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La larga disputa entre México y Estados Unidos por 2.000 hectáreas de piedra caliza cerca de Playa del Carmen (Quintana Roo) terminó con una resolución favorable para el Gobierno mexicano. El fallo del organismo arbitral del Banco Mundial, publicado este lunes, ordena a México pagar a la minera estadounidense Vulcan Materials menos del 1% de los 1.500 millones de dólares que la compañía solicitó por el cierre de sus operaciones mineras en el país latinoamericano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum destacó que el tribunal arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de Vulcan, confirmando únicamente una reclamación relativa al cierre de una sola mina en 2018. En respuesta, la empresa declaró que el tribunal internacional determinó que México violó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (antes TLCAN) en varios aspectos y calificó como “insignificante” la indemnización fijada por la corte arbitral, aunque se reservó la cifra específica de la compensación.

Tras conocer la resolución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que la mina permanecerá clausurada y que, una vez concluido el periodo de confidencialidad de 30 días, el Gobierno dará a conocer más detalles sobre el fallo y las acciones que realizará el Ejecutivo. “Ellos tienen que resarcir el daño ambiental. Tienen que hacer su proceso de remediación aun cuando la mina esté clausurada”, dijo. La mandataria también reconoció que existe la posibilidad de solicitar la nulidad de la reciente resolución por parte de alguna de las partes y que se continúa en diálogo con la minera estadounidense.

El desencuentro entre Vulcan Materials y las autoridades mexicanas se remonta a 2017, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades al considerar que la extracción era mayor que la autorizada. Esta orden motivó la presentación en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN, que ahora ha sido resuelta a favor del Gobierno de México. Sin embargo, personas allegadas al proceso aseguraron a EL PAÍS que aún queda parte del caso por resolver bajo las reglas del TMEC, ya que algunos de los hechos señalados como la clausura de la mina, la toma del puerto Venado y la posterior declaratoria de la zona en litigio como área natural protegida ocurrieron entre 2022 y 2024, durante la Administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo las directrices del renovado acuerdo comercial.

Aunque la minera, presente en México desde 1986, ya había enfrentado en el pasado desavenencias con autoridades locales y federales, durante el sexenio de López Obrador estas se agudizaron. El entonces presidente de México acusó a Vulcan de provocar una “catástrofe ecológica”, incluyendo la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano, por la extracción de piedra caliza. Aunque tuvieron lugar reuniones entre la Administración mexicana y los directivos de la minera, el pleito, lejos de zanjar, subió de tono y el Ejecutivo optó por la clausura de la mina en 2022.

Del otro lado de la trinchera, Vulcan Minerals acusó al Gobierno mexicano de expropiar ilegalmente sus activos y de incumplir las obligaciones del TMEC al no otorgar un trato “justo y equitativo” a la inversión privada. En 2023, en un intento por destrabar el litigio internacional, el Gobierno mexicano puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera por 8.000 millones de pesos, pero la minera declinó la oferta y, en septiembre de 2024, López Obrador declaró como área natural protegida una extensa zona que abarcaba las concesiones en disputa con la minera, lo que detonó un choque con EE UU. En ese entonces, el Congreso estadounidense puso sobre la mesa la aprobación de una ley para proteger los bienes de sus compañías en el extranjero.

Ahora, a casi dos años de distancia, el arbitraje internacional ha resuelto una parte del laberíntico proceso con un fallo que supone, para el Gobierno mexicano, una victoria parcial. Sin embargo, dada la complejidad del proceso binacional, la disputa aún parece estar lejos de terminar.

Villa Gesell es un pueblo ubicado en la costa del mar Argentino, a 370 kilómetros de Buenos Aires, que cada verano se llena de jóvenes y familias que vacacionan en la playa. La muerte por asfixia de Isabella, una niña de dos años, enturbió la atmósfera festiva que esa localidad proyecta al convertirse en el escenario de un caso que conmociona al país. Por el episodio fue detenida su madre, Lucía Sosa, que ya había sido investigada antes por la muerte de otras dos hijas en circunstancias similares. Uno de sus hijos mayores, que fue entregado en adopción a otra familia cuando era pequeño, denunció que su progenitora es una “persona agresiva y sin corazón” y reclamó que “esté presa o en un psiquiátrico”.

Isabella, que estaba a pocos días de cumplir tres años, ingresó el martes 21 de julio sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde intentaron reanimarla sin éxito. La autopsia determinó que falleció por asfixia a partir de una obstrucción en su sistema respiratorio.

El caso tomó relevancia por la muerte en sí y por los antecedentes que rodean a la madre. Su hija Candela, de seis meses, murió en 2013 y Yazmín, de once meses, en 2016. Por este segundo caso, la mujer estuvo dos años detenida, al igual que su pareja de ese momento y padre de seis de sus nueve hijos, Germán Picart, bajo cargos de abuso sexual y homicidio. Finalmente, ambos fueron absueltos.

Luego de ese episodio, Sosa, de 43 años, se mudó desde la ciudad de Mar del Plata a Villa Gesell, a 100 kilómetros, donde formó nuevamente pareja y tuvo otros dos hijos: Isabella y un niño mayor, que actualmente tiene cuatro años y que, a partir de los hechos recientes, se encuentra bajo custodia judicial. En el pasado, la mujer ya había perdido la custodia de otros cuatro hijos, sospechosa de maltrato infantil y de generar un “ambiente de convivencia inconveniente”, según detalló el diario local La Nación. Algunos de ellos ingresaron a hogares de acogida y otros fueron adoptados por familias.

Este lunes por la tarde, casi una semana después de la muerte de Isabella, una camioneta llegó hasta la casa de Sosa y se la llevó detenida, mientras vecinos vociferaban pedidos de justicia por la niña. Sosa enfrenta el cargo de “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” y se espera que declare en las próximas horas. El cuerpo de Isabella, por otra parte, no será entregado hasta que se hayan completado las pruebas forenses solicitadas.

José Daniel Aguirre, el padre de Isabella, relató que el 21 de julio pasado encontró a su hija “tirada en la cama” al regresar de trabajar, ya sin pulso. “La tomé en brazos, salí corriendo por el pasillo de la vereda hasta un taller donde había una camioneta y pedí, por favor, que llevaran a la nena”, relató Aguirre, para quien se trató de “un accidente”. El hombre aseguró que desconocía por completo los antecedentes judiciales de Sosa y que incluso no sabía de la existencia de Lucas Ruiz, uno de sus hijos, que habló con los medios cuando se conoció la muerte de la niña.

Ruiz tiene 17 años y fue dado en adopción cuando era pequeño, luego de haber vivido episodios de violencia en su hogar. “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos”, dijo en una entrevista con el canal de noticias TN. “Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo”, afirmó.

El adolescente aseguró que durante años advirtió sobre la peligrosidad de su madre y cuestionó que el sistema judicial intentara revincularlo con ella en contra de su voluntad, aunque pidiera “salir de esa casa”, que identificó como un lugar “feo, muy oscuro”. Según contó, su historia comenzó cuando tenía apenas 21 días de vida, cuando fue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras sufrir un paro respiratorio producto de una intoxicación. A partir de entonces, quedó bajo la protección de Hogares de Belén e inició un proceso que terminó en la adopción por parte de su familia actual.

“Me golpearon muchísimo, sobre todo en el momento del proceso de revinculación. En el día de mi tercer cumpleaños me obligaron a ir a esa casa y fue una de las golpizas más grandes que me dieron. Me tiraban de las orejas. Durante muchos años tuve una lesión porque me las tironeaban constantemente”, contó sobre el vínculo con las personas de su entorno biológico.

El adolescente será convocado a declarar como testigo en el transcurso de esta semana, en el marco de la causa que investiga el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Pinamar, del Departamento Judicial de Dolores. También se le tomará testimonio en Cámara Gesell al hijo más pequeño de Sosa, de cuatro años, que habría sido testigo presencial del momento previo a la muerte de su hermana.

El Departamento de Justicia estadounidense señala a Amaral Arévalo de usar más de medio millón de dólares para el pago de una colegiatura en un centro educativo de Florida

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Sergio Jadue, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), se ha anotado un importante triunfo judicial luego que este martes un tribunal chileno declarara el sobreseimiento por los delitos tributarios y de apropiación indebida que habría cometido mientras estaba al mando del fútbol local. El 13° Juzgado de Garantía de Santiago afirmó que los cargos en contra del exdirigente, que fueron presentados tras una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, estaban prescritos. Jadue lleva casi una década fuera de Chile por su participación en el escándalo de corrupción al interior de la FIFA, conocido como el FIFA Gate.

La resolución surge a partir de un alegato de la defensa de Jadue, que ha planteado que a partir de la salida del exdirigente desde Santiago, en noviembre de 2025, todos los cargos que pesaban en su contra se habían prescrito al haber pasado más de 10 años desde su comisión. Este argumento había sido rechazado por la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que afirmaban que el cómputo debía comenzar a partir del 26 de enero de 2017, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a una solicitud del Ministerio Público para dar inicio al proceso de extradición del chileno desde Estados Unidos.

El sobreseimiento aplicado a favor de Jadue también se ha aplicado hacia Mauricio Etcheverry, que fue uno de sus colaboradores más cercanos durante su gestión en la ANFP.

Sergio Jadue vive en Miami desde 2015, ciudad a la que llegó luego que la justicia estadounidense iniciara las investigaciones contra los principales dirigentes del fútbol mundial por la millonaria entrega de sobornos en la adjudicación de los derechos televisivos de los eventos deportivos, además de la comercialización y organización de los campeonatos internacionales. El chileno, que también ejerció como primer vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), se declaró culpable de los cargos de este caso para acceder a una rebaja de condena. También fue calificado como un testigo protegido del FBI por su colaboración en las indagatorias en contra de los otros directivos. La entrega de la sentencia en su contra ha sido postergada 16 veces, en una espera que le ha permitido radicarse en Florida. En mayo de 2016 la Comisión de Ética de la FIFA decretó su inhabilitación de por vida para realizar cualquier actividad (deportiva o administrativa) asociada al fútbol.

En paralelo a su rol en el FIFA Gate, Jadue fue investigado por otras irregularidades cometidas durante su paso por la administración del fútbol chileno. En diciembre de 2016 se informaron de los cargos en su contra —trámite que en la justicia chilena es conocido como formalización— en ausencia, en donde se dio cuenta de una querella presentada por la propia ANFP en su contra. El exfiscal Carlos Gajardo, que en aquella época ejercía como persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, explicó el requerimiento en contra del exdirectivo. “Esta persona no presentó las declaraciones [de renta] o sus declaraciones fueron maliciosamente incompletas o falsas respecto a los ingresos que él obtuvo“, detalló Gajardo al momento de presentar la formalización.

Jadue fue elegido como presidente de la ANFP en 2011. Era dirigente de Unión La Calera, un humilde equipo representativo de La Calera, su ciudad natal. Llegó al cargo a los 31 años y luego de un tormentoso proceso que fue antecedido por la fallida elección del español Jorge Segovia. La gestión del exdirectivo, que también ejercía como presidente de la Federación de Fútbol de Chile, estuvo marcada por algunos hitos como la salida del entrenador argentino Marcelo Bielsa de la selección chilena; el fugaz proceso de Claudio Borghi; y el exitoso arribo de Jorge Sampaoli, con el que logró ganar la primera Copa América para Chile en el torneo realizado en 2015. Durante su administración La Roja de Chile clasificó al Mundial de Brasil de 2014, en donde la llamada generación dorada de futbolistas chilenos alcanzó su máximo rendimiento deportivo.

El auge y la caída de Sergio Jadue ha sido objeto de análisis y también ha servido como argumento para algunas ficciones como El presidente, una serie de Amazon estrenada en 2020 que narra su rol en el FIFA Gate. En junio de 2024, el exdirigente ingresó una demanda ante una corte de Florida en donde acusó a la plataforma de streaming de “difamación” por la forma en la que expuso la historia.

Veintiséis años después de que Alberto Fujimori renunciara por fax desde Japón, mientras su Gobierno se desmoronaba por el destape de una extensa trama de corrupción, el fujimorismo ha vuelto al poder. Su hija Keiko Fujimori jura como presidenta de la República este 28 de julio, día en que el Perú conmemora su independencia. A sus 51 años se convierte en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el país. Su investidura pone fin a una larga travesía de tres candidaturas presidenciales fallidas, pero inaugura un Gobierno que nace en medio de una profunda polarización: para unos representa la promesa de estabilidad económica; para otros, el regreso de un proyecto político que le echa limón a heridas que nunca llegaron a cicatrizar.

La lideresa de Fuerza Popular asume la presidencia tras imponerse por un estrecho margen en las elecciones —menos de 50.000 votos de diferencia sobre el izquierdista Roberto Sánchez—. Lo hace reivindicando el legado de su padre, Alberto Fujimori, el exmandatario condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción, fallecido en libertad en 2024, cuya figura sigue polarizando a la sociedad peruana. “Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”, escribió en la mañana de este martes.

La jornada comenzó con el tradicional Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, removió la mañana con una homilía donde denunció la existencia de políticos que “usan la religión para su posición partidaria y así obtener votos”, cuando al mismo tiempo desearían que “la Iglesia no cuestione” la realidad. “Abandonemos la mezquindad de pensar solamente en nuestros desarrollos individuales y del grupo al que pertenezcamos, para procurar el bien común de todos”, dijo. El cardenal finalizó su misa recordando a las víctimas de la represión estatal de los últimos años.

Al mediodía, en el Congreso de la República, Keiko Fujimori prestará juramento y ofrecerá su mensaje a la nación. Este martes también jura su consejo de ministros, del que hasta ahora solo ha confirmado tres nombres: Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba en Economía y Finanzas y Carlos Espá en Relaciones Exteriores. La composición final del gabinete será una de las primeras señales para medir si la nueva presidenta opta por un Ejecutivo de apertura o concentra el poder en su círculo político más cercano.

La investidura de Keiko Fujimori está llamada a poner fin a una década de inestabilidad política e institucional, un periodo del que ella misma es señalada por sus detractores como una de las principales responsables debido al papel que desempeñó Fuerza Popular en los sucesivos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde 2016, Perú suma nueve presidentes, la mayoría de ellos con mandatos interinos, baja aprobación ciudadana o gobiernos atravesados por crisis políticas permanentes. El cambio de mando también cierra el ciclo encabezado por José María Balcázar, cuyo mandato provisional estuvo caracterizado por el silencio y la invisibilidad.

La transmisión del mando está precedida por una controversia inusual. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso saliente y dirigente de Fuerza Popular, sostuvo que el mandato de Balcázar concluía el 27 de julio y lo instó públicamente a entregar la banda presidencial un día antes de la ceremonia oficial. La afirmación fue cuestionada por constitucionalistas, que advirtieron sobre el riesgo de generar un vacío de poder. Este martes Balcázar entregó la banda presidencial. Ha sido el nuevo presidente del Congreso, Miguel Torres, quien se la ha colocado a Fujimori. Torres es el segundo vicepresidente electo y en la víspera fue elegido como presidente del Senado.

Presencia internacional y protestas

La ceremonia cuenta con una nutrida presencia internacional. Entre los primeros dignatarios en llegar a Lima estuvieron el rey Felipe VI de España y el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien encabeza la delegación enviada por Washington. También figura el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, así como el canciller de Japón, Horii Iwao. En cuanto al continente, destacan los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá, Nasry Asfura (Honduras) y Mike Eman, el primer ministro de Aruba. En contraste, los gobiernos de México, Brasil y Venezuela no han enviado representación al más alto nivel.

Fuera del Congreso, el inicio del nuevo Gobierno transcurre bajo un clima de abierta confrontación política. Diversos colectivos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y familiares de víctimas de la violencia estatal han convocado una movilización nacional bajo el lema “Keiko no me representa. Por justicia, memoria y verdad”. Uno de los movimientos más simbólicos son los deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos, dos de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori. “Nosotros no nos vamos a sentar a conversar con ella y jamás la vamos a reconocer públicamente como presidenta”, declaró Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta y exministra de Cultura.

El primer día de Gobierno también anticipa los desafíos que marcan el inicio del quinquenio. Además de definir el rumbo económico y la política exterior, Fujimori deberá responder a una creciente ola de criminalidad, afrontar los efectos de un nuevo episodio del fenómeno El Niño y atender la reconstrucción de Pumpunya, la localidad de la sierra central devastada días atrás por un sismo. Sobre la mesa también estarán decisiones de alto impacto político, como los pedidos de indulto de los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo, asuntos que pondrán a prueba la promesa de gobernar para un país que llega a esta transición profundamente dividido.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha anunciado este lunes que su Gobierno presentará un proyecto de ley de reforma constitucional que busca el cese en el cargo de las autoridades a las que se le detecte consumo de drogas. La propuesta, que debe ser analizada por el Congreso Nacional, propone la aplicación de test de estupefacientes de manera periódica a los más altos representantes de los organismos estatales, a lo que se suma la destitución de aquellos que den positivo para el consumo de sustancias psicotrópicas o ilícitas.

El Ejecutivo ha presentado esta idea cuatro años después de que se informara de la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que ha dado positivo para la prueba de drogas. La Moneda ha dicho que la exfuncionario había obtenido un resultado negativo en un examen realizado en abril, pero que dio positivo en otra prueba efectuada en junio. Rodríguez ha negado ser un consumidor, de 36 años, ha declarado que el resultado del test no refleja su situación. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”, ha dicho en una declaración pública.

Qué dice la propuesta del Gobierno

La iniciativa de la Administración de Kast apunta a una modificación en la Constitución vigente, la que permita imponer como una nueva causal de cesación para en el cargo de autoridad a quienes registren un consumo de sustancias ilícitas en un test positivo de drogas. La medida será aplicable a ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En la actualidad no existe ninguna norma que haga efectiva la salida de un funcionario público por consumir alguna droga, ya que todo queda bajo la discrecionalidad de la jefatura correspondiente. En el caso de los parlamentarios tampoco es motivo de solicitud de desafuero, ya que el consumo por sí solo no implica ningún delito.

¿Cómo se aplicaría el test a las autoridades?

De acuerdo al proyecto, se establecerá una obligación para que las autoridades deban someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera aleatoria durante un año. Hasta ahora la ley de reajuste del sector público de este año, y la regulación sobre el Presidente de la República está fijada en las partidas de Presidencia de la ley de Presupuesto, imponen la obligatoriedad del test. El Poder Legislativo también ha establecido su norma en su reglamento interno. Por ahora no se han definido la forma en la que se publicarán los resultados, así como tampoco cómo se abordará la aplicación de las contramuestras.

¿Qué ha dicho Kast por el proyecto del Gobierno?

El mandatario, que ha presentado la propuesta en una ceremonia en el palacio de La Moneda, ha defendido la idea y ha dicho que es necesaria para que las autoridades enfrenten cualquier duda ante su gestión. “La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Yo creo que nosotros en eso tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos. En esto tenemos que ser inflexibles, en esto no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto”, ha expresado Kast. El jefe de Estado ha recordado que la aplicaciones de exámenes por consumo de sustancias fue parte de su programa en la campaña electoral y ha mencionado que él mismo se ha sometido a una prueba.

¿Por qué se busca imponer el test de droga en las autoridades?

La idea de imponer los test de drogas entre las autoridades surgió con fuerza durante el año 2022, bajo el impulso de la bancada de la UDI, de la derecha tradicional, y de la diputada Pamela Jiles, que actualmente milita en el populista Partido de la Gente (PDG). La justificación detrás de esta medida es que exponer el posible consumo de drogas es un acto de “transparencia” en el caso de los legisladores a la hora de votar normas relacionadas con la persecución del tráfico de drogas. También se la ha mencionado como una forma de descubrir una posible filtración del crimen organizado en el poder político. La idea no ha alcanzado los consensos necesarios. Desde algunos sectores la izquierda han dicho que la sola constatación del consumo personal es insuficiente para demostrar supuestos vínculos de una autoridad con el tráfico de drogas, por lo que se debe avanzar con otras medidas adicionales como la apertura del secreto bancario para determinar un posible financiamiento de origen ilícito.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cambia de plan, pero no de idea. El futuro mandatario ha pedido este domingo al Senado y a la Cámara cambiar el lugar de su posesión presidencial, el 7 de agosto próximo, a Cali (Valle del Cauca). La petición llega tras semanas de ruido, ocasionado por la insistencia de De la Espriella de asumir su nueva posición en un cantón militar en Popayán (Cauca), en un gesto que esperaba enaltecer a las Fuerzas Militares, pero que ha suscitado un debate en torno a lo que simbólicamente sería reemplazar a la autoridad civil representada por el Congreso en el momento de la posesión.

Para sustentar su solicitud, De la Espriella ha aducido supuestas afectaciones causadas por la actividad del volcán Puracé, en el Cauca, que dificultarían el traslado y la logística de la ceremonia. En un comunicado emitido este domingo, la oficina del ultra ha dicho: “El nuevo gobierno […] solicitará al Congreso realizar la posesión presidencial en Cali ante las afectaciones ocasionadas por la actividad volcánica y celebrará allí su primer Consejo de Seguridad”. El mandatario no mencionó el beligerante ambiente político y social del departamento del Cauca, donde tienen gran presencia grupos indígenas opositores al Gobierno entrante. Tampoco menciona posibles riesgos de seguridad, en una zona golpeada en los últimos años por atentados y acciones armadas de grupos ilegales.

La elección de Cali, sin embargo, también tiene una carga simbólica. A pesar de que la capital del Valle del Cauca es un bastión de la izquierda y del petrismo (que triunfó de manera holgada en las elecciones presidenciales de junio pasado), fue allí donde De la Espriella inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional y encabezó uno de los primeros actos de campaña en la plaza de toros de Cañaveralejo. Cali fue, además, el epicentro del estallido social de 2021, cuyo recuerdo sigue presente con el enorme monumento al movimiento popular del puño alzado al cielo en el sector conocido como Puerto Rellena, y rebautizado desde entonces como Puerto Resistencia. El posible lugar del primer Consejo de Seguridad también es simbólico: será, si sus deseos se cumplen, en la base Marco Fidel Suárez, que en agosto pasado fue blanco de un atentado con explosivos que causó la muerte a seis personas.

La idea del presidente ultraderechista de homenajear a las Fuerzas Militares el mismo día de su posesión ha sido rechazada y criticada por varios líderes políticos. Los de la izquierda, por descontado, pero también de varios congresistas uribistas, con quienes, pese a ciertas afinidades ideológicas, han quedado separados por grietas políticas. Uno de los principales críticos de la idea ha sido el senador uribista Rafael Nieto Loaiza, quien ha mencionado el problema simbólico que significa que el jefe del Estado, en su posesión, ponga la autoridad militar por encima de la autoridad civil encarnada por la rama legislativa.

Del Palacio de Nariño al Palacio de San Carlos

En el mensaje transmitido este domingo en sus redes sociales, De la Espriella ha anunciado también que, mientras esté en Bogotá, despachará desde el Palacio de San Carlos, sede actual de la Cancillería, y no desde el Palacio de Nariño, donde está ubicada la oficina del presidente y que será convertido en un museo abierto al público durante su Administración. El Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, ya fue sede presidencial en el pasado: allí la trasladó el dictador militar Gustavo Rojas Pinilla en 1954 y se mantuvo hasta 1979, cuando se trasladó al Palacio de Nariño.

El expresidente Juan Orlando Hernández regresó este domingo a Honduras tras haber sido indultado por Donald Trump de su condena por narcotráfico, por la que fue sentenciado en 2024 a 45 años de presión. Hernández informó en abril de que una resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó desestimar el caso de raíz, calificándolo de “improcedente”. El presidente aterrizó en su país con un recibimiento de héroe por parte del conservador Partido Nacional, al que pertenece junto al actual presidente, Nasry Asfura.

El exmandatario llegó en un vuelo privado procedente de Miami a la terminal de Palmerola, a unos 75 kilómetros de Tegucigalpa, acompañado por su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile, y por un nutrido grupo de aliados castrenses —los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos— que testificaron a su favor durante el juicio en la Gran Manzana. En la pista de aterrizaje le aguardaban su madre, Elvira Alvarado, su esposa, la exprimera dama Ana García, y tres de sus hijos. Apenas descender de la aeronave, la familia protagonizó una escena de abierta religiosidad al arrodillarse a orar sobre el asfalto.

Hernández, de 57 años, llega a su país en un escenario de profunda polarización. Pese a la escenografía de triunfo orquestada por la militancia del conservador Partido Nacional, que acudió a recibirlo entre banderas e himnos, la situación procesal de Hernández en Tegucigalpa dista de estar resuelta. El político deberá comparecer el próximo 3 de agosto en audiencia inicial por acusaciones locales de lavado de activos y fraude. Pese al apoyo de las bases del Partido Nacional, e Honduras hubo un enorme el descontento de la gente por los escándalos de corrupción durante su mandato. Uno de los casos más sonados fue el desfalco al instituto de seguridad social por más de 200 millones de dólares. Investigaciones periodísticas revelaron que parte de ese dinero sirvió para financiar a la campaña electoral del Partido Nacional.

El presidente Asfura no ha reaccionado al retorno de Hernández, pero en un guiño al electorado más conservador del país, dijo tras conocerse el indulto de Trump: “Para la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen”, dijo el político.

El expresidente fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos, según la acusación en su contra. La sentencia fue, según detalló el tribunal, una advertencia a los individuos “bien educados y bien vestidos” que adquieren poder y piensan que su estatus les blinda ante la justicia.

Hernández abandonó la cárcel gracias a un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien influyó en las elecciones presidenciales de 2025 ofreciendo su apoyo al candidato conservador Nasry Tito Asfura, del mismo partido que Hernández, quien ahora es el presidente del país centroamericano.

El proceso contra Hernández fue muy polémico en Honduras, pero también en Washington. Durante los años que estuvo en el poder, Hernández había sido un fiel aliado de la Casa Blanca. Aparentemente, había colaborado en la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad se aprovechaba de su influencia en el país centroamericano para que la policía, el ejército y los jueces miraran para otro lado mientras él hacía negocios con los narcos.

El indulto de Trump se produce pese a las múltiples señales que relacionan a Hernández con el narco. Su hermano Juan Antonio, con el que mantenía una estrecha relación, fue condenado hace cuatro años por el mismo tribunal de Nueva York por sus vínculos con los cárteles de la droga hondureños. Cuando aún estaba en el poder, la fiscalía de Manhattan llegó a acusar a Juan Orlando Hernández de recibir un millón de dólares del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Los fiscales recabaron testimonios de otros narcotraficantes del cartel local Los Cachiros que revelaban las actividades de Hernández como pieza fundamental del engranaje del narco. Los documentos judiciales en los que se basó la sentencia condenatoria señalan: Hernández “estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.

Cuando los nicaragüenses creían haberlo visto todo, Daniel Ortega decidió ir un paso más allá. El presidente, que ha gobernado el país centroamericano con puño de hierro durante 25 años, 19 de ellos de forma ininterrumpida, anunció el domingo pasado que por orden suya los ciudadanos ya no podrán acudir a las urnas para elegir a sus gobernantes. “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció el dirigente de 80 años, ante el alarido de miles de sus seguidores y colaboradores más leales.

Ortega ya lo dominaba prácticamente todo en su país. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad nombrar copresidenta a su esposa, Rosario Murillo. La pareja presidencial ejerce también control absoluto sobre los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas. Todos los opositores que llegaron con posibilidades a las últimas elecciones presidenciales en 2021 fueron encarcelados. Las protestas sociales han sido reprimidas y las quejas de campesinos, estudiantes, sacerdotes y periodistas, silenciadas. La mayoría de quienes se han atrevido a alzar la voz han acabado muertos, en la cárcel o en el exilio. En medio de un declive permanente, la eliminación del voto era, sin embargo, una línea que el régimen no había cruzado.

“La democracia no es para nosotros”

Son apenas un puñado los países en los que los ciudadanos no votan. En la lista están monarquías absolutas, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar y Brunéi. Hay casos raros en microestados como el Vaticano o gobiernos fundamentalistas como el de los talibanes, que erradicaron las frágiles instituciones que había en Afganistán. Hay juntas militares que han pospuesto de forma indefinida la organización de comicios, como las de Malí, Burkina Faso y Níger.

También hay países con sistemas de partido único que no celebran elecciones para cargos nacionales, como China o Eritrea, y otros que sí lo hacen de forma simulada y bajo el control absoluto del grupo gobernante, como Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam. La Asamblea de Nicaragua anunció el martes que ya trabaja en las reformas constitucionales para cumplir con los caprichos de Ortega.

“Estamos hablando de las dictaduras más duras”, reseña Marina Nord, investigadora del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), que monitorea los sistemas políticos de 179 países. “El caso de Nicaragua no tiene precedentes, ningún otro país ha anunciado en el siglo XXI que ya no tendrá elecciones”, zanja la especialista.

La última deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo ha vuelto a disparar las críticas de quienes lo colocan entre las peores dictaduras del planeta. “Nicaragua se está convirtiendo en una especie de Corea del Norte en el hemisferio occidental”, afirma Kevin Casas Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con sede en Estocolmo. El especialista afirma que la supresión del voto y la prohibición de los partidos políticos de oposición supone un punto de inflexión para el país: nunca antes la pareja presidencial había concentrado tanto poder ni tampoco había evidenciado tan poca tolerancia al disenso.

Llegar a este punto tomó tiempo. Casas Zamora afirma que Ortega ha inclinado el terreno político gradualmente a su favor desde su regreso a la presidencia en 2007, tras un primer mandato entre 1985 y 1990. Entonces, el experto veía similitudes entre el liderazgo del dirigente sandinista y el de Robert Mugabe, que llevó las riendas en Zimbabue durante 37 años consecutivos hasta su caída en 2017. “Es un exlíder guerrillero que llegó al poder a través de la lucha armada y que en un inicio consintió la emergencia de una cierta práctica democrática en Nicaragua, para después convertirse en un déspota más que elimina a la oposición, encarcela a sus adversarios y se va aislando del mundo”, explica.

Casas Zamora identifica puntos de contacto entre el viraje del régimen nicaragüense y los discursos de otros dirigentes, que se inscriben en un proceso de deterioro democrático que se ha extendido por el mundo durante las últimas dos décadas. “Lo de Ortega es un síntoma de la siguiente fase del ataque global a la democracia, un intento por impugnar la propia institución y práctica electoral como una imposición extranjera”, apostilla. Nord agrega que es un fenómeno que ha ganado terreno en el Sur Global en la última década y que se beneficia de la desafección democrática para intentar justificar modelos más autoritarios.

El presidente nicaragüense no ha sido el único que se ha pronunciado a favor de sepultar la vía electoral y de cerrar la puerta a la oposición “golpista” y “vendepatrias”. El capitán Ibrahim Traoré, que tomó el poder en Burkina Faso tras un golpe de Estado en 2022, ha calificado las elecciones como una “herencia imperialista”. “El pueblo tiene que olvidarse de este asunto de la democracia. La democracia no es para nosotros”, dijo el líder burkinés, que goza de una inmensa popularidad en su país, en una entrevista a la televisión estatal en abril pasado.

En 2021, el presidente nicaragüense ganó los comicios con más del 75% de los votos, 60 puntos por encima de su más cercano competidor, entre críticas de la comunidad internacional y denuncias de fraude de la oposición. Casas Zamora asegura que ahora los autócratas se están quitando la careta. Si antes la tendencia entre los dictadores era simular elecciones, ahora ve más probable que cada vez más de ellos opten directamente por no celebrar comicios.

La creación de una dinastía

Gerardo Berthin, presidente de la organización Freedom House, también ve paralelismos entre Corea del Norte y Nicaragua, salvando distancias como el aislamiento extremo de Pyongyang, por la especie de dinastía que se ha instalado en el país centroamericano y la que ha controlado la dictadura norcoreana desde mediados del siglo pasado. Ocho de los hijos del matrimonio Ortega-Murillo tienen cargos y cotos de poder en el Gobierno o empresas estatales. “Es un modelo patriarcal y cleptocrático, en el que se extraen recursos públicos en beneficio de la familia que gobierna”, afirma.

La eliminación de golpe de las elecciones y de sus rivales políticos también ha dado pie a comparaciones con regímenes de partido único, como Cuba o China. María Fernanda Arocha, jefa de investigación para Centroamérica del think tank ACLED, señala que abundan las similitudes con el caso cubano, desde el mito fundacional revolucionario que comparten ambos países hasta su perfil demográfico.

Hay, sin embargo, algunos matices. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, no tiene el nivel de institucionalización ni el aparato burocrático del Partido Comunista de Cuba, apunta Arocha. Y en Nicaragua tampoco hay figuras externas a la familia en el poder ni dentro del sandinismo, donde el presidente ha llevado a cabo sendas purgas contra sus antiguos compañeros de armas, con protagonismo político propio ni arrastre social.

Erosión de derechos

El contexto regional también arroja algunas claves detrás de la decisión de Ortega. “Él ve un riesgo y se está anticipando a lo que sucedió en Venezuela”, señala Arocha, sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado y el establecimiento del Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez. La prohibición de las elecciones y el desmantelamiento de la oposición organizada pueden leerse como un “movimiento defensivo” ante las presiones de Washington para forzar una transición del poder, complementa Berthin. EE UU es, a pesar de la cargada retórica entre ambos países, el principal destino de las exportaciones nicaragüenses.

El culto a la personalidad y los mecanismos de control sobre la población son elementos recurrentes en los análisis sobre Nicaragua. Freedom House advierte de que en las últimas dos décadas no ha habido ningún otro país en Latinoamérica en el que se hayan perdido más libertades civiles y derechos políticos, según las mediciones que realiza cada año. En el resto del mundo, el retroceso solo es superado por Malí. Y el Instituto V-Dem pone a Nicaragua en su informe de este año en el lugar 175 entre 179 territorios analizados por la calidad de sus democracias, incluso antes del anuncio del régimen de Managua.

Las medidas anunciadas siembran de incógnitas el futuro del país. Los últimos movimientos de Ortega apuntan a una posible línea sucesoria para que su familia pueda perpetuarse en el poder, incluso después de morir. “En el caso de Corea del Norte, la muerte de los líderes ha implicado una inmediata sucesión en la familia”, comenta Berthin. “Cuando Ortega fallezca, existirá el símbolo de la copresidenta y de algunos de los hijos, que tienen también un rol importante en las decisiones que toman”. Con todo, el estado de salud del presidente se ha convertido en un tabú y el régimen no ha detallado públicamente qué pasará tras la muerte del líder.

Nord señala que las autocracias optan por celebrar elecciones, aunque sean simuladas, para legitimarse, obtener información de su aceptación o de la oposición y para tener una rotación de las élites en sus sistemas. Pero también para definir cuestiones como la sucesión. “La ausencia de mecanismos de sucesión puede desencadenar incluso una guerra civil o derivar en un sistema que funcione como una monarquía”, explica la especialista. “En el largo plazo, ese será el principal problema del régimen de Nicaragua”.

“Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso”. La frase es del Episodio III de Star Wars y se ha hecho viral en redes sociales como una analogía del colapso de las democracias desde dentro y el auge del autoritarismo en el mundo. Más allá de la ficción, también entre vítores y proclamas, el comandante Ortega anunciaba ante la plaza de la Fe, la más grande de Centroamérica, que estaba listo para enterrar los últimos vestigios de la democracia en su país.

Llamar a las cosas por su nombre ayuda. Ayuda a entender el problema, si es que lo hay, y a buscar las respuestas que correspondan. Debería ser el requisito mínimo de cualquier autoridad no solo ante las tragedias, sino en el día a día. Es una costumbre que poco a poco se ha ido perdiendo. El primer reflejo institucional ante una crisis no es explicarla, es rebautizarla.

Un descarrilamiento se convierte en “un movimiento”, un socavón en “una grieta”, una inundación en un “pequeño encharcamiento”. El hecho no cambia. La palabra, sí. Esa sustitución, lejos de ser un matiz de estilo, es una forma de administrar —o de evadir— la responsabilidad.

Empecemos por el caso más reciente, uno de los más burdos. El 15 de julio de este año, dos unidades de un tren de carga se salieron de la vía en el tramo conocido como Línea Z del corredor transístmico, entre Nizanda y Chivela, Oaxaca. Fue un descarrilamiento. Así, sin adjetivos. Pero la presidenta Sheinbaum prefirió decir que “más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”. La frase no niega el hecho, lo esquiva. Se llama pan al pan cuando un tren se sale de la vía, y eso, dígase como se diga, es un descarrilamiento.

En esa misma Línea Z ocurrió, el 28 de diciembre de 2025, la tragedia más grave del Tren Interoceánico: dos locomotoras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec descarrilaron en una curva cercana a Nizanda y dejaron 14 muertos y 109 heridos. Entonces la Secretaría de Marina sí dijo descarrilamiento, sin rodeos. Siete meses después, con un segundo percance en el mismo corredor, la palabra desapareció del vocabulario oficial. No es coincidencia. Decir “descarrilamiento” por segunda vez en el mismo tramo obliga a preguntar qué se corrigió después del primero. La respuesta, a juzgar por los hechos, es que no mucho.

Con los cortes eléctricos de junio pasado, reportados en al menos 22 estados, se repitió la fórmula. Cuestionada por la prensa, la presidenta explicó que no eran “apagones” —dijo que un apagón “significa falta de capacidad de generación” y eso no fue lo que había sucedido. Lo que sí pasó, en contraste, fueron “interrupciones en el servicio” por fallas en la distribución de la energía eléctrica. Puede que la distinción técnica sea correcta: generación y distribución no son lo mismo. Pero para quien se quedó sin luz, la diferencia es irrelevante. Un apagón es un apagón, corresponda donde corresponda en la línea de operación de CFE.

En la Ciudad de México, el ejercicio fue casi idéntico. Días después de que una pipa de gas explotara en Iztapalapa y dejara 32 muertos, se detectó una grieta de 138 metros en el Puente La Concordia, a metros del lugar de la explosión. “No es socavón, es una grieta”, aclaró la jefa de gobierno, atribuyéndolo a hundimientos históricos y a la lluvia. La precisión geotécnica entre socavón y grieta puede que exista en algún manual. Lo que no existe es una explicación de por qué el suelo cedió justo donde días antes había estallado una pipa.

Las inundaciones de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2025 —29 muertos, al menos 18 desaparecidos— son una variante menos deliberada, pero igual de reveladora. Horas antes de que la tormenta desatara la tragedia, la entonces gobernadora Rocío Nahle dijo que el río Cazones “se desbordó ligeramente”. Ahí no hubo intención de ocultar nada consumado: el tiempo se encargó de exhibir la frase. “Ligeramente” resultó ser, veintinueve muertos después, la palabra equivocada.

La práctica no nació con este gobierno. En marzo de 2023, tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que mató a 40 personas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el origen del fuego a una protesta de los propios migrantes ante su posible deportación —una declaración leída, con razón, como revictimización pura. Un año después, en marzo de 2024, el director del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, se empeñó en que el descarrilamiento de un vagón en Tixkokob no era descarrilamiento, sino “un percance de vía”, porque solo un boogie se había salido del carril. Y en abril de ese mismo año, ante el agua contaminada de Benito Juárez, el entonces jefe de gobierno Martí Batres habló de “la problemática del agua” sin decir nunca, con precisión, qué aceite era ni en qué concentración.

Lo que une todos estos casos, más allá del sexenio o el color del partido, es una misma convicción de fondo: que administrar una crisis empieza por administrar la palabra con que se le nombra. No es un problema de forma, es un problema de fondo. Un gobierno que gasta su primer esfuerzo comunicativo en evitar decir descarrilamiento, apagón, socavón o inundación está, en los hechos, posponiendo el momento de explicar por qué ocurrió. Ese aplazamiento cuesta: si en el corredor transístmico hubo un segundo incidente en la misma línea siete meses después del primero, algo indica que ahí se corrigió más el discurso que la vía.

Llamar a las cosas por su nombre no debería ser un lujo estilístico ni una cuestión de exquisitez lingüistica. Es la condición mínima para exigir cuentas. Cuando una autoridad elige qué palabra no va a decir, está eligiendo también qué pregunta no quiere responder. Un país que se acostumbra a leer “eventos” donde hubo descarrilamientos, “problemáticas” donde hubo contaminación y “pequeños encharcamientos” donde hubo francas inundaciones, termina perdiendo algo más grave que el vocabulario: pierde el hábito de exigir que lo que se nombra mal, alguna vez, se corrija de verdad. Al pan, pan y al vino, vino. Y así quizás podremos empezar a resolver los problemas que aquejan al país.