fue enviado a prisión en 2005 por primera vez, acusado de privar de la libertad a unos ingenieros de CFE y robar maquinaria. Nueve años después, en pleno apogeo de la construcción de la megaobra hidráulica, el entonces gobernador estatal, Ángel Aguirre, del desaparecido PRD, de nefasto recuerdo para el país por el caso Ayotzinapa, orquestó su trasladó al penal federal de máxima seguridad de Nayarit, bajo la acusación de delitos de robo y daños en propiedad ajena. Una medida calificada por organismos de derechos humanos como inconstitucional. “Se trató de una maniobra estratégica de venganza política para aislarlo y doblegarlo”, opina Barrera.

En aquel penal también estuvieron presos activistas como Ángel Amílcal, Isaac Cárdenas Chaquín o la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, quien fue después senadora. “Meter a líderes sociales que no tenían delitos federales en cárceles de alta seguridad lejos de Guerrero era una práctica común entonces”, explica Rogelio Ortega, quien asumió el cargo como gobernador interino de Guerrero el 27 de octubre de 2014, tras la renuncia de Ángel Aguirre Rivero tras el escándalo de Ayotzinapa. Ortega, al que le tocó gobernar un “Estado en llamas”, llegó a conocer bien a Suastegui. “Lo visité en prisión para darle certeza de que mi Gobierno iba a ayudar en el proceso jurídico para lograr su libertad”, expone. Ortega gestionó finalmente su salida de la cárcel de Nayarit, y lo reconoció, junto a otros activistas, como prisionero político.

Los abogados de Tlachinollan lograron que el activista fuera liberado en agosto de 2015, después de que un juez federal revocara el auto de prisión por falta de elementos para procesarlo. “Demostramos que era inocente de todo lo que le acusaban, que le habían fabricado delitos con el fin de construir la presa”, explican. Desaparecido el líder, el movimiento se desinflaría, esa era la jugada. Según Tachinollan, la CFE y demás autoridades usaron otras estrategias. Empezaron a construir los pozos y demás obras básicas sin consultar a la comunidad. Además, la CFE recurrió a la compra de votos y orquestó asambleas comunales y ejidales fraudulentas que violaban la Ley Agraria.

Despues de años, y de muchas peleas en los tribunales, que desgastó mucho a la comunidad, el CECOP ganó todos los juicios agrarios celebrados y consiguió que se probara la inocencia de su líder. Como resultado de estas victorias legales, el Gobierno mexicano postergó la construcción de la obra hidráulica y Suastegui siguió su lucha contra otras tantas injusticias. Pero las consecuencias fueron graves. En 2018, en un momento todavía muy tenso, integrantes de CECOP y de la CRAC, grupos hermanados, se enfrentaron en la zona con policías estatales. 11 comunitarios murieron. Meses después, Suástegui acusó en una entrevista al Gobierno, entonces en manos del PRI, de orquestar la masacre. Año y medio después, criminales desaparecieron a su hermano. Él siempre pensó que todo aquello estaba relacionado.

Dos conflictos sociales, una sola lucha

A pesar de que en el momento del asesinato la playa estaba abarrotada por Semana Santa y de que el Gobierno había desplegado un operativo con más de 4.000 elementos del Ejército y la Armada, ninguna autoridad acudió al socorro del líder social. “Ni siquiera llegó una ambulancia. Fueron sus familiares quienes lo trasladaron al hospital en la batea de una camioneta”, lamenta el abogado Barrera, quien es comisionado de la búsqueda de justicia para los hermanos Suástegui. “Ambos tocaron grandes intereses de la delincuencia organizada en complicidad con liderazgos políticos corruptos en Acapulco y en todo Guerrero”, asegura Rogelio Ortega, para quien resulta “una vergüenza que a estas alturas no se pueda llegar hasta los autores intelectuales que le privaron de la vida”.

Como circunstancia nada excepcional en el sistema judicial del país, la investigación de su homicidio está envuelta en irregularidades desde el inicio. “El Ministerio Público no fue al lugar para recabar indicios de lo sucedido sino hasta días posteriores, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada”, señala Barrera. Tampoco solicitaron las cámaras de grabación de los condominios y de los hoteles cercanos, ni material audiovisual que pudiera revelar detalles clave del atentado. “Omisiones que forman parte de una conducta institucional de negligencia e indiferencia hacia los defensores ambientales y del territorio”, manifiestan los abogados de Tlachinollan, quienes han solicitado a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. No obstante, las autoridades estatales argumentan que no existen elementos que lo justifiquen.

Hace ya un año que mataron a Marco Suástegui. Su familia sabe quién es el agresor, igual que sus abogados. Conocen su nombre, sus apellidos, saben con quién se juntaba, de quién dependía. De hecho, todo el mundo cercano al líder social lo sabe. “Le había mandado mensajes de texto y cuando se lo encontraba en la calle lo amenazaba”, cuentan personas conocedoras de los últimos meses de vida de la víctima. De momento, toda esta información no ha redundado en justicia. Y en la playa Icacos, la impunidad brilla como el sol del último atardecer que vio Suástegui.

La cineasta Valentina Maurel (San José, Costa Rica, 38 años) aún no termina de acostumbrarse a tener un agente de ventas o encargado de prensa para manejar su agenda. “Soy muy espontánea y poco estratégica al comunicarme”, cuenta desde París, donde trabaja en los últimos detalles de la edición de Soy tu animal materno, su segundo largometraje, que se estrenará en mayo en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes. La película de Maurel es la única propuesta centroamericana y, junto a El deshielo, de la chilena Manuela Martelli, una de las dos películas latinoamericanas en esta edición del certamen francés.

La espontaneidad con la que se describe Maurel es también característica de su cine; una obra en la que confluyen personajes aislados emocionalmente e incómodos en sus propios cuerpos y la dimensión más cruda de las relaciones familiares. “Es una película muy coherente con lo que he hecho antes: habla de una familia y la dificultad para acompañar a una de las niñas en su diferencia o singularidad”, explica la cineasta por videollamada.

Soy tu animal materno narra la relación entre una madre artista y sus dos hijas, en un contexto donde “surge una tensión entre llevar adelante una obra y llevar adelante una vida familiar”. La película, además, cuenta con la participación de la actriz mexicana Marina de Tavira (nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Roma, de Alfonso Cuarón) en el papel de la madre.

Aunque Maurel no quiere que Soy tu animal materno se asemeje a una “tesis de psicología” o una autobiografía, afirma que le interesaba hablar sobre cómo es crecer en el “contexto de San José y en una familia de artistas”. La realizadora es hija de un escritor y actor franco-costarricense, César Maurel, y de una poeta y actriz, Ana Istarú, ambos reconocidos localmente. “Yo crecí en ese entorno sin entender que una familia de artistas en un país tan pequeño como Costa Rica era un poco absurdo”, relata.

Maurel partió de Costa Rica de joven y, tras estudiar cine en Francia y Bélgica, debutó en el Festival de Cannes en 2017 con el cortometraje Paul está aquí, una producción belga, y se alzó con el primer premio de la sección Cinéfondation. Esto le garantizó que sus obras posteriores encontraran un espacio en el certamen francés.

Tras ese primer éxito, Maurel tenía el camino allanado para hacer su carrera en Europa, pero decidió volver a Costa Rica, en parte por la motivación que le generaba formar parte de una nueva generación de directoras de cine que surgieron en un país que hasta hace pocos años tenía una escasa o nula producción cinematográfica.

Además de Maurel, en esa ola de cineastas han destacado internacionalmente figuras jóvenes como Antonella Sudassasi, la primera centroamericana nominada a los premios Goya de España, o Sofía Quirós, la primera costarricense en estrenar un largometraje en Cannes.

“Ha sido una experiencia maravillosa poder estar con una generación de cineastas mujeres. Siento que nos acuerpamos las unas a las otras y, aunque hacemos cine muy diferente, el éxito de una motiva a las demás”, afirma Maurel.

De regreso en su país, la directora rodó el corto Lucía en el limbo (2019), también estrenado en Cannes, y el largometraje Tengo sueños eléctricos (2022), galardonado en los festivales de Locarno y San Sebastián. Tanto estas obras como su nueva película se desarrollan en un San José hostil y sucio, pero que la directora confiesa que encuentra atractivo: “A mí me gusta ese caos porque me resulta más familiar que la soledad y el vacío de las grandes ciudades europeas”.

Cine centroamericano, mirada europea

Los espacios que ha conseguido Valentina Maurel en el Festival de Cannes no son representativos de la dinámica de ese histórico certamen, que año tras año recibe críticas por su representación eurocéntrica del séptimo arte. El cine latinoamericano, y el centroamericano en particular, siguen siendo relegados.

“Todavía hay camino por recorrer para Centroamérica. Yo siento que el público europeo espera un tipo de cine muy específico, con narrativas sobre el tráfico de drogas y guerras civiles”, comenta la directora. Maurel afirma que, si bien la región tiene “urgencias políticas” que denunciar, en el “panorama cinematográfico esperan que se hable solo de eso”.

Para la cineasta, esta es una limitante representativa de una realidad social más amplia. “Cuando hablo con periodistas de Francia o Bélgica y se dan cuenta de que hablo bien francés, se decepcionan un poquito. Me da la impresión de que sienten que soy menos centroamericana de lo que debería”, relata. Maurel considera que, en muchos casos, las audiencias europeas buscan películas que “les expliquen una región del mundo que les es desconocida, con personajes ejemplares que estén luchando o que sean víctimas de algo”.

“Yo sé que parece imposible hablar de una historia íntima cuando el mundo se está incendiando, pero me parece que la región debe liberarse de su necesidad de justificarse”

Con Soy tu animal materno, la directora optó por seguir rechazando la imposición de tener que “representar algo” con su cine e “ignorar esas expectativas”: “Yo sé que parece imposible hablar de una historia íntima cuando el mundo se está incendiando, pero me parece que la región debe liberarse de su necesidad de justificarse”.

El “frágil ecosistema” del cine en Costa Rica

La producción cinematográfica de Costa Rica se sostiene principalmente gracias a fondos estatales que el Ministerio de Cultura pone a concurso cada año. El proceso burocrático para acceder a estos recursos, dice Maurel, es algo que dificulta sacar adelante películas en su país. “El financiamiento de esta película me hizo dudar un poquito de la posibilidad de hacer cine en Costa Rica”, señala.

A diferencia de su primer largometraje, con Soy tu animal materno la realizadora no obtuvo estos fondos, por lo que incluso uno de sus productores (el filme es una coproducción con Francia, Bélgica y México) sopesó que rodaran fuera de Costa Rica.

La cineasta considera que hay un “desfase” entre la aparición de nuevos talentos y una institucionalidad “poco flexible”. Esto, argumenta, engendra “un ecosistema cinematográfico muy frágil”. Maurel matiza que desde el Centro de Cine se “está haciendo lo que se puede”, pero que “lo importante es lograr financiar mejor y financiar más cosas”, como cortometrajes, animación y series. “Para eso necesitamos un financiamiento más estable; por ejemplo, un impuesto al cable y plataformas”, agrega. Es una práctica estándar internacional de la que el país debería inspirarse.

“Yo tengo la posibilidad de encontrar financiamiento para mi trabajo fuera del país, como ya tengo una trayectoria un poco consolidada, pero en Costa Rica hay una conversación pendiente si queremos crear una industria local”, añade.

La cineasta tiene la expectativa de que la administración entrante de Laura Fernández “se alegre de la visibilidad que está teniendo el cine tico y no le dé la espalda”: “Todavía estamos ante esa incertidumbre y nadie sabe qué va a pasar. Después de lo que sucedió con esta última película, mi temor es no poder filmar la próxima en Costa Rica, porque ya mis productores en Europa podrían estar un poco desalentados”, explica.

Las medidas del Gobierno mexicano para combatir la piratería durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo apuntan a la mercancía apócrifa que abunda en calles y mercados de Ciudad de México. Las transmisiones ilegales en línea de los partidos también están bajo la mira del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ha anunciado que durante el torneo se encargará de monitorear y bloquear este tipo de sitios.

Las plataformas de streaming pirata ofrecen una vía gratuita para evadir barreras de pago y suscripciones y se han consolidado como una alternativa ampliamente utilizada en torneos locales e internacionales, por lo que se espera que el Mundial no sea la excepción. Recientemente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que México mantiene altos niveles de piratería de contenido audiovisual y enfrenta problemas de coordinación institucional y sanciones poco efectivas.

Ante este escenario, el titular del IMPI, Santiago Nieto, ha anticipado que —a partir de un recurso que será discutido próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— el organismo podrá instruir la suspensión de sitios web infractores de derechos de autor. “Es una facultad del IMPI que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual”, señaló Nieto.

Algunas críticas a esta medida apuntan a la posibilidad de que se vulneren derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la neutralidad de la red. A esto se suma el problema de accesibilidad. No todo el contenido del torneo estará disponible de forma abierta, lo que limita el acceso para ciertos sectores de la población. De acuerdo con un informe de Nielsen elaborado en el marco del Mundial de Qatar 2022, la televisión abierta fue la opción más utilizada para seguir los partidos, con un 81% de preferencia entre la audiencia. Le siguieron las redes sociales, con un 72%, mientras que el 62% recurrió a servicios de televisión de paga.

Aunque en 2026 algunos encuentros se transmitirán en televisión abierta a través de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Canal 7), los derechos completos del torneo corresponden a ViX, de TelevisaUnivision. Además de requerir una suscripción vigente, la plataforma ha lanzado el paquete Pase Mundial 2026, que incluirá los 104 partidos, resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo por un costo de 499 pesos mexicanos.

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Es innegable que el expresidente Álvaro Uribe está haciendo una campaña electoral inteligente. No sé quién sea su estratega —quizás sea él mismo—. Lo cierto es que viene ejecutando un ejercicio electoral con sagacidad y pragmatismo, guiado por un objetivo estratégico claramente definido: Iván Cepeda no puede ganar, y él no puede perder. Quien crea que Uribe está de salida corre el riesgo de equivocarse. No en vano ha sido el principal actor político de lo que va de este siglo.

Antes de entrar en el análisis, pongo de presente un hecho: de las últimas seis elecciones presidenciales, Uribe ha ganado cuatro —dos con su propio nombre, una con Juan Manuel Santos y otra con Iván Duque—; solo ha perdido con la reelección de Santos y la elección del presidente Gustavo Petro. Y, como si fuera poco, obtuvo una victoria trascendental que desconcertó al mundo: la del plebiscito por la paz en 2016. Es verdad que por un estrecho margen del 0,43 % y con una abstención del 62,59 %, y apelando a armas innobles como la mentira y la manipulación, pero ganó, cuando ni él mismo lo esperaba.

La campaña actual

Comenzó con una explosión de precandidatos que en algún momento superó el centenar. Esto produjo un efecto colateral negativo: impedir que emergieran opciones políticas serias y realmente nuevas. Este vacío fue aprovechado por Abelardo de la Espriella, quien desde el principio se situó en la frontera del país político y el país nacional, con habilidad para mantener canales subterráneos con el establishment. No hay que olvidar que comenzó proponiendo al propio Uribe como vicepresidente, en una figura similar a la ejecutada por Dmitri Medvédev en 2008, cuando fue elegido presidente de Rusia mientras Vladimir Putin —su jefe y mentor— asumía el cargo de primer ministro.

Guiado por el mantra de que Cepeda no puede ganar, Uribe propuso una amplia convergencia que fuese desde Abelardo hasta Fajardo. La iniciativa no prosperó por la negativa del propio Fajardo y por la descalificación a De la Espriella. Al expresidente, sin embargo, se le apareció la Virgen, encarnada en la llamada ‘Gran Coalición por Colombia’, que ni era grande, ni era coalición, ni era por Colombia. Aun así funcionó, gracias a haber logrado vender la idea de que era un experimento democrático. Se juntaron, así, el hambre con las ganas de comer. O para decirlo con las palabras del cantautor Joaquín Sabina: “Yo quería dormir contigo, y tú no querías dormir sola”.

Uribe supo leer el asunto con agudeza y se tomó la coalición, con el ingreso de Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, más la ayuda de Íngrid Betancourt y su partidito de bolsillo, que expidió avales a los dos últimos. De esta manera, la idea original de Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán —de integrar un frente contra Sergio Fajardo para obligarlo a negociar— se convirtió en una marca ‘nueva’, con la presencia de Juan Daniel Oviedo, quien propuso un ‘diálogo entre diferentes’. Las diferencias son, en realidad, solo cosméticas: todos pertenecen al establishment, son neoliberales, inmovilistas y antipetristas. Pese a ello, la ‘coalición’ resultó un éxito mediático indiscutible.

A esto contribuyeron tres actores: De la Espriella, Fajardo y el propio Petro, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que impidió con argucias leguleyas la participación de Cepeda. También fue determinante el papel de los medios de comunicación: potenciaron la exposición de la coalición mientras matoneaban a Fajardo, quien solo aparecía para dar explicaciones por su ausencia. Los periodistas convencionales le increpaban un día sí y otro también, lo que nunca hicieron con De la Espriella, quien aportó, no dividiendo el electorado uribista. Así, el triunfo de Paloma era inatajable: en la práctica no tenía rival. Petro, Cepeda y el Pacto Histórico dieron la orden de votar solo para Senado y Cámara y abstenerse en las consultas, la Gran Consulta acaparó toda la atención. Las de Roy Barreras y Daniel Quintero, y la de Claudia López, perdieron toda capacidad de despertar atención. El resultado es conocido: Paloma, candidata presidencial; Oviedo, candidato a la vicepresidencia. Una dupla con gran tirón mediático: una mujer joven con liderazgo, y un gay inteligente capaz de articular un discurso novedoso.

Dos candidatos, una sola partitura

Uribe juega ahora con dos candidatos: uno para sus ‘barras bravas’ y otra dulcificada para que entre gente no uribista. De la Espriella buscará aglutinar los sectores ultraconservadores y antipolíticos; será la mano firme. Paloma, abrirá espacio a los neo-uribistas, tratará de encarnar el ‘corazón grande’. Es una división creativa para ampliar la masa electoral. Los relinchos destemplados del jefe de Salvación Nacional contra Uribe son para distraer a la galería; después de primera vuelta, los dos candidatos estarán unidos, pues comparten el mismo cordón umbilical. Piensan y dicen lo mismo, si bien con lenguajes y acentos distintos. Propugnan por un Estado pequeño, mano dura frente a la inseguridad, más cárceles, más soldados, más policías y alineamiento con Washington.

Lo que viene

Lo que sigue es más simple. La campaña se ha reducido a tres figuras: Cepeda, De la Espriella y Paloma. El ‘voto útil’ se consolida en primera vuelta, impulsado por las encuestas y los principales aparatos mediáticos. Hasta la fecha, Cepeda sigue punteando, sí. No obstante, me temo que en mayo vendrá una ofensiva para satanizarlo al extremo, conforme a las directrices de Uribe. Y no me sorprendería que para esa fecha las encuestas mostraran un crecimiento de El ‘Tigre’, quien rugirá más fuerte, y de Paloma, que volará más alto. Los partidarios de uno y otra se emplearán a fondo. Estratégicamente, Uribe podría optar por el silencio.

No sé qué tanta conciencia de la situación haya en el Pacto Histórico y las fuerzas progresistas. Le atribuyen a Bernard Shaw una frase que viene a la ocasión. Que un optimista es un pesimista mal informado. Creer que Cepeda puede ganar en primera vuelta es una ilusión. Tengo la percepción de que hay exceso de confianza en la capacidad de Petro para mover el electorado y poner la agenda. De hecho, podría suceder que, entre más asoma él la cabeza, más eclipsa a su candidato; al mote de ‘guerrillero comunista’, los adversarios sumarán el de impreparado que lee hasta la más elemental declaración y rehúye el debate. No soy quien para darle consejos a nadie; aun así, me atrevo a decir que Cepeda ha “chupado más rueda” de la que debería, y que debería demostrar que está preparado para asumir la presidencia de la República.

La promesa de continuar el proyecto de Petro no es suficiente para movilizar a las mayorías nacionales. El presidente pareciera haber decidido cerrar su mandato con una discusión ideológica de alto nivel y con el relato de que no lo dejaron hacer el cambio. Decisiones como retirar al ministro de Hacienda de la Junta Directiva del Banco de la República, o sacar a Colombia de los tribunales de arbitramento internacional, son medidas importantes y audaces, aunque de compleja digestión para el común de los ciudadanos.

En suma: la posibilidad de que Uribe regrese al poder es grande, avivar ese temor puede no ser suficiente para ganar la presidencia. Es preciso un relato que ilusione y movilice a las mayorías nacionales no ideologizadas, al país nacional. Si las cosas siguen como van, la campaña electoral será el duelo de un miedo contra otro miedo, sin espacio para la esperanza. El país seguirá igual.

Era una reunión bilateral, pero un tercer país estaba muy atento a lo que allí se anunciaba. El encuentro de este viernes en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se selló con un anuncio importante: los dos países elaborarán planes militares conjuntos y abrirán mecanismos para compartir información de inteligencia de forma “inmediata”. Se trata de un hito en materia de seguridad, porque, a pesar de ser vecinos, Bogotá y Caracas llevaban décadas sin compartir información, aseguran fuentes militares. Está por ver cómo se lleva al terreno esta declaración de intenciones, pero el anuncio manda un mensaje en dos direcciones: por un lado, a los grupos criminales y, por otro, a Donald Trump, que necesita una Venezuela estable y segura para continuar con sus planes.

La cooperación bilateral tiene dos enemigos claros: la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las extintas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de más de 60 años. Ambas bandas armadas tienen origen colombiano, pero se mueven y delinquen indistintamente en ambos países. Su guerra ha sembrado el terror en la frontera y sus tentáculos han copado no solo el narcotráfico transnacional, sino el negocio de la minería ilegal, un sector que ahora es especialmente estratégico para Trump. “¿Qué inversionista extranjero va a llegar a estas zonas dominadas por estos señores?”, se pregunta una fuente diplomática. “Ninguno”.

Entre los intereses declarados de la Casa Blanca tras intervenir militarmente en Venezuela el pasado 3 de enero y llevarse a Nicolás Maduro, está la explotación del petróleo. Pero también las tierras raras y la extracción de oro, negocios en manos del crimen organizado. “Así es de caprichosa y paradójica la política”, afirma esta fuente diplomática. “Trump tiene, por supuesto, unos intereses que en este caso coinciden: necesita el oro y estabilidad para los inversionistas. Pero el oro, a diferencia del petróleo, no está bajo dominio estatal, sino en unas zonas donde reina el ELN”, añade. El plan, asegura, le sirve a los tres países.

Trump necesita estabilidad para atraer inversionistas y Venezuela entiende que, mientras existan grupos catalogados como narcoterroristas por el Departamento de Estado en su territorio, EE UU tiene la puerta abierta para quedarse. Por su parte, para Colombia, tras el fracaso de las negociaciones con el ELN que lanzó por todo lo alto el Gobierno Petro en 2022, cualquier solución para las décadas de esa guerra pasa por el país vecino. “Mientras el gobierno venezolano siga respaldando al grupo insurgente colombiano, este no podrá ser derrotado por completo ni es probable que firme un acuerdo de paz”, explicaba en diciembre el medio especializado Insight Crime. El cambio de gobernante en Venezuela justamente abre una oportunidad para cambiarlo.

La cumbre bilateral de este viernes juntó a Petro y Rodríguez, dos viejos amigos que habían estado separados demasiado tiempo. Ella agradeció al mandatario colombiano por haber sido una de las primeras personas que llamó para “solidarizarse” con los venezolanos aquel traumático 3 de enero. Pero la reunión contó con especial protagonismo del ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, quien tendrá que implementar la hoja de ruta. Llamó la atención, sin embargo, que al otro lado no estuviese su homólogo, el recién nombrado Gustavo González. Mientras se celebraba la reunión, una publicación oficial en redes sociales —ya borrada— mostraba a González en un acto conmemorativo del 216º aniversario del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su lugar, estaba el todopoderoso Diosdado Cabello, ministro del Interior y tercera figura más relevante del chavismo después de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

Tras despedirse de Petro, una publicación de la embajada norteamericana mostraba el momento en el que Delcy Rodríguez se reunía por primera vez de forma oficial con el nuevo representante de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. El encargado comercial es el actor sobre el terreno que deberá acompañar la implementación del plan de Trump de estabilización, recuperación y transición.

“Esto tiene un impacto muy fuerte sobre los criminales en frontera. Ningún gobierno los tolera”, aseguró a EL PAÍS una alta fuente militar colombiana, sobre los grupos criminales. “En términos de inteligencia y operacionales, se abrió una oportunidad para intercambiar información y desarrollar operaciones espejo [simultáneas], cada uno en su territorio pero articulados”, explica. Pero una vez lanzado el mensaje, el desafío será implementarlo. “No va a ser sencillo, pero lo importante es comenzar”, asegura esta fuente.

Hace años que el ELN cruzó la frontera para quedarse. La guerrilla colombiana se extendió en Venezuela gracias a lo que parecería un acuerdo tácito con el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos podrían operar libremente a cambio de protegerle ante una hipotética incursión de Colombia, histórico aliado militar de Estados Unidos. Así los guerrilleros se instalaron como garrapatas en los estados de Vichada, Amazonas, Apure y Arauca, y al narcotráfico sumaron la minería ilegal del oro con la que destruyen selva y contaminan los ríos con mercurio. Dos circunstancias le allanaron el camino: la ruptura de relaciones entre Bogotá y Caracas en 2019 —que dejó la frontera huérfana de cooperación militar y acabó con la llamada “persecución en caliente”— y la debilidad de un Estado venezolano concentrado en controlar las ciudades y contener a una oposición mayoritariamente urbana.

El ELN, que en su momento se inspiró en la Revolución cubana, era además una pieza clave en los planes de contingencia de Maduro ante la posible invasión de Estados Unidos, según varias fuentes consultadas por EL PAÍS en Caracas. Mientras Trump desplegaba aviones y buques de combate en el mar Caribe, el chavismo creyó que la ofensiva estadounidense, si llegaba, llegaría por tierra, usando a Colombia como plataforma de lanzamiento. Consideraron que el ELN podía servir de muro de contención o de generador de caos ante la invasión. Pero nadie escuchó un tiro de la guerrilla en defensa de la revolución.

Bogotá es un caos. Un caos delicioso y apasionante, pero caos, al fin y al cabo. Para empezar, hablamos de 1.776 kilómetros cuadrados de megalópolis (Madrid tiene 604 y Barcelona, 102), parcelada en 20 localidades (una especie de distritos), que se subdividen en 1.922 barrios. Tantos que ni siquiera los taxistas más avezados han oído hablar de algunos. En cuanto a población, las cifras oficiales suman casi ocho millones de habitantes. Las extraoficiales hablan de más de 12 millones.

Por otro lado, la capital colombiana, situada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene un clima, llamémoslo, impredecible. Lo que se traduce en que en algún momento del día va a llover. Esto es así. Y también suele hacer fresco. No en vano, los colombianos del Caribe la denominan “la nevera”.

Para orientarse hay que buscar los Cerros Orientales, una cadena montañosa en paralelo a la ciudad, visibles desde cualquier punto y que sirven de brújula tanto al foráneo como al oriundo. Cuando uno se sitúa frente a ellos, el sur está a la derecha y el norte a la izquierda. Con un trazado urbanístico (más o menos) en cuadrícula, hay que guiarse por las carreras (avenidas denominadas con números ordinales), que se alinean con estas montañas, de sur a norte. Las calles (también numeradas) van de este a oeste cruzando las carreras.

Dicho esto, no se fíe. Si está pensando en alquilar un coche para su visita, abandone ya toda esperanza. Hay laderas con carreteras enrevesadas como culebras; las señalizaciones tienden al minimalismo escandinavo; los atascos son infernales y la ciudad no va a ganar ningún premio al mejor asfaltado. Hay que decantarse por los taxis (mejor solicitados desde el hotel) o las aplicaciones móviles de transporte (la opción más segura).

Por último, está ese despiporre urbanístico tan bogotano que, en cierto modo, funciona de manera maravillosa (la exuberancia vegetal ayuda). Cada edificación es de su padre y de su madre y no suele mantener ninguna conexión estética con la adyacente. Existe la belleza en el caos, sí, pero mejor dejarse guiar por un cicerone local como Jaime Martínez, el director de ArtBo, la feria de arte más importante de Sudamérica, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. “La ciudad ha cambiado mucho. Ha crecido, está mucho más poblada”, explica. “Y en 2026 se prevé inaugurar el metro, que va a cambiar la manera de conectarse”.

Aunque Martínez nació en Cali, vive en la capital desde 2009. Lo que se dice un rolo (un nativo de esta megaurbe) sobrevenido. “Bogotá ofrece una escena cultural muy rica, pero, a veces, no nos valoramos”, confiesa. Como muestra, las 46 galerías participantes en la pasada edición de ArtBo (buena parte de ellas con sede aquí) y los más de 22.000 asistentes. Para la próxima edición, la número 22, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026, planea una jugada maestra: acceso gratuito para todos. Sería la primera feria del mundo de semejante categoría en adoptar este formato antielitista.

Una visita a Bogotá tiene que empezar en La Candelaria, el centro histórico, con sus calles empedradas y su arquitectura colonial: un no parar de museos, restaurantes y cafés con encanto. El día puede arrancar en la plaza de Mercado La Concordia, con sus mostradores de viandas locales: frutas, jugos y café. Allí cerca, en la plazoleta del Chorro de Quevedo, fue donde Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad en agosto de 1538. Hoy aquí mandan los puestos de artesanía (hippy) y los bares de ambiente bullanguero.

La Manzana Cultural del Banco de la República es el epicentro artístico de La Candelaria. En un complejo de cuidadas villas coloniales se concentran el Museo Casa de Moneda (numismática), el Museo de Arte Miguel Urrutia (arte moderno y contemporáneo), la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Casa Republicana (ambas con exposiciones temporales). Aunque la joya de la corona es el Museo Botero. Allí se exhiben un centenar de obras del célebre artista colombiano, además de decenas de piezas de su colección privada (Picasso, Renoir o Monet). Justo enfrente se encuentra el Centro Cultural García Márquez, otro hito cultural bogotano.

Continuamos hasta la plaza de Bolívar, centro neurálgico y político, que está flanqueada por la Catedral Primada, el Palacio Arzobispal, el Capitolio Nacional (sede del Congreso de la República), el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano (que alberga la Alcaldía Mayor). A escasos metros se hallan el Pasaje Rivas (ideal para hacerse con artesanía típica) y el Teatro Colón, el lugar que acogió la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC en 2016.

Para hacerse una idea de lo que supuso ese acuerdo nos desviamos hasta Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. Un maravilloso emplazamiento, entre lo tropical y lo racionalista, con un cuidado programa de exposiciones. El suelo del edificio, obra de la artista Doris Salcedo, es el núcleo conceptual de este contramonumento. Para su creación se utilizaron 37 toneladas de acero fundido provenientes de las armas que entregaron las FARC tras su disolución. “Es un espacio de calidad internacional”, apunta Jaime Martínez.

Desde La Candelaria se puede subir a la iglesia de Monserrate, levantada en honor a la barcelonesa Virgen de Montserrat. Se puede hacer el trayecto a pie o en funicular o teleférico, si uno no quiere llegar a la cima con la lengua fuera. Rodeada de una impresionante reserva natural, cuenta con unas sobrecogedoras vistas. Desde los 3.152 metros de altura del cerro donde está enclavada (atención con los mareos), uno se hace una idea de las colosales dimensiones de la urbe.

En el descenso se puede visitar la Quinta de Bolívar, antigua residencia de descanso de Simón Bolívar, que funciona como casa-museo. De vuelta al centro, el Museo del Oro es de visita innegociable. Esta colección de orfebrería precolombina, la más grande del mundo, exhibe el legado de las culturas indígenas, con tesoros como la balsa muisca. Como contrapunto, a una cuadra se encuentra el Septimazo, un tramo de la carrera Séptima denominado así coloquialmente, con su ambiente popular y un tanto surrealista, donde se arraciman puestos de baratijas, artistas callejeros y carritos de comida rápida.

No lejos de allí están el Centro Internacional y el barrio de Las Nieves, con dos colosos culturales como MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá) y el Museo Nacional de Colombia, con una colección que navega entre el arte, la arqueología, la historia y la etnografía. “Muchas de estas instituciones están financiadas por el Estado. Por eso la mayoría son gratuitas”, expone Martínez.

Otra cita indispensable es La Macarena, un barrio bohemio con librerías, cafés y mucha vida nocturna. Es también donde se asentaron las primeras galerías. Hoy están aquí nombres como Galería [SN], Espacio El Dorado y NC arte. Justo enfrente de esta última se levantan las Torres del Parque, de Rogelio Salmona (también fue el arquitecto de MAMBO), una obra maestra de la arquitectura del ladrillo, parte importante de la identidad visual bogotana. A su espalda asoma la Plaza Cultural La Santamaría, un antiguo coso taurino (las corridas se prohibieron en 2024), que ahora acoge espectáculos escénicos y la Bienal de Arte. Teusaquillo, el barrio adyacente, también cuenta con interesantes galerías como Mor Charpentier (en un entorno neocolonial) y LT Projects (en pleno distrito financiero).

Al norte está la localidad de Chapinero, un distrito que engloba decenas de pequeños barrios que por sí solos merecerían una visita individualizada. En La Cabrera y El Nogal coexisten tiendas de diseño (como en la calle de los Anticuarios), restaurantes de moda, centros comerciales y clubs nocturnos (congregados en la Zona T). En Quinta Camacho dominan las casas de estilo Tudor levantadas en la década de 1930 a imagen y semejanza de la arquitectura británica. Rosales es el hogar de la Zona G, el área que impulsó la gastronomía autóctona hace dos décadas.

Aunque hoy es Chapinero Alto el destino para descubrir la pujante nueva gastronomía, con destinos como Selma (cocina mediterránea, con influencias griegas y libanesas), Salvo Patria (con ingredientes locales y prácticas de sostenibilidad) y El Chato. “Es un bistró de cocina colombiana experimental. Es impresionante y tiene un ambiente de diez”, señala Martínez. El comedor del chef colombiano Álvaro Clavijo ha sido recientemente coronado como el mejor restaurante de Latinoamérica, según la lista de The 50 Best.

En todos estos barrios existe un ecosistema de expositores como Montenegro Art Projects, Casas Riegner o El Museo. Aunque la zona que inició este bum artístico fue San Felipe. “La transformación del barrio comenzó en 2012, cuando un grupo de empresarios compró inmuebles para alquilarlos a galerías”, recuerda Martínez. “Eso hizo que un lugar habitual de talleres de autos empezara a cambiar, atrayendo a bares y restaurantes”. Hoy, espacios como SGR Galería, SKETCH, Juanita Echeverry o Elvira Moreno dominan estas calles, que alcanzan su apogeo durante ArtBo Fin de Semana (del 15 al 19 de abril de 2026), el hermano menor de la feria.

Un momento perfecto para darse a la estimulante vida nocturna chapinera, con barras como Aalto Bar-Bistró (en la azotea del Centro Comercial El Retiro, con un speakeasy camuflado) y ODEM Bar. “Una terraza para tardear, aunque según avanza la noche también se puede bailar. Es muy chévere”, la define Martínez. “Chapinero Bajo siempre fue una zona LGTBI, punketa y hippy. Es el lugar perfecto para descubrir la noche bogotana”. Más al norte aún nos topamos con Chicó (con bistrós de nivel) y Usaquén, donde se ubica el Mercado de las Pulgas, surtido por artesanos locales.

Todas las áreas mencionadas son tan seguras como cualquier capital europea, pero siempre conviene ir con ojo. Por eso no está de más una recomendación final en boca de Jaime Martínez: “Cuando un local le diga ‘no se meta por esa zona’, haga caso. No vaya por ahí, no insista”. Palabra de rolo.

Cuando el 19 de diciembre del 2025, Luis Andrés Monterroso López, de 29 años, pisó por primera vez en tres años el suelo guatemalteco, estaba muy enfadado. Vestido con un mono gris y pantuflas azul oscuro, el uniforme de los migrantes detenidos en Estados Unidos, hablaba con su madre por teléfono, sentado en el exterior de la sede de la Fuerza Aérea de Guatemala, donde aterrizan los vuelos de los deportados. “Ni a los animales los tratan así. Vine amarrado de pies y manos”, le contaba, indignado.

En la bolsa de plástico con su nombre y el número de identificación que le dieron en el centro de detención de Alvarado, en Texas, tenía dos hojas: el documento de salida voluntaria y un papel con instrucciones para cobrar 1.000 dólares (853 euros). La cantidad era una especie de bonificación que los agentes del ICE, el servicio de control de inmigración y aduanas de EE UU, prometen a migrantes detenidos sin antecedentes penales, a cambio de que acepten su salida voluntaria.

“Y todos firmamos por salir de la cárcel y no por el dinero, que por lo que sé, nadie consigue cobrarlo. Pero igualmente lo intentaré”, dijo ese día Monterroso a este periódico.

Ni a los animales los tratan así. Vine amarrado de pies y manos

Luis Andrés Monterroso, deportado guatemalteco

En la hoja de instrucciones se indicaba que el dinero estaría disponible cinco días después, accediendo a la página web mail.cbp-stipend.com con el nombre de usuario y contraseña indicados. A los días de regresar a Quesada, en el departamento de Jutiapa, Monterroso siguió las indicaciones al pie de la letra y fue redirigido a la plataforma Zoho, software utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE UU para, supuestamente, comunicarse con quienes firman su salida voluntaria del país.

La cuenta existía. También los mensajes de bienvenida del portal. Pero del dinero, ni rastro. El 24 de enero, Monterroso escribió un correo al servicio de soporte de la página web pidiendo información para cobrar la bonificación. No obtuvo respuesta. Volvió a revisar el correo el 19 de febrero. Nada.

Hasta que el 19 de marzo, lo abrió una última vez, a raíz de la elaboración de este reportaje. Y allí estaba el correo de CBP Home con las instrucciones para cobrar el dinero a través de Western Union. Y no eran 1.000, sino 2.600 dólares emitidos por Soterex Financial Services LLC, empresa de transferencia monetaria con sede en Virginia. El mensaje estaba fechado el 25 de febrero, 68 días después de su deportación.

“Ha sido un calvario cobrar este dinero. Con este retraso, ya había perdido la esperanza”, cuenta Monterroso.

Y, de hecho, muchos no lo cobran.

“Me engañaron”

Cada semana llegan a Guatemala unas 1.180 personas deportadas desde EE UU, en su mayoría desde Alexandría, en Luisiana. Muchas traen consigo esa hoja en la que firman su salida voluntaria y la promesa, a veces sólo verbal, de una compensación económica.

“En la cárcel no comes, no duermes, no te lavas. Es horrible. Para salir ahí firmarías cualquier cosa, más si sabes que casi nadie gana su caso”, cuenta Eric, deportado el 21 de marzo tras 18 años en Estados Unidos. “Por eso acepté cuando el agente de ICE me instó a firmar ofreciéndome 3.000 dólares”, agrega. Sin embargo, en el centro de detención de Alabama no recibió ninguna hoja de instrucción. “Me engañaron. ¿Cómo voy a cobrar ese dinero si no me dieron ni una cuenta ni una clave?”, dice.

Lo mismo les ocurrió a otros detenidos. “Sólo nos pidieron un número de teléfono, pero una semana después de ser expulsados no hemos recibido ningún mensaje”, cuenta Juan Gaspar desde una aldea cercana a Quetzaltenango.

En la cárcel no comes, no duermes, no te lavas. Es horrible. Para salir ahí firmarías cualquier cosa, más si sabes que casi nadie gana su caso

Eric, deportado guatemalteco

En los últimos meses, los deportados reportan que la cifra ofrecida para firmar la salida voluntaria ha variado entre 1.000 y 2.600 dólares, y a veces ha llegado hasta 3.000. Es el caso de Willy, de 19, que recibió esa promesa si firmaba su salida voluntaria mientras estaba en el centro Alligator Alcatraz, en Florida. “Intenté acceder a mi cuenta, pero la contraseña no funciona. De todas maneras, no me importa, yo solamente quería salir de ese infierno”, denuncia el joven, que no se quita de la cabeza el momento en que un anciano detenido se desmayó frente a él. “Creo que murió”, asegura.

Entre 2025 y comienzos de 2026, 44 personas han muerto bajo custodia de ICE, el número más alto de las últimas décadas, según Detention Watch Network (DWN), una red nacional que quiere abolir la detención de migrantes en el país.

“Algunos detenidos son forzados a firmar su salida voluntaria para cubrir casos de detenciones ilegales que podrían ser impugnados”, explica Carlos Valenzuela, abogado de inmigración en EE UU. “Se presenta el dinero como un incentivo, pero en la práctica es un mecanismo de presión psicológica para que renuncien a defender su caso”.

Valenzuela asegura haber visto sólo a un cliente cobrar el estipendio. “Lo más frustrante es que una vez firmada la salida voluntaria, pueden permanecer detenidos hasta tres meses antes de ser deportados”.

Otros reportan que los agentes de ICE les prometen que podrán regresar legalmente a EE UU. “Ese es el peor de los engaños”, añade el abogado. Quienes han permanecido más de un año en situación irregular se enfrentan una prohibición de entrada en el territorio de hasta 10 años.

¿Deportados o “autodeportados”?

Para impulsar a las personas a irse por sí solas, en marzo 2025, la administración Trump lanzó la llamada “autodeportación voluntaria” a través de la aplicación CBP Home. El programa permite a una persona extranjera que no goza de un estatus regular reportarse ante el ICE, recibir un billete de avión en un vuelo comercial y acceder a un bono que hoy asciende a 2.600 dólares, frente a los 1.000 ofrecidos inicialmente.

“No hemos acompañado a ninguna persona que haya aplicado a este programa y es poco probable que quienes hemos vivido 10 o 20 años en EE UU nos acerquemos al Gobierno y menos por tan poca cantidad”, afirma Esmeralda Flores, de Otros Dreams en Acción, que trabaja con la comunidad migrante de retorno. Esta organización mexicana también cuestiona el uso de la expresión “autodeportación”. “La deportación implica la presencia de una autoridad migratoria. Nadie puede autodeportarse”, señala Flores, considerando que el término busca culpabilizar a las personas.

Se presenta el dinero como un incentivo, pero en la práctica es un mecanismo de presión psicológica para que renuncien a defender su caso

Carlos Valenzuela, abogado

En el aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guatemala, aterrizan cada día una veintena de vuelos procedentes de EE UU. Algunos pasajeros regresan con numerosas maletas y la decisión de no volver a marcharse, pero es difícil encontrar a alguien que declare haber regresado a través de CBP Home. “Nadie se vende por 1.000 dólares”, dice un taxista que trabaja en el aeropuerto.

Graciela, de 19 años, lo confirma: “Mi abuela volvió después de siete años porque está enferma y cansada de estar en EE UU. Se pagó el boleto sola y no quiso este dinero de Trump. Además, todos dicen que no lo dan”.

Según los datos del Departamento de Estado de EE UU, casi dos millones de personas han salido del país a través de CBP Home desde enero 2025. Sin embargo, no hay información pública sobre cuántas logran cobrar el bono ni si la cifra incluye como “autodeportación” casos que en realidad son deportaciones. La ambigüedad aparece incluso en los documentos entregados por el ICE a algunos deportados, donde se lee: “Al salir voluntariamente bajo el programa CBP Home, usted puede recibir un estipendio”, afirmando que personas que se ven obligadas a firmar durante su detención se marchan de manera voluntaria. “Yo quería salir de la cárcel, no de EE UU” suspira Willy. “No tengo ni un cliente que, estando en libertad, haya utilizado CBP Home. Además, cobrar es complejo”, corrobora Valenzuela.

Según Flores, de Otros Dreams en Acción, esto es “parte de la estrategia de crueldad contra los migrantes. ”Al hacer el proceso difícil, saben que la mayoría se desanima y no cobran”, zanja.

Menos de un mes de trabajo

Cuatro meses después de su deportación, Monterroso ha abierto un taller mecánico en la aldea Amatón, en el departamento de Jutiapa. Lo hizo con sus ahorros y con el dinero de la venta de su furgoneta y sus pertenencias en EE UU. Ha pintado la fachada de amarillo y colocado como rótulo la llanta de un camión en la que se lee: “Pinchazo 24h”.

Con los 2.600 dólares de bonificación, piensa comprarse una lavadora y acondicionar el rincón del taller donde vive por ahora, a la espera de ahorrar el dinero suficiente para tener una casa propia. “En EE UU trabajaba como fontanero y ganaba 34 dólares la hora. Estos 2.600 dólares de ICE son menos de un mes de trabajo allá”, cuenta.

La diferencia económica pesa en los recuerdos de Andrés, aunque tampoco extraña del todo aquella vida. “Me levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar y por la noche regresaba a una casa compartida. Y al día siguiente lo mismo. Así es la vida del migrante: trabajas y ya”, resume.

Junto a la puerta de entrada del taller está la bolsa plástica blanca con su nombre y el número de identificación que le dio ICE en diciembre. Hoy sirve como papelera. “La creatividad del emprendedor”, dice, sonriendo..

Una niña de 10 años ha registrado el primer hallazgo documentado de un ajolote mexicano en estado silvestre en el Reino Unido, al encontrar al anfibio bajo un puente sobre el río Ogmore, en Gales. El animal, una especie en peligro crítico de extinción cuyo hábitat natural se limita a México, fue hallado con heridas visibles y se estima que su población mundial oscila entre 50 y 1.000 ejemplares, lo que convierte el avistamiento en un caso excepcional.

La niña, identificada como Evie Hill, se encontraba de campamento con su familia cerca del pueblo de Ogmore‑by‑Sea, en Bridgend, Gales, cuando vio un pequeño animal confinado entre las piedras de la orilla del río Ogmore, según detalló la BBC. El ejemplar, de coloración pálida y de unos 20 o 23 centímetros de longitud, presentaba lesiones en la cola y el vientre, lo que alertó a la menor y lo rescató del agua. Tras mostrárselo a sus padres, la familia decidió acortar el viaje y regresar a Leicester, a unos 250 kilómetros, para resguardarlo y tratar de establecer de dónde provenía el anfibio.

Veterinarios y especialistas señalan que se trata del primer registro verificado de un ajolote mexicano en estado salvaje en Reino Unido, es decir, fuera de acuarios o colecciones privadas. Chris Newman, director del Centro Nacional de ayuda a los reptiles (Reptile Rescue Centre), afirmó que no se habían documentado previamente avistamientos de ajolotes mexicanos silvestres ni en el país ni en otros ecosistemas europeos, y consideró que Hill probablemente salvó al animal de morir en un entorno hostil.

A miles de kilómetros de su hábitat

El ajolote (Ambystoma mexicanum) es endémico del Valle de México, ligado, en específico, a los sistemas lacustres y canales de Xochimilco, donde su población ha colapsado en las últimas décadas por la pérdida de humedales, la contaminación y la competencia con especies invasoras como la carpa. Diversos estudios y artículos del Gobierno mexicano e instituciones públicas detallan que la especie se encuentra en peligro de extinción, con una población residual en el entorno de Xochimilco que, según últimos censos, se estima en pocas decenas o cientos de ejemplares, cifra que se sumaría a otros pocos animales en condiciones silvestres o cercanas a la naturaleza en el resto del mundo.

La presencia de un ajolote mexicano en un río de Gales resulta un enigma. Los expertos descartan que haya llegado de forma natural, por lo que sospechan que fue liberado intencionadamente tras haber sido mantenido como mascota exótica, práctica cada vez más castigada en varios países por el riesgo que implica para especies amenazadas y para ecosistemas locales. La propia familia de Hill ha señalado que, aunque el animal fue rescatado y adoptado —lo bautizaron Dippy, en referencia al Dipping Bridge donde apareció—, las autoridades británicas están evaluando cómo proceder con un ejemplar tan escaso a nivel global, aunque por ahora han permitido que la niña que lo encontró lo conserve.

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