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Una nueva escena de terror han dejado los enfrentamientos de las disidencias en el departamento del Guaviare, al suroeste de Colombia. Los combates entre dos de las disidencias de las extintas FARC que se disputan el control de zonas de esta región amazónica, una bajo el mando de alias Iván Morisco y la otra de Calarcá Córdoba, han dejado cerca de 50 muertos. Así lo ha confirmado el alcalde de San José del Guaviare, Willi Rodríguez, en una entrevista con Caracol Radio. El mandatario de la capital departamental ha asegurado que, si bien las autoridades aún no han podido entrar al área para verificar la magnitud de lo ocurrido, la información preliminar apunta a que los muertos se cuentan por decenas.

Los combates se registraron este miércoles en el sector de Barranco Colorado, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano de San José, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Las autoridades nacionales no han hecho ninguna declaración oficial sobre el posible número de fallecidos, ni sobre quiénes habrían muerto. Por ahora, solo Rodríguez confirma que hay más de 50 fallecidos.

Debido a las dificultades para entrar a la zona, a la que solo se puede acceder por trochas y ríos, Medicina Legal no ha podido identificar a los fallecidos. Sin embargo, en medios locales ha trascendido información que señala que habrían muerto alias Negro Primo, uno de los cabecillas del frente Carolina Ramírez, de las disidencias de Mordisco (que se denominan a sí mismas Estado Mayor Central), y alias Pescado, del Bloque Amazonas del mismo grupo. De confirmarse dicha información, sería un fuerte golpe a la disidencia que Petro ha señalado como su mayor blanco militar, y que se sumaría a los asestados recientemente por el Ejército.

“Nuestras tropas se desplazan al punto selvático para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional”, indicó Sánchez a través de X, donde especificó que “una vez se consolide la información oficial, será comunicada oportunamente a la opinión pública”. El ministro también señaló que entre las víctimas podría haber menores de edad; dentro de estos grupos, el reclutamiento de menores —muchos de ellos de comunidades indígenas— es una práctica usual. “Estos graves hechos evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas, y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Esta escena se suma a otra igualmente siniestra ocurrida en enero de este año, cuando los cuerpos de 26 personas fueron encontrados en el municipio de El Retorno, también en el Guaviare. Lo que inicialmente parecía un choque entre ambas disidencias fue tomando los tintes de una masacre. La Fiscalía ha hallado indicios que apuntan a que todos fueron asesinados en estado de indefensión, y que pudieron haber sido envenenados, pues las víctimas no estaban armadas al momento del ataque, y presentaban tiros de gracia. Los asesinados pertenecían al Estado Mayor Central y entre ellos había cuatro menores de edad. Los hechos, que apuntan como responsable a la disidencia de Calarcá, siguen siendo investigados.

Néstor Gregorio Vera Fernández, Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, y Alexander Díaz Mendoza o Calarcá Córdoba, fueron compañeros de filas en la extinta guerrilla de las FARC. Pero se convirtieron en fervientes enemigos desde el 2024, cuando tomaron posturas opuestas con respecto al Gobierno de Gustavo Petro. Ambos habían decidido permanecer en armas y no acogerse al Acuerdo de La Habana, firmado en 2016. Luego, Calarcá decidió hacer parte de las conversaciones con Petro, en el marco de su política de Paz Total. Mordisco continuó en guerra frontal contra el Estado, hasta convertirse en un hombre cercado, y en el más buscado del país.

El Guaviare es hoy la muestra de esa guerra de disidencias. Como entrada a la selva amazónica, el departamento es atravesado por corredores estratégicos de narcotráfico y explotación ilegal de madera, que luego se conectan con las fronteras de Perú y Brasil. Una extensa zona selvática en la que las Fuerzas Armadas no pueden ejercer suficiente control territorial, y en la que soldados y población civil están en permanente riesgo. Hace dos semanas, cuatro soldados murieron y otros tres resultaron heridos en la vereda Buenos Aires, también en la zona rural de San José del Guaviare, pero más adentro de la selva. Entraron a un campo con explosivos improvisados instalado por las disidencias de comandadas por Calarcá Córdoba, con quien el presidente insiste en negociar.

Greenpeace México busca que la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) sea sancionada por su responsabilidad en el extenso derrame de petróleo en el Golfo de México. La organización ha dado a conocer que ha presentado dos denuncias en contra de la paraestatal por las afectaciones ambientales y sociales de un desastre ecológico por el que las comunidades costeras afectadas alzaron la voz desde marzo. También han acusado a la petrolera de ocultar información sobre el incidente, cuya responsabilidad negaron continuamente por semanas. Ahora se sabe que la fuga de combustible se originó en febrero en instalaciones de la empresa de hidrocarburos en la plataforma de Abkatún Cantarell, pero Pemex no lo reconoció hasta el 16 de abril.

La primera denuncia ha sido interpuesta ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a quienes pide identificar a las personas responsables de la contaminación y garantizar “la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados”. Greenpeace también ha hecho un llamado para la correcta disposición final de los residuos colectados y para que se “establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección” para los pueblos de la zona.

Las comunidades llevan semanas quejándose de que las limpiezas organizadas por el Gobierno y las ayudas para los pescadores y vendedores de los lugares afectados por el chapopote no han llegado a todos. Esta situación también ha sido advertida por la organización en su comunicado: “Las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y de fácil acceso, mientras comunidades rurales e indígenas habrían recibido respuestas tardías o insuficientes”.

En la segunda denuncia, presentada ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex, la organización ambiental ha pedido una investigación sobre “posibles actos y omisiones relacionados con el derrame y ocultamiento de información”. Tras 46 días desde que saltaran las primeras alertas por la llegada de chapopote a las playas del Golfo, Pemex admitió su responsabilidad en una conferencia de prensa del grupo interdisciplinario creado por el Ejecutivo para investigar las causas y el origen del desastre ambiental. En la comparecencia, Víctor Rodríguez Padilla, entonces director de la empresa, dijo que el siniestro fue detectado por personal de la petrolera desde el 8 de febrero, pero que la fuga “había sido negada por las áreas operativas”. Como resultado, en ese momento se anunció la separación del cargo de tres funcionarios: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino y el líder de Derrames y Residuos. Greenpeace ha solicitado que se investigue la responsabilidad de Padilla, así como la de otros funcionarios implicados.

En el comunicado que ha dado a conocer este jueves, Greenpeace señala que ha pedido a diversas autoridades la entrega de información relacionada con el derrame y medidas para “garantizar la no repetición, la reparación integral del daño ambiental y la transparencia en la atención del caso”. “El Golfo de México es una región de enorme riqueza ecológica y sustento para miles de personas”, sostienen. La mancha de combustible, documentada desde marzo por colectivos y comunidades de la región, alcanzó más de 1.100 kilómetros de costa y abarcó tres entidades federativas (Tabasco, Veracruz y Tamaulipas).

Senador electo en la campaña De La Espriella pide disculpas por insultar al uribismo

El influenciador de ultraderecha Alejandro Bermeo, senador electo en marzo por el partido Salvación Nacional que avala al candidato Abelardo De La Espriella, ha salido a pedir disculpas por insultar a la otra derecha, más tradicional, representada por el expresidente Álvaro Uribe. Cuando el expresidente dijo que uno de los influencers de De La Espriella, Santiago Giraldo, hace parte del grupo que “destruyen la democracia, posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido en la política”, Bermeo dijo que eso sonaba a amenaza.

“Gravísimo que el viejo patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo”, escribió Bermeo en su cuenta de X. “Hoy que ve su tumba política, en su desespero activa una última vez la motosierra contra el pueblo libre”. Es decir, solo lo llamó un posible asesino, sino uno que usaría una motosierra, como lo hicieron los paramilitares. La acusación de que Uribe es socio de los paramilitares suele hacerse desde la izquierda, no la ultra derecha.

Bermeo pidió disculpas después de que Abelardo de la Espriella escribiera en sus redes que condena “cualquier ataque contra el presidente @AlvaroUribeVel, a quien aprecio y admiro”. “Lamento que en el hervor de la contienda del cupo a segunda vuelta, mis opiniones hayan sido injustas y desproporcionadas”, escribió Bermeo en sus disculpas. “Excusas al señor Uribe y sus seguidores que se sintieron aludidos”, añadió.

Antes de las disculpas, varios políticos uribistas salieron a criticar a Bermeo y a De La Espriella inmediatamente, especialmente la candidata del uribismo, Paloma Valencia, quien compite por el voto de derecha que absorbió la campaña del penalista. “Este el el senador del ”Tigre“ maltratando al Presidente Uribe”, dijo sobre Bermeo. “Hay límites que nunca debieron cruzarse y se cruzaron”, dijo el representante electo por Bogotá, Daniel Briceño. “Alarma que un senador elegido por Salvación Nacional replique sin pudor las mendaces y odiosas narrativas del petrismo contra Uribe pensando que eso favorece su candidato.”, dijo el senador Andrés Forero.

Pero quien más se molestó fue uno de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás, quien rechazó que los de la campaña de De La Espriella acusen al uribismo de “matar a Miguel Uribe”, dice en un video en referencia al senador de uribista asesinado el año pasado. Sobre todo critica que usenel lenguaje de la izquierda: “ahora hablan de acabar la ‘paraquiza’ y el ‘uribato’, al mejor estílo petrista. Acusan a Paloma de querer matar a Abelardo. Y acusan a Uribe de querer matar a un influenciador”. Luego lanzó una advertencia para la segunda vuelta. “Están creyendo que en segunda vuelta Abelardo y Paloma se dan un abrazo y Cepeda queda derrotado. Hace cuatro años todos pensábamos que los cinco millones de personas que votaron por Fico en primera vuelta lo iban a hacer por Rodolfo en segunda. Y no fue así”, dijo. Si bien hay uribistas que apoyan a De La Espriella, admite Tomás Uribe, pero “esta gente está logrando que muchos otros uribistas sientan rabia e indignación. La manera como están actuando, de nuevo, al mejor estílo petrista, nos va a llevar a perder el país”. 

Los fuertes golpes durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han dado un alivio a la población de ese Estado del Pacífico mexicano. Allí, la cifra de homicidios dolosos se ha reducido a la mitad entre septiembre de 2024, en el arranque del sexenio de Sheinbaum, y mayo de este año, de acuerdo con datos oficiales presentados este miércoles por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El promedio de asesinatos diarios pasó de 4,8 a 2,4 en ese periodo. Se trata de una reducción a la mitad de la violencia en la cuna de uno de los carteles más sanguinarios. De hecho, es un reflejo de la tendencia nacional: en todo el país, el número de asesinatos se ha desplomado a niveles históricos, de acuerdo con García Harfuch. La hazaña parece mostrar los réditos que ha traído consigo el viraje de Sheinbaum en materia de seguridad, que abandonó el paradigma de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, su antecesor, y apostó a la coordinación de todas las fuerzas armadas en un esquema de inteligencia y golpes de precisión bajo el mando de la Secretaría de Seguridad.

En este periodo se han visto operativos espectaculares contra el CJNG, el más notable, el que encabezó el Ejército contra Nemesio Oseguera, El Mencho, fundador del cartel, hace poco más de tres meses. El 22 de febrero, herido y capturado, el capo murió mientras era trasladado a un hospital Ciudad de México, según el parte oficial. En el mes previo, la cifra de homicidios diarios en Jalisco era de 2,6. Contra todo pronóstico, pues se temía que se desatase la violencia en el Estado, la cifra de muertes bajó a 2,0 diarios tras la desaparición del mapa del líder criminal. En abril hubo un repunte, que volvió a caer en mayo, donde se ha mantenido estable.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha subrayado que parte del éxito de la estrategia de seguridad obedece a la colaboración entre la Federación y su Estado. En efecto, las Fuerzas Armadas han desplegado allí más de 6.000 elementos, que vigilan las calles junto a más de 8.000 efectivos de la Policía Estatal. “Hemos recibido un apoyo, en materia de seguridad, extraordinario. Con nuestra absoluta coordinación se logran grandes resultados como el anunciado por el secretario García Harfuch”, ha dicho el mandatario estatal este miércoles. Lemus ha agregado que, correlativamente, se ha disminuido la tasa delictiva por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a Jalisco en el lugar 17 ―de 32 Estados― en el índice de inseguridad.

El del Mencho no ha sido el único gran golpe contra el cartel jalisciense. A finales de abril la Marina detuvo en Nayarit, Estado vecino de Jalisco, a Audias Flores Silva, El Jardinero, un mando importante en la cúpula del CJNG y fuerte candidato para suceder al líder caído. El Jardinero fue capturado por la Armada en un operativo de enorme complejidad y precisión, tras 19 meses de vigilancia. Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura, una de las recompensas más altas, lo ha acusado de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de metanfetamina. La extradición del Jardinero a EE UU no se ha concretado aún, debido a la fuerte defensa legal que respalda al capo, a quien ya le funcióno al dedillo en el pasado para evadir la justicia.

El mismo día fue detenido César Alejandro Villaseñor Olivares, El Güero Conta, en Jalisco, en otra ofensiva coordinada por la Marina y con apoyo de la Guardia Nacional. Este capo era el operador financiero del cartel, manejando las ganancias de los crímenes para comprar aeronaves, barcos y ranchos e invertir en productoras de tequila. Blanqueo de activos en toda regla. Según ha dicho García Harfuch este miércoles, El Güero Conta era el “segundo al mando” del CJNG.

En diciembre de 2025 fue capturado Armando Gómez Núñez, Delta 1, líder de una organización de sicarios al servicio del CJNG. Acusado de homicidio, secuestro, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos, en enero de este año fue enviado al vecino del norte junto a otro puñado de criminales. Delta 1 era considerado el tercero al mando en la estructura interna del cartel en la zona metropolitana de Guadalajara, además de ser uno de los colaboradores más cercanos de Juan Carlos Valencia González, alias el R3, hijastro del Mencho. Meses atrás, en mayo de ese año, fue capturado en Ciudad de México José Gregorio Lastra Hermida, El Lastra, responsable del reclutamiento forzado para el CJNG, vinculado al caso del Rancho Izaguirre, donde el cartel adiestraba, torturaba y asesinaba.

García Harfuch ha destacado también las acciones contra la narcopolítica, las redes de complicidad que, desde el Gobierno, posibilitan y encubren las actividades ilícitas del cartel. En esta ofensiva se enmarca la captura, en febrero de este año, del alcalde de Tequila, Diego Rivera (del partido oficialista, Morena), y de otros tres integrantes de su gabinete acusados de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado. “Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que, en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos”, ha afirmado el secretario de Seguridad. García Harfuch ha advertido de que se continuará la vigilancia sobre políticos y funcionarios sin importar en qué partido militen, el oficialismo o la oposición.

Morena terminó por reescribir sobre la marcha la reforma judicial de Claudia Sheinbaum este miércoles para blindar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En una negociación de último minuto, el oficialismo aprobó una modificación inaudita que la oposición ha rechazado y que entre los propios morenistas se ha considerado como una violación a la Constitución. La mayoría de Morena y aliados ha aprobado, con voto dividido, un cambio que beneficia a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez —los tres primeros señalados durante años por su cercanía con Morena— para que puedan reelegirse en 2028 y permanecer en el máximo órgano electoral del país seis años más, es decir, hasta 2034. Con ello sumarían 17 años en el cargo.

La corrección llegó acompañada de otra concesión política: el Partido del Trabajo (PT) dobló nuevamente a Morena y consiguió tirar la intención presidencial de hacer concurrir la consulta de revocación de mandato con elecciones federales. Con ello, la reforma que el oficialismo presentó como la gran reconfiguración del Poder Judicial acabó convertida, tras más de 19 horas de debate, en una cadena de reservas, parches y concesiones negociadas contrarreloj.

La mayoría oficialista volvió a mover las piezas sobre el tablero a última hora. La modificación más escandalosa supone un viraje respecto al texto original impulsado por el propio oficialismo, que impedía expresamente la reelección de los integrantes del máximo tribunal electoral del país. La reserva, promovida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, altera por completo el sentido de la reforma para que los magistrados puedan ser reelegibles en 2028. “Les pido que retiremos esa reserva. No hagamos el ridículo nacional, es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución. Es una vergüenza”, lanzó el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien llamó a sus correligionarios a no aprobar el cambio. A su posicionamiento se unieron algunos legisladores del PT. Al final el llamado implícito del coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, a aprobarla, tuvo más peso.

La enmienda aplaza a 2028 la elección de jueces y magistrados federales y la hace coincidir con la consulta de revocación de mandato. Endurece filtros, reduce aspirantes y devuelve parte de la Suprema Corte a su antiguo diseño. Pero adicionalmente otorga una concesión política a un aliado de Morena, el Partido del Trabajo (PT). El oficialismo terminó por aceptar un blindaje; evitar que la consulta de revocación de mandato concurra con elección federal alguna. El cambio quedó plasmado en una reserva presentada por el coordinador petista Reginaldo Sandoval, que modifica el calendario constitucional para trasladar la revocación al primer domingo de junio del cuarto año del sexenio presidencial. Acotando que no puede empatar con elecciones federales; aunque sí concurre con la elección judicial. El movimiento desactiva cualquier intento de Morena de emparejar la consulta con elecciones para renovar el Congreso y la presidencia.

Morena aprobó la enmienda sin sobresaltos gracias a su mayoría legislativa, pero el debate volvió a exhibir las grietas internas del bloque gobernante y una constante, la modificación de iniciativas presidenciales desde la llegada de Sheinbaum, algo nunca visto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El tablero electrónico de la Cámara marcó una votación aplastante, 322 sufragios a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, todas de Morena y el PT, para sacar adelante la reforma judicial. El desenlace no fue inesperado, Morena, el PT y el Partido Verde conservan los votos suficientes para modificar la Constitución. Pero detrás de la disciplina parlamentaria, la jornada estuvo marcada por tensiones internas, reservas improvisadas y negociaciones de última hora para corregir el proyecto presidencial.

La modificación que regala a los magistrados electorales un período más, se convirtió rápidamente en uno de los puntos más polémicos de la sesión. El cambio beneficia directamente a los actuales integrantes de la Sala Superior del máximo tribunal electoral, señalados reiteradamente por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de mantener una relación de cercanía política con el oficialismo.

La oposición se lavó las manos. “Lejos de ese simulado debate de tres días, esta es una reserva conocida hace tres minutos, no podemos ser parte de la simulación”, lanzó el coordinador del PAN, Elías Lixa, quien desmarcó a su bancada del debate. Antes de la controvertida reserva, la oposición aprovechó cada intervención para vincular al oficialismo con la crisis política que atraviesa Morena por los señalamientos desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

La etiqueta de “narcogobierno” volvió a dominar buena parte de la discusión parlamentaria. Los nombres de Rocha e Inzunza aparecieron una y otra vez desde la tribuna entre acusaciones de sometimiento judicial y pactos de impunidad. Morena respondió con ataques contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien busca llevar a juicio político por el caso de los agentes de la CIA presuntamente involucrados en operativos contra el crimen organizado en el Estado.

Mientras la oposición centraba el debate en la crisis política del oficialismo, Morena alistaba correcciones de calado a la reforma. El resultado terminó siendo una reforma judicial distinta a la presentada originalmente por Sheinbaum.

La Cámara también aprobó otros cambios impulsados por Ricardo Monreal y Leonel Godoy. Uno de ellos permite que la Suprema Corte funcione en dos secciones, aunque únicamente con autorización previa del pleno. Otro amplía de 60 a 90 días el plazo para armonizar las legislaciones locales y establece que los jueces y magistrados electos en 2028 permanecerán en el cargo hasta 2036.

El dictamen pasará ahora al Senado, donde Morena prevé aprobarlo este jueves sin mayores obstáculos. Pero el costo político de las modificaciones ha quedado asentado. Lo que comenzó como una reforma diseñada para corregir el galimatías operativo de la elección judicial heredada del obradorismo terminó convertido en una nueva grieta interna en el oficialismo, marcada por concesiones, rectificaciones y ajustes de calado de última hora.

Mientras en buena parte del mundo los ciudadanos conocen a su nuevo presidente la misma noche de las elecciones, en Perú la espera puede tardar más de un mes. Es ya costumbre que el escrutinio electoral no proclame a un ganador, sino que apenas ofrezca una fotografía preliminar de una contienda que suele resolverse lentamente entre actas observadas, apelaciones y acusaciones de fraude. Esa agónica espera puede repetirse en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, porque Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió este miércoles de que puede repetirse la lentitud en el conteo y que el país probablemente no tenga plena certeza sobre quién será el próximo jefe de Estado hasta julio.

La justificación de Burneo no deja dudas de la lentitud que tendrá el proceso: “Hemos tenido una carga procesal sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son dos organizaciones políticas que están compitiendo, así que estimamos que no menos de un mes, o quizás en un mes, estaríamos ya proclamando los resultados, o antes dependiendo de la carga procesal que tengamos”, ha señalado el funcionario electoral, quien recibió amenazas de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el candidato ultraconervador que se quedó a 21.210 votos de tentar la presidencia.

La demora en definir los resultados alimenta una ansiedad colectiva comparable a la del videoarbitraje en el fútbol: una incertidumbre larga, frustrante y cargada de suspicacias, que termina por empañar la percepción del proceso democrático. El JNE tardó 33 días en oficializar el conteo al 100% de los votos de la primera vuelta, realizada el 12 de abril, y confirmar así el pase al balotaje de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El 15 de mayo se proclamó finalmente que la hija de Alberto Fujimori obtuvo 2.877.678 votos (17,18%) y que el heredero político de Pedro Castillo sumó 2.015.114 respaldos (12,03%).

El proceso volvió a exponer las fragilidades del sistema electoral y alimentó el discurso de los candidatos que no reconocieron los resultados, quienes denunciaron un presunto intento deliberado de alterar el escrutinio. Fue el partido de López Aliaga, exalcalde de Lima, el que impulsó una serie de impugnaciones de votos que terminaron por entrampar aún más el proceso. Cerca de 60 Jurados Electorales Especiales —los órganos encargados de impartir justicia en materia electoral— tuvieron que resolver unas 68.000 actas observadas a lo largo de 2.300 audiencias. A ello se sumaron las graves fallas logísticas de la primera vuelta: 211 mesas no llegaron a instalarse en Lima, lo que obligó, en un hecho sin precedentes, a prorrogar las elecciones por un día adicional en medio del malestar y el desconcierto general.

Burneo ha señalado que ha dispuesto que todas las mesas de sufragio queden instaladas desde el sábado 6 de junio, con el objetivo de evitar contratiempos durante la jornada electoral. Asimismo, ha reiterado que el JNE actuará con transparencia e imparcialidad y ha asegurado que, desde el inicio de la distribución del material electoral, se supervisará que este llegue oportunamente a todos los locales de votación.

Hace unos días, la Contraloría determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, Piero Corvetto, por una “serie de irregularidades” que repercutieron directamente en el derecho al voto de 55.261 electores de Lima durante la primera vuelta. A pesar de dichas fallas, la misión electoral de la Unión Europea descartó cualquier indicio de fraude, un criterio refrendado después por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Este domingo, en el Centro de Convenciones de Lima, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez medirán fuerzas en el esperado debate presidencial, un encuentro que podría resultar decisivo en la recta final de la campaña. La expectativa gira en torno al desempeño de ambos candidatos en cuatro bloques temáticos especialmente sensibles para el electorado: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

La Secretaría de Salud recoge este miércoles el primer caso de gusano barrenador en humanos en Ciudad de México. La información del boletín epidemiológico llega tres semanas después de que las autoridades informaran del primer caso de infección por miasis en la capital, en ese momento, en un doberman de 12 años. No obstante, la ciudad queda lejos del total de 352 casos reportados en humanos en todo el país. Chiapas, el Estado más afectado, tiene 131.

Los datos de la dependencia están actualizados hasta el pasado vienes. Por su parte, la Secretaría de Agricultura recoge en su monitoreo que la capital cuenta con dos casos activos desde el pasado lunes, tres días después de la cifra presentada por Salud. Consultada por más detalles sobre las infecciones en humanos, Agricultura remitió a la Secretaría de Salud. En cuando a las cifras totales -tanto de animales como de humanos- registra que la capital tiene cinco activos de los 2.100 casos a nivel nacional.

La detección de la infección en el doberman —confirmada a finales de abril, pero reportada el 5 de mayo— se presentaba entonces como “un caso aislado”, de acuerdo con las informaciones de las autoridades. El reporte aparecía como resultado de una infección incubada por la larva en la oreja izquierda del animal, donde tenía una herida causada por una pelea con otro perro. El perro fue ingresado en una clínica veterinaria de Topilejo, al sur de la capital, donde quedó bajo supervisión. Las autoridades aseguraron entonces la implementación de una estrategia de contención en la zona para prevenir más casos. La capital, que está a menos de un mes de albergar los primeros partidos del Mundial de Fútbol, ha sumado seis casos -uno no está activo- desde entonces.

Cuando apareció el primer caso, la Secretaría de Agricultura afirmó que no se detectaron casos secundarios “debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado”. Y subrayó que se aplicaráin medidas de prevención. “El Gobierno de México, a través de Senasica [Servicio Nacional de Sanidad], mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata”, expuso la dependencia en su escrito.

La plaga del gusano barrenador—que se creía erradicada en México desde 1991— volvió a aparecer en el último año como un quebradero de cabeza para las autoridades. El Senasica registró a comienzos de enero 492 casos activos, una cifra con la que celebraba “una reducción del 57% respecto a diciembre de 2025″. Ciudad de México ha sido un pequeño oasis en el interior del país, al no reportar por meses ningún caso.

La reaparición de los casos de gusano barrenador encendió las alertas en la Administración estadounidense, que decidió cerrar la frontera para el ganado mexicano meses atrás. El asunto abría un nuevo frente en las relaciones del Gobierno republicano y el de Claudia Sheinbaum, que han mantenido una tensión constante por la lucha contra el narcotráfico y los temas comerciales. México, por su lado, ha buscado dar la vuelta a la situación con la apertura de una fábrica de moscas estériles en Chiapas, Moscamed que se prevé que esté lista en junio.

Colombia se encuentra a las puertas de la jornada electoral que definirá quién ocupará la presidencia del país para el periodo 2026- 2030. La próxima elección presidencial es también un plebiscito indirecto a la gestión y a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país.

¿Cuándo son las elecciones y qué se elige?

Tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, la jornada electoral de mayo será exclusivamente para definir quién ocupará la presidencia y vicepresidencia de Colombia.

Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido un calendario electoral:

• Primera vuelta presidencial: se llevará a cabo el domingo 31 de mayo.
• Eventual segunda vuelta: en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos aspirantes más votados se medirán en una segunda vuelta el domingo 21 de junio.

Horarios de las mesas de votación

En todo el territorio nacional, el horario de apertura y cierre de las urnas es estricto y unificado.

• Apertura: 8.00 horas
• Cierre: 16.00. A esta hora cierran los accesos a los puestos de votación y las mesas. Si una persona se encuentra en la fila pero no ha entregado su cédula al jurado antes de la hora de cierre, no podrá votar.

Para los colombianos en el exterior, el proceso cuenta con una logística especial. Las votaciones se desarrollan durante una semana completa, comenzando el lunes 25 de mayo y finalizando el domingo 31 de mayo, en los consulados y puntos autorizados en cada país, operando de igual forma entre las 8.00 y las 16.00 (hora local de cada ciudad).

Restricciones y Ley Seca

Como es habitual en las jornadas electorales en Colombia, el Gobierno Nacional —a través del Ministerio del Interior— decreta medidas de orden público para garantizar la seguridad de los comicios.

La ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, se activa en todo el territorio nacional de manera preventiva. La restricción arranca desde las 6.00 del sábado 30 de mayo y se extiende hasta las 6.00 del lunes 1 de junio. El decreto oficial con los horarios exactos y las sanciones aplicables se publica en los días previos a la jornada.

Otras restricciones incluyen la prohibición de portar armas, el uso de celulares o cámaras fotográficas dentro de los cubículos de votación y la restricción de propaganda política el día de la elección.

Cómo votar: paso a paso para la jornada

Para que su voto sea válido y el proceso resulte ágil, la Registraduría Nacional sugiere seguir una serie de pasos ordenados.

Consultar puesto de votación

Ingrese a la página web oficial de la Registraduría o use la aplicación móvil oficial para verificar su puesto de votación y el número de mesa exacto. Recuerde que solo puede votar en el lugar donde tiene inscrita su cédula.

Presentar documento de identidad en la mesa asignada

Presente su cédula de ciudadanía física original (ya sea la amarilla con hologramas o la nueva cédula digital). Ningún otro documento, como el pasaporte o la contraseña, es válido para votar dentro del territorio nacional.

Recibir y marcar el tarjetón en el cubículo de votación

El jurado le entregará la tarjeta electoral de la elección presidencial. Diríjase al cubículo y marque de forma clara la casilla del candidato de su preferencia o la opción de “Voto en Blanco”. Evite salirse del recuadro o realizar marcas cruzadas sobre varias fotos para que su voto no sea anulado.

Depositar el voto y pedir el certificado

Doble el tarjetón para garantizar el secreto del voto y deposítelo en la urna correspondiente frente a los jurados de votación. Al finalizar, asegúrese de reclamar su cédula y el certificado electoral, el cual otorga beneficios de ley como descuentos en trámites públicos y medio día de descanso laboral remunerado.

En Chile, los estadios de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Talca, Curicó, Concepción, Chillán, Temuco, Puerto Montt y La Florida fueron construidos o remodelados en los últimos 20 años con recursos públicos.

Fue una política de estado levantada por Michelle Bachelet e impulsada por Sebastián Piñera en períodos consecutivos. Se intentó remodelar el Estadio Nacional en varias oportunidades sin lograrlo, pero la infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos fue un inmenso paso en la capacidad organizativa del país.

El presidente José Antonio Kast pretende, de manera sorpresiva, retomar ese camino tras anunciar que quiere “que varios de los clubes logren sus instalaciones, si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer donde poder potenciarse. Uno va a otros países y hay no solamente centros deportivos para el club, sino también para la nación entera. Que los clubes de las regiones puedan potenciarse, que sea una realidad, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Recuperemos estadios. Démosles estadios a aquellos clubes y que no sea más parte de una campaña política. Esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, porque lo más importante de los clubes son los hinchas”.

Sus palabras, pronunciadas en el Estadio Nacional mientras promulgaba la nueva ley de sociedades anónimas, provocaron sorpresa, pues las últimas grandes señales económicas del Gobierno apuntar a reducir gastos del Estado en materias tan importantes como salud y educación, y apenas días después de que el ministerio del Deporte anunciara la cancelación de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2026, dejando sin su máxima instancia de competición a cerca de 3.000 atletas.

Más aún, el anuncio de Kast reabrió la polémica sobre financiar con fondos públicos una actividad privada, administrada por propietarios que en muchos casos aún no son individualizados y que, en la Universidad de Chile, están inmersos en un escándalo financiero y judicial sin precedentes en la historia del fútbol chileno. Y coincide con la llegada de diversos actores políticos a las directivas del cuadro azul y Colo Colo: Cecilia Pérez, José Miguel Insulza, Francisco Aylwin, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine, entre otros, que tendrían como misión precisamente hacer lobby con el poder.

Duranta la campaña presidencial, el candidato Marco Enríquez Ominami, hincha de la Universidad de Chile, comprometió ayuda estatal para la construcción del anhelado estadio del club, en una sociedad público-privada que ayudaría a generar empleos e inversión, lo que fue duramente criticado por los adherentes a José Antonio Kast, en el marco de la “situación de emergencia” en que, aseguraban, estaba el país. Hoy es el propio fundador del Partido Republicano quien tomas las banderas de esta sociedad para echar adelante un proyecto que ni siquiera existe, pues la institución universitaria no ha conseguido aún un terreno para construir el recinto.

El inesperado anuncio complica una vez más a la ministra del Deporte, la exatleta Natalia Duco, quien en los dos meses que lleva en el cargo no ha podido acallar las protestas de los deportistas ante los recortes en los planes de las federaciones. Su única promesa, hasta ahora, había sido dotar de mejor indumentaria a los seleccionados en las competencias internacionales.

Si efectivamente Kast decide retomar la política de inversiones en infraestructura deportiva, estaría manteniendo una política muy consolidada en las últimas décadas, pero olvidando un recinto que requiere de una urgente transformación profunda, como el Estadio Nacional. Si es otro volador de luces, será inevitable recordar la promesa del general Augusto Pinochet, poco antes del plebiscito de 1988, que permitiría a Colo Colo finalizar el Estadio Monumental. Esos dineros jamás llegaron, y la promesa electoral quedó en el aire.

Los ilusionados hinchas de la U (que sueñan históricamente con su estadio propio) y los de Colo Colo (que anhelan mejores condiciones en el Monumental) ya se ilusionaron. Aunque todos dudan si el anuncio será sólo una metáfora, como definió el propio José Antonio Kast las promesas que no pueden cumplirse.

La posición en la que ha puesto a México la justicia estadounidense al solicitar la detención de Rubén Rocha, un gobernador del partido en el poder, será un punto de inflexión para bien o para mal. El Gobierno puede dictaminar que Rocha es inocente y ser criticado por su “complicidad” con la corrupción, o puede incriminarlo y ser culpado de entreguismo frente a Estados Unidos. En los dos casos pierde. En otro texto, he abordado las implicaciones de una u otra variante.

Sin embargo, el problema tiene mucho más fondo que un escándalo coyuntural. Toda crisis obliga a una estrategia de control de daños; en política es relativamente aceptable si eso consigue una cancelación definitiva del problema. Exculpar o incriminar a Rocha puede torear una embestida con un daño mayor o menor, pero para desgracia de la 4T eso no le salva de las siguientes embestidas. Se habla de una lista de 50 posibles incriminados por la justicia estadounidense, de la que solo se han difundido los 10 de Sinaloa. No hay estrategia de control de daños que sea útil si eso no va a detener la hemorragia. ¿Qué va a pasar cuándo los tribunales de Estados Unidos comiencen a soltar expedientes de autoridades de Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Guanajuato, del Gobierno federal y del Ejército que protegieron a los capos que hoy están siendo juzgados en Nueva York? ¿Hay algún mexicano que crea que esto no fue así más allá de lo impresentable que nos parezca Donald Trump? Quizá, jugar la carta de la soberanía y optar por repudiar el intervencionismo sirva una vez, lo cual incluso dudo, pero es insostenible frente a la evidencia y el sentido común en el resto de los casos.

Por dolorosa o complicada que parezca, la mejor opción para Claudia Sheinbaum, me parece, es una salida hacia adelante. Después de todo, el segundo piso de la 4T no generó este orden de cosas; se originó a lo largo de lustros y empeoró con los años de “abrazos, no balazos” que, dicho sea de paso, ella ya corrigió. Mal haría en asumir como propia cualquier cosa que pueda ser percibida como una defensa de una clase política que, en el fondo, la propia presidenta está interesada en depurar.

¿Por qué no lo ha hecho, entonces? Mi impresión es que ella asumió esa tarea como un proceso que el propio relevo electoral de las gubernaturas habría realizado de manera natural; formaba parte de una estrategia de depuración que, al mismo tiempo, no hiciera olas con el entramado construido por López Obrador.

Dos ejemplos. Sin duda, ella habría preferido no tener a Adán Augusto López como coordinador del Senado, pero debió esperar 16 meses antes de considerar que tenía la fuerza y existía el suficiente desgaste del tabasqueño para relevarlo sin provocar exabruptos. Lo de Rubén Rocha es otro caso: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, llegó a Sinaloa tras el estallido de la guerra entre los Chapitos y las huestes de Mayo Zambada, y lo primero que hizo fue hacer a un lado a las autoridades locales, desarmar a sus policías y provocar la salida de la fiscal del Estado; seguramente informó a Sheinbaum del grado de infiltración del narco en las altas esferas del Gobierno de Rocha. Y sin embargo, la presidenta eligió a lo largo de estos meses apoyar explícitamente al mandatario y ofrecerle un espaldarazo tras otro. O algo bueno sabe sobre Rocha que desconocemos o predominó en ella la cautela, considerando que se trataba de una figura que había sido aupada al poder y protegida por López Obrador.

Más que sumar a los reproches o abusar de la ventaja de juzgar a agua pasada, convendría reflexionar respecto a lo que sigue. El verdadero legado de López Obrador no son las decisiones que tomó en el camino sino el proyecto de nación que fundó su movimiento: “Por el bien de todos, primero los pobres”. En muchos sentidos, la situación del mundo es otra y la de México particularmente. Apenas han transcurrido 20 meses de los 72 que gobernará Claudia Sheinbaum. El presente y el futuro inmediato de la 4T dependen en gran medida de su capacidad para afrontar los retos de un país sacudido por el fin de una era.

Tengo la impresión de que la firmeza de su liderazgo es mayor del que ella misma se ha atribuido; posterga el combate frontal de prácticas indeseables con tal de no poner en riesgo la unidad del movimiento. En realidad, los riesgos de división son menores comparados con la erosión creciente que deja lo que comienza a ser percibido como un desinterés de Morena para llevar a tribunales a sus figuras encumbradas.

Y bien mirado, la situación ofrece una oportunidad única. Durante décadas en todas estas regiones bravas las élites (y la sociedad misma) optaron por una especie de convivencia tolerada con el crimen organizado. Los narcos generaban derrama económica y la gente asumió que no habría mayor problema si se limitaban a sus asuntos. Pero sucedieron dos cosas: primero, que no se limitaron a ellos y de la siembra y el trasiego pasaron a delinquir en contra de la población y a corromper el poder político más allá de las áreas de seguridad; segundo, y consecuencia de lo anterior, algunos comerciantes y ciertos miembros de la clase política dejaron la mera convivencia e intentaron aprovechar a su favor el poder económico y de fuego del narco. Creyeron que podrían administrarlo pero terminaron subordinados a él. Hoy hay gobiernos estatales y municipales de estas regiones que son rehenes de ese poder criminal.

La crisis que vive Sinaloa podría ayudar a cambiar este paradigma y generar una nueva intolerancia política a los acuerdos a los que los gobernadores se sentían obligados. Y no olvidar que tales acuerdos en el fondo eran un reflejo de una sociedad en su conjunto que había normalizado una falsa noción de convivencia con el narco.

La cuota de violencia y crimen en contra de la población muestra que tal convivencia termina siendo un mito. Por no hablar de que sirve como un pretexto para la intervención abusiva de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum bien podría utilizar esta crisis para emprender un cambio a fondo al respecto, impulsar una cruzada de saneamiento de la administración pública en relación al narco, introducir nuevos protocolos y seguimiento. La primera tarea, sin embargo, sigue siendo la de despejar dudas sobre el interés de la 4T en poner la justicia por encima de la lealtad política o la unidad del movimiento. @jorgezepedap