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En un trágico incendio, cuyas causas son investigadas, 16 personas, de las cuales 15 eran adultos mayores, han muerto durante la noche del viernes y madrugada de este sábado en en la residencia El Edén, ubicada en la Villa Comuy, en el municipio de Pitrufquén, en el sur de Chile, en la Región de La Araucanía. De ellas, 10 logaron ser evacuadas por bomberos de la zona, vecinos y por la única cuidadora que se encargaba durante la noche de los 26 residentes.

La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, ha decretado tres días de duelo por las víctimas y ha dicho que en febrero pasado se había enviado una carta como municipalidad para que se fiscalizara la residencia pues no cumplía con las normativas. La residencia El Edén tenía dos denuncias, una por maltrato que está en investigación desde el año pasado y otra por las condiciones santarias, pues se le había abierto un sumario.

A través de un comunicado, emitido durante esta tarde, el Gobierno de José Antonio Kast ha informado que la residencia no contaba con autorización para funcionar. La tragedia es monitoreada por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, quien ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha dicho que la prioridad es reubicar a los 10 sobrevivientes y “asegurar la continuidad de sus cuidados”.

Hasta ahora, seis de las personas que lograron ser rescatadas permanecen en un albergue que fue habilitado tras la emergencia, mientras otros cuatro se encuentran con sus familias. Wulf ha informado que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) busca reubicar a los sobrevivientes en establecimientos de larga estadía que sean “debidamente autorizados y cuenten con condiciones adecuadas para su cuidado”.

Ángela, nieta de Elena Toledo, de 88 años, una de las víctimas, ha dicho a Mega que como familia nunca estuvieron al tanto de las denuncias que mantenía El Edén. Su abuela había ingresado al recinto en diciembre pasado. “Las visitas con ella eran bastante constantes, prácticamente todos los fines de semana, y no encontramos nada irregular”, señaló. “Jamás hubo una traba para las visitas pues se podía sacar a los adultos mayores a pasear. No había ningún problema”, agregó.

“No pudimos sacar a nadie más”

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Pitrufquén, Felipe Salazar, dijo que durante la emergencia alcanzaron “a sacar a diez abuelitos. El fuego trascendió muy rápido y no pudimos sacar a nadie más”. La evacuación contó también con la ayuda de vecinos, que entraron a la residencia, que quedó complemente destruida, para los rescates.

Mientras los familiares de cinco de los fallecidos se encuentran en el Servicio Médico Legal (SML) de Temuco, nueve no han logrado ser contactados pues, según Romero, no responden a los llamados. “Definitivamente no contestan el teléfono o no hay registro de sus teléfonos para poder comunicarse. Algunos viven en Santiago”, denunció.

La alcaldesa ha señalado que espera que la tragedia “sirva de enseñanza” pues “no cualquier lugar se puede habilitar para tener adultos mayores. Tienen que tener las condiciones adecuadas y obviamente que la fiscalización exista”. “Uno ve, no solo con este hecho, cuántos adultos son abandonados, que viven en condiciones precarias y que le traspasan la responsabilidad al municipio y eso no corresponde, cada persona tiene que hacerse cargo y responsable de su entorno familiar”, agregó.

El secretario ministerial de Salud, el seremi José Bravo, ha señalado al canal 24 Horas que el recinto, llamado El Edén, “era un lugar irregular” y que desde 2019 “había sido sumariado y multado. Era reincidente”.

Francisco Ljubetic, delegado presidencial regional de La Araucanía, ha informado durante esta mañana que, junto a la Seremi trabajan en despejar “cuál es el grado de dependencia que tenían las personas que sobrevivieron. Entiendo que habría dos personas en situación de discapacidad”, una condición que será revisada por el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis).

Ljubetic también informó que la dueña de El Edén es interrogada por la Fiscalía, “pero no se ha resuelto alguna decisión procesal” sobre ella.

Entre los antecedentes que están en investigación, se encuentra una denuncia por eventual maltrato dentro de la residencia que data de 2025 y que encuentra en tramitación, ha dicho el delegado presidencial.

Kast: “La tragedia es devastadora”

La tragedia ha impactado a Chile y el cardenal Fernando Chomali ha dicho en su cuenta de X, tras el incendio, que “no es la primera vez y no será la última. La precariedad y el abandono de muchos ancianos en Chile es brutal, lo que cuestiona profundamente los mismos cimientos de la sociedad”. Y agregó que es una “vergüenza nacional” pues “una sociedad que no cuida a sus mayores, no tiene futuro”.

También se pronució el presidente José Antonio Kast, quien se encuentra desde el jueves en la Región de Los Ríos, en el sur del país, ha publicado un mensaje en su cuenta de X, en el que ha dicho que “la tragedia de Pitrufquén es devastadora” y que obliga, como Gobierno, “a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad”, por lo que la delegación presidencial, que lidera Lujbetic, y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia. “He instruido que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad”, dijo el mandatario.

Y añadió que colaborán “plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas. Necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir.c Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias”.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha descartado que el petróleo de la fuga de uno de sus ductos, que comenzó el jueves en el Golfo de México, vaya a llegar a la costa. La petrolera ha revelado que el 10 de septiembre fue descubierta la fuga en el campo de Cantarell, frente a las costas del Estado de Campeche, en un ducto que transportaba hidrocarburos de cinco plataformas. “De manera inmediata se realizaron las actividades para despresurizar el ducto y aislarlo mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos; desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo”, ha explicado este sábado la firma en un comunicado.

El Observatorio Permanente del Golfo de México reveló el viernes que había detectado “un incidente” a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen y su estimación es que la macha de crudo se moviera en dirección al oeste, por lo que la probabilidad de que el chapopote llegara a las costas era muy bajo. Pemex ha añadido que diversos equipos de la compañía trabajan en la contención del hidrocarburo, la limpieza del lecho marino y la reparación del ducto dañado.

La petrolera no ha revelado la magnitud de la fuga, ni la extensión de mar que ha quedado cubierta de crudo. Según la plataforma Cerulean, un sistema creado por la organización ambientalista SkyTruth para detectar derrames petroleros, la mancha tenía este jueves cuatro kilómetros cuadrados de área. Este incidente ha ocurrido en el sistema de plataformas Ek Balam, del campo petrolero de Cantarell, uno de los más productivos de la historia petrolera de México. La firma ha registrado diversos incidentes en la zona y también ha designado parte de su presupuesto a la reparación de ductos que por su antigüedad deben ser reemplazados.

Pemex ha estado en los últimos meses en la mira por sus derrames de crudo en el Golfo de México. El último, en febrero, se extendió hasta las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. La petrolera admitió su responsabilidad dos meses después del inicio de la fuga en un oleoducto que conectaba al campo de Cantarell con la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. El grave incidente llevó a la petrolera a reforzar sus protocolos de atención de accidentes y el Gobierno mexicano creó el Observatorio Permanente del Golfo de México, de la mano de científicos que analizan la información disponible y elaboran modelos sobre las consecuencias de los derrames en el océano.

En 2023, la petrolera estatal también fue la responsable de dos fugas de crudo, también en el complejo de plataformas Ek Balam, que se extendieron en 467 kilómetros cuadrados. El accidente llevó al Gobierno mexicano a designar recursos a la reparación y el mantenimiento de las instalaciones en la región. Cantarell ha sido un productivo campo petrolero desde 1979 y, alrededor de él, Pemex ha construido la mayor parte de su infraestructura en aguas someras.

En el arranque del proceso electoral para este 2027, en el que se deciden 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todos los congresos locales y más de 2.000 alcaldías y presidencias municipales, el Gobierno de México trabaja en una estrategia para evitar la violencia contra candidatos. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lo ha comentado durante su conferencia de prensa diaria, celebrada este viernes en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. “Se está trabajando en un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el país y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional”, ha explicado. Además, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha dado pistas de cómo será la metodología para que no lleguen a la boleta candidatos que tengan vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum ha matizado que no se tendrá en cuenta si tienen visa para Estados Unidos.

Esta planeación es fundamental en México, donde en cada proceso electoral hay decenas de candidatos asesinados, cientos de amenazas e innumerables sospechas de infiltración de los grupos criminales en las instituciones políticas. En las anteriores elecciones, las que llevaron a Sheinbaum al poder en 2024, hubo 40 candidatos asesinados, de acuerdo a un recuento publicado por la organización Data Cívica, principalmente a nivel de alcaldías y municipalidades, concentrados en los Estados de Guerrero, Michoacán y, justamente, Chiapas. Para las anteriores generales, las de 2018, el recuento fue de 48 homicidios de precandidatos y candidatos, más otras 500 agresiones e intimidaciones. En el medio estuvo el proceso de 2021, en el que el caso más grave fue el de la votación a gobernador de Sinaloa, cuando varios operadores electorales fueron secuestrados, apaleados y amenazados por delincuentes. Estos hechos son una pieza central en la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el político de Morena que ganó estos comicios.

“Estamos manteniendo mesas de coordinación con todas las instituciones de seguridad para trabajar en una metodología que nos permita tener un mecanismo para que los partidos políticos presenten un listado de sus candidatos y se pueda hacer un análisis de riesgo” para evitar que tengan vínculos con el crimen organizado, ha explicado Alcalde. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de mandar los nombres a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional Bancaria, el Centro Nacional de Inteligencia… y estos emitirán un dictamen de si existe o no un riesgo razonable. La presentación de los aspirantes será voluntaria y serán los propios partidos quienes decidirán si mantienen a sus candidatos.

Alcalde ha remarcado que no se tendrá en cuenta información de Estados Unidos y la presidenta ha apuntado que dará igual si tienen visado para entrar al vecino del norte. El Gobierno de Estados Unidos ha retirado estos permisos migratorios a un número significativo de políticos de Morena, incluyendo gobernadores, alcaldes y candidatos de la importancia simbólica de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Justo esta semana, Arturo Chávez, el presidente de esta nueva comisión del Instituto Nacional Electoral encargada de verificar la integridad de las candidaturas, advertía que “la delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”. Desde las elecciones de 2021, la oposición ha denunciado que esta injerencia criminal acostumbra beneficiar a Morena y sus aliados, tanto en Sinaloa como en Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

Un vehículo estacionado, en medio de la noche, en la carretera que comunica Bogotá con Villavicencio, y que conduce a los Llanos orientales colombianos, llamó la atención de los funcionarios de la empresa privada que opera la vía. Estos alertaron a la Policía, que envió varios uniformados al lugar, en territorio del municipio de Chipaque. Al llegar e inspeccionar el vehículo, encontraron los cadáveres de una mujer y de una niña de diez años, que serían la esposa e hija del conductor, un exmilitar identificado como Donis David Fonseca. Los policías lo detuvieron, pues los indicios lo señalaban como presunto responsable.

La Fiscalía de Cundinamarca, a cargo de la investigación, logró que un juez legalizara la captura, a lo que seguirá la imputación de cargos contra Fonseca y la definición de la medida de aseguramiento. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, es quien ha entregado detalles sobre el caso, a través de un comunicado en video publicado este jueves. “Fueron hallados los cuerpos de dos mujeres, entre ellas una menor de edad”, aseguró. También reveló la identidad del presunto asesino: es un hombre de 44 años, oriundo del departamento del Cesar, en la costa caribe, que trabajaba como vigilante y había sido soldado profesional. Posteriormente, trascendieron las identidades de las víctimas: Keila Fernández Ortiz y su hija, Luciana Fernández, nacidas en La Guajira, en el norte del país. Las autoridades estudian la posibilidad de que la víctima menor de edad no fuera la hija biológica del agresor, sino su hijastra.

De acuerdo con Rey, “las primeras versiones apuntan a que estos homicidios ocurrieron el pasado 7 de septiembre, en la localidad de Usme, en Bogotá”. A partir de ese momento, el sospechoso inició un extraño recorrido. Primero se dirigió hacia La Dorada, Caldas, al oeste de Bogotá, pero luego decidió devolverse hacia el centro del país, para tomar la vía al Llano. Los investigadores también inspeccionan la vivienda en la capital donde podría haberse cometido el crimen. “Esperamos medidas ejemplarizantes para este criminal, este asesino”, ha añadido Rey.

En la primera mitad de este año se han registrado 11 feminicidios en Bogotá, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer. Los asesinatos se cometieron en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal y Chapinero. De comprobarse la hipótesis de la Fiscalía, este sería el primer caso de feminicidio registrado este año en Usme. Aunque la cifra de feminicidios muestra un leve descenso, dos muertes menos con respecto al mismo periodo de 2025, la entidad resalta que no se deben reducir los esfuerzos en prevención. De acuerdo con información de Medicina Legal, en ese mismo periodo fueron valoradas 1.869 mujeres consideradas en riesgo de feminicidio; entre ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.

Una investigación liderada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría de la Mujer señala que en Bogotá el 72% de los feminicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima. La investigación Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en la capital del país, realizada en alianza con la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia, y publicada en diciembre de 2025, llega a otras conclusiones alarmantes: que el 49% de los feminicidios estuvo precedido por múltiples formas de violencia del agresor, el 13% fueron cometidos por familiares —de estos, un 4% contra niñas de entre 1 y 11 años—, y todos fueron llevados a cabo por hombres: el 26% tenía antecedente de violencia de género y el 24% portaba o tenía acceso a armas de fuego antes del hecho.

En la noche del miércoles 9 de septiembre, horas antes de que se cumpliera un mes del terremoto en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de 11 decretos con el que busca responder a la crisis que dejó el sismo. Además de la creación del Fondo Milagro, que canalizará recursos provenientes de fuentes públicas y privadas mediante una fiduciaria, se definen los mecanismos para canalizar recursos, acceder a información estadística reservada, garantizar la continuidad de los servicios públicos o ajustar los calendarios escolares en las zonas afectadas.

Los decretos tienen fuerza de ley, amparados en la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que hizo el Gobierno el 19 de agosto de 2026. A continuación, un breve resumen de lo establecido en cada decreto:

Decreto 1379: La creación del Fondo Milagro

Tras un mes, el Ejecutivo crea el fondo que administrará los recursos públicos y los privados, que lleguen como donaciones o de cooperación internacional. Para ello, le exige usar una fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera, que administre los dineros y realice los pagos bajo mecanismos de trazabilidad y auditoría. “Necesitamos capacidad de ejecución, recursos y velocidad. Este fondo será uno de los instrumentos, quizá el más importante, para lograrlo”, dijo el presidente al hacer el anuncio.

De acuerdo con el decreto, sus recursos serán destinados principalmente a “desarrollar planes, programas y proyectos de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo”. Su gerente será el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, según anunció De la Espriella días atrás, y su duración es indefinida. “Tendrá la duración necesaria para concluir los planes, programas y proyectos destinados a atender, recuperar, rehabilitar y reconstruir los territorios afectados por la emergencia”, se lee en el texto.

Decreto 1380: El dinero para asegurar la energía eléctrica

El segundo decreto adopta medidas temporales para que se puedan dirigir recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (FONDES) a garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas por el terremoto, pues aproximadamente 1,5 millones de usuarios han tenido fallas en el suministro. Esto habilita recursos para que las empresas de servicios públicos puedan restablecer las redes eléctricas, siempre y cuando presenten un plan estructurado que justifique el aporte. El Gobierno planea realizarles un único pago en el corto plazo, pues el decreto especifica que “en ningún caso podrán efectuarse desembolsos una vez finalice la vigencia de la situación de desastre, incluidas sus prórrogas legalmente decretadas”. La Constitución prevé que esas extensiones pueden sumar máximo 90 días, que vencen el 17 de noviembre.

Decreto 1381: La solidaridad entre entidades territoriales

El tercer decreto permite a los departamentos, municipios o distritos financiar proyectos fuera de su territorio, algo que usualmente tienen prohibido. La idea es que, hasta el 31 de diciembre de 2027, puedan obtener permisos de sus asambleas o concejos para atender daños en los territorios definidos por la emergencia: los departamentos Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá. Esto permitiría que las zonas exentas de problemas y con recursos propios puedan ser solidarias con las afectadas.

Decreto 1382: Los gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas tendrán alternativas para conseguir dineros

Los gobernadores o alcaldes de las zonas afectadas por el terremoto podrán solicitar, respectivamente, a las asambleas departamentales o a los concejos, permisos para buscar nuevas fuentes de dinero para atender la reconstrucción. Entre los mecanismos jurídicos que propone el decreto está titularizar hasta el diez por ciento (10%) de sus flujos futuros de recaudo; tomar créditos cuando el saldo de la deuda no sea más del 100% de sus ingresos corrientes, o destinar las rentas de los años 2026 y 2027. Las facultades tienen una fecha límite: el 31 de diciembre de 2027, y la condición de que los recursos habilitados no se destinen a atender problemáticas anteriores al terremoto.

Decreto 1383: El acceso a los recursos excedentes de las pensiones

Una de las bolsas de dinero que tienen las entidades es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET- destinado a pagar las pensiones a su cargo. El quinto decreto les permite, “por una única vez”, usarlos para atender la emergencia. La norma también autoriza usar los excedentes del sector salud para la recuperación de las clínicas y hospitales públicos.

Decreto 1384: La facilidad para hacer trámites

El sexto decreto busca que los ciudadanos tengan mayor facilidad para interactuar con el Estado. Por tanto, permite a las entidades “simplificar el contenido de las solicitudes, minimizar los requisitos y documentos, reducir los tiempos de respuesta de los trámites, disminuir e incluso eliminar costos de los mismos, mediante la implementación de medios tecnológicos que permitan el acceso a la información, sin necesidad de la presencialidad de los usuarios”. Por ello, podrán modificar temporalmente los horarios y jornadas de atención al público, trasladar sus sedes, habilitar puntos de atención al ciudadano, o permitir el trabajo en casa.

Decreto 1385: El acceso a información estadística reservada

El Gobierno ha argumentado que la atención de la emergencia exige “disponer de información estadística, censal, geoespacial, económica, demográfica y social que permita identificar y caracterizar las personas, hogares, viviendas, establecimientos, unidades económicas y territorios afectados”. Por tanto, levanta la reserva estadística de la información requerida que tenga el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que esta entidad nacional usualmente no puede suministrar. La entrega se limita a finalidades directamente vinculadas con la atención de la emergencia.

Decreto 1386: Los espacios alternos para las clases educativas

En el octavo decreto, el Gobierno señala que 5.309 sedes educativas resultaron afectadas por el terremoto y “presentan imposibilidad o restricción para la prestación presencial y a los estudiantes matriculados en ellas”. Para evitar una interrupción mayor, permite a las escuelas el uso temporal de espacios físicos alternos o de otras modalidades de educación, “previa solicitud debidamente motivada” ante las secretarías de educación.

Decreto 1387: La suspensión de las auditorías de matrícula a los colegios afectados

Este decreto suspende una obligación de los colegios oficiales, la entrega de la información que acredite la atención prestada a sus estudiantes. Se trata de un proceso burocrático complejo, que el Gobierno entiende que los colegios afectados no pueden realizar hasta superar su emergencia.

Decreto 1388: La flexibilización del calendario académico

El décimo decreto permite al Ministerio de Educación “autorizar la reorganización, redistribución o reprogramación de las semanas de trabajo académico previstas en los calendarios escolares correspondientes al año lectivo”, en las zonas afectadas, si así se lo solicitan y argumentan las secretarías de educación. De esta forma, pueden reorganizar el calendario académico para que los estudiantes se puedan poner al día, aunque pone como tope para el cierre de cada año “el 31 de diciembre de cada vigencia”.

Decreto 1389: Las obras por impuestos para la reconstrucción

El último decreto puede ser uno de los de mayor impacto. En él, el Gobierno amplía las obras por impuestos, un mecanismo por el que los privados pueden reducir el dinero que pagan al Estado a cambio de realizar proyectos de inversión en las regiones más afectadas por el conflicto armado, a la atención de la emergencia. Esto permite que la ejecución sea más rápida y responda a las necesidades sociales, aunque crea la necesidad de asegurar que cada proyecto sea relevante y esté bien ejecutado.

El presidente Abelardo de la Espriella sigue con su desmonte de las decisiones que tomó su antecesor, Gustavo Petro, con la ambiciosa meta de lograr acuerdos de paz simultáneos con los distintos grupos armados ilegales de Colombia. En la noche de este miércoles, ha ordenado el cierre definitivo de la zona donde permanecen 99 disidentes de las antiguas FARC que entregaron sus armas, en el avance más grande de la política de paz total. Se trata de un espacio rural del municipio de Valle del Guamuez, en el amazónico departamento del Putumayo, donde el 18 de junio se concentraron los miembros de los Comandos de Frontera, estructura que hace parte de la alianza conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

La decisión pone fin anticipadamente a una protección que inicialmente iba hasta diciembre y aumenta las dudas sobre el futuro de las personas que estaban haciendo tránsito a la vida civil en esa Zona de Ubicación Temporal o ZUT. La resolución presidencial deja en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización o ARN, la entidad estatal encargada de acompañar a las personas que dejan las armas, mantener ese proceso, pero de forma individual y fuera del espacio físico. Esa indicación enfrenta una dificultad: la ARN vive una crisis por cuenta del congelamiento de recursos por parte del mismo Gobierno.

Se trata de una continuidad que se sustenta en el hecho de que el proceso con los Comandos de Frontera se enmarca en el sometimiento a la justicia, un procedimiento que De la Espriella ha señalado que se mantendrá en su Gobierno y que se aplica a quien abandone cualquier grupo armado. Ese método se diferencia de las negociaciones bilaterales en las que el Estado y un grupo acuerdan un tratamiento colectivo con condiciones sui generis.

La ARN había advertido que el cierre anticipado de la zona de ubicación implicaba riesgos para el proceso de reincorporación. En un documento enviado el mismo 9 de septiembre a los países garantes de ese proceso de diálogo (Suiza, Países Bajos, Venezuela, Noruega y Uruguay) y a organismos acompañantes como la ONU, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal, alertó sobre un “riesgo importante en garantías de derechos y seguridad” y “de reincidencia de esta población, así como de credibilidad institucional del Estado colombiano frente a procesos de desmovilización y sometimiento”. La entidad también señaló que existen barreras jurídicas, de seguridad, documentación, regularización migratoria y acceso al sistema financiero que afectan a quienes se concentraron en la ZUT.

La ARN envío un oficio similar el miércoles a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y al procurador, Gregorio Eljach.

De los 99 excombatientes que ingresaron, 86 habían entrado formalmente a la ruta de reintegración de la ARN y estaban registradas en su sistema para acceder a los beneficios iniciales.

“Aquí estamos los que nos quedamos”

En un video difundido el miércoles en la noche, varios excombatientes afirman que permanecerán en la zona, pese al cierre anunciado, y confirman que otros ya se han ido del lugar. “Hemos tomado una decisión de valientes. Lo sentimos mucho por los compañeros que abandonaron la ZUT, cada uno es responsable de sus actos. Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta”, dice uno de los hombres.

Según fuentes cercanas a ese proceso, 43 de los 99 permanecen en el lugar.

En la grabación, los exguerrilleros hacen un llamado a la ARN para que mantenga su presencia en la zona. Es un reclamo que coincide con una preocupación que la ARN trasladó al alto Gobierno en otro documento fechado el lunes 7 de septiembre, cuando pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al Fondo Colombia en Paz que le informaran del procedimiento para el cierre y, en particular, cómo se comunicaría la decisión a las 99 personas, sus abogados, las comunidades, las autoridades locales y los cabildos indígenas de la zona.

Armando Novoa, negociador del Gobierno Petro en esa negociación, cuestionó la decisión del Ejecutivo de cerrar la zona sin tener una hoja de ruta clara para los excombatientes. “Me sorprende porque este nuevo Gobierno mantiene la retórica de que la opción de tratamiento con estos grupos armados es una estrategia de sometimiento, pero con esta resolución desconoce las garantías de la ley que está vigente en el Código Penal”, explica. Para Novoa, el Gobierno “improvisa”. “Eso no sería a este punto grave si no fuera porque están desconociendo derechos fundamentales que tienen esas 99 personas”.

Novoa indicó que, si bien ellas tenían un compromiso de permanencia, no es claro si seguían obligadas tras el anuncio. “La pregunta que hay, que no resuelve la ley con claridad, es qué pasa si el Gobierno acaba la zona unilateralmente. Las personas estaban ahí bajo la promesa de unas garantías que no otorgó el Gobierno anterior, sino las que otorgan la ley y la Constitución”, explica, y señala que no han hecho presencia de la Fiscalía ni otra autoridad que establezca esa hoja de ruta.

La resolución que ordena el cierre establece que antes del 30 de septiembre se debe ejecutar un plan de cierre y transición que debe coordinar la Oficina del Comisionado de Paz, que aún no tiene cabeza y que el Ejecutivo prevé cambiar por una Oficina de Seguridad de la Presidencia.

Christian Gonzáles, delegado presidencial provincial de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago de Chile, se ha referido a la controversia por un retrato del dictador Augusto Pinochet, que apareció colgado en la galería de expresidentes de la República de la Delegación Presidencial Provincial de la ciudad. Según afirmó en una llamada al concejal comunista Lenin Fuentes, el incidente ha sido un acto vandálico perpetrado por terceros y no guarda relación con ninguna actividad oficial del Ministerio del Interior: “En cuanto tomó conocimiento de este hecho, se ordenó el retiro de la fotografía del dictador de la galería de los presidentes. El delegado me pidió que transmitiera su pesar por el mal rato que le pudo ocasionar a personas que se ven afectadas por la vulneración de sus derechos fundamentales”, expresa Fuentes en un video.

Este hecho ha generado conflicto en la oposición en la víspera del aniversario 53 del golpe de Estado en Chile, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y perpetuó a las fuerzas militares en el poder desde 1973 hasta 1990, con Pinochet al mando. todavía hay más de 1.400 personas desaparecidas durante la dictadura, y aún se desconoce su paradero y en los tribunales existen más de 1.000 casos en investigación, la mayoría por torturas.

La senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, solicitó al Ministerio del Interior, liderado por Claudio Alvarado, antecedentes sobre la instalación del cuadro, mientras crece la presión de los partidos no oficialistas para que el Ejecutivo conmemore los 53 años del atentado contra La Moneda.

Por su parte, el mandatario José Antonio Kast confirmó que no habrá celebración especial el viernes 11 y pasará la fecha fuera de la capital, en la Región de Los Ríos.

Daniela Serrano, jefa de la bancada del Partido Comunista (PC), critica la decisión del Gobierno: “Nos parece una pésima señal de parte del presidente de la República. Cuando se producen estas conmemoraciones, hay una oportunidad muy importante para que el Estado de Chile refrende la búsqueda de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”, ha dicho a radio BioBio.

La presidenta del PS ha calificado de “provocación a las víctimas” lo ocurrido en la Delegación Presidencial de Linares. En esa línea, Vodanovic ha condenado el silencio del Gobierno frente a la violencia ocurrida en dictadura, señalando que “no hay ningún pronunciamiento de repudio y de rechazo para que en Chile nunca más”.

Lo mismo señaló el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios: “Hubiese esperado, como un simple militante del PS, que al igual que el expresidente Sebastián Piñera, (Kast) dijera ‘la dictadura cívico-militar’ y el ‘nunca más”. Y es que durante su mandato, el fallecido exmandatario Piñera optó por un mensaje de unidad y reflexión durante las conmemoraciones del golpe: “Convoco a todos mis compatriotas a que seamos capaces de levantar la vista y buscar en este 11 de septiembre un factor de unidad, de aprendizaje, de enseñanza”, manifestó en 2018.

Los partidos opositores, junto a la Fundación Salvador Allende, se reunirán este viernes 11 de septiembre a las 9:00 de la mañana frente al mausoleo del expresidente Allende en el Cementerio General y realizarán una caminata por calle Morandé hasta su monumento en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda que hace 53 años fue bombardeado.

La defensa de los hermanos Farías Laguna, los marinos de alto rango que la Fiscalía General de la República acusa de liderar una red de contrabando de combustible en las aduanas de México, asegura que la institución mintió en su comunicado de este lunes. Ayer, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, informó que, durante un cateo a una bodega de almacenamiento que alquilaba uno de los hermanos, se encontraron listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentos de seguridad nacional, armas sin registrar y diversos objetos de lujo. De acuerdo con un comunicado lanzado por su equipo de abogados, niegan que se haya encontrado armas y documentos confidenciales y que las listas de aduanas marítimas y los expedientes de personal naval “no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina”, Rafael Ojeda Durán, tío de los acusados

Ayer, cuando se cumplía un año de que las autoridades mexicanas anunciaran el desmantelamiento de esta mafia dedicada al contrabando de combustibles desde Estados Unidos, Godoy lanzó un vídeo en redes sociales en el que reiteró la acusación de que los hermanos eran las cabezas de esta red, en la que marinos de alto rango conspiraron con funcionarios públicos y empresarios para introducir en el país cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.

Como elemento novedoso, explicó que durante ese cateo se había encontrado listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentos de seguridad nacional, armas sin registrar y diversos objetos de lujo… todo elementos que apuntaban a que Manuel Roberto y Fernando usaban su influencia dentro de la Secretaría de Marina para designar a marinos de su confianza en puestos clave de aduanas.

En su comunicado, la defensa de los hermanos dice que la Fiscalía presentó este hallazgo como nuevo, “aunque la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026”, y asegura que “en el inmueble no fueron localizadas ni armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional”, y que “los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos” no están firmados por ellos, sino por su tío, Ojeda Durán, el secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Justo ayer, la esposa de Fernando, que fue recientemente extraditado desde Argentina a México, aseguró en una entrevista a este periódico que su marido es un chivo expiatorio; una idea que Manuel Roberto también ha expresado en varias cartas a la opinión pública lanzadas desde la cárcel. Su defensa ha solicitado varias veces, sin éxito, que Ojeda Durán acuda a declarar ante el juez como testigo. El comunicado de la Fiscalía ha sido interpretado por la oposición como una forma de protección hacia Ojeda Durán y otros posibles vínculos políticos.