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Las 68 personas que sufrieron el huracán Polo en máxima categoría en el archipiélago de Revillagigedo están “muy bien, en muy buenas condiciones morales”, ha compartido este domingo el almirante de la Marina Víctor Manuel López con EL PAÍS por llamada telefónica. Tras un día y medio encerrados en las instalaciones, sometidos a vientos de hasta 315 kilómetros por hora, hoy desayunaron todos juntos. El ciclón no provocó daños mayores y solo en el muelle de isla Socorro, la mayor de las cuatro que conforman el archipiélago, el fuerte oleaje provocó que las rampas para sacar las lanchas del mar se llenaran de piedras.

Los militares apagaron los motores que dotan de electricidad a las islas de Clarión y Socorro, las únicas con destacamentos de la Marina, desde las 20.00 horas del viernes hasta las seis de la mañana del sábado. “Se escuchaba un rugido, como las turbinas de un motor cuando arranca”, recuerda López sobre esas horas. A partir de las doce de la mañana del sábado los marinos comenzaron a recuperar poco a poco la energía, aunque solo un grupo de comando de oficiales salió para revisar las instalaciones. Tras inspeccionar todo, enviaron un informe al mando de la Sexta Región Naval de Colima, Estado al que pertenece el archipiélago.

Este domingo por fin los 49 militares y seis civiles —biólogos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas— que estaban en Socorro podrán salir de los refugios. “Los pajaritos ya están con su canto. Eso es buena señal. Ahorita, a las 9 de la mañana, tenemos una reunión, todo el personal, para poder platicar y efectuar un desayuno con ellos”, explica el almirante. Las otras 13 personas están en Clarión, mientras que las diminutas islas de San Benedicto y Roca Partida están deshabitadas y sin ningún rastro humano.

El teniente vivió un huracán de máxima categoría como si fuera un “entrenamiento”. “Nos ayuda a fortalecer la sabiduría, la congruencia, el don de mando, el espíritu de cuerpo y, sobre todo, a valorar a nuestra gente”, ha explicado el marino. También sirvió para saber cómo actuar ante un ciclón de esa potencia: “Había que instalar todos los tanques de gas nuevamente, probar todos los sistemas, que todo estuviera con las condiciones para que pueda entrar la gente”.

La preparación en los días previos a la llegada del huracán consistió en tapiar puertas y ventanas, instruir a los militares de más bajo rango ante el fenómeno y preparar “raciones ciclónicas”: pollo y atún enlatados, manzanas, jugos y chocolates.

El huracán amenazó durante la última semana las costas del Pacífico mexicano, pero nunca se acercó a más de 250 kilómetros de la costa. Siguió en paralelo al litoral del Pacífico mexicano y se ha alejado desde el viernes, lo que lo llevó en máxima categoría a Revillagigedo.

Queda cerrado así el paso del huracán por el mayor Parque Nacional de México, resguardado por la Marina desde 1957. “Vamos a intercambiar, a ver rostros, a platicar todas las experiencias”, dice contento López. Lo harán en un paraíso natural que dejó atrás las lluvias y los fuertes vientos y que ahora volverá a contar con días despejados junto al mar.

En un Zócalo lleno, con la ausencia de los varones del partido y en el cierre de la gira presidencial por el segundo Informe, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha sido coestelar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tocó a Brugada movilizar a los contingentes que crearon la postal de una Plaza de la Constitución pletórica, y abrir el acto político con un discurso en el que ha hecho una arenga en favor del pueblo y en contra de las élites y los intereses extranjeros. La jefa de Gobierno ha brillado a lado de la presidenta, aprovechando la ausencia de los secretarios Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, y otros liderazgos del partido.

Sheinbaum encabezó en el corazón de la capital mexicana el último de 32 actos masivos con motivo de su informe itinerante, después de un recorrido de 12 días en el que habría hablado ante más de 850.000 personas. Ella misma destacó el valor de este mitin, no solo por ser el más grande -200.000 personas, según el Gobierno capitalino-, sino por ocurrir en el sitio emblemático del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, donde la izquierda obtuvo sus primeros triunfos electorales y donde se crearon los programas sociales característicos de la Cuarta Transformación. “Es imposible cerrar este balance nacional sin rendir homenaje al corazón mismo de esta transformación, a este maravilloso pueblo de la Ciudad de México que hoy nos recibe”, exclamó la presidenta.

Acompañaban a Sheinbaum, en el templete, casi todos los secretarios del gabinete, incluidos quienes han sido dirigentes del partido, Mario Delgado y Luisa María Alcalde; con la notable excepción del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien habría viajado a Washington para las negociaciones del T-MEC, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que no suele pararse en actos masivos. Al no ser una movilización nacional, como las que hacía López Obrador en el Zócalo, esta vez estaban ausentes los gobernadores y los contingentes estatales. Tampoco había una zona de invitados especiales donde pudiera ubicarse a los coordiandores parlamentarios, Ricardo Monreal e Ignacio Mier. No estaban presentes el senador Adán Augusto López o el exsecretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán. La presidenta del partido, Ariadna Montiel, llegó con su comité ejecutivo nacional por un costado de la plaza y subió una foto a sus redes como discreto testigo de su asistencia.

La presidenta leyó un discurso político en el que volvió a arengar en contra del intervencionismo y la injerencia extranjera, y dedicó varios párrafos a elogiar el trabajo de la jefa de Gobierno, con quien posó ante los fotrógrafos en el centro del escenario, levantándole el brazo. Como anfitriona y telonera, Brugada habló durante 10 minutos, en sintonía con la defensa de la soberanía proclamada por Sheinbaum. “Quienes militamos en la causa de la democracia, la justicia y la librtad tenemos que mantenernos unidos frente a quienes buscan un retroceso autoritario a la noche neoliberal de privilegios y corrupción. Como dijo Benito Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, y esta gran Ciudad de México no dará ni un paso atrás en la transformación; junto a nuestra presidenta, mil pasos adelante para el bienestar y la soberanía de México”, expuso Brugada.

El Zócalo estaba lleno con grupos de colonos transportados desde las 11 alcaldías gobernadas por Morena y partidos aliados. Destacaban las mujeres y los adultos mayores, en una ciudad en la que 1,3 millones de personas mayores de 65 años reciben una pensión. Casi todos los asistentes llegaron ahí antes de las 9:00, aunque la presidenta apareció en el Zócalo al filo de las 11:00 horas. A diferencia de otras movilizaciones, esta vez las mantas correspondían a diputados locales, movimientos urbanos y colonias populares. No estaban los maestros, los electricistas ni los sindicalizados de la CATEM que suelen llenar los mítines de la 4T. Pero las calles aledañas lucían, como siempre, abarrotadas de autobuses y micros, usados para transportar a la gente.

Por un día, la ciudad olía nuevamente a campaña, esa que en 2027 enfrentará a la oposición y al oficialismo en una ruda disputa por el corazón político de México. Como ocurrió en 2021, cuando la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, vio perder la mitad del territorio a manos del PRI y el PAN y la ciudad se partió en dos, el próximo año aquí se concentrarán los principales liderazgos opositores y se desplegarán todas las estrategias que buscan socavar las posibilidades de continuidad del proyecto que, este domingo, fue defendido por Sheinbaum y Brugada.

Un hombre exige justicia

En medio de la multitud, y a escasos 50 metros del escenario, un hombre irrumpió al princpio del mitin para exigir justicia para su hijo, muerto hace 22 años en un hospital público de Sonora. Justo en el lugar donde normalmente se colocan las sillas de los invitados especiales, el sonorense Édgar Mondragón se subió a la silla y desplegó una manta con la fotografía de su hijo Ismael. “Presidenta: ¿en manos de quién están nuestros hijos?“, se leía en la manta que Sheinbaum alcanzó a ver mientras Clara Brugada daba la bienvenida al mitin.

Luego de que el personal de seguridad lo bajara y le impidiera volver a desplegar la manta, Édgar Mondragón se acercó al lugar donde se ubica a la prensa, para explicar el motivo de su manifestación. Su hijo Ismael murió en diciembre de 2004, cuando era un bebé de un año 11 meses, por negligencia del personal médico del Hospital Infantil del Estado de Sonora, y desde entonces, Mondragón emprendió una larga batalla jurídica. Tras dos décadas, el padre consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la reparación del daño y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera al Estado mexicano ofrecer una disculpa pública por estos hechos, la cueal fue cumplida en 2024.

“La amiga presidenta, esta es la quinta vez que he tenido que venir a un evento para que me escuche, pero no me ha dado la atención que mi niño merece. Ya se disculparon públicamente, pero hay compromisos importantes para garantizar la salud de todos los niños de México que no se han cumplido”, declaró Mondragón, mientras la presidenta comenzaba su discurso. Finallmente, el padre del niño Ismael fue retirado del área de prensa por parte del personal de resguardo y conducido a un área en la que sería atendido por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina Padilla. El hombre se retiró a regañadientes, mientras Sheinbaum celebraba los logros de la transformación y advertía: “recuerden siempre que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que gobierno y pueblo, unidos, jamás seremos vencidos”. Su discurso se extendió casi una hora y, al final, la presidenta caminó a Palacio Nacional, solo acompañada de su esposo; mientras Brugada bajó del templete para fundirse en abrazos con sus simpatizantes, y el manifestante, Édgar Mondragón, regresaba molesto a casa.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este sábado que la abogada barranquillera Beatriz Eugenia Vélez será la nueva presidenta de Colpensiones. “Le he dado una instrucción inequívoca: acabar con la corrupción en la entidad y denunciar ante las autoridades todas las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior”, ha comentado en X, en referencia a la gestión del dirigente de izquierdas Jaime Dussán durante el Gobierno de Gustavo Petro. Vélez reemplazará a Carlos René Montoya, a quien De la Espriella le pidió su renuncia después de que él evidenciara su desconocimiento sobre la entidad pensional durante una intervención en la Comisión Séptima del Senado.

La nueva presidenta de Colpensiones es abogada por la Universidad Javeriana y está especializada en Derecho Laboral. Tiene una maestría en Seguridad Social por la Universidad Externado y otra en Gestión de Riesgos Empresariales por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (España), de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Desde hace 30 años, dirige su propia firma de abogados en Barranquilla, la ciudad adoptiva del presidente. Entre el 2009 y 2015, presidió el Comité Intergremial del Atlántico, que representa a las empresas de la región. En 2022, fue candidata a la Cámara de Representantes por la Coalición Centro Esperanza, un espacio centrista que se disolvió tras las elecciones. Según reseña un comunicado de la Presidencia, también se ha desempeñado como conjueza de la Corte Suprema de Justicia.

“Le he encomendado proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y brindar una atención digna a quienes han trabajado toda una vida. Detrás de cada pensión hay una historia de trabajo y una familia que confía en el Estado”, ha subrayado el presidente. La ministra de Trabajo, Natalia López, le ha dado la bienvenida al Vélez. “Las mujeres seguimos liderando el sector trabajo en Colombia y nos complace asumir juntas la oportunidad de hacer historia, con una misión que está por encima de todo: proteger a nuestros pensionados, cuidar sus recursos y enfrentar con firmeza cualquier hecho de corrupción”, ha señalado.

La nueva funcionaria llega a su cargo mientras Colpensiones se prepara para la puesta en marcha de la reforma pensional. La Corte Constitucional avaló a finales de agosto la mayor parte de la norma, luego de dos años de debate jurídico por irregularidades en su aprobación en el Congreso en 2024, y señaló que empezará a regir a partir de abril de 2027. Entre otros cambios, implica que todos los trabajadores tendrán que hacer aportes a Colpensiones por los primeros 2,3 salarios mínimos de sus ingresos. Una vez superen ese umbral, harán contribuciones adicionales en fondos privados.

Casi en simultáneo a la designación de Vélez, el Gobierno ha asegurado que ha encontrado una solución a un faltante de cinco billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que había denunciado en los presupuestos de pensiones que heredó de la gestión anterior. “Hace unos días alertamos al país sobre un problema que encontramos. Hoy podemos decirle que tenemos una ruta para solucionarlo”, ha declarado la ministra López. Según el Ejecutivo, se encontraron recursos para financiar este hueco, que hubiese afectado las pensiones de noviembre y diciembre, tras unas mesas técnicas entre Colpensiones y los ministerios de Hacienda y Trabajo. “Estamos haciendo lo necesario para cumplir con el pago de las mesadas”, ha subrayado la ministra, sin dar mayores detalles.

El contraste con Montoya

De la Espriella ha resaltado que Vélez “cuenta con más de tres décadas de experiencia profesional y directiva”. La presentación contrastó con las explicaciones que dio el Gobierno por la abrupta salida de Montoya unos días antes. En un comunicado, la Presidencia había enfatizado que la dirección de la entidad que maneja las pensiones de millones de ciudadanos requiere un “conocimiento integral” de su funcionamiento, además de un “rigor técnico” y una “absoluta preparación”. “Los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, se lee en el texto.

Montoya, el predecesor de Vélez, estuvo solo tres días en su cargo. Sus vacíos de conocimiento fueron evidentes durante una intervención el miércoles en el Congreso. El momento que causo más estupor entre opositores y aliados del Gobierno fue cuando intentó delegar las respuestas a algunos senadores en su gerente de planeación, Sandra Camargo. El secretario de la comisión explicó que esto no podía hacerse, a no ser que la sesión se declarara como informal. Después, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) sugirió aplazar la intervención para que el funcionario pudiera prepararse, pero la proposición no tuvo éxito. El propio Montoya había reconocido minutos antes que no conocía la institución a la que acababa de llegar. “Administrativamente, estoy entendiendo a Colpensiones, sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

Las vallas llegaron antes que las personas. Unas placas metálicas azules han cubierto desde hace días la entrada de centros comerciales, edificios de oficinas, comercios y monumentos a lo largo del recorrido de la marcha de este sábado en Ciudad de México que conmemora el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Del Ángel de la Independencia al Zócalo. Como cada 26 de septiembre, la protesta vuelve a las calles para recordar a las autoridades, a la sociedad y al mundo que aquellos jóvenes que apenas llegaban a la veintena en 2014 siguen sin volver a casa en 12 años. Que en una década México solo ha encontrado huesitos de tres de ellos, que ninguno de los tres Gobiernos que ha estado a cargo del país desde aquella noche ha sido capaz de dar justicia al caso y que esos padres y madres que quedaron en un limbo no se van a cansar de salir a gritar y presionar hasta que las idas y venidas en las investigaciones les den una respuesta sobre quién y qué hicieron con sus hijos.

Este año, como los últimos 12, un reguero de miles de personas ha salido a marchar desde el Paseo de la Reforma hasta su llegada a la principal plaza de la capital, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Gobierno. La Administración de Claudia Sheinbaum había ofrecido difundir un informe sobre avances en la investigación que, hasta el día del aniversario, no había visto la luz. Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos han avanzado por las principales avenidas de la capital escoltados por cientos de estudiantes de otras escuelas rurales, con el característico pelo rapado, llegados en buses desde distintos Estados del país. A paso ligero, con banderas, carteles y proclamas han pasado delante del Palacio de Bellas Artes, ya en el Centro Histórico, lanzando consignas de todos los años. “Ayotzi vive, la lucha sigue”. Pese a que ha pasado más de una década y pese a que los padres y madres han llegado a reconocer el cansando acumulado por no encontrar un cierre a la desaparición de sus hijos, han recalcado que no pararán de reclamar al Gobierno hasta obtener respuestas.

A su llegada al Zócalo se desplegó una gran manta roja y unas placas con forma de ataud, del mismo rojo brillante con la palabra justicia inscrita. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reclamaban los manifestantes durante la marcha, en la que ha habido algunos arranques de tensión con la policía desplegada por las calles.

Casi dos años después de la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, el Gobierno prepara su nuevo informe, mientras los últimos movimientos en el caso llegaron con la detención de Ángel Aguirre, entonces gobernador de Guerrero. La Fiscalía lo ha acusado de ocultar pruebas sobre el ataque aquella noche a un grupo de estudiantes, que quedó registrado en cámaras de seguridad. En paralelo, ha recobrado fuerza la tesis de las funerarias que apunta a que Guerreros Unidos usó crematorios de funerarias para deshacerse de los cuerpos de los estudiantes. Esa versión ha sido recibida con sospecha por parte de las familias.

En menos de un año, Ángel Aguirre pasó de testigo a imputado, y hoy está en prisión preventiva por obstrucción a la justicia y desaparición forzada de personas, señalado por la Fiscalía General de la República de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”.

La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador se encontraba descansando en una de las residencias del Gobierno de Guerrero y, según reportes de la prensa local, fue informado vía telefónica de los hechos que ocurrían en Iguala. Según la declaración que hizo a la entonces Procuraduría General de la República en agosto de 2015, esa misma noche ordenó a su procurador, Iñaki Blanco, y a su secretario de Gobierno, Leonardo Vázquez, trasladarse al municipio para atender la emergencia. Una investigación del medio local Amapola Periodismo reveló cinco años después que a las 10 de la noche ya había reportes en el C-4 de que los normalistas de Ayotzinapa eran perseguidos a balazos por policías municipales, una versión que no se pudo probar por la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad.

La exmonja Kumiko Kosaka es la última condenada por uno de los casos más aberrantes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica conocidos en Argentina, el del Instituto Provolo de Mendoza, que albergaba a más de 40 niños sordos. El Tribunal Penal de Mendoza N° 2 condenó el jueves a Kosaka a 20 años de cárcel como autora de tres casos de abusos y también por haber sido partícipe necesaria de la violación de dos alumnos de esta institución educativa del oeste de Argentina entre 2007 y 2016. La sentencia se suma a las que recibieron en 2019 los sacerdotes Horacio Corbacho (sentenciado a 45 años de prisión) y el italiano Nicola Corradi (a 42 años y medio de prisión).

“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, dijo a la prensa el fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado que la exmonja fuera condenada a 22 años. Ariel Lizarraga, familiar de una de las víctimas, celebró la sentencia después de una década de pelea en los tribunales: “Encontramos la justicia que veníamos buscando para mi hija y para todas las víctimas del Provolo”.

Kosaka, de 51 años, llegó al Provolo en 2007 desde Japón, y durante seis años fue “el demonio con cara de mujer” detrás de las violaciones, como la llamó uno de los abogados de las víctimas. Tenía a su cargo el cuidado de los 43 niños sordos, de entre cinco y 12 años, que en 2007 dormían en el albergue del centro y desde ese puesto ejerció un papel determinante en la trama de abusos. A lo largo del juicio nunca admitió los hechos de los que se la acusaba y que ahora se consideran probados, como haber sido la encargada de elegir a los niños más dóciles para entregarlos a Corbacho y Corradi.

Dejó los hábitos cuando se presentó la denuncia, hace una década, y fue absuelta en un primer juicio, en 2023. Sin embargo, la Corte Suprema de Mendoza revocó el fallo el pasado agosto y ordenó a otro tribunal que revisara el caso. Tras la condena, Kosaka permanecerá en libertad mientras se resuelven los recursos de apelación pendientes, pero tiene prohibido salir de Argentina y debe fijar domicilio en la provincia de Mendoza.

El caso de los abusos de niños sordos en el Instituto Próvolo ha sido uno de los mayores escándalos por abuso sexual infantil y encubrimiento que ha involucrado a la Iglesia católica de Argentina. Uno de los cabecillas de la trama fue Corradi, que fue enviado desde el Instituto Provolo de Verona hacia el de Mendoza en los años sesenta. Las autoridades eclesiásticas de los centros estaban al tanto de la existencia de denuncias de violación de menores en Verona y en vez de expulsarlo, decidieron trasladarlo lo más lejos que pudieron. Una vez asentado en Argentina reanudó los abusos. En 2019, ya octogenario, le llegó la condena que había esquivado toda su vida. Falleció durante la pandemia de covid, en 2021.

La primera denuncia en el Provolo de Mendoza tuvo lugar en 2008, pero no prosperó: la justicia la archivó al cabo de unos meses. El infierno que vivieron las víctimas se comenzó a conocer en 2016, cuando la institución fue intervenida y estalló el escándalo que derivó en una nueva denuncia y las condenas de los responsables.

La clínica y el médico se esfumaron como si nunca hubieran existido. Meses después de someterse a una cirugía para bajar de peso en una clínica de Tijuana, Julia Carpenter, una ciudadana estadounidense de 40 años, empezó a notar señales en su cuerpo de que algo estaba muy mal. Fue en 2024. Ya en Oregón, su lugar de residencia, los médicos le diagnosticaron primero una neumonía y, en los siguientes nueve meses, le practicaron tres cirugías para corregir el daño. Durante el procedimiento quirúrgico en México, le engraparon su intestino y le produjeron una obstrucción a nivel del remanente gástrico. En febrero de 2025, puso una queja por negligencia médica ante la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California (CAMEBC), el ente encargado de resolver conflictos de forma imparcial, que le fue resuelta seis meses después con una negativa. La comisión se negaba a revisar su caso bajo el argumento de “no tener competencia”. Hoy su caso ha dado un giro. La justicia mexicana le ha dado la razón: reconoce que le negaron sus derechos y ordena al ente admitir la queja.

El pasado 4 de septiembre, una jueza de distrito en Baja California revocó esa decisión como resultado de un juicio de amparo. Ha señalado a la comisión de haber violado los derechos humanos de Carpenter al demorar en su resolución y le ha ordenado admitir la queja por negligencia médica. Además cuestionó la decisión tomada por ese organismo por no hacer los análisis pertinentes y necesarios, cuando argumentó que no admitía la queja “al tratarse de posibles delitos penales”.

Los abogados de Carpenter mantienen además un proceso penal en contra del médico que realizó la operación, Mauricio N, y de la clínica que entonces se llamaba Beauty and Light Medical Solutions en Tijuana. Han enumerado las violaciones a los derechos de la mujer y una lista de inconsistencias en la acción del organismo. “Se cuidan entre ellos, porque al final esta Comisión de Arbitraje Médico regula a todos los médicos de Baja California. Entonces todos se conocen. Es decir, se lavan las manos diciendo que, como puede haber delitos, entonces mejor desechan la queja”, cuestiona Javier Bravo, del despacho Bravo y Moncada Abogados. “La Comisión de Arbitraje Médico tuvo que haber admitido la queja y desmenuzar las acciones. Es decir, separar lo que son los delitos penales en los que incurrió el doctor Mauricio N y la clínica con la mala praxis médica. Hablamos de una ciudadana norteamericana que se está acercando a una autoridad buscando justicia o buscando ser escuchada. Y no obstante ello, esta autoridad incurre en un silencio excesivo, porque así lo dice la jueza en su sentencia. Un silencio administrativo de más de 110 días naturales”, explica Bravo. El plazo ordinario para que organismos como la CAMEBC resuelvan una petición por negligencia médica en un caso ronda en promedio los 30 días.

La Comisión, consultada por EL PAÍS al respecto de la resolución de la jueza federal, ha respondido vía correo electrónico que no puede proporcionar información confidencial y que se reserva el derecho de proporcionar mayor información sobre el caso. También puntualiza: “A la fecha en que se actúa, esta Entidad no ha sido legal, debida ni formalmente notificada, respecto de resolución alguna, relativa al procedimiento constitucional incoado por la C. Carpenter”.

Entre noviembre y diciembre de 2023, Carpenter tomó la decisión de someterse a una cirugía que le ayudara a prevenir problemas de salud que ella misma había vivido de cerca con su madre. “La razón por la que me hicieron la cirugía fue porque mi madre falleció recientemente. Ella luchó mucho por su salud porque tenía sobrepeso y eso contribuyó a muchos otros problemas a medida que envejeció y finalmente falleció. Quería adelantarme a los acontecimientos y tratar de asegurarme de no sufrir como ella”, explicó a este diario, en mayo de 2025, cuando su vida y la de su marido se habían transformado por completo para volcarse de lleno a su cuidado y a los procedimientos médicos que ella tendrá que asumir por el resto de su vida.

Sobre su estado actual de salud, Bravo agrega: “Afortunadamente, ella ahora está bien. Recurrentemente tiene citas con sus doctores, porque hay que recordar que el intestino de Julia quedó obstruido el 20% de por vida, lo que significa que nunca va a poder dejar de ir al doctor, nunca va a poder dejar de tener chequeos recurrentes con motivo de la mala práctica que le realizaron en Tijuana”. Carpenter pagó unos 6.499 dólares en total (poco más de 113.000 pesos mexicanos) por los servicios en Tijuana. Los contrató sin saber una sola palabra en español, por lo que, hasta el procedimiento en febrero de 2024, ella entendía que le practicarían una operación de bypass gástrico y una colecistectomía, que es la extracción de la vesícula biliar. Sus abogados dicen que ya en San Diego —en donde aterrizó su vuelo y desde donde la trasladaron a ella y a su esposo hacia Tijuana— le dieron una supuesta traducción de la autorización que tendría que firmar para poder ser operada.

Sin embargo, después de un par de meses, cuando sus problemas de salud se agravaron, su esposo se comunicó con una médica, presuntamente supervisora de la clínica, quien se negó a compartirle los documentos detallados sobre la cirugía. Le confirmó, vía correo electrónico, que la operación según los registros había sido una anastomosis ileal duodenal (una técnica que conecta directamente el duodeno, la primera parte del intestino delgado, con el íleo, la última parte), y no el bypass acordado. Esa fue la última comunicación que tuvieron con la doctora. Además, denuncian que hubo varias inconsistencias en el proceso. Según los abogados, el certificado del médico Mauricio N (emitido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONACEM) tenía cuatro días vencido en el momento de la operación de Carpenter.

Hay casos parecidos al de Julia Carpenter. En agosto pasado, datos de la propia CAMEBC revelaron que en lo que va de este 2026, ese organismo atendió a unas 1.116 personas por inconformidades con los servicios médicos, tanto públicos como privados, en Baja California. Unas 450 quejas se dieron en contra de médicos particulares. Un mes antes, el Gobierno de Tijuana, una ciudad que concentra el 80% de las cirugías plásticas de México, lanzó una alianza entre el Comité de Turismo y Convenciones, el Baja Health Cluster y la Asociación de Centros de Recuperación (ACERBAC), para tratar de regular el turismo médico y las clínicas fraudulentas que abundan en esa región. De acuerdo con las autoridades locales, en Tijuana operan 97 lugares de asistencia postoperatoria y menos de siete cuentan con registro.

Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo han mantenido su alianza legislativa en la Cámara de Diputados para sacar adelante la reforma constitucional que agrega el requisito de nacionalidad única para ser presidente o gobernador. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, enmarcada en su campaña de defensa de la soberanía nacional, ha sido votada en lo general y aún se discuten los artículos reservados. Una vez procesada, se enviará al Senado, donde deberá sortear las resistencias del Partido Verde, cuyos votos son indispensables para concluir su aprobación.

La reforma no prohíbe tener doble nacionalidad, sino que establece que deberán renunciar a la ciudadanía extranjera -en caso de tenerla- aquellos ciudadanos que aspiren a los cargos de Presidente, Gobernador o jefe de Gobierno de Ciudad de México, antes de registrarse como candidato. La restricción aplicaría a partir de 2028, por lo que no afecta a quienes aspiran a las 17 Gubernaturas que se elegirán el próximo año. Luego de una discusión de más de siete horas, el dictamen se ha aprobado en lo general con 344 votos de Morena, PVEM y PT. La oposición ha reservado varios artículos que se discuten esta tarde en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han rechazado la reforma, con 116 votos y una abstención, argumentando que afecta los derechos de las personas migrantes y añade un requisito innecesario para ser titular del Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal. Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Sergio Gil ha hecho ver la incongruencia del oficialismo al prohibir una situación que antes permitieron en sus propias filas. El diputado puso como ejemplos de morenistas con doble nacionalidad que fueron gobernadores a Jaime Bonilla, de Baja California, y a Javier Corral, de Chihuahua. Y puso otros ejemplos de altos funcionarios que ejercen sus cargos en esta condición: Paco Ignacio Taibo, que encabeza el Fondo de Cultura Económica siendo también español, y Héctor Díaz Polanco, que siendo dominicano encabezó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. “No es la doble nacionalidad su problema es la doble moral”, ha enfatizado.

El diputado panista Germán Martínez ha calificado la reforma como “una redada legislativa en contra de los mexicanos residentes en Estados Unidos”. Y el coordinador de su bancada, Elías Lixa, ha explicado que esta restricción podría ser inaplicable en algunos casos, pues hay países como Francia o Costa Rica en los que la nacionalidad por nacimiento es irrenunciable, y otros, como Estados Unidos, en los que el trámite debe ser aprobado por el Departamento de Estado. “Ustedes están obsesionados con Estados Unidos, pero les tengo noticias: hay 193 países. Además, qué mayor injerencia que esperar a que el Departamento de Estado autorice a un ciudadano para poder aspirar a la presidencia o a una gubernatura”, ha dicho.

Sin embargo, su compañero de bancada, Diego Ángel Rodríguez, abrió la puerta a una posible negociación, al sugerir que se modificara el dictamen para que la restricción se aplique una vez electos y antes de asumir el cargo, y no desde el registro de las candidaturas. El PAN manifestó que podría votar a favor de restringir la doble nacionalidad solo para el caso de la Presidencia de la República, y no para gobernadores y jefa de Gobierno de Ciudad de México. Incluso, su coordinador, Elías Lixa, pidió una votación diferenciada de los tres artículos a reformar, pero la mayoría de Morena se negó a ese procedimiento.

Morena y sus aliados han defendido la reforma con los mismos argumentos empleados por Sheinbaum en su conferencia mañanera de este martes: la defensa de la soberanía nacional, poner un alto a la injerencia extranjera y colocar un candado que ya existe para cargos menores, como el de embajador de México en otros países. Los legisladores de Morena se han empeñado en negar que esta reforma viole los derechos de los migrantes, pues no elimina su derecho a votar o a regresar a México. “Se trata únicamente de no tener banderas si se aspira a la presidencia”, han aclarado.

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