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A menos de dos semanas de que comience el Mundial 2026 y México esté llamado a lucirse como uno de los países anfitriones, un nuevo incendio en seguridad se ha desatado para las autoridades en Colima. Los enfrentamientos en el municipio de Tecomán han dejado un muerto, dos policías heridos y bloqueos en carreteras. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que se trata de una pugna interna entre grupos locales afiliados al Cartel Jalisco Nueva Generación. Ya hay seis personas detenidas, entre ellas uno de los objetivos prioritarios del gabinete. “En los últimos días se había agravado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que, como se reflejó ayer y anteayer, va a disminuir la violencia”, ha prometido el titular.

Las escenas que han dejado las batallas internas en el pequeño pueblo de menos de 150.000 habitantes han aterrorizado a los vecinos: columnas de humo, camiones volcados e incendiados y un enfrentamiento abierto con los agentes de la Policía Investigadora, quienes quedaron atrapados en una balacera y fueron atacados a tiros por sujetos a bordo de un vehículo. Los uniformados comenzaron una persecución que provocó la reacción del grupo armado con incendios y formaron una barrera para bloquear la autopista Colima-Manzanillo. Uno de los tráileres en llamas que usaron como barricada fue embestido por un tren. Consiguieron escapar, según confirmó el Gobierno Estatal. El temor a más represalias obligó a las autoridades a suspender las clases presenciales en Tecomán, así como en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán.

Sin embargo, García Harfuch ha asegurado que este martes la Secretaría de la Marina detuvo a cinco de los implicados con apoyo de la Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Colima. Tres días atrás, habían conseguido arrestar a uno de los cabecillas y objetivo prioritario. “Son grupos muy locales que derivan de lo que fue el Cartel Jalisco, unos a los que les dicen Los Mezcales, peleándose con otro grupo interno, precisamente en Colima”, ha detallado el titular. El Gobierno ha enviado un refuerzo en seguridad al Estado, donde ha desplegado 200 agentes de urgencia en la región y se ha establecido un plan de coordinación entre el Ejecutivo federal y el Gobierno local, encabezado por Indira Vizcaíno Silva, de Morena.

Tras una reunión con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora aseguró que el municipio había vuelto a la calma. “La situación en la zona del operativo es de tranquilidad y está en total control de las corporaciones estatales y federales. La Mesa actualizará y detallará los saldos del operativo en cuestión”, ha prometido.

Colima fue uno de los epicentros de los narcobloqueos que surgieron en respuesta al intento de captura —y posterior muerte en el operativo— de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien fuera el líder supremo de la organización criminal más poderosa del país. A finales del año pasado, un operativo de la Marina detuvo a 54 personas en diferentes municipios de Manzanillo, una ciudad costera muy codiciada por el crimen organizado por su puerto comercial que da entrada al tráfico del Océano Pacífico.

Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los capos más sanguinarios en la historia del narcotráfico mexicano, no solo ejercita su inglés sino que también hace alarde de tecnicismos legales. Todo sea con tal de buscar por todas las vías posibles ser extraditado de vuelta a México. En la undécima carta manuscrita que el criminal ha enviado al juez Brian Cogan, y que ha publicado este miércoles el diario Milenio, Guzmán ha asegurado que lucha contra el “estatuto de limitaciones” para ser enviado a su país e iniciar ahí un nuevo juicio.

En el nuevo documento, el líder histórico del Cartel de Sinaloa se refiere a una figura legal en el sistema judicial estadounidense. De acuerdo con el argumento de Guzmán, la Fiscalía habría pasado el límite de tiempo para presentar una demanda en su contra. “Desde 2019 he estado encarcelado y también he cumplido con los estándares para un nuevo juicio según la política federal […] En lo judicial, pido al juez que acepte esta carta en la que pido una respuesta de vuelta”, ha sostenido en el texto.

La misiva a la que ha tenido acceso Milenio está fechada el martes 26 de mayo. El criminal la ha enviado bajo la figura legal pro se. Es decir: representándose a sí mismo. Todas las comunicaciones del Chapo han sido rechazadas por Cogan. A inicios de mes, el juez afirmó en un comunicado que denegó las solicitudes del narcotraficante porque consideró que carecían de sentido.

Guzmán Loera, de la mano de su entonces socio, Ismael El Mayo Zambada, formó una de las organizaciones más poderosas y temidas del país. Su poder y su rastro de extrema violencia quedaron demostrados durante su juicio en Estados Unidos. El exlíder del Cartel de Sinaloa cumple cadena perpetua desde 2019 por delitos relacionados con el tráfico de drogas y se encuentra recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

El criminal ha denunciado también las pésimas condiciones de su encierro. Guzmán se encuentra bajo las SAMs (Medidas especiales, administrativas y de extremo aislamiento, por sus siglas en inglés). Se trata de un régimen reservado para terroristas o reos de alta peligrosidad, que reduce al mínimo el contacto humano y confina al sentenciado en su celda de forma casi permanente.

La última vez que el entorno del exlíder del Cartel de Sinaloa levantó la voz por las condiciones en las que se encuentra fue el pasado febrero. En esa fecha, Mariel Colón, abogada del capo de la droga, afirmó al diario mexicano Reforma que su cliente ha bajado mucho de peso y ha sufrido episodios de taquicardia en los últimos meses. “Se encuentra bajo condiciones de confinamiento bastante extremas, en mi opinión, son inhumanas y violan la Constitución estadounidense. Son crueles”, aseguró.

Hace 971 días, cuando la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo capturó en Bilwi, Brooklyn Rivera tenía el semblante de un hombre mayor, pero sin signos visibles de deterioro extremo. Era el de un líder indígena con la vitalidad necesaria para pasar varios días huyendo de los oficiales que lo perseguían en el Caribe Norte de Nicaragua, tras haberse convertido en crítico de la pareja de ‘copresidentes’. Al menos así se observa en la foto que se filtró tras su captura, una imagen que dista de manera exponencial de las presentadas este 27 de mayo por el Gobierno, en las que se ve a un hombre extremadamente enflaquecido, postrado en un lecho de hospital y con una traqueotomía.

“Su condición actual es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes”, informó el régimen en un comunicado emitido bajo la presión internacional y las denuncias de la familia del preso político. El líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA) fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y, desde entonces, permanecía bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero.

Su familia nunca supo dónde lo mantenían encerrado. A pesar del clamor por conocer su estado, el régimen jamás dio información sobre Rivera, quien en su momento fue aliado del sandinismo en el Parlamento. “No sabemos si está vivo, en una morgue o grave en un hospital”, denunció en marzo pasado la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, quien se encuentra exiliada en España.

Durante los primeros meses de este 2026, fuentes sandinistas difundieron el rumor de que Rivera había sido trasladado a un hospital en una condición de salud muy comprometida. Eso provocó una campaña internacional más fuerte para conocer su paradero y su estado, que incluyó medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la “consternación” del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, que en mayo demandó una prueba de vida del preso político.

En un intento por esquivar las críticas de la administración de Donald Trump sobre la prisión política, los Ortega-Murillo han presentado a algunos reos de conciencia que llevaban meses o años en la misma condición que Rivera: en desaparición forzada. Una de las últimas fue Angélica Chavarría, expareja del general Humberto Ortega Saavedra —hermano del codictador y quien murió en cautiverio oficial el 30 de septiembre de 2024—, exhibida hace cinco días. Sin embargo, las autoridades siempre hacían caso omiso a las peticiones de dar fe de vida del líder de YATAMA.

Tras la presentación de Chavarría, la familia de Rivera y los organismos de derechos humanos redoblaron la demanda de una prueba de vida. El régimen copresidencial respondió de forma sorpresiva y distinta. En vez de mostrarlo ante las cámaras leyendo un mensaje escrito por las autoridades penitenciarias, como hicieron con ella, con el líder indígena emitieron un comunicado y una serie de fotografías alarmantes sobre su condición.

El régimen intenta sacudirse la responsabilidad

“Ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz el 7 de marzo [de] 2026, donde ha sido atendido”, refiere el comunicado oficial, cuyas fechas confirman la veracidad de los rumores esparcidos. El régimen, sin embargo, intenta descargar la responsabilidad sobre su estado argumentando que Rivera presentaba condiciones de salud preexistentes desde antes de su captura.

“Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años de edad, ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el día 29 de septiembre de 2023. Desde entonces ha presentado distintos episodios y síntomas propios de condiciones de salud alteradas durante varios años”, alega el oficialismo. Además de la traqueotomía y de estar conectado a ventilación mecánica invasiva, el preso político sufre una infección pulmonar activa por bacterias resistentes, recibe alimentación intravenosa y padece cirrosis hepática y falla multiorgánica.

Sin embargo, un médico internista consultado por EL PAÍS tiene otra opinión tras analizar el cuadro clínico divulgado. Asegura que la evolución de las infecciones respiratorias descritas por el propio régimen es compatible con una “atención tardía y negligente” mientras Rivera permanecía en la cárcel La Modelo.

Organismos como la Unidad de Defensa Jurídica han advertido antes sobre las condiciones insalubres de las celdas donde mantienen a los presos políticos, un contexto que agrava el riesgo de infecciones y el deterioro físico de los reos. “De haberse diagnosticado y tratado oportunamente la primera infección bacteriana, y de no haberse producido una sobreinfección nosocomial con gérmenes ultrarresistentes, el pronóstico clínico del paciente probablemente sería más favorable”, explicó el especialista.

Las primeras reacciones de los organismos de derechos humanos, aparte de la condena, reflejan el temor a una eventual muerte de Rivera. Un miedo fundamentado en los hechos: desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en prisión, arresto domiciliario o bajo cautiverio estatal en Nicaragua.

Se trata de Eddy Montes Praslin, Santos Flores Castillo, Hugo Torres Jiménez, Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda y el general Humberto Ortega Saavedra. “Las imágenes difundidas por el régimen hoy, 27 de mayo, revelan el grave deterioro físico del líder indígena miskito, Brooklyn Rivera. Son una prueba contundente de la práctica de los tratos crueles e inhumanos más horrendos”, calificó por su parte el partido político Unamos.

El comunicado oficial sostiene que Rivera ha recibido visitas quincenales de su hijo, Wailandin Rivera Solórzano, y que la exdiputada indígena Nancy Elizabeth Henríquez y el comandante Lumberto Campbell —leal a los copresidentes— lo han visitado semanalmente. La versión no puede ser corroborada de forma independiente, ya que Henríquez fue excarcelada bajo un régimen de casa por cárcel y total incomunicación, una condición que hace imposible confirmar si ha tenido acceso real a Rivera.

El comunicado sobre Rivera recuerda al que el régimen emitió sobre el general Humberto Ortega Saavedra antes de reconocer su deceso. Se trataba de un parte de desahucio que antecedió por apenas unas horas al anuncio de su fallecimiento. Mientras tanto, más de ocho presos políticos permanecen en condición de desaparición forzada, sin que sus familias hayan recibido una sola señal de vida.

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Ian Sinclair es un psicoanalista de lugares, un detective místico del Londres perdido a medio camino entre Dickens y Sherlock Homes. En La ciudad de las desapariciones, una compilación de crónicas y ensayos de hace una década, dibuja a través de maratonianos y serenos paseos un mapa de los rincones donde aún sobrevive alguna huella del mundo antiguo —cementerios, fábricas, iglesias— anterior a la aplanadora del urbanismo contemporáneo. Una “topografía profunda” marcada por las vidas que habitaron esos lugares y cuya memoria se cuela como una fuerza reprimida por las grietas de lo nuevo. Sinclair se fija por ejemplo en su barrio. Hackney, en el este obrero de Londres, nunca fue lo mismo tras la especulación inmobiliaria de los Juegos Olímpicos de 2012. Debajo de toda esa cuadra donde ahora hay departamentos turísticos, tiendas de moda y un mercado de verduras orgánicas, nos recuerda que aún late la memoria de un cementerio de la época victoriana o de un hospicio para excombatientes de la Segunda Guerra Mundial.

Los Mundiales no suelen ser tan mastodónticos como los Juegos Olímpicos. Menos aún el que está a punto de arrancar, con tres sedes en México, Estados Unidos y Canadá. Pero algunos barrios mexicanos llevan un tiempo sintiendo las embestidas de la especulación inmobiliaria. Un vecino y activista de la colonia Juárez, en la zona centro de la capital, acompañó a mi compañero Carlos Carabaña en uno de esos paseos que le gustan a Sinclair. Levantado a finales del siglo XIX sobre una inmensa finca colonial, está repleto de casonas porfirianas o joyas art déco. Durante el paseo, el vecino iba señalando edificios con una memoria oculta: casas familiares derruidas para levantar bloques de siete plantas, desalojos violentos y unos pocos vecinos que resisten en majestuosos edificios en ruinas. En total, asegura que ha visto cómo se expulsaba a cerca de 4.000 vecinos del barrio.

La llegada del Mundial a México es la estocada final de un proceso que desde hace años denuncian plataformas de afectados y vecinos. Sus barrios se transforman a golpe de Estancias Turísticas Eventuales. Un modelo que reduce la oferta de vivienda disponible y dispara los precios de alquiler y compra, causando la expulsión de los residentes locales. Ciudad de México es la punta de lanza. La ciudad tiene un total de 63.000 plazas hoteleras, lo que convierte a Airbnb, con sus 24.000 ofertas de departamentos y habitaciones, en el casero de más de la cuarta parte de la oferta total de alojamiento.

El negocio está dominado por las empresas inmobiliarias. Solo un 0,4% de la población tiene tres o más inmuebles. Es más, según la investigación de mis compañeros, entre los 50 anfitriones principales de la capital, que ofrecen más de 5.000 departamentos, solo hay cuatro perfiles no vinculados con una empresa y que parecen una persona real. Hay algunas delegaciones, como la Cuauhtémoc, a la que pertenece la colonia Juárez, donde entre un 11% y un 20% de todas sus viviendas están en alquiler en Airbnb, de acuerdo al libro Airbnificación en la Ciudad de México, realizado por varios académicos de la UNAM.

No es posible distinguir cuántas de esas ofertas son propiedad de las inmobiliarias y en cuántas se dedican a gestionar la propiedad de otra persona o empresa. En ese caso, lo habitual es que estos intermediarios cobren una comisión de entre un 20% y 30%. En la práctica, dicen los académicos consultados, son equivalentes a grupos hoteleros, pero escondidos detrás del paraguas de la economía colaborativa.

Una de las académicas consultadas, señala que “las inmobiliarias se han dado cuenta de que Airbnb es una de las mejores formas de obtener ganancias, ya que un departamento de dos habitaciones y un cajón de estacionamiento, que le sacaban antes 8.000 pesos, ahora lo ponen en Airbnb y rentan cada habitación varias veces y luego por separado el cajón de estacionamiento, recuperando más rápido la inversión”. Las ciudades también tienen memoria y caminar con atención por algunos barrios se parece a visitar al psicoanalista, con historias ocultas que buscan un lugar entre lo nuevo.

Senador electo en la campaña De La Espriella pide disculpas por insultar al uribismo

El influenciador de ultraderecha Alejandro Bermeo, senador electo en marzo por el partido Salvación Nacional que avala al candidato Abelardo De La Espriella, ha salido a pedir disculpas por insultar a la otra derecha, más tradicional, representada por el expresidente Álvaro Uribe. Cuando el expresidente dijo que uno de los influencers de De La Espriella, Santiago Giraldo, hace parte del grupo que “destruyen la democracia, posan de asesores de Milei, creen que calumniar es válido en la política”, Bermeo dijo que eso sonaba a amenaza.

“Gravísimo que el viejo patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo”, escribió Bermeo en su cuenta de X. “Hoy que ve su tumba política, en su desespero activa una última vez la motosierra contra el pueblo libre”. Es decir, solo lo llamó un posible asesino, sino uno que usaría una motosierra, como lo hicieron los paramilitares. La acusación de que Uribe es socio de los paramilitares suele hacerse desde la izquierda, no la ultra derecha.

Bermeo pidió disculpas después de que Abelardo de la Espriella escribiera en sus redes que condena “cualquier ataque contra el presidente @AlvaroUribeVel, a quien aprecio y admiro”. “Lamento que en el hervor de la contienda del cupo a segunda vuelta, mis opiniones hayan sido injustas y desproporcionadas”, escribió Bermeo en sus disculpas. “Excusas al señor Uribe y sus seguidores que se sintieron aludidos”, añadió.

Antes de las disculpas, varios políticos uribistas salieron a criticar a Bermeo y a De La Espriella inmediatamente, especialmente la candidata del uribismo, Paloma Valencia, quien compite por el voto de derecha que absorbió la campaña del penalista. “Este el el senador del ”Tigre“ maltratando al Presidente Uribe”, dijo sobre Bermeo. “Hay límites que nunca debieron cruzarse y se cruzaron”, dijo el representante electo por Bogotá, Daniel Briceño. “Alarma que un senador elegido por Salvación Nacional replique sin pudor las mendaces y odiosas narrativas del petrismo contra Uribe pensando que eso favorece su candidato.”, dijo el senador Andrés Forero.

Pero quien más se molestó fue uno de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás, quien rechazó que los de la campaña de De La Espriella acusen al uribismo de “matar a Miguel Uribe”, dice en un video en referencia al senador de uribista asesinado el año pasado. Sobre todo critica que usenel lenguaje de la izquierda: “ahora hablan de acabar la ‘paraquiza’ y el ‘uribato’, al mejor estílo petrista. Acusan a Paloma de querer matar a Abelardo. Y acusan a Uribe de querer matar a un influenciador”. Luego lanzó una advertencia para la segunda vuelta. “Están creyendo que en segunda vuelta Abelardo y Paloma se dan un abrazo y Cepeda queda derrotado. Hace cuatro años todos pensábamos que los cinco millones de personas que votaron por Fico en primera vuelta lo iban a hacer por Rodolfo en segunda. Y no fue así”, dijo. Si bien hay uribistas que apoyan a De La Espriella, admite Tomás Uribe, pero “esta gente está logrando que muchos otros uribistas sientan rabia e indignación. La manera como están actuando, de nuevo, al mejor estílo petrista, nos va a llevar a perder el país”. 

Morena llegó a la sesión del Congreso General con la seguridad matemática de tener una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma judicial y el paquete electoral aupado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que se ausentaran figuras como Enrique Inzuza señalado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, junto al gobernador de Sinaloa.

La ausencia del senador morenista -que acudió a declarar a la fiscalía- protagonizó el ambiente de la sesión desde el primer minuto. Lo mismo con Rubén Rocha Moya. Pero el oficialismo intentó enterrar el tema y llevar la discusión al terreno técnico de la reforma constitucional. Al final, Morena, PT y PVEM lograron este martes por la noche que la enmienda diera el primer paso en el Legislativo. Con 341 votos a favor y 124 en contra, aprobaron en lo general las modificaciones a un puñado de artículos constitucionales para aplazar de 2027 a 2028 el segundo ensayo de la elección judicial y empatarla con la consulta de revocación de mandato presidencial.

La iniciativa representa el primer gran intento de Sheinbaum por corregir —sin echar atrás por completo— la herencia judicial de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador: una reforma que abrió las urnas a jueces, magistrados y ministros, pero que dejó al descubierto vacíos operativos, falta de perfiles probados, riesgos de captura política y dudas sobre la viabilidad logística del nuevo modelo.

La discusión avanzó entre pancartas, abucheos y un consignas constantes. Los diputados del PRI desplegaron carteles con frases como “corte patito”, “no más ministros chicharrón” y “voto en contra de los acordeones”. Desde la tribuna, el coordinador priista Rubén Moreira levantó uno de esos acordeones —las guías impresas con nombres de candidatos judiciales que circularon en la elección pasada para dirigir el voto ciudadano— para resumir, dijo, el destino de la justicia mexicana.

“En esto se va a resumir la justicia en este país, en un acordeón”, lanzó mientras agitaba el papel frente a la mayoría morenista. El diputado acusó al oficialismo de intentar meter “por la puerta de atrás” el empalme entre la elección judicial y la revocación de mandato presidencial. Un cambio que sus aliados del PT y Verde no avalaron en abril en el intento fallido de reforma electoral de Sheinbaum que entre otras cosas, buscaba emparejar la consulta de revocación de mandato con las elecciones federales y locales de 2027. Aquella propuesta no contó con los votos de sus aliados y terminó por desecharse.

La escena sintetizó el tono de la jornada: una oposición sin votos suficientes, pero empeñada en erosionar, en el debate, el relato de legitimidad de Morena. La iniciativa presidencial busca introducir controles técnicos a un modelo que implícitamente el Gobierno ha reconocido como defectuoso. Crea una comisión coordinadora de los comités de evaluación de aspirantes judiciales, encargada de homologar criterios, verificar requisitos y aplicar exámenes de conocimiento. También reduce el número de candidaturas mediante filtros previos: solo las cuatro personas mejor evaluadas por cargo pasarán a la fase final y, después, una tómbola dejará únicamente dos nombres por plaza.

El rediseño supone un viraje relevante respecto de la reforma impulsada por López Obrador. Sheinbaum ha evitado confrontar directamente el legado de su antecesor, pero en los hechos ha comenzado a desmontar algunas de sus reformas más polémicas. El aplazamiento de la elección judicial y la creación de filtros técnicos son parte de esa operación silenciosa.

El pleno de la Cámara de Diputados aún deberá discutir la reforma en lo particular este miércoles, antes de pasar al Senado, donde Morena y sus aliados prevén aprobarla sin sobresaltos el jueves. La mayoría legislativa está garantizada. Lo que permanece abierto es el mensaje político de intentar recomponer la reforma más ambiciosa del sexenio pasado mientras el partido gobernante enfrenta cuestionamientos crecientes sobre la integridad de algunos de sus cuadros.

En el mismo paquete se discutirán tres iniciativas en materia electoral, incluidas de último momento en la aprobación del extraordinario, una de ellas también de autoría presidencial, que busca cerrarle la puerta a la infiltración de la delincuencia organizada en las elecciones a través de una comisión de verificación de candidaturas a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), encargada de coordinar evaluaciones de riesgo elaboradas con información reservada de autoridades de seguridad, inteligencia financiera y procuración de justicia. Una especie de filtro, confidencial y voluntario, para que los partidos puedan saber con anticipación si un posible candidato tiene nexos con actividades delincuenciales.

Con todo, la más polémica de las enmiendas apunta directamente al corazón del sistema electoral. Morena busca introducir en la Constitución una nueva causal de nulidad de elecciones por “intervención extranjera”. La iniciativa propone modificar el artículo 41 constitucional para permitir que el Tribunal Electoral invalide elecciones cuando existan indicios de injerencia de gobiernos, organizaciones o agentes extranjeros en una contienda. La propuesta ya ha encontrado resistencia dentro del propio oficialismo. Legisladores de Morena, entre ellos Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, han votado en abstención durante la aprobación de la propuesta en comisiones. Adicionalmente, un puñado de diputados oficialistas se alista para llevar sus inconformidades al pleno este miércoles. En privado, admiten su preocupación por la ambigüedad del concepto y el margen de interpretación que podría abrir al árbitro electoral. La discusión en el Congreso está a punto de ebullición.

El oficialismo en México ha pasado al control de daños tras la acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con el narco contra una decena de funcionarios, entre los que destaca el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El siguiente personaje de mayor alcance político es Enrique Inzunza, senador de la República y exsecretario de Gobierno en la gestión de Rocha. Tras la revelación de la explosiva acusación, hace casi un mes, Inzunza se ha atrincherado en su Estado y ha dejado de asistir para cumplir sus obligaciones de legislador federal, en Ciudad de México, a petición del jefe de su bancada, Ignacio Mier. El comienzo este martes del periodo extraordinario de sesiones del Congreso obliga tanto a Morena, el partido en el Gobierno, como al propio Inzunza a tomar una decisión sobre su futuro político.

Aparecer o no aparecer en el Senado, esa es la cuestión. Inzunza está protegido por la inmunidad (fuero) de la que gozan todos los legisladores en México, lo que dificulta procesarles de ciertos delitos. En las filas del oficialismo se barajan dos posibilidades para Inzunza, que el fin de semana fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para dar una declaración respecto de los señalamientos de Washington. Según ha planteado él mismo, se presentará en el Congreso a sesionar como senador en el nuevo curso legislativo, exponiéndose a convertirse en el centro de los debates entre las fracciones parlamentarias. Si no acude, pedirá licencia a su escaño, de acuerdo con fuentes cercanas a Inzunza. La incógnita es si el grupo morenista lo separará definitivamente del cargo, lo que significaría un deslinde contundente de parte del oficialismo. La moneda sigue en el aire.

La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado a Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de colaborar con el Cartel de Sinaloa, concretamente con la facción de Los Chapitos, herederos directos del fundador de la empresa criminal, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación señala que Inzunza, junto con Rocha, “se ha reunido con los líderes de Los Chapitos y ha acordado planes específicos para que el Gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoye y proteja al cartel a cambio de favores por parte del cartel para que, a su vez, los acusados y otros funcionarios corruptos se mantengan en el poder”. El expediente agrega que Inzunza y sus supuestos cómplices colocaron en cargos públicos a personajes encargados de “proteger las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos”, además de que fungieron como enlaces entre el grupo criminal y el gobernador.

El pasado viernes, Inzunza se reunió con su compañero de bancada Javier Corral en Culiacán, capital de Sinaloa. El encuentro, en el restaurante de un club privado, se dio a conocer gracias a una foto que les tomaron a ambos y se filtró a la prensa. Corral, exgobernador de Chihuahua y senador, fue cuestionado duramente en las redes por esa reunión, pero este defendió su camaradería con Inzunza y puso en duda las alegaciones de EE UU. Desde aquel día, Corral anunció que Inzunza tenía toda la intención de presentarse este martes a la sesión de inicio del periodo extraordinario. “A mí no me da la impresión de que se anda escondiendo”, ha dicho este lunes en una entrevista de radio con Aristegui Noticias. “Yo le dije: ‘pues si usted no va, ahí sí creo que tendría que pedir licencia’. Ese fue el comentario, no consejo, que yo le hice”, ha relatado.

Inzunza, que es abogado y ha dicho que él mismo se defenderá, lleva varias semanas en el ojo del huracán. El senador se ha alineado a la postura oficialista, marcada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, de desacreditar la acusación de EE UU diciendo que no es más que una maniobra política con la que Donald Trump pretende justiciar una incursión en México que violar la soberanía nacional bajo el pretexto de la seguridad y la lucha contra el narco. Inzunza ha prometido que acudirá a la Fiscalía mexicana a declarar, incluso, sin la inmunidad del fuero, aunque, para hacer efectiva esa promesa, tendría que pedir licencia del cargo. El periodo extraordinario del Congreso se ha convocado para votar las iniciativas que ha enviado la presidenta Sheinbaum para reformar la elección judicial y crear filtros que eviten la llegada de candidatos con antecedentes criminales a la boleta.

Según Corral, el senador quería presentarse desde antes a las sesiones del Congreso, pero el coordinador de Morena, Ignacio Mier, le pidió no hacerlo. “Él me dijo: ‘Yo estoy pensando en ir, usted sabe que yo quería ir a la Comisión Permanente [que sesiona en periodos de asueto]”, recapitula Corral sobre lo que le dijo Inzunza, quien luego le compartió que la coordinación oficialista prefirió que no apareciera para que no lo agarraran “de piñata” y no acaparara más atención su controvertida presencia que los temas legislativos a tratar. La visita de Corral a Inzunza ocurre en un momento de tensión con la oposición por la presunta injerencia de agentes de la CIA en Chihuahua. Este Estado fronterizo es gobernado por Maru Campos, del opositor PAN y enemiga política de Corral. Los casos de Sinaloa —que afecta al oficialismo—, y el de Chihuahua —que apunta a la oposición— se han vuelto el terreno de la disputa política reciente, en la antesala de las elecciones intermedias de 2027.

La violencia contra las mujeres no es parte del juego es la campaña que han lanzado las redes de refugios para mujeres víctimas de violencia en México, Estados Unidos y Canadá solo un par de semanas antes de que comience el Mundial de fútbol. El llamado, liderado desde México por la Red Nacional de Refugios (RNC), responde a los incrementos ampliamente documentados de las distintas formas de violencias —agresiones dentro de los hogares, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas— que ocurren durante los grandes eventos deportivos. ONU Mujeres y UNICEF han calculado que durante estos torneos se disparan hasta en un 30% las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar. La RNR recuerda además que las tres ciudades sede en México ya presentan altos índices de violencia contra las mujeres. “El fútbol no genera la violencia contra las mujeres, esa violencia ya existe y en determinados contextos puede incrementar los riesgos o intensificar dinámicas preexistentes”, dice Wendy Figueroa, directora de la red.

“Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública”, dice en un comunicado RNR. Figueroa insiste en que dos de las situaciones que agravan la situación de violencia son el alto consumo de alcohol, pero también el home office prolongado. La pandemia por coronavirus en México ya demostró que muchas mujeres quedaron encerradas y aisladas con sus agresores sin tener oportunidades reales de acompañamiento, soporte o escape. La RNR documentó en ese lapso de confinamiento que los eventos de violencia aumentaron más del 56%. Y, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la violencia familiar incrementó en un promedio de 15%, siendo que entre las ciudades en donde figuran los índices más altos están las tres sedes mundialistas.

Especialistas, organizaciones internacionales y estudios realizados en varios países explican que la emoción, la frustración y el enojo por la derrota o la euforia por la victoria se convierten en motivos por los que los hombres agreden a las mujeres de su entorno cuando pierde o gana su equipo. Para la RNR, la violencia no empieza cuando comienza un partido. La campaña emprendida de la mano de Women’s Shelters Canada y National Network to End Domestic Violence (NNDE), en Estados Unidos, contempla tres etapas: antes, durante y después del Mundial. Para prevenir, monitorear, pero también asegurar que, por ejemplo, mujeres extranjeras en México no sean víctimas de otros delitos aun cuando el torneo termine. Se dará atención y acompañamiento a cualquier mujer que lo solicite, sin importar su nacionalidad u origen.

Fútbol, alcohol y violencia

La realidad de las cifras lo precede y lo comprueba. En noviembre de 2022, Luciana Etcheverry y Natalia Tosi publicaron una investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulada En el mundial de fútbol, sin importar quién gane, pierden las mujeres. El texto detalla que en Latinoamérica los casos de violencia íntima de pareja aumentan cuando hay partidos de fútbol. Por ejemplo, en Brasil incrementaron un 23,7% las denuncias de amenazas contra mujeres en días de partidos en la Competencia Brasileña de Fútbol de 2015 a 2018. Las denuncias por lesión crecieron un 25,9% cuando los equipos jugaban en sus propias ciudades, siendo parejas y exparejas los principales agresores. “Números similares se reportaron en otros países de la región, con cifras de aumento de hasta un 30% en las denuncias”, señalan.

Otros escenarios analizados fueron los torneos de fútbol de 2002, 2006 y 2010 en Inglaterra, cuando se registró un aumento del 26% de los casos de violencia en días de empate o victorias, superado por el aumento del 38% en los días de derrota. Además, un estudio en Estados Unidos publicado en 2011 calculó que la violencia íntima de pareja subió en promedio un 10% en días y ciudades en que sus equipos de fútbol americano perdían de forma inesperada. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México informó en un comunicado publicado el pasado 25 de noviembre sobre una alianza con las embajadas de Canadá y de Reino Unido para prevenir la violencia por razón de género contra mujeres y niñas de cara al Mundial.

Esta violencia también está empujada por el alto consumo de alcohol durante eventos deportivos. La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) lo ha documentado y ha denunciado la urgencia de crear una política fiscal sobre el consumo de alcohol en México. “Mientras la industria maximiza sus ganancias, la sociedad mexicana absorbe los costos del daño”, aseguran. Según RASA, una de cada tres mujeres que sufrieron agresiones por parte de su pareja aseguran que ellos habían consumido alcohol. También señalan que en uno de cada tres casos de maltrato infantil el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En una entrevista a este periódico, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, adelanta que su dependencia ha estado trabajando con la Secretaría de Gobernación en el tema de trata de mujeres, niñas y niños, en el marco del Mundial, y que desde el mes de enero han capacitado a funcionarios y agentes que estarán en territorio durante el Mundial para asegurar que los espacios sean seguros y libres de violencia para las mujeres. También informó que están a punto de lanzar una campaña dirigida a prevenir este tipo de violencia. “El fútbol no tendría por qué ser violento”, insiste. “Es importante hacer un gran trabajo de cambio cultural. A los hombres, las masculinidades tradicionales no les hacen bien. Las respuestas violentas lo único que hacen es romper y desestructurar familias y seres humanos”.