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Durante cinco días, los familiares de ocho jóvenes desaparecidos en Daule, una ciudad agrícola vecina de Guayaquil, se aferraron a la posibilidad de que siguieran vivos. La noche del jueves, en las instalaciones de Medicina Legal de Guayaquil, esa esperanza se derrumbó. Las autoridades confirmaron que los ocho cuerpos hallados dentro de sacos de yute en una zona rural, a unos 150 kilómetros de sus hogares, correspondían a sus hijos, hermanos, esposos y amigos. Habían salido el domingo 31 de mayo en cuatro motocicletas desde la llamada T de Daule con destino a Milagro, una ciudad situada a menos de una hora de camino. Nunca regresaron.

La identificación cerró una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a una comunidad entera. Según los informes forenses, los jóvenes murieron por disparos en la cabeza. Los investigadores determinaron además que el lugar donde fueron hallados los cadáveres no corresponde a la escena original del crimen, lo que apunta a que los cuerpos fueron trasladados después de los asesinatos.

Milagro, uno de los principales centros comerciales de la provincia del Guayas, se ha convertido en un territorio disputado por bandas ligadas al narcotráfico. Los investigadores creen que los jóvenes fueron capturados por integrantes de una estructura criminal que controla parte de la ciudad y que los confundió con miembros de un grupo rival que intenta expandirse hacia la zona. Las víctimas no tenían antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos en su contra.

La noticia dejó a Daule en un duelo colectivo. Un cantón vecino de Guayaquil donde la vida transcurre en las actividades típicas del campo y el comercio. A pocos kilómetros de las urbanizaciones que crecen al ritmo de la expansión de la ciudad, se extienden sembríos de arroz, caminos de tierra y canales de riego. Allí crecieron Anthony Martínez Sánchez, de 23 años; Juan Carlos Martínez Sánchez, de 24; Roy Miller Martínez Bajaña, de 15; Jackson Geral Castro Oramas, de 17; Ariel Stalin Ponce Vera, de 20; Ricardo Arturo Castro Bajaña, de 28; Yeremi Arístides Castro López, de 23; y Andy Santiago Sáenz Figueroa, de 31.

Algunos eran hermanos. Otros, primos. Todos se conocían desde niños. Compartían apellidos, trabajos y una rutina marcada por las labores agrícolas. “Trabajaban en lo que saliera”, repiten los vecinos. En la cosecha de arroz, en la limpieza de terrenos, en el transporte de productos o en cualquier actividad que permitiera llevar dinero a casa, particularmente para dos de ellos que eran padres. En una zona donde las oportunidades escasean, el trabajo informal es muchas veces la única alternativa.

La madrugada del viernes, cientos de personas llegaron hasta una explanada de tierra y piedras para acompañar el velorio colectivo. Los ocho féretros embalados con plástico para impedir que fueran abiertos fueron colocados uno junto al otro, identificados con una fotografía, rostros jóvenes y sonrientes. Las coronas de flores rodeaban los ataúdes como una expresión de acompañamiento de cada persona que entregó una. Familiares, amigos y vecinos desfilaron durante horas frente a los ataúdes. Algunos rezaban. Otros permanecían en silencio. Había madres abrazadas entre sí, jóvenes que no podían contener el llanto y niños que observaban sin comprender del todo la dimensión de la tragedia.

La escena resumía una de las heridas más profundas que atraviesa hoy Ecuador. En amplias zonas de la costa, la violencia de las organizaciones criminales ha transformado la vida cotidiana. Lo que antes eran disputas entre grupos armados confinadas a determinados barrios se ha extendido a carreteras, zonas rurales y pequeñas ciudades donde la población queda atrapada entre fronteras invisibles impuestas por las bandas. Incluso en sus propios barrios tienen que convivir bajo las reglas de dos bandas delictivas, que siembran el terror y el silencio.

La masacre de los ocho jóvenes de Daule ocurre en un contexto en el que el Gobierno insiste en que la violencia ha disminuido. Según el presidente Daniel Noboa, la restricción de movilidad que impuso a través de dos toques de queda nocturnos, redujo en un 17% los homicidios.

Mientras la investigación avanza, la Policía ha ofrecido una recompensa para quien proporcione información que permita identificar y capturar a los responsables. Para las familias, sin embargo, la prioridad inmediata es otra. Este viernes comenzaron a enterrar a sus muertos. Ocho jóvenes que salieron en motocicleta para recorrer menos de una hora de camino y regresaron convertidos en una de las peores masacres registradas este año en la costa ecuatoriana.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha salido este viernes a negar que Estados Unidos le haya revocado el visado a raíz de una investigación en su contra en ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, como señaló un reportaje de Los Angeles Times esta semana. Durante una conferencia de prensa en Tamaulipas, el mandatario ha sacado de su billetera su visa y la ha mostrado al público. “Cuento con mi visa; no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”, ha asegurado.

La nota del diario angelino señala que la supuesta investigación de Washington contra Villarreal, miembro del partido oficialista, Morena, es por su presunta implicación en el tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, un lucrativo negocio controlado por los carteles. “Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente”, ha dicho el gobernador. “Jamás he participado, promovido, protegido ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza, ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”.

Los Angeles Times refiere que la misma medida del visado fue aplicada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que también negó los señalamientos, aunque rechazó mostrar el documento al público. El reportaje dice que, pese a la restricción de viaje que implica la restricción de sus visas, ambos mandatarios cruzan la frontera a Estados Unidos al amparo de una “autorización especial que suele reservarse para los testigos que cooperan con la justicia”, llamada parole.

Sobre este punto, el gobernador tamaulipeco ha afirmado que todos sus viajes a EE UU han tenido un propósito institucional y de trabajo. “Tengo la conciencia tranquila, no he cometido delito alguno, no tengo relación con organizaciones criminales, no he colaborado con ningún gobierno extranjero en los términos en que, de manera irresponsable, se insinúan. Mi única lealtad está con el pueblo de Tamaulipas, con las instituciones de México y con los principios democráticos que nos rigen”, ha asentado.

El mismo medio dio a conocer hace semanas que la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, había sido cancelada, también, por las sospechas de EE UU de que el mandatario tenía vínculos con el narco. Poco después de esa revelación, Washington hizo pública una acusación formal de la Fiscalía estadounidense contra Rocha y varios miembros de su Gabinete, por presuntamente proteger los negocios del Cartel de Sinaloa.

Esa medida provocó un terremoto político en México y situó la discusión en torno al injerencismo de Estados Unidos y la soberanía del país latinoamericano. Washington sostiene que se trata de una cruzada de Donald Trump contra los carteles y los narcopolíticos que los apoyan y protegen. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que, en realidad, la motivación es política y es con miras a las elecciones estadounidenses de noviembre. Incluso, el expresidente Andrés Manuel López Obrador —que aupó al poder a los gobernadores Rocha, Durazo y Villarreal— ha reaparecido esta semana y ha afirmado que la maniobra de Trump busca menoscabar a Morena e imponer en México un gobierno sometido.

Villarreal ha criticado que el reportaje del diario estadounidense no exhibe “una sola prueba verificable”, y ha defendido que su trayectoria ha sido honesta y transparente. “A mi trabajo profesional, a mi esfuerzo y a una vida construida con honestidad debo todo lo que he logrado, no a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a organizaciones criminales”, ha señalado. “Por eso rechazo de manera absoluta cualquier intento de vincular mi nombre con actividades criminales que jamás han formado parte de mi vida”, ha agregado.

En una sentencia sin precedentes, el máximo tribunal obligó al Estado ecuatoriano a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, un caso que expuso los abusos cometidos por militares en el Gobierno de Daniel Noboa. Cada frase del perdón fue redactada por los jueces de la Corte Constitucional.

“Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”. Con esa frase comenzó el acto de disculpas públicas ordenado por la justicia ecuatoriana. Quien la pronunció fue Mauricio Salazar, comandante de la Fuerza Aérea, la institución a la que pertenecían los 16 militares que el 8 de diciembre de 2024 interceptaron a cuatro menores de entre 12 y 17 años cerca del barrio Las Malvinas. Según determinó la investigación judicial, los soldados los detuvieron, los golpearon, los desnudaron y los abandonaron en una zona apartada de la ciudad. Días después, sus cuerpos aparecieron junto a un manglar.

“Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”, continuó leyendo Salazar frente a los padres de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Era el 4 de junio de 2026 y habían pasado casi 18 meses desde la desaparición de los menores. Cada una de las palabras había sido redactada por los jueces de la Corte Constitucional, que obligaron al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad. La sentencia es inédita y marca un impás en la política de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 decretó un conflicto armado interno contra organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos, y que desde entonces ha reforzado el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las calles. Organizaciones de derechos humanos sostienen que esa estrategia ha venido acompañada de un aumento de denuncias por desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por militares.

En el Hemiciclo de la Rotonda, en el centro de Guayaquil, un lugar simbólico para la ciudad, las palabras del comandante fueron escuchadas por familiares y vecinos que contenían en sus rostros la rabia en medio del silencio, que solo cuando terminó de hablar Salazar pudieron gritar: “¡Eran niños!”, “¡Asesinos!”.

El perdón llegó en medio de un clima de desconfianza. Un día antes, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares. Entre los hechos reportados constaba la presencia de soldados en la vivienda de una de las madres, un episodio que la organización calificó como un acto de amedrentamiento. “En otras ocasiones, dentro de este mismo caso, lo que ha ocurrido son ataques a jueces que sentencian, a organismos de derechos humanos que han patrocinado el caso y a las familias que las señalan como parte de grupos organizados”, señala Billy Navarrete del CDH.

Por eso muchos recibieron las disculpas públicas con escepticismo; entendían que si no hubiesen sido obligados por el máximo tribunal del país, ese acto jamás se hubiese realizado. Aunque la justicia condenó a los integrantes de la patrulla a la pena máxima de 34 años de prisión en primera instancia, para Diana Roca, del Comité de Madres Buscadoras, el acto tenía un significado que iba más allá del caso de los cuatro niños. “Es una forma de que la gente conozca lo que pasó, y que también se visibilicen nuestros casos, para que sepan que no solo fueron los cuatro niños de las Malvinas; antes de los niños de las Malvinas existieron más desaparecidos por militares. Solo que nadie habló de ellos”.

Diana es tía de Dave Robin Loor Roca, un joven de 20 años, que desapareció el 26 de agosto de 2024, tras ser requisado por una patrulla militar en la ciudad de Ventanas, en Los Ríos, la provincia de la costa ecuatoriana que se ha convertido en el epicentro de la violencia. “Buscamos que las Fuerzas Armadas desclasifiquen la información y nos digan dónde están todos los desaparecidos”, señala Roca. Desde 2024, cuando el Gobierno de Daniel Noboa decretó un conflicto armado interno para hacer frente a las acciones violentas del crimen organizado, la Fiscalía ha registrado 51 denuncias de desapariciones forzadas, una cifra que va en aumento.

La parte más dura de las disculpas llegó cuando el comandante leyó que el Estado no solo había fallado en proteger a los cuatro menores, sino también en responder a sus familias. La Corte Constitucional obligó a reconocer que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no proporcionaron información inmediata, completa ni veraz sobre la detención, el paradero y la suerte de los niños. La respuesta oficial, admitió el texto, fue “tardía, fragmentaria y contradictoria”, una cadena de omisiones que prolongó durante días la incertidumbre de los padres mientras buscaban a sus hijos sin recibir respuestas.

Después vino otra admisión —poco habitual— en un país donde las autoridades rara vez rectifican: el reconocimiento de que altos funcionarios contribuyeron a estigmatizar a las víctimas. Durante semanas, funcionarios del Gobierno rechazaron que se tratara de una desaparición forzada e insinuaron vínculos de los adolescentes con estructuras criminales, reforzando estereotipos sobre la juventud afrodescendiente de los barrios más pobres de Guayaquil. Para sus amigos y vecinos esta parte era fundamental. “Lo más importante es que el nombre de estos niños no se manche”, dijo Susana Veloz, de la Fundación Nueva Vida, que trabaja en Las Malvinas y conocía de cerca a los cuatro. “Eran chicos sanos, deportistas, artistas, que tenían ganas de vivir y muchos sueños”.

Cuando terminó la lectura, llegó el momento más esperado del acto: la respuesta de los padres. Uno a uno tomaron el micrófono y, pese al dolor acumulado durante un año y medio entre la búsqueda, incertidumbre, el proceso judicial y el duelo, aceptaron las disculpas públicas del Estado. No porque consideraran cerrado el caso, sino porque entendían el gesto como un reconocimiento que durante meses les fue negado.

Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, dijo que al menos existía la esperanza de que reconocieran que se había actuado mal contra los cuatro niños y que esa decisión había devastado a familias enteras. Silvana Lajones, madre de Steven, aseguró que aceptaba el perdón porque no le correspondía juzgar. Y Johana Arboleda, madre de Nehemías, aprovechó el momento para reiterar la exigencia que ha acompañado a los familiares desde el primer día: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La última en intervenir fue Kathy, madre de Josué e Ismael. Pidió que se pusieran de pie las madres buscadoras de desaparecidos. Varias mujeres se levantaron con sus carteles con los rostros de sus familiares. Entonces, un militar vestido de civil comenzó a exigirles que se sentaran. La tensión se apoderó de la sala. Los presentadores dieron por concluido el acto de forma abrupta y el comandante abandonó el lugar escoltado por una docena de soldados. El acto concebido para pedir perdón terminó con una escena que resumía la desconfianza acumulada durante meses: las familias reclamando respuestas mientras los militares se retiraban en silencio.

El llamado caso PDVSA Cripto, quizá el mayor escándalo de corrupción juzgado en Venezuela, ha revelado no solo la trama del desfalco —estimado entre 3.000 y 21.000 millones de dólares—, sino los vicios del propio sistema judicial, sometido ahora a una reforma ordenada por Delcy Rodríguez. El expediente involucra a más de 60 personas: desde Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y hombre más poderoso del país después de Maduro, hasta banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. Este viernes, una representación de sus abogados denunció las irregularidades del caso y corroboró informaciones filtradas durante las 16 audiencias del juicio.

La filtración de las declaraciones tuvo represalias. El Aissami señaló directamente al exfiscal Tarek William Saab, quien en su momento le dio un matiz político a la causa al presentarla como parte de una conspiración en la que participaba Estados Unidos. Otros detenidos mencionaron a figuras cercanas a Delcy Rodríguez.

Después de que el 20 de abril comenzaran las audiencias presenciales, esta semana se ordenó que fueran telemáticas para los acusados de mayor peso, casi todos recluidos en el Rodeo. Sus familias lo interpretan como una medida para silenciar las denuncias. Antes de esa decisión ya había habido retaliaciones: tras la primera ronda de declaraciones, “todos fueron desnudados y golpeados” al regresar a la cárcel, según Marialis Roa, hermana del exdiputado y exministro Hugbel Roa, detenido desde marzo de 2023.

Los abogados reclaman irregularidades desde el inicio: detenciones sin órdenes judiciales, negativa a permitir defensa privada en la primera fase e incumplimiento de los lapsos procesales. Buena parte de los procesados cumplieron tres años presos sin que se iniciara el juicio, por lo que la medida de prisión ha debido decaer. En ese tiempo, cinco detenidos han fallecido bajo custodia del Estado. Denuncian además que el Rodeo —controlado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, no por el Ministerio de Servicio Penitenciario— ha negado los traslados a los tribunales, lo que ha obligado a diferir el proceso en lo que califican como un “desacato a la autoridad judicial”. Esta semana, nueve personas fueron trasladadas desde el Helicoide al Rodeo y otras prisiones sin órdenes del juzgado.

En el Rodeo están el esposo y el cuñado de Mariana Parra: los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez. Fueron detenidos en 2024, un año después que El Aissami, en una segunda oleada de aprehensiones que incluyó también al empresario Samark López, buscado por la justicia estadounidense. Los De Grazia eran los accionistas mayoritarios de Bancamiga, entidad privada involucrada en la trama que cambió de dueños sin intervención de los reguladores. Según la defensa, el banco pasó a manos de empresarios cercanos al chavismo en una asamblea de la que los De Grazia no pudieron participar porque estaban presos —o “secuestrados”, precisa Parra, dado que permanecieron en desaparición forzada varias semanas tras su aprehensión.

“Mi esposo fue torturado en el Dgcim en Boleíta”, relató Parra. “Fue puesto en un antiguo tanque de agua donde le quedaba una hendidura para que entrara aire. Ahí hacía sus necesidades. Luego lo pasaron a un cuarto frío con las paredes congeladas. Él creía que estaba en una cava y no recuerda cuántos días estuvo ahí; dice que estuvo delirando”. El propio Carmelo hizo este relato ante la jueza Alejandra Romero sin que ella se pronunciara. Hoy, él y Daniel han perdido entre 20 y 25 kilos cada uno; hace apenas dos semanas les permitieron tener almohadas y sábanas en celdas con las paredes pintadas de negro. Su hermano Levin recibió arresto domiciliario a finales de 2024.

Entre los detenidos hay también empleados de Bancamiga, como Erlis López, subgerente de una agencia allanada por funcionarios encapuchados de la Dgcim en un procedimiento sin órdenes judiciales en el que, según la defensa, se llevaron dos millones de dólares de la bóveda. Y hay conductores: Luis Daniel Guzmán, de 30 años, llevaba cuatro meses trabajando como chofer de la esposa de uno de los empresarios implicados cuando fue detenido. Como él, otros tres conductores enfrentan los mismos cargos que todos los demás. Está preso en Yare, tras pasar más de dos años en una cárcel en el occidente del país a la que su familia apenas podía llegar. “Cuando difirieron la audiencia esta semana, Luis Daniel iba a declarar, por eso decidieron ponerse en huelga de hambre. No hemos tenido contacto con ellos ni sabemos en qué condiciones están”, dijo su padre Rafael Guzmán.

Los abogados exigen que el juicio siga siendo presencial y abierto al público, y han pedido observadores independientes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el mes pasado otorgó medidas cautelares de protección a los hermanos De Grazia. Piden también acceso consular para algunos procesados. “No pedimos trato especial ni diferenciado, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, señalaron en un comunicado conjunto que enmarcaron en la convocatoria del Gobierno para la reforma judicial.

El canciller mexicano, Roberto Velasco, ha respondido este a la diputada conservadora española Cayetana Álvarez de Toledo, que aseguró haber visitado México para “defender la soberania de los mexicanos“. ”Hay que detenerse en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro pais, lo disfrutan, dan conferencias“, ha apuntado el canciller en una conferencia de prensa. Velasco ha calificado de “costumbre” la llegada de figuras conservadoras al país, mencionando también la tumultuosa visita hace unas semanas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se ha vuelto frecuente que vengan visitantes a decirnos en México a los mexicanos quienes somos“.

Álvarez de Toledo, del conservador Partido Popular (PP), llegó al país hace un par de días para tomar el relevo de la presidenta Díaz Ayuso, que en su estancia en el país enalteció a capa y espada la figura del conquistador Hernán Cortés. La diputada abrió pronto las críticas al Gobierno de Sheinbaum en su exposición durante un evento organizado por el empresario Ricardo Salinas, al exponer: “El narco necesita impunidad, el populismo necesita financiación y amparo. La fusión tiene un nombre: narcoestado. Donde manda un narcogbernador, no hay gobernados libres”. Más tarde, en redes, sintetizaba: “Soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum”.

La diputada española inició su exposición mencionando al canciller. Ha sido la percha de Velasco para responder a una pregunta de los medios este jueves, que le han llevado a lanzarse contra la política conservadora. “Hay que dimensionar correctamente la soberanía. Cuando hablamos de soberanía hablamos de algo que se ha mantenido a traves de los siglos, que viene antes de 1521 […] Una historiadora debería saber eso”, ha indicado.

El secretario de Relaciones Exteriores también ha criticado la idea de la huella civilizatoria que han respaldado las dos políticas conservadoras en sus visitas al país. “Vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la Conquista. Aquí había civilizaciones muy profundas que tenían desde antes arquitectura, matemáticas, calendarios, ciudades”, ha espetado, y ha seguido: “Eso es parte de la identidad de lo que somos México, estamos muy orgullosos”.

Velasco ha juzgado la apropiación política del término “libertad”, una idea que figuras como Díaz Ayuso han abanderado como base discursiva. “Esta idea que quieren vender de la libertad es muy sesgada, porque la libertad es un concepto universal: no le pertenece a una corriente política“, ha indicado el canciller, quien ha argumentado que considera tendencioso ese uso porque “hablan de algunas libertades” pero no de otras. “[No hablan] de la libertad que tienen las personas de elegir sobre su cuerpo, de la libertad de salir de la pobreza si es que nacen en ellas“.

La reportera de guerra colombiana Catalina Gómez Ángel, residente en Irán y dedicada a informar también sobre la invasión rusa de Ucrania, ha sido la ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2026. La Fundación Gabo destaca así su “valentía, independencia y rigor narrativo al cubrir algunos de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo desde una mirada latinoamericana que pone a las víctimas y a la experiencia humana en el centro de la historia”.

Gómez Ángel (Pereira, 53 años), ha cubierto conflictos y movimientos sociales en países como Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán. Desde Teherán ha colaborado con medios como Caracol Radio, France 24, La Vanguardia, Radio Francia Internacional y la Cadena SER, entre otros. La entrega oficial del galardón tendrá lugar durante la ceremonia del Premio Gabo, el próximo 24 de julio, en Bogotá.

El Consejo Rector del Premio Gabo —integrado por trece figuras del periodismo iberoamericano— reconoce a “una periodista que encarna, con independencia inquebrantable y vocación férrea, el mejor periodismo de una época en que el espacio público está siendo arrebatado por el autoritarismo y los grandes poderes tecnológicos y económicos”. El acta también destaca que su trabajo narra la guerra desde Irán y Ucrania, “conflictos geográficamente distantes de América Latina, pero cuyos efectos terminan por alterar su vida política, económica y social”.

“A mí me gusta ir al terreno, no me gusta que me lo cuenten”, decía Gómez Ángel en una entrevista con EL PAÍS, a mediados de 2024, para explicar su oficio como reportera de guerra. Afincada en Irán, comenzó a trabajar en 2007 como corresponsal en Oriente Medio, y después también en Ucrania. “En la guerra hay que hablar de la gente”, valoraba en esa conversación. “Yo equivocadamente dije en un primer momento que no iba a cubrir Ucrania porque no conocía la política ni la historia ucrania, pero luego vi que lo que voy a contar son historias humanas. Para contar el drama de alguien que está saliendo refugiado, que no tiene nada, que ha dejado su vida, simplemente hay que tener un poco de conocimiento del ser humano y la sensibilidad para entrevistarlo y para contarlo”.

Estaba en la ciudad ucrania de Kramatorsk (región de Donetsk), en junio de 2023, cuando un misil ruso redujo a escombros un restaurante, en el ataque que acabó por provocar la muerte de la célebre escritora Victoria Amelina, que estaba a su lado. En el momento de la explosión, departían con el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y el escritor Héctor Abad Faciolince, quienes visitaban el país europeo como parte de la campaña de apoyo Aguanta Ucrania. Los tres colombianos solo sufrieron heridas leves y contusiones.

“Uno nunca está preparado para que se le muera alguien al lado, y menos una amiga”, valoraba en aquella entrevista con este periódico. “Para mí ha sido muy duro, Victoria era un tesoro para Ucrania. Una voz potente, una mujer brillante, concreta, lúcida, valiente. Sigue siendo muy doloroso. Es una de las razones por las que yo no me he querido alejar de Ucrania, de contar la historia de Ucrania, aunque cada vez es más difícil”.

La familia de Víctor Quero Navas, preso político, desaparecido y muerto en custodia del Estado, ha recibido otro desaire más de las autoridades de Venezuela. Esta vez, por la difusión del Ministerio Público de los resultados de la autopsia a la vez que compartía esa información con el hermano de hombre fallecido en prisión. Mientras Gabriel Quero Navas, estaba reunido con los fiscales del caso para recibir los resultados de la autopsia y se adentraba a lidiar con seis legajos del expediente del grosor de un bloque cada uno, la Fiscalía daba a conocer públicamente sus conclusiones sin contar con la autorización de la familia.

Al cuerpo de Quero Navas se le practicó la autopsia el pasado 8 de mayo, después de que las autoridades finalmente informaran a su madre, Carmen Navas, dónde lo habían enterrado. La mujer de 82 años pasó más de 16 meses buscándolo de cárcel en cárcel y falleció apenas diez días después de haberle dado la sepultura.

Según la Fiscalía, que abrió una investigación después de que el Ministerio de Servicios Penitenciarios admitiera la muerte de Quero Navas estando bajo custodia del Estado por la presión ejercida por la familia, los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias arrojaron que “no se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver del fallecido”. Atribuye la muerte a un “tromboembolismo pulmonar” con una data de aproximada “de entre 10 meses a un año para el momento del análisis”.

El comunicado en el que difundió esas conclusiones fue publicado la tarde del martes, mientras Gabriel Quero, otro de los hijos de Carmen Navas, recibía los informes. Nadie le avisó de que la información sería divulgada. “Se publican dos líneas de un informe de autopsia de cuatro páginas con imágenes de partes de alguien que fue mi hermano y nadie me pregunta si estoy de acuerdo, si quiero expandir la causa”, reclamó visiblemente afectado quien heredó el dolor y la lucha de su madre por la búsqueda de justicia. “Estamos viviendo una tragedia como familia y no se ha cumplido con el proceso legal necesario”, insistió el hermano del preso político. “Estamos todos los días abriendo y cerrando los ojos sin saber qué pasó con mi hermano. Divulgar y exponer una investigación de esa forma compromete la verdad que seguimos buscando”.

La familia califica el comunicado del Ministerio Público como una “fuga de información” sobre una investigación que está en curso y aún se mantiene en fase preparatoria. “Esto nos revictimiza, compromete la objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial”, ha subrayado Gabriel Navas. También cuestiona que los resultados de los peritajes forenses se hayan divulgado como si ya fuesen concluyentes o finales y que esto puede dejar por fuera las pesquisas sobre la cadena de responsabilidades que abarca este caso.

Entre los detalles que las autoridades aún no han aclarado están las circunstancias en las que se produjo la detención arbitraria de Víctor Hugo Quero Navas o las acciones u omisiones que resultaron en su muerte en prisión o la responsabilidad legal de los funcionarios del propio Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo “que convalidaron el arresto y su situación de indefensión permanente y se negaron a suministrar, durante más de un año, información sobre su paradero”.

Solo fue el 7 de mayo, tras un año y medio de lucha de su madre, cuando a través de un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario informó que Víctor Quero había muerto el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar, nueve días después de haber sido trasladado con una hemorragia digestiva desde la cárcel del Rodeo. El Gobierno asegura que el cadáver fue enterrado sin presencia de sus familiares porque este no había reportado ningún nombre al ingresar a la cárcel en enero de 2025, cuando sus parientes denunciaron su desaparición. Su madre, sin embargo, emprendió una incesante búsqueda que la llevó al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instancias sin que nadie le dijera lo que había ocurrido. Ya estaba muerto, pero le aseguraron que seguía detenido. Su caso fue expuesto en varios medios de comunicación. Al día siguiente del reconocimiento de la muerte, la Fiscalía ordenó una exhumación del cadáver a petición de la familia para verificar su identidad e indagar lo que le pasó. Gabriel Quero Navas estuvo en el procedimiento, junto a Carmen Navas, a unos 20 metros de los forenses. La urna del preso político estaba al fondo de una tumba para dos cuerpos a la que le habían puesto una lápida de papel con una fecha de muerte distinta a la oficial.

De ese día todavía quedan dudas que el nuevo comunicado oficial no aclara. La familia de Quero Navas reclama que no se les permitió intervenir con médicos independientes en los exámenes forenses que se realizaron sobre los restos tras su exhumación. Su hermano contó, además, que al cuerpo no le habían hecho ninguna preparación ni autopsia para enterrarlo y que estaba desnudo, por lo que su madre se quitó las medias y él dio su camisa para vestirlo.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella no podrá usar uno de los símbolos más notorios de su campaña a la presidencia a partir de este jueves. Una jueza de Bogotá le ha prohibido a De la Espriella y a su movimiento, Defensores de la Patria, utilizar o exhibir la camiseta oficial de la selección Colombia de fútbol para su campaña electoral.

Según el documento, revelado por el periódico El Tiempo, la jueza Aura Luz Forero les ha ordenado abstenerse del uso de la camiseta tricolor en actividades de campaña, redes sociales, medios de comunicación y otros espacios de difusión relacionados con la política. La decisión de la jueza 120 penal de Bogotá es provisional, pero de cumplimiento inmediato, mientras resuelve de fondo una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra.

Bocanegra argumentó que se ha sentido “discriminado y estigmatizado” por el uso de la camiseta de la selección en la campaña presidencial. La jueza le concedió su solicitud de prohibir ese uso, a 10 días del primer partido del combinado en el Mundial de Norteamérica y a 17 de las segunda vuelta presidencial. De acuerdo con Bocanegra, “el símbolo deportivo nacional estaba siendo utilizado para asociar la identidad colombiana con una determinada candidatura y para descalificar a quienes tienen posiciones políticas distintas”.

Todo esto ocurre dos días después de que el candidato de izquierda, Iván Cepeda, denunciara que de la Espriella y su campaña estaban usando la camiseta tricolor con fines electorales. “La Selección Colombia es de todos los colombianos”, dijo el senador en una rueda de prensa al advertir que el manejo de la prenda debería tener restricciones. “Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se deben examinar”.

La Federación Colombiana de Fútbol, a quien Cepeda consultó públicamente, ha aclarado que no asume ninguna postura política, ni distribuye el popular accesorio.

Según la jueza Forero, el uso reiterado de ese símbolo en actos proselitistas “genera una identificación de la selección con una candidatura específica y compromete la neutralidad de los simbolos patrios”. ”Al ser utilizada por el candidato presidencial aquí accionado el señor Abelardo Gabriel de la Espriella y demás miembros de su partido político Defensores de la Patria, impregnan a dicha camiseta o distintivo alguno de la Selección de Colombia de fútbol, en un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada, parcializada hacia dicha candidatura, cuando lo ideal es que básicamente en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, es que se resguarde la neutralidad de los campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional”, se lee en el documento.

El senador de izquierdas Iván Cepeda, que disputará la segunda vuelta presidencial en Colombia con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, se ha desmarcado definitivamente este jueves de la idea de convocar una asamblea constituyente. El candidato del oficialista Pacto Histórico ha reconocido la carta política de 1991 como “uno de los logros más valiosos” de los procesos históricos de la democracia colombiana, y ha declarado que llegó el momento de la unión y la concertación. “El proyecto político de la extrema derecha de De la Espriella constituye una amenaza. Es una propuesta regresiva y autoritaria”, enfatizó en su “mensaje a la nación”, que leyó con un tono parsimonioso y presidencial.

La declaración se produce pocas horas después de que el comité promotor de una asamblea nacional constituyente, impulsado sin ningún disimulo por el presidente Gustavo Petro, haya anunciado que desiste de la idea de reformar la Constitución colombiana, vigente desde 1991. Cepeda se ha desmarcado a medias de la iniciativa de Petro a lo largo de la campaña, y la de esta mañana es la primera vez que le cierra la puerta decididamente. Descartar de una vez por todas esa idea le permite tender puentes con sectores del centro político, donde era muy resistida. “Es el momento de la unión y la concertación. El momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. En general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida”, ha dicho en su mensaje.

“Hoy debemos reconocer con serenidad, pero también con firmeza, que nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro Estado social de derecho enfrentan un grave peligro que no podemos ignorar”, advirtió Cepeda. El proyecto político encabezado por De la Espriella, ganador de la primera vuelta del domingo, añadió en su diagnóstico, “constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación, es una propuesta autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico”. “Todos debemos ser conscientes del peligro que se cierne”, enfatizó.

El candidato de la izquierda ha tejido alianzas con sectores afines en la Alianza por la Vida, una coalición electoral más amplia. Esa etapa la inauguró el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, con su movimiento En Marcha. Después vino la Alianza Verde, el fragmentado partido que en otros tiempos fue referencia del centro. Se sumaron sectores disidentes del Partido Liberal, el expresidente Ernesto Samper y el excanciller Luis Gilberto Murillo, entre otros.

Más allá de los matices, todos los aliados acabaron por privilegiar los puntos de encuentro con el Pacto Histórico, por encima de las diferencias. Entre estas últimas siempre ha sobresalido la muy resistida idea de convocar una Constituyente para cambiar la carta política. Petro había sido muy insistente en esa iniciativa hasta este jueves, mientras que Cepeda ha defendido que privilegia un gran acuerdo nacional –pero sin entrar en una contradicción pública con el presidente–.

Cuando se adhirió a Cepeda, Cristo descartó una Constituyente, y desde entonces ha defendido que esa idea está superada. “En la campaña y en la coalición de la Alianza por la Vida se generó un consenso de la inconveniencia que tenía –no solamente para la campaña, sino para el país y para el propio Gobierno de Gustavo Petro– esta mala idea de la Constituyente en este momento”, dice en conversación con EL PAÍS. “La posición de Iván Cepeda siempre fue la misma, la de promover un acuerdo nacional y no una Constituyente”, reitera.

El resultado de la primera vuelta, en la que Cepeda obtuvo 40,9% de los votos, por debajo del 43,7% de De la Espriella, apunta a un desenlace reñido, en medio de una radicalización muy palpable. La izquierda necesita ahora aumentar la participación y movilizar otros sectores en la segunda vuelta del 21 de junio si quiere recuperar el impulso perdido. De los demás candidatos, ahora se antoja clave el millón de votos (4%) que obtuvo el centrista Sergio Fajardo, quien ha sido muy vocal en su rechazo a una Constituyente.

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