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San José, 29 sep (EFE).- Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se llevó para su destrucción 45 toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica durante los últimos meses, como parte de las acciones de cooperación contra el narcotráfico, informaron este martes las autoridades de ambos países.

El Ministerio Público costarricense detalló que el operativo se realizó en la Base 2 del Ministerio de Seguridad ubicada en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José, donde un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense partió con la carga de 45 toneladas de cocaína.

La droga, que podría superar en el mercado del narcotráfico los 1.000 millones de dólares, fue decomisada durante los últimos meses en diversos operativos conjuntos entre Costa Rica y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

La Fiscalía de Costa Rica aseguró en un comunicado que este traslado de droga “refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico” y afirmó que “cada tonelada que se incauta y se destruye es droga que no llega a las calles”.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, agradeció la cooperación antidrogas de Estados y declaró que “por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)” en Costa Rica.

Por su parte, la embajada estadounidense confirmó en sus redes sociales el envío por aire de las 45 toneladas de cocaína para su destrucción, que fue “incautada por Costa Rica con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles”.

“Una nueva era de cooperación en seguridad da resultados contra los carteles y hace de nuestro hemisferio un lugar más seguro”, apuntó.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

(c) Agencia EFE

Ciudad de México, 29 sep (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que siguen abiertas las investigaciones sobre posibles responsabilidades de antiguos altos funcionarios por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, uno de los casos emblemáticos de la crisis de violencia en el país, y aseguró que “nada está descartado”, aunque cualquier imputación deberá sustentarse en pruebas.

“Nada está descartado. O sea, si siguen las investigaciones, pero como siempre decimos, tiene que haber pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las pesquisas podrían alcanzar a otros altos funcionarios del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La gobernante mexicana puso como ejemplo al exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente procesado por su actuación en las investigaciones de la desaparición de los normalistas y por la construcción de la llamada “verdad histórica”, la versión presentada durante el Gobierno de Peña Nieto sobre lo ocurrido con los jóvenes.

“Murillo Karam fue detenido porque era evidente que había fabricado la verdad histórica, igual que otros funcionarios que están detenidos por esa causa”, afirmó.

La gobernante precisó que el proceso contra el exprocurador no deriva de una participación directa en la desaparición de los estudiantes, sino de haber “inventado o generado las condiciones de manera artificial para dar un resultado en la investigación”.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene procesados a antiguos funcionarios federales, integrantes del Ejército, policías y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por distintos delitos relacionados con el caso.

Las autoridades informaron el lunes que existen 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y que desde octubre de 2024 se han realizado 30 nuevas detenciones.

La presidenta recordó que al inicio de su Gobierno envió personalmente una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para solicitar su ayuda y gestionar la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, señalado por presuntas irregularidades en las primeras investigaciones del caso y quien permanece en ese país.

Sheinbaum explicó que Herzog respondió que había planteado el asunto al Poder Judicial israelí, pero que la decisión quedaba fuera de su ámbito de actuación.

“Ahí la Fiscalía es quien está con el Poder Judicial de Israel para poder seguir presionando para que regrese, para que lo envíen”, señaló.

Las familias de los estudiantes han reclamado reiteradamente la extradición de Zerón y de otros prófugos localizados en el extranjero. Las solicitudes de extradición continúan entre los asuntos pendientes de la investigación.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren un día después de que la FGR y la Secretaría de Gobernación presentaran nuevas líneas de investigación derivadas del reanálisis de registros telefónicos y documentos acumulados durante los doce años transcurridos desde la desaparición de los estudiantes.

A doce años de los hechos, las autoridades mexicanas todavía no han esclarecido qué ocurrió con los 43 normalistas y únicamente han identificado los restos de tres de ellos.

(c) Agencia EFE

Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este martes que aún no existen conclusiones sobre las causas de la muerte de cinco recién nacidos en un hospital del estado mexicano de Durango (norte), ocurridas a mediados de septiembre, y confirmó que mantiene abiertas investigaciones médicas, legales y laborales sobre el caso.

“La investigación médica sigue en marcha y también la investigación legal. No se pueden adelantar conclusiones”, afirmó el director general del IMSS, Zoé Robledo, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario se refirió a los cinco bebés que murieron el pasado 21 de septiembre mientras eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de Durango, un caso que el organismo comenzó a investigar tras detectar una bacteria en esa área.

Robledo señaló que, además de las médicas y legales, “se están haciendo investigaciones también desde el área laboral” y aseguró que el organismo espera contar “pronto” con resultados, aunque no detalló qué aspectos se indagan en estas dos últimas vertientes ni cuándo podrían concluir las pesquisas.

El pasado 21 de septiembre, el IMSS informó que realizaba una revisión clínica y epidemiológica integral de los fallecimientos, registrados según reportes locales entre los días 15 y 19 de ese mes.

Durante la vigilancia epidemiológica, el organismo detectó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, aunque advirtió entonces que su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos”.

El instituto tampoco precisó públicamente qué bacteria fue localizada ni si estaba presente en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que hasta ahora no ha establecido una causa común de las muertes.

Tras los decesos, el Seguro Social adoptó medidas de contención que incluyeron el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos a la unidad neonatal y labores exhaustivas de limpieza y desinfección.

También inició la vigilancia de contactos y cultivos de seguimiento, que hasta el corte del 20 de septiembre habían resultado negativos, sin que se hubieran identificado nuevos pacientes sospechosos.

Robledo expresó este martes nuevamente su solidaridad con las familias y explicó que acordó con los padres de los bebés comunicarles directamente cualquier avance de las investigaciones antes de hacerlo público.

“(Acordaron que) cualquier hallazgo nuevo sea informado a ellos de manera prioritaria y antes que a los medios de comunicación. Así nos lo solicitaron ellos y eso lo vamos a respetar”, concluyó.

(c) Agencia EFE

Miami (EE.UU.), 29 sep (EFE).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, indicó este martes que Latinoamérica tiene una brecha de 630.000 millones de dólares en inversiones de transporte y una necesidad de invertir 1,3 % del producto interior bruto (PIB) regional “todos los años”.

El BID inauguró hoy en Miami el evento ‘LAC Transport Forum 2026’ en el que 17 países de la región y líderes del sector privado presentaron más de 110 proyectos de inversión en transporte por más de 65.000 millones para los próximos 18 meses, según expuso Goldfajn en un encuentro con medios.

“Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35 % los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen”, explicó.

Para acelerar la inversión, el foro presentó una de “las mayores rondas de reuniones entre gobiernos y empresas”, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

Los proyectos incluyen obra pública y “para competitividad”, como carreteras, puertos y aeropuertos, además de transporte en las ciudades, como el urbano, y “grandes proyectos”, como metro, trenes suburbanos y de pasajeros, detalló Tomás Serebrisky, gerente del sector de Infraestructura y Energía del BID.

El reto de las licitaciones

Goldfajn enunció como principales preocupaciones que expresa el sector privado que “a veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, las licitaciones llevan mucho tiempo”, y que “a veces no sienten que hay competición”, o “a veces piensan que hay conflicto de interés”.

En este contexto, el Grupo BID lanzó la plataforma regional Transport Delivers, para “mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión”, e implementar reformas de la iniciativa Procure+ del banco en proyectos de infraestructura, para generar inversiones más eficientes y de mayor impacto.

El BID, señaló Goldfajn, busca que el sector público dé “todas las condiciones para invertir”, como “reglas claras, procesos licitatorios transparentes, buenas reglas” y priorizar proyectos sostenibles con mayor valor en “el medio y largo plazo”.

Miami, nuevo punto central del BID

El banco de desarrollo organizó el foro, junto con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), en Miami, donde este martes presentó como nuevo jefe de la oficina recién inaugurada en la ciudad a Marc Lopes, quien ya había sido director ejecutivo para Estados Unidos del BID.

“Lo hacemos acá en Miami porque pensamos que Miami es un centro que nos facilita el papel de puente entre la región y los inversionistas y por eso inauguramos nuestra oficina acá”, argumentó Goldfajn.

(c) Agencia EFE