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A las siete de la mañana del 13 de mayo, Yulixa Tolosa salió de su casa, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, con la ilusión de realizarse el procedimiento estético con el que llevaba años soñando. Quería perder algunos kilos y ver su abdomen más moldeado, según han relatado sus amigas cercanas. Acudió a Beauty Láser M.L., un centro de garaje en el barrio Venecia, también en el sur de la capital colombiana. Conocía a varias personas que se habían realizado procedimientos similares allí, sin inconvenientes. Sin embargo, lo que parecía ser un sueño se convirtió justo en lo opuesto: la operación le generó complicaciones físicas que fueron desatendidas y la llevaron a la muerte.

Yulixa, de 52 años, salió del procedimiento en la tarde de ese miércoles con varios signos de malestar, tras una intervención que se extendió mucho más de las dos horas previstas. Amalia Pardo, la amiga que la acompañó, la vio con la tez amarillenta, desorientada y con dificultad para respirar. Entonces grabó un video que les compartió a otras amigas, que estaban pendientes del procedimiento; la familia de Yulixa desconocía que se iba a someter a una lipólisis láser. Aquel video, que luego se hizo público, era la primera señal de que algo andaba mal.

El personal a cargo del centro —que luego se supo que solo tenía un permiso para funcionar como peluquería— le pidió a Pardo que fuera por ropa limpia, porque la de la paciente se había manchado de sangre, y que la dejara dormir; la misma Yulixa le decía que tenía mucho sueño. La indicación era que debían dejarla internada, bajo observación. Durante la tarde, Pardo y otras amigas cercanas escribieron a los encargados para preguntar por la evolución de Yulixa, pero la información que recibían era confusa: primero les dejaron de contestar, luego les dijeron que ella había decidido irse. Después era la propia Yulixa la que les enviaba mensajes extraños desde su celular, lo cual les daba indicios de que había sido suplantada y su móvil estaba siendo manipulado. Cuando en la noche fueron a buscarla a Beauty Láser M.L., el lugar estaba cerrado, y no había rastros de ella.

En lugar de esperar a su acudiente, o de trasladar a la paciente a un hospital, los miembros del centro estético decidieron deshacerse de Yulixa. La subieron a rastras a un vehículo, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores. Las grabaciones muestran a dos hombres que la cargan de los brazos; las piernas de ella cuelgan, y es imposible determinar si aún estaba consciente o con vida. Intentan meterla al baúl de un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, pero ante la dificultad, y posiblemente ante las miradas de los transeúntes, la sientan en la parte de atrás, ha relatado un testigo. Los hombres, junto con Yulixa y otras dos mujeres, entran al vehículo y huyen en él.

El jueves, tras las denuncias de las amigas de Tolosa, empezó la angustia por lo que las autoridades calificaron como una desaparición, que trascendió a los medios y mantuvo en vilo a Colombia. El cuerpo de Yulixa fue hallado seis días después, en el municipio de Apulo, unos 100 kilómetros al occidente de Bogotá. La investigación policial y judicial ha derivado en el sellamiento del lugar y en cinco capturas, tres de ellas realizadas en Venezuela, tras la expedición de una circular azul de la Interpol. La Fiscalía colombiana ya ha pedido formalmente a las autoridades del país vecino la extradición de los acusados.

Entre los capturados están María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años y dueña del centro estético; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, su pareja sentimental; y David Ramos, el supuesto cirujano que realizó el procedimiento. Torres y Ramos serían los dos hombres de los videos; Delgado una de las dos mujeres. La otra sería la aseadora del lugar. Cuando finalmente los allegados de Yulixa lograron entrar a Beauty Láser M.L., encontraron que las posibles pruebas habían sido eliminadas: los pisos estaban limpios y las sábanas cambiadas.

Luego de abandonar el cuerpo de Yulixa en una zona boscosa, los ahora capturados habrían conducido por más de 600 kilómetros al nororiente. En la frontera abandonaron el Sonic. El vehículo apareció el sábado y se convirtió en indicio de que los responsables podrían haberse dado a la fuga rumbo a Venezuela. Luego habrían cruzado la frontera a pie, para no ser relacionados con el vehículo. Una llamada de Torres avisando que ya habían llegado habría sido clave en la investigación.

La Policía ha establecido que el vehículo cruzó Bogotá hacia el norte. Las autoridades captaron imágenes de él en varios peajes, en su camino hasta Norte de Santander, el departamento que tiene a Cúcuta como capital. En el municipio de Los Patios, en el área metropolitana, la comunidad alertó sobre el vehículo. Luego de que las autoridades lo inmovilizaran, dos hombres llegaron a recogerlo. Eran Jesús Hernández Morales, tío de María Fernanda Delgado, y Kelvis Sequera Delgado. Los dos fueron capturados, permanecieron 36 horas bajo custodia y un juez los dejó en libertad, pues encontró que la Policía no había cumplido con los requisitos legales de una detención.

Sin embargo, entregaron información clave para encontrar el cuerpo de Yulixa y siguen vinculados a la investigación penal. Está previsto que un fiscal los impute por los delitos de ocultamiento, desaparición y obstrucción de material probatorio y desaparición forzada. Para el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el caso no se debe limitar a cargos por negligencia, pues debe ser calificado como un homicidio. Sin embargo, en la solicitud de extradición la Fiscalía los sindica de los delitos de desaparición forzada, secuestro y omisión de socorro.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha enviado este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reforma constitucional con la que busca corregir el diseño original de la reforma judicial heredada por Andrés Manuel López Obrador. El proyecto plantea aplazar a 2028 la segunda elección popular de jueces y magistrados, planteada originalmente para 2027. El proyecto pretende además endurecer los mecanismos de evaluación de aspirantes y reducir el número de candidaturas en las boletas, después de las críticas y problemas operativos que dejó el primer experimento electoral.

La propuesta presidencial será recibida este jueves en la sesión de la Comisión Permanente para ser turnada a la Cámara de Diputados. Se alista su aprobación en un periodo extraordinario que hasta el momento se tiene previsto extraoficialmente del 26 al 28 de mayo. Morena, con su mayoría calificada, tiene los números necesarios para aprobar la reforma sin contratiempos.

La propuesta, elaborada por Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de Sheinbaum, llega en un momento políticamente delicado para Morena. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de “ajustes técnicos”, la iniciativa representa la primera gran rectificación a una de las reformas emblemáticas del sexenio obradorista. El diagnóstico dentro del oficialismo y del Instituto Nacional Electoral (INE) es que el modelo aprobado en 2024 mostró deficiencias importantes: boletas complejas, saturación operativa, baja participación ciudadana y mecanismos de evaluación incapaces de filtrar perfiles con suficiente experiencia jurídica.

El eje central de la iniciativa consiste en mover la elección judicial prevista para 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. La decisión responde, en parte, a las advertencias del INE, que alertó sobre un posible “colapso electoral” si coincidían en el mismo año las elecciones intermedias, los comicios locales y la renovación del Poder Judicial. El organismo calculó además un incremento multimillonario en costos y dificultades logísticas para instalar casillas y organizar dos procesos paralelos.

De acuerdo con el documento enviado por la mandataria, en la elección de 2028 se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de circuito y 385 jueces de distrito, además de cientos de cargos judiciales locales en 25 Estados.

La iniciativa también rediseña el sistema de selección de candidaturas. Se propone crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión, encargada de homologar criterios de evaluación y verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad. El nuevo modelo incluiría exámenes de conocimientos, metodologías unificadas y filtros técnicos más estrictos para reducir la discrecionalidad y evitar la llegada de perfiles cuestionados, como ocurrió en el primer ensayo.

Otro de los cambios clave es la reducción del número de aspirantes en las boletas. Los comités seleccionarían primero a las cuatro personas mejor evaluadas por cada cargo y después realizarían una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por especialidad. Con ello, el número de aspirantes a la Suprema Corte pasaría de 81 a 54; los del Tribunal de Disciplina Judicial bajarían de 45 a 30 y los del Tribunal Electoral, de 63 a 42.

La propuesta incorpora además modificaciones operativas para simplificar el voto ciudadano. Cada elector elegiría únicamente a un juez y un magistrado por especialidad, mientras el INE reorganizaría el territorio en distritos judiciales específicos. También se permitiría que las elecciones judiciales compartan casillas con las ordinarias, aunque sin participación de representantes partidistas.

México avanza, pero aún falta mucho por hacer. Es la conclusión del Índice de Paz 2026 que ha publicado este martes el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual registra una mejora del 5,1% en la pacificación del país con una reducción del 22,7% en los homicidios en el último año. A pesar de que el organismo ha certificado la baja en asesinatos, una de las cifras que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume constantemente para resaltar el éxito de su estrategia de seguridad, también ha subrayado que “persisten los riesgos estructurales que amenazan la sostenibilidad de estos avances”.

El informe ha señalado que México se encuentra en “una etapa de transición en las dinámicas de violencia y criminalidad” que supone un gran reto para el Estado. A pesar de la caída en los asesinatos, la IEP apunta que la fragmentación de los grupos criminales y el aumento en las desapariciones muestran que aún no hay “una transformación estructural de las condiciones de seguridad”, es decir, la violencia persiste, pero en distintas formas. Prueba de ello es la consolidación de la violencia familiar como el delito más frecuente en el país y el aumento en el uso de armas de fuego en la comisión de delitos.

Según el reporte, estos datos revelan dos problemas: la disposición de este tipo de armamento y la dispersión de la violencia a entornos cotidianos. En un contexto en el que las instituciones locales enfrentan grandes desafíos para la prevención, atención e impartición de justicia, esto representa un gran golpe a la estabilidad de las comunidades y la cohesión social. Sobre las desapariciones, la organización sostiene que el crecimiento de esta tragedia refleja tanto “la persistencia de estructuras criminales” como “las limitaciones institucionales” para buscar e investigar este delito, lo que afecta la confianza de la población en el Gobierno y la legitimidad de las instituciones.

La desintegración de los grandes cárteles en células más pequeñas ha provocado también que los grupos criminales diversifiquen sus actividades. De acuerdo con el informe, esto tiene relación con el incremento en la extorsión y la férrea disputa por las economías locales que provocan focos rojos en algunas regiones. Pone de ejemplo a Sinaloa, un Estado desbordado por la violencia que ha incrementado por las disputas internas entre facciones del Cartel de Sinaloa, tras el secuestro y la captura de El Mayo facilitada por uno de los hijos de El Chapo.

El mapa de la violencia en el país dibujado por la IEP ha mostrado mejoría en los niveles de paz de 22 entidades y un deterioro importante en otros 10. En ese sentido, Yucatán destaca como el Estado más pacífico y Colima como el más peligroso. Uno de los señalamientos del informe ha sido también la debilidad institucional, un factor que completa un panorama que pone contra las cuerdas a la sociedad. La organización ha advertido que la ocupación de las cárceles ha registrado su pico más alto (más de 256.000 personas), una situación que evidencia la persistencia del problema de la sobrepoblación penitenciaria y los retos en la reinserción social.

La impartición de justicia se mantiene como otro gran desafío para el Estado. La IEP se ha referido a la controvertida elección judicial y ha manifestado que la independencia judicial es uno de los componentes principales “para la sostenibilidad de la paz”. Las capacidades de investigación también han sido comentadas por el reporte, que señala que “México mantiene un déficit histórico en capacidades judiciales y ministeriales” por la falta de personal y un rezago en los procesos penales que afecta severamente la impartición de justicia.

En el ámbito económico, la violencia, una de las principales preocupaciones de la población, sigue siendo un lastre y resultó en un impacto del 11% al PIB en 2025 (alrededor de cuatro billones de pesos). De la misma forma en la que la violencia no se presenta de manera uniforme a lo largo del territorio, sus costos también tienen efectos dispares en las distintas entidades. Mientras que en Yucatán, el Estado más seguro, el impacto económico per cápita equivale a 11.000 pesos, en Colima sube a 70.000 pesos.

El reporte concluye que el camino para la sostenibilidad de la paz pasa por la creación de instituciones eficaces, la disminución de los índices de corrupción, la mejora en el acceso a la justicia, la recomposición del tejido social y el fortalecimiento de las capacidades estatales que responden a la violencia y criminalidad. A través de un comunicado, Michael Collins, director para las Américas de la organización, ha enfatizado: “La construcción de paz no depende únicamente de reducir la violencia letal, sino de fortalecer las instituciones, mejorar el acceso a la justicia y consolidad condiciones sociales que permitan reducir la violencia en todas sus expresiones”.

Apenas 69 días después desde que asumiera el Gobierno, el presidente chileno José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, ha realizado este martes su primer cambio de gabinete. En un ajuste inesperado, ha pedido la renuncia a la ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert, y a la portavoz Mara Sedini. Ambas, independientes, es decir, sin partidos políticos que las respalden, habían enfrentado fuertes cuestionamientos a sus gestiones, incluso, desde el interior del oficialismo. La salida Steinert es el mayor golpe para la Administración de Kast, que basó su campaña y la mayoría de sus promesas en el control de la delincuencia.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensando para esta etapa”, ha dicho Kast en la ceremonia en La Moneda, donde concedió una larga intervención frente a todo su equipo ministerial y mientras su esposa, Pía Adriasola, figuraba en primera línea cerca de las ministras salientes. En reemplazo de Steinert Kast instaló a un hombre de su extrema confianza, Martín Arrau, que hasta ahora era el ministro de Obras Públicas. De militancia republicana, el partido fundado por el mandatario, fue jefe de la última campaña presidencial y, antes, intehrantes del primer proceso constitucional chileno de 2021 y 2022.

Con los movimientos de esta noche habrá tres biministros en el Gobierno chileno, no solamente uno como ahora. Junto a Daniel Mas, que tiene en sus manos las carteras de Economía y Minería, ahora el que era ministro del Interior, Claudio Alvarado, de la UDI, se queda a cargo de la vocería. Louis de Grange, en tanto, que era el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, asume, además, el ministerio de Obras Públicas. Los ministros, por lo tanto, pasan de 24 a 22.

El nombramiento de Steinert en enero pasado expuso lo improvisado de su designación en el área más sensible y simbólica, la seguridad, del Gobierno de Kast. La abogada fue convocada al Gabinete el 16 de enero, apenas cuatro días antes de que el presidente electo presentara a sus 24 ministros. Para aceptar el cargo, Steinert, quien no tenía experiencia política, renunció a su puesto de fiscal regional de Tarapacá, en el extremo norte de Chile, donde había logrado las primeras condenas a la cúpula del Tren de Aragua. Fue recomendada por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

El anuncio de los cambios lo ha hecho esta noche de martes el subsecretario del Interior Máximo Pavez, desde La Moneda, en un momento crucial de su mandato. Esto, pues en el Congreso su principal apuesta legislativa de la Administración, conocida como la megarreforma, comenzará a votarse en horas en el Parlamento. También ha tomado esta decisión drástica en vísperas de su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, donde debe mostrar, obligatoriamente, sus primeros logros y proyectar los tres años y medio que tiene por delante. El momento elegido por Kast muestra, por lo tanto, que se vio presionado a tomar la decisión por razones que todavía la opinión pública no conoce.

La ministra tuvo un debut complejo y nunca logró levantar un liderazgo, que siempre estuvo bajo presión por las promesas del Gobierno. Su arranque quedó marcado por la abrupta e inexplicable salida de la que era subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, quien fue llamada a retiro a los pocos días de que asumiera Steinert. El papel de la abogada en el controvertido episodio no quedó despejado. Esto, pese que Kast respaldó su versión, que también refrendó en el Congreso el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna: se cuadró con el relato del presidente y de Steinert, sus superiores jerárquicos, cuando el 6 de abril asumió que la decisión del retiro de Peña la cursó él.

El caso de Consuelo Peña fue llevado a la Controlaría por el diputado socialista Raúl Leiva. El informe, próximo a divulgarse, según La Segunda viene negativo para Steinert. Dos días después de asumir en el Gabinete la ministra pidió información y explicaciones a Cerna por el traslado a otras regiones de Chile de cuatro detectives que trabajaban con ella en Tarapacá, cuando era fiscal. Esa decisión la tomó la jefa policial, quien emitió un informe con sus motivos remitido a Steinert. Tras la respuesta, Peña fue sacada de su puesto.

En los últimos días a la ministra se le veía muy sola, pese a que Kast la defendió varias veces ante los sucesivos cuestionamientos a su gestión. Su salida ocurre cuando un grupo de parlamentarios de la oposición, junto a otros miembros del Partido de la Gente (PDG), de corte populista, había anunciado este lunes que juntaban firmas para realizar interpelación a la ministra en el Congreso. Esa acción devino luego en que la ministra admitiera, en una entrevista a la radio Agricultura, que cuando el pasado 13 de mayo fue citada a la Cámara de Diputados no se esperaba “la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

La Administración de derechas, en poco más de dos meses en La Moneda, ha salido golpeada fuertemente en las encuestas. No solo no ha logrado mantener conformes a quienes votaron por Kast en segunda vuelta, sino que ha ido perdiendo la confianza de la mayoría de los chilenos en sus tres pilares: el 64% piensa que el Gobierno no tiene un plan concreto en seguridad y el 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile, según la encuesta Cadem del domingo. Se suma también la baja de confianza en la promesa de recortar el gasto del Estado en 6.000 millones de dólares (unos 5.150 millones de euros) en 18 meses sin tocar los beneficios sociales, que, según Criteria a principios de mes, cayó a un 39%.

La muerte de Isidora, una pequeña de dos años y ocho meses que cayó el pasado domingo del undécimo piso de un edificio en Las Condes, en el sector oriente de Santiago, mientras estaba bajo el cuidado de su padre, ha reabierto el debate en Chile sobre la necesidad de obligar a instalar mallas de seguridad en las ventanas. En el Congreso se discute hace casi un año el proyecto de ley Valentín, llamado así por otra tragedia provocada por la falta de un sistema anticaídas en las ventanas. Un grupo de parlamentarios ha solicitado a la Administración de José Antonio Kast que le coloque suma urgencia a la iniciativa, y así despacharla rápidamente. Este martes la Comisión de Vivienda del Senado tiene previsto revisar la iniciativa en particular mientras que, en paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago resolverá la situación cautelar de Jorge Constanzo, el padre de la menor fallecida, formalizado este lunes por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual.

El pasado domingo, cerca de las 17:10 horas, una vecina de la planta cuatro de un edificio en la calle Los Militares, escuchó un fuerte golpe y llamó a emergencias. Carabineros y empleados del edificio encontraron a Isidora en el estacionamiento y recorrieron piso por piso hasta encontrar el departamento desde donde había caído. Tardaron 40 minutos. Cuando tocaron la puerta del piso de su padre, tuvieron que despertarlo para comunicarle la noticia. Según los antecedentes expuestos este lunes en la audiencia de formalización por la Fiscalía, Constanzo había pasado la noche del sábado en una fiesta de cumpleaños de su pareja -que no es la madre de Valentina-, celebrada en los quinchos del mismo edificio hasta la 1.00 de la madrugada. Después, según el fiscal Jorge Reyes, el hombre se fue solo a una discoteca y regresó a su hogar cerca de las 5.00 horas.

El régimen de visitas con Isidora —establecido por el Juzgado de Familia de Pudahuel, un municipio al poniente de Santiago— le permitía compartir con ella únicamente un domingo al mes, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Según los antecedentes de la investigación, Constanzo llegó este domingo cerca de 50 minutos tarde a buscarla donde su madre, en Pudahuel. En el camino de regreso se detuvieron a almorzar en un restaurante y Constanzo bebió alcohol, según la Fiscalía. Cuando llegaron al departamento, el hombre se echó a dormir una siesta junto a su pareja y dejó a la niña sola en la cama de un dormitorio, cuya ventana no contaba con mallas de protección.

El abogado de Gloria Ortiz, madre de Isidora, reveló este lunes que el régimen de visitas incluía como condición escrita la instalación de mallas en las zonas de riesgo del departamento, un acuerdo que Constanzo incumplió, ya que solo colocó una malla en el balcón. “Donde ocurrió el hecho era un ventanal que no tenía esta malla de seguridad. El papá siempre dijo que estaba puesta”, afirmó el abogado en el canal TVN.

Gloria Ortiz, por su parte, dijo a Radio Bío Bío desde las afueras del Servicio Médico Legal, donde esperaba que le entregaran el cuerpo de su hija que, como familia, estaban “tremendamente consternados”. “Esto fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y no tomó el resguardo necesario para proteger la vida ni su integridad física”, señaló.

Este lunes la Fiscalía formalizó la investigación de Constanzo por homicidio por omisión con dolo eventual, un delito que establece que una persona es responsable de la muerte de otra por no realizar una acción que estaba legalmente obligada a hacer. Pero el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago recalificó la imputación a un cuasidelito de homicidio -cuando una persona causa la muerte de otra por falta de cuidado-, y catalogó el hecho como una “imprudencia temeraria”. Por lo mismo, la jueza Andrea Osorio rechazó otorgarle prisión preventiva al imputado y lo dejó con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, y en su resolución señaló que que debía resolver de manera objetiva, más allá de la presión social. La Fiscalía apeló, por lo que Constanzo quedó “detenido en tránsito” hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva su situación.

A la salida de la audiencia, el fiscal Reyes sostuvo que la acción de Constanzo fue “mucho más que una negligencia”. “El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor. Tenía la posición de garante por ley respecto de esta menor. La descuidó por al menos una hora y media, dos horas, en una pieza que tiene una ventana pegada a la cama y una ventana que no tiene reja de seguridad”, aseguró.

La ley que no alcanzó a llegar

El proyecto conocido como Ley Valentín —que obliga a instalar sistemas de protección anticaídas en ventanas y balcones de edificios en altura— lleva casi un año en tramitación, y fue empujado por la senadora María José Gatica, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional.

La propuesta ingresó al Congreso el pasado junio, días después de que Valentín Brain, un niño de tres años, falleciera al caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, en la región del BioBío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Desde entonces, la madre del pequeño, Pamela Gutiérrez —hoy activista de seguridad infantil— ha impulsado públicamente modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, estableciendo la obligación de implementar mallas de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación de apertura de ventanas y otros dispositivos de seguridad en departamentos ubicados sobre la primera planta. Además, entrega al administrador del condominio funciones de fiscalización.

El pasado 5 de mayo, la Sala del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar. Este martes está previsto que la Comisión de Vivienda del Senado revise el proyecto artículo por artículo con las indicaciones recibidas estas semanas y, si lo despacha, enviarlo nuevamente al Senado para una segunda votación y luego a la Cámara de Diputados. Tras conocerse la muerte de Valentina, parlamentarios de distintos sectores exigieron a la Administración de Kast poner suma urgencia al proyecto, lo que obligaría a despachar en un plazo máximo de 15 días.

Pese a los aranceles de Estados Unidos que pesan sobre las armadoras mexicanas desde 2025, General Motors avanza con su plan de inversión de 1.000 millones de dólares en México para 2026 y 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en el evento que fortalece las operaciones de manufactura, en Toluca, que este tipo de proyectos está alineado con su estrategia de inversiones sexenal, el Plan México, para encarar los embates de comercio exterior. La armadora estadounidense pretende elevar su capacidad a 80.000 vehículos anuales hacia 2030. La mandataria agradeció a la firma por alentar la producción nacional: “Es la visión de creer en México y de pensar en los trabajadores mexicanos”, declaró.

En su intervención la mandataria confesó que el Chevrolet Aveo, fabricado por la armadora, es su favorito. Sheinbaum relató que usa este modelo de auto desde sus tiempos como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Sigo teniendo mi Aveo, siempre he pensado que el auto compacto es el que genera menos emisiones”, dijo. Este modelo ahora será manufacturado en la planta de firma en el Estado de Coahuila. Francisco Garza, presidente de General Motors en México, detalló que a partir de 2027 comenzarán el ensamble local de unidades para el mercado nacional con la meta de alcanzar una capacidad de 80.000 vehículos anuales en 2030.

Garza agregó que los modelos que se ensamblarán en México serán el Groove y el Aveo. “Es un proyecto concebido en México para México, que fortalece la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada en nuestro país y contribuye a reducir la dependencia del exterior, impulsando un desarrollo industrial sostenible, en línea con los objetivos del Plan México. Nuestra apuesta es, sin duda, de largo plazo”, comentó.

Con 90 años en el país, el capital de GM en México refirió que ha desplegado una de las redes de proveeduría más sólidas de la industria con más de 650 proveedores nacionales a quienes la empresa compra más de 28.000 millones de dólares al año. “Nuestro impacto es tangible, en 2025 uno de cada cuatro vehículos producidos en México sale de una planta de General Motors”, zanjó. La armadora estadounidense genera 23.000 empleos en el país a través de sus cuatro complejos en el Estado de México, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí.

Para México, la industria automotriz es una de las joyas de la corona en exportación. La segunda economía de América Latina es la principal exportadora de automóviles a Estados Unidos. No obstante, desde el año pasado ese sector ha sufrido los embates arancelarios de Washington, que desde 2025 cobra una tarifa promedio de 15% por vehículos exportados al mercado estadounidense. Por este motivo, el año pasado los envíos de vehículos cayeron 2,7% respecto a 2024, una caída cifrada en 3,3 millones de automóviles. Las exportaciones de la industria automotriz mexicana suponen casi una tercera parte del total de envíos que realiza México a EE UU cada año. La producción nacional también cayó 0,9% el año pasado al manufacturar menos de cuatro millones de unidades.

Ha muerto una voz insignia para la cumbia, el porro, el bullerengue y el mapalé. La colombiana Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó La Momposina, ha fallecido este martes 19 de mayo a sus 85 años. La noticia fue anunciada por el ministerio de Cultura colombiano con un mensaje en redes sociales. “Hoy despedimos a la eterna Totó“, dice este. ”A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”. Es un día para tocar la tambora, como ella misma lo cantó en varias de sus canciones. “Que yo vi que me llevaban; que yo vi que me enterraban; que yo vi que me llevaban; que yo vi que me lloraban”, cantaba ya La Candela Viva. La candela que llevava Totó la Momposina en la voz ha muerto.

“Ella murió tranquila”, dijo su hijo, Marcio Vinicio, a la emisora Blu Radio. ”Para nosotros es un descanso, porque una mujer como ella, con tanta vitalidad y tanta energía, ya no respondía físicamente”, añadió. Contó que desde octubre del año pasado ella estaba casi siempre en cama y con cuidados paliativos. En 2022 ya había anunciado su retiro de los escenarios para cuidar su salud, por dificultades neuro-cognitivas. Falleció en México, donde residía hace un tiempo. “Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas”, dijo el presidente Gustavo Petro al conocer la noticia.

Totó la Momposina nació en 1940 a la orilla del río Magdalena, en el municipio de Mompox del caribe colombiano, donde son parte de la herencia cultural los ritmos de la cumbia y el bullerengue. El Pescador, del compositor José Benito Barros, fue uno de sus éxitos músicales, y uno de los cantos que hace a honor al mundo frente al río que inspiró su carrera. Es la canción de un hombre que va en su canoa de bareque, en una noche oscura con la corriente subiendo, y “no tiene fortuna, solo su atarraya”.

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