Una jueza federal ha reprogramado este lunes la audiencia contra Joaquín Guzmán López, hijo del líder histórico del Cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, al 31 de agosto. La minuta de la magistrada no detalla las razones del cambio de la comparecencia, que debía celebrarse el 1 de junio. Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Illinois, donde también confesó haber secuestrado a Ismael El Mayo Zambada, exsocio de su padre, para entregarlo a las autoridades estadounidenses en julio de 2024. Ese movimiento supuso también su rendición ante Washington.
Guzmán López se convirtió en el segundo familiar del clan Guzmán en colaborar con las autoridades estadounidenses, apenas cinco meses después de que lo hiciera su hermano pequeño Ovidio, que admitió haber participado en el crimen organizado. Ambos descendientes del Chapo, parte de la cúpula de la facción de Los Chapitos, se declararon culpables ante la jueza Sharon Johnson Coleman, misma que este lunes ha reprogramado la audiencia de Guzmán López.
La entrega a las autoridades de Estados Unidos del Mayo por parte de Guzmán López en El Paso, Texas, despertó el caos en el interior del Cartel de Sinaloa. Desde esa fecha, las facciones de Los Chapitos y Los Mayos han entrado en una violenta guerra en el Estado sinaloense, convirtiendo la capital del territorio, Culiacán, en el escenario principal del conflicto.
El propio Mayo denunció su secuestro en una carta difundida poco después de entrar en prisión. En ella aseguraba que el 25 de julio de 2024 se reuniría en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Cuén y con Guzmán López. Esa noche el cuerpo de Cuén apareció ensangrentado en una gasolinera de Culiacán, pero el Mayo aseguraba que el exrector fue asesinado en la finca, un apunte que echaba por tierra la versión de la Fiscalía General de la República, que entonces mantenía que lo mataron unos individuos en moto con el objetivo de robarle la camioneta.
Rocha Moya pidió licencia temporal hace un par de semanas, después de que la justicia estadounidense le acusara a él y a otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos. El Gobierno mexicano ha rechazado esos señalamientos, que ha tildado de ataques políticos, al asegurar que las acusaciones no cuentan con pruebas contundentes. Por el momento, dos de esos funcionarios señalados se han entregado a la justicia de Estados Unidos: el exsecretario de Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz y el de Seguridad Gerardo Mérida.
La facción de Los Chapitos, de acuerdo con Washington, ha logrado en la última década controlar parte del mercado de sustancias como el fentanilo, una de las drogas más señaladas por el Gobierno de Donald Trump, que en diciembre la clasificó como un “arma de destrucción masiva”. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información de Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo prófugo de la justicia y también uno de los grandes objetivos del vecino al norte de la frontera.
La Cuarta Transformación (4T) tuvo su origen y legitimidad en la pretensión de renovar la moral pública. A partir de los esfuerzos personales de su fundador, se fue estableciendo la idea de que tanto él mismo como todo aquello que proponía o representaba, estaba dotado de una calidad inherente a la decencia, la frugalidad, la humildad y un auténtico interés por los pobres. Las imágenes del hombre que caminaba descalzo, del departamento sin pretensiones, la narrativa de sacrificio en pro de los otros o la inicial modestia en el vestir, ayudaron a consolidar las auras de rectitud de López Obrador y de ética de su movimiento.
A diferencia de otros procesos de redención, el de López Obrador estuvo encaminado desde siempre a la obtención, ejercicio y mantenimiento del poder político —en especial, al de la presidencia de la República—. Fuera por profundas y antiguas condiciones, por un inicial afán de empatía o por más recientes heridas; la prédica moral se transformó en criterio de clasificación y diferenciación de seguidores y simpatizantes frente a críticos y adversarios. La totalidad de lo correcto, valioso y desinteresado se postuló y reservó para los propios; y lo vil, egoísta e inmoral fue adjudicado, sin más, a todos los ajenos.
A la transformación del hombre en movimiento, y del movimiento en partido, siguió la ocupación de cargos públicos y la desaparición de entidades que estorbaban. El servicio público mutó en reumático elefante, las capacidades en lealtades unipersonales y el derecho a fórmula hueca.
Las promesas de transformación quisieron hacerse descansar en la vieja dialéctica nacionalista revolucionaria. La 4T era la necesaria etapa superior de los prolongados esfuerzos del pueblo mexicano para alcanzar, ahora sí, su natural destino. De un camino que comenzó con la lucha para independizarnos de los dominadores españoles, reformar los fueros y los privilegios, así como avanzar revolucionariamente contra el poder omnímodo del dictador y sus oligarquías. López Obrador se presentó como aquel que, y por fin, podría alcanzar una cuarta etapa de transformación para que el pueblo de México arribara al destino al que, por su cultura, geografía, raíces y luchas, no solo tenía derecho, sino que estaba destinado.
El fundamento del hombre, del movimiento, del partido y del Gobierno fue la tan ansiada —y muy necesaria— decencia pública. La capacidad de mantenerse al margen de las tentaciones que los poderes políticos, capitalistas o religiosos, habían impuesto en nuestra historia nacional sobre hombres menores, más allá de los cargos públicos y privados que hubieren desempeñado.
La moral pública expresada como honestidad valiente o purificación de la vida nacional pretendió hacerse excepcionalidad mexicana. El humanismo de esta fuente fue blasón de discurso y arma contra los distintos.
Los años pasaron y el verbo se hizo cargo. La realidad de las desigualdades, los intereses, las cortesanías y todos los males endémicos al poder continuaron. En las confusiones, los errores y las omisiones, el estandarte de la moralidad seguía siendo, prácticamente, el único discurso posible. Las ineficacias, las críticas, los problemas o todo aquello que constituyera la más mínima adversidad, pretendía ser disuelta por la calidad moral de quien encabezaba a la transformación.
Hoy día brotan desde diversas fuentes, graves muestras sobre lo mal que se condujo la moral pública en esos años de pretendida transformación. Las pruebas judiciales tardarán en llegar tanto como los correspondientes procesos. Sin embargo, los señalamientos fundados —y de un modo distinto probados—, muestran que, bajo la honestidad llamada en su momento valiente, bajo las declaraciones de pureza o las apelaciones a un humanismo propio, se desarrolló un complejo, profundo y extendido sistema de corrupción de la vida nacional. Que mientras el transformador se decía a sí mismo y nos espetaba a todos los demás cuán profunda era su convicción ética, cuán extendido era su control sobre la República, así como cuán limpio y purificado era todo aquello que él decía, tocaba o investía, la realidad se estaba pudriendo desde distintos puntos y por diversas causas.
El fundamento moral de la 4T ya está roto. No hay nada que el propio movimiento, hecho, Gobierno o partido, pueda hacer para salvarse a sí mismo —menos para dotar al país no ya de una necesaria moral pública, sino siquiera de las condiciones para iniciar el establecimiento de esta—.
Por la manera en la que la 4T se hizo régimen, la superación de los males administrativos, políticos, judiciales, delictivos y culturales que ha generado no puede pasar por la mera renovación de los titulares de los cargos públicos. La pretensión totalizante de su creador, sumada a las implementaciones logradas por sus muchas correas de transmisión, han alcanzado niveles de incorporación que no pueden revertirse con la mera sustitución de senadores, diputados o, inclusive, de la presidencia de la República. Hay que plantearse el problema en términos de una nueva transformación, en la cronología nacional, como la quinta etapa de nuestro devenir.
Este momento no puede limitarse, una vez más, a la asignación de atributos cuasi mágicos a una sola persona. Tampoco puede pretender que todo deba ser como antes ni desconocer lo mucho que de indebido existía antes del inicio de la Cuarta Transformación. Pensar en la Quinta Transformación debe ser un ejercicio de generosidad e integración. No es posible pensar que todo lo que estamos viviendo debe reducirse a contradecir a la 4T. Una cosa es estar en contra de los excesos que a nombre de ese autodenominado proceso de transformación se cometieron y, otra muy distinta, es suponer que la sola superación de estos y el eventual castigo a sus perpetradores será suficiente para reconstituir a nuestra muy golpeada nación. Tenemos que hablar de la Quinta Transformación.
Durante 16 meses, Carmen Teresa Navas recorrió las cárceles de Venezuela buscando a su hijo. Tenía 82 años, una elegancia discreta —el cabello grisáceo recogido en un moño, sus pendientes dorados, las preciosas chaquetas coloridas como de otra época— y una sola pregunta que la levantaba cada mañana: ¿Dónde está mi hijo? La brutal respuesta le llegó hace diez días. Su hijo, Víctor Hugo Quero, llevaba nueve meses muerto y sepultado sin que nadie se lo dijera. La revelación sacudió al país. Pero doña Carmen no sobrevivió al hallazgo: alcanzó a enterrarlo en un lugar elegido por ella, acudió a una misa en su honor y, antes de poder señalar a los responsables, se apagó. Murió este domingo sin conocer toda la verdad.
La tragedia comenzó el 1 de enero de 2025, cuando Quero, un vendedor informal de ropa de 51 años, se dirigía con una caja de bombones a felicitar a su madre el Año Nuevo. Fue detenido por la contrainteligencia militar y el Estado lo mantuvo incomunicado, imputado por terrorismo, negando sistemáticamente información sobre su paradero, incluso cuando ya había muerto. Doña Carmen —asmática, pensionista, con el dinero justo para pagarse el autobús— lo buscó sin tregua por cárceles y sedes militares sin obtener respuesta. Nadie le decía nada. Quero falleció el 24 de julio de 2025 en un hospital militar, adonde había sido trasladado desde prisión con una hemorragia digestiva. Fue enterrado seis días después sin que nadie —de nuevo— se lo notificara a su familia. Su tumba tiene por lápida una hoja de papel con una fecha de muerte distinta a la oficial.
Con el cuerpo bajo tierra, las mismas autoridades que le decían que su hijo no estaba en esa u otra prisión un día le dijeron que estaba vivo en la cárcel del Rodeo I. Ya este año, cuando doña Carmen solicitó la amnistía para su hijo, se la negaron. El terrorismo del que le acusaban no estaba dentro de los supuestos. El Ministerio de Servicios Penitenciarios no informó de su muerte hasta nueve meses después, hace solo unas semanas, cuando doña Carmen había logrado que su historia volviese a ocupar titulares. El organismo justificó su silencio afirmando que Quero no había proporcionado datos de ningún familiar y que sus familiares tampoco habían acudido a la prisión para solicitar visita formal.
Carmen Navas en una protesta en Miami, el 8 de mayo de 2026.Cortesía (EFE)
Quien confirmó la muerte fue la periodista Maryorin Méndez, que ha seguido de cerca la odisea de doña Carmen. Méndez contó que el viernes 15 de mayo, en la misa en honor a su hijo, Carmen dijo que se sentía muy bien y tranquila, pero que se fue debilitando. “Lo último que me dijo es que sentía un dolor muy grande, que nadie lo entiende, y así se fue apagando”, contó en una entrevista radiofónica. La noticia corrió como la pólvora y llenó las redes de mensajes de dolor. La pérdida despertó, dentro y fuera del país, sentimientos de injusticia y frustración. Y después la pregunta inevitable sobre quién la relevará en la búsqueda de justicia.
En la cadena de responsabilidad que llevó a la muerte de Quero y su ocultamiento, hay cargos y nombres concretos, que no han dicho una palabra sobre el caso: el fiscal al que se le asignó el expediente, el juez que llevó la etapa preliminar, el ministro de Servicios Penitenciarios, el exfiscal general y el exdefensor del pueblo. Todos, por acción u omisión, contribuyeron al desenlace y a la mentira en la que vivió doña Carmen tantos meses. Organizaciones de derechos humanos lo califican como una “cadena de complicidad” y la ONG Provea asegura que “las desapariciones forzadas han sido una política de Estado”.
La historia de doña Carmen y su hijo quizá habría permanecido sepultada por el silencio y la complicidad institucional si no fuese porque Nicolás Maduro ya no está. Pero esta apertura que dirige ahora Delcy Rodríguez —forzada en buena medida por Washington— está aún lejos de asumir y reparar el daño infligido a miles de familias. Los abusos. Las torturas. Las trampas. Los silencios.
Con la muerte de doña Carmen, son ya cinco las madres que, desde el pasado mes de noviembre, han muerto sin poder reencontrarse con sus hijos desaparecidos en las mazmorras venezolanas. O que, como le pasó a la mamá de Ramón Centeno, un periodista que estuvo casi cuatro años injustamente encarcelado, que murió 12 días después de verlo libre. “Mi temor más grande era perder a mi mamá estando preso. Salí y murió. Eso me reconfortó un poco”, dijo Centeno.
Carmen Navas (centro) en Caracas, el 15 de mayo.Miguel Gutiérrez (EFE)
El propio hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, ha reconocido que en los últimos meses ha descubierto algunos de los “excesos” cometidos durante el mandato de su padre y que habría que pedir perdón. Es un reconocimiento discreto que asumen en privado otros dirigentes chavistas que, a pesar de su cercanía al poder, ahora se muestran sorprendidos ante una realidad que cientos de familias denunciaron durante años. Como si las detenciones arbitrarias, el maltrato y las desapariciones forzadas que llevan años documentadas por organismos internacionales no hubiesen llegado nunca a sus despachos.
La paradoja venezolana es que el país se abre al mundo a marchas forzadas, pero los derechos humanos y las libertades siguen siendo una cuenta pendiente por saldar. La ley de amnistía, presentada como el primer gesto real de reconciliación, fue un paso corto: dos meses después de su aprobación se agotó, con señaladas exclusiones, y cientos de presos políticos siguen entre rejas. Los periodistas continúan con dificultades para informar y decenas de portales siguen bloqueados. El miedo a ser injustamente detenido o extorsionado por las fuerzas de seguridad no se ha disipado. Y no hay pronunciamientos públicos de los dirigentes chavistas solidarizándose con estos casos o garantizando que se investigarán.
Mientras los inversores aterrizan en Caracas buscando oportunidades de negocio millonarias, todavía hay muchas madres como doña Carmen buscando a sus hijos. Unos días antes de marcharse para siempre, la mujer dejó un mensaje: “La juventud que está metida en esas cárceles, en esos subterráneos, que tengan piedad y misericordia de esas criaturas”. No pedía venganza, ni siquiera justicia, solo que no siguiera pasando.
El Gabinete de Seguridad ha informado este lunes de la detención de 22 personas vinculadas a la desaparición de cuatro turistas de Estado de México en Mazatlán, Sinaloa, ocurrida en la noche del pasado 3 de febrero. “[De ellas] nueve tuvieron participación directa en el evento, además, se han ejecutado siete cateos en inmuebles relacionados con un grupo delictivo vinculado con los hechos”, ha expuesto en un comunicado. Por el momento, no hay información del hallazgo de los cuatro desaparecidos. “Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia”, apunta el Gabinete.
Aquella noche de febrero desaparecieron seis turistas en Cerritos, una zona costera al norte de Mazatlán: cuatro hombres, una mujer y una niña. Pero la mujer y la niña aparecieron apenas unas horas después en El Habal, un municipio a unos 10 kilómetros de donde desaparecieron. Las autoridades hallaron en el lugar de los hechos el celular de uno de los desaparecidos y una Razer, una de esas cuatrimotos rentadas por los turistas para moverse por la ciudad.
En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ han realizado acciones…
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026
Las autoridades han decomisado desde entonces 20 armas, entre ellas un fusil Barrett, un poderoso arma capaz de derribar helicópteros. También han hallado más de 3.000 dosis de droga —que no especifican— y equipo táctico. La información del Gabinete de Seguridad llega este lunes, aunque el último despliegue coordinado de las autoridades sobre este asunto se realizó el pasado martes. “Fue detenido Jesús Valentín N, identificado como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva”, añade el escrito de la autoridad. A él se le aseguraron dosis de droga y una pistola.
La desaparición de los cuatro turistas mantuvo en vilo a Mazatlán a pocos días de que iniciara su carnaval, el mayor festejo de la ciudad costera que reúne a miles de personas cada año. El evento ocurría en un momento de tensión del Estado, inmerso en una guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa desde que Joaquín Guzmán López ―hijo de Joaquín El Chapo Guzmán― entregara, en julio de 2024, a Ismael El Mayo Zamabada a las autoridades de Estados Unidos. El Gobierno federal movilizó a 1.600 militares el pasado mes de febrero a Sinaloa ―muchos de ellos a Culiacán; otros a Mazatlán― para tratar de revertir la situación. Unos días antes, también inició un operativo especial, con alrededor de 3.000 agentes de diferentes instancias de gobierno, para vigilar la ciudad costera durante las fiestas de carnaval.
El secuestro de los cuatro turistas no fue un episodio aislado en aquellos días. La desaparición el 23 de enero de al menos 10 mineros en la localidad de Concordia, al sur de Sinaloa, y el ataque a balazos contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán amplió la tensión a todo el territorio.
El terremoto en Sinaloa no ha dado respiro. Hace un par de semanas, la justicia estadounidense acusó a 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador, Rubén Rocha Moya, por tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos. Los señalamientos han mantenido el rechazo del Gobierno federal, que han mantienen que esas acusaciones son un ataque político, al, según mantienen, no presentar pruebas contundentes. Por el momento, dos de los funcionarios señalados se han entregado a las autoridades de Estados Unidos: el exsecretario de Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz y el de Seguridad Gerardo Mérida.
Este lunes 18 de mayo se cumple un año desde que la reconocida activista y abogada Ruth Eleonora López fue enviada a prisión, el coste que hasta hoy ha tenido que pagar por desafiar al Gobierno de Nayib Bukele. De acuerdo con Cristosal, la organización de derechos humanos en la que trabajaba, López es una de las 86 personas identificadas como presos políticos que la organización ha logrado documentar bajo el actual Ejecutivo de El Salvador, que desde hace un año ha emprendido su mayor embestida en contra de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La captura de López ocurrió cerca de la medianoche, luego de que un grupo de policías la sacó de su vivienda con engaños. Tras su detención, fue enviada a un centro penitenciario donde permaneció incomunicada, sin tener contacto con sus abogados ni con sus familiares. El 4 de junio, 17 días después, un juzgado de San Salvador decretó la prisión preventiva, después de que la Fiscalía la acusara inicialmente de peculado (malversación de fondos públicos) y posteriormente cambiara el delito al de enriquecimiento ilícito.
López se convirtió en una férrea crítica de Bukele mediante la defensa de los derechos humanos y la denuncia de la corrupción. De acuerdo con Cristosal, la letrada documentó y denunció más de 50 casos de corrupción y uso indebido de fondos durante los primeros cinco años del mandato de Bukele.
“No pasa ni un segundo en que yo no sienta personalmente la privación de libertad de nuestra amiga y colega Ruth. Ella consideró la defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción como una responsabilidad personal, y hoy está presa por eso”, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
Claudia López, hermana de Ruth, dijo que la detención es, a su juicio, “un secuestro por parte del Estado salvadoreño”. “Este año ha sido sumamente difícil. Hemos tenido que soportar el dolor de no tener a una hermana amorosa, a una mujer llena de vida. Y también hemos tenido que sobrellevar la incertidumbre de un caso que se mantiene en la opacidad y bajo reserva jurídica. Esperamos que esté pronto con nosotros, porque el vacío que ha dejado nada lo podrá llenar hasta que esté de vuelta en nuestros brazos”, lamenta.
La acusación contra Ruth López surgió en el marco de la investigación contra Eugenio Chicas, exfuncionario del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien también fue capturado en febrero de 2025 por presunto enriquecimiento ilícito. La captura de Chicas se produjo tras años de enfrentamiento político con Bukele. En 2017, Chicas ganó una demanda contra el entonces alcalde de la capital y lo obligó a pagarle 50.000 dólares de indemnización y a disculparse públicamente, después de que este último lo acusara falsamente de abuso sexual. Una vez en el poder y con el control del sistema de justicia, el Ejecutivo de Bukele condenó a Chicas a pagar 200.000 dólares por el supuesto enriquecimiento ilícito y, posteriormente, le abrió una causa penal encaminada a una posible condena de cárcel.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, señaló este viernes su preocupación por el estado de López y advirtió de que la detención de la activista no es un hecho aislado. “Es un patrón: criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso del poder. Insto al Gobierno a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las personas defensoras”, escribió en su cuenta de la red social X.
Un punto de inflexión
La captura de López significó un punto de inflexión para los derechos humanos en El Salvador. Un mes después, al menos 50 activistas, periodistas y defensores se exiliaron del país por temor a sufrir represalias. Diversas organizaciones como Cristosal, Human Rights Watch y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentaron denuncias por posibles órdenes de captura en contra de críticos del Gobierno y reporteros.
Ruth López tras haber sido detenida en San Salvador (El Salvador), el 4 de junio de 2025. Jose Cabezas (REUTERS)
La propia organización Cristosal tuvo que trasladar sus operaciones al exilio, aunque continúa su trabajo con las víctimas en el país centroamericano. “Ningún régimen puede detener la exigencia de miles de familias que piden justicia y libertad para los inocentes detenidos injustamente en El Salvador, y nosotros seguimos a su lado”, aseveró Bullock.
En el marco de la captura de López, otros activistas y voces disidentes fueron arrestados, como el defensor del derecho al agua Alejandro Henríquez y el líder comunal José Ángel Pérez. Ambos fueron detenidos tras protestar frente a la residencial privada donde vive Bukele, acusados de desórdenes públicos y “resistencia agresiva”, a pesar de que los vídeos difundidos en las redes sociales mostraron cómo fueron agredidos por los agentes policiales el día de la manifestación.
Posteriormente, el 7 de junio, el abogado constitucionalista Enrique Anaya fue capturado y acusado de lavado de dinero, apenas 24 horas después de aparecer en un programa de televisión criticando la gestión presidencial. Ese mismo mes, un estudio de opinión pública reveló que seis de cada diez salvadoreños temen criticar abiertamente a Bukele. En junio, durante su discurso del sexto año en el poder, el mandatario defendió las detenciones contra los críticos y atacó a los medios de comunicación, asegurando que no le importaba que lo llamaran dictador.
Seguimiento policial
Dos informes de inteligencia policial a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que la Policía de Bukele monitoreó previamente las actividades públicas de López y de otros activistas. Los documentos ubican a dos abogados más de Cristosal en lo que la institución califica como “actividades de desestabilización social”.
Los informes fueron elaborados entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 2022 por el Departamento de Técnicas Operativas de la Subdirección de Inteligencia Policial. Este diario tuvo acceso a ellos gracias a una filtración de 1,2 millones de correos internos de la Policía salvadoreña divulgada por el grupo de hacktivistas Distributed Denial of Secrets (DDO Secrets).
El primer informe, fechado el 24 de marzo, se titula Informe de novedades relevantes y actividades desarrolladas por las diferentes unidades adscritas a la Subdirección de Inteligencia Policial ocurridas durante el turno de las 00:00 horas a las 23:59 horas del día 24 de marzo de 2022. El texto describe, entre otros asuntos, una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia en la que López y Jonathan Sisco, ambos letrados de Cristosal, denunciaron el uso inadecuado de ivermectina para el tratamiento de la covid-19.
El segundo informe fue elaborado el 19 de abril bajo el título Resumen de actividades diarias DIRI. En el documento se detalla que ese día la Policía realizó tres monitoreos de “fuentes abiertas” y un seguimiento sobre el terreno “en busca de información de desestabilización social”. “A las 10:00 horas se dio cobertura y se recopiló información de una conferencia de prensa frente a la entrada principal de la Corte Suprema de Justicia [sic]”, reza el texto. Más adelante, especifica que en el lugar se observó a cuatro personas presentando una demanda de inconstitucionalidad, entre las que se encontraban López y Abraham Ábrego, también abogado y directivo de Cristosal.
El seguimiento y el espionaje a activistas, críticos y periodistas no es una práctica nueva bajo la Administración de Bukele. En 2022, una investigación de Citizen Lab identificó que los teléfonos de al menos 35 personas —entre periodistas, activistas y políticos— habían sido intervenidos con el software espía Pegasus. Tras la publicación del informe, López interpuso una demanda para exigir explicaciones al Ejecutivo, pero las autoridades se negaron a responder.
En los últimos días han aflorado varios episodios en los que han quedado de manifiesto faltas a la verdad y mentiras presidenciales, lo que abre esa enorme pregunta por el lugar de las razones últimas, eventualmente inconfesables, con las que se gobierna en democracia. El tema no reviste ninguna novedad: en todas partes los gobiernos democráticos establecen una relación compleja con la verdad de las cosas en el ejercicio del poder. Mientras más grande es el país, mayor es la posibilidad de alterar las razones últimas de lo que se hace o se deja de hacer, por razones demográficas y poder de influencia más allá de sus fronteras. Cuando los países alcanzan el estatus de una potencia regional, y a fortiori la dimensión de una potencia mundial, entonces lo que comienza a predominar no es la verdad, sino derechamente la mentira, por razones cada vez más estratégicas… y cínicas. El presidente Trump, así como su homólogo ruso Putin, y tantos otros gobernantes iliberales (desde Orbán a Erdogan) llevan años dictando cátedra sobre cómo gobernar a punta de mentiras y medias verdades, y cómo sobrevivir a ellas. Es como si la verdad fuese un cúmulo de información inasimilable por el pueblo, porque intragable: la democracia no fue diseñada para ocultar información, ni menor para distorsionar la verdad.
Es lo que está ocurriendo: la inteligencia artificial vendrá a agravar el problema.
Chile es un pequeño país y su poder de incidencia global es muy reducido, algo mayor a escala regional (en base a prestigio heredado), de modo que las faltas a la verdad por sus gobernantes de turno solo pueden incidir localmente.
Pues bien, como nunca antes, la democracia chilena está siendo sometida a un verdadero stress de veracidad, y a inquisitivos tests sobre la verdad de las cosas por parte de un periodismo que está cumpliendo su función investigativa y fiscalizadora. Antes de que asumiera el gobierno de derecha radical del presidente José Antonio Kast, muchos en la izquierda dudaban acerca del papel que cumplirían los medios de prensa (especialmente la prensa escrita, a partir de una estructura de propiedad casi monopólica en torno a dos grandes grupos, el famoso duopolio). Pues bien, esa sospecha ha sido hasta ahora defraudada, no solo por medios genuinamente independientes como CIPER o EL PAÍS Chile, sino también por los propios órganos de prensa del duopolio: las editoriales del El Mercurio o de La Tercera han sido singularmente críticas con el Gobierno, especialmente en materia de inseguridad y sobre una megarreforma económica que provoca dudas, aunque dentro de los límites de la simpatía política que los caracteriza. Son todos estos medios los que han puesto en evidencia incongruencias, inconsistencias y atentados a la coherencia: esto es evidente a propósito de la ministra vocera Mara Sedini, cuyo desempeño ha sido catastrófico, muy invisibilizada desde hace varios días. Lo original en el caso chileno es que el problema de la verdad y de la mentira en política está siendo instalado por el propio presidente de la República, con mucho desenfado, toda una novedad desde 1990.
El episodio de distorsión de la verdad más elocuente por parte del jefe de Estado tuvo lugar hace pocos días, cuando, sin mediar una pregunta de algún periodista inquisitivo, explicó que su propuesta de campaña (repetida en innumerables ocasiones) de expulsar a 300.000 inmigrantes ilegales “desde el primer día” no fue en realidad una promesa: fue una “metáfora”. Las reacciones no se dejaron esperar, y varios líderes de opinión corrigieron al presidente, sosteniendo que la palabra “metáfora” entonces estaba mal utilizada, ya que estaríamos en presencia de una “hipérbole”. A partir de ese momento, la discusión tomó un giro hacia lo ridículo (¿qué habrá querido decir el presidente?), socavando la autoridad de la palabra presidencial. La encuesta CRITERIA publicada el día de ayer mostró que el 76% de los encuestados consideró la propuesta de campaña de Kast sobre expulsiones inmediatas de inmigrantes no como una metáfora, tampoco como una hipérbole: fue “una promesa concreta y real”. El dato de encuesta es categórico, y políticamente demoledor: los hechos lo avalan, ya que las expulsiones han sido por goteo, muy bulladas, pero a años luz de deportaciones masivas. Afortunadamente: la experiencia de ICE en Estados Unidos evoca una política de depuración étnica que, en Chile, es inimaginable. Esto no sería nada si la propia ministra de Seguridad Trinidad Steinert no hubiese ingenuamente declarado que ella no se esperaba a que el Congreso le exigiera un plan formal, estructurado y por escrito en materia de seguridad: su intervención fue paupérrima y molestó incluso a diputados de derechas. Entre la metáfora del presidente Kast y la falta de plan por parte de la ministra de Seguridad, a propósito de un tema que fue central en la campaña y que orientó buena parte del voto hacia el candidato de derecha radical, es evidente que lo que predomina es la improvisación, la que es compensada por un proyecto de mega-reforma económica en el que sí se aprecia una idea acabada, un verdadero plan. Sin embargo, el Gobierno del presidente Kast será juzgado por sus propuestas rimbombantes en materia de seguridad, un problema profundamente sentido por los chilenos: desde la construcción de zanjas hasta las expulsiones masivas, pasando por que instituciones de salud que atendieron a inmigrantes irregulares (por ejemplo a niños) informen sobre sus identidades a las autoridades del Estado para fines… de expulsión.
¿Cuál es el lugar de la verdad en una democracia como la chilena? Su lugar debiese ser esencial en cualquier país del mundo. Sin embargo, en Chile, las faltas a la verdad, mediante desinformación, noticias falsas y mentiras se han tomado la escena desde hace un puñado de años. Son las noticias falsas las que predominaron durante el primer proceso de cambio constitucional: durante la campaña por aprobar o rechazar el borrador de nueva Constitución en 2022, arreciaron las noticias falsas sobre un proyecto que era efectivamente nefasto, pero sobre el cual se emitieron informaciones irracionales, absurdas y sin ningún asidero.
Lo que no habíamos visto es que, sin mediar noticias falsas, un presidente se propusiera gobernar a partir de metáforas que reinterpretan sus propuestas de campaña, induciendo a error a electores que pudieron genuinamente votar por lo que una enorme mayoría entendió como promesa y no como metáfora.
Hay algo cada vez más inquietante en el Gobierno de Kast.
Carmen Teresa Navas, de 83 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero, un preso muerto mientras estaba en una prisión venezolana después de pasar varios meses desaparecido, ha fallecido este domingo. Había sido hospitalizada recientemente. Los facultativos no han informado de las causas clínicas de su deceso. Navas había sido vista esta misma semana junto a sus familiares durante la multitudinaria misa conmemorativa en honor de su hijo.
La muerte de Carmen Navas cierra el círculo de uno de los relatos más tristes en el historial de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y agrava aún más la percepción pública sobre los continuos excesos del régimen chavista durante estos años. La indignación en la sociedad civil ante los hechos que compusieron la historia de Víctor Hugo Quero está extendida.
Carmen Teresa Navas llevaba casi año y medio visitando varias cárceles del país en busca del paradero de su hijo, que fue arrestado el 1 de enero de 2025 en los alrededores de la céntrica Plaza Venezuela, en Caracas, acusado de terrorismo y traición a la patria.
Tras su detención, Quero permaneció desaparecido durante muchos meses, generando una profunda preocupación entre sus familiares y allegados.
Hace pocas semanas, la desaparición de Quero escaló a nivel nacional gracias a la apertura política tras la operación militar de Estados Unidos para arrestar a Nicolás Maduro y situar en el poder a Delcy Rodríguez con una especie de tutela desde Washington. Con el salto de la noticia, Navas relató a la prensa que visitó varias veces, en particular, el penal de El Rodeo, cárcel de máxima seguridad famosa por las duras condiciones en las cuales mantienen a los presos políticos. Ella aseguró que durante todo el tiempo le negaron información sobre el paradero de su hijo.
Navas formó parte de las protestas de los familiares de los presos políticos en estos meses para que se concretara una amnistía general.
Después de semanas y meses sin recibir respuesta por parte de las autoridades, Carmen Navas se enteró, junto al resto del país, de que su hijo había muerto en El Rodeo. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios emitió un comunicado en el que reconoció que Quero había fallecido en julio de 2025, seis meses después de su captura y desaparición, debido a “insuficiencia respiratoria”.
Ni el gobierno, ni ninguna autoridad destacada del régimen o del gabinete de la presidenta Delcy Rodríguez se ha manifestado sobre el caso de Víctor Quero. “No he querido declarar a la prensa; me mataron a mi hijo; nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie”, afirmó Navas hace unos días.
El futbolista Sebastián Villa ha pasado en solo tres años de una condena por violencia machista a ser uno de los 55 preseleccionados para representar a Colombia en el Mundial. “No somos quién para juzgar eternamente”, declaró el jueves el director técnico de la Selección Tricolor, Néstor Lorenzo, durante una rueda de prensa. La polémica se extendió con rapidez en los debates radiales y las redes sociales, con voces a favor y en contra. Este domingo, llegó hasta la defensora del Pueblo, Iris Marín. La entidad que vela por los derechos humanos en el país fue enfática en expresar su repudio: “La camiseta no puede ser un escudo contra la justicia”.
Villa fue condenado a dos años y un mes de cárcel en 2023, cuando jugaba en el equipo Boca Juniors en Buenos Aires. La justicia argentina consideró probados los hechos por los que lo había denunciado Daniela Cortés, una expareja. La agresión tuvo lugar en abril de 2020, cuando ella le planteó que no quería seguir con la relación. Él le dio un puñetazo, la agarró con fuerza del brazo y la arrojó al suelo, donde la pateó. También la amenazó con herir a su familia. Aunque fue encontrado culpable, no fue a la cárcel porque la pena era menor a tres años. Mientras tanto, avanzó en la justicia una acusación por violación que hizo otra pareja. La denunciante retiró la denuncia en 2025 tras llegar a un acuerdo.
Lorenzo justificó el jueves su decisión de incluirlo en la lista de 55 preseleccionados, que se reducirá en las próximas semanas a los 26 definitivos. “Nunca lo habíamos citado pese a su buen rendimiento porque había tenido algún tema. Pero hoy está jugando y está rindiendo bien, está a la altura”, declaró, en referencia a los éxitos futbolísticos de Villa como capitán de Independiente Rivadavia, un equipo de primera división en Argentina. Después, el director técnico contó que había hablado con el jugador y que lo notó “sincero”. “Me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’. Y bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente. En su momento, sí. Se lo juzgó y se lo castigó, seguramente. Pero hoy en día está jugando y está a disposición”.
El futbolista ya se había pronunciado el día anterior, el miércoles, cuando había rumores de que sería incluido entre los 55 preseleccionados. “Vengo hace seis o siete años luchando para estar en la Selección. He mejorado un montón de cosas, pasaron las situaciones que pasaron”, dijo Villa, que tuvo un breve paso por un club de Bulgaria entre su salida de Boca Juniors en 2023 y su llegada a Independiente Rivadavia en 2024. Después, aseguró que la justicia lo declaró “inocente”, pese a que el caso por agresiones físicas y amenazas terminó en una condena y el de violación se cerró por un acuerdo. Pidió que Dios le dé “la oportunidad”. “Estoy haciendo las cosas muy bien y no pierdo la ilusión y la fe”, insistió.
Las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la decisión de Lorenzo. “Yo rechazo enérgicamente la presencia de un extraordinario delantero, pero cuyo prontuario personal lo inhabilita”, escribió el periodista deportivo Samuel Vargas en X. Algo similar ocurrió en las tertulias de los programas deportivos y generalistas. “Perdónenlo, ya pagó por eso. Déjenlo jugar, es muy buen futbolista. Ya [basta de] dañarle la profesión, ya pagó”, exclamó el director del periódico económico La República, Fernando Quijano, en La FM. Su compañera Darcy Quinn le salió al cruce: “Las mujeres no nos sentimos bien de que un hombre que fue condenado por violencia contra una mujer esté representando al país. Eso no está bien, no habla bien de este país y el señor Lorenzo tiene que rectificar”.
Unos días antes, el periodista deportivo Adrián Magnoli había comparado el caso con la rehabilitación de un alcohólico, criticado “la doble moral de la sociedad” y llamado a perdonar a Villa “por el bien del fútbol del país”. “La gente [de Independiente Rivadavia] lo adora, es el capitán del equipo. Algo debe tener”, dijo en Morning Gol, del periódico deportivo As. Su compañero Juan Camilo Ortiz le respondió que, en un país tan violento como Colombia, los jugadores de la Selección tienen una responsabilidad aún mayor. “Tienen que ser personas que vayan en contravía de lo que somos nosotros (…). Necesitamos gente que pueda ilusionar a nuestros niños con una vida en la que sí podemos ser pacíficos”, declaró. “Sebastián Villa, por más excelente futbolista que sea, cometió una falta grave. Una cosa es un borracho que se rehabilita, y otra es una persona que golpea a una mujer”.
La carta de Marín
La defensora del Pueblo señaló que “no se trata de negar el derecho de nadie a trabajar, competir o rehacer su vida”, sino de entender que la representación del país debe tener un estándar mayor al que se le exige a los ciudadanos de a pie. “Portar los colores de Colombia es un privilegio que implica una responsabilidad ética adicional. Hay diferencias entre ser futbolista profesional y convertirse en símbolo nacional”, subrayó en su carta. También señaló que los antecedentes judiciales no pueden reducirse a “problemas personales” ni separarse de “la responsabilidad pública” que implica llevar la camiseta colombiana.
La funcionaria, que cuando llegó al cargo se definió como “defensora de derechos humanos y también feminista”, recordó un caso similar en 2011. “El Bolillo Gómez dejó la dirección técnica de la Selección tras agredir a una mujer. Más allá de las discusiones jurídicas, entendimos algo fundamental: que la Selección Colombia no podía convivir simbólicamente con la violencia contra las mujeres”, rememoró. Para ella, la Federación Colombiana de Fútbol ahora tiene la oportunidad de enviar un mensaje en la misma línea. “Algunas personas seguimos aferradas a la idea de que el fútbol, como otros deportes, puede representar nuestra mejor versión”, resaltó.
Para Marín, una posible selección de Villa sería un agravio a las víctimas de violencia machista. “El mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento, popularidad o rendimiento deportivo es desolador”, declaró. “Cada vez que le restamos importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”.
Carmen Teresa Navas, de 83 años, madre del preso político Víctor Hugo Quero, un preso muerto mientras estaba en una prisión venezolana después de pasar varios meses desaparecido, ha fallecido este domingo. Había sido hospitalizada recientemente. Los facultativos no han informado de las causas clínicas de su deceso. Navas había sido vista esta misma semana junto a sus familiares durante la multitudinaria misa conmemorativa en honor de su hijo.
La muerte de Carmen Navas cierra el círculo de uno de los relatos más tristes en el historial de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y agrava aún más la percepción pública sobre los continuos excesos del régimen chavista durante estos años. La indignación en la sociedad civil ante los hechos que compusieron la historia de Víctor Hugo Quero está extendida.
Carmen Teresa Navas llevaba casi año y medio visitando varias cárceles del país en busca del paradero de su hijo, que fue arrestado el 1 de enero de 2025 en los alrededores de la céntrica Plaza Venezuela, en Caracas, acusado de terrorismo y traición a la patria.
Tras su detención, Quero permaneció desaparecido durante muchos meses, generando una profunda preocupación entre sus familiares y allegados.
Hace pocas semanas, la desaparición de Quero escaló a nivel nacional gracias a la apertura política tras la operación militar de Estados Unidos para arrestar a Nicolás Maduro y situar en el poder a Delcy Rodríguez con una especie de tutela desde Washington. Con el salto de la noticia, Navas relató a la prensa que visitó varias veces, en particular, el penal de El Rodeo, cárcel de máxima seguridad famosa por las duras condiciones en las cuales mantienen a los presos políticos. Ella aseguró que durante todo el tiempo le negaron información sobre el paradero de su hijo.
Navas formó parte de las protestas de los familiares de los presos políticos en estos meses para que se concretara una amnistía general.
Después de semanas y meses sin recibir respuesta por parte de las autoridades, Carmen Navas se enteró, junto al resto del país, de que su hijo había muerto en El Rodeo. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios emitió un comunicado en el que reconoció que Quero había fallecido en julio de 2025, seis meses después de su captura y desaparición, debido a “insuficiencia respiratoria”.
Ni el gobierno, ni ninguna autoridad destacada del régimen o del gabinete de la presidenta Delcy Rodríguez se ha manifestado sobre el caso de Víctor Quero. “No he querido declarar a la prensa; me mataron a mi hijo; nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie”, afirmó Navas hace unos días.
Gabriel García Luna, el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, asumió el cargo en la madrugada de este domingo, poniendo fin a ocho años de una controvertida gestión encabezada por su antecesora, Consuelo Porras, y con la creación de una comisión especial para revisar uno a uno los expedientes de los perseguidos políticos, decenas de ellos obligados al exilio por la amenaza de prisión de parte de Porras.
“Hoy no inicia una administración más; inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca. Recibo una institución que carga con heridas profundas. El primer momento es ver con honestidad en qué estado se encuentra; el segundo paso es trabajar, sin pausas ni excusas”, afirmó el funcionario en un video difundido a primeras horas del día en sus redes sociales.
Más tarde, en su primera conferencia de prensa, García Luna anunció la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), argumentando el profundo desgaste de su legitimidad. “A partir del día de mañana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad entra en una etapa de liquidación. Esa medida se toma porque, lastimosamente, [se ha perdido] la credibilidad ciudadana”, informó el fiscal general, quien adelantó que se realizará una revisión exhaustiva de todos los expedientes en curso de dicha unidad.
La FECI fue creada en 2006 como el brazo operativo local de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas. Bajo la gestión del exfiscal Juan Francisco Sandoval —hoy en el exilio—, la fiscalía fue clave para destapar las redes de corrupción que forzaron la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina (actualmente en arresto domiciliario) y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti (condenada a prisión), además de encarcelar a decenas de políticos y empresarios.
Sin embargo, tras la destitución de Sandoval en 2021, la FECI pasó a manos de Rafael Curruchiche y dio un giro radical: se convirtió en un instrumento de persecución política que, mediante casos sin sustento legal, encarceló a jueces, fiscales, periodistas y activistas.
El caso de los exiliados
Respecto a los cientos de exiliados que deja la administración de Porras, García Luna anunció la creación de una comisión especial para revisar uno a uno los expedientes de los perseguidos políticos que decidan acercarse a la institución. “La idea principal es analizar cada uno de los casos, que las personas que se puedan sentir afectadas puedan avocarse al Ministerio Público para una revisión. Las persecuciones sin proceso no tienen cabida”, enfatizó.
García Luna, doctor en Derecho, se desempeñaba hasta ahora como asesor penal del Despacho Superior en la Procuraduría General de la Nación. Cuenta con una extensa trayectoria en el Organismo Judicial como juez y catedrático universitario, y esta era su segunda postulación al cargo. Con su llegada, los funcionarios de confianza de la administración anterior ya han presentado su renuncia.
La exfiscal general Consuelo Porras apareció públicamente por última vez el viernes, durante la presentación a puerta cerrada de su informe de gestión. En su discurso, se quejó de supuestos “ataques por narrativas desinformadoras” contra su cuestionada administración. “Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar, intentaron demeritar el trabajo”, declaró. Porras abandona el Ministerio Público arrastrando más de 40 sanciones internacionales por sus intentos de socavar la democracia y boicotear la investidura del actual Gobierno.
El presidente de la República, Bernardo Arévalo, juramentó a García Luna por la tarde. El traspaso formal del cargo se realizó a la medianoche del sábado en una breve reunión privada entre Porras y el nuevo fiscal general en las instalaciones del MP.
Al día siguiente, decenas de guatemaltecos se congregaron frente a la sede central de la institución para celebrar la salida de la exfiscal. La movilización, organizada por el activista Alex García, se prolongó durante nueve horas en un ambiente festivo en el que se quemaron fuegos artificiales y petardos. “No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Adiós, Consuelo”, se leía en uno de los carteles colgados en las rejas del edificio, resumiendo el sentir de una ciudadanía que espera el fin de la impunidad.
