Quito, 28 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aterrizó este martes en Quito para cumplir con la visita oficial en la que se reunirá este miércoles con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien abordará asuntos como la seguridad y la cooperación judicial.
Peña y su esposa, Leticia Ocampos, fueron recibidos en torno a las 21:00 hora local (02:00 GMT) a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito por el canciller de Ecuador, Roberto Kury.
La agenda oficial del mandatario incluye la firma de documentos sobre mecanismos de extradición y cooperación judicial, servicios aéreos, reconocimiento de licencias de conducir e intercambio de información, capacitación y estrategias en seguridad.
Además, ambos Gobiernos suscribirán acuerdos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias; empoderamiento y protección de las mujeres, y una declaración conjunta.
Según explicó la Cancillería el pasado lunes, la visita busca consolidar una “alianza estratégica para el desarrollo” entre ambos países y avanzar en objetivos comunes relacionados con la seguridad, el comercio, la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.
Antes de reunirse en Quito, Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encontraron en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori que se realizó este martes en Lima, en Perú.
Los Gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar la visita a inicios de julio, durante una reunión entre el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, y el embajador paraguayo en Quito, Roberto Benítez.
La llegada de Peña ya había sido anunciada en abril durante la visita que realizó a Quito el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que el Gobierno ecuatoriano le pidió al Ejecutivo paraguayo que declarara como “grupos terroristas” a algunas bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y poderosas del país andino.
Poco antes de que Keiko Fujimori se dirigiera por primera vez al país como presidenta de la República, los congresistas de la oposición se retiraron del Hemiciclo. Portaban fotos impresas en blanco y negro de las víctimas de la represión estatal de los últimos años. Gritaban “justicia”. Otros simplemente la abuchearon. En ese momento, Keiko Fujimori, quien suele manejar sus emociones al milímetro, empezó a pestañear repetidamente, con el rostro desencajado. Fue el primer gesto de rechazo institucional hacia un Gobierno que llega al poder en un país fracturado.
Como hizo durante toda la campaña, Keiko Fujimori situó la seguridad ciudadana en el centro de su primer discurso como presidenta. En una nación golpeada por la extorsión y el crimen organizado, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un rol protagónico en el combate contra la delincuencia y aseguró “devolverle el respeto” a la Policía Nacional. Para ello, ofreció un “ambicioso proceso de modernización tecnológica” que incluirá sistemas de videovigilancia interconectados, herramientas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito y un fortalecimiento de las labores de inteligencia. “La lucha no será únicamente contra el delincuente común. Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó.
El anuncio más polémico fue el del papel que desempeñarán los militares en la seguridad interna, en la lucha contra el crimen. Fujimori dejó entrever que declarará en estado de emergencia diversas ciudades del país y que, en esos territorios, los militares asumirán un papel activo en el control del orden público. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”, anunció.
Fujimori aseguró haber encontrado un “Estado a la deriva” que pretende fortalecer, e hizo hincapié en la desigualdad, en atender a los que “históricamente han sido relegados”. Para eso, dijo que va a reorganizar los programas de ayuda estatales y que va a relanzar del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, creado durante el Gobierno de Alberto Fujimori para distribuir alimentos a poblaciones empobrecidas, especialmente a escolares. Agregó que priorizará la primera infancia con la meta de reducir a la mitad la desnutrición crónica infantil y la anemia. “Hoy el 12% de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica y el 35% padece anemia. Reduciremos ambas cifras a la mitad, concentrando el esfuerzo en las poblaciones más vulnerables”, sostuvo.
A varias cuadras del Congreso, frente al Palacio de Justicia, otro símbolo reforzaba esa misma idea. Decenas de ciudadanos participaron en un lavado de la bandera peruana (sumergirla en agua y jabón para limpiarla simbólicamente), una acción de protesta que evocó las movilizaciones de comienzos de los años 2000, cuando se convirtió en un emblema del rechazo a la corrupción durante el ocaso del régimen de Alberto Fujimori. Esta vez, los organizadores afirmaron que buscaban “limpiar al país del mal” y expresar su rechazo al retorno del fujimorismo al poder.
En su primer mensaje presidencial, Fujimori dedicó apenas unas frases a la reconciliación nacional y evitó pronunciarse sobre dos asuntos que marcaron buena parte de la campaña y de su herencia política: las violaciones de derechos humanos y su propuesta de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Estoy empeñada en lograr que los objetivos de orden y de reconciliación nacional sean términos perfectamente compatibles (…) Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, afirmó durante su discurso ante el Congreso.
Keiko Fujimori sale del Congreso tras jurar su cargo como nueva presidenta del país, este martes.Angela Ponce (REUTERS)
Para el analista político José Carlos Requena, esos silencios forman parte de una decisión deliberada. “No quiere discutir estos temas. No les quiere dar mayor relevancia. No quiere sentir que le imponen algunos cánones. Es una omisión convencida”. La estrategia parece orientada a desplazar el debate hacia la seguridad, la economía y la gestión pública, ámbitos en los que el nuevo Ejecutivo pretende construir sus bases.
Como su padre, quien hizo del tractor su insignia, Keiko Fujimori ha situado la infraestructura en el centro de su proyecto de Gobierno. En su primer mensaje a la nación prometió conectar el país mediante nuevas carreteras y corredores logísticos para fortalecer la producción y acercar los mercados. También ofreció culminar la Línea 2 del Metro de Lima —una obra iniciada en 2014 que, tras sucesivos retrasos, sigue inconclusa— y ejecutar las líneas restantes de la red.
La apuesta responde a un problema tangible. La congestión vehicular se ha convertido en uno de los mayores costos para la productividad de la capital. Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), los habitantes de Lima y Callao pierden, en promedio, 198 horas al año atrapados en el tráfico. Fujimori anunció además la puesta en marcha de sistemas de metro para las regiones Arequipa, Piura y Trujillo, así como la culminación de proyectos emblemáticos como la Nueva Carretera Central.
Sin embargo, el discurso dejó abiertas las principales interrogantes. La presidenta no explicó cómo financiará ese ambicioso paquete de infraestructura, cuál será la hoja de ruta para ejecutarlo ni en qué plazos espera concretarlo. El equipo de la excandidata presidencial Marisol Pérez Tello ha calculado que una parte de dichas obras tendría un costo de 76.900 millones de soles (unos 22.600 millones de dólares), el cual equivaldría al 7% del Producto Bruto Interno. “Les recuerdo que la esperanza debe venir acompañada de realismo, compromiso y trabajo”, cuestionó la exministra de Justicia.
Fujimori también anunció que elevará el salario mínimo de 1.130 soles (332 dólares) a 1.300 soles (383 dólares). El anuncio supone, además, un giro respecto de su discurso de campaña. Entonces cuestionó la misma propuesta de su rival, Roberto Sánchez, al considerar que buscaba el “aplauso fácil”. Ahora ha hecho suyo ese compromiso y lo ha incorporado entre las primeras decisiones de su Gobierno. Sin embargo, evitó precisar cuándo entrará en vigor el aumento y bajo qué criterios económicos se implementará.
El experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta sostuvo que el aumento del sueldo mínimo podría generar mayor informalidad laboral, pues “generará un sobrecosto para muchas empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas”. Indica que el empleador se vería obligado a pagarle a sus empleados “por fuera de la planilla”. “En el extremo, otra medida que podría tomar la empresa es despedir trabajadores, generando un perjuicio mayor al beneficio que se pretendía conseguir”, explica.
Este martes también ha juramentado el primer gabinete de Fujimori. Cuenta con solo dos mujeres de 19 cargos: Maritza Canales, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y María Seminario, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No hay muchas sorpresas. Figuran ministros y funcionarios públicos de gobiernos pasados como el nuevo ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fue el primer ministro durante el gobierno de José Jerí. Y también hay cuadros que no tienen experiencia en el cargo, como el canciller Carlos Espá, quien no es un diplomático de carrera o como el flamante ministro de Cultura, Alberto Beingolea, cuya trayectoria se ha centrado en el periodismo y la docencia universitaria.
Keiko Fujimori, posa con los miembros de su nuevo gabinete, Rafael Belaunde, Elmer Cuba; Carlos Espa y Luis Galarreta, en Lima, Perú, este martes.Angela Ponce (REUTERS)
La encuestadora Ipsos publicó un sondeo antes de la toma de mando. Ante la pregunta de qué sensación produce la elección de Keiko Fujimori como presidenta, el 39% de los encuestados respondió “preocupación”. Superó al “optimismo” (37%) y también a la indiferencia (16%).
El Banco Central de Chile mantuvo el martes su tasa de interés de referencia en 4.5%, en una decisión unánime y en línea con las expectativas del mercado.
La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantiene en ese nivel desde diciembre.
El organismo señaló que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Oriente Medio.
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"El Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria", destacó.
"La evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos", agregó. Operadores consultados por el banco coincidían en que el interés clave no sería ajustado en esta reunión y pronosticaron que permanecerá en ese nivel por dos años.
Tras un reñido escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se extendió por semanas mientras se revisaban algunas actas observadas, Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, concentró 9.173.755 papeletas.
La heredera política de su padre, el expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), ya había intentado llegar al Gobierno en tres ocasiones anteriores, aunque sin éxito.
France 24 en Español entrevistó a especialistas peruanos para entender el complejo escenario de la nueva Administración, los elementos que abonaron a la victoria de Fujimori y las eventuales fracturas políticas en una nación marcada por una década de inestabilidad.
El secreto del éxito: un partido “sólido y disciplinado”
En entrevista con este medio, expertos coincidieron en señalar que la mayor fortaleza de Keiko Fujimori es representar a un partido de base sólida y presencia sostenida en el Congreso y en los gobiernos locales, aun cuando esa marca genere anticuerpos entre una parte importante de la población.
“Su gran ventaja en este balotaje ha sido, sin duda, el hecho de tener una organización política sólida y profesional. Keiko Fujimori ha sabido reinventarse después de estar en la cárcel [de manera preventiva en tres oportunidades mientras se la investigaba por presunto lavado de activos] y también después de la muerte de Alberto Fujimori. Aunque su imagen genere mucha división y antivoto en cada elección presidencial, siempre ha reflotado como una opción entre un grupo considerable de peruanos”, explicó el politólogo Gonzalo Banda Lazarte.
Para la politóloga Kathy Zegarra Díaz, la ventaja de Fujimori frente a Sánchez en estos comicios ha recaído también en los respaldos de sectores económicos importantes de la élite capitalina. Por otra parte, coincide en señalar que el partido Fuerza Popular tiene una fuerte capacidad de organización, lo que le ha permitido movilizar una campaña más cohesionada.
Pese a que no lideró la votación en la mayoría de regiones del país como sí lo hizo Sánchez, algunos de los bastiones electorales de Fujimori –Lima, gran parte de la Costa Norte, Loreto y Peruanos en el Extranjero– fueron determinantes para voltear la elección a su favor.
“Keiko Fujimori tiene un partido fuerte, sólido y disciplinado, con capacidad de organización. El orden que ha tenido en términos de buscar y recolectar personeros, por ejemplo, es un indicador importante. Su campaña ha tenido evidentemente mayores ventajas económicas y de recursos humanos que la de Sánchez. Adicionalmente a esto, su candidatura ha tenido sectores que han beneficiado su imagen, como el empresarial y el de algunos medios tradicionales”, afirma Zegarra a France 24 en Español.
“Keiko Fujimori tiene un partido fuerte, sólido y disciplinado, con capacidad de organización.
El peso de ser la heredera política de Alberto Fujimori
Keiko Fujimori ha sido muy visible en la política peruana desde 1994, cuando a los 19 años asumió como primera dama de la nación tras la separación de sus padres.
Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2000 por graves acusaciones de corrupción y la posterior condena de este bajo cargos de homicidio, secuestro y torturas, la hija mayor de los Fujimori siempre ha insistido en que su fallecido padre fue procesado como autor mediato sin pruebas suficientes y que la responsabilidad penal debió recaer solo en los autores directos de los delitos.
Archivo-El presidente peruano Alberto Fujimori conversa con su hija, la primera dama de Perú, Keiko Sofia Fujimori, durante un evento religioso en la Catedral de Lima mientras el país celebra el aniversario 178 de su independencia. En Lima, Perú, el 28 de julio de 1999.
Para 2006, con 31 años, Keiko Fujimori fue elegida congresista de la República y, cuatro años después, fundó su propio partido político. Desde entonces, se ha presentado como candidata en todos los comicios presidenciales (2011, 2016, 2021 y 2026), llegando a competir también en todos los balotajes.
“Fujimori ha construido un proyecto político propio, aunque con cimientos de reivindicación al gobierno de su padre. Podemos decir que Keiko es una política pro-establishment, de derecha, asociada al viejo populismo de su padre, defensora del orden económico actual, de la Constitución peruana de 1993 y del discurso de mano dura frente a la delincuencia. Su perfil se alinea perfectamente con algunas derechas latinoamericanas, que también guardan líneas bastante conservadoras, simpatizantes del Foro de Madrid, por ejemplo”, comentó Banda, consultado sobre las características que han moldeado a Fujimori en sus tres décadas de actividad política.
Una primera vuelta de apoyos mínimos
La campaña en estas elecciones, tanto en el bando de Fujimori como en el de Sánchez, tuvo debilidades notorias. Para empezar, el respaldo de primera vuelta fue mínimo –Fujimori despuntó con apenas el 17%, mientras que su oponente obtuvo el 12%– y ambas candidaturas arrastraban cuestionamientos.
En el caso específico de Fujimori, una parte de la ciudadanía la asocia a intereses de copamiento institucional, pactos de impunidad con otras fuerzas políticas y responsabilidad en los excesos de su bancada parlamentaria.
El politólogo Paolo Sosa Villagarcia advierte que, en este proceso electoral, Fujimori también consiguió cierta ventaja de los desgastados recursos simbólicos de Sánchez. Según el especialista, Sánchez habría tenido un poco menos poder de arrastre popular debido a su asociación con un proyecto de gobierno reciente y deslucido: el de Pedro Castillo, expresidente actualmente condenado por un fallido golpe de Estado e investigado aún por indicios de corrupción.
El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez celebra junto a simpatizantes las proyecciones que ratifican un empate técnico contra Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Lima (Perú).
“Roberto Sánchez trató de cargar con las banderas de un gobierno que ya genera sospechas fundadas (de incumplimiento de promesas e instrumentalización del poder), además de tener otras debilidades técnicas que se fueron trasluciendo en campaña con su modificación al plan de gobierno o poca solvencia en los debates. Aunque Sánchez tiene formación política y fue relativamente eficiente en tratar de mitigar críticas, en esta ocasión eso parece no haber sido suficiente frente a Keiko Fujimori. Estamos hablando de una ventaja muy ligera pero significativa en el resultado”, indicó Sosa.
¿El fin de la inestabilidad política de Perú?
En una década, antes de Keiko Fujimori, el país tuvo nueve presidentes. Y solo en el último período presidencial (2021-2026), hubo cuatro mandatarios; tres de ellos, removidos por el Congreso. El primero, electo por voto popular, fue Pedro Castillo. No obstante, poco más de un año después, Castillo fue destituido tras su intento de autogolpe. Fue entonces que su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el gobierno, pero fue destituida casi tres años después entre escándalos y acusaciones de incompetencia frente a la inseguridad ciudadana.
De izquierda a derecha: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (2025-2026). El último presidente peruano elegido por voto popular que culminó su período de cinco años fue Ollanta Humala (2011-2016). Desde entonces, dos renunciaron, cuatro fueron destituidos y solo uno –el ahora excongresista Francisco Sagasti– terminó como encargado.
El politólogo Gonzalo Banda señaló a France 24 en Español que la llegada de Keiko Fujimori al Ejecutivo –tras una campaña con visibles apoyos de sectores poderosos– no necesariamente asegura mayor estabilidad política. De otro lado, sostiene que la oposición en el Congreso –conformada por grupos de izquierda y centro-izquierda– puede generar contenciones interesantes frente a las fuerzas de derecha.
“Si bien es casi imposible que Fujimori llegue a ser destituida bajo iniciativa del Congreso como lo hemos visto en otros presidentes, yo creo que no debemos ignorar otros tipos de inestabilidad. En el caso de Fujimori, el sur peruano sigue siendo una fuerza de movilización antigubernamental. Es muy difícil gobernar con la calle en contra o con una parte del país que te desprecia”, afirma el experto.
Otro aspecto a considerar, según el académico, “es la nueva composición del Congreso, con nuevos partidos que parecen tener actores más racionales y menos autodestructivos. La precariedad en la política peruana va a continuar, pero no me parece materialmente posible, al menos en el corto o mediano plazo, una repetición de situaciones tan extremas”, expresó Banda.
El candidato presidencial ultraconservador peruano Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, denuncia presuntas irregularidades en las recientes elecciones, el 14 de mayo de 2026 en Lima
“En Perú parece que no hay pluralismo, sino una vocación de eliminación del otro. Con la polarización, se han construido estas imágenes antagonistas tanto de fujimoristas como de quienes estuvieron del lado de Roberto Sánchez. Una vez en el gobierno, Fujimori puede encontrar que no será automático el apoyo de sus antiguos aliados, como Renovación Popular. Ahí, se pueden producir conflictos entre aliados naturales de derecha; algo similar a lo ocurrido en 2016″, comentó Sosa.
Si bien la estabilidad política depende de la aritmética parlamentaria de los votos y Fujimori tiene una bancada mejor cohesionada, la politóloga Kathy Zegarra coincide en que el gobierno de Fujimori tendrá que lidiar con el descontento social tras su elección.
Sin embargo, resalta que la gestión puede tener menos frentes abiertos con otras instituciones, pues la bancada de Fuerza Popular impulsó la designación de autoridades en entes clave, como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
Lima, 28 jul (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue declarado este martes huésped ilustre por el alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo, y recibió además la llave de la capital peruana, en un acto realizado en el marco de su visita a Perú para asistir a la investidura de la presidenta Keiko Fujimori.
Reggiardo recibió en el palacio municipal, ubicado en el centro histórico de la capital frente al Palacio de Gobierno, a Paz y a su esposa, María Elena Urquidi, para otorgarle la declaración honorífica al mandatario boliviano.
En sus palabras de agradecimiento, Paz dijo que se sentía orgulloso de recibir las llaves de la ciudad y junto a su esposa poder sentirse “en casa”.
“Los pueblos que practican la hospitalidad, (…) construyen confianza entre las personas y las naciones”, expresó el presidente de Bolivia.
En tal sentido, Paz afirmó que Perú y Bolivia están llamados a “construir una relación más estrecha”, tras recordar el pasado histórico de ambos territorios cuando formaron parte de la Confederación Perú-Boliviana en el siglo XIX.
Horas antes de la investidura de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), los mandatarios de Perú y Bolivia avizoraron un “gran potencial para la cooperación” entre ambos países.
En la reunión celebrada en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fujimori y Paz resaltaron el bicentenario de relaciones diplomáticas entre los dos países, celebrado este 2026, según detalló la Cancillería peruana.
Los jefes de Estado también coincidieron en destacar los “tradicionales vínculos de vecindad y hermandad” y reconocer “la amplia agenda de temas de interés común, la condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación”.
En la víspera, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, mencionó que entre las prioridades de Bolivia está “instalar el gabinete binacional en el corto plazo”, así como identificar áreas de trabajo conjunto, como el aprovechamiento del puerto peruano de Ilo, que para Bolivia tiene relevancia “comercial, turística y energética”.
El puerto de Ilo, en el sur del país, es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, que habitualmente utiliza los puertos del norte de Chile para el flujo de sus exportaciones e importaciones.
El expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre de Rodrigo Paz, y el fallecido exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la mandataria peruana, fueron artífices del Convenio de Amistad, Cooperación e Integración ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’ firmado en enero de 1992 en Ilo, por el que esa localidad fue declarada zona franca industrial y de libre acceso para Bolivia.
La derechista Keiko Fujimori asumió este martes la presidencia de Perú y anunció que los militares recuperarán el “control interno” en zonas de alta criminalidad, la primera medida de un prometido gobierno de mano dura como el de su padre.
Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década, en un país que atraviesa una grave inestabilidad política. Venció en el balotaje al izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos.
“Durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno” hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, dijo Fujimori en su discurso de investidura.
La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos, que atraviesan su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).
Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.
“Estoy muy de acuerdo” con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, agrega.
Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa Perú desde hace una década.
“No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, dijo a la AFP Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.
Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.
Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031.
Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.
A la ceremonia asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes.
– Allanamientos y expulsiones –
Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos.
Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.
“Va a ser una réplica del padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad deriven en abusos.
Fujimori propone allanamientos en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
El sociólogo David Sulmont dijo a la AFP que “si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando” el problema de la inseguridad rápidamente, “puede erosionar su legitimidad y popularidad”.
Ante la inestabilidad, Fujimori propuso este martes acercamientos con las fuerzas políticas de oposición. “Tendamos puentes de diálogo”, señaló.
Aunque tiene la bancada más numerosa en el Congreso, los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.
– Fenómeno El Niño –
Además de la inseguridad, Fujimori anunció durante su discurso que su otra prioridad a corto plazo será la prevención frente al fenómeno El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos estiman que será el más intenso y devastador desde 1998.
“Implementaremos un plan de contingencia nacional (…) que romperá la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”, con la rápida ejecución de obras, dijo la presidenta.
El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina.
Si no responde “de manera eficiente” para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, “eso va a generar un descontento social fuerte”, advirtió a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
São Paulo, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil invitó este martes a empresarios surcoreanos, reunidos en un foro en São Paulo con colegas brasileños, a invertir conjuntamente “a lo largo de toda la cadena de valor” de los minerales críticos del país suramericano.
El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, destacó que las economías de ambos países son complementarias, ya que Corea del Sur “es el segundo mayor productor mundial de semiconductores y líder mundial en memorias y baterías”, y Brasil “dispone de importantes reservas de minerales críticos”.
“No queremos limitarnos a exportar mineral en bruto: queremos procesarlo, industrializarlo e invertir juntos a lo largo de toda la cadena”, señaló en el evento, en el que también participó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, de visita de Estado en Brasil.
Jae-myung se reunió el lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia y este martes cumplió agenda en São Paulo, en el marco de una gira sudamericana que le llevará también a Chile y Argentina.
En la capital brasileña, ambas administraciones firmaron sendos memorandos para promover alianzas en “biocombustibles y transición energética”, y “tecnología industrial”.
Alckmin también resaltó en su discurso el potencial de cooperación en inteligencia artificial y centros de datos.
“Brasil tiene un 88 % de su matriz eléctrica basada en fuentes limpias y renovables, abundantes recursos hídricos y estabilidad regulatoria, una combinación poco común para la infraestructura digital de alto consumo energético que el mundo necesitará construir en los próximos años”, señaló.
Igualmente, citó el área aeroespacial y de defensa. En este sentido, recordó que Corea del Sur ha sido el primer asiático en comprar el carguero C-390 del fabricante brasileño Embraer y que en septiembre habrá un nuevo lanzamiento de un cohete surcoreano en la base de Alcântara, en el norte de Brasil.
El comercio bilateral alcanzó los 10.800 millones de dólares (9.500 millones de euros) en 2025.
Sin embargo, Alckmin cree que ambos países pueden superar los casi 15.000 millones de dólares registrados en 2011.
“Queremos superar esa marca y necesitamos diversificar y ampliar la agenda. Nuestro objetivo no es solo vender más: es agregar valor, integrar cadenas productivas e invertir conjuntamente”, insistió.
Ciudad de México, 28 jul (EFE).- Los niños y adolescentes migrantes asentados en campamentos informales en México padecen estigmas sociales que les hace no confiar en las autoridades del país por el miedo que tienen a sufrir violencia o a ser detenidos, según una investigación presentada este martes por la organización global Plan Internacional.
El estudio, titulado ‘Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México’, fue el resultado del trabajo de la organización con 136 niños y adolescentes migrantes en campamentos de los estados de Chiapas (sur), Chihuahua (norte) y Ciudad de México.
Entre las principales conclusiones, destaca el hecho de que México ha pasado de ser un país de tránsito a un lugar de “estancia prolongada” para los menores migrantes, afirmó Laura Mora, investigadora de la Universidad Iberoamericana, en la presentación de los resultados.
En cuanto a las nacionalidades de los menores migrantes, la mayoría proceden de Venezuela (más del 36 %), mientras que Cuba y Honduras se sitúan, respectivamente, como el segundo y el tercer país del que proceden más niños.
La investigadora añadió que, según pudieron comprobar en las entrevistas, entre los migrantes persisten “barreras” para regularizar su situación, a la vez que les “atraviesan” estigmas o estereotipos de que la “autoridad es mala”.
Estas circunstancias se producen sobre todo en los asentamientos informales, donde “puede haber un mayor riesgo de violencia”, lamentó Mora, quien aseguró que en los menores persiste el temor a la “detención” por su situación irregular, así como al “trabajo infantil”.
“Sobre todo los niños venezolanos y los niños colombianos fueron los que más reportaron (…) temas de discriminación por origen nacional, entonces creo que hay una labor importante que hacer”, advirtió.
La investigación también destaca “buenas prácticas” de México en la integración a migrantes, como los albergues de la capital, programas de educación en Chiapas o iniciativas en Chihuahua que atienden la nutrición de los menores.
Proceso “muy largo” lleno de obstáculos
Además del informe, Plan Internacional proyectó varios testimonios de menores migrantes, como el de Ulises (nombre ficticio), de 11 años, quien definió el trayecto que hizo desde Honduras junto a su familia como un “proceso muy largo”, en el que cruzaron “puentes y ríos”.
“Fue mucho dinero que nos quitaron para venir acá”, explicó este joven hondureño, al tiempo que aclaró que tuvieron que cambiar su plan inicial y quedarse en México en lugar de migrar hasta Estados Unidos.
Sobre esta investigación, Gonzalo Rivera, representante de Plan Internacional México, mostró su confianza de que sirva para “fortalecer el diálogo” en favor de los menores
“Los hallazgos que hemos compartido nos recuerdan que detrás de cada decisión pública (…) hay niñas, niños y adolescentes que necesitan respuestas oportunas, integrales y centradas en sus derechos”, señaló.
México es uno de los principales focos de los procesos migratorios en el continente americano, al conectar Latinoamérica con Estados Unidos y ejercer de puente entre ambas regiones.
La larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano. El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país latinoamericano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018. En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.
Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo. “Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo. La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.
El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.
Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron. El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza. Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.
Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada. En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.
Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.
Villa Gesell es un pueblo ubicado en la costa del mar Argentino, a 370 kilómetros de Buenos Aires, que cada verano se llena de jóvenes y familias que vacacionan en la playa. La muerte por asfixia de Isabella, una niña de dos años, enturbió la atmósfera festiva que esa localidad proyecta al convertirse en el escenario de un caso que conmociona al país. Por el episodio fue detenida su madre, Lucía Sosa, que ya había sido investigada antes por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares. Uno de sus hijos mayores, que fue entregado en adopción a otra familia cuando era pequeño, denunció que su progenitora es una “persona agresiva y sin corazón” y reclamó que “esté presa o en un psiquiátrico”.
Isabella, que estaba a pocos días de cumplir tres años, ingresó el martes 21 de julio sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde intentaron reanimarla sin éxito. La autopsia determinó que falleció por asfixia a partir de una obstrucción en su sistema respiratorio.
El caso tomó relevancia por la muerte en sí y por los antecedentes que rodean a la madre. Su hija Candela, de seis meses, murió en 2013 y Yazmín, de once meses, en 2016. Por este segundo caso, la mujer estuvo dos años detenida, al igual que su pareja de ese momento y padre de seis de sus nueve hijos, Germán Picart, bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Finalmente, ambos fueron absueltos.
Luego de ese episodio, Sosa, de 43 años, se mudó desde la ciudad de Mar del Plata a Villa Gesell, a 100 kilómetros, donde formó nuevamente pareja y tuvo otros dos hijos: Isabella y un niño mayor, que actualmente tiene cuatro años y que, a partir de los hechos recientes, se encuentra bajo custodia judicial. En el pasado, la mujer ya había perdido la custodia de otros cuatro hijos, sospechosa de maltrato infantil y de generar un “ambiente de convivencia inconveniente”, según detalló el diario local La Nación. Algunos de ellos ingresaron a hogares de acogida y otros fueron adoptados por familias.
Este lunes por la tarde, casi una semana después de la muerte de Isabella, una camioneta llegó hasta la casa de Sosa y se la llevó detenida, mientras vecinos vociferaban pedidos de justicia por la niña. Sosa enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” y se espera que declare en las próximas horas. El cuerpo de Isabella, por otra parte, no será entregado hasta que se hayan completado las pruebas forenses solicitadas.
José Daniel Aguirre, el padre de Isabella, relató que el 21 de julio pasado encontró a su hija “tirada en la cama” al regresar de trabajar, ya sin pulso. “La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí, por favor, que llevaran a la nena”, relató Aguirre, para quien se trató de “un accidente”. El hombre aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Sosa y que incluso no sabía de la existencia de Lucas Ruiz, uno de sus hijos, que habló con los medios cuando se conoció la muerte de la niña.
Ruiz tiene 17 años y fue dado en adopción cuando era pequeño, luego de haber vivido episodios de violencia en su hogar. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias TN. “Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo”, afirmó.
El adolescente aseguró que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y cuestionó que el sistema judicial intentara revincularlo con ella en contra de su voluntad, aunque pidiera “salir de esa casa”, que identificó como un lugar “feo, muy oscuro”. Según contó, su historia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida, cuando fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio producto de una intoxicación. A partir de entonces, quedó bajo la protección de Hogares de Belén e inició un proceso que terminó en la adopción por parte de su familia actual.
“Me golpearon muchísimo, sobre todo en el momento del proceso de revinculación. En el día de mi tercer cumpleaños me obligaron a ir a esa casa y fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente”, contó sobre el vínculo con las personas de su entorno biológico.
El adolescente será convocado a declarar como testigo en el transcurso de esta semana, en el marco de la causa que investiga el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Pinamar, del Departamento Judicial de Dolores. También se le tomará testimonio en Cámara Gesell al hijo más pequeño de Sosa, de cuatro años, que habría sido testigo presencial del momento previo a la muerte de su hermana.
