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El orden de los sucesos que componen la historia del juez Sergio Sigales Obrador Garrido es el núcleo para entenderla. Sin embargo, el origen es difuso. ¿Empieza el 19 de octubre de 2025, en la última guardia del juez, cuando decide no imponer prisión preventiva a José Alfredo N por portación de arma de fuego? ¿O el 3 de noviembre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce en la Mañanera que mandó un escrito al Tribunal de Disciplina para que investigaran a Sigales? Quizás es antes, con las quejas de la Fiscalía de Colima en 2022 porque había disminuido la condena de seis primodelincuentes que habían aceptado un procedimiento abreviado o en los cinco años que inaplicó de forma tozuda la polémica prisión preventiva oficiosa. En medio, aparece la fecha del asesinato de una alcaldesa en Colima, una queja del exsecretario de Marina y, sobre todo, la apresurada construcción del Tribunal de Disciplina, el que iba a ser el órgano estrella de la reforma judicial.

En la fotografía actual, Sergio Sigales es un hombre de 58 años, con una carrera judicial de 25, que fue durante cinco años y un mes juez federal en Colima, y que se convirtió, el 31 de octubre de 2025, en el primer suspendido por el Tribunal de Disciplina. Su caso, en el órgano que justamente debe vigilar los procesos y los plazos, ha estado plagado de tiempos que no se cumplen, de comisiones que ejecutan acciones distintas para las que se crearon, oficios con fechas y firmas que no cuadran, y sobre todo, bajo la sombra de la que fue la principal crítica a la reforma: la sumisión de los órganos judiciales al poder de Palacio Nacional.

Sigales, en una entrevista con EL PAÍS en Ciudad de México, afirma: “Mi caso es político. Es una cuestión que está vinculada con mis criterios judiciales y particularmente con la política de seguridad de Colima”. A las preguntas de este periódico, el Tribunal de Disciplina ha pedido esperar a la sesión de este martes cuando discutirá la Comisión sobre el caso del juez Sigales.

José Alfredo y la prisión preventiva oficiosa

Hace justo un año, la situación dentro del poder judicial federal era caótica. Habían entrado de un plumazo cientos de juzgadores elegidos en las urnas unos meses antes, el antiguo Consejo de la Judicatura Federal se había partido en dos y se había creado un nuevo órgano que prácticamente no tenía personal ni acuerdos de funcionamiento ni medios y que debía vigilar que todo lo que pudiera salir mal de la reforma saliera bien. El Tribunal de Disciplina estuvo inoperante durante semanas.

Lejos de Ciudad de México, en esas fechas, el 14 de octubre de 2025, asesinaron en Colima a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, la priista Gabriela Mejía. La gobernadora de Morena en el Estado, Indira Vizcaíno, prometió “una investigación exhaustiva” del homicidio. El 19 de octubre de 2025, el juez de control Sergio Sigales tuvo la que no sabía que sería su última guardia en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima. Ahí llegó ese día un imputado por posesión de drogas y de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, José Alfredo N.

Sigales llevaba ya entonces cinco años sin imponer prisión preventiva oficiosa, la medida que el Gobierno había definido como troncal para luchar contra la inseguridad y por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sancionado a México y le había exigido retirarla. Este tipo de prisión —que implica enviar automáticamente a los acusados de una serie de delitos a prisión sin valorar si existe riesgo de fuga o de daño— está recogida en la Constitución, por lo que el gremio judicial estaba dividido entre la Carta Magna y la instancia internacional vinculante. El juez Sigales era de la segunda corriente.

Así, cuando llegó José Alfredo, Sigales decidió vincularlo a proceso y ponerle como medida cautelar firmar en el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir de Colima. “Los hechos estaban muy flojos pero suficientes para vincularlo a proceso y controlarle legal la detención”, relata el juez, que añade que el imputado cumplió con ambos requisitos: “Cuando los acusados no tenían arraigo, yo los dejaba en prisión justificada, pero él es vulcanizador ahí en Cuauhtémoc y sí cumplió”. En el radiopasillo del centro judicial se rumoreó entonces que José Alfredo estaba vinculado con el asesinato de la alcaldesa y que la gobernadora Vizcaíno estaba “furiosa” de que no hubiera ido a prisión. José Alfredo no llegó frente al juez de control por homicidio, que es un delito del fuero común, ni por ninguna causa relacionada con ese crimen.

Una cronología

El 29 de octubre de 2025 se instaló la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina, presidida por el magistrado Bernardo Bátiz. Un día después convocaron a una sesión extraordinaria en la que se decidió que Sergio Sigales debía ser suspendido de forma inmediata. “No sabemos por qué decidieron que el asunto de Sergio tenía que ser el primero que se discutiera en la historia del Tribunal de Disciplina Judicial. Además para sesionar extraordinariamente, se tienen que dar con 24 horas de anticipación y por escrito por qué ese asunto se tiene que discutir de manera extraordinaria. Eso no existe. No está en el expediente, no obra en ningún lado”, apunta Arturo Guerrero, abogado del juez Sigales.

Además, señala el defensor, la Comisión de Investigación que suspendió a Sigales solo puede investigar y “solicitar la adopción de medidas cautelares” a la Comisión de Disciplina o al pleno, que son los únicos que pueden sancionar, según el Acuerdo General del funcionamiento del Tribunal. En ese momento, la Comisión de Disciplina ni siquiera estaba formalmente constituida.

El 31 de octubre en la mañana, unas horas antes de entrar a su guardia, Sigales recibió una llamada de un integrante del Tribunal. Le estaban esperando en su oficia. “Él ya me dijo: ‘Saca tus cosas, entrega el teléfono, tu oficina, fírmale aquí. También me dijo: ‘Defiéndete”, relata el juzgador: “Yo no la vi venir. Me quebré”. Ahí Sigales se enteró que estaba suspendido por un expediente de quejas de 2022, en el que la Fiscalía de Colima le había reclamado por haber disminuido la condena a seis personas de procedimiento abreviado.

En sus cinco años como juez, Sigales resolvió 240 casos de procedimiento abreviado, esto es cuando los imputados aceptan que son culpables a cambio de una pena menor. Entre 2022 y 2023, el juez disminuyó el tiempo en prisión para algunos acusados de delitos de posesión de drogas. “Lo hice porque estaba en juego su libertad. No tenían antecedentes y eso conforme al acuerdo general de la Fiscalía ameritaba una mayor reducción”, relata.

La diferencia solía ser de un poco más de cuatro años a tres años y cuatro meses, porque en el segundo escenario podían optar a libertad condicional. Esta reducción era, para el juez, conforme a lo que se había resuelto ya antes y también a las recomendaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.La Fiscalía de Colima reclamó. En algunos casos los tribunales superiores le dieron la razón al juez Sigales, pero en cuatro de ellos revocaron su decisión. A partir de enero 2023, no volvió a tener ningún caso en el que disminuyera la pena en el procedimiento abreviado.

El 2 de noviembre, el Tribunal de Disciplina sacó un comunicado en el que resaltaba “el primer caso resuelto” de la Comisión de Investigación. Señalaba que el juez de Colima había incurrido en “faltas graves”, con una “conducta reiterada y sistemática” de “reducir las penas acordadas y conceder beneficios de libertad condicional”. La suspensión provisional, decía el comunicado, era para evitar “la destrucción de pruebas”. El expediente de quejas contra Sigales había estado dos años dormido en un cajón.

El 3 de noviembre, Claudia Sheinbaum en una pregunta sobre seguridad habló también del juez Sigales: “En Colima, hace tres días, subieron los homicidios y le preguntamos en el Gabinete, al almirante secretario: ‘Oiga, ¿por qué, si Colima ya había bajado bastante, ahora…?’. ‘No, pues es que dejaron salir a un delincuente, un juez’. Entonces, se le envió una carta al Tribunal de Disciplina Judicial diciendo: ‘Ocurrió esto’. De inmediato hicieron su investigación y están por sancionar al juez, en caso de que haya sido esta la situación”.

Esta declaración de la presidenta es interpretada por la defensa de Sigales como una “injerencia”, un ataque a la independencia judicial y como el ejemplo de los males que los críticos de la reforma judicial auguraban: la sumisión de los elegidos por las urnas al poder presidencial. “Cuando escuché a la presidente me sentí condenado”, apunta el juzgador: “Pensé que mi carrera había acabado”.

Los plazos

Desde que empezó a defenderse, Sigales ha visto cómo el Tribunal de Disciplina incumplía constantemente sus propios plazos. Así, a su escrito del 10 de noviembre donde se inconformó con ser suspendido, el Tribunal tenía que contestar en cinco días, pero tardó más de tres meses. Ni siquiera lo resolvió en la audiencia de su caso el 12 de febrero ante la Comisión de Disciplina.

“El 17 de febrero señalamos las irregularidades, que todo ese tiempo ha estado suspendido por una comisión que ni siquiera tiene facultades y que se excedió por mucho el plazo”, relata Arturo Guerrero. El 2 de marzo el Tribunal contestó que “la manifestaciones formuladas serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno”. Y el 19 de marzo, les notificaron que la suspensión se confirmó con fecha del 10 de febrero, pero con firmas del 13 de marzo.

En este tiempo que Sigales ha estado suspendido (en los que ha vendido hasta estampitas del Mundial) también se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses sin que se hubiera aprobado una prórroga. “Esto lo ha hecho el órgano garante de velar por los plazos y por el cumplimiento a la legalidad”, critica Guerrero. La Comisión de Disciplina sesionó en tres ocasiones en septiembre, pero los magistrados no llegaran a una decisión sobre su caso. Este martes es la próxima fecha.

Antes de que se conozca la resolución, Sigales reconoce: “Yo tenía la esperanza de que con los argumentos y pruebas que teníamos me levantaran la suspensión y regresara yo a mis funciones. Tengo la razón, actué conforme a la legalidad, hay jurisprudencia. Creo que estoy ante una injusticia de las que yo he combatido como juez, a las que yo me he opuesto como juzgador y a las que me opondría nuevamente. Yo no soy sumiso de ningún Gobierno”.

La tesis de las funerarias se impone como realidad para los investigadores en el caso Ayotzinapa, con alguna aventura en escenarios conocidos, como la instalación de Barandilla, de la policía de Iguala, lugar del ataque, o la gigantesca telaraña de comunicaciones de la red de posibles perpetradores, además del destino de los celulares de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. En el informe que han presentado este lunes, los encargados de la investigación, Arturo Medina y Mauricio Pazarán, han dado cuenta de las novedades en estos rubros, importantes, sin duda, pero pequeños, si se tiene en cuenta el objetivo: saber qué fue de los muchachos y dónde quedaron.

Ocurrido hace 12 años, las familias de los 43 exigen al Gobierno que asuma las tareas pendientes en la investigación por el ataque, todas, incluso las que apuntan al mundo castrense. Concluido el periodo de gracia que dieron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, los reclamos de ahora evocan los de los últimos meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), por los famosos papeles del Ejército. Las familias y sus abogados exigen la entrega de poco más de 850 documentos de inteligencia militar, que podrían contener información del destino de los muchachos, atacados por una maraña de criminales y policías, ante los ojos negligentes, pasivos o ignorantes del resto del aparato del Estado.

Siguen faltando 43, desaparecidos desde el día del ataque, 26 de septiembre de 2014. En estos años, solo han aparecido restos de tres, en condiciones, además, difíciles de explicar. Los restos del primero aparecieron en un río, semanas después del ataque, colofón —la aparición— al relato de lo ocurrido que dio entonces el Gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018). La banda criminal Guerreros Unidos y algunos policías locales habían atacado a los muchachos, confundidos con otro grupo criminal; los mataron, quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron los restos a un río. Ahí aparecieron los primeros restos, pertenecientes en vida al normalista Alexander Mora.

Los equipos de investigación independientes denunciaron un montaje, reclamo que hizo suyo el Gobierno de López Obrador. El mandatario tabasqueño convirtió la resolución del caso en su promesa insignia, pero fracasó. Durante su mandato, los investigadores encontraron restos de otros dos de los 43, Christian Rodríguez y Jhosivanni Guerrero. Fue seis años más tarde de la aparición de los de Mora, a cientos de metros del río donde se ubicaron aquellos. En todo este tiempo, nadie ha podido contestar a la pregunta de cómo llegaron unos y otros a los distintos parajes donde las autoridades los rescataron. López Obrador y sus equipos de investigación nunca manejaron una teoría del caso. Al menos, nunca con la contundencia de sus predecesores.

Y mientras tanto, el Ejército entraba en escena. En octubre de 2021, la comisión de investigación que creó López Obrador liberó dos documentos de inteligencia castrense, que recogían la intercepción de dos comunicaciones telefónicas a cuatro integrantes de las redes criminales de Iguala. La primera, del mismo 26 de septiembre de 2014, recogía un intercambio entre uno de los mandos de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, alias Gil, supuestamente Gildardo López Astudillo. En el intercambio, el policía le decía a Gil que le mandaba “17 detenidos” a la “Brecha de Lobos”, un paraje de Iguala. Y que tenían “a 17 todavía en la cueva”, supuestamente una instalación de la policía municipal, conocida como Barandilla.

La segunda intercepción es del 4 de octubre de 2014 y recoge un intercambio entre otro de los cabecillas de Guerreros Unidos, Cholo Palacios, detenido durante la actual administración, y un policía de Tepecoacuilco, municipio vecino de Iguala. Los dos hablaban de alias Gil, de que alguien, supuestamente alguna autoridad, “le había pedido línea”, y que “soltara aunque fuera 10, como estuvieran, para calmar un poco”. Por algún motivo, el Ejército nunca liberó esta información en las semanas posteriores al ataque. Y solo siete años después de los hechos, la comisión la encontró y la hizo pública.

Otro de los grupos de investigadores, el GIEI, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había comisionado a México para seguir el caso, se dio a la tarea de revisar todos los archivos militares, abiertos ante el mandato de López Obrador. Encontraron algunas pistas, pero ninguna del tamaño de las de 2021. Igual, señalaron que, de acuerdo al catálogo del Ejército, faltaban más de 850 documentos. El Ejército contestó que no tenían más. El GIEI y las familias insistieron y López Obrador dijo basta. Ese reclamo sigue hasta hoy, no se ha resuelto y ha provocado los balbuceos de Medina ante las preguntas de la prensa. Medina ha dicho que Sheinbaum volvió a pedir que se hiciera una búsqueda, de resultado igual de infructuoso que las anteriores.

El enfado con la Secretaría de la Defensa es mayúsculo, las sospechas amplias y variadas. Su incapacidad para encontrar los papeles exigidos coincidía con un descubrimiento capital en los años de López Obrador. Gracias a la mediación del mandatario, el país conocía el contenido de otras intercepciones telefónicas, estas realizadas por la DEA a parte de la estructura de Guerreros Unidos, en el mismo año del ataque, 2014, cuyos negocios incluían el trasiego de heroína a Chicago, vía Iguala. Enviados a México por orden de la entonces vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, los mensajes interceptados mostraban la cercanía de militares de la región de Iguala con Guerreros Unidos.

Si la exigencia de los papeles faltantes concluyó con un cerrojazo de López Obrador, que aceptó la versión castrense de la inexistencia, los mensajes de la DEA provocaron un terremoto formidable. La Fiscalía ordenó detener a una veintena de militares, generales incluidos, por su cercanía a Guerreros Unidos, órdenes de captura que luego desvirtuó y más tarde volvió a pedir, proceso que se llevó por delante al fiscal especial y, más tarde, al presidente de la comisión. Actualmente, hay 16 militares procesados por delitos directa o indirectamente relacionados con el caso Ayotzinapa. La sospecha de que el Ejército supo más del ataque contra los muchachos arrecia y no parece que la situación vaya a cambiar.

En ese contexto, Pazarán ha dado detalles de la hipótesis que más fuerza ha cobrado durante su administración y la de Medina, la de las pompas fúnebres. Comunicaciones de los dueños de un emporio funerario de Iguala, la familia Rueda, con Guerreros Unidos, en la época del ataque, les invita a pensar que quizá los muchachos, o una parte, acabaron en los crematorios de sus funerarias. Declaraciones de testigos, sobre todo alias Neto, parte del engranaje medio bajo de Guerreros Unidos, apuntalan la teoría, según ellos. Neto declaró que llevó cuerpos a una funeraria de los Rueda, todos, padre, madre, hija e hijo, ya detenidos. Allí supuestamente los quemaron.

Hay un problema, y es que la funeraria que señaló Neto, llamada El Ángel, no contaba con crematorio en la época del ataque. Preguntado al respecto, Pazarán ha explicado que Neto solo había declarado que había llevado los restos allí. No lo ha dicho, pero el fiscal sugería que quizá alguien trasladó los restos que llevaron Neto y sus compinches a otro lado, donde sí los quemaron. En la época del ataque, los Rueda manejaban un crematorio a 300 metros de donde Neto dice que habría llevado los restos de los muchachos. De momento, no hay pruebas de que esto ocurriera, más allá de los dichos del testigo y las comunicaciones de funerarios y criminales, intensas la noche de los hechos, según ha explicado el fiscal.

En todos estos años, al menos desde 2018, es la primera vez que los investigadores se inclinan con tanta claridad por una hipótesis sobre el destino de los 43. Nunca en los años de López Obrador ocurrió algo así, salvo el bochornoso episodio en que su comisión presentó un informe con capturas de pantalla con mensajes apócrifos, en que criminales, militares y demás actores del ataque platicaban de lo ocurrido. Ahora, la tesis de las funerarias se mantiene y ha mandado de momento a ocho personas a la cárcel.

La veta investigativa de las líneas y aparatos telefónicos avanza igualmente con languidez. Pazarán ha explicado que el “reanálisis” de las llamadas de los actores implicados ha permitido identificar a “17 nuevos sujetos de investigación” y otros tantos “patrones que no habían sido explorados”. Uno de esos patrones es la sorprendente relación entre el aparato de uno de los normalistas asesinados aquella noche, Julio César Mondragón, y el dueño del emporio funerario indicado, Rodolfo Rueda. Según Pazarán, Rueda usó el teléfono de la víctima tras el ataque. El fiscal no ha dicho cuándo ni durante cuánto tiempo. Los abogados de las familias dudan de este dato y se sorprenden de que no se hubiera descubierto hasta ahora.

Del resto, los investigadores han señalado que al menos otros tres aparatos de los 43, los de Antonio Tizapa, Jorge Cruz e Israel Caballero, acabaron en manos de policías estatales o municipales de Iguala. El del primero acabó en manos de la esposa de Marco Mosso, entonces policía estatal y luego director de tránsito de Iguala, ahora detenido; el del segundo, en manos de un policía municipal, “que estuvo activo la noche de la desaparición”; y el tercero, en manos de un “servidor público municipal” de Iguala, que en la noche de los hechos estuvo “adscrito a la Barandilla”, la instalación de la policía municipal. Durante años, se sospechó que parte de los muchachos, desaparecidos principalmente por policías municipales de dos autobuses, en dos escenarios distintos de Iguala, habían pasado por Barandilla. En los años de López Obrador, esto quedó probado, aspecto que señalaba, de nuevo, entre otros actores, a militares, que primero negaron haber pasado por allí y luego lo reconocieron.

Aunque la información es copiosa y el trabajo continúa —gracias en buena parte a la constancia de las familias— el avance es relativamente escaso. Las pesquisas acumulan cinco millones de hojas en 3.000 tomos, un asunto inmanejable. Solo su organización, revisión y digitalización ocupa a parte de los equipos de trabajo estos días. Pero lo cierto es que no ha habido hallazgos nuevos de restos óseos desde 2021. No hay teorías probadas del motivo del ataque, aunque sí varias hipótesis. No hay noticias del destino de los muchachos desde 2014, ni luz sobre el alcance de la conspiración que acabó en su desaparición, aunque sí una buena cantidad de funcionarios procesados, entre ellos un exfiscal general, un exgobernador y decenas de policías. La pregunta es la de siempre: ¿qué les pasó a los 43?

En la primera interpelación del Congreso a un canciller chileno, impulsada por la oposición al Gobierno de José Antonio Kast, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, ha defendido este lunes su gestión frente a las polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. El representante de la Administración de Donald Trump ha afirmado que en Chile se está “ejerciendo” la doctrina Donroe (un juego de palabras entre la doctrina Monroe de 1823 y el nombre del presidente estadounidense) y que un Ejecutivo como el de Kast facilita su implementación. Pérez Mackenna ha defendido que “ningún embajador extranjero define lo que hace este país” y que el diplomático “ya recibió una nota de protesta del Gobierno de Chile”, aunque esta fue en la Administración anterior, del izquierdista Gabriel Boric.

El diputado socialista Nelson Venegas fue el encargado de hacerle las consultas al canciller, el primer ministro del Gobierno de Kast en ser interpelado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Venegas, le pidió al ministro que explicara cuántas veces y de qué forma había reprendido a Judd y por qué no había recurrido a una nota de protesta, como había sugerido incluso el senador Iván Moreira, del mismo sector del Gobierno. Pérez Mackenna respondió que la regla de no intervención en asuntos internos “se le aplica a todos los embajadores por igual”. Recordó que convocó a Judd a la Cancillería después de la entrevista en la que el diplomático afirmó a CNN Chile que la inteligencia estadounidense vinculaba el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda, dichos que luego matizó. “Lo hemos hecho con la fuerza necesaria, hemos tomado las medidas y así lo entendió el señor embajador”, sostuvo.

Al día siguiente de la reunión entre el canciller y Judd, el embajador afirmó en una entrevista con El Mercurio que Chile es vulnerable al crimen organizado y que se beneficiaría de sumarse al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por Trump. Ante la pregunta del diputado Venegas de si eso no era una burla, el canciller se limitó a decir que la Cancillería “tomó las medidas que estimó pertinentes”. Dos semanas después de esa entrevista, el 22 de septiembre, Chile dejó su condición de observador y adhirió al Escudo en Nueva York.

Cuando Venegas le preguntó al canciller si había revisado el texto antes de que Chile lo firmara, Pérez Mackenna respondió que “para firmar se necesita un papel y un lápiz” y que en este caso “no hubo firma”. Describió la iniciativa como una declaración política no vinculante a la que se sumaron 15 países, cuyo único objetivo es combatir el crimen organizado. El diputado le recordó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que el Escudo también busca que sus miembros voten juntos en foros internacionales y coordinen asuntos económicos y diplomáticos.

Venegas también le recordó al canciller que había dicho dos veces en una radio que no sabía qué significaba la doctrina Donroe y se la definió como la hegemonía de Estados Unidos en Occidente “con exclusión de todo otro actor”. Puso como ejemplo que el día del cambio de mando, cuando asumió Kast la presidencia de Chile, Judd anunció que “el cable chino se acabó”, en alusión al proyecto del cable chino de fibra óptica submarino, que propone unir la Región de Valparaíso con Hong Kong, y al que EE UU se opone por considerar que socava “la seguridad regional”. Pérez Mackenna esquivó la respuesta: “No corresponde a un ministro de Estado entrar a definir qué significan doctrinas de otros lugares o países”, dijo, y agregó que las políticas de Chile “son pro-Chile”.

El diputado socialista acusó a Judd de haber mandado a callar, con amenazas, a los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, que en julio criticaron el alza del arancel general de Estados Unidos del 10% al 12,5%. El embajador respondió entonces que si dos ministros ajenos a la negociación querían hacer “comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar” era “tema de ellos”, y advirtió que “no habrá un acuerdo” si intervenían personas externas.

Pérez Mackenna defendió que las notas de protesta siguen disponibles, pero que es la Cancillería la que resuelve en cada caso si corresponde enviarlas. Para ilustrarlo, reveló que este lunes Chile había enviado una al embajador de Israel, Peleg Lewi, por intervenir en asuntos internos. Las dos notas de protesta conocidas a Estados Unidos las envió el Gobierno de Boric. La primera, en noviembre de 2025, llegó después de que Judd, recién llegado al país, opinara sobre la elección presidencial y dijera que había un tipo de Gobierno que sería “mejor para el pueblo chileno”. La segunda, en febrero de este año, respondió a la decisión del Departamento de Estado de retirar las visas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y a dos funcionarios de su cartera por el cable chino, una sanción que Venegas le atribuyó al embajador. El actual Ejecutivo, en cambio, descartó a mediados de septiembre elevar el tono con un instrumento de ese tipo.

Fantasilandia, el parque de atracciones más importante de Santiago de Chile, ha revelado este lunes los detalles de Fantasilandia Splash Park, el primer parque acuático del país sudamericano, que abre sus puertas en diciembre de este año en la localidad de Lo Herrera, en el municipio de San Bernardo, al sur de la capital. Este es uno de los primeros pasos para el traslado oficial del recinto, que en 2027 abandona su histórica ubicación en el Parque O’Higgins, en pleno centro santiaguino. El nuevo parque cuenta con piscinas, toboganes y otras atracciones diseñadas para toda la familia.

El establecimiento fue inaugurado en 1978 por el empresario Gerardo Arteaga, que inició el negocio a partir de la entrega de unos autos chocadores que el Hogar de Cristo, una institución benéfica de la iglesia católica chilena, tenía como chatarra. Arteaga logró la concesión municipal de una parte del Parque O’Higgins para instalar sus juegos, en un vínculo que se extendió hasta ahora. Durante casi cinco décadas el recinto ha sido un panorama casi obligado para los niños y adolescentes de Santiago, y una atracción para quienes viajan desde otras regiones del territorio nacional.

Cuándo se abre el Fantasilandia Splash Park

La fecha estimada para la inauguración del primer parque de diversiones acuático de Chile es el mes de diciembre de 2026. Es la primera etapa de un proceso de traslado total de Fantasilandia desde el céntrico Parque O’Higgins hasta el municipio de San Bernardo, en la periferia sur santiaguina. Rodrigo Álamos, gerente de experiencia de Fantasilandia Splash Park, ha enfatizado que se trata de una propuesta de entretención inédita para Chile. “Vamos a ofrecer una experiencia en torno al agua que hoy no existe en el país, combinando entretención, relajo y servicios de primer nivel en un solo lugar. Nuestro objetivo es convertirnos en un referente para las familias y para el desarrollo del turismo recreativo en Chile”

Dónde estará ubicado el nuevo parque

El nuevo parque acuático de Fantasilandia estará ubicado en la Avenida Presidente Jorge Alessandri 23605, en el sector de Lo Herrera, en el municipio de San Bernardo. El recinto, que está en plena Ruta 5 Sur, está a unos 20 minutos de distancia del centro de Santiago en un viaje en coche a través de la autopista. Los visitantes también pueden acceder por el Metrotren.

Cómo es el primer parque acuático de Chile

El Fantasilandia Splash Park cuenta con una piscina de olas, con una superficie de 1.500 metros cuadrados; un río lento que atraviesa gran parte del recinto para el descanso de los visitantes; y dos complejos de toboganes desarrollados por WhiteWater y ProSlide, empresas líderes globales que instalan por primera vez en Chile sus atracciones más recientes. La oferta se complementa con más de 70 pérgolas con servicios exclusivos, además de una amplia y variada oferta gastronómica, además de zonas familiares.

¿Qué pasará con el Fantasilandia de Parque O’Higgins?

El tradicional parque de diversiones mantiene su funcionamiento en el centro de Santiago y ofrece todos sus juegos clásicos hasta el verano (los meses de enero y febrero) de 2027, cuando se concrete el cierre del recinto. El parque estará clausurado para el ingreso al público durante todo el año 2027, ya que se concretará el traslado de todas las atracciones a la nueva ubicación en San Bernardo. La reapertura en el nuevo lugar se concretará a finales del próximo año.

El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, aseguró este fin de semana en su primera entrevista desde su nombramiento que, pese a las críticas del Gobierno contra el sistema multilateral, Colombia se mantendrá en él. “Salirse de Naciones Unidas es salirse del cuarto donde se decide el destino de la humanidad. Eso no parece muy viable para ningún país, pero hay una mejor forma de hacer que los problemas los solucionemos”, dijo en una conversación con El Tiempo. Gaona formó parte de la delegación liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo en la Asamblea General de la semana pasada, cuya participación calificó de “positiva”.

Durante su discurso, Restrepo —leyendo las palabras del presidente Abelardo de la Espriella— aseguraba que la ONU ya no era un organismo eficaz y que la burocracia se ha vuelto “excesivamente pesada”. Gaona retomó esta postura durante la entrevista. “Tengo que decir que no es el único país que es crítico del sistema. La crítica del presidente no es la destrucción del sistema, es precisamente la modernización (…). Esto no es un tema de ideología, no se puede usar los derechos humanos para justificar unas cosas, pero también para criticar otras. Es decir, la politización del derecho internacional humanitario no le conviene a nadie”, recalcó en una de las pocas y cuidadas entrevistas que han dado altos funcionarios del Gobierno en las seis semanas de mandato.

De la Espriella había prometido en campaña sacar a Colombia de la ONU, a la que calificó como “un directorio político de la izquierda” y para, supuestamente, recortar gastos en la diplomacia nacional. Sin embargo, como presidente dio un giro y designó a Gaona como embajador a finales de julio. Dijo que el abogado proporcionaría una representación “con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales”.

Colombia puede seguir el camino de Estados Unidos, sopesó el embajador y abogado. Donald Trump sacó a su país de 31 agencias vinculadas a la ONU, muchas a las que acusó de “inútiles”, de “derrochar fondos” o de ir directamente contra los intereses de Washington. Preguntado por abrir esa vía, el embajador dijo que no la descarta: “Hay varios países que están haciendo similares consideraciones dependiendo incluso de si la agencia se reforma o no, o si se ve muy anticuada para lograr sus objetivos (…). No diría que es un retiro del sistema, pero sí es una revalorización completa de la estructura, incluyendo lo que funciona y lo que no funciona”.

Gaona ha ganado cierta relevancia en los círculos diplomáticos de la ONU porque Colombia es miembro del Consejo de Seguridad hasta diciembre de 2027. Sobre este órgano —muy criticado por el derecho a veto de sus cinco miembros permanentes—, el diplomático dijo que hay “diferentes posiciones de reforma”. “Lo que se está discutiendo ahora es eliminar la interpretación política en el Consejo”. Y manifestó que “hay un consenso de que ya es hora” de que haya nuevos miembros permanentes de otras regiones del mundo.

El fin de semana, la Cancillería anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, al señalar “los presuntos vínculos del gobierno” de la República Islámica “con grupos terroristas internacionales”. De acuerdo con Gaona, una de las mayores preocupaciones para Colombia era la proliferación nuclear y las violaciones de Irán. Sobre Venezuela, el embajador fue menos preciso: “Ese es un tema muy dinámico. La posición del presidente se ha mantenido y ha sido muy clara. El Gobierno nacional se pronunciará en su momento sobre esa situación, pero es una situación dinámica que está en pleno progreso”.

Químico-farmacéutica de profesión, María Jacqueline Sepúlveda Carreño (Talca, 62 años) es la primera mujer que llega el sillón de rectoría en los 107 años de existencia de su alma mater, la Universidad de Concepción (UdeC). Desde mayo pasado, dirige los destinos de la tercera universidad chilena más antigua y la primera en fundarse fuera de Santiago de Chile.

Este último dato no es un decir en uno de los países más centralizados de la OCDE, y la rectora tiene plena conciencia de ello, como lo dejó ver el pasado martes con EL PAÍS, aunque no en Concepción -capital de la región homónima- sino en las oficinas que su universidad tiene en un tercer piso de la calle Marchant Pereira, equidistante de las avenidas Providencia y Nueva Providencia, sector oriente de la capital chilena.

Firme, directa y de lo más convencida, cuenta que ha estado haciendo “conexiones” y “buscando más aliados” para las distintas iniciativas que empuja su casa de estudios; que llegó la noche anterior y que en pocas horas parte de vuelta a Concepción, a unos 450 kilómetros al sur de Santiago. También, que en medio de tanta actividad concedió una entrevista para un libro acerca de las rectoras que integran -hoy, más que nunca antes- el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Pregunta. Mucho o poco, a Santiago hay que venir, ¿no?

Respuesta. Hay que venir cada cierto tiempo, pero eso es parte de lo que queremos: demostrar que el rol público de las universidades también se ve desde regiones y que el impacto económico y social de las actividades de nuestra universidad no se ha visibilizado lo suficiente. A veces es necesario, cuando no nos conocen, generar esta confianza en una fase inicial, estar presentes acá.

P. ¿Cómo se las ve con el centralismo?

R. La Universidad de Concepción es una universidad ciudadana, que nace a pesar del centralismo imperante. A nivel central había una fuerte oposición a crear una universidad que no fuera estatal y que estuviese fuera de Santiago. Y la fundación de la UdeC fue un acto de rebeldía: no íbamos a permitir que el centralismo nos impidiera tener un sueño ciudadano.

P. ¿Lo dice en el sentido de la rebeldía penquista [natural de Concepción, capital del Reino de Chile entre 1565 y 1575] frente al poder central?

R. Sí, porque tenemos las capacidades y las competencias para resolver los problemas de la región. Por supuesto, cuando se requiera colaboración la solicitaremos, pero las cosas se podrían hacer más rápido si no tuviésemos que estar tan pendientes de las decisiones del nivel central. Estoy hablando de mayores recursos en investigación y desarrollo para las universidades regionales.

Concepción siempre ha tenido un sello muy regionalista. Se habla de la mentalidad penquista, pero también la región de Ñuble [desgajada de la de Concepción] está en la misma, así como Aysén: hay varias regiones alzando la voz, porque son preocupantes los pocos recursos para el desarrollo científico y tecnológico en las regiones.

P. Usted destaca la movilidad social que genera la UdeC…

R. Nos sentimos orgullosísimos de eso. Nuestra universidad busca atraer y retener talento, pero del más diverso. Tenemos estudiantes de todos los quintiles. Más de un 60% de nuestros estudiantes estudia con gratuidad. Ahora, cuando una persona aspira a ser profesional, esa aspiración no es solo de esa persona: es de una familia que ve que nuestra universidad puede transformar vidas. A eso se refiere el rol público en nuestra universidad.

P. ¿Y cómo ve ese encaminamiento en medio de las circunstancias adversas de hoy?

R. Por muchos años las universidades han esperado que los recursos destinados a investigación y desarrollo provengan del Estado. Eso ya no puede continuar. Sabemos que las necesidades son múltiples y que los recursos son escasos. Tenemos que vincularnos fuertemente con el sector productivo.

P. ¿Público y privado?

R. Público y privado. Tenemos que lograr que el sector productivo invierta en investigación y desarrollo. Para eso se requiere confianza: conocer los problemas del sector productivo y ver cómo la universidad coloca a disposición de este sus capacidades, su infraestructura y sus competencias para resolverlos. Estamos reuniéndonos con distintos ámbitos del sector productivo, trabajando colaborativamente, impulsando iniciativas como el doctorado tecnológico.

Por años, Chile desarrolló fuertemente los programas de doctorado, algunos de ellos muy [propios] de la ciencia básica, que es ciencia por curiosidad que busca generar conocimiento. Nosotros vamos a mantener eso, porque es importante, pero tenemos que dar un salto a la transferencia de ese conocimiento para resolver problemas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora tenemos que hacer ver que podemos mejorar la competitividad del sector productivo, agregando valor a sus productos y ayudándolos a internacionalizarlos. Muchas universidades, probablemente, ya estamos en eso: cómo convocamos al sector productivo de manera concreta a apoyar el desarrollo científico-tecnológico de las regiones y del país. Pero por ahora estamos en una fase piloto.

P. ¿No lo había hecho antes la UdeC?

R. Sí. La diferencia es que ahora queremos insertar a través de los programas de doctorado tecnológico a sus miembros en el sector productivo. Abrimos una ventana para que quienes trabajan en una industria productiva, agroalimentaria o cualquier otra, avancen en la búsqueda de soluciones para los problemas tecnológicos del sector productivo. Por supuesto, seguiremos teniendo nuestros doctorados de siempre, pero estamos buscando la mejor estrategia de acercamiento al sector productivo, porque no basta con conversar y decirle, yo te ayudo: la idea es la co-construcción de un nuevo ecosistema de investigación y desarrollo para la región.

P. ¿En qué sentido piensa en la universidad como reserva ética?

R. ¿Cuáles son las instituciones de mayor credibilidad en Chile? Además de la PDI y otras pocas, las universidades. Y eso hay que cuidarlo. Las personas confían en las universidades, y por eso somos la reserva ética: somos capaces de dar respuestas confiables basadas en evidencia científica.

P. A propósito de la experiencia de los estudiantes universitarios, subraya que los fracasos son parte del crecimiento.

R. Creo que en Chile se busca mucho el éxito y se habla poco de los fracasos. Eso es lo primero, y va en paralelo con un fenómeno mundial de deterioro de la salud mental. Como buscamos constantemente el éxito y tenemos poca tolerancia a la frustración, somos vulnerables desde el punto de vista de la salud mental. Tenemos [en las universidades] muchos estudiantes medicados y muchos académicos también. Tenemos estudiantes a quienes les cuesta mucho hacer una presentación, por ejemplo. Eso está en la agenda de todos los rectores y rectoras de Chile.

P. Y usted tuvo otra experiencia como estudiante…

R. Cuando uno estudiaba, no era tema si había tres, cuatro, cinco pruebas el mismo día. Y si un profesor quería hacer una interrogación oral, la iba a hacer. Hoy, nuestros estudiantes están más sensibles a eso, y si uno los aprieta [les exige más que lo habitual], se estresan. Y eso impacta en la autoestima incluso, porque empiezan a sentir que probablemente no son capaces, o que algo está fallando.

La imagen cambia pero la idea es la misma allá donde se pregunte: “un respiro”, “un tanquetazo de oxígeno”, “una cubetada de agua en el desierto”. La Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica (FCE) han lanzado una convocatoria que es, o se siente, un salvavidas. Este lunes se abre el registro para que las editoriales propongan, de entre sus extensos catálogos, una lista de libros con la que renovar las bibliotecas públicas de México. La bolsa destinada será de 50 millones de pesos antes del fin de este año, una cantidad que no cubre las necesidades de los sellos ni de los espacios públicos, pero que insufla vida a un sector que no recibía una llamada así desde hacía 10 años. Ha tenido que echar el cierre la emblemática Era, una de las editoriales que modernizaron el país, para que algo se active en los despachos de gobierno.

“A partir de esa crisis, salió una puerta, y esta puerta provocó una reflexión, la intervención presidencial y la entrada de esta acción conjunta”, reconoce Paco Ignacio Taibo, director del FCE, que apunta además que hacía 15 años que no se renovaban los acervos de las bibliotecas. “Hubo compras equivocadas y muy repletas de ausencia de democracia y, a partir de ahí, una especie de clausura. No hubo presupuesto”, desarrolla. Ninguno de los libros que se han publicado en los últimos 15 años y que han marcado la conversación pública han traspasado las puertas de estos espacios, salvo que hayan llegado en forma de donación. Por poner algunos ejemplos: la potente Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, se publicó en 2017; Casas vacías, de Brenda Navarro, en 2019; y la premiadísima El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, en 2021.

Uno de los problemas a los que se enfrentan, explica el funcionario, es que la red de bibliotecas públicas está desintegrada nacionalmente. La Secretaría de Cultura las cifra en 7.600 centros y, para la presente convocatoria, han seleccionado 200. Aquellos, dice Taibo, que pueden tener capacidad “de arrastre”: “Si mejoras la calidad de los libros en esas bibliotecas, estas pueden incorporar préstamos internos hacia otras”. Es esa cifra de corte la que marca uno de los requisitos: que la editorial tenga al menos 200 ejemplares del título propuesto, de tal forma que pueda haber uno, como mínimo, en cada uno de los recintos elegidos. Todas las editoriales consultadas están ya volcadas en recopilar su propuesta. “Le estamos dando un tratamiento muy prioritario, porque sí es una cosa importante y viene en un momento donde hay una gran, gran crisis de liquidez”, enfatiza Eduardo Rabasa, que dirige Sexto Piso. El perfil de la convocatoria, añade el editor, se ajusta muy bien a las publicaciones que ha hecho esta casa durante la última década, volcada en la literatura mexicana.

La suspensión de las compras públicas ha ido generando cada año un pequeño boquete en el sector. Durante 2024 se publicaron cerca de 20.000 títulos distintos, un 15% menos que durante el año anterior. En consecuencia, el valor de producción también disminuyó en un 8%, hasta situarse en los 2.386 millones de pesos, según el informe de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), que atribuye estos descensos a la falta de ventas a los programas gubernamentales. A la vez, señala la Cámara, las ediciones importadas han ido ganando peso frente a las nacionales: las primeras han crecido del 7% al 14% desde 2020 y, las segundas, han disminuido desde el 93% hasta el 86%. A cambio, ha aumentado la facturación un 4,8% debido al aumento de unos 11 pesos, en promedio, de cada ejemplar.

Ese paisaje estadístico empujaba desde hacía años la necesidad de tomar medidas. La prioridad de la Secretaría de Cultura, explica la titular, Claudia Curiel, fue fortalecer la infraestructura y las instalaciones nada más llegar. El anuncio de Era generó un “espacio propicio” para este nuevo impulso, señala, pero era una ruta que venía de atrás y que continuará más adelante. Lo importante, dice, es conseguir la “sostenibilidad del sector”, que demandaba desde hacía mucho algunas medidas que han tardado en llegar, como la tasa 0 para las librerías, anunciada por la presidenta este mes y que, solo el año que viene, dejará unos 200 millones de pesos en los comercios, de acuerdo con la secretaria. Ya existía para las editoriales desde el 2000, y eso generaba una asimetría inexplicable entre dos elementos clave de la cadena de distribución. Para 2027, agrega Curiel, piensan actualizar los sistemas de catalogación y también buscan darle un impulso a las ferias estatales y municipales, que acercan al público general una oferta a veces demasiado cara y demasiado distante.

A la convocatoria están llamadas pequeñas, medianas y grandes editoriales, pero es a las empresas independientes a las que más puede ayudar. Es difícil saber todavía cuál será el impacto económico, porque dependerá de la cantidad de títulos que la comisión seleccione de cada editorial. “Es una moneda al aire”, dice Emiliano Becerril, de Elefanta, que reconoce que, si adquirieran muchos ejemplares, aunque fuera de un solo libro, “sería de gran ayuda” y les daría “un respiro”. Fuera han quedado las instituciones públicas como el Colegio de México (Colmex) que, aunque cuentan con un gran repertorio de publicaciones que se ajustarían a la solicitud, gozan de una estabilidad que resulta quimérica para el sector privado. Ellas, además, tienen otras actividades principales, como la enseñanza.

La principal fórmula con la que las editoriales públicas llegan a las bibliotecas es la donación, explica Gabriela Said, directora de Publicaciones del Colmex. También es la más “virtuosa”, agrega. Aunque reconoce que esta convocatoria les ayudaría a llegar a los lectores, su ritmo de publicación se ha mantenido más o menos estable en estos años y sus principales desafíos apuntan en otra dirección. Por un lado, a la crisis de suministro de papel originada por “las guerras del otro lado del mundo”. Por otro, a los problemas para distribuir sus libros en entornos comerciales, habida cuenta de que se trata de contenido especializado en ciencias sociales y humanidades. En cualquier caso, Said ve “magnífica” la iniciativa, a pesar de no poder participar. “La salida del mercado de Era nos ha llenado a todos de frustración y de nostalgia, aunque también habría que verla con ojos críticos”, señala.

La caída de la editorial ha abierto un debate profundo y diverso que toca todos los espacios y aspectos que llegan a rozar al libro. El sector discute ahora sobre cuánto y cómo se lee, cuál es el rol de cada actor y cómo llenar las bibliotecas no solo de libros, sino de gente. La oferta no siempre es suficiente para que alguien decida cruzar el marco de la puerta. “Celebro que haya habido voluntad y reacción rápida a la desaparición de Era, y también que exista esta convocatoria”, expresa Becerril, que templa la euforia y anima a seguir: “Una golondrina no hace verano. Ojalá estemos frente al primer aleteo de la política pública para que pueda emprender vuelo de nuevo”.

El anuncio del presidente Kast de suscribir el acuerdo sobre el Escudo de las Américas que es promovido por el presidente Trump refrendó lo que necesitaba ser refrendado de una vez por todas: se acabaron los consensos, y no solo en materia de política exterior. Son muchas políticas las que se encuentran involucradas en este momento culminante, y no se comparan con el anuncio grandilocuente de Andrés Allamand, en una recordada columna de opinión en el diario El Mercurio en 1991, en donde le ponía término a la democracia de los acuerdos, permitiendo la irrupción de la “democracia de las alternativas”. Nadie lo recuerda, pero así fue: y la derecha no siguió a Allamand en esta ruta, puesto que los acuerdos continuaron por bastante rato más. Es otro tema debatir si se trataban de acuerdos o de consensos fundados en correlaciones de fuerzas simétricas: no lo fueron, pero esa es una constatación que desdibuja el quiebre de los consensos de ahora.

Hay excelentes razones para explicitar el quiebre del consenso en materia de política exterior. El acuerdo al que concurrió el presidente Kast con el presidente Trump no fue un acuerdo binacional, sino uno que concernía a toda una región sobre diversas materias de común interés, especialmente en seguridad, pero en donde no todas las partes se encuentran en posición de igualdad a la hora de ejercer su soberanía sobre su propio territorio. Concurrir a ese acuerdo es un acto voluntario, que no requiere de aprobaciones congresales: Chile expresó, a través de su presidente, la legítima voluntad en hacerlo. ¿Significa esto que las partes concurrentes con Estados Unidos se encuentran en posición de igualdad para hacer valer sus respectivos intereses? Evidentemente no, y es allí en donde reside el problema. La declaración, presentada como un acuerdo, establece como prioridad los intereses de la soberanía del hemisferio: las derechas chilenas, unas más y otras menos, no se han interrogado sobre la génesis de esos intereses hemisféricos, tampoco sobre su definición. ¿Hay alguna duda que en lo formal esos intereses supra-nacionales son formalmente establecidos entre todas las partes, pero que en la realidad de las cosas hay un actor que predomina, un hegemón, Estados Unidos? Los ex cancilleres de Chile revelaron un asunto importante: el propio canciller Pérez Mackenna, un ministro sumamente débil y novato, habría señalado que la presión de Estados Unidos por llevar a Chile a suscribir este acuerdo ha sido muy fuerte, lo que se ajusta a la conducta del embajador Brandon Judd quien afirma con total soltura que la doctrina Donroe (esa que transforma a América Latina en un patio trasero) es “muy fácil” de llevar a cabo bajo el gobierno de Kast (dando a entender que la afinidad ideológica entre la administración Kast y la administración Trump hace la diferencia, una verdadera humillación desde la perspectiva del agente nacional sometido, en este caso Chile). ¿Es esto normal? ¿No hay en esa presión una búsqueda subordinación de Chile a los intereses de Estados Unidos que, en el marco del acuerdo suscrito, podría torcer el interés nacional en nombre del interés del hemisferio (y por tanto de Estados Unidos, que es el agente dominante)? Es cierto: por primera vez se oficializa el quiebre del consenso de Estado en materia de política exterior; eso es lo que se expresa en la interpelación inédita al canciller Francisco Pérez Mackenna por parte de la Cámara de Diputados. En el origen de esta interpelación se encontraba una razón débil: una controversia inventada por Argentina sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes. Esa razón no era suficiente para interpelar al canciller: lo que hizo la diferencia es la posición que adoptó el presidente Kast sobre el Escudo de las Américas, una posición de gobierno (y no de Estado) que aceleró la construcción de una mayoría legislativa para provocar la interpelación (la que aun se encuentra a distancia de una mayoría real a la que concurren en privado varios diputados del oficialismo).

El Gobierno se encuentra en un momento sumamente peligroso.

Lo que este episodio revela es un quiebre entre el oficialismo y la oposición de izquierda. Uso el singular porque la torpeza gubernamental en varias materias ha logrado unificar a la oposición, entregándole en bandeja a la oposición un adversario común que hace esfuerzos para ser visto como tal: ayer fue Pinochet, hoy es Kast, a diferencia del expresidente Piñera quien nunca lo fue realmente (las dos acusaciones constitucionales en su contra no marcaron política, sino un desvarío de izquierdas). La interpelación al canciller Pérez Mackenna es especialmente delicada ya que refleja un quiebre en lo más perpetuo de la política chilena: su política exterior. ¿Cómo explicarlo? Esto no se explica solamente por la postura del gobierno del presidente Kast respecto de este escudo continental. En aras de la honestidad, lo que realmente explica esta polarización en materia de política exterior, y junto a ella en todo tipo de políticas, es la ruptura de los consensos generales sobre la vida buena en todas partes del mundo. Con sus propias particularidades, Chile se inscribe en esta tendencia general, resultándole especialmente difícil moverse entre la potencia política estadounidense y la potencia económica y comercial de China. El multilaterialismo, que muchos consideramos como un bien, varios países lo consideran como un mal, partiendo por el gobierno de Chile: no lo dice explícitamente, pero consagra su carácter nefasto. La existencia de organismos supranacionales con una mediocre capacidad de enforcement en materias esenciales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional y todo el entramado de organismos y políticas en materia climática por parte de la ONU, constituyen un excelente ejemplo de deterioro profundo de las instituciones internacionales comunes. ¿Le cabe a alguien alguna duda que detrás de estos disensos en materia internacional no se encuentran desacuerdos fundamentales a nivel local? Pues bien, Chile expresa a escala local lo que se está observando a escala global: un estado del mundo en el que los denominadores comunes pasaron a mejor vida, desde políticas económicas reactivadoras hasta políticas redistributivas, pasando por la política exterior y hasta por la seguridad. Todo se pudrió. En lo esencial, aunque en los márgenes siempre habrán mayorías sustanciales para aprobar cosas que suenan bien, pero que no son esenciales: el gobierno lo negará.

A nadie debiese extrañar que la decisión del presidente Kast de adherir al Escudo de las Américas provocaría una ruda reacción opositora, partiendo por la declaración conjunta de los expresidentes Boric y Bachelet, en donde el expresidente Frei se mantendrá imperturbablemente en un limbo eterno que se arrastra desde que dejó de ser jefe de Estado. La carta pública de los dos expresidentes van más allá de la política exterior: no lo dicen, pero expresan un estado de ánimo y del mundo que es tan fatídico como general.

Solo falta para consagrar este fin de los consensos que el presidente Kast honre su promesa de campaña e indulte a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos en dictadura sin jamás haber expresado su arrepentimiento.

Los consensos duran hasta que se rompen, por muy banal que suene. Lo relevante es, entonces, interrogarse acerca de las razones que los rompieron. El origen se encuentra en la política global, la que no determina como si fuese una fatalidad los vaivenes de la política nacional: es allí en donde interviene la agencia de los actores políticos domésticos, quienes pueden estar más o menos embargados por políticas identitarias o por la búsqueda de consensos con el fin de gobernar con legitimidad de largo plazo. Durante el Gobierno del presidente Boric, este mismo dilema estuvo presente, y se impuso la búsqueda de consensos. Todo indica que, dada la potencia política del Partido Republicano y su afinidad natural con el Partido Nacional Libertario, la derecha tradicional será sometida a un identitarismo que achica a la derecha, pero que es el precio a pagar por parecer auténtica.