La verdadera amenaza para la democracia no reside en su colapso abrupto, sino en el vaciamiento de sus instituciones: maquinarias que continúan operando por inercia, pero que cada día representan a menos ciudadanos, ofrecen una protección más precaria y claudican en su deber de resolver los conflictos sociales.
Chile acaba de ofrecer dos episodios reveladores. El 17 de agosto, el Ejecutivo propuso un nuevo estado de excepción que podría extenderse hasta 240 días sin autorización previa del Congreso. Senadores oficialistas acordaron reformularlo hasta volverlo casi irreconocible. Casi un mes después, el 16 de septiembre, el Gobierno retiró de la Contraloría General de la República el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de que alcaldes de distintos sectores advirtieran que, eventualmente, podría ser una vía para la destitución de jefes comunales por notable abandono de deberes ante incumplimientos administrativos. Aunque en ambos casos el contrapeso de poderes operó, no puede calificarse como una epifanía democrática, sino como el resultado de la falta de votos, la presión municipal y el costo político.
El informe The Global State of Democracy 2026, publicado por International IDEA, explica por qué estos episodios importan. Su hallazgo más inquietante no es el retroceso, sino el estancamiento. En el 81% de los casos en que el desempeño podía cambiar entre 2020 y 2025 no cambió nada. La cifra parecería tranquilizadora hasta que se observa la calidad de esa estabilidad, porque apenas uno de cada cuatro casos estables corresponde a un desempeño alto. Por undécimo año consecutivo retrocedieron más países de los que avanzaron. Noventa y ocho países, equivalentes al 57% de los evaluados, cayeron en al menos un factor y solo 55 mejoraron. Los retrocesos se concentran justo donde más duele. La libertad de expresión cayó en el 24% de los países y la libertad de prensa en el 23%.
También disminuyeron el acceso a la justicia, la credibilidad de las elecciones y la efectividad de los parlamentos; justo en aquellos mecanismos que permiten controlar el poder y resolver conflictos sin violencia. Por eso el Estado de derecho es la categoría más débil a escala global, con 71 países en desempeño bajo y 29 en retroceso. Sin él, las elecciones definen quién gobierna, pero no necesariamente cómo se gobierna. Una mayoría electoral entrega autoridad para conducir el Estado sin conceder permiso para apropiarse de él. El informe de International IDEA también advierte que el mayor riesgo no se concentra en las autocracias cerradas, sino en el extremo inferior de la franja media, donde existen elecciones y algunas libertades, pero el Estado no consigue responder a las demandas ciudadanas. América Latina reúne varios de esos dilemas y aparece como la región más polarizada del mundo.
Chile parte desde una posición favorable, aunque con matices. Ocupa el sexto lugar entre 173 países en representación y el puesto 21 en Estado de derecho, el mejor resultado de las Américas. En derechos se ubica en el lugar 33. Además, no registra retrocesos estadísticamente significativos en la comparación entre 2020 y 2025. En participación, en cambio, aparece en el puesto 44 y en compromiso cívico queda por debajo de países como Perú y Panamá.
El problema es que los rankings miden arquitectura institucional y la ciudadanía evalúa la experiencia de vivir bajo esas instituciones. El Monitor de Confianza de Feedback y otros estudios realizados durante este año, permiten observar ese desgaste en movimiento. Por ejemplo, en enero, el 58% creía que Chile avanzaba en la dirección correcta. Tras el alza de los combustibles del 23 de marzo, esa mayoría se invirtió. Ya en julio, solo el 35% mantenía esa lectura y el 65% consideraba que el país iba en la dirección equivocada. Las expectativas económicas siguieron el mismo camino, con un 56% esperando una situación peor durante los siguientes 12 meses.
El malestar también alcanzó al Gobierno. Distintas mediciones situaron la aprobación presidencial entre el 25,6% registrado por Activa en julio y una banda de entre 31% y 34% informada por Criteria y Cadem en septiembre. Más allá de sus diferencias metodológicas, las encuestas coinciden en una evaluación que, por el momento, está estabilizada en niveles bajos. Por otra parte, entre marzo y julio, el Monitor de Confianza registró un deterioro significativo en las dimensiones de confianza hacia las grandes empresas, con una caída de 66% a 46% en eficacia, de 38% a 20% en ética y de 38% a 26% en empatía. La eficacia continuó siendo la dimensión mejor evaluada, pero sufrió la mayor caída; en tanto que la ética quedó como el atributo más debilitado. En las instituciones públicas el diagnóstico no fue más alentador. Un 68% estaba en desacuerdo con que sus decisiones se tomaran con transparencia y un 77% rechazaba que trataran a todas las personas por igual.
Las encuestas de agosto mostraron una valoración más favorable de las medidas institucionales y menos invasivas, mientras aumentaba el rechazo a las restricciones de derechos. En esta materia, Cadem registró que el 61% prefería que el nuevo estado de excepción requiriera autorización del Congreso y que el 51% proponía retirar el proyecto para buscar acuerdos y realizar ajustes antes de volver a presentarlo.
Conviene no sobreinterpretar estas cifras. Los índices miden instituciones y las encuestas registran percepciones, pero ninguno mide la costumbre, que es el modo en que un país deja de exigir aquello que alguna vez le pareció evidente. Chile no enfrenta una ruptura institucional, sino la domesticación de sus expectativas. Podemos seguir exhibiendo el sexto lugar mundial en representación mientras una mayoría vive como si nada de eso la protegiera. El deterioro definitivo comienza cuando instituciones intactas conviven con expectativas vencidas y la resignación se presenta como madurez cívica. Esa es la amenaza real. No que las instituciones se derrumben, sino que sigan en pie mucho después de que hayamos olvidado para qué las levantamos.
