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El orden de los sucesos que componen la historia del juez Sergio Sigales Obrador Garrido es el núcleo para entenderla. Sin embargo, el origen es difuso. ¿Empieza el 19 de octubre de 2025, en la última guardia del juez, cuando decide no imponer prisión preventiva a José Alfredo N por portación de arma de fuego? ¿O el 3 de noviembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce en la Mañanera que mandó un escrito al Tribunal de Disciplina para que investigaran a Sigales? Quizás es antes, con las quejas de la Fiscalía de Colima en 2022 porque había disminuido la condena de seis primodelincuentes que habían aceptado un procedimiento abreviado o en los cinco años que inaplicó de forma tozuda la polémica prisión preventiva oficiosa. En medio, aparece la fecha del asesinato de una alcaldesa en Colima, una queja del exsecretario de Marina y, sobre todo, la apresurada construcción del Tribunal de Disciplina, el que iba a ser el órgano estrella de la reforma judicial.

En la fotografía actual, Sergio Sigales es un hombre de 58 años, con una carrera judicial de 25, que fue durante cinco años y un mes juez federal en Colima, y que se convirtió, el 31 de octubre de 2025, en el primer suspendido por el Tribunal de Disciplina. Su caso, en el órgano que justamente debe vigilar los procesos y los plazos, ha estado plagado de tiempos que no se cumplen, de comisiones que ejecutan acciones distintas para las que se crearon, oficios con fechas y firmas que no cuadran, y sobre todo, bajo la sombra de la que fue la principal crítica a la reforma: la sumisión de los órganos judiciales al poder de Palacio Nacional.

Sigales, en una entrevista con EL PAÍS en Ciudad de México, afirma: “Mi caso es político. Es una cuestión que está vinculada con mis criterios judiciales y particularmente con la política de seguridad de Colima”. A las preguntas de este periódico, el Tribunal de Disciplina ha pedido esperar a la sesión de este martes cuando discutirá la Comisión sobre el caso del juez Sigales.

José Alfredo y la prisión preventiva oficiosa

Hace justo un año, la situación dentro del poder judicial federal era caótica. Habían entrado de un plumazo cientos de juzgadores elegidos en las urnas unos meses antes, el antiguo Consejo de la Judicatura Federal se había partido en dos y se había creado un nuevo órgano que prácticamente no tenía personal ni acuerdos de funcionamiento ni medios y que debía vigilar que todo lo que pudiera salir mal de la reforma saliera bien. El Tribunal de Disciplina estuvo inoperante durante semanas.

Lejos de Ciudad de México, en esas fechas, el 14 de octubre de 2025, asesinaron en Colima a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, la priista Gabriela Mejía. La gobernadora de Morena en el Estado, Indira Vizcaíno, prometió “una investigación exhaustiva” del homicidio. El 19 de octubre de 2025, el juez de control Sergio Sigales tuvo la que no sabía que sería su última guardia en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima. Ahí llegó ese día un imputado por posesión de drogas y de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, José Alfredo N.

Sigales llevaba ya entonces cinco años sin imponer prisión preventiva oficiosa, la medida que el Gobierno había definido como troncal para luchar contra la inseguridad y por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sancionado a México y le había exigido retirarla. Este tipo de prisión —que implica enviar automáticamente a los acusados de una serie de delitos a prisión sin valorar si existe riesgo de fuga o de daño— está recogida en la Constitución, por lo que el gremio judicial estaba dividido entre la Carta Magna y la instancia internacional vinculante. El juez Sigales era de la segunda corriente.

Así, cuando llegó José Alfredo, Sigales decidió vincularlo a proceso y ponerle como medida cautelar firmar en el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir de Colima. “Los hechos estaban muy flojos pero suficientes para vincularlo a proceso y controlarle legal la detención”, relata el juez, que añade que el imputado cumplió con ambos requisitos: “Cuando los acusados no tenían arraigo, yo los dejaba en prisión justificada, pero él es vulcanizador ahí en Cuauhtémoc y sí cumplió”. En el radiopasillo del centro judicial se rumoreó entonces que José Alfredo estaba vinculado con el asesinato de la alcaldesa y que la gobernadora Vizcaíno estaba “furiosa” de que no hubiera ido a prisión. José Alfredo no llegó frente al juez de control por homicidio, que es un delito del fuero común, ni por ninguna causa relacionada con ese crimen.

Una cronología

El 29 de octubre de 2025 se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina, presidida por el magistrado Bernardo Bátiz. Un día después convocaron a una sesión extraordinaria en la que se decidió que Sergio Sigales debía ser suspendido de forma inmediata. “No sabemos por qué decidieron que el asunto de Sergio tenía que ser el primero que se discutiera en la historia del Tribunal de Disciplina Judicial. Además para sesionar extraordinariamente, se tienen que dar con 24 horas de anticipación y por escrito por qué ese asunto se tiene que discutir de manera extraordinaria. Eso no existe. No está en el expediente, no obra en ningún lado”, apunta Arturo Guerrero, abogado del juez Sigales.

Además, señala el defensor, la Comisión de Investigación que suspendió a Sigales solo puede investigar y “solicitar la adopción de medidas cautelares” a la Comisión de Disciplina o al pleno, que son los únicos que pueden sancionar, según el Acuerdo General del funcionamiento del Tribunal. En ese momento, la Comisión de Disciplina ni siquiera estaba formalmente constituida.

El 31 de octubre en la mañana, unas horas antes de entrar a su guardia, Sigales recibió una llamada de un integrante del Tribunal. Le estaban esperando en su oficia. “Él ya me dijo: ‘Saca tus cosas, entrega el teléfono, tu oficina, fírmale aquí. También me dijo: ‘Defiéndete”, relata el juzgador: “Yo no la vi venir. Me quebré”. Ahí Sigales se enteró que estaba suspendido por un expediente de quejas de 2022, en el que la Fiscalía de Colima le había reclamado por haber disminuido la condena a seis personas de procedimiento abreviado.

En sus cinco años como juez, Sigales resolvió 240 casos de procedimiento abreviado, esto es cuando los imputados aceptan que son culpables a cambio de una pena menor. Entre 2022 y 2023, el juez disminuyó el tiempo en prisión para algunos acusados de delitos de posesión de drogas. “Lo hice porque estaba en juego su libertad. No tenían antecedentes y eso conforme al acuerdo general de la Fiscalía ameritaba una mayor reducción”, relata.

La diferencia solía ser de un poco más de cuatro años a tres años y cuatro meses, porque en el segundo escenario podían optar a libertad condicional. Esta reducción era, para el juez, conforme a lo que se había resuelto ya antes y también a las recomendaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.La Fiscalía de Colima reclamó. En algunos casos los tribunales superiores le dieron la razón al juez Sigales, pero en cuatro de ellos revocaron su decisión. A partir de enero 2023, no volvió a tener ningún caso en el que disminuyera la pena en el procedimiento abreviado.

El 2 de noviembre, el Tribunal de Disciplina sacó un comunicado en el que resaltaba “el primer caso resuelto” de la Comisión de Investigación. Señalaba que el juez de Colima había incurrido en “faltas graves”, con una “conducta reiterada y sistemática” de “reducir las penas acordadas y conceder beneficios de libertad condicional”. La suspensión provisional, decía el comunicado, era para evitar “la destrucción de pruebas”. El expediente de quejas contra Sigales había estado dos años dormido en un cajón.

El 3 de noviembre, Claudia Sheinbaum en una pregunta sobre seguridad habló también del juez Sigales: “En Colima, hace tres días, subieron los homicidios y le preguntamos en el Gabinete, al almirante secretario: ‘Oiga, ¿por qué, si Colima ya había bajado bastante, ahora…?’. ‘No, pues es que dejaron salir a un delincuente, un juez’. Entonces, se le envió una carta al Tribunal de Disciplina Judicial diciendo: ‘Ocurrió esto’. De inmediato hicieron su investigación y están por sancionar al juez, en caso de que haya sido esta la situación”.

Esta declaración de la presidenta es interpretada por la defensa de Sigales como una “injerencia”, un ataque a la independencia judicial y como el ejemplo de los males que los críticos de la reforma judicial auguraban: la sumisión de los elegidos por las urnas al poder presidencial. “Cuando escuché a la presidente me sentí condenado”, apunta el juzgador: “Pensé que mi carrera había acabado”.

Los plazos

Desde que empezó a defenderse, Sigales ha visto cómo el Tribunal de Disciplina incumplía constantemente sus propios plazos. Así, a su escrito del 10 de noviembre donde se inconformó con ser suspendido, el Tribunal tenía que contestar en cinco días, pero tardó más de tres meses. Ni siquiera lo resolvió en la audiencia de su caso el 12 de febrero ante la Comisión de Disciplina.

“El 17 de febrero señalamos las irregularidades, que todo ese tiempo ha estado suspendido por una comisión que ni siquiera tiene facultades y que se excedió por mucho el plazo”, relata Arturo Guerrero. El 2 de marzo el Tribunal contestó que “la manifestaciones formuladas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno”. Y el 19 de marzo, les notificaron que la suspensión se confirmó con fecha del 10 de febrero, pero con firmas del 13 de marzo.

En este tiempo que Sigales ha estado suspendido (en los que ha vendido hasta estampitas del Mundial) también se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses sin que se hubiera aprobado una prórroga. “Esto lo ha hecho el órgano garante de velar por los plazos y por el cumplimiento a la legalidad”, critica Guerrero. La Comisión de Disciplina sesionó en tres ocasiones en septiembre, pero los magistrados no llegaran a una decisión sobre su caso. Este martes es la próxima fecha.

Antes de que se conozca la resolución, Sigales reconoce: “Yo tenía la esperanza de que con los argumentos y pruebas que teníamos me levantaran la suspensión y regresara yo a mis funciones. Tengo la razón, actué conforme a la legalidad, hay jurisprudencia. Creo que estoy ante una injusticia de las que yo he combatido como juez, a las que yo me he opuesto como juzgador y a las que me opondría nuevamente. Yo no soy sumiso de ningún Gobierno”.

La tesis de las funerarias se impone como realidad para los investigadores en el caso Ayotzinapa, con alguna aventura en escenarios conocidos, como la instalación de Barandilla, de la policía de Iguala, lugar del ataque, o la gigantesca telaraña de comunicaciones de la red de posibles perpetradores, además del destino de los celulares de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. En el informe que han presentado este lunes, los encargados de la investigación, Arturo Medina y Mauricio Pazarán, han dado cuenta de las novedades en estos rubros, importantes, sin duda, pero pequeños, si se tiene en cuenta el objetivo: saber qué fue de los muchachos y dónde quedaron.

Ocurrido hace 12 años, las familias de los 43 exigen al Gobierno que asuma las tareas pendientes en la investigación por el ataque, todas, incluso las que apuntan al mundo castrense. Concluido el periodo de gracia que dieron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, los reclamos de ahora evocan los de los últimos meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por los famosos papeles del Ejército. Las familias y sus abogados exigen la entrega de poco más de 850 documentos de inteligencia militar, que podrían contener información del destino de los muchachos, atacados por una maraña de criminales y policías, ante los ojos negligentes, pasivos o ignorantes del resto del aparato del Estado.

Siguen faltando 43, desaparecidos desde el día del ataque, 26 de septiembre de 2014. En estos años, solo han aparecido restos de tres, en condiciones, además, difíciles de explicar. Los restos del primero aparecieron en un río, semanas después del ataque, colofón —la aparición— al relato de lo ocurrido que dio entonces el Gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). La banda criminal Guerreros Unidos y algunos policías locales habían atacado a los muchachos, confundidos con otro grupo criminal; los mataron, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron los restos a un río. Ahí aparecieron los primeros restos, pertenecientes en vida al normalista Alexander Mora.

Los equipos de investigación independientes denunciaron un montaje, reclamo que hizo suyo el Gobierno de López Obrador. El mandatario tabasqueño convirtió la resolución del caso en su promesa insignia, pero fracasó. Durante su mandato, los investigadores encontraron restos de otros dos de los 43, Christian Rodríguez y Jhosivanni Guerrero. Fue seis años más tarde de la aparición de los de Mora, a cientos de metros del río donde se ubicaron aquellos. En todo este tiempo, nadie ha podido contestar a la pregunta de cómo llegaron unos y otros a los distintos parajes donde las autoridades los rescataron. López Obrador y sus equipos de investigación nunca manejaron una teoría del caso. Al menos, nunca con la contundencia de sus predecesores.

Y mientras tanto, el Ejército entraba en escena. En octubre de 2021, la comisión de investigación que creó López Obrador liberó dos documentos de inteligencia castrense, que recogían la intercepción de dos comunicaciones telefónicas a cuatro integrantes de las redes criminales de Iguala. La primera, del mismo 26 de septiembre de 2014, recogía un intercambio entre uno de los mandos de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, alias Gil, supuestamente Gildardo López Astudillo. En el intercambio, el policía le decía a Gil que le mandaba “17 detenidos” a la “Brecha de Lobos”, un paraje de Iguala. Y que tenían “a 17 todavía en la cueva”, supuestamente una instalación de la policía municipal, conocida como Barandilla.

La segunda intercepción es del 4 de octubre de 2014 y recoge un intercambio entre otro de los cabecillas de Guerreros Unidos, Cholo Palacios, detenido durante la actual administración, y un policía de Tepecoacuilco, municipio vecino de Iguala. Los dos hablaban de alias Gil, de que alguien, supuestamente alguna autoridad, “le había pedido línea”, y que “soltara aunque fuera 10, como estuvieran, para calmar un poco”. Por algún motivo, el Ejército nunca liberó esta información en las semanas posteriores al ataque. Y solo siete años después de los hechos, la comisión la encontró y la hizo pública.

Otro de los grupos de investigadores, el GIEI, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había comisionado a México para seguir el caso, se dio a la tarea de revisar todos los archivos militares, abiertos ante el mandato de López Obrador. Encontraron algunas pistas, pero ninguna del tamaño de las de 2021. Igual, señalaron que, de acuerdo al catálogo del Ejército, faltaban más de 850 documentos. El Ejército contestó que no tenían más. El GIEI y las familias insistieron y López Obrador dijo basta. Ese reclamo sigue hasta hoy, no se ha resuelto y ha provocado los balbuceos de Medina ante las preguntas de la prensa. Medina ha dicho que Sheinbaum volvió a pedir que se hiciera una búsqueda, de resultado igual de infructuoso que las anteriores.

El enfado con la Secretaría de la Defensa es mayúsculo, las sospechas amplias y variadas. Su incapacidad para encontrar los papeles exigidos coincidía con un descubrimiento capital en los años de López Obrador. Gracias a la mediación del mandatario, el país conocía el contenido de otras intercepciones telefónicas, estas realizadas por la DEA a parte de la estructura de Guerreros Unidos, en el mismo año del ataque, 2014, cuyos negocios incluían el trasiego de heroína a Chicago, vía Iguala. Enviados a México por orden de la entonces vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, los mensajes interceptados mostraban la cercanía de militares de la región de Iguala con Guerreros Unidos.

Si la exigencia de los papeles faltantes concluyó con un cerrojazo de López Obrador, que aceptó la versión castrense de la inexistencia, los mensajes de la DEA provocaron un terremoto formidable. La Fiscalía ordenó detener a una veintena de militares, generales incluidos, por su cercanía a Guerreros Unidos, órdenes de captura que luego desvirtuó y más tarde volvió a pedir, proceso que se llevó por delante al fiscal especial y, más tarde, al presidente de la comisión. Actualmente, hay 16 militares procesados por delitos directa o indirectamente relacionados con el caso Ayotzinapa. La sospecha de que el Ejército supo más del ataque contra los muchachos arrecia y no parece que la situación vaya a cambiar.

En ese contexto, Pazarán ha dado detalles de la hipótesis que más fuerza ha cobrado durante su administración y la de Medina, la de las pompas fúnebres. Comunicaciones de los dueños de un emporio funerario de Iguala, la familia Rueda, con Guerreros Unidos, en la época del ataque, les invita a pensar que quizá los muchachos, o una parte, acabaron en los crematorios de sus funerarias. Declaraciones de testigos, sobre todo alias Neto, parte del engranaje medio bajo de Guerreros Unidos, apuntalan la teoría, según ellos. Neto declaró que llevó cuerpos a una funeraria de los Rueda, todos, padre, madre, hija e hijo, ya detenidos. Allí supuestamente los quemaron.

Hay un problema, y es que la funeraria que señaló Neto, llamada El Ángel, no contaba con crematorio en la época del ataque. Preguntado al respecto, Pazarán ha explicado que Neto solo había declarado que había llevado los restos allí. No lo ha dicho, pero el fiscal sugería que quizá alguien trasladó los restos que llevaron Neto y sus compinches a otro lado, donde sí los quemaron. En la época del ataque, los Rueda manejaban un crematorio a 300 metros de donde Neto dice que habría llevado los restos de los muchachos. De momento, no hay pruebas de que esto ocurriera, más allá de los dichos del testigo y las comunicaciones de funerarios y criminales, intensas la noche de los hechos, según ha explicado el fiscal.

En todos estos años, al menos desde 2018, es la primera vez que los investigadores se inclinan con tanta claridad por una hipótesis sobre el destino de los 43. Nunca en los años de López Obrador ocurrió algo así, salvo el bochornoso episodio en que su comisión presentó un informe con capturas de pantalla con mensajes apócrifos, en que criminales, militares y demás actores del ataque platicaban de lo ocurrido. Ahora, la tesis de las funerarias se mantiene y ha mandado de momento a ocho personas a la cárcel.

La veta investigativa de las líneas y aparatos telefónicos avanza igualmente con languidez. Pazarán ha explicado que el “reanálisis” de las llamadas de los actores implicados ha permitido identificar a “17 nuevos sujetos de investigación” y otros tantos “patrones que no habían sido explorados”. Uno de esos patrones es la sorprendente relación entre el aparato de uno de los normalistas asesinados aquella noche, Julio César Mondragón, y el dueño del emporio funerario indicado, Rodolfo Rueda. Según Pazarán, Rueda usó el teléfono de la víctima tras el ataque. El fiscal no ha dicho cuándo ni durante cuánto tiempo. Los abogados de las familias dudan de este dato y se sorprenden de que no se hubiera descubierto hasta ahora.

Del resto, los investigadores han señalado que al menos otros tres aparatos de los 43, los de Antonio Tizapa, Jorge Cruz e Israel Caballero, acabaron en manos de policías estatales o municipales de Iguala. El del primero acabó en manos de la esposa de Marco Mosso, entonces policía estatal y luego director de tránsito de Iguala, ahora detenido; el del segundo, en manos de un policía municipal, “que estuvo activo la noche de la desaparición”; y el tercero, en manos de un “servidor público municipal” de Iguala, que en la noche de los hechos estuvo “adscrito a la Barandilla”, la instalación de la policía municipal. Durante años, se sospechó que parte de los muchachos, desaparecidos principalmente por policías municipales de dos autobuses, en dos escenarios distintos de Iguala, habían pasado por Barandilla. En los años de López Obrador, esto quedó probado, aspecto que señalaba, de nuevo, entre otros actores, a militares, que primero negaron haber pasado por allí y luego lo reconocieron.

Aunque la información es copiosa y el trabajo continúa —gracias en buena parte a la constancia de las familias— el avance es relativamente escaso. Las pesquisas acumulan cinco millones de hojas en 3.000 tomos, un asunto inmanejable. Solo su organización, revisión y digitalización ocupa a parte de los equipos de trabajo estos días. Pero lo cierto es que no ha habido hallazgos nuevos de restos óseos desde 2021. No hay teorías probadas del motivo del ataque, aunque sí varias hipótesis. No hay noticias del destino de los muchachos desde 2014, ni luz sobre el alcance de la conspiración que acabó en su desaparición, aunque sí una buena cantidad de funcionarios procesados, entre ellos un exfiscal general, un exgobernador y decenas de policías. La pregunta es la de siempre: ¿qué les pasó a los 43?