El llamado caso PDVSA Cripto, quizá el mayor escándalo de corrupción juzgado en Venezuela, ha revelado no solo la trama del desfalco —estimado entre 3.000 y 21.000 millones de dólares—, sino los vicios del propio sistema judicial, sometido ahora a una reforma ordenada por Delcy Rodríguez. El expediente involucra a más de 60 personas: desde Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y hombre más poderoso del país después de Maduro, hasta banqueros, empresarios y los choferes de algunos de ellos, todos imputados por asociación para delinquir, traición a la patria, lavado de dinero y apropiación de bienes públicos. Este viernes, una representación de sus abogados denunció las irregularidades del caso y corroboró informaciones filtradas durante las 16 audiencias del juicio.
La filtración de las declaraciones tuvo represalias. El Aissami señaló directamente al exfiscal Tarek William Saab, quien en su momento le dio un matiz político a la causa al presentarla como parte de una conspiración en la que participaba Estados Unidos. Otros detenidos mencionaron a figuras cercanas a Delcy Rodríguez.
Después de que el 20 de abril comenzaran las audiencias presenciales, esta semana se ordenó que fueran telemáticas para los acusados de mayor peso, casi todos recluidos en el Rodeo. Sus familias lo interpretan como una medida para silenciar las denuncias. Antes de esa decisión ya había habido retaliaciones: tras la primera ronda de declaraciones, “todos fueron desnudados y golpeados” al regresar a la cárcel, según Marialis Roa, hermana del exdiputado y exministro Hugbel Roa, detenido desde marzo de 2023.
Los abogados reclaman irregularidades desde el inicio: detenciones sin órdenes judiciales, negativa a permitir defensa privada en la primera fase e incumplimiento de los lapsos procesales. Buena parte de los procesados cumplieron tres años presos sin que se iniciara el juicio, por lo que la medida de prisión ha debido decaer. En ese tiempo, cinco detenidos han fallecido bajo custodia del Estado. Denuncian además que el Rodeo —controlado por la Dirección de Contrainteligencia Militar, no por el Ministerio de Servicio Penitenciario— ha negado los traslados a los tribunales, lo que ha obligado a diferir el proceso en lo que califican como un “desacato a la autoridad judicial”. Esta semana, nueve personas fueron trasladadas desde el Helicoide al Rodeo y otras prisiones sin órdenes del juzgado.
En el Rodeo están el esposo y el cuñado de Mariana Parra: los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez. Fueron detenidos en 2024, un año después que El Aissami, en una segunda oleada de aprehensiones que incluyó también al empresario Samark López, buscado por la justicia estadounidense. Los De Grazia eran los accionistas mayoritarios de Bancamiga, entidad privada involucrada en la trama que cambió de dueños sin intervención de los reguladores. Según la defensa, el banco pasó a manos de empresarios cercanos al chavismo en una asamblea de la que los De Grazia no pudieron participar porque estaban presos —o “secuestrados”, precisa Parra, dado que permanecieron en desaparición forzada varias semanas tras su aprehensión.
“Mi esposo fue torturado en el Dgcim en Boleíta”, relató Parra. “Fue puesto en un antiguo tanque de agua donde le quedaba una hendidura para que entrara aire. Ahí hacía sus necesidades. Luego lo pasaron a un cuarto frío con las paredes congeladas. Él creía que estaba en una cava y no recuerda cuántos días estuvo ahí; dice que estuvo delirando”. El propio Carmelo hizo este relato ante la jueza Alejandra Romero sin que ella se pronunciara. Hoy, él y Daniel han perdido entre 20 y 25 kilos cada uno; hace apenas dos semanas les permitieron tener almohadas y sábanas en celdas con las paredes pintadas de negro. Su hermano Levin recibió arresto domiciliario a finales de 2024.
Entre los detenidos hay también empleados de Bancamiga, como Erlis López, subgerente de una agencia allanada por funcionarios encapuchados de la Dgcim en un procedimiento sin órdenes judiciales en el que, según la defensa, se llevaron dos millones de dólares de la bóveda. Y hay conductores: Luis Daniel Guzmán, de 30 años, llevaba cuatro meses trabajando como chofer de la esposa de uno de los empresarios implicados cuando fue detenido. Como él, otros tres conductores enfrentan los mismos cargos que todos los demás. Está preso en Yare, tras pasar más de dos años en una cárcel en el occidente del país a la que su familia apenas podía llegar. “Cuando difirieron la audiencia esta semana, Luis Daniel iba a declarar, por eso decidieron ponerse en huelga de hambre. No hemos tenido contacto con ellos ni sabemos en qué condiciones están”, dijo su padre Rafael Guzmán.
Los abogados exigen que el juicio siga siendo presencial y abierto al público, y han pedido observadores independientes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el mes pasado otorgó medidas cautelares de protección a los hermanos De Grazia. Piden también acceso consular para algunos procesados. “No pedimos trato especial ni diferenciado, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, señalaron en un comunicado conjunto que enmarcaron en la convocatoria del Gobierno para la reforma judicial.
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